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MÁS ESCÁNDALOS: Socio colombiano para la recolección de desechos sólidos de la Alcaldía de Santa Tecla está envuelto en sonados casos de corrupción en varios países
A partir de agosto del año pasado, sin previo aviso el servicio de recolección de basura de Santa Tecla pasó a ser privado y la comuna entregó camiones y otro tipo de aportaciones a la empresa Teclaseo que desde ese momento, y con infinidad de dificultades, presta dicho servicio.
En la actualidad, la Corte de Cuentas de la República desarrolla un examen especial al contrato que suscribió la alcaldía de Santa Tecla con la empresa colombiana Interaseo para crear la sociedad Teclaseo, para privatizar el servicio de la recolección de la basura y despedir cientos de empleados, ya que dicho contrato fue declarado como información reservada por la comuna, pese a que hay fondos y bienes públicos involucrados.
La forma poco transparente y precipitada en la que se constituyó la sociedad Teclaseo entre la alcaldía de Santa Tecla, con la empresa colombiana Interaseo, podría explicarse a partir de los antecedentes de escandalosos señalamientos que pesan sobre el socio de la comuna tecleña.
Los referidos escándalos y señalamientos contra Interaseo se remontan al año 2013, cuando en Panamá adquirieron a la empresa española Urbaser-Plotosa, S.A la concesión para la disposición de la basura en la localidad panameña de Cerro Patacón, en el municipio de Panamá.
De acuerdo a informes de diferentes medios de comunicación de Panamá, como La Estrella, que consignó en el reportaje titulado “Los extraños traspasos de una concesión millonaria”, que la empresa “Urbaser Plotosa decide vender la concesión para el manejo del relleno sanitario en Cerro Patacón a la empresa colombiana Interaseo por $12 millones”.
El citado medio de comunicación publicó que “la concesión despertó cuestionamientos en la opinión pública porque además de que la empresa española no cumplió con lo que se había comprometido, el gobierno los favorece con el pago de $22 millones destinados a realizar estudios para determinar las medidas para manejar adecuadamente el relleno sanitario”.
La Estrella de Panamá también acotó en su reportaje que “el accionista mayoritario de Interaseo es Wiliam Vélez, conocido como el ‘zar de la basura en Colombia’, quien además es familiar cercano del expresidente de Colombia Álvaro Uribe”.
Dicho medio de comunicación apunta a que la relación de Wiliam Vélez con los hijos del expresidente de Colombia pudo haber tenido mucha incidencia en la compra de la concesión a la empresa española para la disposición de la basura.
“Los vínculos en Panamá de los Vélez y los Uribe no son coincidencia. El empresario Wiliam Vélez ha viajado a suelo panameño con los hijos del expresidente colombiano Tomás y Jerónimo Uribe, según reportes periodísticos aparecidos en el diario colombiano El Nuevo Día. Esta publicación va más allá y dice que los hijos del expresidente colombiano son socios en algunos negocios con los hijos del mandatario panameño, Ricardo Martinelli”, reveló diario La Estrella de Panamá evidenciando una aparente irregularidad que podría derivar en tráfico de influencias.
De acuerdo a la investigación de diario La Estrella, “los nexos de Interaseo trascienden el eje gubernamental. En la ficha 2049 del Registro Público con fecha de registro del 28 de junio de 2012 aparece como representante legal Juan Diego Cadavid Orozco, actual gerente de Revisalud —empresa que se encarga de la recolección de basura en el distrito de San Miguelito—”.
Pero las irregularidades no se quedan ahí, “incluso al revisarse la ficha de inscripción de Revisalud la ficha número 393905 del 12 de enero de 2001, en donde aparece como representante legal suplente Juan Diego Cadavid Orozco, nuevamente entra en escena el ‘zar de la basura colombiana’ Wiliam Vélez, quien se encuentra inscrito en el registro como uno de los diez directores”.
Diario La Estrella agregó que “la cadena no termina aquí. Interaseo cambió de razón social y ahora se denomina Urbalia S.A. y desde hace 18 meses opera el relleno sanitario de Cerro Patacón”.
