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Inician proyectos de introducción de tuberías de aguas negras y asfaltado en Santa Elena, Usulután
La Dirección de Obras Municipales inició proyectos de introducción de tuberías para la canalización de aguas negras y asfaltado en colonias del casco urbano de Santa Elena, Usulután, que beneficiará a una población estimada de 1,200 personas.
Este proyecto del Gobierno del Presidente Nayib Bukele forma parte del mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de este municipio de la zona oriental del país.
Otras colonias que serán beneficiadas con la colocación de capa asfáltica son:
👉 El Tanque
👉 Avilés
👉 San Emilio 1 y 2. pic.twitter.com/S3HxF5cZh9— Dirección de Obras Municipales (@ObraMunicipal) February 1, 2024
En la colonia Guevara, las cuadrillas de la DOM comenzaron la colocación de 655 metros lineales de tubería para aguas negras la cual contará con pozos de registro con sus respectivas tapaderas de hierro.
En esa misma zona como en las colonias aledañas El Tanque, Avilés, San Emilio 1 y 2, se realizarán labores de colocación de capa asfáltica en 2.1 kilómetros que ayudará a mejorar la circulación peatonal, vehicular y embellecerá este lugar de Usulután. El proyecto incluye trabajos adicionales como la construcción de cordones cunetas.
Esta no es la única obra de la DOM en Santa Elena, ya que el pasado 29 de octubre fueron entregadas más de 90 calles con superficies de asfalto, adoquín y concreto hidráulico. Algunas de las vías intervenidas fueron: desde la 1ra a la 8va calle Poniente como la 5ta, 7ma y 9na avenida Sur.
A menos de una semana de este lanzamiento, la DOM entregó 7.44 kilómetros de vías completamente mejoradas, con superficies de asfalto, concreto hidráulico y adoquín, a los más de 12.400 habitantes de Ozatlán, siempre en Usulután.
El Gobierno del Presidente Bukele está llevando a cabo además obras en el municipio de San Dionisio, donde se está pavimentando y adoquinando 2.5 kilómetros de vías urbanas.
En Alegría, Santiago de María y Jiquilisco se están perforando pozos de agua potable; en El Triunfo se construye el mercado municipal, una unidad de salud en Jucuarán, donde además avanzan obras de construcción de una escuela y 13 kilómetros de renovación de la calle a Punta Mango como parte del programa insignia del Presidente Bukele, Surf City Circuito 2.
De esta manera, el Gobierno demuestra su compromiso con el pueblo salvadoreño al reinvertir los impuestos en obras de impacto positivo para su desarrollo y demostrar una vez más que el dinero alcanza cuando nadie roba.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
