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Juez Toni Durán, que sobreseyó empresa afín a Simán, cuestiona legitima destitución de la Sala de lo Constitucional
El Juez Juan Antonio Durán Ramírez, primo hermano del Ex diputado del FMLN, Walter Durán, estuvo durante los últimos dos años ejerciendo como Magistrado Suplente en la Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador y previamente lo había hecho en la Cámara de lo Penal de San Vicente.
Hasta el día martes 18 de mayo del presente año, el Juez Durán Ramírez, conocido en la jerga judicial como “Tony Durán” se desempeñó como Magistrado suplente en la Cámara Tercera de lo Penal de la ciudad de San Salvador, periodo en el que no estuvo exento de polémicas por sus fallos y especialmente por sus mensajes confrontativos dirigidos especialmente contra el Presidente de la República, Nayib Bukele.
De acuerdo a una fuente judicial del Tribunal de Segunda Instancia, que habló con reserva de identidad por temor a las represalias dentro de esa sede judicial. Tony Durán, tiene nombramiento como juez propietario del Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, en donde compartió la función de impartir justicia con el Ex Magistrado de Sala de lo Constitucional, Carlos Ernesto Sánchez; de manera que habría sido éste quien pidió que lo trasladaran a cubrir la vacante en la Cámara Tercera, por considerarlo “sumamente leal y disciplinado en acatar órdenes”. A consideración de la fuente una de las razones por las cuales Tony Durán insiste en las redes sociales, donde escribe para sostener su independencia judicial y el apego a la legalidad en sus fallos, es porque su falta de carácter no le permite estar bien consigo mismo, ante tantas ilegalidades y atropellos que cometió mientras estuvo en el cargo. Tiene una “personalidad muy maleable y aunque tenga algunas convicciones, al final como sabe que tuvo que cumplir con las órdenes de quienes lo pusieron, eso siempre lo mortificó” añade la fuente.
Los Fallos polémicos de la Cámara Tercera de lo Penal
El 09 de octubre de 2020, se conocía el fallo por medio del cual ante un recurso de apelación presentado por la defensa del señor Manuel Ernesto Daura Mijango representante legal de la Sociedad INTRATEX EL SALVADOR, S.A. DE C.V., empresa ligada a la familia Simán, el Tribunal de Segunda Instancia, decretaba sobreseimiento definitivo a favor del acusado, pese a que la finalidad de la apelación había sido que se revocaran las medidas cautelares que le habían sido impuestas durante la audiencia inicial, consistentes en una fianza de $500 mil Dólares y uso de brazalete electrónico. La Cámara integrada por Tony Durán y Marta Lidia Peraza, fue a más y sin permitir que el caso se definiera en la etapa de instrucción, cerró el caso calificando el hecho de la acusación no como una evasión, sino un “error” al momento de consignar el pago de los impuestos. Además dejó desprovisto al Ministerio de Hacienda para hacer exigible una deuda superior a $5 millones de dólares.
Otro caso en el cual la Cámara Tercera de lo Penal, siempre integrada por Tony Durán y Marta Lidia Peraza, volvieron a dar la razón a la corrupción y afectaron los intereses del Estado, ocurrió en el “Caso EL CHAPARRAL” donde el mencionado Tribunal se negó a materializar un embargo solicitado por la Comisión Ejecutiva del Río Lempa (CEL) en calidad querellante, por la suma de $228 millones de Dólares en contra de la empresa Italiana ASTALDI. Este caso se encuentra desde el mes de febrero de este año pendiente de una petición de anulación de ese fallo ante la Sala de lo Constitucional, cuyos Magistrados ya destituidos pese a lo importante que es intentar recuperar los fondos defraudados al Estado, no reflejaron la misma celeridad que si tomaron para dictar fallos a favor de ciertos grupos empresariales o como la decisión que violentó los derechos políticos del analista Walter Araujo.
El juez para el que las acciones del legislativo fueron un “Golpe de Estado”
Relata la fuente que El 01 de mayo del presente año, mientras la Asamblea Legislativa iniciaba un cambio fundamental para construir un verdadero Estado de Derecho hacia futuro, lejos de la justicia selectiva sostenida por la Sala de lo Constitucional, Tony Durán se mantenía muy activo en redes sociales, especialmente en Facebook, donde actuando en defensa a ultranza de su “promotor”, el Ex Magistrado Carlos Sánchez, manifestó que lo sucedido era un “GOLPE DE ESTADO EN EL SALVADOR”.
De acuerdo a la fuente, hasta donde pudo revisar, ningún otro Juez o Magistrado, se atrevió a hacer un señalamiento con tanta temeridad e irresponsabilidad, de hecho la Corte Suprema de Justicia debería revisar muy cuidadosamente esta clase de actuaciones por parte de Tony Durán, que se reducen prácticamente a dos vías: o es un “juez activista, que tiene las consignas y agendas que le han colocado los mismos de siempre” o reacciona atolondradamente olvidando que su misión como juez, no puede verse comprometida por otros asuntos sobre los que le corresponde pronunciarse hasta que tiene todos los medios y elementos para hacerlo.
