Judicial
Pandilleros se hacen pasar por policías para asesinar a una joven de 14 años que fue testigo de la muerte de su hermano
Ser testigo del asesinato de su hermano le costó la vida a una joven que prometió no decir el nombre de los hechores. Ocho años después, el caso llegó a los tribunales donde uno de los supuestos criminales fue absuelto.
Sara Yorlenis Guevara fue asesinada cuando apenas tenía 14 años de edad. Habían crecido en una populosa urbanización de Ciudad Delgado. El lugar era controlado por miembros de la pandilla 18, con quienes mantenían una relación de amistad, pero luego de varios roces estos decidieron quitarle la vida a “El Castor”, hermano de Yorlenis.
Como única testigo del violento hecho prometió no decir nada luego de recibir constantes amenazas por parte de los criminales, pero el sentimiento de impotencia no le permitió guardar el secreto.
Según la relación de los hechos del expediente judicial, eran las 7:00 de la noche, del 3 de mayo del 2010, cuando siete pandilleros entraron de manera sigilosa al pasaje Cucuma de los condominios Cayalá. Todos cargaban pistolas y tenían la presunción de que Yorlenis los había delatado con una de las vecinas por lo cual cobrarían venganza esa misma noche.
En el lugar eran conocidos como “Teto”, “Ñáñaras”, “Chipi”, “Chicote”, “Huevo”, “Pique” y «El Negro”, estos dos últimos se encargaron de vigilar a unos cuantos metros del portón del edificio donde vivía la joven.
Mientras que el resto cruzó las oscuras gradas y pasillos hasta llegar a un pequeño portal donde “Chicote” y “Huevo” se quedaron en la entrada de la casa. “Teto”, por su parte, se aproximó a la puerta, levantó su mano y comenzó a tocar pero nadie le contestó.
“¡Abran la puerta, Policía!”, dijo gritando mientras daba golpes grandes. Yorlenis al escuchar decidió asomarse para abrir la puerta sin imaginar que los mismos hombres que mataron a su hermano estarían a segundos de cambiarle la vida.
Ella asombrada vio cómo uno a uno los sujetos entraban a su apartamento y sin decirle ni una palabra, apuntaron sus armas y comenzaron a dispararle. Primero, fueron tres y luego otros seis. Su cuerpo se precipitó hacia el suelo mientras estos la observaban. Cometido el crimen, decidieron bajar del edificio y salir con el resto de sus compinches hacia una quebrada donde se refugiaron.
Uno de los testigos escucharon como una voz desagarrada gritaba dentro del apartamento: “¡Auxilio! ¡Auxilio!”, era una de sus parientes que encontró el cuerpo sin vida de la joven.
Uno de los testigos del caso contó que Yorlenis le había confesado que observó cuando la pandilla atentó contra su pariente. Así también le explicó que un pandillero la había interceptado en uno de los pasajes, “No nos vayas a delatar. No vayas a decir nada que aquellos mataron a tu hermano porque si hablas te vamos a matar”, la sentenció.
Las investigaciones realizadas determinaron que la muchacha no le había comentado nada a su madre por miedo a ser castigada, ya que esta sabía que se juntaba con las pandillas desde el 2005.
El proceso judicial
La muerte de Yorlenis llegó a los tribunales ocho años después de su asesinato, ya que hasta ese momento no se había logrado establecer las responsabilidades de los hechos. Dentro de la denuncia estaba un hombre a quién llamaba “El Negro”. Fue luego de las investigaciones fue identificado como Carlos C., capturado en septiembre de 2018.
El abogado defensor dijo que en el acto de apertura del juicio no se detalló por parte del ministerio público comprobar que Carlos haya podido participar en los actos, ya que el testigo solo lo llamaba por el alias. «Es una definición genérica, alias ‘El Negro’ puede ser cualquiera y de esa manera fue capturado el imputado hace poco más de un mes. A él lo capturaron en rebeldía, pero resulta que ellos eran vecinos”, señaló.
Debido a la falta de pruebas en su contra, el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador decidió absolverlo de toda responsabilidad penal y civil por el delito de homicidio agravado en contra de la joven.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que cinco exdirectivos de la Corporación Argoz, S. A. de C. V. enfrentarán un nuevo proceso penal por el delito de estafa agravada, tras haber defraudado a 18 víctimas con un monto total de $67,687.
