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Nacionales

Juez Toni Durán, que sobreseyó empresa afín a Simán, cuestiona legitima destitución de la Sala de lo Constitucional

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El Juez Juan Antonio Durán Ramírez, primo hermano del Ex diputado del FMLN, Walter Durán, estuvo durante los últimos dos años ejerciendo como Magistrado Suplente en la Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador y previamente lo había hecho en la Cámara de lo Penal de San Vicente.

Hasta el día martes 18 de mayo del presente año, el Juez Durán Ramírez, conocido en la jerga judicial como “Tony Durán” se desempeñó como Magistrado suplente en la Cámara Tercera de lo Penal de la ciudad de San Salvador, periodo en el que no estuvo exento de polémicas por sus fallos y especialmente por sus mensajes confrontativos dirigidos especialmente contra el Presidente de la República, Nayib Bukele.

De acuerdo a una fuente judicial del Tribunal de Segunda Instancia, que habló con reserva de identidad por temor a las represalias dentro de esa sede judicial. Tony Durán, tiene nombramiento como juez propietario del Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, en donde compartió la función de impartir justicia con el Ex Magistrado de Sala de lo Constitucional, Carlos Ernesto Sánchez; de manera que habría sido éste quien pidió que lo trasladaran a cubrir la vacante en la Cámara Tercera, por considerarlo “sumamente leal y disciplinado en acatar órdenes”. A consideración de la fuente una de las razones por las cuales Tony Durán insiste en las redes sociales, donde escribe para sostener su independencia judicial y el apego a la legalidad en sus fallos, es porque su falta de carácter no le permite estar bien consigo mismo, ante tantas ilegalidades y atropellos que cometió mientras estuvo en el cargo. Tiene una “personalidad muy maleable y aunque tenga algunas convicciones, al final como sabe que tuvo que cumplir con las órdenes de quienes lo pusieron, eso siempre lo mortificó” añade la fuente.

Los Fallos polémicos de la Cámara Tercera de lo Penal

El 09 de octubre de 2020, se conocía el fallo por medio del cual ante un recurso de apelación presentado por la defensa del señor Manuel Ernesto Daura Mijango representante legal de la Sociedad INTRATEX EL SALVADOR, S.A. DE C.V., empresa ligada a la familia Simán, el Tribunal de Segunda Instancia, decretaba sobreseimiento definitivo a favor del acusado, pese a que la finalidad de la apelación había sido que se revocaran las medidas cautelares que le habían sido impuestas durante la audiencia inicial, consistentes en una fianza de $500 mil Dólares y uso de brazalete electrónico. La Cámara integrada por Tony Durán y Marta Lidia Peraza, fue a más y sin permitir que el caso se definiera en la etapa de instrucción, cerró el caso calificando el hecho de la acusación no como una evasión, sino un “error” al momento de consignar el pago de los impuestos. Además dejó desprovisto al Ministerio de Hacienda para hacer exigible una deuda superior a $5 millones de dólares.

Otro caso en el cual la Cámara Tercera de lo Penal, siempre integrada por Tony Durán y Marta Lidia Peraza, volvieron a dar la razón a la corrupción y afectaron los intereses del Estado, ocurrió en el “Caso EL CHAPARRAL” donde el mencionado Tribunal se negó a materializar un embargo solicitado por la Comisión Ejecutiva del Río Lempa (CEL) en calidad querellante, por la suma de $228 millones de Dólares en contra de la empresa Italiana ASTALDI. Este caso se encuentra desde el mes de febrero de este año pendiente de una petición de anulación de ese fallo ante la Sala de lo Constitucional, cuyos Magistrados ya destituidos pese a lo importante que es intentar recuperar los fondos defraudados al Estado, no reflejaron la misma celeridad que si tomaron para dictar fallos a favor de ciertos grupos empresariales o como la decisión que violentó los derechos políticos del analista Walter Araujo.

El juez para el que las acciones del legislativo fueron un “Golpe de Estado”

Relata la fuente que El 01 de mayo del presente año, mientras la Asamblea Legislativa iniciaba un cambio fundamental para construir un verdadero Estado de Derecho hacia futuro, lejos de la justicia selectiva sostenida por la Sala de lo Constitucional, Tony Durán se mantenía muy activo en redes sociales, especialmente en Facebook, donde actuando en defensa a ultranza de su “promotor”, el Ex Magistrado Carlos Sánchez, manifestó que lo sucedido era un “GOLPE DE ESTADO EN EL SALVADOR”.

De acuerdo a la fuente, hasta donde pudo revisar, ningún otro Juez o Magistrado, se atrevió a hacer un señalamiento con tanta temeridad e irresponsabilidad, de hecho la Corte Suprema de Justicia debería revisar muy cuidadosamente esta clase de actuaciones por parte de Tony Durán, que se reducen prácticamente a dos vías: o es un “juez activista, que tiene las consignas y agendas que le han colocado los mismos de siempre” o reacciona atolondradamente olvidando que su misión como juez, no puede verse comprometida por otros asuntos sobre los que le corresponde pronunciarse hasta que tiene todos los medios y elementos para hacerlo.

Además colocó otro mensaje en su muro de Facebook, que entre líneas amenazaba al Presidente Bukele, el cual tomaba como ejemplo ciertos acontecimientos -pese a no tener similitudes- ocurridos en Perú, bajo la Presidencia de Alberto Fujimori, donde manifestaba que: “El 29 de mayo de 1997, el Congreso de Perú afín al Presidente Alberto Fujimori, destituyó tres magistrados de la Corte Constitucional, por no haber votado a favor de la tercera reelección de Fujimori. Ahora, Alberto Fujimori enfrenta la quinta condena por delitos cometidos en su periodo presidencial.”

Por último la fuente, muestra uno de los últimos mensajes publicados por Tony Durán, donde nuevamente se victimiza y carga contra los actores de los cambios institucionales tan necesarios en el país, afirmando que: “No es primer embate que sufre la judicatura salvadoreña, ni será el último. El poder usa todas las formas posibles por doblegar a la Justicia. No lo lograrán.”

Esto quiere decir, según la fuente, que en la cabeza de Tony Durán, todo lo anterior estaba bien, sin importar que la decisiones se adoptaban únicamente por los intereses de un sector económico predominante o de intereses de grupos políticos deslegitimados democráticamente, pero que se aferraban al poder de instituciones corruptas. De hecho, la fuente judicial concluye manifestando que: “aunque se dé baños de pureza, es claro que por sus frutos los conoceréis y los que deja Durán en la sede que deja, se encuentran altamente podridos”.

Nacionales

Capturan en Apopa a menor de edad vinculado con la pandilla 18

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Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.

De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.

Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.

“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.

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Judicial

FGR acusa a más de 560 pandilleros de la «18» por miles de crímenes

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El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.

Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.

Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.

La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.

Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.

Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.

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Judicial

50 años de prisión para padre que causó la muerte de su hijo de cinco meses

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La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.

El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.

Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.

Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.

De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.

En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.

El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.

En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.

 

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