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Jueces que ahora cuestionan “falta de independencia” fueron autores de las más cuestionables sentencias

Jueces que pronunciaron resoluciones que favorecieron sectores políticos, económicos o del propio gremio reclaman ahora falta de “independencia judicial”
Un reportaje publicado en el periódico “LA PRENSA GRÁFICA” el jueves 20 de enero del presente año bajo el título “Las Cámara de lo Penal están en la mira por falta de independencia” que pretende cuestionar las actuaciones judiciales de los actuales magistrados que integran las tres Cámaras que tienen la competencia en materia penal en el departamento de San Salvador, como consecuencia de haber emitido resoluciones en contra de ex funcionarios de los gobiernos del FMLN y ARENA.
El medio de prensa citado retoma declaraciones de dos ex magistrados que previamente integraron esos mismos Tribunales de Segunda Instancia, se trata de Juan Antonio “Toni” Durán y Martín Rogel Zepada, ambos recordados por emitir fallos cuestionables que reflejaron actos de impunidad para las personas bajo juzgamiento, en varias ocasiones ex funcionarios públicos o empresarios vinculados al poder durante las administraciones gubernamentales de los dos principales partidos de la izquierda y derecha en el país.
Aunque el discurso que ahora sostienen hace referencia a una presunta defensa de la independencia judicial, este medio ha realizado una investigación periodística que demuestra que en su momento fueron los ex magistrados que ahora reclaman quienes se vieron favorecidos por movimientos “irregulares” que afectaron la estabilidad judicial de otros jueces y magistrados, que fueron desplazados para que tanto Martín Rogel como Toni Durán entre otros tomaron un protagonismo que se convirtió en aplicación de justicia selectiva y dictada conforme a la persona que estuviere enfrentando la justicia.
En esta primera entrega recordaremos los hechos que llevaron al epicentro del “poder” judicial a estos jueces que ahora que ven perdidos sus privilegios reclaman que los nuevos funcionarios encargados de administrar justicia en los Tribunales capitalinos carecen de “independencia judicial” y en próximas entregas iremos resaltando
Los cambios masivos de jueces en la CSJ que nadie cuestionó
El 20 de septiembre de 2016, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) desarrolló una sesión la cual quedó documentada en la respectiva Acta en la que se realizaron múltiples movimientos de jueces y magistrados con una larga experiencia y trayectoria dentro de sus judicaturas, principalmente en la capital, siendo en su lugar trasladados a sedes en la periferia o degradados a cargos judiciales menores, el principal motivo de trasfondo de aquellos movimientos fue la petición efectuada por el (entonces) Fiscal General Douglas Meléndez, quien públicamente y entre líneas manifestó que para “combatir” la corrupción requería jueces que atendieran sin conflicto a las solicitudes de fiscalía.
Al frente de aquella acción que fue denominada “MEDIDAS ADMINISTRATIVAS SOBRE TRASLADOS DE JUECES” estuvieron los ex magistados de CSJ Edward Sidney Blanco y Doris Luz Rivas Galindo, quienes sin tomar en cuenta los derechos de jueces y magistrados a la estabilidad en el cargo y a que sus traslados estuvieren fundados en procedimientos previamente establecidos y debidamente motivados. Consta en el acta que uno de los magistrados de la CSJ que aún se encuentra en funciones, manifestó no compartir las acciones emprendidas, pues enviaban un mensaje dentro del Sistema de Justicia y a la Sociedad Civil que se estaban colocando “jueces a la medida” tal y como lo pretendían los grupos de poder del país.
Consultado al respecto el abogado y exfiscal Sergio Portillo Toruño, manifestó que la gran diferencia en aquella decisión de “mover”jueces y el proceso de transformación del sistema judicial consiste en que: “Actualmente producto de la reforma a la Ley de la Carrera Judicial, existen criterios objetivos y previamente determinados para realizar la selección o traslados de los jueces y magistrados, que antes se hacía al arbitrario del Presidente de la Corte (Suprema de Justicia) y de otros magistrados que controlaban los nombramientos, llamamientos de jueces suplentes y traslados.”
De hecho, en la citada Acta de Corte Plena, consta el punto décimo por medio del cual se limitó el llamamiento de la magistrada Victoria Domínguez Palacios y en su lugar se nombró a Martín Rogel Zepeda como suplente en la Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador.
En su caso, en otra decisión de CSJ, Toni Durán que entonces fungía como juez del Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador fue nombrado para cubrir la Cámara de San Vicente y posteriormente a partir del año 2019 sería designado para ejercer como magistrado suplente en la Cámara Tercera de lo Penal.
El “Supra” magistrado Martín Rogel
Ya este medio, publicó en los meses de marzo y noviembre 2019, reportajes donde se evidenciaba el claro conflicto de interés suscitados a partir que el Ex magistrado Martín Rogel Zepeda se encontraba designado en las tres Cámaras de lo Penal de San Salvador, en una de ellas como propietario y en las otras como suplente o interino, con lo cual controlaba los criterios judiciales de esos tribunales, pese al grave riesgo que esta situación representaba en los derechos de los procesados ante la falta de imparcialidad e independencia judicial. No bastando esta situación resulta que Rogel Zepeda también era en ese mismo periodo magistrado suplente de la Sala de lo Constitucional.

