Nacionales
Enrique Rais demanda judicialmente a La Prensa Gráfica por daños morales por haber divulgado noticias falsas para atacarlo
Los suscritos apoderados del señor Enrique Rais, hacemos del conocimiento público, que el día miércoles 11 de mayo de 2022, por instrucciones de nuestro cliente, quien ha sido sistemáticamente víctima de una agenda de noticias falsas y difamatorias (“Fake News”) por el periódico “LA PRENSA GRÁFICA” hemos interpuesto ante el Sistema Judicial Salvadoreño una Demanda Civil en contra de la Sociedad DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V. (dueña del citado rotativo) representada legalmente por el Sr. José Roberto Dutriz, exigiendo una reparación por daños morales ocasionados al Sr. Rais, que asciende a la suma de US $5 millones de Dólares.
Hacemos público este comunicado, para evitar que LA PRENSA GRÁFICA, intente indebidamente victimizarse, cobijándose “artificiosamente” en el derecho a la libertad de prensa, el cual en ningún momento se está atacando o colocando en riesgo; por el contrario, queremos que se verifique su cumplimiento legal y ético, para evitar que LA PRENSA GRÁFICA siga mancillando tan noble derecho de la libertad de expresión y del acceso a la información de una sociedad democrática, por medio de agendas de “LAWFARE” (manipulación de investigaciones periodísticas para perfilar y fundar juicios criminales) con el objetivo de generar noticias falsas para destruir “proyectos de vida” de muchísimas personas, incluyendo al Sr. Enrique Rais. Como lo demostraremos a continuación:
- El jueves 31 de agosto de 2017, La Prensa Gráfica (LPG) por medio de su Revista Séptimo Sentido publica un artículo tendencioso y totalmente falso denominado “UNA SERIE DE CORREOS INVOLUCRA A RAIS Y MERINO EN NEGOCIACIÓN ILÍCITA CON PUERTO CORTÉS” noticia que se fundamenta en correos con información de naturaleza empresarial, cuyo contenido versa sobre el interés de participar en un concurso internacional para operar el Puerto Marítimo de Cortés, en la República de Honduras; proceso en que finalmente se decide no participar, ni formar el asocio con las empresas mencionadas en la publicación, ante la falta de viabilidad para cumplir con los criterios de selección. Por lo que ni siquiera se participó en el proceso de precalificación, este argumento por sí solo desbarata todas las especulaciones de “negociaciones ilícitas” que aborda la noticia en mención en contra del Sr. Rais. Esa información fue además ilegalmente divulgada por la LPG al haber sido entregada indebidamente por el abogado que en ese momento ejercía como apoderado legal del Sr. Rais y sus empresas, lo que constituye un patrocinio infiel y puede ser constitutivo de otros delitos que ya fueron denunciados ante la Fiscalía General de la República, especialmente cuando esos correos electrónicos fueron editados y descontextualizados para aparentar hechos delictivos. La libertad de prensa, no puede nunca ser utilizada como pretexto para violentar otros derechos fundamentales como el derecho al honor y la privacidad.
- La información publicada en la citada nota, del 31 de agosto de 2017, se refiere a hechos sucedidos entre los años 2012 y 2013, haciendo suposiciones y conjeturas para señalar supuestos intentos de soborno, que no existieron en la realidad. Bastaba revisar que en ese expediente del Concurso Público, ya en el año 2013 (es decir cuatro años antes de la publicación) constaban tanto las actas de precalificación de los participantes (de los que no forma parte el Sr. Rais, ni sus empresas, ni asocio), las certificaciones de las evaluaciones que avalan el procedimiento realizadas por la respetable firma auditora PriceWaterhouseCooper, por el Tribunal Superior de Cuentas de Honduras y finalmente por el hecho que en el año 2020 el proyecto se liquidó quedando demostrado que no existieron contingencias judiciales por ninguna clase de reclamo o acción legal. ¿Por qué LA PRENSA GRÁFICA deliberadamente no revisó o no quiso divulgar la información que era de acceso público desde el 2014 y que botaba todo el argumento del “fraude” que ese medio se inventó? ¿O solamente pretendía generar una noticia para criminalizar al Sr. Rais nuevamente con hechos falsos y sin ningún fundamento?