La investigación de diario La Estrella sentenció que “en conclusión, al menos en los últimos cinco años la administración del vertedero de Cerro Patacón se ha convertido en un monopolio que ha pasado de mano en mano en un círculo compuesto por las mismas personas. Una estela de llamativos traspasos que salen a relucir ahora que la ciudad está envuelta en una de las peores crisis sanitarias que ha puesto en riesgo la vida de miles de panameños y en jaque a los actuales administradores de Cerro Patacón”.
Pero los escándalos de Interaseo no terminan ahí, su empresa subsidiaria Urbalia S.A. que administraba la disposición final de la basura en el municipio de Panamá se vió involucrada en un arbitraje que le costó millones de dólares al citado municipio, que tuvo que gastar $101 mil 69 para contratar a la firma de abogados Morgan & Morgan para que los representara en un laudo arbitral.
“A través de su oficina de Relaciones Públicas, Urbalia señaló que el reclamo es por una deuda de $4.4 millones que data de hace 10 años, por el manejo del relleno sanitario antes de que la administración pasara a manos de la AAUD. Aseguran que acudieron al arbitraje porque la AAUD tampoco ha pagado la deuda”, publicó el diario panameño La Prensa en artículo titulado “Municipio de Panamá contrata a empresa para arbitraje con Urbalia”.
De acuerdo al mencionado medio de comunicación, la empresa Urbalia, subsidiaria de Interaseo -socia de la alcaldía de Santa Tecla- exigió en un arbitraje una indemnización de $4.4 millones por discrepancias con el contrato concediéndoles la disposición de la basura en Panamá.
Con base en los antecedentes que ya se expusieron, no resulta ilógico que la alcaldía de Santa Tecla haya declarado información reservada al contrato con interaseo para dar vida a la sociedad Teclaseo.
El presidente de Interaseo, Wiliam Vélez Sierra es un personaje ubicado siempre en el centro de la polémica, alguien a quien incluso se señala de financiar a organizaciones paramilitares en Colombia, de manera que hace sentido de que se quiere mantener reservado el contrato, pese a que en la citada sociedad hay bienes públicos consignados como la aportación del concejo.
La directora ejecutiva del Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina), Linda Amaya, informó en La Entrevista de Noticiero El Salvador que en el 100 % de los casos que han atendido por vulneración a los derechos de la niñez, han buscado la permanencia de los menores de edad en el sistema educativo.
«Durante estos tres años, el 100 % de los casos se ha buscado la restitución de sus derechos, además tienen un seguimiento porque la idea es que deje de haber deserción escolar, no solo es el tema de reincorporar a la educación, sino asegurarnos de que se mantengan dentro del sistema educativo», expresó.
De acuerdo con Amaya, trabajan de manera articulada con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Mineducyt) para dar un seguimiento a los casos de los niños que han sufrido vulneraciones para garantizar su permanencia en las escuelas.
«Es un trabajo que también el Ministerio de Educación lo ha retomado con mucha fuerza y trabajar de manera articulada nos ha permitido ir asegurando seguimientos en esta población», afirmó la titular del Conapina.
Por otra parte, Amaya afirmó que los equipos de la institución han recibido actualizaciones en su formación para fortalecer sus capacidades y dotarlos de herramientas modernas para abordar óptimamente cada caso en el que la niñez salvadoreña se encuentre en riesgo.
«Los equipos del Conapina se han actualizado, hemos contado con el apoyo de organismos que nos han dado herramientas modernas y actuales para poder hacer valoraciones de carácter forense donde ya no te pregunto a ti, pero puedo observar qué es lo que jugás y cómo te expresás para ir determinando si has sido vulnerado», explicó la directora del Conapina.
Amaya recordó que la institución cuenta con 16 juntas de protección a escala nacional y con la línea telefónica gratuita 119 para que los ciudadanos den avisos o denuncien casos de maltratos o abusos a la primera infancia, niñez y adolescencia.
