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Ex ministro Munguía Payes habría participado en destrucción de archivos del Mozote, dice el abogado de las familias de las víctimas del caso
El abogado que representa a las víctimas del caso El Mozote, David Morales, confirmó hoy que el ex ministro de la Defensa, David Munguía Payés, habría sido parte del esquema y la operación de destrucción de archivos militares del Mozote, caso donde el Presidente Nayib Bukele ya desclasificó y entregó la única información que se encontró en los expedientes militares.
“Recordemos que el ex ministro Munguía Payés también pudo participar en la destrucción de estos archivos, es algo que se debe de verificar en las actas de expurgo”, dijo el abogado en el Palacio Nacional, lugar donde se encuentra el Archivo General de la Nación.
Sobre el tema y la destrucción de archivos sobre El Mozote, el Gobierno ya certificó a la Fiscalía General de la República sobre un posible delito, debido a que se encontró información parcial en los archivos militares y hay indicios de que pudo darse un proceso ilegal al respecto.
La investigación podría abarcar diferentes administraciones gubernamentales, incluso desde antes de la firma de los Acuerdos de Paz, que pudieron omitir o destruir información para evitar una crisis política o enfrentar la verdad.
Hay que recordar que en este caso hay un proceso penal abierto y que el Gobierno está cooperando con la información disponible, en afán de encontrar la verdad al respecto y cerrar las heridas que generó la guerra y los gobiernos anteriores en los familiares de las víctimas, que siempre clamaron verdad, sobre todo en las gestiones del FMLN.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
Un aparatoso accidente de tránsito se registró este jueves en el distrito de San Miguel, cuando un microbús que circulaba a excesiva velocidad se estrelló contra el muro perimetral de una vivienda en la zona de Chirilagua.
El siniestro fue captado por la cámara de seguridad de la propiedad afectada, y en las imágenes se observa cómo el vehículo se aproxima a gran velocidad antes de impactar violentamente contra la estructura.
Según testigos, el microbús trasladaba a varios maestros que se dirigían hacia el centro escolar donde laboran. Hasta el momento, no se han reportado víctimas mortales, pero las autoridades investigan las causas del accidente y si hubo personas lesionadas.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
