Nacionales
Enrique Rais demanda judicialmente a La Prensa Gráfica por daños morales por haber divulgado noticias falsas para atacarlo
Los suscritos apoderados del señor Enrique Rais, hacemos del conocimiento público, que el día miércoles 11 de mayo de 2022, por instrucciones de nuestro cliente, quien ha sido sistemáticamente víctima de una agenda de noticias falsas y difamatorias (“Fake News”) por el periódico “LA PRENSA GRÁFICA” hemos interpuesto ante el Sistema Judicial Salvadoreño una Demanda Civil en contra de la Sociedad DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V. (dueña del citado rotativo) representada legalmente por el Sr. José Roberto Dutriz, exigiendo una reparación por daños morales ocasionados al Sr. Rais, que asciende a la suma de US $5 millones de Dólares.
Hacemos público este comunicado, para evitar que LA PRENSA GRÁFICA, intente indebidamente victimizarse, cobijándose “artificiosamente” en el derecho a la libertad de prensa, el cual en ningún momento se está atacando o colocando en riesgo; por el contrario, queremos que se verifique su cumplimiento legal y ético, para evitar que LA PRENSA GRÁFICA siga mancillando tan noble derecho de la libertad de expresión y del acceso a la información de una sociedad democrática, por medio de agendas de “LAWFARE” (manipulación de investigaciones periodísticas para perfilar y fundar juicios criminales) con el objetivo de generar noticias falsas para destruir “proyectos de vida” de muchísimas personas, incluyendo al Sr. Enrique Rais. Como lo demostraremos a continuación:
- El jueves 31 de agosto de 2017, La Prensa Gráfica (LPG) por medio de su Revista Séptimo Sentido publica un artículo tendencioso y totalmente falso denominado “UNA SERIE DE CORREOS INVOLUCRA A RAIS Y MERINO EN NEGOCIACIÓN ILÍCITA CON PUERTO CORTÉS” noticia que se fundamenta en correos con información de naturaleza empresarial, cuyo contenido versa sobre el interés de participar en un concurso internacional para operar el Puerto Marítimo de Cortés, en la República de Honduras; proceso en que finalmente se decide no participar, ni formar el asocio con las empresas mencionadas en la publicación, ante la falta de viabilidad para cumplir con los criterios de selección. Por lo que ni siquiera se participó en el proceso de precalificación, este argumento por sí solo desbarata todas las especulaciones de “negociaciones ilícitas” que aborda la noticia en mención en contra del Sr. Rais. Esa información fue además ilegalmente divulgada por la LPG al haber sido entregada indebidamente por el abogado que en ese momento ejercía como apoderado legal del Sr. Rais y sus empresas, lo que constituye un patrocinio infiel y puede ser constitutivo de otros delitos que ya fueron denunciados ante la Fiscalía General de la República, especialmente cuando esos correos electrónicos fueron editados y descontextualizados para aparentar hechos delictivos. La libertad de prensa, no puede nunca ser utilizada como pretexto para violentar otros derechos fundamentales como el derecho al honor y la privacidad.
- La información publicada en la citada nota, del 31 de agosto de 2017, se refiere a hechos sucedidos entre los años 2012 y 2013, haciendo suposiciones y conjeturas para señalar supuestos intentos de soborno, que no existieron en la realidad. Bastaba revisar que en ese expediente del Concurso Público, ya en el año 2013 (es decir cuatro años antes de la publicación) constaban tanto las actas de precalificación de los participantes (de los que no forma parte el Sr. Rais, ni sus empresas, ni asocio), las certificaciones de las evaluaciones que avalan el procedimiento realizadas por la respetable firma auditora PriceWaterhouseCooper, por el Tribunal Superior de Cuentas de Honduras y finalmente por el hecho que en el año 2020 el proyecto se liquidó quedando demostrado que no existieron contingencias judiciales por ninguna clase de reclamo o acción legal. ¿Por qué LA PRENSA GRÁFICA deliberadamente no revisó o no quiso divulgar la información que era de acceso público desde el 2014 y que botaba todo el argumento del “fraude” que ese medio se inventó? ¿O solamente pretendía generar una noticia para criminalizar al Sr. Rais nuevamente con hechos falsos y sin ningún fundamento?
- Queremos dejar muy en claro, que no estamos ejerciendo ninguna acción penal, sino que nuestra reclamación es de orden civil ante las pruebas que demuestran que se publicaron hechos falsos, se afectó el derecho a la privacidad de nuestro cliente y se le perjudicó a futuro en su desarrollo integral, ya que esas noticias fueron posteriormente retomadas por otros organismos e instituciones con incidencia en los derechos del Sr. Rais, por ejemplo, por WOLA (Washington Office on Latin America) en trabajos conjuntos con el IDHUCA y por Congresistas de los Estados Unidos de América al solicitar la incorporación del Sr. Rais en la Magnitsky Act, lo que finalmente no se produjo, al presentar en aquel país el Sr. Rais todas las pruebas que desvanecían las falsas acusaciones que dieron inicio por las publicaciones de LA PRENSA GRÁFICA en su contra, pero que fueron desestimadas por las autoridades correspondientes.
