Judicial
Reclusa de Cárcel de Mujeres condenada a 35 años de prisión es descubierta al esconder un celular al interior de una biblia
Una interna de Cárcel de Mujeres fue llevada nuevamente a los tribunales tras ser delatada que escondía un celular dentro de una biblia cortada y desde el cual realizaba llamadas pese a los bloqueados instalados en el recinto.
Desde 2009, Evelyn V., de 41 años de edad, se encuentra pagando una condena de 35 años por extorsionar a tres personas y con este nuevo proceso su tiempo en prisión podría aumentar.
Según el expediente judicial, la imputada logró mantener escondido el celular durante nueve años, es decir que había mantenido comunicación con el exterior desde que fue trasladada a prisión.
La suerte de Evelyn llegó hasta el 9 de julio de 2018 cuando se encontraba dentro de celda en el sector “D” del centro penal y se anunció una requisa preventiva en la zona por lo cual todas las internas debían de acatar las órdenes de los custodios.
La revisión tenía como único objetivo la zona en la que se encontraba la mujer debido a que otra reclusa la había delatado con un inspector que ella realizaba llamadas y enviaba mensajes desde un celular.
Elementos de seguridad llenaron el lugar y comenzaron a revisar a 43 mujeres. Una de ellas era Evelyn quien al ver que los custodios se acercaban a sus cosas les exigió inmediatamente que no podían tocarle nada y que de hacerlo debían de dejarlo tal y como lo habían encontrado.
La reacción de la reclusa confirmó las sospechas que tenían con ella, por lo que el encargado de la revisión le ordenó a una agente que realizara una revisión exhaustiva en sus pertenencias.
No pasaron muchos segundos para que la tensión en la mujer fuera aún más evidente ya que sabía que al ser descubierta estaría en problemas que complicarían su situación legal.
Su nerviosismo la llevó a decir la verdad aceptando frente a las autoridades que había una biblia en su poder en la cual estaba dentro un teléfono táctil de baja con capacidad de doble chip
El libro sagrado estaba cortado al centro con una cavidad que fue calculada para que el aparato no se notara cuando se cerrara y así evitar sospechas de lo que se escondía.
Tras haber aceptado los hechos, la mujer dijo que el dispositivo móvil no era suyo y que era parte de un favor que había sido obligada a hacerle a otra de las internas.
Sin brindar mayores detalles, Evelyn fue intimada y se le abrió un nuevo proceso judicial bajo el delito de tráfico de objetos prohibidos en centros penitenciarios de detención.
El proceso judicial que enfrenta la mujer es penado de tres a seis años de prisión. De ser encontrada culpable Evelyn aumentaría la condena vigente por la que tendría que salir el 25 de noviembre de 2044.
Una fuente oficial de Centros Penales explicó que la modernización en los centros de reclusión impiden que se ingresen objetos ilícitos y que lo incautado a la reclusa pudo haber rondado años antes desde que la modernización llegara.
«Esto (la modernización) hace que las personas lo piensen dos veces para meter un ilícito por eso a nivel de sistema ha bajado enormemente. Estamos encontrando cosas viejas: batería, cargador, chip. Todo eso es antiguo», explicó.
Con respecto a la señal telefónica, el vocero reafirmó que esta ha sido bloqueada para impedir que los internos no tengan un contacto con el mundo exterior; pero supuso que estos pudieron haber encontrado «un punto ciego» ya que las compañías telefónicas no redireccionan totalmente la señal.
«El bloqueador en sí, puede ser un buen aparato pero pudiese ser que hubiera un punto ciego. Entonces lo que se hace es apostarle más a la tecnología de la seguridad. No es una debilidad del sistema sino de las compañías telefónicas», concluyó.
Judicial
Exempleado de banco enfrenta cargos por hurto informático: sustrajo más de $1,000 de cuenta de clienta en Santa Ana
El Juzgado Segundo de Paz de Santa Ana decretó instrucción formal con detención provisional contra Bryan Ariel Méndez Flores, de 26 años, acusado del delito de hurto por medios informáticos en perjuicio de una clienta identificada como Gladis P., y de forma subsidiaria contra la institución bancaria donde laboraba.
De acuerdo con la acusación fiscal, el imputado se valió de su posición como asesor comercial del banco para obtener datos de la víctima y realizar transacciones no autorizadas, logrando sustraer más de $1,000 en total.
Cómo ocurrieron los hechos
La investigación inició el 27 de mayo de 2024, cuando la Gerencia de Seguridad de la entidad financiera reportó irregularidades en la cuenta de la clienta: cambio de contraseña de banca en línea, registro de nuevos dispositivos y activación de clave dinámica, gestiones que la afectada negó haber solicitado o autorizado.
