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Juez Toni Durán, que sobreseyó empresa afín a Simán, cuestiona legitima destitución de la Sala de lo Constitucional
El Juez Juan Antonio Durán Ramírez, primo hermano del Ex diputado del FMLN, Walter Durán, estuvo durante los últimos dos años ejerciendo como Magistrado Suplente en la Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador y previamente lo había hecho en la Cámara de lo Penal de San Vicente.
Hasta el día martes 18 de mayo del presente año, el Juez Durán Ramírez, conocido en la jerga judicial como “Tony Durán” se desempeñó como Magistrado suplente en la Cámara Tercera de lo Penal de la ciudad de San Salvador, periodo en el que no estuvo exento de polémicas por sus fallos y especialmente por sus mensajes confrontativos dirigidos especialmente contra el Presidente de la República, Nayib Bukele.
De acuerdo a una fuente judicial del Tribunal de Segunda Instancia, que habló con reserva de identidad por temor a las represalias dentro de esa sede judicial. Tony Durán, tiene nombramiento como juez propietario del Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, en donde compartió la función de impartir justicia con el Ex Magistrado de Sala de lo Constitucional, Carlos Ernesto Sánchez; de manera que habría sido éste quien pidió que lo trasladaran a cubrir la vacante en la Cámara Tercera, por considerarlo “sumamente leal y disciplinado en acatar órdenes”. A consideración de la fuente una de las razones por las cuales Tony Durán insiste en las redes sociales, donde escribe para sostener su independencia judicial y el apego a la legalidad en sus fallos, es porque su falta de carácter no le permite estar bien consigo mismo, ante tantas ilegalidades y atropellos que cometió mientras estuvo en el cargo. Tiene una “personalidad muy maleable y aunque tenga algunas convicciones, al final como sabe que tuvo que cumplir con las órdenes de quienes lo pusieron, eso siempre lo mortificó” añade la fuente.
Los Fallos polémicos de la Cámara Tercera de lo Penal
El 09 de octubre de 2020, se conocía el fallo por medio del cual ante un recurso de apelación presentado por la defensa del señor Manuel Ernesto Daura Mijango representante legal de la Sociedad INTRATEX EL SALVADOR, S.A. DE C.V., empresa ligada a la familia Simán, el Tribunal de Segunda Instancia, decretaba sobreseimiento definitivo a favor del acusado, pese a que la finalidad de la apelación había sido que se revocaran las medidas cautelares que le habían sido impuestas durante la audiencia inicial, consistentes en una fianza de $500 mil Dólares y uso de brazalete electrónico. La Cámara integrada por Tony Durán y Marta Lidia Peraza, fue a más y sin permitir que el caso se definiera en la etapa de instrucción, cerró el caso calificando el hecho de la acusación no como una evasión, sino un “error” al momento de consignar el pago de los impuestos. Además dejó desprovisto al Ministerio de Hacienda para hacer exigible una deuda superior a $5 millones de dólares.
Otro caso en el cual la Cámara Tercera de lo Penal, siempre integrada por Tony Durán y Marta Lidia Peraza, volvieron a dar la razón a la corrupción y afectaron los intereses del Estado, ocurrió en el “Caso EL CHAPARRAL” donde el mencionado Tribunal se negó a materializar un embargo solicitado por la Comisión Ejecutiva del Río Lempa (CEL) en calidad querellante, por la suma de $228 millones de Dólares en contra de la empresa Italiana ASTALDI. Este caso se encuentra desde el mes de febrero de este año pendiente de una petición de anulación de ese fallo ante la Sala de lo Constitucional, cuyos Magistrados ya destituidos pese a lo importante que es intentar recuperar los fondos defraudados al Estado, no reflejaron la misma celeridad que si tomaron para dictar fallos a favor de ciertos grupos empresariales o como la decisión que violentó los derechos políticos del analista Walter Araujo.
El juez para el que las acciones del legislativo fueron un “Golpe de Estado”
Relata la fuente que El 01 de mayo del presente año, mientras la Asamblea Legislativa iniciaba un cambio fundamental para construir un verdadero Estado de Derecho hacia futuro, lejos de la justicia selectiva sostenida por la Sala de lo Constitucional, Tony Durán se mantenía muy activo en redes sociales, especialmente en Facebook, donde actuando en defensa a ultranza de su “promotor”, el Ex Magistrado Carlos Sánchez, manifestó que lo sucedido era un “GOLPE DE ESTADO EN EL SALVADOR”.
