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Fuerzas de Seguridad golpean en el último año a 15 estructura del narcotráfico
Las fuerzas de seguridad en El Salvador han logrado destacados golpes contra la narcoactividad en todo el territorio nacional. En el último año, entre junio del 2021 a mayo pasado, las autoridades han impactado 15 estructuras de narcotráfico [tráfico internacional] y 24 bandas de narcotraficantes locales.
Datos del Gabinete de Seguridad detallan que durante ese periodo se han detenido a 76 miembros de dichas estructuras y 92 personas por narcoactividad y delitos conexos.
De igual forma, el trabajo articulado entre la Policía Nacional Civil, Fuerza Armada y Fiscalía General de la República ha permitido incautar a narcotraficantes 15,901 kgs de diferentes tipos de droga, valuados en $375.3 millones.
El registro de la División Antinarcóticos de la Policía detalla que han decomisado 14,864.05 kg de cocaína valuada en $373,682,179.54; 6 kg de metanfetamina valuados en $331,345 y de marihuana en $1,024.390.
Además de los millonarios decomisos de droga, las autoridades han incautado armas de fuego, dinero en efectivo y todo tipo de mercadería.
Sobre las estructuras de narcotráfico, las estadísticas oficiales consignan que de enero a mayo de 2022 fueron interceptadas 20 narcolanchas y tres naves semisumergibles. A este dato se le suman otras 25 narcolanchas que han sido identificadas desde 2019 cuando se puso en marcha la estrategia de seguridad del actual Gobierno: Plan Control Territorial.
En los tres años de Gobierno, Defensa registra un estimado de 20.6 toneladas de todo tipo de droga valuada en $443.6 millones que ha sido incautada a nivel nacional. En 2021, El Salvador destacó debido a su confiscación histórica cuando se incautó 11.7 toneladas de estupefacientes, el valor en el mercado negro de esta, superó los $274 millones, mientras que, en 2020, las autoridades de Seguridad incautaron de 2.93 toneladas de diferentes tipos de drogas, valuadas en más de $48 millones.
Uno de los decomisos más fuertes fue en diciembre del año pasado. Las autoridades incautaron 4.1 toneladas (4,156 kg) de cocaína en altamar, a 700 kilómetros al sur de Punta Remedios, Acajutla, Sonsonate; la droga era transportada en dos semisumergibles que procedían del Valle del Cauca en Colombia.
El valor de la droga ascendía a $104 millones 650 mil. Durante el procedimiento se detuvo a dos ecuatorianos y a cinco colombianos.
El Gabinete de Seguridad asegura que los golpes al narco son resultado de las acciones ejecutadas en el marco del PCT y que el país ha «batido récords». Las autoridades aseguran que, a través de las incautaciones de droga, se quita el financiamiento a las estructuras y se debilita su accionar.
«El combate al narcotráfico es una de las fortalezas que tiene nuestra institución. La Fuerza Naval de El Salvador con la Fuerza de Tarea Tridente ha generado una situación en nuestro mar territorial en la cual los narcotraficantes evitan cruzar el mar territorial salvadoreño por ese excelente trabajo que se ha hecho. Somos los únicos en la región, desde Panamá hasta México, que hacemos incautaciones a tanta distancia en el mar a pesar que otras marinas tienen más recursos que El Salvador», ha reiterado el ministro de Defensa, René Merino Monroy.
El director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas ha dicho que «los resultados efectivos son posibles debido al trabajo coordinado con la Fuerza de Tarea Naval Tridente de la Fuerza Armada. La Fuerza Naval hace un importante trabajo desde la incautación de droga en la zona costera, hasta el traslado de los cargamentos hasta tierra, para que la Fiscalía y la PNC puedan hacer las investigaciones correspondientes».
La prolonganción de esta herramienta legal fue avalada con los votos de 57 diputados de los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC, que consideraron válidos los argumentos planteados por el Órgano Ejecutivo al solicitar la extensión por 30 días, entre esos que «existen intentos de reorganización de grupos criminales».
En el decreto se expone que las autoridades recientemente capturaron a sujetos que tenían la aspiración de formar y operar pandillas cerca de los centros escolares, o sus entornos, a través de acciones como la «intimidación, reclutamiento y promoción de actividades ilícitas».
