Judicial
Empresa KALI acusa a director de la basura de la alcaldía de San Salvador, de bloquear información referente a contratación de la Sociedad Gestión Integral de Desechos, S.A, propiedad del señor Salume

En las últimas horas se ha conocido sobre una acusación contra el director y encargado de la recolección de la basura en la alcaldía de San Salvador, Alexander Antonio Suriano, a quien el apoderado legal de la empresa KALI, S.E.M. DE C.V, demanda de impedir y negar información información relacionada con el expediente de contratación del servicio de disposición final de desechos sólidos que finalmente le fue adjudicado a la Sociedad Gestión Integral de Desechos, S.A, propiedad del señor Salume, la cual es fundamental para determinar si ha existido malversación de fondos en esa municipalidad.

La demanda inicia a partir de la denuncia interpuesta por KALI, S.E.M. DE C.V., ante la Sección de Investigación Profesional de la Corte Suprema de Justicia ante la violación de normas éticas y leyes notariales por parte del abogado Luis Elías Botto Zuniga, quien en su calidad de notario, legalizó unas actas notariales que debían ser suscritas por el señor Salume en representación de la empresa Gestión Integral de Desechos, que incluían dos declaraciones juradas que la ofertante no estaba impedida para contratar con la municipalidad y que se comprometía a dar cumplimiento a las bases de contratación; sin embargo las actas no fueron firmadas por el señor Salume y solamente contaban con la firma del notario, quien manifestaba que el otorgante había firmado a su presencia y de forma conjunta.
En el documento se hace constar que pese a que esa circunstancia descalificaba a la empresa Gestión Integral de Desechos, el proceso siguió y finalmente fue adjudicada para recibir todos los desechos sólidos que se producen y recolectan en el municipio de San Salvador; y al presentar recurso, el mismo Ingeniero Suriano, lo declaró inadmisible con lo que no se ha podido profundizar en esa adjudicación con vicios de “oscuridad” por hechos de naturaleza formal, como también ante la inexplicable razón de por qué fue adjudicada una empresa que no cuenta con permisos ambientales, sino que debe sub contratar el servicio con la empresa PULSEM, que administra el Botadero del Puerto de La Libertad, la cual también es propiedad del Señor Salume.
Ante lo que se consideran graves ilegalidades, se han presentado distintas acciones legales, contra la forma que se ha generado esa contratación, entre estas se encuentra una denuncia contra el notario que incumplió al firmar previamente un documento sin contar con la firma del otorgante. Sin embargo, ante la solicitud de la Sección de Investigación Profesional de contar con una certificación de ambas declaraciones, el apoderado de la empresa KALI, lo solicitó ante la Unidad de Acceso a la Información de la municipalidad, más le fue denegada la entrega ya que el Ing. Roberto Suriano, se justifica en que ese documento pretende ser utilizado con la finalidad específica de denunciar a un tercero.

Con lo anterior, el apoderado legal de la empresa KALI afirma que el Ing. Alexander Antonio Suriano, ha impedido a toda costa la verificación del documento que es de carácter público, bloqueando así el derecho a la revisión del mismo y al de ejercer acciones legales por presuntas infracciones administrativas y de otra índole por lo que aseguran que “esto es una grave ilegalidad, y la vamos a denunciar en todas las instancias competentes, ya que no vamos a permitir que se sigan manejando de una forma poco transparente los procesos de contratación que comprometen los fondos municipales”, concluyó.

