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Expresidente del BCR: Con la mejora de calificación, Fitch reconoce liquidez de El Salvador
El economista y expresidente del BCR, Carlos Acevedo, reaccionó positivamente a la mejoría de la calificación de riesgo del país por parte de Fitch Ratings, y destacó la importancia de la revisión que viene desde la más rígida de las calificadoras con respecto a Moody’s y Standard & Poor’s.
El pasado 4 de mayo se conoció el informe de febrero de Fitch donde aplica una mejora a la calificación de riesgo de El Salvador a CCC+ desde CC.
«Fitch es dura, es la más dura de las tres calificadoras y reconoce que la situación de la liquidez fiscal ha mejorado y la capacidad del Gobierno de ir sirviendo la deuda, reconocen que está mejor que hace seis meses», explicó el economista.
Asimismo, señaló que la revisión a favor de El Salvador muestra un cambio de postura a la estrategia de recompra de deuda de los eurobonos de vencimiento 2023 y 2025 ejecutados por el Gobierno, que aunque recibió en principio las críticas de Fitch ahora la califican como «exitosa».
«Es interesante porque el director de Fitch para El Salvador hace seis u ocho meses dijo que para ellos, la recompra era un default y ahorita está diciendo que fue exitosa», mencionó Acevedo.
En enero, El Salvador pagó $604 millones, más $23 millones en concepto de intereses, del bono que originalmente se emitió en $800 millones debido a que se adelantó a la fecha de vencimiento con dos ofertas de recompras efectuadas el año pasado.
En esas operaciones consiguió readquirir $647 millones en los títulos valores de 2023 y 2025; ahorrando $288 millones a las arcas del Estado, según reportes del Ministerio de Hacienda.
Por su parte, el presidente, Nayib Bukele, destacó el salto de tres posiciones que significó la revisión de la firma estadounidense en un solo día.
«Los chicos de fiat en Fitch Ratings acaban de mejorar la calificación crediticia de El Salvador tres posiciones en un solo día. Por supuesto, solo están tratando de adaptarse a la realidad, que es aún mejor. No puedo esperar a que lo actualicen aún más, una vez que anunciemos nuestro excedente de presupuesto para 2024», expresó, en esa ocasión, el gobernante en Twitter.
En coincidencia, el vicepresidente de Exor Latinoamérica, César Addario, también consideró que la mejora a CCC+ de El Salvador por parte de Fitch es en gran parte, debido al pago a tiempo y con intereses del bono 2023 que hizo el Gobierno».
«Este es el paso inicial positivo y se logrará entrar de lleno en un espiral ascendente que debería seguir El Salvador en su proceso de notas con las calificadoras de riesgo, ya que esto permitirá cada vez más el acceso del país a mejores fuentes de financiamiento con menores costos», estimó el experto.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
