Judicial
Pandilleros de San Pedro Perulapán condenados por privación de libertad
Tres miembros de una estructura terrorista utilizando la fuerza y un arma de fuego, obligaron a la víctima bajarse de un bus del transporte colectivo con el propósito de llevárselo con rumbo desconocido, pero al oponerse le hicieron varios disparos de los cuales ninguno le impactaron logrando huir del lugar.
Por esa acción criminal, calificada por Fiscales de la Unidad de Vida de la oficina de Cojutepeque como Privación de Libertad fueron condenados a cinco años de prisión los terroristas, Miguel Ángel Vásquez Martínez y Víctor Manuel Méndez Joaquín.
La víctima bajo el régimen de protección e identificada como “Jericó”, el 8 de agosto de 2019, como a las 3:00 de la tarde, se conducía al interior de un autobús que circulaba en la calle principal que conduce al cantón Tecoluco, del municipio de San Pedro Perulapán, cuando fue sorprendido por los pandilleros.
La prueba testimonial estableció que “Jericó” fue tomado del cuello y amenazado con un arma corta de fuego para que accediera a abandonar el autobús.
Cuando yacían sobre la calle intentó huir y fue cuando uno de los sujetos le disparó en varias ocasiones a la altura de la cabeza. En el forcejeo logró botarle el arma de fuego, y también consiguió soltarse de los otros dos pandilleros y emprendió la fuga. En el trayecto le dispararon varias veces, pero logró evadir los disparos.
Aunado a las otras evidencias periciales y documentales vertidas en el juicio uno de los jueces de sentencia de Cojutepeque les impuso 5 años de prisión.
El delito de Privación de Libertad está sancionado en el Artículo 148 del Código Penal con una pena de cárcel que oscila entre los 3 a 6 años.
Internacionales
Guatemala extradita a El Salvador al empresario Jorge Leonel Gaitán Paredes por hurto agravado
La Policía Nacional de Guatemala, con apoyo de INTERPOL, entregó a las autoridades salvadoreñas al empresario Jorge Leonel Gaitán Paredes, de 67 años, requerido por el delito de hurto agravado.
La extradición se realizó en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Tercero de Sentencia Penal de Guatemala, emitida el 5 de marzo, tras la solicitud de la Fiscalía General de la República de El Salvador. Gaitán Paredes había estado recluido en la cárcel Mariscal Zavala y, una vez resuelta su situación legal en Guatemala, fue trasladado a través de la frontera de Valle Nuevo, donde fue recibido por agentes de INTERPOL de El Salvador.
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador declaró culpable a Edwin Mauricio Alvarado Lazo, por los delitos de feminicidio agravado y agresión sexual en menor e incapaz, imponiéndole una condena de 66 años de cárcel.
De acuerdo con la confesión presentada ante la jueza, el 9 de octubre de 2023 la víctima de 7 años, pasaba frente a la vivienda del procesado, quien la llamó e hizo ingresar.
Una vez dentro, la asfixió mientras estaba sentada en un sofá y posteriormente la agredió físicamente.
Más tarde, introdujo el cuerpo en un saco y lo abandonó en un área verde del reparto La Campanera.
Durante la vista pública, testigos relataron que previamente habían tenido altercados con el imputado por su conducta indebida hacia menores de la zona.
El juzgado identificó la misoginia y el desprecio hacia las mujeres en las acciones del condenado al atacar a una menor de edad y desechar su cuerpo.
La Fiscalía General de la República informó que el exministro de Turismo, José Napoleón Duarte Durán, y su grupo familiar enfrentarán audiencia probatoria por presunto enriquecimiento ilícito por un total de $572,015.22.
Duarte Durán ocupó cargos públicos entre 2009 y 2019, incluyendo ministro de Turismo, presidente de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur) y director del Consejo Salvadoreño del Café.
Durante ese período, la Fiscalía detectó 72 irregularidades patrimoniales en Duarte Durán y su familia que no pudieron justificar. Entre las inconsistencias se incluyen depósitos en cuentas corrientes, pagos con tarjetas de crédito y diferencias entre ingresos y egresos.
Por separado, a su esposa María Cristina Benítez de Duarte se le detectaron cuatro irregularidades por $79,344.53; a su hijo José Napoleón Duarte Benítez, 23 irregularidades por $218,904.74; a su hija María Cristina Duarte de González, 9 irregularidades por $64,919.42; y a Juan Carlos Duarte Benítez, 15 irregularidades por $82,762.53.
La audiencia preparatoria se realizó en la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador, que admitió toda la prueba documental y pericial presentada por la Fiscalía.