- El Sr. Enrique Rais, como resultado de una persecución penal que ha sido certificada como ilegal y arbitraria tanto por la Organización de Naciones Unidas (ONU) como por las autoridades del Ministerio Público de Suiza, ha comprobado su inocencia, sobre los mismos hechos que LA PRENSA GRÁFICA lo ha señalado y con los que lo ha colocado en una situación de riesgo reputacional. Por lo que cualquier acto de “victimización” de este medio de prensa, es únicamente parte de su intento por mantener un “status quo” creado a base de mentiras y falsedades. Por eso su distintivo de “Noticias de verdad” solamente causa desaprobación y burla ante la sociedad civil.
- La hipocresía de LA PRENSA GRÁFICA, es de tal magnitud que en su edición de fecha 11 de mayo de 2022 publica como titular: “GOBIERNO VIOLA LOS DERECHOS HUMANOS”, en defensa de las pandillas, que tanto flagelo han ocasionado a la sociedad salvadoreña, basado en las consideraciones de una ONG de activismo en derechos humanos; pero al Sr. Rais, continúa denominándolo “prófugo” aún y cuando la Organización de Naciones Unidas, es decir la máxima autoridad mundial en materia de derechos humanos ha expresado que la causa penal seguida contra Enrique Rais fue ilegal y su privación de libertad arbitraria, contraria a lo que ha sostenido de forma permanente LA PRENSA GRÁFICA al referirse al caso del Sr. Rais.
- Asimismo, el Sr. Rais, pide a la población que evalúe lo siguiente:
¿Tiene credibilidad LA PRENSA GRÁFICA o está claro que su función sesgada de la realidad finge deberse a la libertad de prensa, pero en realidad lo mueven otros intereses de orden político y particular?
¿Es justo que amparados artificiosamente en la libertad de prensa, medios de comunicación social como LA PRENSA GRÁFICA, con claro sentido de “activismo político” pretendan falsear la realidad para beneficiar sus agendas en contra de un empresario, un proyecto, un Gobierno?
¿Deben responder de forma legal y patrimonialmente los medios de prensa cuando se demuestra con pruebas claras y objetivas su contribución en dañar al honor, la moral y el patrimonio de personas, por medio de prácticas “LAWFARE” o pueden invocar el derecho a la libertad de prensa como un absoluto que le genera inmunidad e impunidad ante la Administración de Justicia?
Estos son aspectos que el Sr. Enrique Rais pretende que alcancen un debate de altura judicial, porque son de interés particular pero también para la sociedad civil y para la consolidación del Estado de Derecho. Por tal motivo, estas acciones legales realizadas se enmarcan en la defensa, el honor y dignidad del Sr. Enrique Rais, violentados bajo un uso abusivo, antiético y contrario a la verdadera naturaleza de la libertad de prensa, por medio de divulgación de noticias falsas en su contra durante al menos los últimos siete años. Exigencias que cumplen los estándares conforme lo establecido en los artículos 13.2 letra a) y 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
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FOTOS | Alcaldía de Santa Ana Centro investiga el abandono de cuatro gatitos en la colonia San Luis
El alcalde de Santa Ana Centro, Gustavo Acevedo, informó que la municipalidad ya cuenta con datos importantes sobre la persona responsable de abandonar a cuatro gatitos en la calle Barcelona, colonia San Luis, en Santa Ana, así como con evidencia recopilada mediante el sistema de videovigilancia.
Acevedo explicó que, desde el primer día en que se reportó el caso, giró instrucciones a la Unidad de Protección de Animales de Compañía Municipal (UPACM) y al Cuerpo de Agentes Municipales (CAM) para localizar a la responsable de este hecho.
El funcionario detalló que las investigaciones se realizaron conforme a las facultades establecidas en la Ley Especial de Protección y Bienestar Animal. Asimismo, indicó que la información y las pruebas recopiladas permitirán gestionar la Esquela de Emplazamiento por faltas muy graves, como la relacionada con este caso.
Sin embargo, el alcalde señaló que existen limitaciones legales para ingresar a una vivienda sin autorización. Según explicó, la municipalidad no puede derribar una puerta ni allanar una casa sin una orden judicial. Agregó que, si los ocupantes permiten el ingreso, es posible proceder con la imposición de la sanción correspondiente.
Ante esta situación, Acevedo hizo un llamado a la población y a las organizaciones de protección animal para que presenten la denuncia respectiva ante la Fiscalía General de la República (FGR), con el objetivo de que la institución pueda iniciar las acciones legales correspondientes contra la responsable.
