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MÁS ESCÁNDALOS: Socio colombiano para la recolección de desechos sólidos de la Alcaldía de Santa Tecla está envuelto en sonados casos de corrupción en varios países
A partir de agosto del año pasado, sin previo aviso el servicio de recolección de basura de Santa Tecla pasó a ser privado y la comuna entregó camiones y otro tipo de aportaciones a la empresa Teclaseo que desde ese momento, y con infinidad de dificultades, presta dicho servicio.
En la actualidad, la Corte de Cuentas de la República desarrolla un examen especial al contrato que suscribió la alcaldía de Santa Tecla con la empresa colombiana Interaseo para crear la sociedad Teclaseo, para privatizar el servicio de la recolección de la basura y despedir cientos de empleados, ya que dicho contrato fue declarado como información reservada por la comuna, pese a que hay fondos y bienes públicos involucrados.
La forma poco transparente y precipitada en la que se constituyó la sociedad Teclaseo entre la alcaldía de Santa Tecla, con la empresa colombiana Interaseo, podría explicarse a partir de los antecedentes de escandalosos señalamientos que pesan sobre el socio de la comuna tecleña.
Los referidos escándalos y señalamientos contra Interaseo se remontan al año 2013, cuando en Panamá adquirieron a la empresa española Urbaser-Plotosa, S.A la concesión para la disposición de la basura en la localidad panameña de Cerro Patacón, en el municipio de Panamá.
De acuerdo a informes de diferentes medios de comunicación de Panamá, como La Estrella, que consignó en el reportaje titulado “Los extraños traspasos de una concesión millonaria”, que la empresa “Urbaser Plotosa decide vender la concesión para el manejo del relleno sanitario en Cerro Patacón a la empresa colombiana Interaseo por $12 millones”.
El citado medio de comunicación publicó que “la concesión despertó cuestionamientos en la opinión pública porque además de que la empresa española no cumplió con lo que se había comprometido, el gobierno los favorece con el pago de $22 millones destinados a realizar estudios para determinar las medidas para manejar adecuadamente el relleno sanitario”.
La Estrella de Panamá también acotó en su reportaje que “el accionista mayoritario de Interaseo es Wiliam Vélez, conocido como el ‘zar de la basura en Colombia’, quien además es familiar cercano del expresidente de Colombia Álvaro Uribe”.
Dicho medio de comunicación apunta a que la relación de Wiliam Vélez con los hijos del expresidente de Colombia pudo haber tenido mucha incidencia en la compra de la concesión a la empresa española para la disposición de la basura.
“Los vínculos en Panamá de los Vélez y los Uribe no son coincidencia. El empresario Wiliam Vélez ha viajado a suelo panameño con los hijos del expresidente colombiano Tomás y Jerónimo Uribe, según reportes periodísticos aparecidos en el diario colombiano El Nuevo Día. Esta publicación va más allá y dice que los hijos del expresidente colombiano son socios en algunos negocios con los hijos del mandatario panameño, Ricardo Martinelli”, reveló diario La Estrella de Panamá evidenciando una aparente irregularidad que podría derivar en tráfico de influencias.
De acuerdo a la investigación de diario La Estrella, “los nexos de Interaseo trascienden el eje gubernamental. En la ficha 2049 del Registro Público con fecha de registro del 28 de junio de 2012 aparece como representante legal Juan Diego Cadavid Orozco, actual gerente de Revisalud —empresa que se encarga de la recolección de basura en el distrito de San Miguelito—”.
Pero las irregularidades no se quedan ahí, “incluso al revisarse la ficha de inscripción de Revisalud la ficha número 393905 del 12 de enero de 2001, en donde aparece como representante legal suplente Juan Diego Cadavid Orozco, nuevamente entra en escena el ‘zar de la basura colombiana’ Wiliam Vélez, quien se encuentra inscrito en el registro como uno de los diez directores”.
Diario La Estrella agregó que “la cadena no termina aquí. Interaseo cambió de razón social y ahora se denomina Urbalia S.A. y desde hace 18 meses opera el relleno sanitario de Cerro Patacón”.
La investigación de diario La Estrella sentenció que “en conclusión, al menos en los últimos cinco años la administración del vertedero de Cerro Patacón se ha convertido en un monopolio que ha pasado de mano en mano en un círculo compuesto por las mismas personas. Una estela de llamativos traspasos que salen a relucir ahora que la ciudad está envuelta en una de las peores crisis sanitarias que ha puesto en riesgo la vida de miles de panameños y en jaque a los actuales administradores de Cerro Patacón”.
