Judicial
Empresa KALI acusa a director de la basura de la alcaldía de San Salvador, de bloquear información referente a contratación de la Sociedad Gestión Integral de Desechos, S.A, propiedad del señor Salume
En las últimas horas se ha conocido sobre una acusación contra el director y encargado de la recolección de la basura en la alcaldía de San Salvador, Alexander Antonio Suriano, a quien el apoderado legal de la empresa KALI, S.E.M. DE C.V, demanda de impedir y negar información información relacionada con el expediente de contratación del servicio de disposición final de desechos sólidos que finalmente le fue adjudicado a la Sociedad Gestión Integral de Desechos, S.A, propiedad del señor Salume, la cual es fundamental para determinar si ha existido malversación de fondos en esa municipalidad.
La demanda inicia a partir de la denuncia interpuesta por KALI, S.E.M. DE C.V., ante la Sección de Investigación Profesional de la Corte Suprema de Justicia ante la violación de normas éticas y leyes notariales por parte del abogado Luis Elías Botto Zuniga, quien en su calidad de notario, legalizó unas actas notariales que debían ser suscritas por el señor Salume en representación de la empresa Gestión Integral de Desechos, que incluían dos declaraciones juradas que la ofertante no estaba impedida para contratar con la municipalidad y que se comprometía a dar cumplimiento a las bases de contratación; sin embargo las actas no fueron firmadas por el señor Salume y solamente contaban con la firma del notario, quien manifestaba que el otorgante había firmado a su presencia y de forma conjunta.
En el documento se hace constar que pese a que esa circunstancia descalificaba a la empresa Gestión Integral de Desechos, el proceso siguió y finalmente fue adjudicada para recibir todos los desechos sólidos que se producen y recolectan en el municipio de San Salvador; y al presentar recurso, el mismo Ingeniero Suriano, lo declaró inadmisible con lo que no se ha podido profundizar en esa adjudicación con vicios de “oscuridad” por hechos de naturaleza formal, como también ante la inexplicable razón de por qué fue adjudicada una empresa que no cuenta con permisos ambientales, sino que debe sub contratar el servicio con la empresa PULSEM, que administra el Botadero del Puerto de La Libertad, la cual también es propiedad del Señor Salume.
Ante lo que se consideran graves ilegalidades, se han presentado distintas acciones legales, contra la forma que se ha generado esa contratación, entre estas se encuentra una denuncia contra el notario que incumplió al firmar previamente un documento sin contar con la firma del otorgante. Sin embargo, ante la solicitud de la Sección de Investigación Profesional de contar con una certificación de ambas declaraciones, el apoderado de la empresa KALI, lo solicitó ante la Unidad de Acceso a la Información de la municipalidad, más le fue denegada la entrega ya que el Ing. Roberto Suriano, se justifica en que ese documento pretende ser utilizado con la finalidad específica de denunciar a un tercero.
Con lo anterior, el apoderado legal de la empresa KALI afirma que el Ing. Alexander Antonio Suriano, ha impedido a toda costa la verificación del documento que es de carácter público, bloqueando así el derecho a la revisión del mismo y al de ejercer acciones legales por presuntas infracciones administrativas y de otra índole por lo que aseguran que “esto es una grave ilegalidad, y la vamos a denunciar en todas las instancias competentes, ya que no vamos a permitir que se sigan manejando de una forma poco transparente los procesos de contratación que comprometen los fondos municipales”, concluyó.
En el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador inició la audiencia preliminar contra el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, y otras 13 personas acusadas de lavar $5.6 millones.
A la diligencia han comparecido la mayoría de los acusados, entre ellos Byron Enrique Larrazábal Arévalo, su esposa e hijo, Sonia Inés Morales Rivas y Kevin Mauricio Larrazábal Morales.
Otros procesados son René Antonio Díaz Argueta, Delmy Beatriz Vela Jiménez y Jeny Elizabeth Guadalupe Medina de Ramírez, exgerente y exempleadas del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA).
También están acusados exempleados de la Corte de Cuentas de la República: Noemí Candelaria Rodríguez de Carrillo, Atilio Castro Guevara y Rosa Yanira Ruiz Hernández. Asimismo, Manuel Antonio Bercián Castro, hermano del pandillero Moris Alexander Bercián Machón, alias «Barney», y Karla Beatriz Recinos Ramírez, exasistente de Sigfrido Reyes.
La causa penal incluye los delitos de peculado, estafa agravada, incumplimiento de deberes y casos especiales de lavado de dinero. La Fiscalía General de la República ha solicitado que, para algunos acusados, la estafa agravada se modifique al delito de peculado; sin embargo, la defensa se opone, argumentando que no todos los procesados eran funcionarios ni tenían vínculos con entidades estatales.
El ministerio público pretende que se admitan al menos 115 testigos y diversas pericias, previamente autorizadas por el Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador.
Algunos peritajes están relacionados con la valoración de inmuebles a nombre de los procesados y con la extracción de información de aparatos electrónicos decomisados.
Judicial
«El Torta», extraditado de EE. UU., enfrentará juicio en El Salvador por dos homicidios y agrupaciones ilícitas
José Daniel Matamoros Andrade, alias «El Torta», fue enviado a juicio por delitos de agrupaciones ilícitas y homicidio agravado, tras su extradición de Estados Unidos en febrero de 2024.
El Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de San Salvador resolvió en audiencia preliminar que el proceso contra Matamoros Andrade continúe en vista pública, como solicitó la Fiscalía General de la República.
Según las investigaciones, en 2016 el imputado participó en el asesinato de una mujer que fue vapuleada y asfixiada por pandilleros, cuyo cuerpo abandonaron en la entrada de Nejapa Power. También se le atribuye el homicidio de otra persona, acusada por los pandilleros de colaborar con la Policía Nacional Civil (PNC), a quien mataron tras golpearla y causarle traumatismos con una piedra.
Matamoros Andrade, miembro de la facción revolucionaria de la pandilla 18, huyó a Estados Unidos y residía en Alexandria, Virginia, donde fue capturado y posteriormente extraditado a El Salvador a petición de las autoridades.
De ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 90 años de prisión. El juicio lo enfrentará junto a Loida Berenice Barraza, procesada por agrupaciones ilícitas y robo agravado, señalada como colaboradora de la misma estructura criminal.
Marlon Antonio Ramírez Arias fue condenado a seis años de cárcel tras ser detenido el 7 de junio de 2023 en los alrededores de la comunidad Tutunichapa, en San Salvador, portando una mochila con marihuana y cocaína.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador le impuso la condena al encontrarlo culpable de posesión y tenencia con fines de tráfico.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) lo interceptaron alrededor de las 5:00 de la tarde, durante un patrullaje rutinario que realizaban en la zona.
En el acta de captura, los policías consignaron que, al observarlo actuar de forma sospechosa y nerviosa, le ordenaron que se detuviera para registrarlo.
Al momento de la intervención, le abrieron la mochila que portaba y le encontraron 30.5 gramos de marihuana y 0.4 gramos de cocaína, droga valuada en $50. También le incautaron bolsas plásticas y una balanza.
El condenado cumplirá su pena en la Penitenciaría Occidental de Santa Ana. Además, enfrenta otro proceso penal en un juzgado por delitos adicionales.