Martín Rogel Zepeda, hermano de quien fuera militante del partido FMLN y Expresidenta de CONAMYPE, Ileana Rogel, después de ser nombrado como magistrado propietario de la Cámara Tercera de lo Penal, recaló en la Cámara Primera de lo Penal de la capital en el mes de noviembre de 2018, al tiempo que el entonces titular de este último tribunal, Carlos Ernesto Sánchez Escobar era designado como magistrado propietario de la Sala de lo Constitucional.
Rogel Zepeda, estando en la Cámara Primera y junto con el Dr. Guillermo Arévalo Domínguez, adoptaron decisiones tan polémicas como dejar libres de cargo al Magistrado de la Cámara Civil, Eduardo Jaime Escalante bajo el presupuesto que “el tocamiento efectuado a la menor víctima no constituía una agresión sexual”. Hasta la fecha el caso de Escalante sigue sin respuesta para la víctima a la espera se realice nuevamente el juicio. También estos mismos magistrados avalaron las confesiones realizadas bajo coacción por parte de cuatro agentes fiscales y dos empleados de la misma Fiscalía, que fueron presionados por sus propios compañeros para brindar declaraciones falsas y así sustentar imputaciones ilegales en el caso “corruptela”; sobre tales declaraciones que no fueron otorgados con plena voluntad por quienes terminaron convertidos en imputados se confirmaron órdenes de prisión preventiva y se declararon otras a personas que inicialmente habían pasado a fase de instrucción sin ninguna medida cautelar.
Una de sus últimas resoluciones polémicas, fue dictada como magistrado de la Cámara Tercera de lo Penal, juntamente con Nora Montoya, al ordenar la libertad del Ex acalde de San Salvador, a pesar que conforme a le ley no podía gozar de ese beneficio al ya tener medidas cautelares impuestas en otro proceso previo.
“Toni” Durán de juez a activista político
En marzo de 2019, la CSJ nombraba como magistado propietario de la Cámara Tercera de lo Penal a Martin Rogel, quien no asumía el cargo porque en ese mismo tiempo se encontraba nombrado como suplente en la Cámara Primera de lo Penal y eventualmente suplente de la Cámara Segunda, también; por ese motivo en su lugar se nombró al Juan Antonio “Toni” Durán para que ejerciera como suplente de la Cámara Tercera.

