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MÁS ESCÁNDALOS: Socio colombiano para la recolección de desechos sólidos de la Alcaldía de Santa Tecla está envuelto en sonados casos de corrupción en varios países
A partir de agosto del año pasado, sin previo aviso el servicio de recolección de basura de Santa Tecla pasó a ser privado y la comuna entregó camiones y otro tipo de aportaciones a la empresa Teclaseo que desde ese momento, y con infinidad de dificultades, presta dicho servicio.
En la actualidad, la Corte de Cuentas de la República desarrolla un examen especial al contrato que suscribió la alcaldía de Santa Tecla con la empresa colombiana Interaseo para crear la sociedad Teclaseo, para privatizar el servicio de la recolección de la basura y despedir cientos de empleados, ya que dicho contrato fue declarado como información reservada por la comuna, pese a que hay fondos y bienes públicos involucrados.
La forma poco transparente y precipitada en la que se constituyó la sociedad Teclaseo entre la alcaldía de Santa Tecla, con la empresa colombiana Interaseo, podría explicarse a partir de los antecedentes de escandalosos señalamientos que pesan sobre el socio de la comuna tecleña.
Los referidos escándalos y señalamientos contra Interaseo se remontan al año 2013, cuando en Panamá adquirieron a la empresa española Urbaser-Plotosa, S.A la concesión para la disposición de la basura en la localidad panameña de Cerro Patacón, en el municipio de Panamá.
De acuerdo a informes de diferentes medios de comunicación de Panamá, como La Estrella, que consignó en el reportaje titulado “Los extraños traspasos de una concesión millonaria”, que la empresa “Urbaser Plotosa decide vender la concesión para el manejo del relleno sanitario en Cerro Patacón a la empresa colombiana Interaseo por $12 millones”.
El citado medio de comunicación publicó que “la concesión despertó cuestionamientos en la opinión pública porque además de que la empresa española no cumplió con lo que se había comprometido, el gobierno los favorece con el pago de $22 millones destinados a realizar estudios para determinar las medidas para manejar adecuadamente el relleno sanitario”.
La Estrella de Panamá también acotó en su reportaje que “el accionista mayoritario de Interaseo es Wiliam Vélez, conocido como el ‘zar de la basura en Colombia’, quien además es familiar cercano del expresidente de Colombia Álvaro Uribe”.
Dicho medio de comunicación apunta a que la relación de Wiliam Vélez con los hijos del expresidente de Colombia pudo haber tenido mucha incidencia en la compra de la concesión a la empresa española para la disposición de la basura.
“Los vínculos en Panamá de los Vélez y los Uribe no son coincidencia. El empresario Wiliam Vélez ha viajado a suelo panameño con los hijos del expresidente colombiano Tomás y Jerónimo Uribe, según reportes periodísticos aparecidos en el diario colombiano El Nuevo Día. Esta publicación va más allá y dice que los hijos del expresidente colombiano son socios en algunos negocios con los hijos del mandatario panameño, Ricardo Martinelli”, reveló diario La Estrella de Panamá evidenciando una aparente irregularidad que podría derivar en tráfico de influencias.
De acuerdo a la investigación de diario La Estrella, “los nexos de Interaseo trascienden el eje gubernamental. En la ficha 2049 del Registro Público con fecha de registro del 28 de junio de 2012 aparece como representante legal Juan Diego Cadavid Orozco, actual gerente de Revisalud —empresa que se encarga de la recolección de basura en el distrito de San Miguelito—”.
Pero las irregularidades no se quedan ahí, “incluso al revisarse la ficha de inscripción de Revisalud la ficha número 393905 del 12 de enero de 2001, en donde aparece como representante legal suplente Juan Diego Cadavid Orozco, nuevamente entra en escena el ‘zar de la basura colombiana’ Wiliam Vélez, quien se encuentra inscrito en el registro como uno de los diez directores”.
Diario La Estrella agregó que “la cadena no termina aquí. Interaseo cambió de razón social y ahora se denomina Urbalia S.A. y desde hace 18 meses opera el relleno sanitario de Cerro Patacón”.
La investigación de diario La Estrella sentenció que “en conclusión, al menos en los últimos cinco años la administración del vertedero de Cerro Patacón se ha convertido en un monopolio que ha pasado de mano en mano en un círculo compuesto por las mismas personas. Una estela de llamativos traspasos que salen a relucir ahora que la ciudad está envuelta en una de las peores crisis sanitarias que ha puesto en riesgo la vida de miles de panameños y en jaque a los actuales administradores de Cerro Patacón”.
Pero los escándalos de Interaseo no terminan ahí, su empresa subsidiaria Urbalia S.A. que administraba la disposición final de la basura en el municipio de Panamá se vió involucrada en un arbitraje que le costó millones de dólares al citado municipio, que tuvo que gastar $101 mil 69 para contratar a la firma de abogados Morgan & Morgan para que los representara en un laudo arbitral.
