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Fuerzas de Seguridad golpean en el último año a 15 estructura del narcotráfico
Las fuerzas de seguridad en El Salvador han logrado destacados golpes contra la narcoactividad en todo el territorio nacional. En el último año, entre junio del 2021 a mayo pasado, las autoridades han impactado 15 estructuras de narcotráfico [tráfico internacional] y 24 bandas de narcotraficantes locales.
Datos del Gabinete de Seguridad detallan que durante ese periodo se han detenido a 76 miembros de dichas estructuras y 92 personas por narcoactividad y delitos conexos.
De igual forma, el trabajo articulado entre la Policía Nacional Civil, Fuerza Armada y Fiscalía General de la República ha permitido incautar a narcotraficantes 15,901 kgs de diferentes tipos de droga, valuados en $375.3 millones.
El registro de la División Antinarcóticos de la Policía detalla que han decomisado 14,864.05 kg de cocaína valuada en $373,682,179.54; 6 kg de metanfetamina valuados en $331,345 y de marihuana en $1,024.390.
Además de los millonarios decomisos de droga, las autoridades han incautado armas de fuego, dinero en efectivo y todo tipo de mercadería.
Sobre las estructuras de narcotráfico, las estadísticas oficiales consignan que de enero a mayo de 2022 fueron interceptadas 20 narcolanchas y tres naves semisumergibles. A este dato se le suman otras 25 narcolanchas que han sido identificadas desde 2019 cuando se puso en marcha la estrategia de seguridad del actual Gobierno: Plan Control Territorial.
En los tres años de Gobierno, Defensa registra un estimado de 20.6 toneladas de todo tipo de droga valuada en $443.6 millones que ha sido incautada a nivel nacional. En 2021, El Salvador destacó debido a su confiscación histórica cuando se incautó 11.7 toneladas de estupefacientes, el valor en el mercado negro de esta, superó los $274 millones, mientras que, en 2020, las autoridades de Seguridad incautaron de 2.93 toneladas de diferentes tipos de drogas, valuadas en más de $48 millones.
Uno de los decomisos más fuertes fue en diciembre del año pasado. Las autoridades incautaron 4.1 toneladas (4,156 kg) de cocaína en altamar, a 700 kilómetros al sur de Punta Remedios, Acajutla, Sonsonate; la droga era transportada en dos semisumergibles que procedían del Valle del Cauca en Colombia.
El valor de la droga ascendía a $104 millones 650 mil. Durante el procedimiento se detuvo a dos ecuatorianos y a cinco colombianos.
El Gabinete de Seguridad asegura que los golpes al narco son resultado de las acciones ejecutadas en el marco del PCT y que el país ha «batido récords». Las autoridades aseguran que, a través de las incautaciones de droga, se quita el financiamiento a las estructuras y se debilita su accionar.
«El combate al narcotráfico es una de las fortalezas que tiene nuestra institución. La Fuerza Naval de El Salvador con la Fuerza de Tarea Tridente ha generado una situación en nuestro mar territorial en la cual los narcotraficantes evitan cruzar el mar territorial salvadoreño por ese excelente trabajo que se ha hecho. Somos los únicos en la región, desde Panamá hasta México, que hacemos incautaciones a tanta distancia en el mar a pesar que otras marinas tienen más recursos que El Salvador», ha reiterado el ministro de Defensa, René Merino Monroy.
El director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas ha dicho que «los resultados efectivos son posibles debido al trabajo coordinado con la Fuerza de Tarea Naval Tridente de la Fuerza Armada. La Fuerza Naval hace un importante trabajo desde la incautación de droga en la zona costera, hasta el traslado de los cargamentos hasta tierra, para que la Fiscalía y la PNC puedan hacer las investigaciones correspondientes».
El Viceministerio de Transporte (VMT) multó con $750 al creador de contenido «Yeik» por varias infracciones a la Ley de Tránsito.
La institución sancionó al tiktoker luego de la circulación de un video en redes sociales donde el imputado ocasionó un siniestro vial donde colisionó contra otro motociclista.
Las multas fueron por conducir sin estar autorizado ($150); conducir haciendo uso del celular ($150); circular después de las 18 horas y antes de las 6 del día siguiente sin que el motociclista porte chaleco o implementos reflectivos ($150); circular sin placas ($150); conducir en zigzag ($100) y no portar tarjeta de circulación ($50).
Las autoridades también le decomisaron la motocicleta por circular sin placas ni tarjeta de circulación.
