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El Salvador uno de los países con mayor inversión en educación en su presupuesto 2022
El sistema educativo tiene un rumbo histórico, ya que en el presupuesto 2022, para Educación se han asignado $1,470 millones, equivalente al 5.1 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Esto ubica a El Salvador como uno de los países en la región que tiene mayor inversión en educación.
Durante el gobierno del presidente Nayib Bukele, la inversión ha ido aumentando de manera sostenida y progresiva. La apuesta de la inversión en educación representa el 18.5 % del Presupuesto General de la Nación del próximo año. El Salvador nuevamente será uno de los países de toda Centroamérica que más gasto público tendrá en relación con el PIB.
Con el presupuesto de 2022, se podrá invertir en diversos proyectos relacionados a infraestructura, conectividad, el cierre de la brecha digital, alimentación escolar y formación docente.
«El presupuesto para el ejercicio 2022 tendrá recursos destinados a intervenciones de infraestructura, equipamiento, formación de capital humano e investigación y desarrollo», indicó la ministra de Educación, Carla Hananía.
Para el siguiente año, dicho presupuesto tendrá un incremento de $136,188,179.00, ya que, en 2021, el presupuesto fue de $1,334,289,387.00, lo que representó el 5 % del PIB.
Por lo tanto, los principales rubros de inversión para el siguiente año serán $70 millones para el programa Mi Nueva Escuela, con el cual se está renovando las escuelas en diferentes municipios del país bajo un moderno enfoque pedagógico, donde las instalaciones están adaptadas para motivar el aprendizaje. Además, $60 millones serán destinados a infraestructura escolar, ya que según ha informado la ministra de Educación, más de la mitad de las escuelas del país fueron encontradas con algún tipo de daño.
También se destinarán $100 millones para el programa Enlaces con la Educación, con el cual se está eliminando la brecha digital para los estudiantes del sector público. Con esto se le dará continuidad a la entrega de computadoras y se estará garantizando la conexión a internet para que los estudiantes reciban una educación adaptada a las exigencias del siglo 21.
Por otra parte, se destinará $75 millones a Crecer y Aprender Juntos, y $50 millones a Nacer, Crecer y Aprender, los cuales, son proyectos que se han liderado desde el Despacho de la primera dama en coordinación con el Ministerio de Educación y Salud, y que buscan impulsar el máximo desarrollo de los niños y niñas durante la primera infancia.
«Además, con la propuesta del presupuesto para 2022, se va a atender el programa Crecer Juntos. Por primera vez el Estado va a atender desde el momento de la gestación a los bebés y eso tendrá un impacto positivo, en salud, desarrollo e impacto social del país», mencionó la ministra de Educación.
Inversión histórica
El presupuesto de Educación de El Salvador en relación al PIB ha tenido variaciones en los últimos 20 años, pero nunca había alcanzado un punto tan alto como en la administración actual.
Durante el gobierno de Francisco Flores, el punto más alto fue registrado en 2004, con el 2.84 % del PIB; mientras que, en el gobierno de Elías Antonio Saca, se identificó el presupuesto más bajo para Educación en las últimas dos décadas, con 2.40 % del PIB.
De igual forma, en los dos periodos del FMLN, en ningún año se alcanzó ni el 4 % del PIB, esto a pesar de que el país ha formado parte de organismos internacionales como UNESCO, donde se sugiere a las naciones incrementar los presupuestos educativos para mejorar el desarrollo de las naciones.
Sin embargo, estas recomendaciones internacionales se han concretado durante esta gestión, pues en 2020, durante el gobierno del presidente Nayib Bukele, se alcanzó por primera vez en las últimas dos décadas el 4.14 % del PIB en Educación. Este incremento aumentó a 5 % en 2021 y será de 5.1 % en 2022, representando una inversión histórica a favor de la educación.
La prolonganción de esta herramienta legal fue avalada con los votos de 57 diputados de los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC, que consideraron válidos los argumentos planteados por el Órgano Ejecutivo al solicitar la extensión por 30 días, entre esos que «existen intentos de reorganización de grupos criminales».
En el decreto se expone que las autoridades recientemente capturaron a sujetos que tenían la aspiración de formar y operar pandillas cerca de los centros escolares, o sus entornos, a través de acciones como la «intimidación, reclutamiento y promoción de actividades ilícitas».
