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Fuerzas de Seguridad golpean en el último año a 15 estructura del narcotráfico
Las fuerzas de seguridad en El Salvador han logrado destacados golpes contra la narcoactividad en todo el territorio nacional. En el último año, entre junio del 2021 a mayo pasado, las autoridades han impactado 15 estructuras de narcotráfico [tráfico internacional] y 24 bandas de narcotraficantes locales.
Datos del Gabinete de Seguridad detallan que durante ese periodo se han detenido a 76 miembros de dichas estructuras y 92 personas por narcoactividad y delitos conexos.
De igual forma, el trabajo articulado entre la Policía Nacional Civil, Fuerza Armada y Fiscalía General de la República ha permitido incautar a narcotraficantes 15,901 kgs de diferentes tipos de droga, valuados en $375.3 millones.
El registro de la División Antinarcóticos de la Policía detalla que han decomisado 14,864.05 kg de cocaína valuada en $373,682,179.54; 6 kg de metanfetamina valuados en $331,345 y de marihuana en $1,024.390.
Además de los millonarios decomisos de droga, las autoridades han incautado armas de fuego, dinero en efectivo y todo tipo de mercadería.
Sobre las estructuras de narcotráfico, las estadísticas oficiales consignan que de enero a mayo de 2022 fueron interceptadas 20 narcolanchas y tres naves semisumergibles. A este dato se le suman otras 25 narcolanchas que han sido identificadas desde 2019 cuando se puso en marcha la estrategia de seguridad del actual Gobierno: Plan Control Territorial.
En los tres años de Gobierno, Defensa registra un estimado de 20.6 toneladas de todo tipo de droga valuada en $443.6 millones que ha sido incautada a nivel nacional. En 2021, El Salvador destacó debido a su confiscación histórica cuando se incautó 11.7 toneladas de estupefacientes, el valor en el mercado negro de esta, superó los $274 millones, mientras que, en 2020, las autoridades de Seguridad incautaron de 2.93 toneladas de diferentes tipos de drogas, valuadas en más de $48 millones.
Uno de los decomisos más fuertes fue en diciembre del año pasado. Las autoridades incautaron 4.1 toneladas (4,156 kg) de cocaína en altamar, a 700 kilómetros al sur de Punta Remedios, Acajutla, Sonsonate; la droga era transportada en dos semisumergibles que procedían del Valle del Cauca en Colombia.
El valor de la droga ascendía a $104 millones 650 mil. Durante el procedimiento se detuvo a dos ecuatorianos y a cinco colombianos.
El Gabinete de Seguridad asegura que los golpes al narco son resultado de las acciones ejecutadas en el marco del PCT y que el país ha «batido récords». Las autoridades aseguran que, a través de las incautaciones de droga, se quita el financiamiento a las estructuras y se debilita su accionar.
«El combate al narcotráfico es una de las fortalezas que tiene nuestra institución. La Fuerza Naval de El Salvador con la Fuerza de Tarea Tridente ha generado una situación en nuestro mar territorial en la cual los narcotraficantes evitan cruzar el mar territorial salvadoreño por ese excelente trabajo que se ha hecho. Somos los únicos en la región, desde Panamá hasta México, que hacemos incautaciones a tanta distancia en el mar a pesar que otras marinas tienen más recursos que El Salvador», ha reiterado el ministro de Defensa, René Merino Monroy.
El director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas ha dicho que «los resultados efectivos son posibles debido al trabajo coordinado con la Fuerza de Tarea Naval Tridente de la Fuerza Armada. La Fuerza Naval hace un importante trabajo desde la incautación de droga en la zona costera, hasta el traslado de los cargamentos hasta tierra, para que la Fiscalía y la PNC puedan hacer las investigaciones correspondientes».
En lo que parece ser un nuevo episodio de maniobras legales para ganar más tiempo en los tribunales, el Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador se vio obligado a reprogramar diligencias clave en el proceso penal contra una estructura acusada de administración fraudulenta conformadas por los imputados Juan Ignacio Berger Jiménez, Marisabel Umaña Velásquez y Carol Odette Echeverria Cabrera.
Los señalados están implicados en el desfalcos contras las empresas Maintenance and Services S.A. de C.V. y Tierras Nacionales, LTDA DE C.V. Un proceso donde Jorge Alberto Gaitán Castro es uno de los principales procesados en calidad de autor directo del delito.
Este proceso está caso conectado a la disputa internacional entre Terra Towers y la estadounidense TPG Pepertree por el control de Continental Towers, y a un expediente criminal abierto en otro tribunal salvadoreño en el cual se la ha decretado orden de detención a tres ejecutivos estadounidenses de la empresa de ese país: Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri
Este último movimiento de la defensa hizo que ganaran por lo menos tres semanas. La decisión surge tras un cambio repentino en el equipo de defensa de cuatro de los principales procesados, una táctica que, aunque legal, suele ser señalada como una herramienta típica para dilatar el avance de la justicia.
El pasado 14 de abril, la sede judicial recibió un escrito donde nuevos abogados solicitaron ser nombrados como defensores particulares en sustitución de cualquier abogado nombrado anteriormente. Esta movida dejó fuera del tablero a siete abogados que ya venían ejerciendo la representación técnica de los imputados.
Bajo el argumento de «desconocer el proceso penal» y haber recibido el poder apenas el 8 de abril en la Ciudad de Guatemala, la nueva defensa pidió suspender la audiencia especial programada originalmente para el 16 y 17 de abril.
