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Judicial

Hombre vivió las tres horas más aflictivas de su vida al ser secuestros por sujetos que le robaron su motocicleta

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Un hombre vivió las tres peores horas de su vida a manos de sujetos que tras robarle su motocicleta lo mantuvieron privado de libertad dentro de una vivienda de lámina ubicada en una colonia del sur del municipio de San Salvador.

Reynaldo (nombre modificado por seguridad) salió a realizar unas diligencias que no pudo cumplir debido a que tres sujetos armados lo interceptaron cuando se desplazaba por la calle que lo sacaba de su lugar de residencia.

Eran las 10:00 de la mañana del 21 de febrero del 2018, cuando el calvario de la víctima inició ya que sus victimarios lo obligaron a bajarse de la moto para que ingresara a un vehículo polarizado.

Las ordenes dadas por los delincuentes que lo apuntaban con armas de fuego fueron obedecidas por Reynaldo quien les entregó el caso que portaba y los documentos de la motocicleta que se llevó uno de ellos.

Los otros dos asaltantes se introdujeron al carro que emprendió la marcha hacia un lugar desconocido; recorrieron varios kilómetros hasta que salieron de la carretera y a unos 200 metros se detuvieron en un lugar desolado.

Al bajarse del carro, Reynaldo vio a otros hombres fuertemente armados quienes lo obligaron a ingresar a una casa que había sido elaborada con lámina. Los captores despojaron de su ropa al motociclista quien no entendía lo que estaba sucediendo.

Sentado en una silla en medio de la oscuridad, la víctima logró observar como uno de los delincuentes revisaba la cartera con sus documentos de la cual extrajo los únicos $30 que portaba.

A criterio del motociclista, el lugar estaba diseñado especialmente para mantener en cautiverio a personas ya que solamente había una mesa, cuatro sillas, una hamaca y poca ropa tirada en el piso de tierra.

Conforme pasaba el tiempo, el temor se comenzó a apoderar del ofendido quien seguía sin tener certeza de lo que ocurría. La agonía llegó cuando escuchó la orden para traer picos, palas y azadones. En ese momento sintió que sería su fin.

Cuando los secuaces salieron a cumplir con la orden del cabecilla del grupo una llamada cayó en su celular: “¿Qué hacemos con este?”, consultó. La respuesta no fue escuchada por Reynaldo. Sin embargo al finalizar la llamada se le ordenó vestirse y salir del lugar.

Incluso, antes de salir de la vivienda uno de los delincuentes le recomendó que debía de buscar un pick up que realizaba viajes hasta el centro del municipio de Soyapango. Además, le advirtieron que no tenía que decir nada a nadie sobre lo sucedido.

No obstante, pasado el peligro Reynaldo no estaba dispuesto a quedarse callado por el robo de su motocicleta y toda la tortura vivida por lo que procedió con la denuncia a las autoridades correspondientes.

Con la declaración, se logró identificar a tres de los implicados quienes responden a los nombres de Jairo José F., alias “el coqueto”, de 22 años de edad, y Juan C., de 22. Quienes fueron capturados posteriormente.

El proceso judicial llegó al juzgado Tercero de Sentencia de San Salvador donde los imputados esperan la vista pública, fijada para el 26 de noviembre del presente año, en la cual se determinará su participación y responsabilidad por los delitos de robo de vehículo y privación de libertad.

Foto Referencia. 

Por El Salvador Times.

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Judicial

Arranca juicio por asesinato de periodistas holandeses

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Este martes se instaló en el Juzgado de Primera Instancia de Dulce Nombre de María el juicio contra tres ex altos mandos militares salvadoreños, acusados del asesinato de cuatro periodistas holandeses durante una emboscada ocurrida el 17 de marzo de 1982, en plena guerra civil.

Se trata del primer juicio con jurado en el país por crímenes de guerra, y marca un hito en los esfuerzos de justicia transicional en El Salvador.

Los imputados son José Guillermo García, exministro de la Defensa (91 años); Francisco Morán, exdirector de la extinta Policía de Hacienda (93); y Mario Adalberto Reyes Mena, excomandante de la Cuarta Brigada de Infantería en Chalatenango (85). Según las investigaciones, los tres habrían tenido participación directa o conocimiento previo del ataque perpetrado en el caserío La Lomona, jurisdicción de Santa Rita.

