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Fuerzas de Seguridad golpean en el último año a 15 estructura del narcotráfico
Las fuerzas de seguridad en El Salvador han logrado destacados golpes contra la narcoactividad en todo el territorio nacional. En el último año, entre junio del 2021 a mayo pasado, las autoridades han impactado 15 estructuras de narcotráfico [tráfico internacional] y 24 bandas de narcotraficantes locales.
Datos del Gabinete de Seguridad detallan que durante ese periodo se han detenido a 76 miembros de dichas estructuras y 92 personas por narcoactividad y delitos conexos.
De igual forma, el trabajo articulado entre la Policía Nacional Civil, Fuerza Armada y Fiscalía General de la República ha permitido incautar a narcotraficantes 15,901 kgs de diferentes tipos de droga, valuados en $375.3 millones.
El registro de la División Antinarcóticos de la Policía detalla que han decomisado 14,864.05 kg de cocaína valuada en $373,682,179.54; 6 kg de metanfetamina valuados en $331,345 y de marihuana en $1,024.390.
Además de los millonarios decomisos de droga, las autoridades han incautado armas de fuego, dinero en efectivo y todo tipo de mercadería.
Sobre las estructuras de narcotráfico, las estadísticas oficiales consignan que de enero a mayo de 2022 fueron interceptadas 20 narcolanchas y tres naves semisumergibles. A este dato se le suman otras 25 narcolanchas que han sido identificadas desde 2019 cuando se puso en marcha la estrategia de seguridad del actual Gobierno: Plan Control Territorial.
En los tres años de Gobierno, Defensa registra un estimado de 20.6 toneladas de todo tipo de droga valuada en $443.6 millones que ha sido incautada a nivel nacional. En 2021, El Salvador destacó debido a su confiscación histórica cuando se incautó 11.7 toneladas de estupefacientes, el valor en el mercado negro de esta, superó los $274 millones, mientras que, en 2020, las autoridades de Seguridad incautaron de 2.93 toneladas de diferentes tipos de drogas, valuadas en más de $48 millones.
Uno de los decomisos más fuertes fue en diciembre del año pasado. Las autoridades incautaron 4.1 toneladas (4,156 kg) de cocaína en altamar, a 700 kilómetros al sur de Punta Remedios, Acajutla, Sonsonate; la droga era transportada en dos semisumergibles que procedían del Valle del Cauca en Colombia.
El valor de la droga ascendía a $104 millones 650 mil. Durante el procedimiento se detuvo a dos ecuatorianos y a cinco colombianos.
El Gabinete de Seguridad asegura que los golpes al narco son resultado de las acciones ejecutadas en el marco del PCT y que el país ha «batido récords». Las autoridades aseguran que, a través de las incautaciones de droga, se quita el financiamiento a las estructuras y se debilita su accionar.
«El combate al narcotráfico es una de las fortalezas que tiene nuestra institución. La Fuerza Naval de El Salvador con la Fuerza de Tarea Tridente ha generado una situación en nuestro mar territorial en la cual los narcotraficantes evitan cruzar el mar territorial salvadoreño por ese excelente trabajo que se ha hecho. Somos los únicos en la región, desde Panamá hasta México, que hacemos incautaciones a tanta distancia en el mar a pesar que otras marinas tienen más recursos que El Salvador», ha reiterado el ministro de Defensa, René Merino Monroy.
El director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas ha dicho que «los resultados efectivos son posibles debido al trabajo coordinado con la Fuerza de Tarea Naval Tridente de la Fuerza Armada. La Fuerza Naval hace un importante trabajo desde la incautación de droga en la zona costera, hasta el traslado de los cargamentos hasta tierra, para que la Fiscalía y la PNC puedan hacer las investigaciones correspondientes».
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
