Judicial
Hombre vivió las tres horas más aflictivas de su vida al ser secuestros por sujetos que le robaron su motocicleta
Un hombre vivió las tres peores horas de su vida a manos de sujetos que tras robarle su motocicleta lo mantuvieron privado de libertad dentro de una vivienda de lámina ubicada en una colonia del sur del municipio de San Salvador.
Reynaldo (nombre modificado por seguridad) salió a realizar unas diligencias que no pudo cumplir debido a que tres sujetos armados lo interceptaron cuando se desplazaba por la calle que lo sacaba de su lugar de residencia.
Eran las 10:00 de la mañana del 21 de febrero del 2018, cuando el calvario de la víctima inició ya que sus victimarios lo obligaron a bajarse de la moto para que ingresara a un vehículo polarizado.
Las ordenes dadas por los delincuentes que lo apuntaban con armas de fuego fueron obedecidas por Reynaldo quien les entregó el caso que portaba y los documentos de la motocicleta que se llevó uno de ellos.
Los otros dos asaltantes se introdujeron al carro que emprendió la marcha hacia un lugar desconocido; recorrieron varios kilómetros hasta que salieron de la carretera y a unos 200 metros se detuvieron en un lugar desolado.
Al bajarse del carro, Reynaldo vio a otros hombres fuertemente armados quienes lo obligaron a ingresar a una casa que había sido elaborada con lámina. Los captores despojaron de su ropa al motociclista quien no entendía lo que estaba sucediendo.
Sentado en una silla en medio de la oscuridad, la víctima logró observar como uno de los delincuentes revisaba la cartera con sus documentos de la cual extrajo los únicos $30 que portaba.
A criterio del motociclista, el lugar estaba diseñado especialmente para mantener en cautiverio a personas ya que solamente había una mesa, cuatro sillas, una hamaca y poca ropa tirada en el piso de tierra.
Conforme pasaba el tiempo, el temor se comenzó a apoderar del ofendido quien seguía sin tener certeza de lo que ocurría. La agonía llegó cuando escuchó la orden para traer picos, palas y azadones. En ese momento sintió que sería su fin.
Cuando los secuaces salieron a cumplir con la orden del cabecilla del grupo una llamada cayó en su celular: “¿Qué hacemos con este?”, consultó. La respuesta no fue escuchada por Reynaldo. Sin embargo al finalizar la llamada se le ordenó vestirse y salir del lugar.
Incluso, antes de salir de la vivienda uno de los delincuentes le recomendó que debía de buscar un pick up que realizaba viajes hasta el centro del municipio de Soyapango. Además, le advirtieron que no tenía que decir nada a nadie sobre lo sucedido.
No obstante, pasado el peligro Reynaldo no estaba dispuesto a quedarse callado por el robo de su motocicleta y toda la tortura vivida por lo que procedió con la denuncia a las autoridades correspondientes.
Con la declaración, se logró identificar a tres de los implicados quienes responden a los nombres de Jairo José F., alias “el coqueto”, de 22 años de edad, y Juan C., de 22. Quienes fueron capturados posteriormente.
El proceso judicial llegó al juzgado Tercero de Sentencia de San Salvador donde los imputados esperan la vista pública, fijada para el 26 de noviembre del presente año, en la cual se determinará su participación y responsabilidad por los delitos de robo de vehículo y privación de libertad.
Foto Referencia.
Por El Salvador Times.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
