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Expresidente del BCR: Con la mejora de calificación, Fitch reconoce liquidez de El Salvador
El economista y expresidente del BCR, Carlos Acevedo, reaccionó positivamente a la mejoría de la calificación de riesgo del país por parte de Fitch Ratings, y destacó la importancia de la revisión que viene desde la más rígida de las calificadoras con respecto a Moody’s y Standard & Poor’s.
El pasado 4 de mayo se conoció el informe de febrero de Fitch donde aplica una mejora a la calificación de riesgo de El Salvador a CCC+ desde CC.
«Fitch es dura, es la más dura de las tres calificadoras y reconoce que la situación de la liquidez fiscal ha mejorado y la capacidad del Gobierno de ir sirviendo la deuda, reconocen que está mejor que hace seis meses», explicó el economista.
Asimismo, señaló que la revisión a favor de El Salvador muestra un cambio de postura a la estrategia de recompra de deuda de los eurobonos de vencimiento 2023 y 2025 ejecutados por el Gobierno, que aunque recibió en principio las críticas de Fitch ahora la califican como «exitosa».
«Es interesante porque el director de Fitch para El Salvador hace seis u ocho meses dijo que para ellos, la recompra era un default y ahorita está diciendo que fue exitosa», mencionó Acevedo.
En enero, El Salvador pagó $604 millones, más $23 millones en concepto de intereses, del bono que originalmente se emitió en $800 millones debido a que se adelantó a la fecha de vencimiento con dos ofertas de recompras efectuadas el año pasado.
En esas operaciones consiguió readquirir $647 millones en los títulos valores de 2023 y 2025; ahorrando $288 millones a las arcas del Estado, según reportes del Ministerio de Hacienda.
Por su parte, el presidente, Nayib Bukele, destacó el salto de tres posiciones que significó la revisión de la firma estadounidense en un solo día.
«Los chicos de fiat en Fitch Ratings acaban de mejorar la calificación crediticia de El Salvador tres posiciones en un solo día. Por supuesto, solo están tratando de adaptarse a la realidad, que es aún mejor. No puedo esperar a que lo actualicen aún más, una vez que anunciemos nuestro excedente de presupuesto para 2024», expresó, en esa ocasión, el gobernante en Twitter.
En coincidencia, el vicepresidente de Exor Latinoamérica, César Addario, también consideró que la mejora a CCC+ de El Salvador por parte de Fitch es en gran parte, debido al pago a tiempo y con intereses del bono 2023 que hizo el Gobierno».
«Este es el paso inicial positivo y se logrará entrar de lleno en un espiral ascendente que debería seguir El Salvador en su proceso de notas con las calificadoras de riesgo, ya que esto permitirá cada vez más el acceso del país a mejores fuentes de financiamiento con menores costos», estimó el experto.
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