Las pesquisas internas revelaron que el número telefónico vinculado a los dispositivos pertenecía a Méndez Flores, quien había atendido personalmente a la clienta en al menos cuatro ocasiones.
Las cámaras de videovigilancia captaron el momento en que, el 22 de abril de 2024, la víctima entregó su tarjeta de débito al imputado para una gestión. En las imágenes se observa cómo este anotó datos de la tarjeta en un papel antes de devolvérsela.
Minutos después se registró un nuevo dispositivo para acceder a la banca en línea. Desde ese dispositivo se realizó una transferencia electrónica por $417.
Posteriormente, el 13 de mayo se registró otro dispositivo y se efectuaron dos retiros sin tarjeta de $250 cada uno en un cajero automático. La persona que realizó las operaciones utilizaba casco de motocicleta y mascarilla para evitar su identificación. Un tercer retiro por $200 se registró el 25 de mayo.
Al ser consultada, la clienta manifestó desconocer todas estas transacciones, por lo que el banco procedió a bloquear de forma definitiva la tarjeta, el usuario de banca en línea y los dispositivos vinculados.
Medidas judiciales
Tras las pruebas presentadas, el Juzgado Segundo de Paz de Santa Ana ordenó la detención provisional de Méndez Flores mientras se desarrolla la etapa de instrucción.
Judicial
¡Condena insuficiente en Ciudad Delgado! 25 años de prisión por abusar de una mujer ebria y prenderle fuego en sus genitales
Un juez condenó a 25 años de prisión a Carlos Geovanni Castillo Clavel por el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa, tras abusar sexualmente de una mujer en estado de ebriedad y luego rociarla con gasolina para prenderle fuego en Ciudad Delgado, San Salvador.
De acuerdo con la investigación de Centros Judiciales El Salvador (CJES), la víctima y el agresor se conocían desde hacía varios años. Los hechos ocurrieron en la madrugada del 26 de septiembre de 2025, en una vivienda de la colonia San Fernando, donde departían junto a una acompañante.
“Castillo Clavel, aprovechando que la víctima permanecía dormida, abusó de ella. Cuando esta recuperó el conocimiento e intentó retirarse, el agresor la detuvo por la fuerza, la amenazó con quemarla y luego roció gasolina sobre sus piernas y área genital, prendiéndole fuego con un encendedor”, detalló CJES.
La acompañante de la víctima despertó por los gritos, salió de la casa en llamas, pero regresó valientemente para rescatarla. La mujer sufrió quemaduras de segundo grado en el 25% de su cuerpo, lesiones compatibles con abuso sexual y permaneció hospitalizada más de un mes, con su vida en riesgo, según informes del Instituto de Medicina Legal (IML).
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación contra las Mujeres de San Salvador consideró en su sentencia que el agresor ejerció violencia previa y violencia simbólica al atacar específicamente el área genital de la víctima. Sin embargo, la intervención oportuna de la tercera persona fue clave para evitar una tragedia fatal.
Esta condena ha generado cuestionamientos sobre la proporcionalidad de las penas en casos de extrema violencia contra las mujeres en El Salvador.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que Víctor Manuel Benítez Lazo fuera condenado a 25 años de prisión por asesinar al esposo de su amante en San Miguel.
El crimen por el que fue declarado culpable el empresario migueleño ocurrió el 7 de junio de 2025.
La investigación fiscal estableció que el procesado y Rubidia de los Ángeles Castro Zúniga -ya condenada-, mantenía una relación extramarital. Ambos planearon y ejecutaron el homicidio.
Castro Zúniga contrajo matrimonio con la víctima el 29 de marzo de 2025. El día del crimen, con engaños llevó a su esposo hasta una calle rústica que conduce al cantón El Pilón y Loma Larga, en La Unión, donde la mujer y el procesado le dispararon en la cabeza. Posteriormente trasladaron a la víctima hasta un negocio propiedad de Benítez Lazo, ubicado a inmediaciones del puente Luis de Moscos, en la ciudad de San Miguel.
En el lugar se percataron de que la víctima aún estaba con vida, por lo que la asfixiaron hasta causarle la muerte y luego la enterraron en una fosa clandestina.
La víctima fue reportada como desaparecida por su esposa el 10 de junio de 2025.
El 11 de julio de 2025, Castro Zúniga se sometió a un proceso abreviado en el Juzgado Segundo de Paz de San Miguel, donde fue sentenciada a 10 años de prisión por desaparición de personas y a 15 años por homicidio agravado. En total deberá cumplir 25 años de cárcel.
Benítez Lazo era el propietario de una empresa de venta de repuestos y fue condenado por homicidio simple por el Tribunal Primero de Sentencia del distrito de San Miguel.