“A través de su oficina de Relaciones Públicas, Urbalia señaló que el reclamo es por una deuda de $4.4 millones que data de hace 10 años, por el manejo del relleno sanitario antes de que la administración pasara a manos de la AAUD. Aseguran que acudieron al arbitraje porque la AAUD tampoco ha pagado la deuda”, publicó el diario panameño La Prensa en artículo titulado “Municipio de Panamá contrata a empresa para arbitraje con Urbalia”.
De acuerdo al mencionado medio de comunicación, la empresa Urbalia, subsidiaria de Interaseo -socia de la alcaldía de Santa Tecla- exigió en un arbitraje una indemnización de $4.4 millones por discrepancias con el contrato concediéndoles la disposición de la basura en Panamá.
Con base en los antecedentes que ya se expusieron, no resulta ilógico que la alcaldía de Santa Tecla haya declarado información reservada al contrato con interaseo para dar vida a la sociedad Teclaseo.
El presidente de Interaseo, Wiliam Vélez Sierra es un personaje ubicado siempre en el centro de la polémica, alguien a quien incluso se señala de financiar a organizaciones paramilitares en Colombia, de manera que hace sentido de que se quiere mantener reservado el contrato, pese a que en la citada sociedad hay bienes públicos consignados como la aportación del concejo.
Un niño de un año de edad falleció este día en la hacienda Atalaya, en el distrito de Acajutla, Sonsonate, luego de caer de manera accidental en una canaleta de agua, según reportes preliminares.
De acuerdo con la información inicial, el menor habría sufrido el percance dentro del sector, por causas que aún se encuentran bajo investigación. Autoridades competentes se desplazaron a la zona para realizar las diligencias correspondientes y determinar con exactitud cómo ocurrieron los hechos.
Familiares, amigos y vecinos del menor expresaron su pesar por lo sucedido, un hecho que ha generado consternación entre los habitantes de la comunidad. Las autoridades reiteraron que será el proceso investigativo el que establezca las circunstancias del incidente.
Kevin Israel Corea Carabantes, de 27 años, acusado de hurto agravado, en perjuicio patrimonial de una víctima, seguirá en prisión provisional, así resolvió el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador.
El hecho ocurrió el 12 de enero de 2026, en una discoteca ubicada en el bulevar Del Hipódromo, colonia San Benito, en San Salvador. La investigación fiscal detalla que Corea hurtó de una habitación una mochila y un maletín de mano que contenían diversos objetos, entre ellos, perfumes, además de una cartera de mano con documentos personales de la víctima.
«La acusación sostiene que el imputado fue visto por una empleada cuando salía por la ventana del baño que colinda con el jardín. Asimismo, los empleados del establecimiento encontraron una caja fuerte dañada, cielos falsos, vidrios y cámaras de seguridad averiados, daños que ascienden a una responsabilidad civil de aproximadamente $4,000», informaron fuentes judiciales.
El imputado fue reconocido por la gerencia de la discoteca a través de la cámara de seguridad, señalando que trabajó en el lugar durante cuatro días. Además, en los documentos presentados para aspirar al puesto se encontraba su identificación.
En la audiencia inicial, la juzgadora consideró que existen indicios suficientes para establecer la existencia del delito y la probable participación del procesado. El caso fue remitido al Juzgado de Instrucción de San Salvador.
Juan Francisco Grande Hernández, de 41 años, fue condenado a 12 años de prisión por el delito de tráfico ilícito, así resolvió el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador.
Grande Hernández fue capturado el 29 de noviembre de 2024, en la calle antigua a Huizúcar, en la colonia Lomas de Versalles de San Salvador, cuando agentes policiales realizaban un patrullaje en busca de personas que delinquían con la venta de droga.
El imputado intentó huir, pero fue en vano. Los policías le encontraron en un bolso una porción grande y otras medianas de material vegetal, además de $3,044.75 en efectivo y una báscula digital color rojo. También en el asiento del vehículo en el que se trasladaba tenía más porciones de droga.
La prueba de campo determinó que el material vegetal era marihuana, en total se sumaron 1.52 kilogramos, valuados en $3,446.70. Asimismo, un análisis de espectrometría determinó que la báscula y el dinero presentaban rastros de metanfetamina, marihuana y cocaína.
Recientemente, por posesión y tenencia con fines de tráfico, en perjuicio de la salud pública, también fue condenado a seis años de prisión Emerson Joel Moz Cruz, de 24 años. La pena fue impuesta por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
A Moz Cruz, agentes policiales le incautaron 178.4 gramos de marihuana y 1.8 gramos de cocaína en diciembre de 2024. Fue interceptado cuando se conducía en una motocicleta sobre la Autopista Norte, frente al Registro de Armas, ubicado en el distrito de San Salvador.