El alcalde aseguró que la municipalidad entregará a la Fiscalía todos los videos y las pruebas recolectadas para contribuir a la conformación del caso.
Por otra parte, pidió a la organización Dame tu Pata El Salvador evitar señalamientos falsos y sostuvo que la alcaldía actuó de manera inmediata y responsable desde que tuvo conocimiento del abandono de los cuatro gatitos.
Finalmente, invitó a la organización y a la población a trabajar en conjunto para generar conciencia y prevenir que hechos de maltrato y abandono animal vuelvan a ocurrir. Acevedo reiteró que su compromiso con la protección de los animales es genuino y manifestó su intención de trabajar para que se cumpla la ley.
Informo a la población que desde el día 1 que se registró el caso de abandono de 4 gatitos en la calle Barcelona, colonia San Luis, giré instrucciones inmediatas a la Unidad de Protección de Animales de Compañía Municipal (UPACM) y al Cuerpo de Agentes Municipales (CAM), para ubicar a la responsable de tan reprochable acto. Procedimos a la investigación en base a lo que la Ley Especial de Protección y Bienestar Animal nos permite. Ya contamos con datos importantes de la responsable y toda la evidencia recolectada por el sistema de videovigilancia, para poder hacer efectiva la Esquela de Emplazamiento por faltas muy graves como esta. Aquí nos enfrentamos a una barrera que me llena de impotencia, porque la ley no nos permite derribar una puerta o allanar la casa sin la orden de un juez. Obviamente, si nos abren, es posible colocar la sanción o proceder. Invitamos a la población y organizaciones de protección animal a poner la respectiva denuncia ante la Fiscalía General de la República, para que ellos puedan proceder legalmente y que caiga todo el peso de la ley sobre la responsable. Desde la municipalidad, les entregaré todos los videos y pruebas recolectadas para armar el caso. También pido a la organización «Dame tu Pata El Salvador» evitar señalamientos falsos, ya que hemos actuado de manera inmediata y responsable. Los invito a trabajar de la mano para hacer conciencia a la población y evitar que este tipo de actos crueles se repitan. Mi compromiso con los animalitos es genuino y juntos vamos a hacer que la ley se respete. #SantaAnaCentro #ElSalvador
— Gustavo Acevedo (@AcevedoGustavo_) October 8, 2026
Nacionales
Autoridades ejecutan peritaje en droga decomisada para su destrucción
La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), inició este 8 de octubre un peritaje a droga decomisada que será destruida en cumplimiento de un mandato judicial.
Las autoridades realizan la prueba de campo, el registro, la clasificación y el levantamiento de actas como parte del procedimiento previo a la destrucción de las sustancias.
De acuerdo con la FGR, la droga corresponde a diferentes incautaciones realizadas por las autoridades en Santa Ana, Sonsonate, San Miguel y San Salvador.
La diligencia se desarrolla en cumplimiento de una orden judicial.
AUTORIDADES EJECUTAN PERITAJE EN DROGA DECOMISADA, PARA SU DESTRUCCIÓN La @FGR_SV en coordinación con @PNCSV inician con la prueba de campo, registro, clasificación y levantamiento de actas para proceder con la destrucción de droga que se realizará este día. Estas sustancias corresponden a diferentes incautaciones desarrolladas por las autoridades en Santa Ana, Sonsonate, San Miguel y San Salvador. Esta diligencia se desarrolla de acuerdo a mandato judicial. #CronioSV #FGR #PNC #DrogaIncautada #ElSalvador
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 8, 2026
Judicial
Inicia juicio contra exalcaldesa de Soyapango por actos arbitrarios y desobediencia
Este 8 de octubre inició el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, acusada por la Fiscalía General de la República (FGR) de los delitos de actos arbitrarios y desobediencia, en perjuicio de la administración pública y de empleados municipales.
De acuerdo con las investigaciones, durante su gestión al frente de la municipalidad, Montano realizó despidos de manera arbitraria, sin respetar los procedimientos legales establecidos para separar de sus cargos a los trabajadores de la comuna.
“Durante su gestión, Nercy Patricia Montano de Martínez realizó despidos de forma arbitraria, sin seguir el procedimiento legal establecido para separar de sus cargos a empleados de la municipalidad”, señaló la Fiscalía en su reporte.
Ante estas vulneraciones, los trabajadores afectados interpusieron recursos ante los juzgados correspondientes y obtuvieron fallos favorables que ordenaban su reinstalación inmediata, así como el pago de los salarios y las prestaciones adeudadas.
Sin embargo, según la información proporcionada, la exfuncionaria y su concejo municipal se negaron a cumplir con los mandatos judiciales, situación que dio origen al proceso penal que enfrenta actualmente.




