Judicial
Ahijada de Benito Lara, el enlace entre las pandillas y su padrino para que éste obtuviera el puesto de ministro de Seguridad
Investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), basadas en videos y en el testimonio de un expandillero identificado como Noé, revelan serias acusaciones en contra del exministro de seguridad, Benito Lara, en el caso de negociación con pandillas.
Se dice que Lara tenía miedo de que el FMLN no lo tomara en cuenta para las elecciones del 2015, cuando terminara su período como diputado; razón por la que habría elaborado un plan maquiavélico que le permitiría seguir como funcionario.
Según el testigo, Benito Lara habría utilizado a una supuesta ahijada identificada únicamente como Deysi, quien mantenía una relación amorosa con uno de los principales cabecillas de una estructura criminal, para llegar a la Mara Salvatrucha (MS-13) y al Barrio 18, y de esta manera poder convencer al Frente que él debía ser el ministro de Seguridad, en caso de que Salvador Sánchez Cerén ganara la presidencia.
Borromeo Henríquez, uno de los cabecillas históricos de la MS-13, alias «el Diablito de Hollywood», tuvo un papel importante en el plan de Lara: llamó por teléfono a Noé, que en esa época era jefe de la pandilla a la que ahora traiciona con su testimonio, para indicarle que fuera a las oficinas de Raúl Mijango, en San Salvador. Era a mediados de enero de 2014, antes de la elección presidencial.
Allí, Noé encontró al pandillero Vladimir, alias «Vampiro de Monserrat», y a Deysi, supuesta ahijada de Benito Lara. La mujer fue directa: su padrino estaba preocupado porque «su partido no lo había tomado en cuenta y no lo iba en a tomar en cuenta en ningún cargo de interés», dice el documento que la FGR llevó al Juzgado Segundo de Paz de San Salvador. Lara creía que el FMLN quería darle «muerte política».
Y así buscó la ayuda de las pandillas, con las que negociaba desde finales de 2013 para que manipularan la elección presidencial de 2014 a favor de su candidato Salvador Sánchez Cerén, según la FGR.
Minutos después de esa charla, Deysi y Noé viajaron en automóvil desde la oficina de Mijango a la sede del FMLN en el centro de San Salvador, donde Benito Lara los esperaba. «El Diablito de Hollywood» volvió a llamar a Noé para decirle que hablara con el exdiputado Lara en nombre de las tres pandillas mayoritarias del país: MS-13 y los bandos Sureños y Revolucionarios del Barrio 18. Él se encargaría de alertar a los rivales la elección del ministro.
«Benito le manifiesta (a Noé) que si le dan la mano (pandilleros) iba a hacer todo lo que tuviera que hacer y lo que esté a su alcance para mantenerse de la mano y darle continuidad a lo pactado», agrega en la página 107 de la acusación fiscal. la Fiscalía en su acusación. Noé le respondió que las tres pandillas tenían decidido amenazar al FMLN para que lo pusieran como ministro en el Gobierno de Sánchez Cerén. Si no, podría haber «consecuencias».
El remate
Según Noé, las pandillas tenían tres razones para confiar en Lara: tuvo valor de sentarse a dialogar con ellos; los escuchó, negoció y transmitió sus inquietudes al FMLN y al Gobierno. Y la tercera, «porque se había quemado al reunirse con ellos, y no era justo dejarlo tirado al final».
A pesar de que varios, como Raúl Mijango, uno de los siete procesados por sus vínculos con pandilleros, no estuvo de acuerdo con la propuesta de Benito Lara como ministro de Seguridad, este comenzó sus funciones como titular desde que asumió Sánchez Cerén como presidente, el 1º de junio de 2014, hasta el 21 de enero de 2016.
Pero según Lara, él no negoció el puesto con pandilleros. «En esto lo que hay es una trama. Incluso ponen a personas como que fueran familiares míos y no es verdad. Esa decisión fue del presidente Salvador Sánchez Cerén. Nada que ver, eso no es nada serio, es de las cosas inconsistentes (de FGR)», se defendió.
Las ofertas del FMLN
Benito Lara prometió a maras respetar pactos como ministro.
- Cambiar empresa de alimentos: Las pandillas ya no querían la comida de ALIPRAC en las cárceles. El FMLN dijo que era posible quitar a la empresa y que los reos se cocinaran sus propios alimentos, como pedían.
- Empleos a reos pandilleros: El FMLN puso a disposición de las pandillas su empresa Alba Alimentos para dar empleos a los pandilleros que prepararan la comida en las cárceles, según testigos.
- Un ministro a la medida: El partido de izquierda prometió a las pandillas que quitaría de ministro de Seguridad a Ricardo Perdomo, quien no siguió la tregua entre pandillas de Mauricio Funes.
- Sin militares en las calles: Otra propuesta para atraer el apoyo electoral de los pandilleros fue que Sánchez Cerén quitaría a los militares de las calles, con el propósito de que no molestaran a las pandillas, según la acusación de la Fiscalía.
- Créditos para pandilleros: Las pandillas podían administrar su propio programa de créditos gracias al FMLN. Un testigo dice que Arístides Valencia y Benito Lara se los prometieron en una reunión antes de la elección 2014.
- Más dinero para pandillas: El FMLN ofreció dar $100,000 a cada “municipio santuario”, donde las pandillas tenían treguas de no agresión, para que realizaran proyectos que beneficiaran a los pandilleros.
