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Las extorsiones en el transporte colectivo de El Salvador mantienen una drástica reducción
En la terminal de buses de oriente, ubicada en el bulevar del Ejército, en Soyapango, los usuarios del transporte colectivo se desplazan con tranquilidad entre las unidades gracias a las múltiples acciones de seguridad que ejecuta el Gobierno del presidente Nayib Bukele.
En las instalaciones se registra un fuerte despliegue de elementos de la Fuerza Armada (FAES) debido al cerco de seguridad instalado en Soyapango, con el cual se busca identificar a delincuentes para capturarlos. De igual forma, gracias al régimen de excepción han sido arrestados cabecillas y pandilleros en la zona, lo que genera un ambiente de mayor tranquilidad.
Esta medida, sumada al Plan Control Territorial (PCT), ha provocado una «drástica reducción» en el problema de las extorsiones en el sector del transporte colectivo. De acuerdo con Luis Regalado, representante de la Mesa Nacional de Transporte, las medidas de seguridad les han permitido ingresar a zonas donde antes no podían por el dominio de las pandillas. «El tema de las extorsiones [en el sector colectivo] se ha ido manejando de una manera efectiva. Tal es el caso que podríamos decir que se ha reducido de una forma drástica. Ese ha sido un beneficio para la población y para los empresarios, que transportamos pasajeros y entramos a lugares complicados. Ese estrés que vivía el chofer se redujo», explicó Regalado.
Asimismo, explicó que han identificado más confianza en la población al abordar las unidades de transporte. «Con la confianza empezamos a dinamizar el tema económico del país. Estamos dando gracias a Dios y a la administración, que tomó esa decisión de hacer frente a la situación [de la delincuencia]», enfatizó.
Sobre el régimen de excepción destacó que respaldan la medida, ya que «está garantizando la seguridad en el país» y mejorando la economía. En ese sentido, el sector del transporte también está percibiendo un ahorro de $16 millones anuales, ya que esa era la cantidad aproximada que entregaban a las pandillas por la extorsión. Sin embargo, a pesar del pago, los grupos terroristas siempre asesinaban a los motoristas de buses.
Actualmente, este problema también ha disminuido casi en su totalidad, ya que en 2022 hubo un motorista fallecido, pero aproximadamente hace ochos años se contabilizan por decenas. «[Este año] no tenemos ningún compañero que se ha visto involucrado en esto. Por eso podemos decir que se ha visto el cambio, y nosotros como parte operadora del servicio estamos más confiados», indicó.
En 2015 se reportaron casi 100 motoristas asesinados. Hasta octubre de ese año, los registros de la Policía Nacional Civil (PNC) daban cuenta de 86 víctimas, contabilizando hasta cuádruples homicidios. Para Regalado, ese año fue «desesperante», ya que no había una respuesta de combate frontal por parte de las autoridades de ese momento. Además, recordó que solo en una ruta urbana se contabilizaron nueve motoristas asesinados en ese año. «Si lo traducimos a escala nacional, sí era un impacto grandísimo», aseveró.
En relación con el cerco de seguridad en Soyapango, detalló que los usuarios y los habitantes están agradecidos. «A raíz del cerco y [del régimen] se puede valorar que estamos entrando en otra etapa de vida, y el estrés de la población ha disminuido», señaló.
Anunció que ellos se suman a las medidas de seguridad del Gobierno con la implementación de mecanismos de seguridad interna en las unidades, como cámaras en los buses y la inclusión de GPS en las unidades para fortalecer la seguridad vial. «Aprovechando que tenemos el despliegue de policías y soldados, queremos favorecer más a la población en ese aspecto. Hemos hablado con el VMT para entrar en detalles», explicó.
Estas medidas son agradecidas por la población, que es la principal beneficiada. Mario Gallegos trabaja en la terminal de oriente y recordó que hace unos años fue víctima de dos asaltos cuando se dirigía de su casa, ubicada en Soyapango, a la terminal. Sin embargo, con el régimen de excepción esta situación ha cambiado, y aseguró que la presencia de elementos de seguridad pública genera un ambiente de confianza. «Esperamos que siga el régimen de excepción porque esto ha permitido mayor seguridad en la gente. Le decimos al presidente que el pueblo está de acuerdo con estas medidas», apuntó.
Ángel Antonio Rodríguez fue condenado a 50 años de cárcel por asesinar con un corvo a su expareja, una mujer de la tercera edad, en su vivienda ubicada en el Barrio Lordes de San Salvador.
El crimen fue perpetrado el 31 de enero de 2025, después de que la víctima había expresado a Rodríguez su deseo de terminar la relación sentimental. De acuerdo a la Fiscalía, el sujeto planeó el asesinato de su expareja y la siguió durante su rutina matutina hasta llegar a la casa de habitación de la afectada, donde la asesinó.
