Judicial
Reclusa de Cárcel de Mujeres condenada a 35 años de prisión es descubierta al esconder un celular al interior de una biblia
Una interna de Cárcel de Mujeres fue llevada nuevamente a los tribunales tras ser delatada que escondía un celular dentro de una biblia cortada y desde el cual realizaba llamadas pese a los bloqueados instalados en el recinto.
Desde 2009, Evelyn V., de 41 años de edad, se encuentra pagando una condena de 35 años por extorsionar a tres personas y con este nuevo proceso su tiempo en prisión podría aumentar.
Según el expediente judicial, la imputada logró mantener escondido el celular durante nueve años, es decir que había mantenido comunicación con el exterior desde que fue trasladada a prisión.
La suerte de Evelyn llegó hasta el 9 de julio de 2018 cuando se encontraba dentro de celda en el sector “D” del centro penal y se anunció una requisa preventiva en la zona por lo cual todas las internas debían de acatar las órdenes de los custodios.
La revisión tenía como único objetivo la zona en la que se encontraba la mujer debido a que otra reclusa la había delatado con un inspector que ella realizaba llamadas y enviaba mensajes desde un celular.
Elementos de seguridad llenaron el lugar y comenzaron a revisar a 43 mujeres. Una de ellas era Evelyn quien al ver que los custodios se acercaban a sus cosas les exigió inmediatamente que no podían tocarle nada y que de hacerlo debían de dejarlo tal y como lo habían encontrado.
La reacción de la reclusa confirmó las sospechas que tenían con ella, por lo que el encargado de la revisión le ordenó a una agente que realizara una revisión exhaustiva en sus pertenencias.
No pasaron muchos segundos para que la tensión en la mujer fuera aún más evidente ya que sabía que al ser descubierta estaría en problemas que complicarían su situación legal.
Su nerviosismo la llevó a decir la verdad aceptando frente a las autoridades que había una biblia en su poder en la cual estaba dentro un teléfono táctil de baja con capacidad de doble chip
El libro sagrado estaba cortado al centro con una cavidad que fue calculada para que el aparato no se notara cuando se cerrara y así evitar sospechas de lo que se escondía.
Tras haber aceptado los hechos, la mujer dijo que el dispositivo móvil no era suyo y que era parte de un favor que había sido obligada a hacerle a otra de las internas.
Sin brindar mayores detalles, Evelyn fue intimada y se le abrió un nuevo proceso judicial bajo el delito de tráfico de objetos prohibidos en centros penitenciarios de detención.
El proceso judicial que enfrenta la mujer es penado de tres a seis años de prisión. De ser encontrada culpable Evelyn aumentaría la condena vigente por la que tendría que salir el 25 de noviembre de 2044.
Una fuente oficial de Centros Penales explicó que la modernización en los centros de reclusión impiden que se ingresen objetos ilícitos y que lo incautado a la reclusa pudo haber rondado años antes desde que la modernización llegara.
«Esto (la modernización) hace que las personas lo piensen dos veces para meter un ilícito por eso a nivel de sistema ha bajado enormemente. Estamos encontrando cosas viejas: batería, cargador, chip. Todo eso es antiguo», explicó.
Con respecto a la señal telefónica, el vocero reafirmó que esta ha sido bloqueada para impedir que los internos no tengan un contacto con el mundo exterior; pero supuso que estos pudieron haber encontrado «un punto ciego» ya que las compañías telefónicas no redireccionan totalmente la señal.
«El bloqueador en sí, puede ser un buen aparato pero pudiese ser que hubiera un punto ciego. Entonces lo que se hace es apostarle más a la tecnología de la seguridad. No es una debilidad del sistema sino de las compañías telefónicas», concluyó.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que cinco exdirectivos de la Corporación Argoz, S. A. de C. V. enfrentarán un nuevo proceso penal por el delito de estafa agravada, tras haber defraudado a 18 víctimas con un monto total de $67,687.
Durante la audiencia inicial, el Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de San Salvador ordenó la detención provisional de Rodrigo Javier Gómez Farfán, Leticia Farfán de Gómez, Mónica Ivette Sanabria Duarte, Javier Orlando Martínez Henríquez y Edwin Omar Rivera López.