Dos centros educativos del distrito de San Jorge, en San Miguel Oeste, serán renovados con una inversión conjunta que supera los $1.3 millones, como parte del programa nacional de modernización de infraestructura escolar. Las obras corresponden a la Escuela #571, Centro Escolar Cantón Joya de Aventura, y a la Escuela #572, Centro Escolar Caserío El Mogote.
La primera intervención corresponde al Centro Escolar Cantón Joya de Aventura, que atiende a 63 estudiantes desde parvularia hasta básica. El proyecto contempla una inversión de $806,000 para renovar 620 metros cuadrados de infraestructura educativa, bajo la ejecución de la Dirección General de Centros Penales.
Además, se desarrolla la renovación del Centro Escolar Caserío El Mogote, que beneficia a 65 estudiantes y abarca un área de construcción de 412 metros cuadrados. En este caso, la inversión asciende a $535,000.
Las obras en ambos centros incluyen escarificación de paredes para retirar pintura deteriorada, repello y nuevos acabados; nivelación de pisos e instalación de porcelanato de alto tráfico; colocación de ventanas corredizas tipo francesa y sustitución de puertas por modelos metálicos. Asimismo, se renovará la red eléctrica con iluminación LED y ventiladores en cada aula, además de mejoras en los sistemas hidrosanitarios.
El proyecto también contempla obras exteriores como andenes, canchas deportivas, espacios lúdicos y jardines, además de la dotación de mobiliario para estudiantes y docentes, juegos didácticos y áreas de cocina, con el objetivo de garantizar instalaciones modernas, seguras y funcionales para la comunidad educativa.
El uso correcto del sistema de retención infantil (SRI) reduce el riesgo de muerte y de lesiones graves en niños, ya que en el caso de un accidente protege zonas vulnerables, especialmente la cabeza, el cuello y la columna. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los traumatismos por accidentes de tránsito son la principal causa de muerte de niños y jóvenes a escala mundial.
En ese sentido, la directora del Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito (Fonat), Bessy Guzmán, destacó que los SRI reducen hasta un 71 % el riesgo de muerte. Asimismo, el Gobierno salvadoreño ha sumado esfuerzos para impulsar una estrategia nacional de seguridad vial infantil para reducir los índices de siniestralidad.
«Actualmente nos encontramos en el Decenio de Acción para la Seguridad Vial [2021–2030], el cual busca reducir la siniestralidad vial y la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito a la mitad. Medidas como usar el cinturón de seguridad, la utilización de cascos certificados y de los sistemas de retención infantil están encaminadas a ayudarnos a llegar a esa reducción», dijo Guzmán.
Desde el Viceministerio de Transporte (VMT) y el Fonat se ejecutan medidas preventivas para garantizar la seguridad vial de los niños. Entre estas destacan capacitaciones sobre el uso de las SRI, la conformación de comités de seguridad vial en centros escolares y la intervención de conductores y peatones sobre la movilidad segura en las calles y carreteras. Asimismo, trabajan en la toma de conciencia sobre la importancia de usar correctamente estos sistemas en el vehículo.
A partir de diciembre de 2025, en El Salvador usar el SRI es obligatorio. Como pasajeros de vehículos, los menores de 12 años no podrán viajar en el asiento delantero, mientras que los niños menores de cinco años deben ser trasladados en un SRI de acuerdo con su peso y estatura.
El incumplimiento de esta normativa se considera una falta muy grave y se sancionará con una multa de $150. Para garantizar la seguridad de los menores de edad, el Fonat recomienda no poner en marcha el vehículo antes de que todos los ocupantes tengan puesto el cinturón de seguridad y los niños estén colocados en el SRI.
De igual manera, ningún ocupante puede tomar bebidas calientes en el carro, ya que podría lesionar a los niños en un choque o un frenado brusco.
«Los sistemas de retención infantil no deben utilizarse si ya han sido parte de un siniestro vial o si alguna de sus piezas ha caducado; vea la fecha de vencimiento en la parte de atrás», indicó el Fonat
