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MÁS ESCÁNDALOS: Socio colombiano para la recolección de desechos sólidos de la Alcaldía de Santa Tecla está envuelto en sonados casos de corrupción en varios países
A partir de agosto del año pasado, sin previo aviso el servicio de recolección de basura de Santa Tecla pasó a ser privado y la comuna entregó camiones y otro tipo de aportaciones a la empresa Teclaseo que desde ese momento, y con infinidad de dificultades, presta dicho servicio.
En la actualidad, la Corte de Cuentas de la República desarrolla un examen especial al contrato que suscribió la alcaldía de Santa Tecla con la empresa colombiana Interaseo para crear la sociedad Teclaseo, para privatizar el servicio de la recolección de la basura y despedir cientos de empleados, ya que dicho contrato fue declarado como información reservada por la comuna, pese a que hay fondos y bienes públicos involucrados.
La forma poco transparente y precipitada en la que se constituyó la sociedad Teclaseo entre la alcaldía de Santa Tecla, con la empresa colombiana Interaseo, podría explicarse a partir de los antecedentes de escandalosos señalamientos que pesan sobre el socio de la comuna tecleña.
Los referidos escándalos y señalamientos contra Interaseo se remontan al año 2013, cuando en Panamá adquirieron a la empresa española Urbaser-Plotosa, S.A la concesión para la disposición de la basura en la localidad panameña de Cerro Patacón, en el municipio de Panamá.
De acuerdo a informes de diferentes medios de comunicación de Panamá, como La Estrella, que consignó en el reportaje titulado “Los extraños traspasos de una concesión millonaria”, que la empresa “Urbaser Plotosa decide vender la concesión para el manejo del relleno sanitario en Cerro Patacón a la empresa colombiana Interaseo por $12 millones”.
El citado medio de comunicación publicó que “la concesión despertó cuestionamientos en la opinión pública porque además de que la empresa española no cumplió con lo que se había comprometido, el gobierno los favorece con el pago de $22 millones destinados a realizar estudios para determinar las medidas para manejar adecuadamente el relleno sanitario”.
La Estrella de Panamá también acotó en su reportaje que “el accionista mayoritario de Interaseo es Wiliam Vélez, conocido como el ‘zar de la basura en Colombia’, quien además es familiar cercano del expresidente de Colombia Álvaro Uribe”.
Dicho medio de comunicación apunta a que la relación de Wiliam Vélez con los hijos del expresidente de Colombia pudo haber tenido mucha incidencia en la compra de la concesión a la empresa española para la disposición de la basura.
“Los vínculos en Panamá de los Vélez y los Uribe no son coincidencia. El empresario Wiliam Vélez ha viajado a suelo panameño con los hijos del expresidente colombiano Tomás y Jerónimo Uribe, según reportes periodísticos aparecidos en el diario colombiano El Nuevo Día. Esta publicación va más allá y dice que los hijos del expresidente colombiano son socios en algunos negocios con los hijos del mandatario panameño, Ricardo Martinelli”, reveló diario La Estrella de Panamá evidenciando una aparente irregularidad que podría derivar en tráfico de influencias.
De acuerdo a la investigación de diario La Estrella, “los nexos de Interaseo trascienden el eje gubernamental. En la ficha 2049 del Registro Público con fecha de registro del 28 de junio de 2012 aparece como representante legal Juan Diego Cadavid Orozco, actual gerente de Revisalud —empresa que se encarga de la recolección de basura en el distrito de San Miguelito—”.
Pero las irregularidades no se quedan ahí, “incluso al revisarse la ficha de inscripción de Revisalud la ficha número 393905 del 12 de enero de 2001, en donde aparece como representante legal suplente Juan Diego Cadavid Orozco, nuevamente entra en escena el ‘zar de la basura colombiana’ Wiliam Vélez, quien se encuentra inscrito en el registro como uno de los diez directores”.
Diario La Estrella agregó que “la cadena no termina aquí. Interaseo cambió de razón social y ahora se denomina Urbalia S.A. y desde hace 18 meses opera el relleno sanitario de Cerro Patacón”.
La investigación de diario La Estrella sentenció que “en conclusión, al menos en los últimos cinco años la administración del vertedero de Cerro Patacón se ha convertido en un monopolio que ha pasado de mano en mano en un círculo compuesto por las mismas personas. Una estela de llamativos traspasos que salen a relucir ahora que la ciudad está envuelta en una de las peores crisis sanitarias que ha puesto en riesgo la vida de miles de panameños y en jaque a los actuales administradores de Cerro Patacón”.
Pero los escándalos de Interaseo no terminan ahí, su empresa subsidiaria Urbalia S.A. que administraba la disposición final de la basura en el municipio de Panamá se vió involucrada en un arbitraje que le costó millones de dólares al citado municipio, que tuvo que gastar $101 mil 69 para contratar a la firma de abogados Morgan & Morgan para que los representara en un laudo arbitral.
“A través de su oficina de Relaciones Públicas, Urbalia señaló que el reclamo es por una deuda de $4.4 millones que data de hace 10 años, por el manejo del relleno sanitario antes de que la administración pasara a manos de la AAUD. Aseguran que acudieron al arbitraje porque la AAUD tampoco ha pagado la deuda”, publicó el diario panameño La Prensa en artículo titulado “Municipio de Panamá contrata a empresa para arbitraje con Urbalia”.
De acuerdo al mencionado medio de comunicación, la empresa Urbalia, subsidiaria de Interaseo -socia de la alcaldía de Santa Tecla- exigió en un arbitraje una indemnización de $4.4 millones por discrepancias con el contrato concediéndoles la disposición de la basura en Panamá.
