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Las extorsiones en el transporte colectivo de El Salvador mantienen una drástica reducción
En la terminal de buses de oriente, ubicada en el bulevar del Ejército, en Soyapango, los usuarios del transporte colectivo se desplazan con tranquilidad entre las unidades gracias a las múltiples acciones de seguridad que ejecuta el Gobierno del presidente Nayib Bukele.
En las instalaciones se registra un fuerte despliegue de elementos de la Fuerza Armada (FAES) debido al cerco de seguridad instalado en Soyapango, con el cual se busca identificar a delincuentes para capturarlos. De igual forma, gracias al régimen de excepción han sido arrestados cabecillas y pandilleros en la zona, lo que genera un ambiente de mayor tranquilidad.
Esta medida, sumada al Plan Control Territorial (PCT), ha provocado una «drástica reducción» en el problema de las extorsiones en el sector del transporte colectivo. De acuerdo con Luis Regalado, representante de la Mesa Nacional de Transporte, las medidas de seguridad les han permitido ingresar a zonas donde antes no podían por el dominio de las pandillas. «El tema de las extorsiones [en el sector colectivo] se ha ido manejando de una manera efectiva. Tal es el caso que podríamos decir que se ha reducido de una forma drástica. Ese ha sido un beneficio para la población y para los empresarios, que transportamos pasajeros y entramos a lugares complicados. Ese estrés que vivía el chofer se redujo», explicó Regalado.
Asimismo, explicó que han identificado más confianza en la población al abordar las unidades de transporte. «Con la confianza empezamos a dinamizar el tema económico del país. Estamos dando gracias a Dios y a la administración, que tomó esa decisión de hacer frente a la situación [de la delincuencia]», enfatizó.
Sobre el régimen de excepción destacó que respaldan la medida, ya que «está garantizando la seguridad en el país» y mejorando la economía. En ese sentido, el sector del transporte también está percibiendo un ahorro de $16 millones anuales, ya que esa era la cantidad aproximada que entregaban a las pandillas por la extorsión. Sin embargo, a pesar del pago, los grupos terroristas siempre asesinaban a los motoristas de buses.
Actualmente, este problema también ha disminuido casi en su totalidad, ya que en 2022 hubo un motorista fallecido, pero aproximadamente hace ochos años se contabilizan por decenas. «[Este año] no tenemos ningún compañero que se ha visto involucrado en esto. Por eso podemos decir que se ha visto el cambio, y nosotros como parte operadora del servicio estamos más confiados», indicó.
En 2015 se reportaron casi 100 motoristas asesinados. Hasta octubre de ese año, los registros de la Policía Nacional Civil (PNC) daban cuenta de 86 víctimas, contabilizando hasta cuádruples homicidios. Para Regalado, ese año fue «desesperante», ya que no había una respuesta de combate frontal por parte de las autoridades de ese momento. Además, recordó que solo en una ruta urbana se contabilizaron nueve motoristas asesinados en ese año. «Si lo traducimos a escala nacional, sí era un impacto grandísimo», aseveró.
En relación con el cerco de seguridad en Soyapango, detalló que los usuarios y los habitantes están agradecidos. «A raíz del cerco y [del régimen] se puede valorar que estamos entrando en otra etapa de vida, y el estrés de la población ha disminuido», señaló.
Anunció que ellos se suman a las medidas de seguridad del Gobierno con la implementación de mecanismos de seguridad interna en las unidades, como cámaras en los buses y la inclusión de GPS en las unidades para fortalecer la seguridad vial. «Aprovechando que tenemos el despliegue de policías y soldados, queremos favorecer más a la población en ese aspecto. Hemos hablado con el VMT para entrar en detalles», explicó.
