Judicial
Hombre vivió las tres horas más aflictivas de su vida al ser secuestros por sujetos que le robaron su motocicleta
Un hombre vivió las tres peores horas de su vida a manos de sujetos que tras robarle su motocicleta lo mantuvieron privado de libertad dentro de una vivienda de lámina ubicada en una colonia del sur del municipio de San Salvador.
Reynaldo (nombre modificado por seguridad) salió a realizar unas diligencias que no pudo cumplir debido a que tres sujetos armados lo interceptaron cuando se desplazaba por la calle que lo sacaba de su lugar de residencia.
Eran las 10:00 de la mañana del 21 de febrero del 2018, cuando el calvario de la víctima inició ya que sus victimarios lo obligaron a bajarse de la moto para que ingresara a un vehículo polarizado.
Las ordenes dadas por los delincuentes que lo apuntaban con armas de fuego fueron obedecidas por Reynaldo quien les entregó el caso que portaba y los documentos de la motocicleta que se llevó uno de ellos.
Los otros dos asaltantes se introdujeron al carro que emprendió la marcha hacia un lugar desconocido; recorrieron varios kilómetros hasta que salieron de la carretera y a unos 200 metros se detuvieron en un lugar desolado.
Al bajarse del carro, Reynaldo vio a otros hombres fuertemente armados quienes lo obligaron a ingresar a una casa que había sido elaborada con lámina. Los captores despojaron de su ropa al motociclista quien no entendía lo que estaba sucediendo.
Sentado en una silla en medio de la oscuridad, la víctima logró observar como uno de los delincuentes revisaba la cartera con sus documentos de la cual extrajo los únicos $30 que portaba.
A criterio del motociclista, el lugar estaba diseñado especialmente para mantener en cautiverio a personas ya que solamente había una mesa, cuatro sillas, una hamaca y poca ropa tirada en el piso de tierra.
Conforme pasaba el tiempo, el temor se comenzó a apoderar del ofendido quien seguía sin tener certeza de lo que ocurría. La agonía llegó cuando escuchó la orden para traer picos, palas y azadones. En ese momento sintió que sería su fin.
Cuando los secuaces salieron a cumplir con la orden del cabecilla del grupo una llamada cayó en su celular: “¿Qué hacemos con este?”, consultó. La respuesta no fue escuchada por Reynaldo. Sin embargo al finalizar la llamada se le ordenó vestirse y salir del lugar.
Incluso, antes de salir de la vivienda uno de los delincuentes le recomendó que debía de buscar un pick up que realizaba viajes hasta el centro del municipio de Soyapango. Además, le advirtieron que no tenía que decir nada a nadie sobre lo sucedido.
No obstante, pasado el peligro Reynaldo no estaba dispuesto a quedarse callado por el robo de su motocicleta y toda la tortura vivida por lo que procedió con la denuncia a las autoridades correspondientes.
Con la declaración, se logró identificar a tres de los implicados quienes responden a los nombres de Jairo José F., alias “el coqueto”, de 22 años de edad, y Juan C., de 22. Quienes fueron capturados posteriormente.
El proceso judicial llegó al juzgado Tercero de Sentencia de San Salvador donde los imputados esperan la vista pública, fijada para el 26 de noviembre del presente año, en la cual se determinará su participación y responsabilidad por los delitos de robo de vehículo y privación de libertad.
Foto Referencia.
Por El Salvador Times.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
Judicial
Orden de captura internacional contra cinco acusados de fraude millonario en empresa de telecomunicaciones
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador emitió órdenes de detención provisional y solicitó a INTERPOL alerta de difusión roja contra cinco personas —tres estadounidenses y dos guatemaltecos— acusadas de participar en un fraude millonario contra la empresa de telecomunicaciones Continental Towers y otras compañías en Latinoamérica.
Los imputados son Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri (EE.UU.), así como Jorge Leonel Gaitán Paredes y Jorge Alberto Gaitán Castro (Guatemala), estos últimos ya detenidos en su país, a la espera de un proceso de extradición a El Salvador.
Jorge Alberto Gaitán Castro fue arrestado en una sede judicial de la capital guatemalteca. Foto: PNC de Guatemala.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los señalados enfrentan cargos por estafa agravada, agrupaciones ilícitas y extorsión agravada. Se les acusa de integrar una red internacional que habría boicoteado las operaciones de Continental Towers para reducir su valor de mercado y forzar la venta de la compañía en condiciones desfavorables para sus accionistas mayoritarios.
Las víctimas de las extorsiones habrían sido la abogada salvadoreña Antonieta María Granillo de Galindo, representante legal de las empresas afectadas, y el empresario guatemalteco Jorge Hernández Ortiz.
El caso también está bajo investigación en tribunales guatemaltecos y ha derivado en un laudo arbitral en Nueva York y en un proceso en un tribunal federal de Estados Unidos. Las embajadas de Guatemala y Estados Unidos ya fueron notificadas del proceso en curso.
