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Enrique Rais demanda judicialmente a La Prensa Gráfica por daños morales por haber divulgado noticias falsas para atacarlo
Los suscritos apoderados del señor Enrique Rais, hacemos del conocimiento público, que el día miércoles 11 de mayo de 2022, por instrucciones de nuestro cliente, quien ha sido sistemáticamente víctima de una agenda de noticias falsas y difamatorias (“Fake News”) por el periódico “LA PRENSA GRÁFICA” hemos interpuesto ante el Sistema Judicial Salvadoreño una Demanda Civil en contra de la Sociedad DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V. (dueña del citado rotativo) representada legalmente por el Sr. José Roberto Dutriz, exigiendo una reparación por daños morales ocasionados al Sr. Rais, que asciende a la suma de US $5 millones de Dólares.
Hacemos público este comunicado, para evitar que LA PRENSA GRÁFICA, intente indebidamente victimizarse, cobijándose “artificiosamente” en el derecho a la libertad de prensa, el cual en ningún momento se está atacando o colocando en riesgo; por el contrario, queremos que se verifique su cumplimiento legal y ético, para evitar que LA PRENSA GRÁFICA siga mancillando tan noble derecho de la libertad de expresión y del acceso a la información de una sociedad democrática, por medio de agendas de “LAWFARE” (manipulación de investigaciones periodísticas para perfilar y fundar juicios criminales) con el objetivo de generar noticias falsas para destruir “proyectos de vida” de muchísimas personas, incluyendo al Sr. Enrique Rais. Como lo demostraremos a continuación:
- El jueves 31 de agosto de 2017, La Prensa Gráfica (LPG) por medio de su Revista Séptimo Sentido publica un artículo tendencioso y totalmente falso denominado “UNA SERIE DE CORREOS INVOLUCRA A RAIS Y MERINO EN NEGOCIACIÓN ILÍCITA CON PUERTO CORTÉS” noticia que se fundamenta en correos con información de naturaleza empresarial, cuyo contenido versa sobre el interés de participar en un concurso internacional para operar el Puerto Marítimo de Cortés, en la República de Honduras; proceso en que finalmente se decide no participar, ni formar el asocio con las empresas mencionadas en la publicación, ante la falta de viabilidad para cumplir con los criterios de selección. Por lo que ni siquiera se participó en el proceso de precalificación, este argumento por sí solo desbarata todas las especulaciones de “negociaciones ilícitas” que aborda la noticia en mención en contra del Sr. Rais. Esa información fue además ilegalmente divulgada por la LPG al haber sido entregada indebidamente por el abogado que en ese momento ejercía como apoderado legal del Sr. Rais y sus empresas, lo que constituye un patrocinio infiel y puede ser constitutivo de otros delitos que ya fueron denunciados ante la Fiscalía General de la República, especialmente cuando esos correos electrónicos fueron editados y descontextualizados para aparentar hechos delictivos. La libertad de prensa, no puede nunca ser utilizada como pretexto para violentar otros derechos fundamentales como el derecho al honor y la privacidad.
- La información publicada en la citada nota, del 31 de agosto de 2017, se refiere a hechos sucedidos entre los años 2012 y 2013, haciendo suposiciones y conjeturas para señalar supuestos intentos de soborno, que no existieron en la realidad. Bastaba revisar que en ese expediente del Concurso Público, ya en el año 2013 (es decir cuatro años antes de la publicación) constaban tanto las actas de precalificación de los participantes (de los que no forma parte el Sr. Rais, ni sus empresas, ni asocio), las certificaciones de las evaluaciones que avalan el procedimiento realizadas por la respetable firma auditora PriceWaterhouseCooper, por el Tribunal Superior de Cuentas de Honduras y finalmente por el hecho que en el año 2020 el proyecto se liquidó quedando demostrado que no existieron contingencias judiciales por ninguna clase de reclamo o acción legal. ¿Por qué LA PRENSA GRÁFICA deliberadamente no revisó o no quiso divulgar la información que era de acceso público desde el 2014 y que botaba todo el argumento del “fraude” que ese medio se inventó? ¿O solamente pretendía generar una noticia para criminalizar al Sr. Rais nuevamente con hechos falsos y sin ningún fundamento?