Las víctimas —Koos Jacobus Andries Koster, Jan Cornelius Kuiper Joop, Hans Lodewijk Ter Laag y Hohannes Jan Wilemsen— trabajaban para la televisora holandesa Ikon TV. El día de su asesinato se dirigían hacia un campamento guerrillero del FMLN, con el propósito de realizar un reportaje sobre el conflicto armado salvadoreño. Fueron emboscados y ejecutados mientras eran guiados por miembros del movimiento insurgente.

El caso fue reabierto en 2018, luego de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional la Ley de Amnistía de 1993, que había protegido durante décadas a responsables de graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado.

La Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas, en su informe de 1993, concluyó que el crimen fue resultado de «una emboscada planificada» por el coronel Reyes Mena, con el conocimiento de otros mandos militares.

Durante la apertura del juicio, se leyeron declaraciones de familiares de las víctimas. Saskia ter Laag, hermana de Hans Lodewijk, expresó su esperanza de que, más de cuatro décadas después, finalmente se conozca la verdad:

“Para mí y para mis seres queridos, lo más importante es obtener la respuesta a la pregunta: ¿Por qué motivo tuvieron que ser ejecutados?”, dijo.

El juicio es observado de cerca tanto por organizaciones nacionales como internacionales, que consideran este proceso un paso decisivo para romper la impunidad que ha rodeado los crímenes de la guerra civil salvadoreña.

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Judicial

Mujer fue asesinada y calcinada por su pareja en Usulután

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Luis René Rivera González enfrenta cargos por feminicidio agravado, acusado de haber asesinado a su compañera de vida a golpes en la cabeza y posteriormente incinerar el cuerpo para intentar ocultar el crimen, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).

El hecho ocurrió el pasado 13 de marzo en un terreno baldío ubicado sobre la carretera a Punta Mango, en el caserío La Vaca, cantón El Zope, distrito de Jucuarán, Usulután.

De acuerdo con las investigaciones fiscales, tras cometer el homicidio, Rivera González regresó a su vivienda en Chirilagua, San Miguel, y minutos más tarde volvió a la escena del crimen para prender fuego al cadáver.

La desaparición de la víctima fue reportada por familiares el 21 de abril. Gracias a las diligencias realizadas por la FGR, el cuerpo fue localizado el 30 de abril. La institución también señaló que la mujer había sido víctima de un ciclo de violencia por parte del acusado.

Rivera González fue capturado mediante orden administrativa el 15 de mayo. La FGR ha solicitado al Juzgado de Paz de Chirilagua que el proceso avance a la etapa de instrucción con régimen de detención provisional mientras continúan las investigaciones.

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Judicial

Mujer es acusada de homicidio agravado por la muerte de su pareja y otro hombre en San Miguel

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La Fiscalía General de la República (FGR) presentó un requerimiento ante el Juzgado Tercero de Paz de San Miguel en contra de Dilcia Alejandra Navarro Umaña, acusada del delito de homicidio agravado en perjuicio de dos hombres, entre ellos su compañero de vida.

Según el informe fiscal, los hechos ocurrieron luego de una reunión en la que Navarro Umaña, su pareja sentimental, de 39 años, y un amigo de ambos, compartían bebidas alcohólicas. Durante el encuentro surgió una discusión que continuó cuando los tres se trasladaron a la vivienda de la pareja.

“Al llegar a la casa, los dos hombres comenzaron a pelear. En ese momento, la mujer tomó un cuchillo e hirió de gravedad a ambos. Una tercera persona que intentó intervenir resultó con lesiones leves”, detalló la FGR en su comunicado oficial.

La pareja de Navarro Umaña falleció en el lugar a causa de dos heridas en el tórax y una en el cuello, mientras que el otro hombre fue trasladado al Hospital San Juan de Dios, donde murió la mañana del 19 de mayo mientras recibía atención médica.

El Ministerio Público ha solicitado al juzgado que se decrete detención provisional contra la acusada y que el caso pase a la fase de instrucción, mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.

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