Nacionales
Establecen protocolo de atención a estudiantes con problemas económicos y académicos ante la pandemia COVID-19
El Ministerio de Educación (MINED), junto a la Defensoría del Consumidor (DC), en coordinación con las Instituciones de Educación Superior (IES), a través del Comité de apoyo a procesos de atención al estudiante desde las IES, ha puesto en marcha el Protocolo de Atención a Estudiantes con Problemas Económicos y Académicos ante la situación de la pandemia covid-19.
El objetivo del protocolo es estandarizar el mecanismo de atención de las IES para abordar de manera adecuada y directa los casos de quejas presentados por los estudiantes.
Dicho protocolo contiene la ruta de trabajo para brindar atención al estudiante a nivel interno, que conlleva a la solución de las dificultades planteadas; proceso que no podrá exceder los 15 días en tiempo de respuesta.
La ruta del protocolo contiene las siguientes actividades: ingreso de solicitud de parte del estudiante a la IES, identificación del alumno y del problema presentado, tipificación del caso y categorización del mismo, respuesta de aceptación de la solicitud ante el estudiante (3 días).
Asignación a la unidad responsable de responderlo y análisis académico y/o financiero de cada caso (4 días); Elaboración de propuesta al estudiante, según el caso, y reunión con cada estudiante, si ameritara, para conversar acerca del problema y propuesta elaborada (5 días).
Documentación de las propuestas, arreglos y comunicaciones entre la IES y el alumno (2 días); Emisión de acuerdo o nota de resolución, aplicación el acuerdo o resolución por parte de la IES, y creación de un mecanismo o auditoría para cumplir los acuerdos (15 días después de ingresada la solicitud).
El Comité de apoyo a procesos de atención al estudiante desde las IES, como parte del proceso, sugiere tomar las siguientes consideraciones: Hacer partícipes a los estudiantes y construir con ellos las propuestas de solución; informar oportunamente al alumno sobre los procesos académicos, administrativos, financieros, entre otros; en este sentido, los casos de quejas que puedan surgir se aborden entre IES y estudiantes de manera adecuada y directa, con la información pertinente, agotando las vías correspondientes.
Asimismo, promover en sus comunidades educativas campañas que incentiven a la No deserción estudiantil, motivando la continuidad educativa en este período de crisis sanitaria.
Con respecto a las graduaciones durante la pandemia covid-19, el Comité acordó que las graduaciones presenciales podrán realizarse en la fase 5 de la Apertura Económica implementada por el Órgano Ejecutivo.
Existiendo la posibilidad de continuar con las graduaciones virtuales o entrega de títulos sin acto, con acuerdo entre las partes, pudiendo suceder que graduandos consideren el riesgo que aun en esa fase pueda existir y prefieran llegar a un acuerdo con las IES para que se omita o se devuelvan los recursos cancelados para dicho acto.
Para las graduaciones que se organicen en tiempo, será necesario que se envíe a la Dirección Nacional de Educación Superior (DNES) las propuestas en detalle de cómo se organizará la logística para garantizar la seguridad sanitaria, y una vez recibidas se enviarán al Ministerio de Salud (MINSAL), instancia correspondiente para su aprobación.
Será la Defensoría del Consumidor quien audite el cumplimiento de los acuerdos alcanzados entre las autoridades de las IES con los estudiantes, mismos a los que el MINED dará seguimiento.
Desde el inicio de la emergencia presentada por la pandemia de Covid-19, la Ministra de Educación, Carla Hananía, en compañía de otras autoridades de la cartera de Estado, ha sostenido constantes reuniones con los representantes de las IES y representantes de estudiantes universitarios para conocer las principales dificultades que enfrentaban.
La titular de Educación informó que el viernes 17 de julio se iniciará un proceso de diálogo, liderado por el Ministerio de Educación y la Defensoría del Consumidor, en donde participarán los representantes de las IES y de los universitarios, para buscar soluciones en conjunto a las problemáticas que enfrenta este sector debido a la pandemia por covid-19.
Actualmente, se han atendido cerca de 250 denuncias a las cuales se les ha dado seguimiento, la mayor parte de ellas, se han resuelto de manera favorable, tanto para los estudiantes como para las universidades, utilizando la intermediación y el diálogo.