- Queremos dejar muy en claro, que no estamos ejerciendo ninguna acción penal, sino que nuestra reclamación es de orden civil ante las pruebas que demuestran que se publicaron hechos falsos, se afectó el derecho a la privacidad de nuestro cliente y se le perjudicó a futuro en su desarrollo integral, ya que esas noticias fueron posteriormente retomadas por otros organismos e instituciones con incidencia en los derechos del Sr. Rais, por ejemplo, por WOLA (Washington Office on Latin America) en trabajos conjuntos con el IDHUCA y por Congresistas de los Estados Unidos de América al solicitar la incorporación del Sr. Rais en la Magnitsky Act, lo que finalmente no se produjo, al presentar en aquel país el Sr. Rais todas las pruebas que desvanecían las falsas acusaciones que dieron inicio por las publicaciones de LA PRENSA GRÁFICA en su contra, pero que fueron desestimadas por las autoridades correspondientes.
- El Sr. Enrique Rais, como resultado de una persecución penal que ha sido certificada como ilegal y arbitraria tanto por la Organización de Naciones Unidas (ONU) como por las autoridades del Ministerio Público de Suiza, ha comprobado su inocencia, sobre los mismos hechos que LA PRENSA GRÁFICA lo ha señalado y con los que lo ha colocado en una situación de riesgo reputacional. Por lo que cualquier acto de “victimización” de este medio de prensa, es únicamente parte de su intento por mantener un “status quo” creado a base de mentiras y falsedades. Por eso su distintivo de “Noticias de verdad” solamente causa desaprobación y burla ante la sociedad civil.
- La hipocresía de LA PRENSA GRÁFICA, es de tal magnitud que en su edición de fecha 11 de mayo de 2022 publica como titular: “GOBIERNO VIOLA LOS DERECHOS HUMANOS”, en defensa de las pandillas, que tanto flagelo han ocasionado a la sociedad salvadoreña, basado en las consideraciones de una ONG de activismo en derechos humanos; pero al Sr. Rais, continúa denominándolo “prófugo” aún y cuando la Organización de Naciones Unidas, es decir la máxima autoridad mundial en materia de derechos humanos ha expresado que la causa penal seguida contra Enrique Rais fue ilegal y su privación de libertad arbitraria, contraria a lo que ha sostenido de forma permanente LA PRENSA GRÁFICA al referirse al caso del Sr. Rais.
- Asimismo, el Sr. Rais, pide a la población que evalúe lo siguiente:
¿Tiene credibilidad LA PRENSA GRÁFICA o está claro que su función sesgada de la realidad finge deberse a la libertad de prensa, pero en realidad lo mueven otros intereses de orden político y particular?
¿Es justo que amparados artificiosamente en la libertad de prensa, medios de comunicación social como LA PRENSA GRÁFICA, con claro sentido de “activismo político” pretendan falsear la realidad para beneficiar sus agendas en contra de un empresario, un proyecto, un Gobierno?
¿Deben responder de forma legal y patrimonialmente los medios de prensa cuando se demuestra con pruebas claras y objetivas su contribución en dañar al honor, la moral y el patrimonio de personas, por medio de prácticas “LAWFARE” o pueden invocar el derecho a la libertad de prensa como un absoluto que le genera inmunidad e impunidad ante la Administración de Justicia?
Estos son aspectos que el Sr. Enrique Rais pretende que alcancen un debate de altura judicial, porque son de interés particular pero también para la sociedad civil y para la consolidación del Estado de Derecho. Por tal motivo, estas acciones legales realizadas se enmarcan en la defensa, el honor y dignidad del Sr. Enrique Rais, violentados bajo un uso abusivo, antiético y contrario a la verdadera naturaleza de la libertad de prensa, por medio de divulgación de noticias falsas en su contra durante al menos los últimos siete años. Exigencias que cumplen los estándares conforme lo establecido en los artículos 13.2 letra a) y 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Economia
Comisión de Hacienda emite dictamen favorable a nueva amnistía fiscal vigente hasta el 11 de diciembre de 2026
La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa emitió dictamen favorable a la Ley Especial y Transitoria que Otorga Facilidades para el Cumplimiento Voluntario de Obligaciones Tributarias, Aduaneras, de Tránsito y Otras Multas. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Hacienda, busca facilitar a los contribuyentes el pago de impuestos y multas adeudadas, con vigencia hasta el 11 de diciembre de 2026.
