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Las extorsiones en el transporte colectivo de El Salvador mantienen una drástica reducción
En la terminal de buses de oriente, ubicada en el bulevar del Ejército, en Soyapango, los usuarios del transporte colectivo se desplazan con tranquilidad entre las unidades gracias a las múltiples acciones de seguridad que ejecuta el Gobierno del presidente Nayib Bukele.
En las instalaciones se registra un fuerte despliegue de elementos de la Fuerza Armada (FAES) debido al cerco de seguridad instalado en Soyapango, con el cual se busca identificar a delincuentes para capturarlos. De igual forma, gracias al régimen de excepción han sido arrestados cabecillas y pandilleros en la zona, lo que genera un ambiente de mayor tranquilidad.
Esta medida, sumada al Plan Control Territorial (PCT), ha provocado una «drástica reducción» en el problema de las extorsiones en el sector del transporte colectivo. De acuerdo con Luis Regalado, representante de la Mesa Nacional de Transporte, las medidas de seguridad les han permitido ingresar a zonas donde antes no podían por el dominio de las pandillas. «El tema de las extorsiones [en el sector colectivo] se ha ido manejando de una manera efectiva. Tal es el caso que podríamos decir que se ha reducido de una forma drástica. Ese ha sido un beneficio para la población y para los empresarios, que transportamos pasajeros y entramos a lugares complicados. Ese estrés que vivía el chofer se redujo», explicó Regalado.
Asimismo, explicó que han identificado más confianza en la población al abordar las unidades de transporte. «Con la confianza empezamos a dinamizar el tema económico del país. Estamos dando gracias a Dios y a la administración, que tomó esa decisión de hacer frente a la situación [de la delincuencia]», enfatizó.
Sobre el régimen de excepción destacó que respaldan la medida, ya que «está garantizando la seguridad en el país» y mejorando la economía. En ese sentido, el sector del transporte también está percibiendo un ahorro de $16 millones anuales, ya que esa era la cantidad aproximada que entregaban a las pandillas por la extorsión. Sin embargo, a pesar del pago, los grupos terroristas siempre asesinaban a los motoristas de buses.
Actualmente, este problema también ha disminuido casi en su totalidad, ya que en 2022 hubo un motorista fallecido, pero aproximadamente hace ochos años se contabilizan por decenas. «[Este año] no tenemos ningún compañero que se ha visto involucrado en esto. Por eso podemos decir que se ha visto el cambio, y nosotros como parte operadora del servicio estamos más confiados», indicó.
En 2015 se reportaron casi 100 motoristas asesinados. Hasta octubre de ese año, los registros de la Policía Nacional Civil (PNC) daban cuenta de 86 víctimas, contabilizando hasta cuádruples homicidios. Para Regalado, ese año fue «desesperante», ya que no había una respuesta de combate frontal por parte de las autoridades de ese momento. Además, recordó que solo en una ruta urbana se contabilizaron nueve motoristas asesinados en ese año. «Si lo traducimos a escala nacional, sí era un impacto grandísimo», aseveró.
En relación con el cerco de seguridad en Soyapango, detalló que los usuarios y los habitantes están agradecidos. «A raíz del cerco y [del régimen] se puede valorar que estamos entrando en otra etapa de vida, y el estrés de la población ha disminuido», señaló.
Anunció que ellos se suman a las medidas de seguridad del Gobierno con la implementación de mecanismos de seguridad interna en las unidades, como cámaras en los buses y la inclusión de GPS en las unidades para fortalecer la seguridad vial. «Aprovechando que tenemos el despliegue de policías y soldados, queremos favorecer más a la población en ese aspecto. Hemos hablado con el VMT para entrar en detalles», explicó.
Estas medidas son agradecidas por la población, que es la principal beneficiada. Mario Gallegos trabaja en la terminal de oriente y recordó que hace unos años fue víctima de dos asaltos cuando se dirigía de su casa, ubicada en Soyapango, a la terminal. Sin embargo, con el régimen de excepción esta situación ha cambiado, y aseguró que la presencia de elementos de seguridad pública genera un ambiente de confianza. «Esperamos que siga el régimen de excepción porque esto ha permitido mayor seguridad en la gente. Le decimos al presidente que el pueblo está de acuerdo con estas medidas», apuntó.
El español Daniel Arnavat Carbajallido y la salvadoreñas Patricia Elizabeth Cruz Andrade, fueron condenados a tres años y seis meses de prisión por el delito de administración fraudulenta.
Los dos fueron condenados en calidad de ausentes ya que luego de desfalcar a la empresa Livisto S.A de C.V., huyeron para evadir la justicia.