De acuerdo a la fuente, hasta donde pudo revisar, ningún otro Juez o Magistrado, se atrevió a hacer un señalamiento con tanta temeridad e irresponsabilidad, de hecho la Corte Suprema de Justicia debería revisar muy cuidadosamente esta clase de actuaciones por parte de Tony Durán, que se reducen prácticamente a dos vías: o es un “juez activista, que tiene las consignas y agendas que le han colocado los mismos de siempre” o reacciona atolondradamente olvidando que su misión como juez, no puede verse comprometida por otros asuntos sobre los que le corresponde pronunciarse hasta que tiene todos los medios y elementos para hacerlo.
Además colocó otro mensaje en su muro de Facebook, que entre líneas amenazaba al Presidente Bukele, el cual tomaba como ejemplo ciertos acontecimientos -pese a no tener similitudes- ocurridos en Perú, bajo la Presidencia de Alberto Fujimori, donde manifestaba que: “El 29 de mayo de 1997, el Congreso de Perú afín al Presidente Alberto Fujimori, destituyó tres magistrados de la Corte Constitucional, por no haber votado a favor de la tercera reelección de Fujimori. Ahora, Alberto Fujimori enfrenta la quinta condena por delitos cometidos en su periodo presidencial.”
Por último la fuente, muestra uno de los últimos mensajes publicados por Tony Durán, donde nuevamente se victimiza y carga contra los actores de los cambios institucionales tan necesarios en el país, afirmando que: “No es primer embate que sufre la judicatura salvadoreña, ni será el último. El poder usa todas las formas posibles por doblegar a la Justicia. No lo lograrán.”
Esto quiere decir, según la fuente, que en la cabeza de Tony Durán, todo lo anterior estaba bien, sin importar que la decisiones se adoptaban únicamente por los intereses de un sector económico predominante o de intereses de grupos políticos deslegitimados democráticamente, pero que se aferraban al poder de instituciones corruptas. De hecho, la fuente judicial concluye manifestando que: “aunque se dé baños de pureza, es claro que por sus frutos los conoceréis y los que deja Durán en la sede que deja, se encuentran altamente podridos”.
La Dirección de Integración y el Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina) firmaron, esta mañana, un convenio de cooperación que permitirá que 200 adolescentes de último año de bachillerato puedan aspirar a becas de educación superior para continuar su formación académica y profesional.
El acuerdo beneficiará a jóvenes vinculados a los Centros de Acogida administrados por el Conapina, integrantes del Consejo Consultivo de Niñez y Adolescencia, así como adolescentes que forman parte de programas y servicios de protección impulsados por la institución.
A través de esta alianza, los beneficiarios tendrán la oportunidad de aplicar a becas universitarias, técnicas y vocacionales promovidas por Integración, con el objetivo de ampliar sus oportunidades educativas y fortalecer sus proyectos de vida.
El presidente «ad honorem» de la Dirección de Integración, Alejandro Gutman, destacó que el convenio refleja el compromiso de ambas instituciones con el desarrollo de la juventud salvadoreña.
«En este caso puntual el convenio se extiende a bastantes becas. Son alrededor de 200, pero si llegaran a necesitar más, Conapina sabe que con la Dirección de Integración tiene un crédito en blanco por el excelente trabajo que realizan junto al despacho de la primera dama con los jóvenes de este país», expresó Gutman.
El funcionario aseguró además que la institución mantiene disposición de continuar apoyando iniciativas que favorezcan a adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad.
Por su parte, la directora ejecutiva de Conapina, Linda Amaya, señaló que el convenio representa una oportunidad para que los adolescentes puedan construir un mejor futuro a través de la educación
El vicepresidente de la República de El Salvador, Sr. Félix Ulloa, sostuvo un importante encuentro con una delegación de alto nivel de la República de Costa Rica, integrada por el Ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos; el Ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar; y la Embajadora de Costa Rica en El Salvador, Samy Araya.
El vicepresidente Ulloa agradeció la visita de la delegación costarricense y resaltó el carácter histórico de los vínculos entre El Salvador y Costa Rica, los cuales continúan fortaleciéndose a través de una agenda común orientada a la seguridad, el desarrollo económico y la asistencia técnica recíproca.
Durante la reunión, compartió la experiencia salvadoreña con el Plan Control Territorial y el fortalecimiento institucional y a la voluntad del pueblo salvadoreño. En esa línea, resaltó el #PlanCeroOcio como una estrategia clave para transformar el sistema penitenciario, mediante la incorporación de actividades productivas, técnicas, artísticas y agrícolas, incluyendo la elaboración de mobiliario para #2EscuelasXDía, en beneficio de la comunidad estudiantil.
