Judicial
Pandilleros de San Pedro Perulapán condenados por privación de libertad
Tres miembros de una estructura terrorista utilizando la fuerza y un arma de fuego, obligaron a la víctima bajarse de un bus del transporte colectivo con el propósito de llevárselo con rumbo desconocido, pero al oponerse le hicieron varios disparos de los cuales ninguno le impactaron logrando huir del lugar.
Por esa acción criminal, calificada por Fiscales de la Unidad de Vida de la oficina de Cojutepeque como Privación de Libertad fueron condenados a cinco años de prisión los terroristas, Miguel Ángel Vásquez Martínez y Víctor Manuel Méndez Joaquín.
La víctima bajo el régimen de protección e identificada como “Jericó”, el 8 de agosto de 2019, como a las 3:00 de la tarde, se conducía al interior de un autobús que circulaba en la calle principal que conduce al cantón Tecoluco, del municipio de San Pedro Perulapán, cuando fue sorprendido por los pandilleros.
La prueba testimonial estableció que “Jericó” fue tomado del cuello y amenazado con un arma corta de fuego para que accediera a abandonar el autobús.
Cuando yacían sobre la calle intentó huir y fue cuando uno de los sujetos le disparó en varias ocasiones a la altura de la cabeza. En el forcejeo logró botarle el arma de fuego, y también consiguió soltarse de los otros dos pandilleros y emprendió la fuga. En el trayecto le dispararon varias veces, pero logró evadir los disparos.
Aunado a las otras evidencias periciales y documentales vertidas en el juicio uno de los jueces de sentencia de Cojutepeque les impuso 5 años de prisión.
El delito de Privación de Libertad está sancionado en el Artículo 148 del Código Penal con una pena de cárcel que oscila entre los 3 a 6 años.
Judicial
Pareja que agarró a patadas a agentes de tránsito por una multa, deberá acudir a terapia sicológica
Josué Misael M. y Ana María B. M. fueron condenados a un año de suspensión condicional del proceso tras agredir física y verbalmente a agentes de tránsito el pasado domingo.
Los hechos ocurrieron cuando los agentes procedieron a multar a la pareja por obstruir el paso frente a un garaje. Al intentar retirar las placas del vehículo, los imputados reaccionaron de manera violenta, propinando patadas a los agentes e insultándolos.
Ante estos hechos, las autoridades procedieron a la detención de ambos. Posteriormente, el Juzgado Segundo de Paz de San Martín celebró una audiencia en la que los imputados aceptaron los cargos por el delito de resistencia.
Como parte de la sentencia, el juez impuso a la pareja reglas de conducta, entre ellas la obligación de asistir a terapia psicológica para el control de la ira y la prohibición de cambiar de domicilio.
Judicial
Tribunal condena a Erick Sánchez a 35 años de cárcel por homicidio agravado en San Salvador
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 35 años de prisión a Erick Daniel Sánchez Liévano por el delito de homicidio agravado en perjuicio de Ana A. Asimismo, lo condenó al pago de la responsabilidad civil en abstracto.
El hecho ocurrió en San Salvador el 16 de febrero de 2019, en horas de la mañana. Uno de los testigos declaró haber recibido una llamada telefónica de su madre, quien le informó que la habían subido a un vehículo y luego la comunicación se cortó. Posteriormente, un sujeto llamó exigiéndole 10 mil dólares o, de lo contrario, matarían a su madre. El familiar llamó inmediatamente al Sistema de Emergencias 911 para denunciar el secuestro.
Ese mismo día, a las 4:30 de la tarde, el testigo recibió otra llamada donde le reiteraron que no se trataba de una broma. A la mañana siguiente, volvieron a llamar para comunicarles que el plazo había vencido.
Luego de localizar el cuerpo, la autopsia determinó que Ana falleció el 16 de febrero y que presentaba heridas por arma blanca en el cuello, tórax y abdomen.
Al momento de la captura de Sánchez, se le incautaron dos teléfonos celulares. Se demostró que uno de los números telefónicos estuvo en el lugar del hecho y que fue utilizado para realizar las llamadas a los familiares de la víctima, exigiendo el pago del rescate.
La Fiscalía General de la República logró que la Cámara Ambiental de Santa Tecla admitiera la totalidad de las pruebas presentadas en contra del exdiputado del FMLN Guillermo Francisco Mata Bennet y sus dos hijos, procesados por enriquecimiento ilícito, al no poder justificar el incremento de su patrimonio por un monto de $271,314.75 dólares.
A Mata Bennet, que fungió como diputado en los periodos 2012-2015 y 2015-2018, se le señalan inconsistencias por un monto de $13,270.00 dólares.
A Guillermo Eduardo Mata Mayorga, se le señalan $251,685.80 dólares.
A Jorge Alberto Mata Mayorga, se le reclaman $6,358.85 dólares. En total, son 15 irregularidades en depósitos bancarios, pago de préstamos hipotecarios, pago de tarjetas de crédito, compra de vehículos, entre otros, que no pudieron justificar.