Pero los escándalos de Interaseo no terminan ahí, su empresa subsidiaria Urbalia S.A. que administraba la disposición final de la basura en el municipio de Panamá se vió involucrada en un arbitraje que le costó millones de dólares al citado municipio, que tuvo que gastar $101 mil 69 para contratar a la firma de abogados Morgan & Morgan para que los representara en un laudo arbitral.
“A través de su oficina de Relaciones Públicas, Urbalia señaló que el reclamo es por una deuda de $4.4 millones que data de hace 10 años, por el manejo del relleno sanitario antes de que la administración pasara a manos de la AAUD. Aseguran que acudieron al arbitraje porque la AAUD tampoco ha pagado la deuda”, publicó el diario panameño La Prensa en artículo titulado “Municipio de Panamá contrata a empresa para arbitraje con Urbalia”.
De acuerdo al mencionado medio de comunicación, la empresa Urbalia, subsidiaria de Interaseo -socia de la alcaldía de Santa Tecla- exigió en un arbitraje una indemnización de $4.4 millones por discrepancias con el contrato concediéndoles la disposición de la basura en Panamá.
Con base en los antecedentes que ya se expusieron, no resulta ilógico que la alcaldía de Santa Tecla haya declarado información reservada al contrato con interaseo para dar vida a la sociedad Teclaseo.
El presidente de Interaseo, Wiliam Vélez Sierra es un personaje ubicado siempre en el centro de la polémica, alguien a quien incluso se señala de financiar a organizaciones paramilitares en Colombia, de manera que hace sentido de que se quiere mantener reservado el contrato, pese a que en la citada sociedad hay bienes públicos consignados como la aportación del concejo.
A menos de un año de la fiesta democrática que se celebrará en El Salvador, el 28 de febrero de 2027, cuando los ciudadanos elegirán al presidente y vicepresidente de la república, 60 diputados de la Asamblea Legislativa y a los miembros de los 44 concejos municipales, algunos partidos políticos han comenzado a organizarse.
Están habilitados a la fecha, según el portal web del Tribunal Supremo Electoral (TSE), 11 institutos políticos; los representantes de algunos de esos, como el caso del presidente del Coena, Carlos García Saade, y el secretario general del FMLN, Manuel Flores, han confirmado que participarán en las tres competencias para cargos públicos.
A estos se suma GANA que, de acuerdo a su vicepresidente, Guillermo Gallegos, estaría dispuesto a apoyar la eventual candidatura de Nayib Bukele, de Nuevas Ideas; sin embargo, aseguró que el instituto naranja participarán en la presidencial «con o sin coalisión».
El 6 de marzo anterior los partidos políticos se reunieron con las autoridades del TSE, con el objetivo de conocer los detalles de la convocatoria y desarrollo de las elecciones internas; pero algunos han expresado no tener aún claridad de en cuáles elecciones participarán.
Para el caso del PDC, ha expresado que participará solo en las elecciones legislativas y municipales, descartando cualquier aspiración con una fórmula presidencial para el sexenio 2027-2033.
Manuel Rodríguez, secretario general del PCN, aseguró a «Diario El Salvador» que de momento han determinado participar en las legislativas y municipales, y están analizando si es conveniente competir en la presidencial.
Rodríguez indicó que actualmente el PCN es la cuarta fuerza política dentro de la Asamblea Legislativa, por lo que deben ser parte de los próximos comicios, y según lo que establece el capítulo V del Código Electoral todos los partidos contendientes tienen el derecho a la vigilancia de todo el proceso, desde la inscripción de candidatos en adelante.
«Sabemos que si participamos en todos los departamentos y si participamos en todo lo que es mesa y todo eso, nosotros necesitamos 11,784 personas para ese evento, entre vigilantes propietarios, supervisores propietarios, jefes de centros propietarios», detalló.
Agregó que para conformar los organismos de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), las Juntas Electorales Departamentales (JED), las Juntas Electorales Municipales (JEM) y las Juntas Electorales Distritales, necesitan otras 8,900 personas.
Por ello, aseguró que el trabajo es bastante, pero «lo primero que hemos hecho es mandado ya al tribunal la conformación de la CEN, o sea, la Comisión Electoral Nacional, que es la que maneja la parte de los de las elecciones internas».
Las autoridades del partido Democracia Salvadoreña aún no han determinado si van a participar en la elección presidencial. Su secretario general, Ezequiel Mendoza, expresó que debido a que no participaron en las elecciones anteriores ahora están «obligados a concursar», a fin de que el TSE no inicie un proceso de cancelación, de acuerdo con la normativa electoral.
Una situación similar es la de PAIS, que no tiene dirigencia, desde que su fundador Roy García fue implicado en un caso judicial; actualmente algunos afiliados quieren retomar el control.
