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Presentan ante FGR 186 casos por presunto uso indebido de fondos públicos en alcaldías durante la pandemia
El Ministerio de Hacienda presentó ante la Dirección de Defensa de los Intereses del Estado de la Fiscalía General de la República (FGR), 186 casos de presunto uso indebido de fondos públicos por parte de igual número de alcaldías durante la emergencia generada por la pandemia por COVID-19 en el año 2020.
“Hemos detectado que alrededor de $80 millones fueron invertidos en gastos no relacionados con la emergencia, los cuales van desde remodelaciones en las alcaldías, pago de fiestas patronales y otro tipo de gastos no enmarcados dentro de los fines del decreto legislativo 608 que habilitó los $191.7 millones asignados a la alcaldías”, comunicó el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, durante la entrega de documentación en la sede de la FGR.
Además, mencionó que adicional a este monto malversado, al menos cuatro millones de dólares más fueron saqueados, lo que consta en cheques, pero no en otros documentos que comprueben su uso, una práctica que es penada con cárcel.
“Todos los fondos públicos deben estar documentados y apegados a los marcos de compra que exige la LACAP (Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública) o el decreto que habilitaba algunas compras de emergencia”, agregó el funcionario. Estos $84 millones deberán ser investigados por la FGR; entretanto, desde esta cartera de Estado se enviarán los detalles a la Corte de Cuentas de la República.
Esta es la segunda presentación de documentos ante la fiscalía. En un primer momento, se trató de pruebas respecto a 65 alcaldías y hoy se remitieron 186 casos más. Solo en 11 alcaldías no se reportó ningún hallazgo.
“La FGR debe actuar en estas presentaciones. Los funcionarios actuantes han tenido la oportunidad de responder y brindar información; en una buena parte de los casos no se recibieron respuestas o las que se recibieron no fueron sudicientes para desvanecer los hallazgos realizados por el equipo de auditores”, añadió.
Los señalamientos por estos $84 millones se distribuyen en un 33 % en las municipalidades de la zona central, entre las que destaca San Salvador; el 32 % en las municipalidades del oriente, ahí se centran los hallazgos en los departamentos de San Miguel y La Unión. Otro 20 % está distribuido en la zona occidental y en la zona paracentral cerca del 15 % de gastos cuestionados, de acuerdo con el director de Contabilidad Gubernamental, Joaquín Montano.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado D de San Miguel condenó a 720 años de prisión a Juan José Castillo Arévalo, alias El Samurái, tras hallarlo culpable de 18 casos de homicidio agravado, entre consumados y tentados, además de los delitos de fraude procesal, amenazas agravadas y agrupaciones ilícitas.
Junto a él, también fueron condenados los exagentes José Onán Castillo Arévalo, a 410 años de cárcel; José Fermín Melgar Luna, a 290 años; y Félix Antonio Rodas Jurado, a 65 años de prisión.
De acuerdo con los hechos probados, los crímenes fueron cometidos entre 2015 y 2017 en distintos distritos de los departamentos de Usulután y San Miguel. Los ahora condenados aprovechaban su condición de agentes policiales y su capacidad operativa en la zona para ejecutar las acciones criminales, vinculándose además a estructuras de agrupaciones ilícitas durante 2017.
Durante la vista pública, la representación fiscal demostró que los imputados utilizaron recursos institucionales para cometer los homicidios y alterar escenas del delito, configurando el fraude procesal, lo que afectó gravemente la seguridad pública y la integridad de las instituciones.
En la misma resolución, el tribunal absolvió a Amílcar Antonio Mejía Rivera de los delitos de fraude procesal y agrupaciones ilícitas. Para el resto de los condenados, la sede judicial ratificó las órdenes de captura vigentes, a fin de que sean localizados y puestos a disposición de las autoridades para el cumplimiento de sus respectivas penas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador emitió una condena de 12 años de prisión en contra de Andrés de Jesús Rodríguez, por extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Cuscatancingo en San Salvador.
Según el expediente judicial, la víctima es un propietario de un negocio de productos varios, quien fue visitado por Rodríguez para exigirle dinero en concepto de renta.
En primera instancia, el comerciante denunció que, desde mediados de 2021, una mujer llegó a su negocio y se identificó como integrante de la pandilla MS13 y le exigió $75 mensuales a cambio de respetarle la vida.
Por temor a represalias, la víctima estuvo pagando la extorsión de forma mensual hasta que en diciembre de 2023 le exigieron $75 adicionales en concepto de aguinaldo. Fue así que el 27 de diciembre decidió interponer la denuncia ante la policía.
Como consecuencia, Rodríguez llegó con amenazas en contra de la víctima, advirtiendo que si no entregaba el dinero enfrentaría las consecuencias. Sin embargo, ante la denuncia, el sujeto fue capturado y procesado por el delito de extorsión.
Una estructura criminal de la pandilla MS13 enfrenta juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un empresario.
De acuerdo a la investigación fiscal, son tres pandilleros quienes comenzaron a cometer el delito desde el año 2014. Exigían sumas de dinero a cambio de no atentar contra la vida de la víctima.
En el año 2019, el empresario decidió interponer la denuncia y se inició el proceso de investigación con participación de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil. De esta manera, mediante el mecanismo de entregas controladas de dinero, lograron identificar a los criminales que cobraban la extorsión.
«Los extorsionistas no recibían directamente el dinero, sino que obligaban a que la víctima lo dejara escondido en algún lugar. No era personal el recibimiento del dinero, sin embargo, con estrategias logramos las capturas. Ahora van a responder ante la justicia por estos hechos cometidos», explicó el fiscal que lleva el caso.
Los pandilleros involucrados en estos hechos fueron capturados a mediados de 2019. Para fundamentar la investigación, la Fiscalía cuenta con cinco testigos de cargo que rendirán sus declaraciones durante la vista pública
