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#FOTOS: Este es el «modesto» apartamento en el que vive el expresidente Funes y su familia en Nicaragua
El nicaragüense y expresidente de la Républica de El Salvador, Mauricio Funes Cartagena, actualmente alquila un apartamento privado en los condominios Santa Mónica, en la parte final del 23 pasaje sureste, una de las zonas más exclusivas en Managua, Nicaragua.
De acuerdo con una publicación de Diario1.com, en esta zona, Funes Cartajena habitó por primera vez en ese país, mientras la Fiscalía General de la República (FGR) avanzaba en la investigación en su contra por el supuesto desvío de $351,000, 000 de la partida secreta de la Presidencia de la República.
Los condominios Santa Mónica están en Santo Domingo. Esta es una zona de entre cinco a ocho kilómetros con casas de lujo en las que viven empresarios extranjeros y nicaragüenses, así como algunos funcionarios del gobierno de Daniel Ortega Saavedra.
Asimismo, en el sector se encuentran embajadas y representaciones de organismos internacionales de todo el mundo y los edificios de instituciones estatales.

El arrendamiento del apartamento cuesta $1 mil 200, equivalente al aproximado de 40 mil 224 córdobas. La Bolsa Inmobiliaria de Nicaragua describe los apartamentos: “Tienen el estilo Townhouse. Poseen una club-house con piscina, calles iluminadas y vigilancia 24 horas, alambrado eléctrico en muros perimetrales.
En esta vivienda, el régimen de Daniel Ortega, permanecía en la entrada de la puerta las 24 horas del día, cuidándolo como todo un extranjero de la supuesta persecución que lo obligó a huir de El Salvador.
No hay claridad de la fecha en la que llegó a vivir a Las Colinas pero los empleados de las casas vecinas comenzaron a notar movimientos extraños a principios de 2017, cuando policías uniformados y de civil permanecían las 24 horas afuera de la casa custodiando la entrada para el nuevo inquilino.
A los cuatro meses de la nueva rutina empezaron a ver, únicamente en las noches, a un hombre barbado, pelo corto, lentes gruesos y panza crecida que con sus perros iba a la tienda de la esquina llamada AM-PM a comprar licor. No tardaba más de lo necesario: regresaba rápido a la casa con sus bolsas, sin detenerse a hablar con nada ni con nadie.
Las casas más baratas de la zona tienen un área de construcción de más de 300 metros cuadrados y unas 1,000 varas cuadradas de área de terreno. Son de dos pisos con cuatro habitaciones, tres baños, sala, comedor, patio propio, terraza, lavandería interna, cocina, cuarto de estudio, cuarto con baño para trabajadora doméstica.
Todas y cada una de las residenciales tienen portón de acceso con guardias custodiando. Sin embargo, las fuentes consultadas dijeron que es bastante probable que la nueva casa de Funes esté en Estancia de Santo Domingo, que es una residencial con pasajes internos también custodiados con portón de acceso y guardias de seguridad.

Una casa en Estancia de Santo Domingo puede oscilar entre los 300 a 500 mil dólares, de acuerdo con los precios de mercado actuales.
El sitios locales describen así las casas en la Estancia: “Una de las zonas más exclusivas de Managua y es una casa ideal y por su ubicación tiene una zona muy segura para vivir y gozar de la tranquilidad y quietud”.
Los precios del arrendamiento oscilan entre 1 mil 700 a 2 mil 600 dólares mensuales. Es requisito tener ingresos familiares superiores a los 9 mil 800 dólares.
Ante estos datos surge la interrogante: ¿Cómo hacen los Funes para pagarse una casa en Santo Domingo y vivir en una zona bastante exclusiva y mantener un alto estatus de vida?
El 13 de mayo de este año El Confidencial publicó que Funes es empleado de la Cancillería con un salario de $2,739. Su hijo Diego Roberto Funes Cañas también tiene sueldo de asesor superior a los $1,400.
Las Colinas y Santo Domingo son zonas exclusivas, no para una clase media normal. El costo de la vida es mucho más caro en esa zona. Un trabajador promedio de Cancillería nicaragüense muy difícilmente pueda darse ese tipo de vida
Texto: El Blog
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Corte de Cuentas y la SRS apuestan por la excelencia en la formación de servidores públicos
La Corte de Cuentas de la República (CCR) y la Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS) firmaron una Carta de Entendimiento para establecer un marco de cooperación interinstitucional orientado a fortalecer las capacidades técnicas y profesionales del personal de ambas instituciones, en especial de los auditores y profesionales jurídicos de la Entidad Fiscalizadora Superior.
El acuerdo fue suscrito por el presidente de la CCR, Walter Salvador Sosa, y el superintendente de Regulación Sanitaria, Noe Geovanni García Iraheta, en un acto que contó con la presencia de los magistrados Julio Guillermo Bendek y José Rodrigo Flores.
