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Presentan ante FGR 186 casos por presunto uso indebido de fondos públicos en alcaldías durante la pandemia
El Ministerio de Hacienda presentó ante la Dirección de Defensa de los Intereses del Estado de la Fiscalía General de la República (FGR), 186 casos de presunto uso indebido de fondos públicos por parte de igual número de alcaldías durante la emergencia generada por la pandemia por COVID-19 en el año 2020.
“Hemos detectado que alrededor de $80 millones fueron invertidos en gastos no relacionados con la emergencia, los cuales van desde remodelaciones en las alcaldías, pago de fiestas patronales y otro tipo de gastos no enmarcados dentro de los fines del decreto legislativo 608 que habilitó los $191.7 millones asignados a la alcaldías”, comunicó el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, durante la entrega de documentación en la sede de la FGR.
Además, mencionó que adicional a este monto malversado, al menos cuatro millones de dólares más fueron saqueados, lo que consta en cheques, pero no en otros documentos que comprueben su uso, una práctica que es penada con cárcel.
“Todos los fondos públicos deben estar documentados y apegados a los marcos de compra que exige la LACAP (Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública) o el decreto que habilitaba algunas compras de emergencia”, agregó el funcionario. Estos $84 millones deberán ser investigados por la FGR; entretanto, desde esta cartera de Estado se enviarán los detalles a la Corte de Cuentas de la República.
Esta es la segunda presentación de documentos ante la fiscalía. En un primer momento, se trató de pruebas respecto a 65 alcaldías y hoy se remitieron 186 casos más. Solo en 11 alcaldías no se reportó ningún hallazgo.
“La FGR debe actuar en estas presentaciones. Los funcionarios actuantes han tenido la oportunidad de responder y brindar información; en una buena parte de los casos no se recibieron respuestas o las que se recibieron no fueron sudicientes para desvanecer los hallazgos realizados por el equipo de auditores”, añadió.
Los señalamientos por estos $84 millones se distribuyen en un 33 % en las municipalidades de la zona central, entre las que destaca San Salvador; el 32 % en las municipalidades del oriente, ahí se centran los hallazgos en los departamentos de San Miguel y La Unión. Otro 20 % está distribuido en la zona occidental y en la zona paracentral cerca del 15 % de gastos cuestionados, de acuerdo con el director de Contabilidad Gubernamental, Joaquín Montano.
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Condena por extorsión contra pandillera en El Salvador cierra proceso iniciado con orden de captura en 2009
La Fiscalía General de la República de El Salvador informó sobre la condena de 15 años de prisión contra una integrante de la pandilla Barrio 18 por extorsionar a un comerciante en Soyapango, en un caso que se remonta a una orden de captura emitida en 2009.
La condenada fue identificada como Silvia María Carrero Vanegas, quien, según la investigación fiscal, exigía mercadería a la víctima a cambio de no atentar contra su vida, la de su familia o la de sus empleados.
Según autoridades, la imputada mantenía una orden judicial vigente por el delito de extorsión desde ese año, vinculada a su presunta actividad dentro de la estructura criminal.
De acuerdo con reportes oficiales, la mujer fue ubicada en 2024 en el municipio de Mejicanos, en un operativo informado por el ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy.
Durante el procedimiento, personal femenino de la Fuerza Armada de El Salvador identificó tatuajes asociados a la pandilla.
La sentencia fue impuesta por el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador. La Fiscalía indicó además que la condenada también será procesada por el delito de agrupaciones ilícitas.
Autoridades señalaron que el caso forma parte de procesos judiciales contra estructuras criminales vinculadas a delitos de extorsión y agrupaciones ilícitas en el país.
La Policía Nacional Civil informó esta tarde sobre la captura de Francisco Alonso Posada Delgado, un miembro de pandilla con antecedentes por delitos como intento de homicidio, robo y portación ilegal de arma de fuego.
El detenido, alias «Little Vago», es señalado por la institución policial como integrante de la pandilla Barrio 18 Sureños.
De acuerdo con la policía, el sospechoso modificó los tatuajes asociados a la estructura criminal con el objetivo de evadir controles de seguridad en el marco de operativos contra pandillas.