El director general de Impuestos Internos, Marvin Sorto, explicó que la medida pretende dar oportunidades a quienes cumplen con sus pagos, pero que por alguna razón no han podido solventar sus compromisos con el fisco. “El Estado tiene claro que la economía no se incrementa por multas o intereses, sino que el impacto mayor corresponde a los impuestos propios”, afirmó. La amnistía permitirá regularizar deudas ante Impuestos Internos, Aduanas y el Tribunal de Apelaciones sin pagar intereses, recargos ni multas por mora, aunque los impuestos originales sí deberán cancelarse.
El beneficio también alcanzará a personas con procesos en la Fiscalía General de la República, cobros judiciales y recargos sobre multas de tránsito o de otras instituciones públicas (excepto municipalidades). Los contribuyentes podrán optar por un plan de pagos con una primera cuota del 10 % de la deuda y ocho cuotas mensuales sucesivas. En caso de incumplimiento, se perderán los beneficios y se reactivarán los recargos originales.
La última amnistía, aprobada el 15 de octubre de 2025, benefició a 56,195 contribuyentes. De la recaudación obtenida, el 71 % correspondió a pequeños contribuyentes, el 15 % a medianos y el 14 % a grandes. La iniciativa aún debe ser aprobada por el pleno legislativo para convertirse en ley.
Judicial
Procesarán en libertad a conductor y propietario de volqueta por tragedia en el redondel Integración que dejó dos muertos
El Juzgado de Paz de Apopa ordenó que Rudis Joel R. H., de 31 años, y Marvin Alexis H. R., de 27, continúen el proceso penal con medidas sustitutivas a la detención por el accidente de tránsito ocurrido el 30 de septiembre en las inmediaciones del redondel Integración, en el distrito de Apopa. El siniestro dejó dos personas fallecidas y diez lesionadas.
Según la investigación fiscal, el conductor circulaba a 86.4 kilómetros por hora en una volqueta que excedía en 11.3 toneladas el límite de carga y presentaba deficiencias en el sistema de frenos. En esas condiciones, la unidad impactó contra varios vehículos que esperaban ingresar al redondel, provocando una cadena de colisiones. El juez sobreseyó definitivamente al conductor por el delito de conducción peligrosa, pero mantuvo el proceso por homicidio culposo y lesiones culposas.
Marvin Alexis H. R., propietario de la empresa dueña de la volqueta, es procesado por comisión por omisión en los mismos delitos. Se le atribuye no haber mantenido la unidad en condiciones adecuadas y haber registrado el vehículo de forma irregular, sin las autorizaciones correspondientes. Ambos imputados deberán pagar cauciones económicas: 5,000 dólares el conductor y 60,000 dólares el propietario.
Además de las fianzas, se les impuso restricción migratoria, la obligación de presentarse cada 15 días ante el juzgado y la prohibición de comunicarse con las víctimas y sus familiares. El caso continúa en etapa de instrucción.
Judicial
Condenan hasta 45 años de prisión a 74 pandilleros del Barrio 18 que operaban en La Libertad
La Fiscalía General de la República (FGR) logró condenas de entre 25 y 45 años de prisión contra 74 integrantes de la pandilla Barrio 18. Los sentenciados operaban en los distritos de Lourdes y Santa Tecla, en el departamento de La Libertad, y fueron capturados durante el régimen de excepción.
Las penas fueron impuestas por el Tribunal Primero contra el Crimen Organizado de San Salvador, tras presentar pruebas que demostraron su pertenencia a la estructura criminal y su participación en diferentes hechos delictivos. Durante el juicio se establecieron las vinculaciones de los acusados con la organización.
Los ahora condenados todavía deberán enfrentar otros procesos judiciales por delitos adicionales, por los cuales podrían recibir nuevas condenas. Esta resolución se suma a una serie de fallos recientes contra estructuras del Barrio 18 en distintas zonas del país.
