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La Defensoría del Consumidor inspeccionó 31,000 puntos de venta de alimentos en El Salvador
El presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, afirmó que en el marco de las 11 medidas económicas, la institución ha realizado 31,000 verificaciones de establecimientos de alimentos a escala nacional y 500,000 registros de productos en diferentes establecimientos.
«En nuestro país hay una institución del Estado que se encarga de evitar que existan abusos como la especulación, el acaparamiento, incrementos injustificados de precios en alimentos e insumos agrícolas», indicó Salazar, en una entrevista televisiva.
De acuerdo con el funcionario, tener un mapeo estratégico de precios de 500,000 productos correspondientes a importadores, fabricantes y puntos de venta finales, entre otros, permite a la institución identificar cuándo y dónde se registran incrementos abruptos en los productos para, de esta forma, deducir responsabilidades y dirigir una investigación.
Por otra parte, en materia de hidrocarburos, el funcionario detalló que de forma articulada con el Ministerio de Economía (Minec) se han llevado a cabo más de 25,000 verificaciones en gasolineras y puntos de venta de Gas Licuado de Petróleo (GLP) a escala nacional.
Asimismo, recordó que como parte de las medidas económicas el país no solo fijó los precios máximos de combustibles, sino que ha logrado la estabilidad en los costos de la energía eléctrica y el transporte público ante la crisis internacional.
«Nos estamos enfrentando a una situación mundial bastante compleja, estamos hablando de una crisis de altos precios que ha sido generada por una serie de situaciones de un efecto directo que tuvo la pandemia y luego la crisis de contenedores y el conflicto de Rusia y Ucrania», detalló.
En este sentido, el presidente de la Defensoría afirmó que los alimentos se encarecen debido a la crisis energética ya que el 30 % del consumo mundial de energía se destina a la producción y un amplio porcentaje de este se utiliza para la fabricación de fertilizantes y agroquímicos.
La embajada de Japón en El Salvador anunció en sus redes sociales que está trabajando en un proyecto de vivienda de alquiler llamada “Danchi”, proyecto de vivienda social que fue popular en el país asiático en la década de los años 60 y 70.
Este anuncio lo realizó la embajada durante la visita que recibió de la ministra de Vivienda, Michelle Sol.
«Visita de cortesía a la ministra Michelle Sol por parte del embajador SANO (Taketoshi). Conversaron sobre el modelo japonés de vivienda de alquiler «Danchi». ¡Ya inició el proyecto para crear la versión salvadoreña de vivienda pública!”, detalló la embajada japonesa.
A pesar de este anuncio se desconocen más detalles del mismo, ya que ni la embajada de Japón ni el Ministerio de Hacienda han publicado sobre ese encuentro en su redes sociales ni páginas web, aparte de lo que anunció la embajada japonesa.
El Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de San Salvador ordenó que Rolban Steven Rodríguez, enfrente juicio por los delitos estafa, uso y tenencia de documentos falsos, uso falso de documento de identidad, así como agrupaciones ilícitas.
En la acusación ratificada por la Fiscalía General de la República durante la audiencia preliminar, se detalló que el imputado fue parte de una estructura que entre el 2020 y 2022 alquiló vehículos y posteriormente los vendió con documentos falsos.
La banda utilizaba documentos de identidad de víctimas a quienes se los hurtaban para que los miembros de ese grupo delictivo se hicieran pasar como ellas.
Con los documentos sustraídos procedían a verificar quienes de los integrantes de la banda se parecían a las víctimas para trasladarse a empresas dedicadas a la renta de vehículos.
Cuando ya tenían los automotores en alquiler los llevaban a estacionamientos y los ponían a la venta, cuando aparecían las personas interesadas en adquirirlos, realizaban compraventas falsas con los documentos que habían hurtado.
Los demás miembros de la banda ya el mismo tribunal los había enviado a juicio, entre ellos hay exmiembros de la Policía Nacional Civil.
Un hombre de 65 años, identificado como José del Carmen R. A., fue enviado al penal de Mariona, acusado de intentar asesinar a Elmer Francisco A. F., en la urbanización Montes de San Bartolo V, de Soyapango.
El hecho ocurrió el 18 de enero de 2026, aproximadamente a las 11:23 de la noche, cuando ambos ingerían bebidas alcohólicas. Según la acusación luego de comenzar a discutir en el interior de una vivienda, el imputado sacó un arma blanca con la cual lesionó a la víctima.
Testigos informaron a las autoridades que auxiliaron a la víctima para que fuera trasladado al Hospital Nacional Dr. José Molina Martínez y una vecina llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para que investigara lo ocurrido y ubicara al agresor.
Al imputado lo capturado el siguiente día en horas de la mañana cuando estaba laborando como agente de seguridad privada en el distrito de Panchimalco.
En la resolución de la audiencia inicial, la jueza envió la causa penal al Juzgado Segundo de Instrucción de Soyapango y ordenó que el acusado siga en prisión mientras dure el proceso penal.
Según la decisión judicial, la víctima estuvo en riesgo inminente de perder la vida a raíz de las lesiones que el imputado le ocasionó.
