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Presentan ante FGR 186 casos por presunto uso indebido de fondos públicos en alcaldías durante la pandemia
El Ministerio de Hacienda presentó ante la Dirección de Defensa de los Intereses del Estado de la Fiscalía General de la República (FGR), 186 casos de presunto uso indebido de fondos públicos por parte de igual número de alcaldías durante la emergencia generada por la pandemia por COVID-19 en el año 2020.
“Hemos detectado que alrededor de $80 millones fueron invertidos en gastos no relacionados con la emergencia, los cuales van desde remodelaciones en las alcaldías, pago de fiestas patronales y otro tipo de gastos no enmarcados dentro de los fines del decreto legislativo 608 que habilitó los $191.7 millones asignados a la alcaldías”, comunicó el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, durante la entrega de documentación en la sede de la FGR.
Además, mencionó que adicional a este monto malversado, al menos cuatro millones de dólares más fueron saqueados, lo que consta en cheques, pero no en otros documentos que comprueben su uso, una práctica que es penada con cárcel.
“Todos los fondos públicos deben estar documentados y apegados a los marcos de compra que exige la LACAP (Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública) o el decreto que habilitaba algunas compras de emergencia”, agregó el funcionario. Estos $84 millones deberán ser investigados por la FGR; entretanto, desde esta cartera de Estado se enviarán los detalles a la Corte de Cuentas de la República.
Esta es la segunda presentación de documentos ante la fiscalía. En un primer momento, se trató de pruebas respecto a 65 alcaldías y hoy se remitieron 186 casos más. Solo en 11 alcaldías no se reportó ningún hallazgo.
“La FGR debe actuar en estas presentaciones. Los funcionarios actuantes han tenido la oportunidad de responder y brindar información; en una buena parte de los casos no se recibieron respuestas o las que se recibieron no fueron sudicientes para desvanecer los hallazgos realizados por el equipo de auditores”, añadió.
Los señalamientos por estos $84 millones se distribuyen en un 33 % en las municipalidades de la zona central, entre las que destaca San Salvador; el 32 % en las municipalidades del oriente, ahí se centran los hallazgos en los departamentos de San Miguel y La Unión. Otro 20 % está distribuido en la zona occidental y en la zona paracentral cerca del 15 % de gastos cuestionados, de acuerdo con el director de Contabilidad Gubernamental, Joaquín Montano.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a cinco años de prisión a Ernesto Bladimir Franco Rodríguez y Luis Alberto Franco Rodríguez por el delito de lesiones muy graves en perjuicio de un hombre.
De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 26 de noviembre de 2025 en el distrito de El Paisnal, municipio de San Salvador Norte, cuando la víctima fue citada por una mujer para departir en una zona apartada.
Al llegar al lugar, el hombre fue interceptado por los condenados, quienes lo atacaron con armas blancas, causándole diversas lesiones de gravedad. La víctima logró escapar y posteriormente interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
Las investigaciones desarrolladas por las autoridades permitieron identificar, capturar y procesar judicialmente a los imputados.
En otro caso, el pandillero de la MS, Rafael Enrique Álvarez fue condenado a ocho años de prisión por lesionar con un arma blanca a un hombre en San Alejo, La Unión.
El hecho ocurrió, aproximadamente, a las 5 de la tarde del 12 de diciembre de 2021, cuando la víctima estaba viendo un encuentro deportivo en la cancha de fútbol del cantón Santa Cruz, del distrito de San Alejo, en La Unión.
Según la acusación fiscal, el procesado llegó hasta donde estaba la víctima y lo hirió con un machete en el codo izquierdo. Tras la agresión, la víctima corrió y fue alcanzada por el procesado y dos pandilleros más.
La alcaldía de San Salvador Centro informó que más de 250 estructuras fueron desmontadas como parte de la fase 6, Etapa 2 del reordenamiento y recuperación de espacios públicos.
Los puntos intervenidos fueron la primera calle poniente, 11a y 7a avenida Norte, avenida Peralta, la décima avenida San Jacinto, así como la calle San Juan y estación Fenadesal.
De acuerdo con el alcalde capitalino, Mario Durán, más de 800 empleados municipales participaron en jornadas de limpieza y desmontaje estructuras improvisadas utilizadas para el comercio informal.
«Ha sido un trabajo titánico. Estamos en una etapa bastante avanzada. El uso de las calles y aceras es para las personas y las familias y no para el comercio, debemos mantener el orden», dijo el funcionario en conferencia de prensa.
La alcaldía señala que este es un esfuerzo articulado entre comerciantes por cuenta propia y equipos municipales que durante días trabajaron para seguir avanzando en la revitalización del Centro Histórico de San Salvador.
«Agradezco a los equipos operativos quienes trabajaron arduamente por este importante proyecto; a los comerciantes por cuenta propia y a todos los salvadoreños que se suman por recuperar el corazón de El Salvador», añadió.
La comisión de infraestructura y desarrollo territorial emitió dictamen a favor de legalizar los terrenos donde residen 174 familias de la comunidad 2 de Noviembre, en el distrito de Tonacatepeque, en San Salvador Este.
El grupo de legisladores recomienda al pleno reformar la Ley especial para la legalización de las calles, tramos declarados en desuso y afectados como de uso público para ser transferidas en propiedad, a través del Fondo Nacional de Vivienda Popular (Fonavipo), a las familias de escasos recursos económicos que las habitan.
El propósito es que la comunidad en mención se agregue a los 14 asentamientos beneficiados con dicha normativa, que fue creada en junio de 2019.
La iniciativa de apoyar a las familias de Tonacatepeque proviene del presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, la cual fue ingresada en la sesión plenaria ordinaria 109.
Para estudiar la propuesta, la comisión de infraestructura recibió a representantes de la comunidad, quienes explicaron su situación y lo que significaría reformar la ley.
«La comunidad estuvo desamparada. Entre el 2000 al 2001 llegamos a esas tierras, y todos somos de escasos recursos económicos.
Hoy estamos viendo que las cosas van a mejorar», expresó la presidenta de la directiva de la comunidad 2 de Noviembre, Marielos Cruz.