Principal
Avanzan en levantamiento de información para ejecutar Plan Maestro La Bretaña, en San Martín
El Ministerio de Vivienda informó que equipos técnicos y sociales, con acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), realizan el levantamiento de información para la elaboración del Plan Maestro La Bretaña, en el distrito de San Martín, en San Salvador Este.
De acuerdo con la titular de la institución, Michelle Sol, el proceso incluye un censo comunitario y de vivienda mediante formularios georreferenciados que permitirán recopilar datos clave para la planificación del territorio.
El levantamiento de información se desarrolla en tres niveles:
– Hogar: se evalúan condiciones de habitabilidad y el acceso a servicios básicos.
– Manzana: se analiza la infraestructura urbana, equipamientos y espacios públicos disponibles.
– Asentamiento: se revisan aspectos como conectividad, riesgos y cobertura de servicios.
Las autoridades señalaron que estos datos permitirán priorizar futuras intervenciones para fortalecer el desarrollo urbano, con un enfoque más ordenado, resiliente y sostenible para las comunidades del sector.
Además, el Sistema de Vivienda destacó que en la zona ya se han impulsado diferentes acciones, entre ellas la construcción de un proyecto de apartamentos, procesos de legalización de comunidades y la edificación de viviendas, como parte de los esfuerzos para mejorar las condiciones habitacionales de las familias.
Principal
Sala de lo Constitucional fija criterios legales y éticos para el uso de inteligencia artificial en instituciones públicas y tribunales
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador emitió una resolución que fija criterios éticos y legales para el uso de la inteligencia artificial generativa en instituciones públicas y en el sistema judicial.
La decisión se adoptó el 13 de marzo de 2026 dentro del proceso de inconstitucionalidad 57-2025. El caso surgió después de que ciudadanos utilizaron inteligencia artificial para redactar una demanda.
Ante esa situación, el tribunal analizó el alcance del uso de esta tecnología. Además, explicó qué se entiende por inteligencia artificial, cuáles son sus tipos y cómo funciona.
Análisis de la relación entre inteligencia artificial y derechos fundamentales
Durante el proceso, la Sala revisó normas nacionales e internacionales sobre el desarrollo y uso de inteligencia artificial.
El tribunal también examinó cómo estas herramientas interactúan con los derechos fundamentales de las personas.
Según la resolución, la inteligencia artificial puede ofrecer beneficios en la gestión pública. Sin embargo, también puede generar riesgos si no existen controles adecuados.
Por ello, la Sala subrayó la necesidad de aplicar criterios éticos y jurídicos en su implementación.
Uso de inteligencia artificial en la administración pública
La resolución indicó que la inteligencia artificial puede agilizar trámites, mejorar la eficiencia institucional y apoyar la gestión pública.
No obstante, el tribunal advirtió que el uso de sistemas automatizados debe evitar riesgos como la discriminación algorítmica causada por sesgos en los sistemas.
Por esa razón, las instituciones deben aplicar controles que garanticen transparencia y respeto a los derechos ciudadanos.
Límites al uso de IA en la administración de justicia
En el ámbito judicial, la Sala señaló que toda persona tiene derecho a un juez humano y a un procurador humano.
Por lo tanto, el uso de inteligencia artificial en tribunales debe mantenerse bajo supervisión humana obligatoria.
El tribunal estableció varios principios para el uso responsable de esta tecnología. Entre ellos destacan transparencia, responsabilidad, privacidad, control humano y prevención de riesgos.
Además, incluyó criterios de igualdad, verificación, ética, buenas prácticas y adaptación constante.
Con esta resolución, la Sala busca equilibrar el avance tecnológico con las obligaciones del Estado y la protección de los derechos de los ciudadanos.
La diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, no ha tardado en expresarse de las nuevas reformas aprobada en la Asamblea Legislativa en la que se permite cadena perpetua a pandilleros, asesinos y violadores.
Ortiz reiteró que el aumento de años a una condena no da justicia a las víctimas.
Además cree que está reforma puede traer «problemas» para las personas que son procesadas por tres delitos mencionados anteriormente.
Claudia Ortiz fue la única que votó en contra de la reforma al artículo 27 para condenar a cadena perpetua a pandilleros, violadores y asesinos.
