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Enrique Rais demanda judicialmente a La Prensa Gráfica por daños morales por haber divulgado noticias falsas para atacarlo
Los suscritos apoderados del señor Enrique Rais, hacemos del conocimiento público, que el día miércoles 11 de mayo de 2022, por instrucciones de nuestro cliente, quien ha sido sistemáticamente víctima de una agenda de noticias falsas y difamatorias (“Fake News”) por el periódico “LA PRENSA GRÁFICA” hemos interpuesto ante el Sistema Judicial Salvadoreño una Demanda Civil en contra de la Sociedad DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V. (dueña del citado rotativo) representada legalmente por el Sr. José Roberto Dutriz, exigiendo una reparación por daños morales ocasionados al Sr. Rais, que asciende a la suma de US $5 millones de Dólares.
Hacemos público este comunicado, para evitar que LA PRENSA GRÁFICA, intente indebidamente victimizarse, cobijándose “artificiosamente” en el derecho a la libertad de prensa, el cual en ningún momento se está atacando o colocando en riesgo; por el contrario, queremos que se verifique su cumplimiento legal y ético, para evitar que LA PRENSA GRÁFICA siga mancillando tan noble derecho de la libertad de expresión y del acceso a la información de una sociedad democrática, por medio de agendas de “LAWFARE” (manipulación de investigaciones periodísticas para perfilar y fundar juicios criminales) con el objetivo de generar noticias falsas para destruir “proyectos de vida” de muchísimas personas, incluyendo al Sr. Enrique Rais. Como lo demostraremos a continuación:
- El jueves 31 de agosto de 2017, La Prensa Gráfica (LPG) por medio de su Revista Séptimo Sentido publica un artículo tendencioso y totalmente falso denominado “UNA SERIE DE CORREOS INVOLUCRA A RAIS Y MERINO EN NEGOCIACIÓN ILÍCITA CON PUERTO CORTÉS” noticia que se fundamenta en correos con información de naturaleza empresarial, cuyo contenido versa sobre el interés de participar en un concurso internacional para operar el Puerto Marítimo de Cortés, en la República de Honduras; proceso en que finalmente se decide no participar, ni formar el asocio con las empresas mencionadas en la publicación, ante la falta de viabilidad para cumplir con los criterios de selección. Por lo que ni siquiera se participó en el proceso de precalificación, este argumento por sí solo desbarata todas las especulaciones de “negociaciones ilícitas” que aborda la noticia en mención en contra del Sr. Rais. Esa información fue además ilegalmente divulgada por la LPG al haber sido entregada indebidamente por el abogado que en ese momento ejercía como apoderado legal del Sr. Rais y sus empresas, lo que constituye un patrocinio infiel y puede ser constitutivo de otros delitos que ya fueron denunciados ante la Fiscalía General de la República, especialmente cuando esos correos electrónicos fueron editados y descontextualizados para aparentar hechos delictivos. La libertad de prensa, no puede nunca ser utilizada como pretexto para violentar otros derechos fundamentales como el derecho al honor y la privacidad.
- La información publicada en la citada nota, del 31 de agosto de 2017, se refiere a hechos sucedidos entre los años 2012 y 2013, haciendo suposiciones y conjeturas para señalar supuestos intentos de soborno, que no existieron en la realidad. Bastaba revisar que en ese expediente del Concurso Público, ya en el año 2013 (es decir cuatro años antes de la publicación) constaban tanto las actas de precalificación de los participantes (de los que no forma parte el Sr. Rais, ni sus empresas, ni asocio), las certificaciones de las evaluaciones que avalan el procedimiento realizadas por la respetable firma auditora PriceWaterhouseCooper, por el Tribunal Superior de Cuentas de Honduras y finalmente por el hecho que en el año 2020 el proyecto se liquidó quedando demostrado que no existieron contingencias judiciales por ninguna clase de reclamo o acción legal. ¿Por qué LA PRENSA GRÁFICA deliberadamente no revisó o no quiso divulgar la información que era de acceso público desde el 2014 y que botaba todo el argumento del “fraude” que ese medio se inventó? ¿O solamente pretendía generar una noticia para criminalizar al Sr. Rais nuevamente con hechos falsos y sin ningún fundamento?
- Queremos dejar muy en claro, que no estamos ejerciendo ninguna acción penal, sino que nuestra reclamación es de orden civil ante las pruebas que demuestran que se publicaron hechos falsos, se afectó el derecho a la privacidad de nuestro cliente y se le perjudicó a futuro en su desarrollo integral, ya que esas noticias fueron posteriormente retomadas por otros organismos e instituciones con incidencia en los derechos del Sr. Rais, por ejemplo, por WOLA (Washington Office on Latin America) en trabajos conjuntos con el IDHUCA y por Congresistas de los Estados Unidos de América al solicitar la incorporación del Sr. Rais en la Magnitsky Act, lo que finalmente no se produjo, al presentar en aquel país el Sr. Rais todas las pruebas que desvanecían las falsas acusaciones que dieron inicio por las publicaciones de LA PRENSA GRÁFICA en su contra, pero que fueron desestimadas por las autoridades correspondientes.