- Queremos dejar muy en claro, que no estamos ejerciendo ninguna acción penal, sino que nuestra reclamación es de orden civil ante las pruebas que demuestran que se publicaron hechos falsos, se afectó el derecho a la privacidad de nuestro cliente y se le perjudicó a futuro en su desarrollo integral, ya que esas noticias fueron posteriormente retomadas por otros organismos e instituciones con incidencia en los derechos del Sr. Rais, por ejemplo, por WOLA (Washington Office on Latin America) en trabajos conjuntos con el IDHUCA y por Congresistas de los Estados Unidos de América al solicitar la incorporación del Sr. Rais en la Magnitsky Act, lo que finalmente no se produjo, al presentar en aquel país el Sr. Rais todas las pruebas que desvanecían las falsas acusaciones que dieron inicio por las publicaciones de LA PRENSA GRÁFICA en su contra, pero que fueron desestimadas por las autoridades correspondientes.
- El Sr. Enrique Rais, como resultado de una persecución penal que ha sido certificada como ilegal y arbitraria tanto por la Organización de Naciones Unidas (ONU) como por las autoridades del Ministerio Público de Suiza, ha comprobado su inocencia, sobre los mismos hechos que LA PRENSA GRÁFICA lo ha señalado y con los que lo ha colocado en una situación de riesgo reputacional. Por lo que cualquier acto de “victimización” de este medio de prensa, es únicamente parte de su intento por mantener un “status quo” creado a base de mentiras y falsedades. Por eso su distintivo de “Noticias de verdad” solamente causa desaprobación y burla ante la sociedad civil.
- La hipocresía de LA PRENSA GRÁFICA, es de tal magnitud que en su edición de fecha 11 de mayo de 2022 publica como titular: “GOBIERNO VIOLA LOS DERECHOS HUMANOS”, en defensa de las pandillas, que tanto flagelo han ocasionado a la sociedad salvadoreña, basado en las consideraciones de una ONG de activismo en derechos humanos; pero al Sr. Rais, continúa denominándolo “prófugo” aún y cuando la Organización de Naciones Unidas, es decir la máxima autoridad mundial en materia de derechos humanos ha expresado que la causa penal seguida contra Enrique Rais fue ilegal y su privación de libertad arbitraria, contraria a lo que ha sostenido de forma permanente LA PRENSA GRÁFICA al referirse al caso del Sr. Rais.
- Asimismo, el Sr. Rais, pide a la población que evalúe lo siguiente:
¿Tiene credibilidad LA PRENSA GRÁFICA o está claro que su función sesgada de la realidad finge deberse a la libertad de prensa, pero en realidad lo mueven otros intereses de orden político y particular?
¿Es justo que amparados artificiosamente en la libertad de prensa, medios de comunicación social como LA PRENSA GRÁFICA, con claro sentido de “activismo político” pretendan falsear la realidad para beneficiar sus agendas en contra de un empresario, un proyecto, un Gobierno?
¿Deben responder de forma legal y patrimonialmente los medios de prensa cuando se demuestra con pruebas claras y objetivas su contribución en dañar al honor, la moral y el patrimonio de personas, por medio de prácticas “LAWFARE” o pueden invocar el derecho a la libertad de prensa como un absoluto que le genera inmunidad e impunidad ante la Administración de Justicia?
Estos son aspectos que el Sr. Enrique Rais pretende que alcancen un debate de altura judicial, porque son de interés particular pero también para la sociedad civil y para la consolidación del Estado de Derecho. Por tal motivo, estas acciones legales realizadas se enmarcan en la defensa, el honor y dignidad del Sr. Enrique Rais, violentados bajo un uso abusivo, antiético y contrario a la verdadera naturaleza de la libertad de prensa, por medio de divulgación de noticias falsas en su contra durante al menos los últimos siete años. Exigencias que cumplen los estándares conforme lo establecido en los artículos 13.2 letra a) y 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, en La Libertad, condenó a ocho años de cárcel a Boris Stanley R. G., tras encontrarlo responsable del delito de agresión sexual en menor e incapaz.
«Durante la vista pública, el Tribunal valoró las pruebas documentales, periciales y testimoniales, e impuso una condena civil», señaló el fiscal del caso.
Según las investigaciones, los hechos ocurrieron en 2024, en la jurisdicción del departamento de La Libertad.
«Según la investigación, el imputado se aprovechó de su cercanía con el entorno familiar y laboral para quedarse a solas con la víctima, de 12 años, y cometer los hechos», explicó el fiscal.
