Judicial
Pandilleros se hacen pasar por policías para asesinar a una joven de 14 años que fue testigo de la muerte de su hermano
Ser testigo del asesinato de su hermano le costó la vida a una joven que prometió no decir el nombre de los hechores. Ocho años después, el caso llegó a los tribunales donde uno de los supuestos criminales fue absuelto.
Sara Yorlenis Guevara fue asesinada cuando apenas tenía 14 años de edad. Habían crecido en una populosa urbanización de Ciudad Delgado. El lugar era controlado por miembros de la pandilla 18, con quienes mantenían una relación de amistad, pero luego de varios roces estos decidieron quitarle la vida a “El Castor”, hermano de Yorlenis.
Como única testigo del violento hecho prometió no decir nada luego de recibir constantes amenazas por parte de los criminales, pero el sentimiento de impotencia no le permitió guardar el secreto.
Según la relación de los hechos del expediente judicial, eran las 7:00 de la noche, del 3 de mayo del 2010, cuando siete pandilleros entraron de manera sigilosa al pasaje Cucuma de los condominios Cayalá. Todos cargaban pistolas y tenían la presunción de que Yorlenis los había delatado con una de las vecinas por lo cual cobrarían venganza esa misma noche.
En el lugar eran conocidos como “Teto”, “Ñáñaras”, “Chipi”, “Chicote”, “Huevo”, “Pique” y «El Negro”, estos dos últimos se encargaron de vigilar a unos cuantos metros del portón del edificio donde vivía la joven.
Mientras que el resto cruzó las oscuras gradas y pasillos hasta llegar a un pequeño portal donde “Chicote” y “Huevo” se quedaron en la entrada de la casa. “Teto”, por su parte, se aproximó a la puerta, levantó su mano y comenzó a tocar pero nadie le contestó.
“¡Abran la puerta, Policía!”, dijo gritando mientras daba golpes grandes. Yorlenis al escuchar decidió asomarse para abrir la puerta sin imaginar que los mismos hombres que mataron a su hermano estarían a segundos de cambiarle la vida.
Ella asombrada vio cómo uno a uno los sujetos entraban a su apartamento y sin decirle ni una palabra, apuntaron sus armas y comenzaron a dispararle. Primero, fueron tres y luego otros seis. Su cuerpo se precipitó hacia el suelo mientras estos la observaban. Cometido el crimen, decidieron bajar del edificio y salir con el resto de sus compinches hacia una quebrada donde se refugiaron.
Uno de los testigos escucharon como una voz desagarrada gritaba dentro del apartamento: “¡Auxilio! ¡Auxilio!”, era una de sus parientes que encontró el cuerpo sin vida de la joven.
Uno de los testigos del caso contó que Yorlenis le había confesado que observó cuando la pandilla atentó contra su pariente. Así también le explicó que un pandillero la había interceptado en uno de los pasajes, “No nos vayas a delatar. No vayas a decir nada que aquellos mataron a tu hermano porque si hablas te vamos a matar”, la sentenció.
Las investigaciones realizadas determinaron que la muchacha no le había comentado nada a su madre por miedo a ser castigada, ya que esta sabía que se juntaba con las pandillas desde el 2005.
El proceso judicial
La muerte de Yorlenis llegó a los tribunales ocho años después de su asesinato, ya que hasta ese momento no se había logrado establecer las responsabilidades de los hechos. Dentro de la denuncia estaba un hombre a quién llamaba “El Negro”. Fue luego de las investigaciones fue identificado como Carlos C., capturado en septiembre de 2018.
El abogado defensor dijo que en el acto de apertura del juicio no se detalló por parte del ministerio público comprobar que Carlos haya podido participar en los actos, ya que el testigo solo lo llamaba por el alias. «Es una definición genérica, alias ‘El Negro’ puede ser cualquiera y de esa manera fue capturado el imputado hace poco más de un mes. A él lo capturaron en rebeldía, pero resulta que ellos eran vecinos”, señaló.
Debido a la falta de pruebas en su contra, el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador decidió absolverlo de toda responsabilidad penal y civil por el delito de homicidio agravado en contra de la joven.