La captura se realizó en la 29 Avenida Norte, Mejicanos, San Salvador Centro, con apoyo de unidades de inteligencia policial.
El detenido será remitido por el delito de agrupaciones ilícitas, mientras continúan las investigaciones relacionadas con su actividad delictiva.
El Instituto Sindical Italiano para la Cooperación al Desarrollo (ISCOS) El Salvador presentó ayer los resultados del impacto ambiental alcanzados con el proyecto Lempa Vivo. Esta iniciativa, con una inversión de 1.800.00 millones de euros [$2,136,348], fue financiada por el Gobierno de Italia y la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo (AICS) y ejecutada por ISCOS y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
De acuerdo con la directora de país de ISCOS, Evelyn Rivera, este es el cierre del proyecto que se ejecutó durante 40 meses en cuatro humedales del país: Complejo La Laguna Güija, 5 de septiembre, Cerrón Grande y 15 de Septiembre. Además, se desarrollaron diferentes acciones en 11 Áreas Naturales Protegidas (ANS) del país.
«Dentro de los logros que podemos mencionar son 120 unidades de producción familiar que se han implementado agroecológicamente, cuatro agromercados distritales, hemos acercado la producción de nuestros productores hacia la población local en sus comunidades», dijo Rivera.
Asimismo, agregó que trabajaron ampliamente en investigaciones científicas de índole ambiental como el atlas de aves acuáticas de los cuatro humedales, estudios científicos sobre la tortuga, un atlas de mapas para el manejo y control de incendios forestales. También en una serie de instrumentos nacionales, como también las dos fichas Ramsar para que puedan ser presentadas por parte del Gobierno en la Convención Internacional Ramsar para solicitar la declaratoria del embalse 5 de noviembre y 15 de septiembre como sitio Ramsar.
El proyecto benefició directamente a más de 2,800 personas e indirectamente a los habitantes de Santa Ana, Cuscatlán, Chalatenango, San Vicente y Cabañas. Sin embargo, su alcance llega a toda la población salvadoreña al proteger uno de los afluentes más importantes del país.
Por su parte, el embajador de Italia en El Salvador, Paolo Rozo, señaló que este es un proyecto relevante porque se refiere a un lugar emblemático de El Salvador desde el punto de vista del ecosistema y su país ha enfocado la atención para preservar y ayudar a las autoridades salvadoreñas en la protección del medioambiente.
«Este proyecto se ha realizado en específicas áreas protegidas y también la intervención en caso de calamidades naturales con especial énfasis en los incendios que pueden amenazar la fauna y la vegetación de este importante ecosistema de El Salvador», dijo Rozo.
Durante el cierre del proyecto, el ministro de Medio Ambiente, Fernando López, afirmó que esta iniciativa demuestra, con hechos, que la protección del ambiente no es un discurso, sino una política pública en ejecución en una nueva realidad.
«Es un eje estratégico para la seguridad hídrica, la producción, la resiliencia y el bienestar de miles de familias salvadoreñas. Proteger el Lempa es proteger la estabilidad ambiental, económica y social del país», detalló.
De acuerdo con el titular del MARN, estos tres años de trabajo continuo fueron respaldados por una inversión estratégica, que hoy se traduce en capacidades instaladas, infraestructura fortalecida y acciones concretas que impactan directamente en el territorio.
«Desde el Ministerio de Medio Ambiente reiteramos nuestro compromiso de seguir impulsando acciones firmes, sostenidas y estratégicas para la protección del río Lempa y de todos los ecosistemas que sostienen la vida y el desarrollo nacional», añadió. «Es un eje estratégico para la seguridad hídrica, la producción, la resiliencia y el bienestar de miles de familias salvadoreñas. Proteger el Lempa es proteger la estabilidad ambiental, económica y social del país», detalló.
De acuerdo con el titular del MARN, estos tres años de trabajo continuo fueron respaldados por una inversión estratégica, que hoy se traduce en capacidades instaladas, infraestructura fortalecida y acciones concretas que impactan directamente en el territorio.
«Desde el Ministerio de Medio Ambiente, reiteramos nuestro compromiso de seguir impulsando acciones firmes, sostenidas y estratégicas para la protección del río Lempa y de todos los ecosistemas que sostienen la vida y el desarrollo nacional», añadió.