En otro caso a 16 años de prisión fue condenado Santos Rivas Portillo por tocar el cuerpo de una niña. Los hechos ocurrieron en el distrito de Jicalapa, municipio de La Libertad Costa, entre 2012 y 2019.
Rivas Portillo convivía en la misma casa de la víctima y se aprovechaba del vínculo cercano para tocarla.
Carlos Alberto Guillén Molina fue condenado a 26 años y ocho meses de cárcel por haber abusado sexualmente de una adolescente en reiteradas ocasiones, entre el 2023 y el 2024 en el distrito de Quezaltepeque, La Libertad Norte.
«Según consta en el expediente de la Fiscalía, Guillén en septiembre del 2023, convenció a la joven de 14 años para que trabajara en su casa y que también cuidara a su hijo de siete años de edad, la víctima por la necesidad económica de su familia, aceptó», explicó la fiscal del caso.
El imputado comenzó a acosar a la víctima, luego de tres meses de estar realizando trabajos domésticos, Guillén Molina la violó en varias ocasiones.
«En junio del 2024, producto de las violaciones, la víctima resultó embarazada. Gracias a la abundante prueba documental, pericial y testimonial que presentó la Fiscalía ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla se logró la condena y el pago $600 a favor de la víctima», indicó la fiscal.
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Vicepresidente Ulloa participa en cátedra de Seguridad Nacional, Estado y Derechos Humanos en México
El Vicepresidente Félix Ulloa, participó en un conversatorio sobre Seguridad Nacional, Estado y Derechos Humanos, en el marco de la Cátedra Dong Nguyen Huu, desarrollada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas, en México. En la actividad, el Director de este Instituto, Jorge Pascacio junto a la comunidad académica, brindó una cordial bienvenida al Vicemandatario y afirmó que este es un espacio orientado a la reflexión y al diálogo sobre los principales desafíos de la región.
Durante su intervención, el Vicepresidente Ulloa agradeció a las autoridades universitarias por la invitación y por abrir este debate para compartir la experiencia de El Salvador en materia de seguridad, subrayando que no se trata de exportar un modelo, sino de dar a conocer los esfuerzos emprendidos por el país para recuperar la paz, el orden y la institucionalidad.
En ese contexto, el Vicemandatario hizo un repaso por la historia reciente de El Salvador, señalando que, tras la firma de los Acuerdos de Paz de 1992, en la Ciudad de México, en Castillo de Chapultepec, el país transitó por un prolongado período de postguerra marcado por la debilidad institucional, la corrupción y la expansión de estructuras criminales. Indicó que, al inicio del actual proceso de transformación, el Gobierno enfrentó severas limitaciones políticas y legislativas que dificultaban impulsar las reformas de fondo que el país requería.
Asimismo, destacó que, bajo el #RégimenDeExcepción, y haciendo uso del jus ad bellum, el Presidente Nayib Bukele tomó acciones determinantes, logrando una paz que ha permitido más de 1,170 días con cero homicidios. Señaló que, también se adoptaron medidas extraordinarias para restablecer la seguridad y proteger a la población, haciendo énfasis, que esta decisión respondió a circunstancias excepcionales y se enmarca en la obligación del Estado de garantizar la vida, la libertad y la tranquilidad de sus ciudadanos. De igual forma, subrayó que la población salvadoreña continúa respaldando esta medida.
Finalmente, mencionó que la segunda fase de esta transformación, tras alcanzar el milagro de la seguridad, se centra en impulsar el milagro económico, con una apuesta inédita por la innovación, la modernización del Estado y la formación de servidores públicos más eficientes, así como por el fortalecimiento de la educación mediante la entrega de dispositivos electrónicos a estudiantes para mejorar su preparación académica.
Como parte del diálogo, también se abordaron los desafíos de la cooperación regional frente al crimen organizado transnacional. Recalcó que la seguridad es una preocupación compartida por los países del continente y valoró positivamente toda iniciativa orientada a homologar esfuerzos de preparación policial, cooperación judicial e intercambio estratégico, al considerar que el combate a estas amenazas demanda respuestas coordinadas entre los Estados.
Con su participación en este encuentro, el Vicepresidente Ulloa reafirmó la disposición de El Salvador de contribuir al debate académico e institucional sobre los retos de la seguridad, los derechos humanos y la gobernanza democrática, compartiendo su experiencia nacional desde una perspectiva de diálogo, respeto a la soberanía de los Estados y búsqueda de soluciones conjuntas.