- El Sr. Enrique Rais, como resultado de una persecución penal que ha sido certificada como ilegal y arbitraria tanto por la Organización de Naciones Unidas (ONU) como por las autoridades del Ministerio Público de Suiza, ha comprobado su inocencia, sobre los mismos hechos que LA PRENSA GRÁFICA lo ha señalado y con los que lo ha colocado en una situación de riesgo reputacional. Por lo que cualquier acto de “victimización” de este medio de prensa, es únicamente parte de su intento por mantener un “status quo” creado a base de mentiras y falsedades. Por eso su distintivo de “Noticias de verdad” solamente causa desaprobación y burla ante la sociedad civil.
- La hipocresía de LA PRENSA GRÁFICA, es de tal magnitud que en su edición de fecha 11 de mayo de 2022 publica como titular: “GOBIERNO VIOLA LOS DERECHOS HUMANOS”, en defensa de las pandillas, que tanto flagelo han ocasionado a la sociedad salvadoreña, basado en las consideraciones de una ONG de activismo en derechos humanos; pero al Sr. Rais, continúa denominándolo “prófugo” aún y cuando la Organización de Naciones Unidas, es decir la máxima autoridad mundial en materia de derechos humanos ha expresado que la causa penal seguida contra Enrique Rais fue ilegal y su privación de libertad arbitraria, contraria a lo que ha sostenido de forma permanente LA PRENSA GRÁFICA al referirse al caso del Sr. Rais.
- Asimismo, el Sr. Rais, pide a la población que evalúe lo siguiente:
¿Tiene credibilidad LA PRENSA GRÁFICA o está claro que su función sesgada de la realidad finge deberse a la libertad de prensa, pero en realidad lo mueven otros intereses de orden político y particular?
¿Es justo que amparados artificiosamente en la libertad de prensa, medios de comunicación social como LA PRENSA GRÁFICA, con claro sentido de “activismo político” pretendan falsear la realidad para beneficiar sus agendas en contra de un empresario, un proyecto, un Gobierno?
¿Deben responder de forma legal y patrimonialmente los medios de prensa cuando se demuestra con pruebas claras y objetivas su contribución en dañar al honor, la moral y el patrimonio de personas, por medio de prácticas “LAWFARE” o pueden invocar el derecho a la libertad de prensa como un absoluto que le genera inmunidad e impunidad ante la Administración de Justicia?
Estos son aspectos que el Sr. Enrique Rais pretende que alcancen un debate de altura judicial, porque son de interés particular pero también para la sociedad civil y para la consolidación del Estado de Derecho. Por tal motivo, estas acciones legales realizadas se enmarcan en la defensa, el honor y dignidad del Sr. Enrique Rais, violentados bajo un uso abusivo, antiético y contrario a la verdadera naturaleza de la libertad de prensa, por medio de divulgación de noticias falsas en su contra durante al menos los últimos siete años. Exigencias que cumplen los estándares conforme lo establecido en los artículos 13.2 letra a) y 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Este lunes, representantes del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el Fondo de Conservación Vial (Fovial) verificaron el avance de las obras de construcción del puente ubicado sobre la carretera Panamericana, en el cantón El Rebalse, distrito de San Miguel, San Miguel Centro.
En actualidad, en San Miguel también se están interviniendo los puentes La Gallina y el de San Antonio Silva, mediante una inversión de $6.8 millones, según informó el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez.
Por su parte, el director ejecutivo del Fovial explicó que se ha habilitado un desvío temporal mientras se realiza la demolición del antiguo puente El Rebalse. El funcionario recalcó que no se detendrá el tráfico gracias a los desvíos pavimentados que se han habilitado.
«Este mismo trabajo vamos a replicar en el puente La Gallina y en el puente de San Antonio Silva», detalló Alex Beltrán, director ejecutivo del Fovial.
El nuevo puente Rebalse tendrá dos carriles de 3.65 metros, a un hombro de 1.80 en cada lado, a un espacio para peatones de 1.20 mts y estructuras de seguridad
«Este es un tramo que se hizo únicamente para el paso vehicular mientras se desarrolla la reconstrucción del nuevo puente El Rebalse, que va a ser más amplio, más seguro para los vehículos, para los peatones y para todas las familias del oriente del país», subrayó el titular del MOP.
La reconstrucción de los puentes La Gallina, El Rebalse y el de San Antonio Silva mejorará el tránsito vehicular, la actividad comercial y garantizará un paso seguro para la población.
premium.
Sentosa Residences 523, un desarrollo inmobiliario de alta gama de Inversiones Méndez Miller (IMM), que eleva los estándares de la vida residencial en El Salvador con dos torres de apartamentos de lujo de 25 y 16 niveles, presenta un avance total del 42 % y una colocación que supera el 85 %.
