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Presentan ante FGR 186 casos por presunto uso indebido de fondos públicos en alcaldías durante la pandemia
El Ministerio de Hacienda presentó ante la Dirección de Defensa de los Intereses del Estado de la Fiscalía General de la República (FGR), 186 casos de presunto uso indebido de fondos públicos por parte de igual número de alcaldías durante la emergencia generada por la pandemia por COVID-19 en el año 2020.
“Hemos detectado que alrededor de $80 millones fueron invertidos en gastos no relacionados con la emergencia, los cuales van desde remodelaciones en las alcaldías, pago de fiestas patronales y otro tipo de gastos no enmarcados dentro de los fines del decreto legislativo 608 que habilitó los $191.7 millones asignados a la alcaldías”, comunicó el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, durante la entrega de documentación en la sede de la FGR.
Además, mencionó que adicional a este monto malversado, al menos cuatro millones de dólares más fueron saqueados, lo que consta en cheques, pero no en otros documentos que comprueben su uso, una práctica que es penada con cárcel.
“Todos los fondos públicos deben estar documentados y apegados a los marcos de compra que exige la LACAP (Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública) o el decreto que habilitaba algunas compras de emergencia”, agregó el funcionario. Estos $84 millones deberán ser investigados por la FGR; entretanto, desde esta cartera de Estado se enviarán los detalles a la Corte de Cuentas de la República.
Esta es la segunda presentación de documentos ante la fiscalía. En un primer momento, se trató de pruebas respecto a 65 alcaldías y hoy se remitieron 186 casos más. Solo en 11 alcaldías no se reportó ningún hallazgo.
“La FGR debe actuar en estas presentaciones. Los funcionarios actuantes han tenido la oportunidad de responder y brindar información; en una buena parte de los casos no se recibieron respuestas o las que se recibieron no fueron sudicientes para desvanecer los hallazgos realizados por el equipo de auditores”, añadió.
Los señalamientos por estos $84 millones se distribuyen en un 33 % en las municipalidades de la zona central, entre las que destaca San Salvador; el 32 % en las municipalidades del oriente, ahí se centran los hallazgos en los departamentos de San Miguel y La Unión. Otro 20 % está distribuido en la zona occidental y en la zona paracentral cerca del 15 % de gastos cuestionados, de acuerdo con el director de Contabilidad Gubernamental, Joaquín Montano.
A partir de hoy un carril en el bulevar Tutunichapa, en San Salvador Centro, estará cerrado por trabajos de aerocable, según informó el Ministerio de Obras Públicas (MOP).
En el lugar se mantendrá circulación controlada en la zona por dichos trabajos, sin embargo, habrá presencia de gestores de tránsito en el lugar para orientar a los conductores y agilizar el tránsito vehicular.
El MOP recomienda que los automovilistas tomen rutas alternas y planificar sus recorridos con anticipación para evitar retrasos.
Los trabajos del aerocable en San Salvador son un proyecto de infraestructura de transporte masivo que iniciaron el 16 de febrero para mejorar la movilidad entre el sector de Zacamil, Mejicanos, y el centro histórico de San Salvador.
Tendrá una extensión de 3.55 km, iniciando en Zacamil, pasando por la Universidad de El Salvador (UES), Centro de Gobierno y finalizando en el parque Cuscatlán.
La Fiscalía General de la República (FGR) continúa este día con el desarrollo de la audiencia única contra 486 cabecillas de la MS-13, acusados de ordenar múltiples crímenes a nivel nacional entre 2012 y 2022.
Durante la jornada, se prevé concluir la reproducción de audios que evidencian el accionar criminal en la zona oriental del país, donde se detallan diversas órdenes ejecutadas por la estructura.
Entre los hechos documentados se incluyen asesinatos de víctimas específicas, como un miembro administrativo de la Fuerza Armada destacado en la Tercera Brigada de Infantería, así como un custodio de Centros Penales asignado al penal de Ciudad Barrios, además de otros homicidios coordinados por la organización.
Posteriormente, la FGR iniciará la presentación de audios relacionados con otros mecanismos de financiamiento ilícito, entre ellos el cobro de extorsiones y la distribución de drogas.
Las autoridades esperan concluir con la reproducción de un total de 125 audios seleccionados, los cuales forman parte de las pruebas que sustentan la acusación contra la cúpula de esta organización.
El presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, lanzó el programa de «Cumplimiento en seguridad de productos para la protección de los consumidores», el cual está dirigido a proveedores que comercializan a escala nacional.
«Está dirigido a aquellos proveedores que comercializan a escala nacional y se busca el cumplimiento de la Ley de Protección al Consumidor en lo relativo a los productos seguros», explicó Salazar.
El funcionario señaló que el programa busca fomentar la buena práctica, impulsar una cultura de respeto, transparencia y responsabilidad. Además, las empresas que formen parte de este fortalecerán sus conocimientos legales.
«El conocimiento de esta materia de seguridad de productos, a través de la capacitación de la Defensoría, lo van a elevar y lo van a tener. Igualmente, nosotros vamos a reconocer a aquellos (proveedores) que están dentro del programa», indicó.
La institución ha trabajado desde el año 2019, en la implementación de estrategias vinculadas al desarrollo de programas que fomenten la buena práctica y el cumplimiento de la Ley de Protección al Consumidor en los diferentes proveedores de bienes y servicios.
«El interés de nuestra institución y del Gobierno del presidente Nayib Bukele es generar este tipo de iniciativas para que podamos asegurar un mercado en el cual la seguridad de productos esté presente», destacó.
