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Juez Toni Durán, que sobreseyó empresa afín a Simán, cuestiona legitima destitución de la Sala de lo Constitucional
El Juez Juan Antonio Durán Ramírez, primo hermano del Ex diputado del FMLN, Walter Durán, estuvo durante los últimos dos años ejerciendo como Magistrado Suplente en la Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador y previamente lo había hecho en la Cámara de lo Penal de San Vicente.
Hasta el día martes 18 de mayo del presente año, el Juez Durán Ramírez, conocido en la jerga judicial como “Tony Durán” se desempeñó como Magistrado suplente en la Cámara Tercera de lo Penal de la ciudad de San Salvador, periodo en el que no estuvo exento de polémicas por sus fallos y especialmente por sus mensajes confrontativos dirigidos especialmente contra el Presidente de la República, Nayib Bukele.
De acuerdo a una fuente judicial del Tribunal de Segunda Instancia, que habló con reserva de identidad por temor a las represalias dentro de esa sede judicial. Tony Durán, tiene nombramiento como juez propietario del Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, en donde compartió la función de impartir justicia con el Ex Magistrado de Sala de lo Constitucional, Carlos Ernesto Sánchez; de manera que habría sido éste quien pidió que lo trasladaran a cubrir la vacante en la Cámara Tercera, por considerarlo “sumamente leal y disciplinado en acatar órdenes”. A consideración de la fuente una de las razones por las cuales Tony Durán insiste en las redes sociales, donde escribe para sostener su independencia judicial y el apego a la legalidad en sus fallos, es porque su falta de carácter no le permite estar bien consigo mismo, ante tantas ilegalidades y atropellos que cometió mientras estuvo en el cargo. Tiene una “personalidad muy maleable y aunque tenga algunas convicciones, al final como sabe que tuvo que cumplir con las órdenes de quienes lo pusieron, eso siempre lo mortificó” añade la fuente.
Los Fallos polémicos de la Cámara Tercera de lo Penal
El 09 de octubre de 2020, se conocía el fallo por medio del cual ante un recurso de apelación presentado por la defensa del señor Manuel Ernesto Daura Mijango representante legal de la Sociedad INTRATEX EL SALVADOR, S.A. DE C.V., empresa ligada a la familia Simán, el Tribunal de Segunda Instancia, decretaba sobreseimiento definitivo a favor del acusado, pese a que la finalidad de la apelación había sido que se revocaran las medidas cautelares que le habían sido impuestas durante la audiencia inicial, consistentes en una fianza de $500 mil Dólares y uso de brazalete electrónico. La Cámara integrada por Tony Durán y Marta Lidia Peraza, fue a más y sin permitir que el caso se definiera en la etapa de instrucción, cerró el caso calificando el hecho de la acusación no como una evasión, sino un “error” al momento de consignar el pago de los impuestos. Además dejó desprovisto al Ministerio de Hacienda para hacer exigible una deuda superior a $5 millones de dólares.
Otro caso en el cual la Cámara Tercera de lo Penal, siempre integrada por Tony Durán y Marta Lidia Peraza, volvieron a dar la razón a la corrupción y afectaron los intereses del Estado, ocurrió en el “Caso EL CHAPARRAL” donde el mencionado Tribunal se negó a materializar un embargo solicitado por la Comisión Ejecutiva del Río Lempa (CEL) en calidad querellante, por la suma de $228 millones de Dólares en contra de la empresa Italiana ASTALDI. Este caso se encuentra desde el mes de febrero de este año pendiente de una petición de anulación de ese fallo ante la Sala de lo Constitucional, cuyos Magistrados ya destituidos pese a lo importante que es intentar recuperar los fondos defraudados al Estado, no reflejaron la misma celeridad que si tomaron para dictar fallos a favor de ciertos grupos empresariales o como la decisión que violentó los derechos políticos del analista Walter Araujo.
El juez para el que las acciones del legislativo fueron un “Golpe de Estado”
Relata la fuente que El 01 de mayo del presente año, mientras la Asamblea Legislativa iniciaba un cambio fundamental para construir un verdadero Estado de Derecho hacia futuro, lejos de la justicia selectiva sostenida por la Sala de lo Constitucional, Tony Durán se mantenía muy activo en redes sociales, especialmente en Facebook, donde actuando en defensa a ultranza de su “promotor”, el Ex Magistrado Carlos Sánchez, manifestó que lo sucedido era un “GOLPE DE ESTADO EN EL SALVADOR”.
