Judicial
Ahijada de Benito Lara, el enlace entre las pandillas y su padrino para que éste obtuviera el puesto de ministro de Seguridad
Investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), basadas en videos y en el testimonio de un expandillero identificado como Noé, revelan serias acusaciones en contra del exministro de seguridad, Benito Lara, en el caso de negociación con pandillas.
Se dice que Lara tenía miedo de que el FMLN no lo tomara en cuenta para las elecciones del 2015, cuando terminara su período como diputado; razón por la que habría elaborado un plan maquiavélico que le permitiría seguir como funcionario.
Según el testigo, Benito Lara habría utilizado a una supuesta ahijada identificada únicamente como Deysi, quien mantenía una relación amorosa con uno de los principales cabecillas de una estructura criminal, para llegar a la Mara Salvatrucha (MS-13) y al Barrio 18, y de esta manera poder convencer al Frente que él debía ser el ministro de Seguridad, en caso de que Salvador Sánchez Cerén ganara la presidencia.
Borromeo Henríquez, uno de los cabecillas históricos de la MS-13, alias «el Diablito de Hollywood», tuvo un papel importante en el plan de Lara: llamó por teléfono a Noé, que en esa época era jefe de la pandilla a la que ahora traiciona con su testimonio, para indicarle que fuera a las oficinas de Raúl Mijango, en San Salvador. Era a mediados de enero de 2014, antes de la elección presidencial.
Allí, Noé encontró al pandillero Vladimir, alias «Vampiro de Monserrat», y a Deysi, supuesta ahijada de Benito Lara. La mujer fue directa: su padrino estaba preocupado porque «su partido no lo había tomado en cuenta y no lo iba en a tomar en cuenta en ningún cargo de interés», dice el documento que la FGR llevó al Juzgado Segundo de Paz de San Salvador. Lara creía que el FMLN quería darle «muerte política».
Y así buscó la ayuda de las pandillas, con las que negociaba desde finales de 2013 para que manipularan la elección presidencial de 2014 a favor de su candidato Salvador Sánchez Cerén, según la FGR.
Minutos después de esa charla, Deysi y Noé viajaron en automóvil desde la oficina de Mijango a la sede del FMLN en el centro de San Salvador, donde Benito Lara los esperaba. «El Diablito de Hollywood» volvió a llamar a Noé para decirle que hablara con el exdiputado Lara en nombre de las tres pandillas mayoritarias del país: MS-13 y los bandos Sureños y Revolucionarios del Barrio 18. Él se encargaría de alertar a los rivales la elección del ministro.
«Benito le manifiesta (a Noé) que si le dan la mano (pandilleros) iba a hacer todo lo que tuviera que hacer y lo que esté a su alcance para mantenerse de la mano y darle continuidad a lo pactado», agrega en la página 107 de la acusación fiscal. la Fiscalía en su acusación. Noé le respondió que las tres pandillas tenían decidido amenazar al FMLN para que lo pusieran como ministro en el Gobierno de Sánchez Cerén. Si no, podría haber «consecuencias».
El remate
Según Noé, las pandillas tenían tres razones para confiar en Lara: tuvo valor de sentarse a dialogar con ellos; los escuchó, negoció y transmitió sus inquietudes al FMLN y al Gobierno. Y la tercera, «porque se había quemado al reunirse con ellos, y no era justo dejarlo tirado al final».
A pesar de que varios, como Raúl Mijango, uno de los siete procesados por sus vínculos con pandilleros, no estuvo de acuerdo con la propuesta de Benito Lara como ministro de Seguridad, este comenzó sus funciones como titular desde que asumió Sánchez Cerén como presidente, el 1º de junio de 2014, hasta el 21 de enero de 2016.
Pero según Lara, él no negoció el puesto con pandilleros. «En esto lo que hay es una trama. Incluso ponen a personas como que fueran familiares míos y no es verdad. Esa decisión fue del presidente Salvador Sánchez Cerén. Nada que ver, eso no es nada serio, es de las cosas inconsistentes (de FGR)», se defendió.
Las ofertas del FMLN
Benito Lara prometió a maras respetar pactos como ministro.
- Cambiar empresa de alimentos: Las pandillas ya no querían la comida de ALIPRAC en las cárceles. El FMLN dijo que era posible quitar a la empresa y que los reos se cocinaran sus propios alimentos, como pedían.
- Empleos a reos pandilleros: El FMLN puso a disposición de las pandillas su empresa Alba Alimentos para dar empleos a los pandilleros que prepararan la comida en las cárceles, según testigos.
- Un ministro a la medida: El partido de izquierda prometió a las pandillas que quitaría de ministro de Seguridad a Ricardo Perdomo, quien no siguió la tregua entre pandillas de Mauricio Funes.
- Sin militares en las calles: Otra propuesta para atraer el apoyo electoral de los pandilleros fue que Sánchez Cerén quitaría a los militares de las calles, con el propósito de que no molestaran a las pandillas, según la acusación de la Fiscalía.
- Créditos para pandilleros: Las pandillas podían administrar su propio programa de créditos gracias al FMLN. Un testigo dice que Arístides Valencia y Benito Lara se los prometieron en una reunión antes de la elección 2014.
- Más dinero para pandillas: El FMLN ofreció dar $100,000 a cada “municipio santuario”, donde las pandillas tenían treguas de no agresión, para que realizaran proyectos que beneficiaran a los pandilleros.
Con información de: LPG
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