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Vicepresidente Ulloa asiste a la investidura de José Antonio Kast como presidente de Chile
El Vicepresidente Félix Ulloa, viajó a la República de Chile para participar en la Transmisión del Mando Presidencial de José Antonio Kast, con quien sostuvo una primera reunión con el propósito de reafirmar la voluntad de ambos países de fortalecer sus vínculos de amistad y cooperación.
Durante el encuentro, ambas autoridades intercambiaron impresiones sobre las oportunidades para consolidar una asociación estratégica en áreas de interés común, particularmente en materia de seguridad, destacando la importancia de continuar promoviendo nuevas experiencias entre ambas naciones.
Expresaron su interés en fortalecer una agenda de cooperación bilateral orientada a la definición de proyectos clave para el período 2026-2028, en ámbitos como primera infancia, educación, geotermia, tecnología, innovación, agroindustria y otros sectores estratégicos para el desarrollo. De igual manera destacaron el interés en promover una agenda económica en comercio, inversiones y turismo, incluyendo la posibilidad de una misión empresarial chilena a El Salvador, como parte de los esfuerzos para dinamizar las relaciones económicas.
Finalmente, dialogaron sobre la visita del Presidente Kast a El Salvador, durante la cual pudo constatar la realidad de paz que vive el país. Asimismo, el Vicemandatario se refirió a la posible visita del Presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele, a Chile en mayo, como una muestra de reciprocidad, cercanía política y visión compartida de futuro.
Este acercamiento reafirma el compromiso de El Salvador con el fortalecimiento de sus relaciones bilaterales con Chile, sobre la base del diálogo político, la cooperación estratégica y la construcción de una agenda económica común.
El ecosistema de activos digitales en El Salvador mantiene un enfoque regulatorio estricto que busca garantizar transparencia, protección al consumidor y solidez en los proyectos que ingresan al mercado, según datos del Informe Estadístico del Ecosistema Regulado 2023–2026 presentado por la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD).
De acuerdo con el informe, durante ese período se gestionaron 388 procesos regulatorios, lo que evidencia la creciente actividad en el sector. El año con mayor dinamismo fue 2025, cuando se registraron 193 procesos, equivalentes al 50 % del total analizado.
Uno de los indicadores más relevantes es el proceso de autorización para operar como proveedor de servicios de activos digitales (PSAD) bajo la Ley de Emisión de Activos Digitales. Entre 2023 y 2026 se presentaron 277 solicitudes para este tipo de licencia. Sin embargo, solo el 26 % fueron aprobadas.
El resto de las solicitudes refleja el nivel de revisión aplicado por el regulador: 56 % fueron archivadas o rechazadas, 1 % canceladas y 17 % aún se encuentran en proceso de evaluación.
Estas cifras evidencian que el país mantiene criterios estrictos para permitir la operación de entidades dentro del ecosistema digital. «Aquí no se aprueban productos especulativos. Solo productos con respaldo, transparencia y visión de largo plazo», afirmó el presidente de la CNAD, Juan Carlos Reyes.
El informe también detalla que 267 entidades aplicaron para distintos servicios regulados durante el período analizado. De ese total, 190 correspondieron a proveedores de servicios de activos digitales, lo que representa 71 % de las solicitudes.
El resto se distribuye entre emisores públicos (15 %), emisores privados (7 %), certificadores (5 %) y emisores de monedas estables (2 %), lo que refleja la diversidad de actores interesados en participar en el ecosistema regulado del país.
Actualmente, la CNAD mantiene 108 entidades activas bajo supervisión, siendo los proveedores de servicios de activos digitales el segmento más numeroso, seguido por los emisores públicos.
En cuanto a la actividad del mercado, el ecosistema ha habilitado 53 emisiones financieras con un volumen total aproximado de $200,000 millones, concentrándose principalmente en monedas estables, lo que evidencia la relevancia de estos instrumentos dentro de la infraestructura financiera digital.
Para las autoridades salvadoreñas, estos datos muestran que el país ha logrado construir un modelo regulatorio que combina apertura a la innovación con altos estándares de supervisión.
«Lo que hemos logrado hacer en El Salvador con la protección del consumidor, la trazabilidad y toda la transparencia que existe en nuestra industria es algo único a escala mundial», subrayó Reyes.
Este avance regulatorio será uno de los temas centrales de El Salvador Digital Assets Summit 2026, que se celebrará el próximo 15 de abril y reunirá a líderes del sector público y privado para analizar los principales retos y oportunidades de la industria.
El evento se organiza tras el éxito del Digital Assets Summit 2025, que reunió en el país a alrededor de 450 líderes nacionales e internacionales de al menos 20 países, entre reguladores financieros, legisladores, abogados, empresas tecnológicas y organismos multilaterales.