En el fallo emitido por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, se les declaró rebeldes y se les girará nueva orden de captura para que al ser localizados sean enviados a un centro penal a cumplir la condena.
Según la acusación que la Fiscalía General de la República presentó, la administración fraudulenta la cometieron entre el 2016 y 2018, cuando se aprovecharon de sus funciones gerenciales y de dirección en la empresa Livisto S.A de C.V., una sociedad ubicada en Zaragoza, La Libertad.
Las indagaciones realizadas por el ministerio público evidenciaron que los imputados incurrieron en anomalías contables para desfalcar a la empresa por un monto de $3 millones. La entidad afectada se dedica a fabricar y vender productos veterinarios.
Para ejecutar el desfalco constituyeron tres empresas las cuales las convirtieron en proveedores exclusivos de la sociedad afectada y le vendieron con sobreprecio, para así obtener un provecho personal, según la investigación que realizó el ministerio público y que fue judicializada en los tribunales del departamento de La Libertad.
En el caso de Claudia Rebeca Suárez Girón, el tribunal dictó un sobreseimiento, es decir que la pena se extingue por su fallecimiento, la mujer era la única que fue detenida por la Policía Nacional Civil (PNC), en septiembre de 2020.
El trabajo de la Fuerza Armada ha sido clave para la reducción de hechos delictivos. Foto Ministerio de Defensa.
El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, aseguró que el apoyo de la Fuerza Armada en acciones de seguridad pública permite que la Policía se dedique a la investigación y desarticulación de bandas organizadas que pretenden surgir para dedicarse al hurto y robo.
«Las operaciones que se realizan con la Policía Nacional Civil van mucho más allá de perseguir pandilleros, de evitar que se cometan homicidios. También abarcan el área del respeto a la propiedad privada y evitar que se vayan formando bandas delincuenciales que afecten la paz y tranquilidad del pueblo salvadoreño», indicó el funcionario.
Agregó «la Fuerza Armada tiene una de las misiones, que es nuestro despliegue en todo el territorio nacional, de tal manera que con ese despliegue nosotros logramos mantener el control del territorio junto con la Policía, obviamente, pero le permite también a la Policía Nacional Civil dedicarle tiempo, el tiempo que se requiere a la investigación de este tipo de delitos [robo y hurto] que de igual manera afectan a la población».
Merino Monroy señaló que los grandes resultados, obtenidos en este sentido, se deben a la integración de la Policía, Fuerza Armada y la Fiscalía, impulsada desde el Gobierno.
«Este tipo de operaciones es un reflejo de esa política de seguridad del señor presidente de la república, la cual ha logrado, entre otras cosas, integrar dos instituciones vitales para la paz y tranquilidad de los salvadoreños, como son la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada y, por supuesto, el área que le corresponde a la Fiscalía General de la República», expresó el ministro.
Merino Monroy afirmó que la institución castrense continuará apoyando la Policía para llevar paz y tranquilidad a la población. «Cuando nosotros decimos que El Salvador es el país más seguro, a todos nos viene a la mente un país tranquilo, un país donde no nos tengamos que preocupar por ningún problema y no solamente, como repito, es la reducción de los homicidios, sino aquella tranquilidad que cualquier salvadoreño pueda dejar sus pertenencias en cualquier lugar y nadie debería de hurtársela o robársela», dijo Merino.
La Dirección de Obras Municipales (DOM) informó que llevan un 90 % de avance en la construcción del puente sobre el río El Jute, en el distrito de Zaragoza, municipio de La Libertad Este.
«Con la colocación de 67 metros cúbicos de concreto hidráulico en la losa de un puente sobre el río El Jute, en el distrito de Zaragoza, La Libertad Este, la DOM registra un 90% de avance de obra», señaló la institución.
El puente en construcción beneficiará a más de 2,000 habitantes de la zona, indicó la DOM.
Esta obra será de 26.80 metros lineales de longitud, 8.10 de ancho y 7 metros de altura; además contará con acera peatonal y se unirá a otros proyectos que ha hecho la DOM que consisten en el mejoramiento de más de 2.5 kilómetros de calles rurales.
También unirá la hacienda Corinto del distrito Zaragoza con la carretera al Puerto de La Libertad.
La DOM detalló que como parte del proceso de construcción se han colocado 30 centímetros de espesor de concreto y para ello han trabajado 35 miembros de las cuadrillas de la institución.
Además de la edificación del puente, las obras en la zona incluyen el mejoramiento vial de 120 metros con capa de suelo cemento de 20 centímetros, un espesor de concreto hidráulico de 15 centímetros y se ha dividido en 60 metros a cada costado.
