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Las extorsiones en el transporte colectivo de El Salvador mantienen una drástica reducción
En la terminal de buses de oriente, ubicada en el bulevar del Ejército, en Soyapango, los usuarios del transporte colectivo se desplazan con tranquilidad entre las unidades gracias a las múltiples acciones de seguridad que ejecuta el Gobierno del presidente Nayib Bukele.
En las instalaciones se registra un fuerte despliegue de elementos de la Fuerza Armada (FAES) debido al cerco de seguridad instalado en Soyapango, con el cual se busca identificar a delincuentes para capturarlos. De igual forma, gracias al régimen de excepción han sido arrestados cabecillas y pandilleros en la zona, lo que genera un ambiente de mayor tranquilidad.
Esta medida, sumada al Plan Control Territorial (PCT), ha provocado una «drástica reducción» en el problema de las extorsiones en el sector del transporte colectivo. De acuerdo con Luis Regalado, representante de la Mesa Nacional de Transporte, las medidas de seguridad les han permitido ingresar a zonas donde antes no podían por el dominio de las pandillas. «El tema de las extorsiones [en el sector colectivo] se ha ido manejando de una manera efectiva. Tal es el caso que podríamos decir que se ha reducido de una forma drástica. Ese ha sido un beneficio para la población y para los empresarios, que transportamos pasajeros y entramos a lugares complicados. Ese estrés que vivía el chofer se redujo», explicó Regalado.
Asimismo, explicó que han identificado más confianza en la población al abordar las unidades de transporte. «Con la confianza empezamos a dinamizar el tema económico del país. Estamos dando gracias a Dios y a la administración, que tomó esa decisión de hacer frente a la situación [de la delincuencia]», enfatizó.
Sobre el régimen de excepción destacó que respaldan la medida, ya que «está garantizando la seguridad en el país» y mejorando la economía. En ese sentido, el sector del transporte también está percibiendo un ahorro de $16 millones anuales, ya que esa era la cantidad aproximada que entregaban a las pandillas por la extorsión. Sin embargo, a pesar del pago, los grupos terroristas siempre asesinaban a los motoristas de buses.
Actualmente, este problema también ha disminuido casi en su totalidad, ya que en 2022 hubo un motorista fallecido, pero aproximadamente hace ochos años se contabilizan por decenas. «[Este año] no tenemos ningún compañero que se ha visto involucrado en esto. Por eso podemos decir que se ha visto el cambio, y nosotros como parte operadora del servicio estamos más confiados», indicó.
En 2015 se reportaron casi 100 motoristas asesinados. Hasta octubre de ese año, los registros de la Policía Nacional Civil (PNC) daban cuenta de 86 víctimas, contabilizando hasta cuádruples homicidios. Para Regalado, ese año fue «desesperante», ya que no había una respuesta de combate frontal por parte de las autoridades de ese momento. Además, recordó que solo en una ruta urbana se contabilizaron nueve motoristas asesinados en ese año. «Si lo traducimos a escala nacional, sí era un impacto grandísimo», aseveró.
En relación con el cerco de seguridad en Soyapango, detalló que los usuarios y los habitantes están agradecidos. «A raíz del cerco y [del régimen] se puede valorar que estamos entrando en otra etapa de vida, y el estrés de la población ha disminuido», señaló.
Anunció que ellos se suman a las medidas de seguridad del Gobierno con la implementación de mecanismos de seguridad interna en las unidades, como cámaras en los buses y la inclusión de GPS en las unidades para fortalecer la seguridad vial. «Aprovechando que tenemos el despliegue de policías y soldados, queremos favorecer más a la población en ese aspecto. Hemos hablado con el VMT para entrar en detalles», explicó.
Estas medidas son agradecidas por la población, que es la principal beneficiada. Mario Gallegos trabaja en la terminal de oriente y recordó que hace unos años fue víctima de dos asaltos cuando se dirigía de su casa, ubicada en Soyapango, a la terminal. Sin embargo, con el régimen de excepción esta situación ha cambiado, y aseguró que la presencia de elementos de seguridad pública genera un ambiente de confianza. «Esperamos que siga el régimen de excepción porque esto ha permitido mayor seguridad en la gente. Le decimos al presidente que el pueblo está de acuerdo con estas medidas», apuntó.
La prolonganción de esta herramienta legal fue avalada con los votos de 57 diputados de los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC, que consideraron válidos los argumentos planteados por el Órgano Ejecutivo al solicitar la extensión por 30 días, entre esos que «existen intentos de reorganización de grupos criminales».
