Judicial
Funes y Munguía Payés podrían recibir penas de 14 a 18 años de cárcel por tregua con pandillas
Condenas de 14 y 18 años podrían recibir el expresidente Mauricio Funes y el exministro de Justicia y Seguridad, David Munguía Payés, si son encontrados culpables y el juez les impone las penas máximas por cada uno de los delitos que la Fiscalía General de la República les atribuye en el caso Tregua.
Este viernes 12 de mayo está previsto que el Juzgado Especializado de Sentencia C de San Salvador culmine el juicio por e ese caso que vincula a exfuncionarios y jefes pandilleros.
Son tres delitos los acusados por el ministerio público; el primero es agrupaciones ilícitas y tiene que ver con haber promovido, facilitado y favorecido a las pandillas con el proceso de la tregua.
El segundo ilícito atribuido es actos arbitrarios, según el ministerio público hubo un exceso en sus facultades para autorizar el traslado de reos desde el penal de Máxima Seguridad a otros reclusorios cuando los indicados para avalarlo eran los jueces de vigilancia penitenciaria.
Y el tercero es incumplimiento de deberes, el cual lo cometieron porque en su calidad de funcionarios públicos omitieron y no hicieron nada para detener las serie de ilegalidades que se estaban dando a raíz de la tregua.
Mauricio Funes enfrenta la vista pública por agrupaciones ilícitas e incumplimiento de deberes. Por el primer delito puede llegar a recibir entre tres y seis años de prisión, el artículo 345 vigente para cuando se dieron los hechos reprocha promover, ayudar, facilitar y favorecer la conformación o permanencia en las agrupaciones, asociaciones u organizaciones.
Mientras que el incumplimiento de deberes es castigado con cárcel de cuatro a seis años y se incrementa en dos años, si ese ilícito da lugar a un hecho delictivo, que fue lo ocurrido con Funes, según la acusación Fiscal.
Si el expresidente es condenado y se le aplica las penas máximas puede llegar a recibir 14 años por los dos delitos.
En el caso de David Munguía Payés, la Fiscalía, además de los dos ilícitos que le atribuye a Funes, también lo señala de haber incurrido en actos arbitrarios castigado con prisión de dos a cuatro años, lo cual indica que si llegara a ser condenado a penas máximas por cada delito, podría recibir 18 años de prisión.
En la vista pública que ya está llegando a la recta final, los abogados defensores de David Munguía Payés han planteado al juez que al momento de emitir el fallo se aplique la subsunción de delitos, es decir, que si la sentencia es condenatoria el delito más complejo como es las agrupaciones ilícitas absorba el incumplimiento de deberes y actos arbitrarios.
De esa manera si el exministro Munguía Payés es condenado la pena se le impondrá solo por agrupaciones ilícitas y se estaría evitando una condena elevada.
Los abogados particulares hicieron esa petición en el juicio, pero el juez les manifestó que esa decisión la iba dejar para el final de la vista pública.
En el caso tregua lo que el ministerio público está buscando es que los dos exfuncionarios sean condenados aplicando el principio de concurso real de delito, es decir que existan penas por cada uno de los ilícitos porque son diferentes hechos punibles.
El primer beneficio que según la Fiscalía se le otorgó a las pandillas como parte del pacto de la tregua fue trasladar a los principales cabecillas de la Mara Salvatrucha y Pandilla 18 recluidos en el penal de máxima seguridad hacia penales comunes. Testigos han llegado a confirmarlo al juicio.
Las pandillas exigieron además, que en cada una de las celdas se les instalara electricidad para poder utilizar aparatos electrónicos y recargar los teléfonos celulares que se les iba permitir ingresar para mantener comunicación.
Los penales de pandillas se convirtieron además en centros de explotación sexual porque se les permitió que ingresaran mujeres y menores de edad a prestar servicios sexuales cuando se organizaban fiestas entre ellas para el día de los reos, la visita íntima se amplió y se modificó el horario para que las parejas de los pandilleros ingresaran a cualquier hora del día, así ha quedado establecido con testimonios de testigos.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