Además, destacó que, tras consolidar el denominado milagro de la seguridad, el país avanza hacia una etapa orientada al crecimiento económico, la innovación y la atracción de inversiones. Mencionó los avances normativos vinculados a sectores estratégicos como fintech, activos digitales y criptomonedas, así como el papel de la Comisión Nacional de Activos Digitales como parte del ecosistema que posiciona al país como referente regional en transformación tecnológica.
Por su parte, el Ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Sr. Gerald Campos, reconoció el trabajo articulado con el Presidente Bukele en materia de seguridad y señaló que ambas naciones comparten un mismo norte en esta área, por lo que la visita busca reforzar la cooperación y conocer de primera mano las acciones implementadas por el Gobierno salvadoreño. De igual manera, agradeció la apertura de las autoridades nacionales, entre ellas el ministro de SeguridadSV, Gustavo Villatoro, y el M¿ministro de Defensa, Merino Monroy.
A su vez, el Ministro de Justicia y Paz, Sr. Gabriel Aguilar, señaló que Costa Rica enfrenta desafíos importantes en esta materia y expresó el interés de retomar ideas del modelo salvadoreño para tropicalizarlas a la realidad costarricense. También reiteró la disposición de su país de fortalecer el apoyo mutuo, reconociendo que El Salvador puede compartir su experiencia en seguridad, mientras Costa Rica puede aportar conocimientos en áreas vinculadas al desarrollo económico.
Esta visita reviste especial importancia al constituir el primer acercamiento oficial de alto nivel de la nueva gestión del Gobierno costarricense, con la participación de dos ministros, reafirmando el interés de fortalecer los lazos históricos de amistad y cooperación entre ambos países. En la reunión también participó el Viceministro de Justicia y Paz, Sr. Nils Alonso Ching Vargas.
ENTREGA ESPECIAL
Viejo Lin murió como vivió: encerrado, enfermo y derrotado. Fin del mito que bañó de sangre a El Salvador
La muerte de Carlos Ernesto Mojica Lechuga, alias “Viejo Lin”, ocurrida este día mientras permanecía bajo custodia estatal, cierra uno de los capítulos más oscuros y sangrientos de la historia reciente de El Salvador. Durante décadas, su nombre provocó miedo en colonias, mercados, rutas de buses y cárceles. Para muchos salvadoreños fue más que un pandillero: fue el símbolo del ascenso del Barrio 18 como una maquinaria de terror que convirtió comunidades enteras en territorios de guerra.
Carlos Ernesto Mojica Lechuga, alias el «Viejo Lin», histórico cabecilla de la pandilla Barrio 18, nació el 4 de junio de 1962 en San Salvador, según la Fuente de consulta oficial: Expediente Judicial de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. Las autoridades atribuyeron su muerte a complicaciones derivadas de una cirrosis hepática y un fallo multiorgánico. En los últimos años su estado de salud se había deteriorado gravemente. Reportes médicos hablaban de encefalopatía hepática, hemorragias y un progresivo desgaste físico dentro del penal de máxima seguridad de Zacatecoluca. El hombre que durante años ordenó asesinatos y controló estructuras criminales terminó consumido por la enfermedad, aislado y derrotado.
Pero la historia del Viejo Lin no comenzó en una celda. Comenzó en un país golpeado por la pobreza, la migración y la violencia de posguerra. Nacido en El Salvador, pasó buena parte de su juventud en Estados Unidos, especialmente en Los Ángeles, donde absorbió la cultura de las pandillas callejeras que dominaban barrios marginales. Fue en ese entorno donde se vinculó a la Calle 18, una pandilla nacida en California que luego se expandió agresivamente por Centroamérica.
Cuando fue deportado a El Salvador en la década de los noventa, regresó a un país que apenas salía de la guerra civil y que no tenía capacidad para enfrentar el fenómeno de las maras. Ahí comenzó su verdadero ascenso. Viejo Lin se convirtió en uno de los principales organizadores del Barrio 18 en territorio salvadoreño. Importó códigos, estructuras, disciplina y métodos criminales aprendidos en Estados Unidos. Las pandillas dejaron de ser pequeños grupos de barrio y comenzaron a transformarse en organizaciones con jerarquías, territorios y poder armado.
Con el tiempo, Mojica Lechuga se convirtió en uno de los máximos líderes de la facción Sureños del Barrio 18. Su figura adquirió un peso casi mítico dentro de la estructura criminal. Desde prisión continuó ejerciendo influencia sobre homicidios, extorsiones y castigos internos. Investigaciones policiales y fiscales lo señalaron durante años como un estratega violento, temido incluso por miembros de su propia organización.
