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Enrique Rais demanda judicialmente a La Prensa Gráfica por daños morales por haber divulgado noticias falsas para atacarlo
Los suscritos apoderados del señor Enrique Rais, hacemos del conocimiento público, que el día miércoles 11 de mayo de 2022, por instrucciones de nuestro cliente, quien ha sido sistemáticamente víctima de una agenda de noticias falsas y difamatorias (“Fake News”) por el periódico “LA PRENSA GRÁFICA” hemos interpuesto ante el Sistema Judicial Salvadoreño una Demanda Civil en contra de la Sociedad DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V. (dueña del citado rotativo) representada legalmente por el Sr. José Roberto Dutriz, exigiendo una reparación por daños morales ocasionados al Sr. Rais, que asciende a la suma de US $5 millones de Dólares.
Hacemos público este comunicado, para evitar que LA PRENSA GRÁFICA, intente indebidamente victimizarse, cobijándose “artificiosamente” en el derecho a la libertad de prensa, el cual en ningún momento se está atacando o colocando en riesgo; por el contrario, queremos que se verifique su cumplimiento legal y ético, para evitar que LA PRENSA GRÁFICA siga mancillando tan noble derecho de la libertad de expresión y del acceso a la información de una sociedad democrática, por medio de agendas de “LAWFARE” (manipulación de investigaciones periodísticas para perfilar y fundar juicios criminales) con el objetivo de generar noticias falsas para destruir “proyectos de vida” de muchísimas personas, incluyendo al Sr. Enrique Rais. Como lo demostraremos a continuación:
- El jueves 31 de agosto de 2017, La Prensa Gráfica (LPG) por medio de su Revista Séptimo Sentido publica un artículo tendencioso y totalmente falso denominado “UNA SERIE DE CORREOS INVOLUCRA A RAIS Y MERINO EN NEGOCIACIÓN ILÍCITA CON PUERTO CORTÉS” noticia que se fundamenta en correos con información de naturaleza empresarial, cuyo contenido versa sobre el interés de participar en un concurso internacional para operar el Puerto Marítimo de Cortés, en la República de Honduras; proceso en que finalmente se decide no participar, ni formar el asocio con las empresas mencionadas en la publicación, ante la falta de viabilidad para cumplir con los criterios de selección. Por lo que ni siquiera se participó en el proceso de precalificación, este argumento por sí solo desbarata todas las especulaciones de “negociaciones ilícitas” que aborda la noticia en mención en contra del Sr. Rais. Esa información fue además ilegalmente divulgada por la LPG al haber sido entregada indebidamente por el abogado que en ese momento ejercía como apoderado legal del Sr. Rais y sus empresas, lo que constituye un patrocinio infiel y puede ser constitutivo de otros delitos que ya fueron denunciados ante la Fiscalía General de la República, especialmente cuando esos correos electrónicos fueron editados y descontextualizados para aparentar hechos delictivos. La libertad de prensa, no puede nunca ser utilizada como pretexto para violentar otros derechos fundamentales como el derecho al honor y la privacidad.
- La información publicada en la citada nota, del 31 de agosto de 2017, se refiere a hechos sucedidos entre los años 2012 y 2013, haciendo suposiciones y conjeturas para señalar supuestos intentos de soborno, que no existieron en la realidad. Bastaba revisar que en ese expediente del Concurso Público, ya en el año 2013 (es decir cuatro años antes de la publicación) constaban tanto las actas de precalificación de los participantes (de los que no forma parte el Sr. Rais, ni sus empresas, ni asocio), las certificaciones de las evaluaciones que avalan el procedimiento realizadas por la respetable firma auditora PriceWaterhouseCooper, por el Tribunal Superior de Cuentas de Honduras y finalmente por el hecho que en el año 2020 el proyecto se liquidó quedando demostrado que no existieron contingencias judiciales por ninguna clase de reclamo o acción legal. ¿Por qué LA PRENSA GRÁFICA deliberadamente no revisó o no quiso divulgar la información que era de acceso público desde el 2014 y que botaba todo el argumento del “fraude” que ese medio se inventó? ¿O solamente pretendía generar una noticia para criminalizar al Sr. Rais nuevamente con hechos falsos y sin ningún fundamento?