Durán, quien se había desempeñado principalmente como juez del Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, es primo hermano de Walter Durán, militante del FMLN, este último ocupó cargos como asesor de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Presidencia en el primer gobierno del partido de izquierda y posteriomente también ejerció diversos cargos diplomáticos por el mundo.
Toni Durán, actualmente se encuentra nombrado como juez de Sentencia de Zacatecoluca y en sus declaraciones brindadas a La Prensa Gráfica manifestó que los funcionarios nombrados en septiembre pasado muestran un “clientelismo político y de lealtades personales” también agregó que “Las Cámaras han perdido el prestigio y responden a lo que por ahora quiera el régimen del señor Bukele”
Estas palabras a criterio de una fuente judicial consultada y que laboró de cerca con Durán mientras se desempeñó como juez tercero de sentencia, son irónicamente más aplicables a la función que Toni Durán realizó en su estancia en la Cámara Tercera de lo Penal, a donde llegó bajo recomendación del Ex magistrado del Tribunal Constitucional, Carlos Ernesto Sánchez, por ser precisamente muy “leal” y “disciplinado”.
De hecho como magistrado de la citada Cámara, juntamente con la ex magistrada Marta Lidia Peraza, exoneraron de responsabilidad penal al representante legal de la empresa INTRADEX, respecto a una millonaria cifra presuntamente defraudada al Fisco bajo el argumento que “se trataba de un error de aplicación de un formulario por parte de la empresa”, por este hecho inclusive se encuentra denunciado en sede fiscal, ante lo que abogados consultados consideraron un claro Prevaricato.
También resolvieron declarar improcedente la solicitud de la Comisión Ejecutiva del Río Lempa (CEL) para que se hiciera efectivo un embargo sobre bienes de la empresa ASTALDI, en Italia, con los que se prentendía recuperar más de $228 millones de dólares defraudados al Estado Salvadoreño.
Durante su tiempo como magistrado de Cámara, también intentó ser tomado en cuenta para integrar la Comisión encargada de evaluar las reformas constitucionales, lo que no consiguió al hacerse públicos sus comentarios “amenazando” de forma digital al Presidente de la República. Desde entonces se ha presentado en distintos foros de oposición y actividades de las que existen serias presunciones son financiadas por otros países, como una supuesta voz que exige “independencia judicial” misma que en el ejercicio de esos cargos le negó a toda la nación, privilengiando intereses de sectores oligarcas y permitiendo la “impunidad” de sus acciones.
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Conductores protagonizan fuerte accidente en San Vicente

Un aparatoso accidente de tránsito se registró este mediodía en Tecoluca, departamento de San Vicente, cuando dos vehículos particulares colisionaron en una de las carreteras más transitadas de la zona, según informaron las autoridades.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) llegaron al lugar para procesar la escena y determinar la responsabilidad de los conductores involucrados.
De manera preliminar, se presume que la excesiva velocidad habría sido una de las causas del percance. Hasta el momento, no se ha confirmado si hubo personas lesionadas o fallecidas.
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FOTOS | Pastor interrumpe vela y obliga a sacar ataúd bajo la lluvia

La vela de un motociclista que falleció ayer lunes en un accidente sobre la carretera que de El Rosario conduce a Jujutla, en Ahuachapán, fue interrumpida por el pastor José Alberto Serrano, de la Iglesia Pentecostal Unida en Copinulapa.
De acuerdo con familiares de la víctima, el líder religioso se molestó porque feligreses de otra congregación solicitaron realizar un culto adicional al fallecido dentro del templo. Ante ello, el pastor expresó que “con un culto bastaba” y, en un momento de ira, ordenó suspender la vela.
Los asistentes tuvieron que sacar el ataúd bajo la lluvia y trasladarlo a una vivienda cercana, facilitada por un vecino, mientras cubrían el féretro con sacos. La situación ha generado indignación en la comunidad por la actitud del pastor.
La Policía Nacional Civil (PNC) fue alertada del hecho y acudió al lugar para intervenir.
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Autoridades destruyen más de 10 toneladas de cigarrillos decomisados en el marco del Plan Anticontrabando

El Gobierno del presidente Nayib Bukele continúa combatiendo las estructuras criminales que afectan las finanzas públicas a través del contrabando. Este martes, las autoridades informaron sobre la destrucción de 7,618,040 unidades de cigarrillos, equivalentes a 10.28 toneladas, con un valor aproximado de 2.1 millones de dólares en impuestos, almacenaje y multas.
El anuncio fue hecho por el ministro de Hacienda, Jerson Posada; el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro; el director general de Aduanas, Benjamín Mayorga; y el fiscal adjunto para la Defensa de los Intereses del Estado, Jonathan Mata. Posada enfatizó que la acción envía “un mensaje claro y firme: en el nuevo El Salvador el crimen no tiene espacio y la ley se respeta”.
La destrucción de los cigarrillos se llevó a cabo en la planta Geocycle, en Metapán, Santa Ana, mediante un proceso ambientalmente seguro.
Esta medida forma parte del Plan Anticontrabando liderado por la Dirección General de Aduanas, que ha permitido importantes decomisos en puntos fronterizos no habilitados y rutas fiscales.
Según Posada, el comercio ilícito de cigarrillos daña a consumidores, comercios legales e industrias establecidas, además de desestabilizar los mercados y generar competencia desleal. La Dirección General de Aduanas continuará ejecutando operativos en coordinación con la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada y la Fiscalía General de la República para prevenir y combatir el contrabando y otros ilícitos aduaneros.