Toda una vida de crímenes
Hablar del Viejo Lin es hablar de una época en la que El Salvador llegó a convertirse en uno de los países más violentos del mundo. Su nombre apareció ligado a homicidios agravados, agrupaciones ilícitas, extorsiones, tráfico de armas y asesinatos ordenados desde prisión.
Uno de los casos más recordados ocurrió en 2003, cuando fue acusado junto a otros pandilleros del asesinato brutal de una joven de 16 años, un crimen que conmocionó al país por su nivel de violencia. Posteriormente recibió condenas que sumaron décadas de prisión. Las autoridades lo identificaban como uno de los cabecillas que daban órdenes de ejecución tanto contra rivales como contra miembros de su propia pandilla considerados “traidores”.
Durante los años más duros de la guerra entre pandillas, miles de salvadoreños quedaron atrapados entre fronteras invisibles, amenazas y asesinatos. Comerciantes pagaban extorsión para sobrevivir; conductores de autobuses eran asesinados por no pagar renta; jóvenes eran ejecutados simplemente por cruzar el territorio equivocado. Aunque muchas de esas órdenes jamás pudieron probarse judicialmente de forma directa contra Viejo Lin, su nombre aparecía constantemente en expedientes policiales e informes de inteligencia vinculados al crecimiento del terror pandillero.
El Barrio 18, bajo liderazgos como el suyo, evolucionó de una pandilla callejera a una estructura criminal con control territorial, reglas internas y capacidad de intimidar comunidades completas. La cárcel se convirtió en centro de mando. Desde ahí surgían órdenes, negociaciones y castigos. En Zacatecoluca, el penal de máxima seguridad conocido como “Zacatraz”, Viejo Lin pasó gran parte de sus últimos años.
Uno de los episodios más polémicos de su vida fue su participación en la llamada “Tregua” entre pandillas durante el gobierno de Mauricio Funes. Entre 2012 y 2014, líderes de la MS-13 y Barrio 18 negociaron con intermediarios cercanos al gobierno para reducir homicidios a cambio de beneficios carcelarios. Viejo Lin fue identificado como uno de los voceros y actores clave dentro de esas negociaciones.
La tregua redujo temporalmente los asesinatos, pero también fue acusada de fortalecer el poder de las pandillas. Mientras los homicidios bajaban, las estructuras criminales consolidaban territorios, reorganizaban sus mandos y mantenían las extorsiones. Para muchos críticos, aquella negociación legitimó a criminales responsables de miles de muertes.
SAN SALVADOR (EL SALVADOR), 19/01/2013.- El líder de la pandilla 18, Carlos Mójica Lechuga, alias “Viejo Lin” habla hoy, sábado 19 de enero de 2013, durante una rueda de prensa en el penal de «La Esperanza», cerca de San Salvador, donde fue leído un boletín conjunto de las maras Barrio 18, la MS, Mao-Mao, Máquina y Mirada Locos EFE/Roberto Escobar
Con la llegada del régimen de excepción y la ofensiva masiva contra las maras, el viejo liderazgo pandillero comenzó a desplomarse. Muchos murieron, otros fueron capturados y algunos perdieron completamente su influencia. El Viejo Lin terminó convertido en una sombra del personaje temido que una vez controló estructuras criminales enteras. Enfermo, envejecido y aislado, pasó sus últimos días lejos del poder que durante años ejerció mediante el miedo.
La vida del Viejo Lin deja una lección brutal sobre cómo la violencia puede devorar generaciones enteras. Detrás del mito criminal quedaron miles de víctimas: familias destruidas, jóvenes asesinados, comunidades sometidas y un país marcado por el terror. Durante años, las pandillas convirtieron la sangre en una forma de control social. Y aunque algunos dentro de esas estructuras buscaron presentarse como líderes, negociadores o figuras políticas, la realidad es que detrás de ese discurso hubo muerte, dolor y miedo.
El final de Viejo Lin no tuvo gloria. No murió como un rey criminal ni como una leyenda invencible. Murió enfermo, encarcelado y derrotado. Su historia es también la historia de un país que permitió durante demasiado tiempo que las pandillas crecieran hasta convertirse en monstruos sociales. Y es, al mismo tiempo, una advertencia para las nuevas generaciones: el camino de la violencia puede dar poder momentáneo, pero termina consumiendo incluso a quienes un día parecieron intocables.
