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Niño afectado por estallido de cohetería clandestina en Santa Ana fue traslado a EE. UU. para recibir tratamiento médico
El menor de edad que resultó afectado por la explosión de una cohetería clandestina en el departamento de Santa Ana fue trasladado ayer martes, por la noche, al Aeropuerto Internacional de El Salvador para viajar hacia Estados Unidos donde recibirá tratamiento para las quemaduras que sufrió a raíz del siniestro.
El tratamiento para el menor ha sido posible gracias al apoyo de la Asociación Shriners, quienes facilitaron las condiciones para que pueda ser llevado hasta Galveston, en Texas, Estados Unidos, donde será atendido de manera especial para el tratamiento de las heridas causadas por la explosión.
El traslado del menor hacia el Aeropuerto Internacional de El Salvador estuvo a cargo de elementos del Ministerio de Salud, quienes activaron el protocolo para que el menor pudiera llegar sin problemas y emprender el vuelo a territorio estadounidense, donde podrá recuperarse de las quemaduras.
El pasado sábado, las autoridades atendieron la emergencia surgida a raíz de una explosión en una cohetería clandestina ubicada en el sector de Jardines del Jordán, cantón El Ranchador, en territorio santaneco.
La explosión dejó un total de cuatro personas fallecidas y 10 lesionados, entre ellos el menor que fue llevado a Galveston. Las autoridades lograron la captura de la propietaria del establecimiento, identificada como Marlene de Los Ángeles Raimundo, acusada de los delitos de homicidio culposo, lesiones e infracción a las normas de seguridad.
El ecosistema tecnológico salvadoreño continúa expandiéndose con el lanzamiento oficial de AuthenticDoc, una plataforma de firmas digitales desarrollada sobre el protocolo descentralizado Nostr y diseñada para cumplir plenamente con la normativa nacional de firma electrónica. Su propuesta apunta a establecer un nuevo estándar de seguridad y autenticidad criptográfica en documentos y contratos, en un contexto global marcado por los desafíos de verificación que plantean la inteligencia artificial y la centralización de datos.
Fabián Vleer, cofundador de AuthenticDoc, explicó que su llegada a El Salvador hace tres años fue determinante para impulsar esta iniciativa. «He estado en el espacio tecnológico por mucho tiempo. Soy bitcoiner, entiendo la tecnología descentralizada y entiendo dónde está el mundo hoy», afirmó.
Su trayectoria incluye desarrollo de software en Australia y un profundo entendimiento de los riesgos de privacidad y manipulación presentes en plataformas centralizadas.
Roberto Funes, pandillero de la MS-13, recibió una condena de 14 años de cárcel por el delito de organizaciones terroristas.
Este sujeto operaba en distintos sectores del distrito El Rosario, municipio La Paz Centro.
La fiscalía ha logrado individualizar la participación de Funes en varios crímenes y actos terroristas, por los cuales también será condenado y se le sumarán años a esta condena recibida.
A siete años de prisión fueron condenados tres hermanos traficantes de personas, quienes por $40,000, prometieron llevar a Estados Unidos, a dos víctimas con régimen de protección.
Al finalizar la vista pública, el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, emitió un fallo de responsabilidad penal para Marvin Orlando, José Daniel y Luis Antonio, los tres de apellido Dueñas Fuentes.
El juez los condenó en calidad de prófugos, ya que en la fase de instrucción los declararon rebeldes, por el delito de tráfico ilegal de personas, tras una investigación que inició por denuncia de las personas afectadas.
Además de los años de cárcel, el tribunal ordenó que deben pagar $21,600 a cada una de las víctimas en concepto de responsabilidad civil.
Las dos personas denunciantes, declararon que contactaron a los hermanos Dueñas Fuentes, uno de ellos residentes en Estados Unidos, con el fin de acordar el viaje de manera irregular hacia ese país.
En las pesquisas se detalla que las dos víctimas comenzaron el viaje el 17 de octubre de 2022 y que tras llegar a Estados Unidos, fueron deportadas hacia México en dos ocasiones.
A raíz de lo ocurrido, los imputados exigieron más dinero y las amenazaron con entregarlas a los cárteles mexicanos si no pagaban, ante esa amenaza las personas tomaron la decisión de regresarse a El Salvador por sus propios medios.