- Queremos dejar muy en claro, que no estamos ejerciendo ninguna acción penal, sino que nuestra reclamación es de orden civil ante las pruebas que demuestran que se publicaron hechos falsos, se afectó el derecho a la privacidad de nuestro cliente y se le perjudicó a futuro en su desarrollo integral, ya que esas noticias fueron posteriormente retomadas por otros organismos e instituciones con incidencia en los derechos del Sr. Rais, por ejemplo, por WOLA (Washington Office on Latin America) en trabajos conjuntos con el IDHUCA y por Congresistas de los Estados Unidos de América al solicitar la incorporación del Sr. Rais en la Magnitsky Act, lo que finalmente no se produjo, al presentar en aquel país el Sr. Rais todas las pruebas que desvanecían las falsas acusaciones que dieron inicio por las publicaciones de LA PRENSA GRÁFICA en su contra, pero que fueron desestimadas por las autoridades correspondientes.
- El Sr. Enrique Rais, como resultado de una persecución penal que ha sido certificada como ilegal y arbitraria tanto por la Organización de Naciones Unidas (ONU) como por las autoridades del Ministerio Público de Suiza, ha comprobado su inocencia, sobre los mismos hechos que LA PRENSA GRÁFICA lo ha señalado y con los que lo ha colocado en una situación de riesgo reputacional. Por lo que cualquier acto de “victimización” de este medio de prensa, es únicamente parte de su intento por mantener un “status quo” creado a base de mentiras y falsedades. Por eso su distintivo de “Noticias de verdad” solamente causa desaprobación y burla ante la sociedad civil.
- La hipocresía de LA PRENSA GRÁFICA, es de tal magnitud que en su edición de fecha 11 de mayo de 2022 publica como titular: “GOBIERNO VIOLA LOS DERECHOS HUMANOS”, en defensa de las pandillas, que tanto flagelo han ocasionado a la sociedad salvadoreña, basado en las consideraciones de una ONG de activismo en derechos humanos; pero al Sr. Rais, continúa denominándolo “prófugo” aún y cuando la Organización de Naciones Unidas, es decir la máxima autoridad mundial en materia de derechos humanos ha expresado que la causa penal seguida contra Enrique Rais fue ilegal y su privación de libertad arbitraria, contraria a lo que ha sostenido de forma permanente LA PRENSA GRÁFICA al referirse al caso del Sr. Rais.
- Asimismo, el Sr. Rais, pide a la población que evalúe lo siguiente:
¿Tiene credibilidad LA PRENSA GRÁFICA o está claro que su función sesgada de la realidad finge deberse a la libertad de prensa, pero en realidad lo mueven otros intereses de orden político y particular?
¿Es justo que amparados artificiosamente en la libertad de prensa, medios de comunicación social como LA PRENSA GRÁFICA, con claro sentido de “activismo político” pretendan falsear la realidad para beneficiar sus agendas en contra de un empresario, un proyecto, un Gobierno?
¿Deben responder de forma legal y patrimonialmente los medios de prensa cuando se demuestra con pruebas claras y objetivas su contribución en dañar al honor, la moral y el patrimonio de personas, por medio de prácticas “LAWFARE” o pueden invocar el derecho a la libertad de prensa como un absoluto que le genera inmunidad e impunidad ante la Administración de Justicia?
Estos son aspectos que el Sr. Enrique Rais pretende que alcancen un debate de altura judicial, porque son de interés particular pero también para la sociedad civil y para la consolidación del Estado de Derecho. Por tal motivo, estas acciones legales realizadas se enmarcan en la defensa, el honor y dignidad del Sr. Enrique Rais, violentados bajo un uso abusivo, antiético y contrario a la verdadera naturaleza de la libertad de prensa, por medio de divulgación de noticias falsas en su contra durante al menos los últimos siete años. Exigencias que cumplen los estándares conforme lo establecido en los artículos 13.2 letra a) y 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a siete años de prisión a Adalberto Antonio Miranda Zepeda, hijo del fallecido Catalino Miranda, tras encontrarlo responsable del delito de estafa agravada en perjuicio de una víctima.
De acuerdo con los hechos acreditados en juicio, el 16 de mayo de 2019, Miranda Zepeda solicitó al Centro Nacional de Registros (CNR) el retiro de un documento de cancelación de mutuo hipotecario que no había sido inscrito, con el propósito de subsanar prevenciones señaladas por dicha institución; posteriormente, el documento fue presentado nuevamente por otra persona.
