Leyda Lovo de Cardoza, es una productora que junto a otras seis personas en el distrito de Quelepa, San Miguel, se dedica a la producción de pepino, tomate y chile. Este grupo también forma parte de las 59 personas organizadas en 10 grupos productivos, seis de San Miguel y cuatro de Usulután, que iniciarán un proceso de fortalecimiento de capacidades en agricultura.

Dichas capacitaciones forman parte del programa «Fortalecimiento de capacidades para mujeres y jóvenes para la implementación de agricultura climáticamente inteligente en El Salvador».

«Nos sentimos contentos de haber sido elegidos para participar en este proyecto. Necesitamos una máquina para poder arar la tierra y una bomba achicadora para poder abastecernos del río», mencionó Leyda Lovo.

Este proyecto es implementado por el Instituto Global para el Crecimiento Verde (GGGI) y el financiamiento del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Asuntos Rurales de la República de Corea; en coordinación con el Gobierno de El Salvador a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA) y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

«Con este proyecto buscamos capacitar a mujeres y jóvenes en condición de vulnerabilidad al cambio climático con prácticas de agricultura climáticamente inteligente, asociatividad y habilidades empresariales. Tuvimos una muy buena experiencia en las ediciones 2024 y 2025, por lo que estamos muy emocionados de poder sumar nuevos grupos a nuestro proyecto», enfatizó Moon Do Kim, Gerente de Proyectos de GGGI.

El programa de capacitaciones es la primera fase de un proceso para fortalecer y desarrollar emprendimientos agrícolas, que incluye la elaboración de planes de negocio, y en una fase posterior, la provisión de capital semilla y asistencia técnica.

El pasado viernes 27 de febrero finalizó con una cifra de cero homicidios en todo el territorio salvadoreño, según indican las estadísticas oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC) publicados esta madrugada.

Esta nueva jornada sin muertes a causa de la violencia suma 50 días sin homicidios en lo que va del 2026 y acumula 27 días sin homicidios en todo lo que va del mes.

Por otra parte, desde que el presidente Nayib Bukele llegó al frente del Ejecutivo en 2019 se han registrado 1,151 días sin homicidios, según indican las estadísticas policiales.

Los resultados en seguridad se les atribuye a estrategias de seguridad implementadas por el Gobierno del presidente Nayib Bukele, como es el caso del Plan Control Territorial, y el régimen de excepción, aprobado en marzo de 2022 para combatir a las pandillas.

De los 1,151 días sin homicido en total, 1,037 se contabilizan durante el periodo de vigencia del régimen de excepción. Por otra parte, el pasado 15 de enero se alcanzó la histórica cifra de los mil días sin muertes a causa de la violencia.

De acuerdo con el balance de Seguridad, el 2025 cerró con 303 días sin homicidios, la cifra más alta registrada hasta la fecha. Este resultado supera al 2024, que concluyó con 279 días sin asesinatos, y al 2023, cuando se contabilizaron 247 jornadas libres de asesinatos.

Durante la madrugada de ayer, la Fiscalía General de la República (FGR), en trabajo coordinado con la Policía, ejecutó un operativo para desmantelar una estructura dedicada al tráfico de drogas.

Esta delinquía a través de una plataforma que ofrecía el «servicio de entrega de mercadería». Los imputados simulaban la entrega de paquetes para movilizar la droga, con la intención de no ser detectados por las autoridades.

«Esta noche estamos ejecutando un operativo junto con la División Antinarcóticos —DAN— de la Policía, en el cual se están ejecutando 24 registros con prevención de allanamiento», indicó el fiscal del caso.

«El cabecilla de esta organización es José Antonio Pérez Montoya, quien era apoyado y respaldado por otros sujetos, incluyendo a sus familiares, quienes también han sido detenidos», indicó el fiscal del caso.

Las autoridades realizaron los registros en Santa Tecla y Lourdes, en La Libertad; y en Soyapango, en San Salvador, lu gares en los que la droga se distribuía y se comercializaba.

«Como resultado de los registros, se han decomisado varias porciones de cocaína y crac listas para su venta, 18 teléfonos celulares con información importante para las investigaciones y más de $3,000 en efectivo», detalló el fiscal.

Las autoridades reportaron la captura de 17 imputados, quienes fueron identificados como José Antonio Pérez Montoya, Gloria América Gil, Josué Edenilson Bonilla Rivas, José Ezequiel Sosa Rodríguez, Julio Enrique Morales Quintanilla, Orlando Francisco Díaz, Guillermo Enrique Orellana Benítez, Bryan David Sánchez Molina, Brenda Guadalupe Leones Navarrete y Bryan Moisés Pérez Valladares.

Además, William Alexánder Rivera Huezo, Edwin Edgardo Martínez Alvarado, Juan Manuel Reyes Flores, Christian Enrique Mirón Noyola, Pamela Sa raí Acevedo Guevara, Maykol Francisco Pichinte Alfaro y Miguel Ángel González Villarán.

HAY MÁS IMPLICADOS

«El objetivo es capturar a un total de 34 personas que forman parte de una estructura que se dedica a distribuir cocaína en Santa Tecla y Lourdes», detalló el fiscal. La fuente aseguró que las de tenciones son producto de una investigación ejecutada desde enero de 2025.

«La investigación ha permitido determinar el modo de operar de esta estructura, logrando identificar a todos sus integrantes», señaló el funcionario.

La Fiscalía explicó que las personas que apoyaban a Pérez Montoya se ha cían pasar por «Ubers» para ingresar a diferentes lugares, simulando que iban a entregar paquetes comerciales.

«Sin embargo, lo que están entregando es droga, cocaína. Toda la estructura opera de la misma forma en la zona de Santa Tecla y Lourdes», destacó la fuente de la Fiscalía.

El pasado 25 de febrero, las autoridades también desarticularon una estructura criminal dedicada al contra bando de mercaderías que delinquía en el territorio nacional.

La investigación, que se desarrolló durante aproximadamente dos años, permitió identificar a los criminales.

De acuerdo con las investigaciones, la banda tenía distintos niveles de operación. Existían líderes, proveedores, encargados de introducir el producto por puntos fronterizos no habilitados —puntos ciegos— en la zona limítrofe con Guatemala y Honduras.

Luego, la mercadería era trasladada hacia San Salvador y distribuida a municipios de Santa Ana, Sonsonate, Chalatenango, Cuscatlán, San Miguel, Usulután y La Unión. Finalmente, vendedores al detalle comercializaban los cigarrillos en mercados urbanos, completando así la cadena de distribución ilegal.