El presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, afirmó que en el marco de las 11 medidas económicas, la institución ha realizado 31,000 verificaciones de establecimientos de alimentos a escala nacional y 500,000 registros de productos en diferentes establecimientos. 

«En nuestro país hay una institución del Estado que se encarga de evitar que existan abusos como la especulación, el acaparamiento, incrementos injustificados de precios en alimentos e insumos agrícolas», indicó Salazar, en una entrevista televisiva. 

De acuerdo con el funcionario, tener un mapeo estratégico de precios de 500,000 productos correspondientes a importadores, fabricantes y puntos de venta finales, entre otros, permite a la institución identificar cuándo y dónde se registran incrementos abruptos en los productos para, de esta forma, deducir responsabilidades y dirigir una investigación.

Por otra parte, en materia de hidrocarburos, el funcionario detalló que de forma articulada con el Ministerio de Economía (Minec) se han llevado a cabo más de 25,000 verificaciones en gasolineras y puntos de venta de Gas Licuado de Petróleo (GLP) a escala nacional.

Asimismo, recordó que como parte de las medidas económicas el país no solo fijó los precios máximos de combustibles, sino que ha logrado la estabilidad en los costos de la energía eléctrica y el transporte público ante la crisis internacional.

«Nos estamos enfrentando a una situación mundial bastante compleja, estamos hablando de una crisis de altos precios que ha sido generada por una serie de situaciones de un efecto directo que tuvo la pandemia y luego la crisis de contenedores y el conflicto de Rusia y Ucrania», detalló.

En este sentido, el presidente de la Defensoría afirmó que los alimentos se encarecen debido a la crisis energética ya que el 30 % del consumo mundial de energía se destina a la producción y un amplio porcentaje de este se utiliza para la fabricación de fertilizantes y agroquímicos.