Sin embargo, la víctima no firmó dicha cancelación y la Sección del Notariado de la Corte Suprema de Justicia informó que el documento era inexistente; además, se estableció que el notario no se encontraba en el país en la fecha en que supuestamente fue suscrito.
Asimismo, el dolo se evidenció cuando el procesado, en su calidad de administrador único de ACOSTES de R. L., suscribió con la víctima una novación del contrato de mutuo con garantía prendaria sobre 78 unidades de buses. No obstante, posterior a la firma de la novación, esas mismas unidades fueron dadas como garantía ante otras instituciones financieras.
Los hechos se originaron en 2019, cuando la víctima otorgó un contrato de mutuo con garantía hipotecaria y prendaria por $1,800,000 a favor de su padre Catalino Ezequiel Miranda Arteaga (ya fallecido) y de su tío José Braulio Miranda Arteaga, quienes en ese entonces eran los representantes de ACOSTES de R. L. y ACOSTES de El Salvador S. A. de C. V. Con el tiempo, los obligados dejaron de cumplir con los pagos.
Además, el tribunal condenó en abstracto la responsabilidad civil, a fin de que la víctima pueda ejercer su derecho en la vía correspondiente. Esto debido a que no se demostró el monto exacto del perjuicio, ya que la víctima concilió con uno de los imputados, José Braulio Miranda Arteaga.
Hamlet Rafael de Paz Escobar, conocido como “La Romina” recobrará su libertad luego de confesar los delitos de daños a una patrulla policial y hurto de una gorra de un agente, en enero de 2025. Hasta hoy, Romina está detenida en el penal de Jucuapa.
La audiencia se desarrolló de forma virtual, debido a que el imputado permanece en prisión mientras avanza el proceso judicial en su contra, en cumplimiento de las disposiciones establecidas por las autoridades.
De acuerdo con información judicial, el caso continúa en etapa de análisis, por lo que serán las instancias correspondientes las que determinen las responsabilidades del acusado conforme avance el procedimiento.
El aval a este tipo de proceso podría permitir una resolución más ágil del caso, siempre que se cumplan las condiciones legales requeridas, incluyendo la aceptación de los hechos por parte del imputado.
Hasta el momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre el avance específico del caso, aunque reiteraron que el proceso sigue activo.
Según el expediente fiscal, una patrulla de la PNC auxiliaba a una persona y habían dejado el vehículo estacionado; como a 15 metros aproximadamente estaba Romina, quien aprovechó que los agentes se alejaron para hurtar la gorra.
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de Romina el 23 de enero de 2025, cuando fue interceptada sobre el bulevar El Hipódromo, en el distrito de San Salvador.
Previo a su captura, la tiktoker subió un video en sus redes sociales donde aparentemente se encontraba a bordo de una patrulla policial, mostró una gorra de la PNC y activó la bocina del vehículo.
En agosto de 2024, la tiktoker fue acusada de robo y amenazas en contra de un conductor de aplicaciones.
La Dirección de Obras Municipales (DOM) informó que la segunda fase del proyecto de agua potable que se ejecuta en el distrito de Sacacoyo, en el municipio de La Libertad Oeste, lleva un 97 % de avance.
Para finalizar la obra en su totalidad, la DOM ejecuta los últimos detalles que consisten en la implementación de válvulas, cajas para filtrado de lodo y aire, pintura y acabados de la infraestructura.
De acuerdo con la institución, la segunda fase del proyecto comprende la construcción de una cisterna en la zona del pozo, instalación de una bomba sumergible, dos bombas más para rebombeo a una segunda cisterna y una subestación de suministro eléctrico.
Asimismo, incluye la instalación de tres bombas más de rebombeo en la cisterna intermedia para empujar el agua a través de la red de impelencia de más de 3.5 kilómetros, hasta el tanque principal de más 400 metros cúbicos -4 veces más en capacidad al sistema anterior- con su respectiva subestación eléctrica.
La DOM detalló que este proyecto está acompañado de una obra civil que consta de casetas para el control eléctrico y rebombeo, así como para vigilancia, sumado al muro perimetral con block y alambre navaja en la parte superior.
Este nuevo sistema de agua potable abastecerá a más de 1,800 habitantes del sector.