Como parte de este entendimiento, la SRS brindará capacitación al personal de la CCR en materia de Derecho Sanitario, así como en la aplicación de la Ley de la Superintendencia de Regulación Sanitaria y su normativa relacionada. Estas acciones buscan fortalecer el conocimiento técnico especializado en el ámbito de la salud.
Por su parte, la CCR, a través de su Centro de Instrucción y Capacitación (CINCAP), incorporará en su oferta formativa contenidos orientados a la función fiscalizadora, los cuales serán impartidos por un banco de formadores con experiencia en diversas especialidades, con el objetivo de capacitar al talento humano de la SRS.
Durante el acto de firma, el presidente de la CCR destacó que este acuerdo “fortalece el ecosistema de gobernanza democrática y reafirma nuestra determinación de impulsar una gestión pública moderna, íntegra y orientada a resultados”.
Con esta Carta de Entendimiento, la CCR y la SRS reafirman su compromiso de trabajar de manera coordinada en el fortalecimiento del talento humano del sector público, contribuyendo a una administración pública más profesional, transparente y eficiente.
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Español y salvadoreña son condenados por desfalco de $3 millones
El español Daniel Arnavat Carbajallido y la salvadoreñas Patricia Elizabeth Cruz Andrade, fueron condenados a tres años y seis meses de prisión por el delito de administración fraudulenta.
Los dos fueron condenados en calidad de ausentes ya que luego de desfalcar a la empresa Livisto S.A de C.V., huyeron para evadir la justicia.
En el fallo emitido por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, se les declaró rebeldes y se les girará nueva orden de captura para que al ser localizados sean enviados a un centro penal a cumplir la condena.
Según la acusación que la Fiscalía General de la República presentó, la administración fraudulenta la cometieron entre el 2016 y 2018, cuando se aprovecharon de sus funciones gerenciales y de dirección en la empresa Livisto S.A de C.V., una sociedad ubicada en Zaragoza, La Libertad.
Las indagaciones realizadas por el ministerio público evidenciaron que los imputados incurrieron en anomalías contables para desfalcar a la empresa por un monto de $3 millones. La entidad afectada se dedica a fabricar y vender productos veterinarios.
Para ejecutar el desfalco constituyeron tres empresas las cuales las convirtieron en proveedores exclusivos de la sociedad afectada y le vendieron con sobreprecio, para así obtener un provecho personal, según la investigación que realizó el ministerio público y que fue judicializada en los tribunales del departamento de La Libertad.
En el caso de Claudia Rebeca Suárez Girón, el tribunal dictó un sobreseimiento, es decir que la pena se extingue por su fallecimiento, la mujer era la única que fue detenida por la Policía Nacional Civil (PNC), en septiembre de 2020.
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Apoyo de Fuerza Armada permite a Policía centrarse en desarticular bandas
El trabajo de la Fuerza Armada ha sido clave para la reducción de hechos delictivos. Foto Ministerio de Defensa.
El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, aseguró que el apoyo de la Fuerza Armada en acciones de seguridad pública permite que la Policía se dedique a la investigación y desarticulación de bandas organizadas que pretenden surgir para dedicarse al hurto y robo.
«Las operaciones que se realizan con la Policía Nacional Civil van mucho más allá de perseguir pandilleros, de evitar que se cometan homicidios. También abarcan el área del respeto a la propiedad privada y evitar que se vayan formando bandas delincuenciales que afecten la paz y tranquilidad del pueblo salvadoreño», indicó el funcionario.
Agregó «la Fuerza Armada tiene una de las misiones, que es nuestro despliegue en todo el territorio nacional, de tal manera que con ese despliegue nosotros logramos mantener el control del territorio junto con la Policía, obviamente, pero le permite también a la Policía Nacional Civil dedicarle tiempo, el tiempo que se requiere a la investigación de este tipo de delitos [robo y hurto] que de igual manera afectan a la población».
Merino Monroy señaló que los grandes resultados, obtenidos en este sentido, se deben a la integración de la Policía, Fuerza Armada y la Fiscalía, impulsada desde el Gobierno.
«Este tipo de operaciones es un reflejo de esa política de seguridad del señor presidente de la república, la cual ha logrado, entre otras cosas, integrar dos instituciones vitales para la paz y tranquilidad de los salvadoreños, como son la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada y, por supuesto, el área que le corresponde a la Fiscalía General de la República», expresó el ministro.
Merino Monroy afirmó que la institución castrense continuará apoyando la Policía para llevar paz y tranquilidad a la población. «Cuando nosotros decimos que El Salvador es el país más seguro, a todos nos viene a la mente un país tranquilo, un país donde no nos tengamos que preocupar por ningún problema y no solamente, como repito, es la reducción de los homicidios, sino aquella tranquilidad que cualquier salvadoreño pueda dejar sus pertenencias en cualquier lugar y nadie debería de hurtársela o robársela», dijo Merino.