De acuerdo a la fuente, hasta donde pudo revisar, ningún otro Juez o Magistrado, se atrevió a hacer un señalamiento con tanta temeridad e irresponsabilidad, de hecho la Corte Suprema de Justicia debería revisar muy cuidadosamente esta clase de actuaciones por parte de Tony Durán, que se reducen prácticamente a dos vías: o es un “juez activista, que tiene las consignas y agendas que le han colocado los mismos de siempre” o reacciona atolondradamente olvidando que su misión como juez, no puede verse comprometida por otros asuntos sobre los que le corresponde pronunciarse hasta que tiene todos los medios y elementos para hacerlo.
Además colocó otro mensaje en su muro de Facebook, que entre líneas amenazaba al Presidente Bukele, el cual tomaba como ejemplo ciertos acontecimientos -pese a no tener similitudes- ocurridos en Perú, bajo la Presidencia de Alberto Fujimori, donde manifestaba que: “El 29 de mayo de 1997, el Congreso de Perú afín al Presidente Alberto Fujimori, destituyó tres magistrados de la Corte Constitucional, por no haber votado a favor de la tercera reelección de Fujimori. Ahora, Alberto Fujimori enfrenta la quinta condena por delitos cometidos en su periodo presidencial.”
Por último la fuente, muestra uno de los últimos mensajes publicados por Tony Durán, donde nuevamente se victimiza y carga contra los actores de los cambios institucionales tan necesarios en el país, afirmando que: “No es primer embate que sufre la judicatura salvadoreña, ni será el último. El poder usa todas las formas posibles por doblegar a la Justicia. No lo lograrán.”
Esto quiere decir, según la fuente, que en la cabeza de Tony Durán, todo lo anterior estaba bien, sin importar que la decisiones se adoptaban únicamente por los intereses de un sector económico predominante o de intereses de grupos políticos deslegitimados democráticamente, pero que se aferraban al poder de instituciones corruptas. De hecho, la fuente judicial concluye manifestando que: “aunque se dé baños de pureza, es claro que por sus frutos los conoceréis y los que deja Durán en la sede que deja, se encuentran altamente podridos”.
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Despliegan inspectores de la Defensoría del Consumidor en la víspera de la celebración del Día de las madres
Esta mañana, el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, encabezó un operativo de verificación en el centro comercial Metrosur de San Salvador, con el fin de validad precios y promociones de artículos alusivos al Día de la madres.
«El Día de las madres es una importante celebración y es así como nuestra institución realiza un despliegue para defender los derechos de los consumidores», comentó Salazar.
El funcionario detalló en porcentajes el comportamiento de los consumidores para esta fecha, teniendo a la base los resultados de la encuesta sobre hábitos y preferencias de consumo de los salvadoreños para esta fecha. (https://www.defensoria.gob.sv/recientes/defensoria-del-consumidor-revela-que-salvadorenos-priorizan-comidas-en-casa-por-el-dia-de-la-madre/)
«Más del 80 % de los salvadoreños manifiesta que celebrará esta fecha, un 47 % indicó que lo harán en sus casas y un 27 % en algún restaurante», indicó. Agregó que más del 30 % realizarán compras vinculadas a arreglos florales, prendas de vestir, pasteles, perfumes, entre otros productos; y un 69 % hará esta actividad en centros comerciales.
«La principal recomendación que nosotros damos a todos los consumidores es que realicen las compras debidamente informados de los términos y condiciones; además, que consulten en el caso de las compras en línea las características de los productos», amplió.
Otra recomendación es guardar los comprobantes de compra ante cualquier situación que se pueda presentar respecto a la garantía, calidad e incumplimiento de entrega de los productos.
Para mayor información, el presidente de la Defensoría comunicó que en las redes sociales de la institución se publicarán los precios de productos como pasteles y arreglos florales.
Denuncias o irregularidades
La Defensoría del Consumidor exhorta a la población a denunciar cualquier irregularidad, incumplimiento de ofertas o promociones, así como posibles abusos en los precios. Como parte de este esfuerzo, la institución habilitó puntos de atención en centros comerciales, en los siguientes horarios y lugares: el 8 de mayo en Metrosur, San Salvador, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.; en Metrocentro, San Miguel Centro, de 10:30 a.m. a 3:30 p.m.; y en Metrocentro, Santa Ana Centro, de 9:00 a.m. a 2:00 p.m., donde se brindará información, asesoría y recepción de denuncias.