Con base en los antecedentes que ya se expusieron, no resulta ilógico que la alcaldía de Santa Tecla haya declarado información reservada al contrato con interaseo para dar vida a la sociedad Teclaseo.
El presidente de Interaseo, Wiliam Vélez Sierra es un personaje ubicado siempre en el centro de la polémica, alguien a quien incluso se señala de financiar a organizaciones paramilitares en Colombia, de manera que hace sentido de que se quiere mantener reservado el contrato, pese a que en la citada sociedad hay bienes públicos consignados como la aportación del concejo.
El español Daniel Arnavat Carbajallido y la salvadoreñas Patricia Elizabeth Cruz Andrade, fueron condenados a tres años y seis meses de prisión por el delito de administración fraudulenta.
Los dos fueron condenados en calidad de ausentes ya que luego de desfalcar a la empresa Livisto S.A de C.V., huyeron para evadir la justicia.
En el fallo emitido por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, se les declaró rebeldes y se les girará nueva orden de captura para que al ser localizados sean enviados a un centro penal a cumplir la condena.
Según la acusación que la Fiscalía General de la República presentó, la administración fraudulenta la cometieron entre el 2016 y 2018, cuando se aprovecharon de sus funciones gerenciales y de dirección en la empresa Livisto S.A de C.V., una sociedad ubicada en Zaragoza, La Libertad.
Las indagaciones realizadas por el ministerio público evidenciaron que los imputados incurrieron en anomalías contables para desfalcar a la empresa por un monto de $3 millones. La entidad afectada se dedica a fabricar y vender productos veterinarios.
Para ejecutar el desfalco constituyeron tres empresas las cuales las convirtieron en proveedores exclusivos de la sociedad afectada y le vendieron con sobreprecio, para así obtener un provecho personal, según la investigación que realizó el ministerio público y que fue judicializada en los tribunales del departamento de La Libertad.
En el caso de Claudia Rebeca Suárez Girón, el tribunal dictó un sobreseimiento, es decir que la pena se extingue por su fallecimiento, la mujer era la única que fue detenida por la Policía Nacional Civil (PNC), en septiembre de 2020.
El trabajo de la Fuerza Armada ha sido clave para la reducción de hechos delictivos. Foto Ministerio de Defensa.
El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, aseguró que el apoyo de la Fuerza Armada en acciones de seguridad pública permite que la Policía se dedique a la investigación y desarticulación de bandas organizadas que pretenden surgir para dedicarse al hurto y robo.
«Las operaciones que se realizan con la Policía Nacional Civil van mucho más allá de perseguir pandilleros, de evitar que se cometan homicidios. También abarcan el área del respeto a la propiedad privada y evitar que se vayan formando bandas delincuenciales que afecten la paz y tranquilidad del pueblo salvadoreño», indicó el funcionario.
Agregó «la Fuerza Armada tiene una de las misiones, que es nuestro despliegue en todo el territorio nacional, de tal manera que con ese despliegue nosotros logramos mantener el control del territorio junto con la Policía, obviamente, pero le permite también a la Policía Nacional Civil dedicarle tiempo, el tiempo que se requiere a la investigación de este tipo de delitos [robo y hurto] que de igual manera afectan a la población».
Merino Monroy señaló que los grandes resultados, obtenidos en este sentido, se deben a la integración de la Policía, Fuerza Armada y la Fiscalía, impulsada desde el Gobierno.
«Este tipo de operaciones es un reflejo de esa política de seguridad del señor presidente de la república, la cual ha logrado, entre otras cosas, integrar dos instituciones vitales para la paz y tranquilidad de los salvadoreños, como son la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada y, por supuesto, el área que le corresponde a la Fiscalía General de la República», expresó el ministro.
Merino Monroy afirmó que la institución castrense continuará apoyando la Policía para llevar paz y tranquilidad a la población. «Cuando nosotros decimos que El Salvador es el país más seguro, a todos nos viene a la mente un país tranquilo, un país donde no nos tengamos que preocupar por ningún problema y no solamente, como repito, es la reducción de los homicidios, sino aquella tranquilidad que cualquier salvadoreño pueda dejar sus pertenencias en cualquier lugar y nadie debería de hurtársela o robársela», dijo Merino.
La Dirección de Obras Municipales (DOM) informó que llevan un 90 % de avance en la construcción del puente sobre el río El Jute, en el distrito de Zaragoza, municipio de La Libertad Este.
«Con la colocación de 67 metros cúbicos de concreto hidráulico en la losa de un puente sobre el río El Jute, en el distrito de Zaragoza, La Libertad Este, la DOM registra un 90% de avance de obra», señaló la institución.
El puente en construcción beneficiará a más de 2,000 habitantes de la zona, indicó la DOM.
Esta obra será de 26.80 metros lineales de longitud, 8.10 de ancho y 7 metros de altura; además contará con acera peatonal y se unirá a otros proyectos que ha hecho la DOM que consisten en el mejoramiento de más de 2.5 kilómetros de calles rurales.
También unirá la hacienda Corinto del distrito Zaragoza con la carretera al Puerto de La Libertad.
La DOM detalló que como parte del proceso de construcción se han colocado 30 centímetros de espesor de concreto y para ello han trabajado 35 miembros de las cuadrillas de la institución.
Además de la edificación del puente, las obras en la zona incluyen el mejoramiento vial de 120 metros con capa de suelo cemento de 20 centímetros, un espesor de concreto hidráulico de 15 centímetros y se ha dividido en 60 metros a cada costado.