Estas medidas son agradecidas por la población, que es la principal beneficiada. Mario Gallegos trabaja en la terminal de oriente y recordó que hace unos años fue víctima de dos asaltos cuando se dirigía de su casa, ubicada en Soyapango, a la terminal. Sin embargo, con el régimen de excepción esta situación ha cambiado, y aseguró que la presencia de elementos de seguridad pública genera un ambiente de confianza. «Esperamos que siga el régimen de excepción porque esto ha permitido mayor seguridad en la gente. Le decimos al presidente que el pueblo está de acuerdo con estas medidas», apuntó.
Un niño de un año de edad falleció este día en la hacienda Atalaya, en el distrito de Acajutla, Sonsonate, luego de caer de manera accidental en una canaleta de agua, según reportes preliminares.
De acuerdo con la información inicial, el menor habría sufrido el percance dentro del sector, por causas que aún se encuentran bajo investigación. Autoridades competentes se desplazaron a la zona para realizar las diligencias correspondientes y determinar con exactitud cómo ocurrieron los hechos.
Familiares, amigos y vecinos del menor expresaron su pesar por lo sucedido, un hecho que ha generado consternación entre los habitantes de la comunidad. Las autoridades reiteraron que será el proceso investigativo el que establezca las circunstancias del incidente.
Kevin Israel Corea Carabantes, de 27 años, acusado de hurto agravado, en perjuicio patrimonial de una víctima, seguirá en prisión provisional, así resolvió el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador.
El hecho ocurrió el 12 de enero de 2026, en una discoteca ubicada en el bulevar Del Hipódromo, colonia San Benito, en San Salvador. La investigación fiscal detalla que Corea hurtó de una habitación una mochila y un maletín de mano que contenían diversos objetos, entre ellos, perfumes, además de una cartera de mano con documentos personales de la víctima.
«La acusación sostiene que el imputado fue visto por una empleada cuando salía por la ventana del baño que colinda con el jardín. Asimismo, los empleados del establecimiento encontraron una caja fuerte dañada, cielos falsos, vidrios y cámaras de seguridad averiados, daños que ascienden a una responsabilidad civil de aproximadamente $4,000», informaron fuentes judiciales.
El imputado fue reconocido por la gerencia de la discoteca a través de la cámara de seguridad, señalando que trabajó en el lugar durante cuatro días. Además, en los documentos presentados para aspirar al puesto se encontraba su identificación.
En la audiencia inicial, la juzgadora consideró que existen indicios suficientes para establecer la existencia del delito y la probable participación del procesado. El caso fue remitido al Juzgado de Instrucción de San Salvador.
Juan Francisco Grande Hernández, de 41 años, fue condenado a 12 años de prisión por el delito de tráfico ilícito, así resolvió el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador.
Grande Hernández fue capturado el 29 de noviembre de 2024, en la calle antigua a Huizúcar, en la colonia Lomas de Versalles de San Salvador, cuando agentes policiales realizaban un patrullaje en busca de personas que delinquían con la venta de droga.
El imputado intentó huir, pero fue en vano. Los policías le encontraron en un bolso una porción grande y otras medianas de material vegetal, además de $3,044.75 en efectivo y una báscula digital color rojo. También en el asiento del vehículo en el que se trasladaba tenía más porciones de droga.
La prueba de campo determinó que el material vegetal era marihuana, en total se sumaron 1.52 kilogramos, valuados en $3,446.70. Asimismo, un análisis de espectrometría determinó que la báscula y el dinero presentaban rastros de metanfetamina, marihuana y cocaína.
Recientemente, por posesión y tenencia con fines de tráfico, en perjuicio de la salud pública, también fue condenado a seis años de prisión Emerson Joel Moz Cruz, de 24 años. La pena fue impuesta por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
A Moz Cruz, agentes policiales le incautaron 178.4 gramos de marihuana y 1.8 gramos de cocaína en diciembre de 2024. Fue interceptado cuando se conducía en una motocicleta sobre la Autopista Norte, frente al Registro de Armas, ubicado en el distrito de San Salvador.
