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Julio cierra como el mes más seguro de la historia salvadoreña
La guerra contra las pandillas que lleva a cabo la gestión gubernamental del presidente Nayib Bukele está resultando favorablemente para la población salvadoreña, de acuerdo con los registros oficiales sobre violencia en el país.
Datos de la Policía Nacional Civil (PNC) indican que julio, recién finalizado, se convirtió en el más seguro de la historia de El Salvador, al registrarse un total de 13 personas asesinadas por los grupos terroristas, cifra muy por debajo de las consignadas durante las administraciones de ARENA y del FMLN, que ahora critican las estrategias de seguridad.
La cifra mensual demuestra que el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, medida constitucional avalada por la Asamblea Legislativa, han logrado poner un freno al flagelo delictivo que las pandillas causaban en diferentes zonas.
«Si anualizamos julio, la tasa sería de 2.19 homicidios anuales por cada 100,000 habitantes», mencionó el presidente Nayib Bukele en Twitter al publicar una gráfica de la PNC.
Julio 2022 se convierte en el mes más seguro en la historia de El Salvador 🇸🇻
— Nayib Bukele (@nayibbukele) August 1, 2022
0 homicidios.
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Este dato posicionaría a El Salvador como la nación más segura de Latinoamérica si se toma como referencia el registro de 2021, que dejó a Chile con 3.6 asesinatos por cada 100,000 habitantes el año pasado.
«Comparando con 2021, seríamos, por mucho, el país más seguro de toda América Latina», explicó el mandatario salvadoreño, quien destacó también que por primera vez en 60 años la población salvadoreña vivirá las vacaciones agostinas más seguras en la historia.
«Gracias a la guerra contra pandillas, ahora podemos ir a cualquier rincón de nuestro país a cualquier hora del día sin ser víctimas de la delincuencia», indicó.
Para garantizar la seguridad de los vacacionistas, el Gobierno ha desplegado agentes de la PNC, elementos de la Fuerza Armada y guardavidas, estos últimos principalmente en diferentes playas y centros turísticos.
Desde la Asamblea Legislativa, las voces que comparten con beneplácito la noticia del presidente Nayib Bukele también se han sumado.
El presidente de ese órgano, Ernesto Castro, puntualizó que El Salvador está en la ruta correcta para enfrentar a las pandillas.
«Vamos por el camino correcto. Seguimos trabajando con la fe puesta en Dios y con el liderazgo del presidente Nayib Bukele», publicó Castro.
Similar valoración hizo la diputada Alexia Rivas, quien añadió que frenar el accionar de las pandillas permite que más sectores productivos se reactiven y dinamicen la economía.
«Los resultados del régimen de excepción están contribuyendo a que los empresarios no sigan pagando extorsiones.
Las gremiales han reafirmado que las políticas de seguridad están permitiendo que las finanzas del Estado mejoren», dijo la legisladora.
Desde el pasado 27 de marzo, la Asamblea Legislativa se apega a los artículos 29, 30 y 31 de la Constitución para decretar el régimen de excepción.
La prolonganción de esta herramienta legal fue avalada con los votos de 57 diputados de los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC, que consideraron válidos los argumentos planteados por el Órgano Ejecutivo al solicitar la extensión por 30 días, entre esos que «existen intentos de reorganización de grupos criminales».
En el decreto se expone que las autoridades recientemente capturaron a sujetos que tenían la aspiración de formar y operar pandillas cerca de los centros escolares, o sus entornos, a través de acciones como la «intimidación, reclutamiento y promoción de actividades ilícitas».
Agrega que el contexto regional demanda de atención especial, debido a que se «ha elevado y acelerado la actuación criminal en distintos países de la región, particularmente en la República de Guatemala».
Se subraya que «estos acontecimientos evidencian un incremento progresivo de la actividad de las pandillas en la región, y ponen en riesgo la paz, el orden y la seguridad en El Salvador».