Agrega que el contexto regional demanda de atención especial, debido a que se «ha elevado y acelerado la actuación criminal en distintos países de la región, particularmente en la República de Guatemala».
Se subraya que «estos acontecimientos evidencian un incremento progresivo de la actividad de las pandillas en la región, y ponen en riesgo la paz, el orden y la seguridad en El Salvador».
Durante la discusión de la iniciativa, en la sesión plenaria 95, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, destacó el respaldo de los diputados que han acompañado el proyecto de seguridad del presidente Bukele, desde el 27 de marzo de 2022, cuando se aprobó por primera vez el régimen de excepción con «votos que están cambiando la vida de los salvadoreños».
Castro añadió que el clima de seguridad permite que ahora los niños puedan jugar frente a sus casas, las comunidades recuperar sus canchas, entre otras actividades que se han retomado y han mejorado la convivencia.
Caleb Navarro, diputado de Nuevas Ideas, puntualizó que en 2025 se registraron 82 homicidios a escala nacional, y todos fueron resueltos, alcanzando una tasa de efectividad del 100 %.
Agregó que antes nadie se preocupaba los homicidios y quedaban en la impunidad «ahora hablamos con números y los números no mienten», detalló.
Con 54 votos el congreso autorizó ayer al Ministerio de Hacienda para que suscriba un contrato de préstamo, por $16.7 millones, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
El decreto aprobado permitirá al país recibir el denominado «segundo financiamiento adicional del Programa Crecer y Aprender Juntos, desarrollo de la primera infancia de El Salvador».
Dicho programa plantea el propósito de continuar mejorando las prácticas de enseñanza, educación y cuidado en la primera infancia a escala nacional, así como los ambientes físicos de aprendizaje de centros seleccionados de educación y primera infancia.
En el decreto aprobado se establece que el contrato que suscriba Hacienda, o quien designe, deberá someterse al aval posterior de la Asamblea Legislativa.
La iniciativa del Ejecutivo, a través de Hacienda, fue ingresada ayer a la plenaria a través de modificación de agenda, en la que se solicitó su aprobación con dispensa de trámite.
Principal
Ocho sujetos fueron condenados hasta con 95 años de cárcel por diversos delitos en San Salvador
Penas de prisión de hasta 95 años de cárcel logró la Fiscalía para ocho personas -cuatro de ellas en calidad de reos ausentes-, a quienes se les procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, lavado de dinero y activos, asimismo, estafa y hurto de identidad, en perjuicio de varias víctimas.
De acuerdo a la información fiscal, esta investigación inició en 2023 a raíz de avisos por parte familiares de personas detenidas, donde manifestaron haber sido víctimas de estafas y otros delitos.
Según las investigaciones, los imputados crearon una página en una red social y se hicieron pasar como abogados. Bajo este mecanismo de engaño ofrecían sus servicios legales para poder sacar de la cárcel a personas detenidas, a cambio de que los familiares de los presos les pagaran grandes cantidades de dinero.
Con esta modalidad los sujetos estafaron al menos a cuatro personas, quienes finalmente decidieron denunciarlos ante las autoridades.
En este caso, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña (presente) fue condenada a la pena de 33 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos.
Por esos mismos delitos se condenó a 35 años a Jennifer Gabriela Sandoval y a 26 años de prisión a Karla Cristina Aguirre Quintanilla y Blanca Mirian Menjívar Pineda (todas presentes).
En ausencia fue condenado Marco Sebastián Pintor Rodríguez, alias “tatuado”, quien fue perfilado como cabecilla de la estructura y miembro de la pandilla Barrio 18. A él se le procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos, además de hurto de identidad.
Jennifer Guadalupe Menjívar Pineda (también ausente) recibió una condena de 50 años de prisión; Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez (ausente) deberá cumplir una pena de cárcel de 25 años y Frania Elizabeth Pintor fue condenada a 5 años de prisión solo por lavado de dinero y activos.
Asimismo, se les condenó al pago de $30,500 dólares y de no pagar esta cantidad, se aumentará un tercio de la pena impuesta a cada imputado, según lo estipula la respectiva ley.
Las condenas de prisión fueron impuestas por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador al valorar toda la prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR en juicio.