Judicial
Exdirectivos de Argoz enfrentan nuevo proceso penal por estafa agravada

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que cinco exdirectivos de la Corporación Argoz, S. A. de C. V. enfrentarán un nuevo proceso penal por el delito de estafa agravada, tras haber defraudado a 18 víctimas con un monto total de $67,687.
Durante la audiencia inicial, el Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de San Salvador ordenó la detención provisional de Rodrigo Javier Gómez Farfán, Leticia Farfán de Gómez, Mónica Ivette Sanabria Duarte, Javier Orlando Martínez Henríquez y Edwin Omar Rivera López.
De acuerdo con la acusación fiscal, la empresa Argoz promovía proyectos de lotificación en distintas zonas del país, especialmente en áreas rurales, sin contar con los permisos legales requeridos ni estar supervisada por autoridades competentes.
Según la investigación, los terrenos eran comercializados con la promesa de entregar escrituras públicas una vez cancelado el valor total de la parcela. Sin embargo, la sociedad nunca cumplió con dicho compromiso, dejando a los compradores sin respaldo legal sobre sus propiedades.
#Audiencia I La @FGR_SV responde a otras 18 víctimas en el #CasoARGOZ, quienes fueron estafadas por exdirectivos de la Corporación ARGOZ, S.A. de C.V. con un monto de $67,687.00.
Este día, se lleva a cabo la audiencia inicial en el Tribunal 3° contra el Crimen Organizado de San… pic.twitter.com/XKxCEW0LPc
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) July 21, 2025
El caso específico involucra la lotificación Santa Cecilia, ubicada en el cantón Los Zacatillos, municipio de San Juan Nonualco, en el departamento de La Paz, donde se realizaron las ventas desde el año 2016.
La Fiscalía continúa con la recopilación de pruebas documentales y testimoniales que refuercen la acusación, mientras las víctimas esperan que se les restituya su patrimonio y se haga justicia.
Judicial
Juzgado ordena detención provisional para guatemalteco acusado de atropellar a niña en Ahuachapán

El Juzgado Segundo de Paz de Ahuachapán decretó la detención provisional del ciudadano guatemalteco Jasson José Herrera Orozco, acusado de atropellar a una niña de 9 años cuando se dirigía a su centro escolar. El imputado enfrentará el proceso judicial desde prisión, según lo resolvió la instancia judicial en audiencia inicial.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Herrera Orozco de los delitos de lesiones culposas y conducción peligrosa de vehículos automotores, tras embestir a la menor Ivania en el kilómetro 114 de la carretera que conduce hacia la frontera Las Chinamas, el pasado 4 de julio.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, el conductor se dio a la fuga tras el incidente, sin brindar asistencia a la víctima. El atropello fue captado por cámaras de videovigilancia de la zona, además de ser registrado por testigos que se encontraban en el lugar.
Debido a la gravedad de las heridas, la niña fue trasladada en helicóptero hacia el Hospital Benjamín Bloom, en San Salvador, donde continúa recibiendo atención médica especializada.
Herrera Orozco fue detenido días después en el cantón San Jerónimo, distrito de Metapán, Santa Ana, en un punto fronterizo, cuando presuntamente intentaba salir del país para evadir la acción de la justicia salvadoreña.
El Ministerio Público presentó las pruebas iniciales ante el juzgado, incluyendo los registros audiovisuales y testimonios, que evidencian la conducta del imputado al momento del incidente.
La defensa solicitó medidas sustitutivas a la detención, pero el juzgado consideró que existía riesgo de fuga, por lo que ordenó que Herrera Orozco continúe en prisión preventiva mientras se desarrolla la fase de instrucción del caso.
La FGR indicó que continuará recabando pruebas técnicas y periciales para fortalecer la acusación en la siguiente etapa del proceso.
El caso ha generado indignación en la comunidad local, donde vecinos y familiares de la víctima exigen justicia y una sanción ejemplar para el responsable del hecho.
Judicial
Guatemalteco enfrentará la justicia por atropellar a niña en Ahuachapán e intentar fugarse

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó un requerimiento contra el ciudadano guatemalteco Jasson José Herrera Orozco, acusado de lesiones culposas y conducción peligrosa de vehículo automotor, tras atropellar a una niña de nueve años en Ahuachapán.
Según el expediente fiscal, el hecho ocurrió el pasado 4 de julio en el kilómetro 114 de la carretera a Las Chinamas, cuando la menor cruzaba la vía para dirigirse a su centro escolar. Tras el atropello, el imputado intentó huir hacia Guatemala.
El Juzgado Segundo de Paz de Ahuachapán ha programado la audiencia inicial para el próximo 21 de julio.