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Judicial

Pandilleros se hacen pasar por policías para asesinar a una joven de 14 años que fue testigo de la muerte de su hermano

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Ser testigo del asesinato de su hermano le costó la vida a una joven que prometió no decir el nombre de los hechores. Ocho años después, el caso llegó a los tribunales donde uno de los supuestos criminales fue absuelto.

Sara Yorlenis Guevara fue asesinada cuando apenas tenía 14 años de edad. Habían crecido en una populosa urbanización de Ciudad Delgado. El lugar era controlado por miembros de la pandilla 18, con quienes mantenían una relación de amistad, pero luego de varios roces estos decidieron quitarle la vida a “El Castor”, hermano de Yorlenis.

Como única testigo del violento hecho prometió no decir nada luego de recibir constantes amenazas por parte de los criminales, pero el sentimiento de impotencia no le permitió guardar el secreto.

Según la relación de los hechos del expediente judicial, eran las 7:00 de la noche, del 3 de mayo del 2010, cuando siete pandilleros entraron de manera sigilosa al pasaje Cucuma de los condominios Cayalá. Todos cargaban pistolas y tenían la presunción de que Yorlenis los había delatado con una de las vecinas por lo cual cobrarían venganza esa misma noche.

En el lugar eran conocidos como “Teto”, “Ñáñaras”, “Chipi”, “Chicote”, “Huevo”, “Pique” y «El Negro”, estos dos últimos se encargaron de vigilar a unos cuantos metros del portón del edificio donde vivía la joven.

Mientras que el resto cruzó las oscuras gradas y pasillos hasta llegar a un pequeño portal donde “Chicote” y “Huevo” se quedaron en la entrada de la casa. “Teto”, por su parte, se aproximó a la puerta, levantó su mano y comenzó a tocar pero nadie le contestó.

“¡Abran la puerta, Policía!”, dijo gritando mientras daba golpes grandes. Yorlenis al escuchar decidió asomarse para abrir la puerta sin imaginar que los mismos hombres que mataron a su hermano estarían a segundos de cambiarle la vida.

Ella asombrada vio cómo uno a uno los sujetos entraban a su apartamento y sin decirle ni una palabra, apuntaron sus armas y comenzaron a dispararle. Primero, fueron tres y luego otros seis. Su cuerpo se precipitó hacia el suelo mientras estos la observaban. Cometido el crimen, decidieron bajar del edificio y salir con el resto de sus compinches hacia una quebrada donde se refugiaron.

Uno de los testigos escucharon como una voz desagarrada gritaba dentro del apartamento: “¡Auxilio! ¡Auxilio!”, era una de sus parientes que encontró el cuerpo sin vida de la joven.

Uno de los testigos del caso contó que Yorlenis le había confesado que observó cuando la pandilla atentó contra su pariente. Así también le explicó que un pandillero la había interceptado en uno de los pasajes, “No nos vayas a delatar. No vayas a decir nada que aquellos mataron a tu hermano porque si hablas te vamos a matar”, la sentenció.

Las investigaciones realizadas determinaron que la muchacha no le había comentado nada a su madre por miedo a ser castigada, ya que esta sabía que se juntaba con las pandillas desde el 2005.

El proceso judicial

La muerte de Yorlenis llegó a los tribunales ocho años después de su asesinato, ya que hasta ese momento no se había logrado establecer las responsabilidades de los hechos. Dentro de la denuncia estaba un hombre a quién llamaba “El Negro”. Fue luego de las investigaciones fue identificado como Carlos C., capturado en septiembre de 2018.

El abogado defensor dijo que en el acto de apertura del juicio no se detalló por parte del ministerio público comprobar que Carlos haya podido participar en los actos, ya que el testigo solo lo llamaba por el alias. «Es una definición genérica, alias ‘El Negro’ puede ser cualquiera y de esa manera fue capturado el imputado hace poco más de un mes. A él lo capturaron en rebeldía, pero resulta que ellos eran vecinos”, señaló.

Debido a la falta de pruebas en su contra, el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador decidió absolverlo de toda responsabilidad penal y civil por el delito de homicidio agravado en contra de la joven. 

NOTA DE EL SALVADOR TIMES

Judicial

Sujeto es enviado a prisión por asesinato en La Unión

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Noé David Meléndez fue detenido por la Policía, acusado de quitarle la vida a un hombre en Anamorós, La Unión. Según las investigaciones, tras una discusión, Meléndez golpeó a la víctima con un trozo de madera, provocándole la muerte.

El acusado enfrentó la audiencia inicial en el Juzgado de Paz de Anamorós, donde la jueza determinó que permanezca en prisión provisional mientras continúan las investigaciones.

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Judicial

Demandarán a Manuel Flores por $250,000

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El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.

«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.

El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.

La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.

Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.

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Tribunal condena a dos personas por vender una propiedad que no les pertenecía

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El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana condenó a Mauricio Edgardo Galán Martínez a 12 años de prisión por los delitos de uso y tenencia de documentación falsa, falsedad ideológica y estafa.

Además, el tribunal ordenó que Galán Martínez pague $35,000 en concepto de responsabilidad civil a la víctima del caso.

En el mismo proceso, Karla Elizabeth Erazo de Urrutia fue declarada culpable del delito de estafa y condenada a tres años de trabajos de utilidad pública, además de pagar $1,200 como reparación económica.

De acuerdo con la investigación, ambos implicados vendieron una propiedad ubicada en un condominio del lago de Coatepeque sin ser sus propietarios, utilizando documentos falsificados.

Los hechos ocurrieron en el año 2021, según informó la fuente judicial.

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