Tras conocer las sanciones, el titular del VMT, Nelson Reyes, reaccionó en su cuenta de la red X y escribió: «el respeto a la ley no es opcional. Quien ponga en riesgo la vida de los demás deberá responder por sus acciones. Seguiremos aplicando la normativa con firmeza para garantizar la seguridad vial de todos los salvadoreños».
A ocho años de prisión fue condenado José Alfredo Centeno Cantón, por el delito de tráfico ilegal de personas.
En el juicio, la Fiscalía General de la República estableció que fue detenido de forma infraganti transportando a 12 personas a quienes pretendía trasladar hasta Guatemala y con una promesa de llevarlos en «un viaje seguro» a Estados Unidos.
Centeno Cantón fue detenido el 15 de enero de 2024, en un retén que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) habían instalado en el km 92 de la carretera Panamericana, caserío Paraje Galán, cantón San Vicente, de Candelaria de la Frontera, Santa Ana.
El plan del ahora condenado era dirigirse hacia un punto fronterizo no habilitado de la zona, para eludir los controles migratorios, ya que entre las personas que transportaba iban cinco menores de edad, los otros siete eran adultos.
En el proceso judicial se mencionó que todos viajaban en una camioneta, eso llamó la atención de los agentes policiales pues al ir sobrecargada y el nerviosismo que mostraron generó sospecha que podrían estar frente a un caso de tráfico de personas.
Ese control policial siempre ha sido estratégico ya que obligadamente se debe pasar por ese punto y por la ubicación los agentes con su experiencia pueden detectar cualquier irregularidad de los viajeros.
Llamó la atención que en una sola unidad de transporte fueran cinco menores sin ninguno de sus padres o familiares cercanos y que la custodia fuera a cargo de una persona que ni conocían.
Además, al ser entrevistado, hubo incongruencias en las respuestas de los adultos, así como de los niños, no portaban la respectiva documentación que asegura un registro legal en la frontera San Cristóbal, que era la más próxima al control vehicular donde fueron ubicados.
Con la información aportada por las víctimas, los agentes consultaron a sus superiores y luego a la Fiscalía General de la República para detener a Centeno Cantón y que le iniciaron el respectivo proceso penal.
En la fase de investigación el ministerio público obtuvo información de las víctimas, quienes confirmaron que iban hacia Estados Unidos y que los iban a pasar por un punto no habilitado hacia Guatemala.
El plan era que, del vecino país los iban a mover hacia la frontera con México donde serían entregadas a otras personas para continuar la ruta a Estados Unidos ya que ese fue el acuerdo pactado.
«El fiscal del caso dijo que las 12 víctimas eran cinco niños y siete adultos todos salvadoreños y que habían pagado una parte del dinero y la otra la harían efectiva al llegar a su destino», así lo publicó el ministerio público.
En la vista pública el tribunal tuvo acceso a testimonios de las víctimas, así como de los agentes policiales que hicieron el procedimiento de localización de las víctimas y captura del traficante de personas.
La abogada Ángela Maritza Díaz de Vásquez y Douglas Enrique Vega Guerrero, fueron condenados a penas de tres y nueve años de prisión por falsedad documental agravada y estafa.
La primera admitió la falsedad mediante un procedimiento abreviado ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, y la pena de tres años es sometida a una suspensión condicional bajo reglas de conducta consistente en no cambiar de domicilio, además queda inhabilitada para ejercer la profesión hasta que haya cumplido la condena; también deberá de pagar $500 a una de las víctimas.
Mientras que Vega Guerrero cumplirá en un centro penal los nueve años por tres casos de estafa, más el pago total de $14,600 en concepto de responsabilidad civil a las tres víctimas que engañó.
La Fiscalía General de la República probó en el juicio que las estafas fueron cometidas entre el 2022 y 2023, en diversos distritos del departamento de San Salvador.
El estafador utilizó redes sociales para ofrecer una variedad de productos, a los afectados les propuso venderles vehículos y les pidió dinero como adelanto.
Los denunciantes dijeron que luego de entregarle diversas cantidades de dinero, Vega Guerrero cortó todo tipo de comunicación y no lo pudieron contactar por ninguna vía.
A una de las víctimas le ofreció un vehículo por $4,800 y le manifestó que para adquirirlo debía darle $4,000 como anticipo, ese hecho ocurrió en mayo de 2023.
En las pesquisas que las autoridades realizaron obtuvieron información del afectado quien dijo que pagó y recibió el automotor, pero el auto presentó desperfectos mecánicos y estaba a nombre de otra persona, quien había denunciado que se lo habían robado.
En la vista pública quedó probado que Douglas Enrique Vega Guerrero, detenido en febrero de 2024, en los tres casos de estafa actuó con dolo, sabía perfectamente que estaba ante hechos de estafa.
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