Además colocó otro mensaje en su muro de Facebook, que entre líneas amenazaba al Presidente Bukele, el cual tomaba como ejemplo ciertos acontecimientos -pese a no tener similitudes- ocurridos en Perú, bajo la Presidencia de Alberto Fujimori, donde manifestaba que: “El 29 de mayo de 1997, el Congreso de Perú afín al Presidente Alberto Fujimori, destituyó tres magistrados de la Corte Constitucional, por no haber votado a favor de la tercera reelección de Fujimori. Ahora, Alberto Fujimori enfrenta la quinta condena por delitos cometidos en su periodo presidencial.”
Por último la fuente, muestra uno de los últimos mensajes publicados por Tony Durán, donde nuevamente se victimiza y carga contra los actores de los cambios institucionales tan necesarios en el país, afirmando que: “No es primer embate que sufre la judicatura salvadoreña, ni será el último. El poder usa todas las formas posibles por doblegar a la Justicia. No lo lograrán.”
Esto quiere decir, según la fuente, que en la cabeza de Tony Durán, todo lo anterior estaba bien, sin importar que la decisiones se adoptaban únicamente por los intereses de un sector económico predominante o de intereses de grupos políticos deslegitimados democráticamente, pero que se aferraban al poder de instituciones corruptas. De hecho, la fuente judicial concluye manifestando que: “aunque se dé baños de pureza, es claro que por sus frutos los conoceréis y los que deja Durán en la sede que deja, se encuentran altamente podridos”.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado D de San Miguel condenó a 720 años de prisión a Juan José Castillo Arévalo, alias El Samurái, tras hallarlo culpable de 18 casos de homicidio agravado, entre consumados y tentados, además de los delitos de fraude procesal, amenazas agravadas y agrupaciones ilícitas.
Junto a él, también fueron condenados los exagentes José Onán Castillo Arévalo, a 410 años de cárcel; José Fermín Melgar Luna, a 290 años; y Félix Antonio Rodas Jurado, a 65 años de prisión.
De acuerdo con los hechos probados, los crímenes fueron cometidos entre 2015 y 2017 en distintos distritos de los departamentos de Usulután y San Miguel. Los ahora condenados aprovechaban su condición de agentes policiales y su capacidad operativa en la zona para ejecutar las acciones criminales, vinculándose además a estructuras de agrupaciones ilícitas durante 2017.
Durante la vista pública, la representación fiscal demostró que los imputados utilizaron recursos institucionales para cometer los homicidios y alterar escenas del delito, configurando el fraude procesal, lo que afectó gravemente la seguridad pública y la integridad de las instituciones.
En la misma resolución, el tribunal absolvió a Amílcar Antonio Mejía Rivera de los delitos de fraude procesal y agrupaciones ilícitas. Para el resto de los condenados, la sede judicial ratificó las órdenes de captura vigentes, a fin de que sean localizados y puestos a disposición de las autoridades para el cumplimiento de sus respectivas penas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador emitió una condena de 12 años de prisión en contra de Andrés de Jesús Rodríguez, por extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Cuscatancingo en San Salvador.
Según el expediente judicial, la víctima es un propietario de un negocio de productos varios, quien fue visitado por Rodríguez para exigirle dinero en concepto de renta.
En primera instancia, el comerciante denunció que, desde mediados de 2021, una mujer llegó a su negocio y se identificó como integrante de la pandilla MS13 y le exigió $75 mensuales a cambio de respetarle la vida.
Por temor a represalias, la víctima estuvo pagando la extorsión de forma mensual hasta que en diciembre de 2023 le exigieron $75 adicionales en concepto de aguinaldo. Fue así que el 27 de diciembre decidió interponer la denuncia ante la policía.
Como consecuencia, Rodríguez llegó con amenazas en contra de la víctima, advirtiendo que si no entregaba el dinero enfrentaría las consecuencias. Sin embargo, ante la denuncia, el sujeto fue capturado y procesado por el delito de extorsión.
Una estructura criminal de la pandilla MS13 enfrenta juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un empresario.
De acuerdo a la investigación fiscal, son tres pandilleros quienes comenzaron a cometer el delito desde el año 2014. Exigían sumas de dinero a cambio de no atentar contra la vida de la víctima.
En el año 2019, el empresario decidió interponer la denuncia y se inició el proceso de investigación con participación de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil. De esta manera, mediante el mecanismo de entregas controladas de dinero, lograron identificar a los criminales que cobraban la extorsión.
«Los extorsionistas no recibían directamente el dinero, sino que obligaban a que la víctima lo dejara escondido en algún lugar. No era personal el recibimiento del dinero, sin embargo, con estrategias logramos las capturas. Ahora van a responder ante la justicia por estos hechos cometidos», explicó el fiscal que lleva el caso.
Los pandilleros involucrados en estos hechos fueron capturados a mediados de 2019. Para fundamentar la investigación, la Fiscalía cuenta con cinco testigos de cargo que rendirán sus declaraciones durante la vista pública