Durante la audiencia inicial, el Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de San Salvador ordenó la detención provisional de Rodrigo Javier Gómez Farfán, Leticia Farfán de Gómez, Mónica Ivette Sanabria Duarte, Javier Orlando Martínez Henríquez y Edwin Omar Rivera López.
De acuerdo con la acusación fiscal, la empresa Argoz promovía proyectos de lotificación en distintas zonas del país, especialmente en áreas rurales, sin contar con los permisos legales requeridos ni estar supervisada por autoridades competentes.
Según la investigación, los terrenos eran comercializados con la promesa de entregar escrituras públicas una vez cancelado el valor total de la parcela. Sin embargo, la sociedad nunca cumplió con dicho compromiso, dejando a los compradores sin respaldo legal sobre sus propiedades.
#Audiencia I La @FGR_SV responde a otras 18 víctimas en el #CasoARGOZ, quienes fueron estafadas por exdirectivos de la Corporación ARGOZ, S.A. de C.V. con un monto de $67,687.00.
Este día, se lleva a cabo la audiencia inicial en el Tribunal 3° contra el Crimen Organizado de San… pic.twitter.com/XKxCEW0LPc
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) July 21, 2025
El caso específico involucra la lotificación Santa Cecilia, ubicada en el cantón Los Zacatillos, municipio de San Juan Nonualco, en el departamento de La Paz, donde se realizaron las ventas desde el año 2016.
La Fiscalía continúa con la recopilación de pruebas documentales y testimoniales que refuercen la acusación, mientras las víctimas esperan que se les restituya su patrimonio y se haga justicia.
Judicial
Juzgado ordena detención provisional para guatemalteco acusado de atropellar a niña en Ahuachapán
El Juzgado Segundo de Paz de Ahuachapán decretó la detención provisional del ciudadano guatemalteco Jasson José Herrera Orozco, acusado de atropellar a una niña de 9 años cuando se dirigía a su centro escolar. El imputado enfrentará el proceso judicial desde prisión, según lo resolvió la instancia judicial en audiencia inicial.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Herrera Orozco de los delitos de lesiones culposas y conducción peligrosa de vehículos automotores, tras embestir a la menor Ivania en el kilómetro 114 de la carretera que conduce hacia la frontera Las Chinamas, el pasado 4 de julio.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, el conductor se dio a la fuga tras el incidente, sin brindar asistencia a la víctima. El atropello fue captado por cámaras de videovigilancia de la zona, además de ser registrado por testigos que se encontraban en el lugar.
Debido a la gravedad de las heridas, la niña fue trasladada en helicóptero hacia el Hospital Benjamín Bloom, en San Salvador, donde continúa recibiendo atención médica especializada.
Herrera Orozco fue detenido días después en el cantón San Jerónimo, distrito de Metapán, Santa Ana, en un punto fronterizo, cuando presuntamente intentaba salir del país para evadir la acción de la justicia salvadoreña.
El Ministerio Público presentó las pruebas iniciales ante el juzgado, incluyendo los registros audiovisuales y testimonios, que evidencian la conducta del imputado al momento del incidente.
La defensa solicitó medidas sustitutivas a la detención, pero el juzgado consideró que existía riesgo de fuga, por lo que ordenó que Herrera Orozco continúe en prisión preventiva mientras se desarrolla la fase de instrucción del caso.
La FGR indicó que continuará recabando pruebas técnicas y periciales para fortalecer la acusación en la siguiente etapa del proceso.
El caso ha generado indignación en la comunidad local, donde vecinos y familiares de la víctima exigen justicia y una sanción ejemplar para el responsable del hecho.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó un requerimiento contra el ciudadano guatemalteco Jasson José Herrera Orozco, acusado de lesiones culposas y conducción peligrosa de vehículo automotor, tras atropellar a una niña de nueve años en Ahuachapán.
Según el expediente fiscal, el hecho ocurrió el pasado 4 de julio en el kilómetro 114 de la carretera a Las Chinamas, cuando la menor cruzaba la vía para dirigirse a su centro escolar. Tras el atropello, el imputado intentó huir hacia Guatemala.
El Juzgado Segundo de Paz de Ahuachapán ha programado la audiencia inicial para el próximo 21 de julio.