El Juzgado Primero de Instrucción de San Salvador envió a juicio a Jannette del Carmen Villatoro de Ramírez, de 51 años, acusada del delito de falsedad ideológica.
«En agosto de 2014, la víctima intentó gestionar un crédito hipotecario sobre su vivienda y se enteró que la propiedad ya registraba dos escrituras en las que el inmueble había sido otorgado como garantía de pago», indicó el fiscal del caso.
En dichas escrituras aparecen dos personas distintas otorgando préstamos a favor de Villatoro de Ramírez, quien presuntamente habría tramitado los créditos utilizando los documentos personales de la víctima y la escritura de propiedad. Asimismo, habría acudido acompañada de un hombre que se hizo pasar por la propietaria y firmó los documentos correspondientes.
«Una pericia posterior realizada por la Fiscalía determinó que la firma plasmada en los documentos no correspondía a la propietaria. Además, aunque los documentos utilizados para los trámites eran verdaderos, contenían declaraciones contrarias a la realidad, ya que la víctima no habría estado presente durante el procedimiento», detalló el fiscal.
La Mara Salvatrucha intentó, en varios casos, desvincularse de crímenes cometidos por sus 230 clicas [células territoriales] y, para despistar a las fuerzas de seguridad, dejaba carteles sobre los cadáveres atribuyendo los hechos al grupo de exterminio La Sombra Negra.
Ese grupo clandestino, que operó en El Salvador en la década de los 90 y principios de los 2000, estuvo integrado por policías, militares y civiles. Los pandilleros quisieron hacer ver a las autoridades que ellos no tenían que ver con esos homicidios para que ningún terrorista de la estructura fuera investigado y capturado.
Toda es información fue obtenida mediante la herramienta de la intervención a las telecomunicaciones que jueces avalaron y ejercieron función jurisdiccional sobre esa técnica especializa de investigación.
Todo ese accionar y modos operandi de los gatilleros [homicidas de las pandillas] fue avalado por la cúpula de la Mara Salvatrucha integrada por 22 fundadores o ranfleros históricos que están siendo enjuiciados en la audiencia única abierta, junto a otros 464 cabecillas de los 232 programas [estructura jerárquica superior] dirigidas por corredores [cabecillas de alto rango].
Otras de las evidencias presentadas por la Fiscalía Adjunta contra el Crimen Organizado, son varios videos extraídos del teléfono celular decomisado a un corredor de programa, donde se observan torturas y ejecuciones de personas.
Con el material audiovisual se evidencia que la Mara Salvatrucha utilizó como principal método la decapitación de las víctimas, previas torturas. Tras ser decapitadas las mutilaban y enterraban en cementerios clandestinos que fueron avalados instalar en zonas rurales por los ranfleros históricos.
Además, en los audios se registran conversaciones en las que pandilleros reciben instrucciones de que las personas bajo investigación, a quienes se les daba vigilancia y seguimiento, debían ser privadas de libertad y trasladadas a «casas Destroyer»; sin embargo, se les prohibía asesinarlas sin autorización previa de la cúpula y los corredores de programa.
«Definitivamente, se ordenaba que a las personas no las mataran inmediatamente, sino que las capturaran y mantuvieran privadas de libertad mientras se daban los pases y se conseguía la autorización para poderlos matar. Por lo tanto, queda demostrado y suficientemente probado, que nadie podía matar sin la autorización de la ranfla, de los corredores de programa, ellos eran los que tenían la decisión de quien vivía y quien moría en este país», manifestó Max Muñoz, fiscal adjunto contra el crimen organizado.
En más de una semana de reproducción de audios, adquiridos mediante escuchas telefónicas, el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado tuvo acceso a 125 grabaciones donde ha quedado evidenciado la ejecución de 29,000 homicidios acumulados en más de 500 casos.
En uno de los últimos audios se escucha que los pandilleros perseguían una ambulancia en la que era trasladada una víctima a quien le habían disparado en el rostro; los terroristas buscaban a como diera lugar asegurar la muerte para no dejar testigos.
En otra grabación se escuchaban los gritos de las víctimas mientras los pandilleros se burlaban de ellas y sin piedad les asestaban múltiples disparos.
Además de los homicidios en las conversaciones captadas, uno de los pandilleros dice a un cabecilla que tiene un censo de cuánto se estaba pagando en concepto de extorsión en las colonias bajo su control, mientras que sugiere que debían aumentar la cuota, ya que la mara estaba corta de dinero.
También se escuchó como daban indicaciones a abogados para trasladar mensajes hacia los centros penales.