De acuerdo con la acusación fiscal, la empresa Argoz promovía proyectos de lotificación en distintas zonas del país, especialmente en áreas rurales, sin contar con los permisos legales requeridos ni estar supervisada por autoridades competentes.
Según la investigación, los terrenos eran comercializados con la promesa de entregar escrituras públicas una vez cancelado el valor total de la parcela. Sin embargo, la sociedad nunca cumplió con dicho compromiso, dejando a los compradores sin respaldo legal sobre sus propiedades.
#Audiencia I La @FGR_SV responde a otras 18 víctimas en el #CasoARGOZ, quienes fueron estafadas por exdirectivos de la Corporación ARGOZ, S.A. de C.V. con un monto de $67,687.00.
Este día, se lleva a cabo la audiencia inicial en el Tribunal 3° contra el Crimen Organizado de San… pic.twitter.com/XKxCEW0LPc
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) July 21, 2025
El caso específico involucra la lotificación Santa Cecilia, ubicada en el cantón Los Zacatillos, municipio de San Juan Nonualco, en el departamento de La Paz, donde se realizaron las ventas desde el año 2016.
La Fiscalía continúa con la recopilación de pruebas documentales y testimoniales que refuercen la acusación, mientras las víctimas esperan que se les restituya su patrimonio y se haga justicia.
Judicial
Juzgado ordena detención provisional para guatemalteco acusado de atropellar a niña en Ahuachapán
El Juzgado Segundo de Paz de Ahuachapán decretó la detención provisional del ciudadano guatemalteco Jasson José Herrera Orozco, acusado de atropellar a una niña de 9 años cuando se dirigía a su centro escolar. El imputado enfrentará el proceso judicial desde prisión, según lo resolvió la instancia judicial en audiencia inicial.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Herrera Orozco de los delitos de lesiones culposas y conducción peligrosa de vehículos automotores, tras embestir a la menor Ivania en el kilómetro 114 de la carretera que conduce hacia la frontera Las Chinamas, el pasado 4 de julio.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, el conductor se dio a la fuga tras el incidente, sin brindar asistencia a la víctima. El atropello fue captado por cámaras de videovigilancia de la zona, además de ser registrado por testigos que se encontraban en el lugar.
Debido a la gravedad de las heridas, la niña fue trasladada en helicóptero hacia el Hospital Benjamín Bloom, en San Salvador, donde continúa recibiendo atención médica especializada.
Herrera Orozco fue detenido días después en el cantón San Jerónimo, distrito de Metapán, Santa Ana, en un punto fronterizo, cuando presuntamente intentaba salir del país para evadir la acción de la justicia salvadoreña.
El Ministerio Público presentó las pruebas iniciales ante el juzgado, incluyendo los registros audiovisuales y testimonios, que evidencian la conducta del imputado al momento del incidente.
La defensa solicitó medidas sustitutivas a la detención, pero el juzgado consideró que existía riesgo de fuga, por lo que ordenó que Herrera Orozco continúe en prisión preventiva mientras se desarrolla la fase de instrucción del caso.
La FGR indicó que continuará recabando pruebas técnicas y periciales para fortalecer la acusación en la siguiente etapa del proceso.
El caso ha generado indignación en la comunidad local, donde vecinos y familiares de la víctima exigen justicia y una sanción ejemplar para el responsable del hecho.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó un requerimiento contra el ciudadano guatemalteco Jasson José Herrera Orozco, acusado de lesiones culposas y conducción peligrosa de vehículo automotor, tras atropellar a una niña de nueve años en Ahuachapán.
Según el expediente fiscal, el hecho ocurrió el pasado 4 de julio en el kilómetro 114 de la carretera a Las Chinamas, cuando la menor cruzaba la vía para dirigirse a su centro escolar. Tras el atropello, el imputado intentó huir hacia Guatemala.
El Juzgado Segundo de Paz de Ahuachapán ha programado la audiencia inicial para el próximo 21 de julio.