Durante la discusión de la iniciativa, en la sesión plenaria 95, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, destacó el respaldo de los diputados que han acompañado el proyecto de seguridad del presidente Bukele, desde el 27 de marzo de 2022, cuando se aprobó por primera vez el régimen de excepción con «votos que están cambiando la vida de los salvadoreños».
Castro añadió que el clima de seguridad permite que ahora los niños puedan jugar frente a sus casas, las comunidades recuperar sus canchas, entre otras actividades que se han retomado y han mejorado la convivencia.
Caleb Navarro, diputado de Nuevas Ideas, puntualizó que en 2025 se registraron 82 homicidios a escala nacional, y todos fueron resueltos, alcanzando una tasa de efectividad del 100 %.
Agregó que antes nadie se preocupaba los homicidios y quedaban en la impunidad «ahora hablamos con números y los números no mienten», detalló.
Con 54 votos el congreso autorizó ayer al Ministerio de Hacienda para que suscriba un contrato de préstamo, por $16.7 millones, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
El decreto aprobado permitirá al país recibir el denominado «segundo financiamiento adicional del Programa Crecer y Aprender Juntos, desarrollo de la primera infancia de El Salvador».
Dicho programa plantea el propósito de continuar mejorando las prácticas de enseñanza, educación y cuidado en la primera infancia a escala nacional, así como los ambientes físicos de aprendizaje de centros seleccionados de educación y primera infancia.
En el decreto aprobado se establece que el contrato que suscriba Hacienda, o quien designe, deberá someterse al aval posterior de la Asamblea Legislativa.
La iniciativa del Ejecutivo, a través de Hacienda, fue ingresada ayer a la plenaria a través de modificación de agenda, en la que se solicitó su aprobación con dispensa de trámite.
Principal
Ocho sujetos fueron condenados hasta con 95 años de cárcel por diversos delitos en San Salvador
Penas de prisión de hasta 95 años de cárcel logró la Fiscalía para ocho personas -cuatro de ellas en calidad de reos ausentes-, a quienes se les procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, lavado de dinero y activos, asimismo, estafa y hurto de identidad, en perjuicio de varias víctimas.
De acuerdo a la información fiscal, esta investigación inició en 2023 a raíz de avisos por parte familiares de personas detenidas, donde manifestaron haber sido víctimas de estafas y otros delitos.
Según las investigaciones, los imputados crearon una página en una red social y se hicieron pasar como abogados. Bajo este mecanismo de engaño ofrecían sus servicios legales para poder sacar de la cárcel a personas detenidas, a cambio de que los familiares de los presos les pagaran grandes cantidades de dinero.
Con esta modalidad los sujetos estafaron al menos a cuatro personas, quienes finalmente decidieron denunciarlos ante las autoridades.
En este caso, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña (presente) fue condenada a la pena de 33 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos.
Por esos mismos delitos se condenó a 35 años a Jennifer Gabriela Sandoval y a 26 años de prisión a Karla Cristina Aguirre Quintanilla y Blanca Mirian Menjívar Pineda (todas presentes).
En ausencia fue condenado Marco Sebastián Pintor Rodríguez, alias “tatuado”, quien fue perfilado como cabecilla de la estructura y miembro de la pandilla Barrio 18. A él se le procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos, además de hurto de identidad.
Jennifer Guadalupe Menjívar Pineda (también ausente) recibió una condena de 50 años de prisión; Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez (ausente) deberá cumplir una pena de cárcel de 25 años y Frania Elizabeth Pintor fue condenada a 5 años de prisión solo por lavado de dinero y activos.
Asimismo, se les condenó al pago de $30,500 dólares y de no pagar esta cantidad, se aumentará un tercio de la pena impuesta a cada imputado, según lo estipula la respectiva ley.
Las condenas de prisión fueron impuestas por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador al valorar toda la prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR en juicio.