En el decreto se expone que las autoridades recientemente capturaron a sujetos que tenían la aspiración de formar y operar pandillas cerca de los centros escolares, o sus entornos, a través de acciones como la «intimidación, reclutamiento y promoción de actividades ilícitas».
Agrega que el contexto regional demanda de atención especial, debido a que se «ha elevado y acelerado la actuación criminal en distintos países de la región, particularmente en la República de Guatemala».
Se subraya que «estos acontecimientos evidencian un incremento progresivo de la actividad de las pandillas en la región, y ponen en riesgo la paz, el orden y la seguridad en El Salvador».
Durante la discusión de la iniciativa, en la sesión plenaria 95, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, destacó el respaldo de los diputados que han acompañado el proyecto de seguridad del presidente Bukele, desde el 27 de marzo de 2022, cuando se aprobó por primera vez el régimen de excepción con «votos que están cambiando la vida de los salvadoreños».
Castro añadió que el clima de seguridad permite que ahora los niños puedan jugar frente a sus casas, las comunidades recuperar sus canchas, entre otras actividades que se han retomado y han mejorado la convivencia.
Caleb Navarro, diputado de Nuevas Ideas, puntualizó que en 2025 se registraron 82 homicidios a escala nacional, y todos fueron resueltos, alcanzando una tasa de efectividad del 100 %.
Agregó que antes nadie se preocupaba los homicidios y quedaban en la impunidad «ahora hablamos con números y los números no mienten», detalló.
Con 54 votos el congreso autorizó ayer al Ministerio de Hacienda para que suscriba un contrato de préstamo, por $16.7 millones, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
El decreto aprobado permitirá al país recibir el denominado «segundo financiamiento adicional del Programa Crecer y Aprender Juntos, desarrollo de la primera infancia de El Salvador».
Dicho programa plantea el propósito de continuar mejorando las prácticas de enseñanza, educación y cuidado en la primera infancia a escala nacional, así como los ambientes físicos de aprendizaje de centros seleccionados de educación y primera infancia.
En el decreto aprobado se establece que el contrato que suscriba Hacienda, o quien designe, deberá someterse al aval posterior de la Asamblea Legislativa.
La iniciativa del Ejecutivo, a través de Hacienda, fue ingresada ayer a la plenaria a través de modificación de agenda, en la que se solicitó su aprobación con dispensa de trámite.
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Ocho sujetos fueron condenados hasta con 95 años de cárcel por diversos delitos en San Salvador
Penas de prisión de hasta 95 años de cárcel logró la Fiscalía para ocho personas -cuatro de ellas en calidad de reos ausentes-, a quienes se les procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, lavado de dinero y activos, asimismo, estafa y hurto de identidad, en perjuicio de varias víctimas.
De acuerdo a la información fiscal, esta investigación inició en 2023 a raíz de avisos por parte familiares de personas detenidas, donde manifestaron haber sido víctimas de estafas y otros delitos.
Según las investigaciones, los imputados crearon una página en una red social y se hicieron pasar como abogados. Bajo este mecanismo de engaño ofrecían sus servicios legales para poder sacar de la cárcel a personas detenidas, a cambio de que los familiares de los presos les pagaran grandes cantidades de dinero.
Con esta modalidad los sujetos estafaron al menos a cuatro personas, quienes finalmente decidieron denunciarlos ante las autoridades.
En este caso, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña (presente) fue condenada a la pena de 33 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos.
Por esos mismos delitos se condenó a 35 años a Jennifer Gabriela Sandoval y a 26 años de prisión a Karla Cristina Aguirre Quintanilla y Blanca Mirian Menjívar Pineda (todas presentes).
En ausencia fue condenado Marco Sebastián Pintor Rodríguez, alias “tatuado”, quien fue perfilado como cabecilla de la estructura y miembro de la pandilla Barrio 18. A él se le procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos, además de hurto de identidad.
Jennifer Guadalupe Menjívar Pineda (también ausente) recibió una condena de 50 años de prisión; Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez (ausente) deberá cumplir una pena de cárcel de 25 años y Frania Elizabeth Pintor fue condenada a 5 años de prisión solo por lavado de dinero y activos.
Asimismo, se les condenó al pago de $30,500 dólares y de no pagar esta cantidad, se aumentará un tercio de la pena impuesta a cada imputado, según lo estipula la respectiva ley.
Las condenas de prisión fueron impuestas por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador al valorar toda la prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR en juicio.
