Judicial
Secretario de Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia presenta denuncia en la FGR contra ARENA
La mañana de este miércoles, la Presidencia de la República pidió a las autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) que investiguen un millonario financiamiento a ARENA que pudo proceder del ilícito de lavado de dinero.
El secretario de Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia, Marcos Rodríguez, fue quien puso el aviso en la FGR. Según el documento, son $30 millones que ha recibido ARENA por parte de dos instituciones que podrían haber lavado dinero.
Según Rodríguez, las donaciones fueron hechas por el Centro de Estudios Políticos José Antonio Rodríguez Porth y la Fundación Libertad y Progreso, entre los años 2011 al 2015.
En la denuncia presentada por Rodríguez se manifiesta que el nombre del Centro de Estudios Rodríguez Porth fue previamente mencionado como destinatario de los fondos de Taiwán en el caso del expresidente Francisco Flores.
“Las acciones aquí relacionadas, evadiendo controles, ocultando estados financieros y trasladando fondos de supuestas fundaciones que no están registradas ni en trámite de hacerlo, se infiere que constituyen formas de financiación indebida y presunto lavado de dinero”, reza parte del aviso interpuesto por Rodríguez.
El Centro de Estudios Rodríguez Porth donó al partido ARENA 22 millones 31 mil 316 dólares con 56 centavos; mientras que la Fundación Libertad y Progreso le otorgó al mismo instituto político siete millones 593 mil 435 dólares.
Es por esas cantidades de dinero donadas al partido ARENA presuntamente de forma ilícita, salpicado ya por los escándalos de los expresidentes Francisco Flores y Antonio Saca, que el Gobierno pide la investigación.
Por: El Blog.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
La Fiscalía General de la República (FGR) consiguió que María Antonia Preza fuera condenada a 30 años de cárcel por el homicidio agravado de una bebé recién nacida.
Según las investigaciones, en marzo de 2024, Preza dio a luz en una fosa séptica y no informó a nadie sobre el parto, procediendo a limpiar la escena para eliminar evidencias.
Tres días después, familiares hallaron el cuerpo de la bebé y notificaron a las autoridades. La autopsia reveló que la menor respiró al nacer y murió posteriormente por asfixia debido a la aspiración de heces.
