Judicial
Reclusa de Cárcel de Mujeres condenada a 35 años de prisión es descubierta al esconder un celular al interior de una biblia
Una interna de Cárcel de Mujeres fue llevada nuevamente a los tribunales tras ser delatada que escondía un celular dentro de una biblia cortada y desde el cual realizaba llamadas pese a los bloqueados instalados en el recinto.
Desde 2009, Evelyn V., de 41 años de edad, se encuentra pagando una condena de 35 años por extorsionar a tres personas y con este nuevo proceso su tiempo en prisión podría aumentar.
Según el expediente judicial, la imputada logró mantener escondido el celular durante nueve años, es decir que había mantenido comunicación con el exterior desde que fue trasladada a prisión.
La suerte de Evelyn llegó hasta el 9 de julio de 2018 cuando se encontraba dentro de celda en el sector “D” del centro penal y se anunció una requisa preventiva en la zona por lo cual todas las internas debían de acatar las órdenes de los custodios.
La revisión tenía como único objetivo la zona en la que se encontraba la mujer debido a que otra reclusa la había delatado con un inspector que ella realizaba llamadas y enviaba mensajes desde un celular.
Elementos de seguridad llenaron el lugar y comenzaron a revisar a 43 mujeres. Una de ellas era Evelyn quien al ver que los custodios se acercaban a sus cosas les exigió inmediatamente que no podían tocarle nada y que de hacerlo debían de dejarlo tal y como lo habían encontrado.
La reacción de la reclusa confirmó las sospechas que tenían con ella, por lo que el encargado de la revisión le ordenó a una agente que realizara una revisión exhaustiva en sus pertenencias.
No pasaron muchos segundos para que la tensión en la mujer fuera aún más evidente ya que sabía que al ser descubierta estaría en problemas que complicarían su situación legal.
Su nerviosismo la llevó a decir la verdad aceptando frente a las autoridades que había una biblia en su poder en la cual estaba dentro un teléfono táctil de baja con capacidad de doble chip
El libro sagrado estaba cortado al centro con una cavidad que fue calculada para que el aparato no se notara cuando se cerrara y así evitar sospechas de lo que se escondía.
Tras haber aceptado los hechos, la mujer dijo que el dispositivo móvil no era suyo y que era parte de un favor que había sido obligada a hacerle a otra de las internas.
Sin brindar mayores detalles, Evelyn fue intimada y se le abrió un nuevo proceso judicial bajo el delito de tráfico de objetos prohibidos en centros penitenciarios de detención.
El proceso judicial que enfrenta la mujer es penado de tres a seis años de prisión. De ser encontrada culpable Evelyn aumentaría la condena vigente por la que tendría que salir el 25 de noviembre de 2044.
Una fuente oficial de Centros Penales explicó que la modernización en los centros de reclusión impiden que se ingresen objetos ilícitos y que lo incautado a la reclusa pudo haber rondado años antes desde que la modernización llegara.
«Esto (la modernización) hace que las personas lo piensen dos veces para meter un ilícito por eso a nivel de sistema ha bajado enormemente. Estamos encontrando cosas viejas: batería, cargador, chip. Todo eso es antiguo», explicó.
Con respecto a la señal telefónica, el vocero reafirmó que esta ha sido bloqueada para impedir que los internos no tengan un contacto con el mundo exterior; pero supuso que estos pudieron haber encontrado «un punto ciego» ya que las compañías telefónicas no redireccionan totalmente la señal.
«El bloqueador en sí, puede ser un buen aparato pero pudiese ser que hubiera un punto ciego. Entonces lo que se hace es apostarle más a la tecnología de la seguridad. No es una debilidad del sistema sino de las compañías telefónicas», concluyó.
Gracias a la Fiscalía General de la República (FGR), José Héctor Larín Díaz (rebelde) fue condenado a 10 años de cárcel por tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
Larín Díaz fue capturado el 11 de febrero de 2025, en el barrio Concepción, del distrito de El Tránsito, en San Miguel.
Al momento de la detención, el sujeto portaba un revolver y al realizarle una prueba toxicológica se le detectaron 66 grados de alcohol en la sangre.
Inicialmente el Juzgado de Paz de El Tránsito, San Miguel, absolvió al procesado y tras una apelación realizada por la FGR otro juez del mismo juzgado condenó a Larín Díaz a 10 años de cárcel.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