Con información de: LPG
El exfiscal adjunto Edgar Isaías Márquez Argueta, quien estuvo prófugo de la justicia durante un período, y el exfiscal general Luis Martínez figuran como principales imputados en el caso “Corruptela”, que investiga la entrega de dádivas —viajes, vehículos y dinero— por parte del empresario Enrique Rais con el fin de obtener resoluciones penales favorables en procesos donde ambos eran víctimas o imputados.
Edgar Isaías Márquez Argueta fue juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto, tras ser nombrado por el titular de la Fiscalía General de la República, Luis Martínez.
El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador envió un oficio al Departamento de Disposiciones Judiciales de la Policía Nacional Civil (PNC) ordenando la captura de Rais por cohecho activo. La resolución, emitida el 9 de septiembre de 2025 a las 11:00 a.m., fue remitida también a la Oficina Central Nacional de Interpol para confirmar la vigencia de la difusión roja número A-2256/2-2019, emitida por dicho organismo en marzo de 2019.
La orden judicial se produjo tras un recurso de revocatoria interpuesto por la defensa de Rais, que solicitaba separar el caso “Corruptela” del proceso por fabricación de pruebas falsas conocido como Rais-Martínez. El tribunal rechazó el recurso argumentando que ambos procesos investigan hechos distintos, es decir se relacionan entre sí, pero se diferencian porque persiguen delitos distintos con lo cual se elimina cualquier riesgo de resoluciones contradictorias o doble juzgamiento.
El caso Rais-Martínez se inició el 25 de agosto de 2016 en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador. Tras pasar por varias instancias judiciales, en agosto de 2025 el Tribunal Tercero de Sentencia condenó a Luis Martínez a 10 años de prisión por fabricar pruebas falsas para acusar a víctimas en tribunales de San Salvador. Julio Arriaza recibió cinco años y Héctor Francisco Grimaldi seis años de cárcel por fraude procesal. Enrique Rais y otros dos prófugos —su sobrino Hugo Blanco Rais y Ernesto Gutiérrez— esperan audiencia preliminar en el Juzgado Primero de Instrucción.
El prófugo Enrique Rais estuvo acusado por la Fiscalía en varios casos desde 2016.
Grafica general de expedientes fiscales donde se vieron favorecidos Enrique Rais y Hugo Blanco Rais.
Por su parte, el expediente “Corruptela”, que data de octubre de 2018, documenta cómo Rais entregó dádivas a Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta. Entre los elementos del caso se incluye el testimonio de un testigo identificado como “Troya”, quien declaró en el juicio reciente donde Martínez fue condenado. La defensa de Rais ha alegado doble persecución, pero el Juzgado Cuarto ha subrayado que ambos casos son independientes e insiste en que no existe riesgo de doble juzgamiento.
La relación entre ambos casos se debe a que por la fabricación de pruebas falsas en el caso conocido como Rais-Martínez salió a luz, según el testigo “Troya”, el hecho de que Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta recibieron dádivas del empresario Rais y es por eso que los jueces explican que los procesos son distintos y los delitos también.
Luis Martínez en una audiencia del expresidente Flores, en noviembre del 2015. Fue fiscal desde el 4 de diciembre del 2012 al 3 de diciembre del 2015.
Con la emisión de la orden de captura contra Enrique Rais, con la alerta que se da a la Policía para que lo busque y ubique dentro del territorio salvadoreño y, a su vez, se confirma la vigencia de la difusión roja para la Oficina Central Nacional de Interpol se marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y se refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Esta resolución marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Edgar Isaías Márquez Argueta juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto. Fuente: Diarlo El Salvador
El exfiscal Luis Martínez fue condenado en agosto de 2025 a 10 años de prisión por fraude procesal y omisión de la investigación.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador impuso una pena de 35 años de prisión contra Víctor Manuel Soriano Saavedra, declarado culpable de feminicidio agravado en perjuicio de su excompañera de vida.
La Fiscalía General de la República (FGR) detalló que el crimen ocurrió el 14 de febrero de 2015 en una colonia del cantón Plan del Pino, distrito de Ciudad Delgado. De acuerdo con las investigaciones, Soriano discutió con la víctima porque «había llegado más tarde de lo habitual a la vivienda» y luego le disparó en la cabeza, provocándole la muerte, pese a que la mujer intentó defenderse.
El tribunal también ordenó el pago de $10,000 en concepto de responsabilidad civil.
Fuentes judiciales confirmaron que Soriano fue condenado en rebeldía, amparado en las reformas al Código Procesal Penal que permiten juzgar a personas prófugas.
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 10 años de prisión a María Bernarda Martínez, colaboradora de la Mara Salvatrucha, por los delitos de amenazas con agravación especial y agrupaciones ilícitas.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República presentó pruebas documentales y periciales que confirmaron que Martínez colaboraba desde 2015 con la clica Cristos Escalones Locos Salvatruchos. Su rol dentro de la estructura incluía el traslado de droga y la recolección de dinero producto de extorsiones.
Según el testimonio de una víctima con régimen de protección, Martínez la amenazó de muerte en su lugar de trabajo, asegurándole que sería asesinada por la pandilla.
La acusada huyó a Estados Unidos en 2016, pero fue deportada en 2022 debido a sus vínculos con la MS y otros delitos cometidos.
El tribunal impuso cinco años de cárcel por amenazas y otros cinco por agrupaciones ilícitas. No se aplicaron las reformas penales que endurecen las penas para colaboradores de pandillas, ya que los hechos ocurrieron antes del 29 de marzo de 2022.
