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Fuerzas de Seguridad golpean en el último año a 15 estructura del narcotráfico
Las fuerzas de seguridad en El Salvador han logrado destacados golpes contra la narcoactividad en todo el territorio nacional. En el último año, entre junio del 2021 a mayo pasado, las autoridades han impactado 15 estructuras de narcotráfico [tráfico internacional] y 24 bandas de narcotraficantes locales.
Datos del Gabinete de Seguridad detallan que durante ese periodo se han detenido a 76 miembros de dichas estructuras y 92 personas por narcoactividad y delitos conexos.
De igual forma, el trabajo articulado entre la Policía Nacional Civil, Fuerza Armada y Fiscalía General de la República ha permitido incautar a narcotraficantes 15,901 kgs de diferentes tipos de droga, valuados en $375.3 millones.
El registro de la División Antinarcóticos de la Policía detalla que han decomisado 14,864.05 kg de cocaína valuada en $373,682,179.54; 6 kg de metanfetamina valuados en $331,345 y de marihuana en $1,024.390.
Además de los millonarios decomisos de droga, las autoridades han incautado armas de fuego, dinero en efectivo y todo tipo de mercadería.
Sobre las estructuras de narcotráfico, las estadísticas oficiales consignan que de enero a mayo de 2022 fueron interceptadas 20 narcolanchas y tres naves semisumergibles. A este dato se le suman otras 25 narcolanchas que han sido identificadas desde 2019 cuando se puso en marcha la estrategia de seguridad del actual Gobierno: Plan Control Territorial.
En los tres años de Gobierno, Defensa registra un estimado de 20.6 toneladas de todo tipo de droga valuada en $443.6 millones que ha sido incautada a nivel nacional. En 2021, El Salvador destacó debido a su confiscación histórica cuando se incautó 11.7 toneladas de estupefacientes, el valor en el mercado negro de esta, superó los $274 millones, mientras que, en 2020, las autoridades de Seguridad incautaron de 2.93 toneladas de diferentes tipos de drogas, valuadas en más de $48 millones.
Uno de los decomisos más fuertes fue en diciembre del año pasado. Las autoridades incautaron 4.1 toneladas (4,156 kg) de cocaína en altamar, a 700 kilómetros al sur de Punta Remedios, Acajutla, Sonsonate; la droga era transportada en dos semisumergibles que procedían del Valle del Cauca en Colombia.
El valor de la droga ascendía a $104 millones 650 mil. Durante el procedimiento se detuvo a dos ecuatorianos y a cinco colombianos.
El Gabinete de Seguridad asegura que los golpes al narco son resultado de las acciones ejecutadas en el marco del PCT y que el país ha «batido récords». Las autoridades aseguran que, a través de las incautaciones de droga, se quita el financiamiento a las estructuras y se debilita su accionar.
«El combate al narcotráfico es una de las fortalezas que tiene nuestra institución. La Fuerza Naval de El Salvador con la Fuerza de Tarea Tridente ha generado una situación en nuestro mar territorial en la cual los narcotraficantes evitan cruzar el mar territorial salvadoreño por ese excelente trabajo que se ha hecho. Somos los únicos en la región, desde Panamá hasta México, que hacemos incautaciones a tanta distancia en el mar a pesar que otras marinas tienen más recursos que El Salvador», ha reiterado el ministro de Defensa, René Merino Monroy.
El director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas ha dicho que «los resultados efectivos son posibles debido al trabajo coordinado con la Fuerza de Tarea Naval Tridente de la Fuerza Armada. La Fuerza Naval hace un importante trabajo desde la incautación de droga en la zona costera, hasta el traslado de los cargamentos hasta tierra, para que la Fiscalía y la PNC puedan hacer las investigaciones correspondientes».
El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de un integrante de la organización criminal Barrio 18, quien intentó ingresar al país en un vuelo federal sin presentar alertas migratorias previas.
El detenido fue identificado como Edwin Alejandro Castro Hernández, alias «Street boy», quien, según las autoridades, quedó al descubierto durante los controles especializados realizados en el aeropuerto.
De acuerdo con la información oficial, Castro Hernández es señalado de pertenecer a la estructura «Tayni Wayniss Sureños», vinculada al control criminal de sectores del distrito de Ilopango.
Villatoro aseguró que el capturado enfrentará el proceso penal correspondiente por su presunta participación en actividades relacionadas con organizaciones terroristas.
En un pronunciamiento oficial, el ministro sostuvo que mantendrá las acciones de seguridad para evitar que estructuras criminales vuelvan a operar en el país. «Actuamos con inteligencia, decisión y con el compromiso de no volver jamás al pasado», señaló.
También afirmó que continuará reforzando los controles migratorios y de seguridad para impedir el ingreso de miembros de pandillas o estructuras criminales al territorio nacional.
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