Agrega que el contexto regional demanda de atención especial, debido a que se «ha elevado y acelerado la actuación criminal en distintos países de la región, particularmente en la República de Guatemala».
Se subraya que «estos acontecimientos evidencian un incremento progresivo de la actividad de las pandillas en la región, y ponen en riesgo la paz, el orden y la seguridad en El Salvador».
Durante la discusión de la iniciativa, en la sesión plenaria 95, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, destacó el respaldo de los diputados que han acompañado el proyecto de seguridad del presidente Bukele, desde el 27 de marzo de 2022, cuando se aprobó por primera vez el régimen de excepción con «votos que están cambiando la vida de los salvadoreños».
Castro añadió que el clima de seguridad permite que ahora los niños puedan jugar frente a sus casas, las comunidades recuperar sus canchas, entre otras actividades que se han retomado y han mejorado la convivencia.
Caleb Navarro, diputado de Nuevas Ideas, puntualizó que en 2025 se registraron 82 homicidios a escala nacional, y todos fueron resueltos, alcanzando una tasa de efectividad del 100 %.
Agregó que antes nadie se preocupaba los homicidios y quedaban en la impunidad «ahora hablamos con números y los números no mienten», detalló.
Con 54 votos el congreso autorizó ayer al Ministerio de Hacienda para que suscriba un contrato de préstamo, por $16.7 millones, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
El decreto aprobado permitirá al país recibir el denominado «segundo financiamiento adicional del Programa Crecer y Aprender Juntos, desarrollo de la primera infancia de El Salvador».
Dicho programa plantea el propósito de continuar mejorando las prácticas de enseñanza, educación y cuidado en la primera infancia a escala nacional, así como los ambientes físicos de aprendizaje de centros seleccionados de educación y primera infancia.
En el decreto aprobado se establece que el contrato que suscriba Hacienda, o quien designe, deberá someterse al aval posterior de la Asamblea Legislativa.
La iniciativa del Ejecutivo, a través de Hacienda, fue ingresada ayer a la plenaria a través de modificación de agenda, en la que se solicitó su aprobación con dispensa de trámite.
Principal
Ocho sujetos fueron condenados hasta con 95 años de cárcel por diversos delitos en San Salvador
Penas de prisión de hasta 95 años de cárcel logró la Fiscalía para ocho personas -cuatro de ellas en calidad de reos ausentes-, a quienes se les procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, lavado de dinero y activos, asimismo, estafa y hurto de identidad, en perjuicio de varias víctimas.
De acuerdo a la información fiscal, esta investigación inició en 2023 a raíz de avisos por parte familiares de personas detenidas, donde manifestaron haber sido víctimas de estafas y otros delitos.
Según las investigaciones, los imputados crearon una página en una red social y se hicieron pasar como abogados. Bajo este mecanismo de engaño ofrecían sus servicios legales para poder sacar de la cárcel a personas detenidas, a cambio de que los familiares de los presos les pagaran grandes cantidades de dinero.
Con esta modalidad los sujetos estafaron al menos a cuatro personas, quienes finalmente decidieron denunciarlos ante las autoridades.
En este caso, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña (presente) fue condenada a la pena de 33 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos.
Por esos mismos delitos se condenó a 35 años a Jennifer Gabriela Sandoval y a 26 años de prisión a Karla Cristina Aguirre Quintanilla y Blanca Mirian Menjívar Pineda (todas presentes).
En ausencia fue condenado Marco Sebastián Pintor Rodríguez, alias “tatuado”, quien fue perfilado como cabecilla de la estructura y miembro de la pandilla Barrio 18. A él se le procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos, además de hurto de identidad.
Jennifer Guadalupe Menjívar Pineda (también ausente) recibió una condena de 50 años de prisión; Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez (ausente) deberá cumplir una pena de cárcel de 25 años y Frania Elizabeth Pintor fue condenada a 5 años de prisión solo por lavado de dinero y activos.
Asimismo, se les condenó al pago de $30,500 dólares y de no pagar esta cantidad, se aumentará un tercio de la pena impuesta a cada imputado, según lo estipula la respectiva ley.
Las condenas de prisión fueron impuestas por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador al valorar toda la prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR en juicio.