Con toda la prueba recabada, el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador aplicó la pena máxima por el delito de feminicidio agravado.
El día de los hechos, alrededor de las 8 de la mañana, cámaras de videovigilancia captaron al imputado, con una mochila mientras perseguía a la víctima desde las inmediaciones del mercado ex Cuartel hasta la vivienda de ella. El informe judicial detalla que las imágenes muestran cómo Rodríguez ingresa a la casa y, casi media hora después, sale vistiendo ropa diferente. Al mediodía fue encontrado el cuerpo de la víctima, con múltiples heridas provocadas con arma blanca.
El sujeto fue arrestado el mismo día de los hechos. En su vivienda fue encontrada la ropa, el calzado y el arma que utilizó en el feminicidio. También el celular de la víctima, la mochila que portaba. En estos objetos la Policía detectó rastros de sangre cuyo ADN coincidía con el de la víctima.
En su resolución, la jueza del caso identificó «la misoginia en el nivel de barbarie con que el ahora condenado le quitó la vida a la víctima en su vivienda, a la que ingresó aprovechando la relación de confianza que mantenían, así como la premeditación evidenciada al llevarse el teléfono de ella», informó Centros Judiciales.
El Cuerpo de Bomberos informó esta mañana que sofocó un incendio en el histórico exhotel Alameda, ubicado en la Alameda Franklin Delano Roosvelt y la 43 Avenida Sur, en San Salvador.
Este inmueble, que abrió sus puertas en 1970 y hospedó a muchas celebridades, estaba en condición de abandono desde que cerró sus operaciones en diciembre de 2017.
«Realizamos maniobras de contención para cortar el avance del fuego y evitar propagación», informó Bomberos
El Cuerpo de Bomberos fue alertado durante la madrugada que las llamas estaban consumiendo esta infraestructura que es propiedad del Estado.
El exhotel Alameda fue adquirido por la administración del expresidente Salvador Sánchez Cerén a un costo de 2.8 millones y estaba prevista su adecuación para el funcionamiento de la Dirección de Migración y Extranjería.
Sin embargo el plan se detuvo debido a que el edificio presentaba daños estructurales, derivado de eventos como los terremotos que ha sufrido El Salvador en 1986 y 2001.
En las últimas semanas, el país ha estado viviendo una escalada de incendios. De acuerdo al director de Bomberos, Baltazar Solano, entre el 1 de enero y el 25 de febrero se han registrado 1,772 incendios. Esto hace un promedio de 31 incendios diarios.
«Registramos una situación climática atípica con incremento de vientos nortes desde la semana pasada. Nos mantenemos en alerta permanente, reforzando acciones operativas y preventivas para reducir riesgos de incendios y emergencias asociadas», expresó el director de Bomberos, Baltazar Solano.
Agregó que «el incremento de incendios registrado este mes, no se debe directamente al viento. Por sí solo, el viento no genera fuego en nuestra región; en el cien por ciento de los casos existe intervención humana, ya sea accidental o intencional».
El reto de ampliar la cobertura en educación inicial sin descuidar la calidad fue uno de los principales temas abordados durante la entrevista Diálogo 21, donde participaron Isy Faingold, economista senior de educación del Banco Mundial, y Alexandra Posada, jefa de primera infancia del despacho de la primera dama.
Faingold señaló que, en términos generales, América Latina enfrenta un importante desafío en materia de primera infancia. «En América Central solo el 60 % de los niños accede a la educación parvularia», explicó, subrayando que la expansión de la cobertura debe ir acompañada de estándares de calidad sólidos.
Faingold indicó que el nuevo currículo desarrollado cumple con estándares internacionales y cuenta con el acompañamiento del Banco Mundial, en coordinación con el Gobierno y otras organizaciones.
Destacó uno de los retos más complejos que enfrentan los países de la región: no solo incrementar el acceso, sino garantizar que los niños reciban una educación con altos estándares pedagógicos. En el caso específico de El Salvador, destacó que el país trabaja en la ampliación de la cobertura, pero bajo un enfoque ejemplar que prioriza la calidad.
Mientras que Posada detalló que el fortalecimiento del sistema también contempla formación para directores, capacitación docente, dotación de materiales educativos e inversión en infraestructura escolar, elementos que calificó como fundamentales para garantizar resultados sostenibles.
La experta dijo que el país impulsa una nueva forma de enseñar y aprender en el nivel inicial, como parte de la transformación educativa que comenzó en 2019 con la implementación de nuevas políticas públicas en el sector.
La funcionaria subrayó que la atención integral en primera infancia constituye una base clave para el desarrollo del país y forma parte de una estrategia nacional orientada a transformar el sistema educativo desde sus cimientos.