El proyecto, ubicado en la colonia San Benito, San Salvador, representa una inversión de $55 millones y cuenta con un área total de desarrollo de alrededor de 42,000 metros cuadrados (m2) y 72 apartamentos, consolidándose como uno de los complejos residenciales más relevantes y sofisticados de la capital.
Asimismo, durante la etapa de construcción de ambas torres se han generado más de 200 empleos directos y una cifra superior de indirectos.
Gracias a su escala, inversión, amplitud de espacios, amenidades exclusivas y calidad constructiva, Sentosa Residences 523 se posiciona como una de las propuestas residenciales más exclusivas de San Salvador, ideal tanto para vivienda permanente como para inversión inmobiliaria de alta plusvalía.
De acuerdo con Mario Méndez Miller, gerente general de IMM, la torre A ya alcanzó los 25 niveles de construcción y se encuentra en etapa de adecuación de acabados de mármol, ventanales, electricidad, hidráulica y otros detalles, mientras que la torre B alcanzó el cuarto nivel de 16.
«Somos el único proyecto que estamos llevando a la par dos torres al mismo tiempo, esto ha sido un reto que estamos superando. La torre A esperamos entregarla a finales de 2026 y la torre B en marzo de 2027», añadió.
Las residencias cuentan con áreas desde 188 m2 hasta 640 m2, superando ampliamente los estándares habitacionales del mercado de lujo en El Salvador y ofreciendo configuraciones generosas, funcionales y elegantes.
«Estamos en más de un 85 % de todo el proyecto ya vendido, la aceptación ha sido excelente porque los usuarios de este segmento están más informados. Tenemos ya en trámites un segundo proyecto en esta zona de San Benito, donde creemos que hay mucho potencial para el mercado de lujo triple A, que no se ha explotado», indicó Miller.
Por su parte, Luis Rodríguez, director ejecutivo de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (Opamss), afirmó que la institución ha dado seguimiento a este proyecto que forma parte de la oferta y parte de las 87 torres que se están edificando en el área metropolitana, desde antes de arrancar la construcción.
«Se sigue trabajando y el sector está más estimulado, se siguen trabajando cada vez más propuestas atrevidas en cuanto a diseño, altura y servicios que alimentan la base económica del país. Nuestro objetivo con todos los proyectos es ir viendo los avances que presentan, lo que necesitan, cambios que se pueden hacer y otros», dijo.
Rodríguez señaló que, como parte de su dinamismo, el sector construcción está cubriendo una demanda alta en general y a todo nivel de mercado, con propuestas como la de Sentosa y otros proyectos que llegan hasta vivienda de interés social.
«El objetivo es que tanto la inversión privada como la misma estrategia de Gobierno vayamos caminando juntos para poder ir impulsando el sector de la construcción», destacó Luis Rodríguez.
El Juzgado Noveno de Paz ordenó que sigan en prisión, dos de cuatro detenidos el 18 de abril, mediante allanamientos realizados en bares y restaurantes utilizados para la venta de droga en diversas colonias de San Salvador.
El juzgado ordenó detención provisional a Jennifer Stephany Portillo Fogoaga y Alirio Antonio Renderos Torres, acusados del delito de tráfico ilícito, y medidas sustitutivas a la detención para Diego Alejandro Ramírez Anaya y Jairo Antonio Beltrán Hernández.
Portillo y Renderos son propietarios de G-Bar, un establecimiento que operaba desde hace tres años en la colonia Miramonte de San Salvador y donde encontraron droga, dijo el fiscal del caso.
En el G-Bar también fue detenido Jairo Antonio Beltrán Hernández, un cliente del local que minutos antes del allanamiento había comprado una porción de cocaína, el ministerio público lo acusa de por posesión y tenencia de drogas.
Mientras que Ramírez Anaya fue capturado en el bar Gato Negro, ubicado en el bulevar El Hipódromo, de la colonia San Benito, donde laboraba como bartender y donde encontraron droga.
En G-Bar fiscales y policías decomisaron 88 porciones de cocaína en el área de la caja, en los baños y en algunas habitaciones. Las autoridades informaron que además de la droga que ya estaba preparada para ser vendida, hallaron dinero en efectivo y teléfonos celulares.
Agentes Antinarcóticos realizaron experticias a la droga para confirmar que era cocaína y levantar actas que servirían para judicializar el expediente.
Al ser capturados de forma infraganti el juzgado resolvió que deben seguir presos porque la prueba inicial es contundente y para garantizar que sigan sometidos al proceso en un juzgado de instrucción de la capital, no era factible otorgarles algún tipo de medidas.
Droga incautada a los imputados
Otro elemento valorado por el juzgado es la prueba testimonial de agentes antinarcóticos que participaron en los dispositivos de captura, decomisado de los estupefacientes y las pruebas de campo de pureza de la cocaína.
Un informe presentado por la Fiscalía General de la República, detalla que la droga confiscada tiene un precio de $5,047. En los dos bares hallaron 200.7 gramos de cocaína. Los allanamientos fueron realizados tras información que recibió la PNC en la cual se alertaba que en esos negocios se vendía droga.
