Judicial
Reclusa de Cárcel de Mujeres condenada a 35 años de prisión es descubierta al esconder un celular al interior de una biblia
Una interna de Cárcel de Mujeres fue llevada nuevamente a los tribunales tras ser delatada que escondía un celular dentro de una biblia cortada y desde el cual realizaba llamadas pese a los bloqueados instalados en el recinto.
Desde 2009, Evelyn V., de 41 años de edad, se encuentra pagando una condena de 35 años por extorsionar a tres personas y con este nuevo proceso su tiempo en prisión podría aumentar.
Según el expediente judicial, la imputada logró mantener escondido el celular durante nueve años, es decir que había mantenido comunicación con el exterior desde que fue trasladada a prisión.
La suerte de Evelyn llegó hasta el 9 de julio de 2018 cuando se encontraba dentro de celda en el sector “D” del centro penal y se anunció una requisa preventiva en la zona por lo cual todas las internas debían de acatar las órdenes de los custodios.
La revisión tenía como único objetivo la zona en la que se encontraba la mujer debido a que otra reclusa la había delatado con un inspector que ella realizaba llamadas y enviaba mensajes desde un celular.
Elementos de seguridad llenaron el lugar y comenzaron a revisar a 43 mujeres. Una de ellas era Evelyn quien al ver que los custodios se acercaban a sus cosas les exigió inmediatamente que no podían tocarle nada y que de hacerlo debían de dejarlo tal y como lo habían encontrado.
La reacción de la reclusa confirmó las sospechas que tenían con ella, por lo que el encargado de la revisión le ordenó a una agente que realizara una revisión exhaustiva en sus pertenencias.
No pasaron muchos segundos para que la tensión en la mujer fuera aún más evidente ya que sabía que al ser descubierta estaría en problemas que complicarían su situación legal.
Su nerviosismo la llevó a decir la verdad aceptando frente a las autoridades que había una biblia en su poder en la cual estaba dentro un teléfono táctil de baja con capacidad de doble chip
El libro sagrado estaba cortado al centro con una cavidad que fue calculada para que el aparato no se notara cuando se cerrara y así evitar sospechas de lo que se escondía.
Tras haber aceptado los hechos, la mujer dijo que el dispositivo móvil no era suyo y que era parte de un favor que había sido obligada a hacerle a otra de las internas.
Sin brindar mayores detalles, Evelyn fue intimada y se le abrió un nuevo proceso judicial bajo el delito de tráfico de objetos prohibidos en centros penitenciarios de detención.
El proceso judicial que enfrenta la mujer es penado de tres a seis años de prisión. De ser encontrada culpable Evelyn aumentaría la condena vigente por la que tendría que salir el 25 de noviembre de 2044.
Una fuente oficial de Centros Penales explicó que la modernización en los centros de reclusión impiden que se ingresen objetos ilícitos y que lo incautado a la reclusa pudo haber rondado años antes desde que la modernización llegara.
«Esto (la modernización) hace que las personas lo piensen dos veces para meter un ilícito por eso a nivel de sistema ha bajado enormemente. Estamos encontrando cosas viejas: batería, cargador, chip. Todo eso es antiguo», explicó.
Con respecto a la señal telefónica, el vocero reafirmó que esta ha sido bloqueada para impedir que los internos no tengan un contacto con el mundo exterior; pero supuso que estos pudieron haber encontrado «un punto ciego» ya que las compañías telefónicas no redireccionan totalmente la señal.
«El bloqueador en sí, puede ser un buen aparato pero pudiese ser que hubiera un punto ciego. Entonces lo que se hace es apostarle más a la tecnología de la seguridad. No es una debilidad del sistema sino de las compañías telefónicas», concluyó.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