Judicial
Entre lágrimas, integrantes de la Barra Brava del Alianza se despiden de sus familiares tras ser llevados a prisión
Los 13 integrantes de la Barra Brava del Alianza Fútbol Club fueron enviados a prisión tras ser procesados por los delitos de daños y desórdenes públicos.
Durante su traslado, algunos de los imputados se dirigieron a sus familiares que los esperaban afuera del Juzgado de Paz de San Juan Opico, en La Libertad. “Tranquila, mi amor, todo va a estar bien, Dios sabe lo que hace”, dijo uno de ellos mientras abordaba el vehículo policial.
Los procesados son acusados de atacar con piedras y botellas un bus que transportaba a aficionados del FAS, el pasado 25 de octubre, hecho que dejó varias personas lesionadas y daños materiales.
Bajo custodia policial y esposados, los miembros de la barra fueron trasladados a un centro penal, mientras continúa la fase de instrucción del caso.
#CRONIO Entre lágrimas y abrazos, familiares despidieron a los 13 miembros de la Barra Brava del Alianza F.C., trasladados a un centro penal tras la audiencia inicial por los delitos de daños y desórdenes públicos, relacionados con los disturbios ocurridos el pasado 25 de… pic.twitter.com/KKTWssq0if
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 12, 2025
Judicial
14 integrantes de la Barra Brava del Alianza enfrentan audiencia por ataque a bus de aficionados del FAS
Este martes, se desarrolla audiencia inicial en contra de 14 integrantes de la Barra Brava del Alianza Fútbol Club, acusados de realizar actos de intolerancia en la vía pública, el pasado 25 de octubre.
Los involucrados lanzaron botellas de vidrio, piedras y otros objetos a un bus que transportaba a seguidores del FAS, después de la disputa de un partido entre ambos equipos.
Este hecho dejó a varias personas lesionadas.
Hemos procedido a la captura de los responsables del ataque contra un autobús que transportaba aficionados del equipo de fútbol FAS.
Todos los detenidos son aficionados del Alianza.
El hecho se registró esta tarde sobre el paso a desnivel del desvío de San Juan Opico, en… pic.twitter.com/08PMLBQbdF
— PNC El Salvador (@PNCSV) October 26, 2025
Todos son procesados por los siguientes delitos:
Desórdenes públicos agravados
Daños agravados
Lesiones
La audiencia se lleva a cabo ante el Juzgado de Paz de San Juan Opico, La Libertad Centro.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador impuso una condena de 12 años y seis meses de cárcel a José Melvin Rivera Ortega, tras comprobarse su responsabilidad en un caso de violación agravada continuada ocurrido en un hospedaje de Guazapa, San Salvador Norte.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador declaró culpable a José Melvin Rivera Ortega y lo condenó a 12 años y seis meses de prisión por el delito de violación agravada en la modalidad de delito continuado.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), los hechos ocurrieron el 19 de diciembre de 2024 en un hospedaje del distrito de Guazapa, municipio de San Salvador Norte, donde el imputado llevó a la víctima bajo engaños.
Una vez en el lugar, Rivera Ortega amenazó a la víctima con una navaja y la agredió sexualmente en varias ocasiones, manteniéndola retenida hasta el día siguiente. La mujer logró escapar y acudió a la Unidad de la Mujer de la Policía Nacional Civil (PNC) de Chalatenango, donde relató lo sucedido y formalizó la denuncia con apoyo de las autoridades fiscales.
Tras la valoración de las pruebas presentadas, el tribunal determinó la culpabilidad del procesado y, además de la pena de prisión, lo condenó al pago de $960 en concepto de responsabilidad civil.
En un caso similar, el pasado 30 de octubre, el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador impuso 20 años de cárcel a Alexis Hernández, quien fue declarado culpable de abuso sexual agravado contra una menor en el municipio de Santo Tomás, al sur de San Salvador.
Según la investigación, Hernández contactó a la víctima mediante redes sociales, la engañó para que se reuniera con él y la retuvo en su vivienda, donde la agredió sexualmente durante dos días. La menor denunció los hechos tras contarle a su madre lo ocurrido.
Ambos casos refuerzan los esfuerzos del sistema judicial salvadoreño por garantizar justicia para las víctimas de violencia sexual y aplicar sanciones ejemplares a los agresores.
