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Erick García renuncia al fuero como diputado
Este lunes 31 de julio, el diputado de Nuevas Ideas, Erick García, presentó ante la Asamblea Legislativa una solicitud para que se le retire el fuero constitucional, que le corresponde por ser legislador de la República de El Salvador.
“Vengo a presentar un documento donde dispongo mi fuero constitucional a la Junta Directiva de esta Asamblea para que sea ella quien solicite a la FGR verificar si existe algún proceso de investigación o delito en mi contra”, expresó García.
“Alejandro Muyshondt, ¿por qué en las capturas de pantalla donde aludes que yo hablaba con un narcotraficante no hay nombre, número de teléfono ni foto? En las publicaciones que hiciste no aparezco, es hora de que presentes las pruebas”, agregó.
Cabe señalar que esto surge luego de que el asesor de seguridad nacional de la Presidencia de la República, Alejandro Muyshdont, señala al diputado de Nuevas Ideas de tener vínculos con grupos delictivos y del tráfico de drogas.
Ante esto, la Comisión Nacional Electoral de Nuevas Ideas emitió un comunicado donde informa que se ha abierto un proceso de investigación en torno a las acusaciones vertidas por parte del señor Alejandro Muyshondt sobre el diputado Erick García.
Con estas acciones, Nuevas Ideas ratifica su compromiso con el ejercicio de la justicia y la Ley, para que ningún funcionario de la Asamblea Legislativa pueda estar por encima de esos principios.
Por su parte, el Presidente de la República, Nayib Bukele, intervino en el escándalo y emitió un comunicado anunciando un proceso de investigación entre ambos funcionarios.
“Ahora, el señor Alejandro Muyshondt deberá proporcionar los chats SIN EL NOMBRE BORRADO, para poder determinar quién es el aparente narcotraficante de las conversaciones«, dijo el mandatario.
«Si el nombre borrado es el diputado Erick García, este será investigado por narcotráfico. Si no es el diputado García, entonces el señor Alejandro Muyshondt deberá responder por qué acusó falsamente al diputado García”, puntualizó.
Por su parte el presidente de Nuevas Ideas, Xavi Zablah, reiteró que no permitirán procesos de corrupción entre las personas que integran el partido más grande de El Salvador.
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Padres de familia del Instituto Nacional General Francisco Menéndez (Inframen) expresaron su respaldo a los operativos ejecutados esta semana por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), mediante los cuales se desarticuló una estructura pandilleril en formación conocida como “La Raza Estudiantil”.
El centro educativo, que atiende a aproximadamente 1,700 estudiantes, ha sido escenario de hechos relacionados con pandillas en años anteriores. Varios padres coincidieron en que estas acciones brindan mayor seguridad y tranquilidad a los alumnos y sus familias.
“Con este tipo de acciones resguardan a miles de estudiantes. Yo me siento más segura y ellos también”, opinó Briseyda, madre de dos jóvenes que estudian en el Inframen.
Rosa, madre de una estudiante de primer año, también apoyó los operativos, señalando que el instituto en décadas pasadas fue golpeado por la violencia de las pandillas. “El que anda metido en problemas, tiene sus consecuencias, pero uno de padre tiene que estar pendiente de sus hijos”, agregó otra madre, Ana.
Por su parte, Ruth Carranza explicó que decidió matricular a su hija en el Inframen por las mejoras en seguridad implementadas en el país desde 2019. “Avalo que las autoridades estén cortando de raíz estas conductas delictivas. Que esto sirva como ejemplo”, afirmó.
#DePaís | Este es el panorama afuera del INFRAMEN donde el pasado martes la @FGR_SV ejecutó un operativo para desarticular una nueva pandilla en formación. Los padres de familia aprueban que las autoridades lleven a cabo este tipo de acciones para evitar ilícitos. 📹: Gadiel… pic.twitter.com/mGpNVpY72d
— Diario El Salvador (@elsalvador) June 26, 2025
El caso
El pasado martes, las autoridades capturaron a 40 estudiantes vinculados con la estructura criminal, procedentes de cuatro institutos nacionales de San Salvador: 28 del Inframen, 6 del Instituto Nacional Albert Camus, 4 del Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y 2 del Instituto Nacional Acción Cívica Militar..
Según la FGR, los jóvenes pretendían reclutar más miembros y organizaban actos delictivos. Las investigaciones revelan que amedrentaban a sus compañeros, y algunos están acusados de agresiones sexuales, consumo de drogas y violencia física. Entre los capturados hay tres que ya no eran estudiantes, pero que anteriormente cursaron estudios en el Inframen y ahora se presume estaban colaborando desde fuera.
Los imputados serán procesados por agrupaciones ilícitas y otros delitos relacionados. Las autoridades reiteraron su compromiso de erradicar toda manifestación delictiva en los centros educativos del país.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