Audiencias al congelador.
La jueza a cargo, tras valorar el derecho irrenunciable a la defensa técnica, cedió ante las peticiones, provocando un retraso en el calendario judicial:
• Audiencia de Revisión de Medidas: Estaba prevista para el 17 de abril de 2026. Ahora, los imputados ganaron tres semanas, pues la cita se movió al 7 de mayo.
• Juramentación de Peritos: Esta etapa crucial, donde se entregan los puntos de pericia para analizar el posible fraude, fue movida de inicios de mayo hasta los días 8 y 9 de junio de 2026.
Un caso de millones y empresas
El proceso, que se instruye bajo la referencia 166-2025-11/AC, gira en torno al delito de administración fraudulenta tipificado en el Art. 218 del Código Penal. Las víctimas son las sociedades Maintenance and Services S.A. de C.V. y Tierras Nacionales, LTDA DE C.V.
Entre los procesados figuran Jorge Alberto Gaitán Castro, señalado como autor directo, junto a otros cómplices necesarios que ahora cuentan con nuevos defensores y más tiempo para preparar su estrategia antes de enfrentar al juez.
Mientras la defensa técnica argumenta la necesidad de un «plazo prudencial» para revisar los folios del expediente, el sistema de justicia salvadoreño vuelve a enfrentar el reto de balancear las garantías procesales con la celeridad que exigen las víctimas de delitos financieros. Por ahora, los informes al Ministerio de Hacienda y la entrega de copias del expediente son los únicos pasos que avanzan con firmeza en esta causa.
No es la primera vez que se reprograma una audiencia en este caso en beneficios de los sospechosos.
Durante la sesión plenaria 106, la Asamblea ratificó ayer —con 56 votos— la suscripción de un préstamo por $501.2 millones entre el Ejecutivo y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para financiar el Programa Acelerar el Aprendizaje en El Salvador con Innovación Digital.
Este proyecto lo ejecutará el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Mineducyt), y se fundamenta en el uso eficiente de la innovación educativa mediante plataformas digitales y herramientas emergentes basadas en la inteligencia artificial, para optimizar el proceso de enseñanza y aprendizaje al integrar tecnología y el acompañamiento de los docentes.
La petición del Ejecutivo a la Asamblea detalla que el programa será financiado con la modalidad de resultados específicos y medibles, es decir, los desembolsos que se efectúen dependerán de los avances en el aprendizaje, uso responsable y efectivo de la tecnología y el fortalecimiento institucional.
«En el programa se han identificado tres áreas de resultados que en un período de cinco años el BIRF estará monitoreando mediante un equipo de expertos», explicó en la comisión esta semana Marlon Herrera, director de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda.
La primera área de resultados a las que se refirió el funcionario se relaciona con mejorar el aprendizaje en los salones de clases, especialmente en la lectura y el desarrollo de matemáticas a través de una enseñanza estructurada, el empleo de recursos digitales y programas de refuerzo para estudiantes desde segundo grado hasta segundo año de bachillerato.
En este apartado se ha integrado a los directores de los centros educativos para fortalecer su rol en el acompañamiento a los maestros.
La segunda área comprende fortalecer el sistema educativo mediante evaluaciones de aprendizaje, así como un mejor monitoreo y toma de decisiones, apoyadas por sistemas de información más robustos.
Mientras que la tercera promueve el uso de la tecnología, garantiza la conectividad, la entrega de dispositivos y plataformas digitales que apoyen el aprendizaje y el desarrollo de habilidades relevantes para la vida laboral.
«Para el logro de estos indicadores se requiere de insumos tecnológicos, materiales y recurso humano que el banco va a reconocer dentro del financiamiento», afirmó Herrera.
El Vicepresidente Félix Ulloa, sostuvo un acercamiento con el Vicepresidente de la Cámara de Diputados de la República Italiana, Sr. Giorgio Mulé, en el marco de una agenda orientada al fortalecimiento de los lazos de cooperación y diálogo político entre El Salvador e Italia.
Durante el encuentro, el Vicepresidente Ulloa expuso el proceso de transformación que impulsa El Salvador bajo el liderazgo del Presidente Nayib Bukele, haciendo referencia al contexto de crisis en materia de seguridad, economía y control territorial que enfrentó el país, así como a la implementación de una estrategia integral conformada por siete etapas, que ha permitido recuperar el orden, fortalecer la presencia del Estado en los territorios y avanzar en procesos de reinserción social en las comunidades.
Asimismo, destacó que las reformas adoptadas en materia penal y procesal penal han sido herramientas necesarias para fortalecer la capacidad de investigación de las instituciones y salvaguardar el bienestar de la población, en estricto apego al respeto de los derechos humanos. El Vicemandatario, extendió una invitación a Italia para participar como observador en los comicios electorales de 2027.
Por su parte, el Vicepresidente Giorgio Mulé expresó su interés en conocer con mayor profundidad las reformas impulsadas en El Salvador, particularmente en lo relativo a la legislación penal juvenil y al Código Penal, reconociendo además la transformación que el país ha experimentado en materia de seguridad y su impacto en la estabilidad del entorno regional.
En un ambiente de cordialidad y apertura, ambas autoridades coincidieron en la importancia de continuar promoviendo espacios de intercambio de experiencias y cooperación entre ambas naciones.
