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El Salvador uno de los países con mayor inversión en educación en su presupuesto 2022
El sistema educativo tiene un rumbo histórico, ya que en el presupuesto 2022, para Educación se han asignado $1,470 millones, equivalente al 5.1 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Esto ubica a El Salvador como uno de los países en la región que tiene mayor inversión en educación.
Durante el gobierno del presidente Nayib Bukele, la inversión ha ido aumentando de manera sostenida y progresiva. La apuesta de la inversión en educación representa el 18.5 % del Presupuesto General de la Nación del próximo año. El Salvador nuevamente será uno de los países de toda Centroamérica que más gasto público tendrá en relación con el PIB.
Con el presupuesto de 2022, se podrá invertir en diversos proyectos relacionados a infraestructura, conectividad, el cierre de la brecha digital, alimentación escolar y formación docente.
«El presupuesto para el ejercicio 2022 tendrá recursos destinados a intervenciones de infraestructura, equipamiento, formación de capital humano e investigación y desarrollo», indicó la ministra de Educación, Carla Hananía.
Para el siguiente año, dicho presupuesto tendrá un incremento de $136,188,179.00, ya que, en 2021, el presupuesto fue de $1,334,289,387.00, lo que representó el 5 % del PIB.
Por lo tanto, los principales rubros de inversión para el siguiente año serán $70 millones para el programa Mi Nueva Escuela, con el cual se está renovando las escuelas en diferentes municipios del país bajo un moderno enfoque pedagógico, donde las instalaciones están adaptadas para motivar el aprendizaje. Además, $60 millones serán destinados a infraestructura escolar, ya que según ha informado la ministra de Educación, más de la mitad de las escuelas del país fueron encontradas con algún tipo de daño.
También se destinarán $100 millones para el programa Enlaces con la Educación, con el cual se está eliminando la brecha digital para los estudiantes del sector público. Con esto se le dará continuidad a la entrega de computadoras y se estará garantizando la conexión a internet para que los estudiantes reciban una educación adaptada a las exigencias del siglo 21.
Por otra parte, se destinará $75 millones a Crecer y Aprender Juntos, y $50 millones a Nacer, Crecer y Aprender, los cuales, son proyectos que se han liderado desde el Despacho de la primera dama en coordinación con el Ministerio de Educación y Salud, y que buscan impulsar el máximo desarrollo de los niños y niñas durante la primera infancia.
«Además, con la propuesta del presupuesto para 2022, se va a atender el programa Crecer Juntos. Por primera vez el Estado va a atender desde el momento de la gestación a los bebés y eso tendrá un impacto positivo, en salud, desarrollo e impacto social del país», mencionó la ministra de Educación.
Inversión histórica
El presupuesto de Educación de El Salvador en relación al PIB ha tenido variaciones en los últimos 20 años, pero nunca había alcanzado un punto tan alto como en la administración actual.
Durante el gobierno de Francisco Flores, el punto más alto fue registrado en 2004, con el 2.84 % del PIB; mientras que, en el gobierno de Elías Antonio Saca, se identificó el presupuesto más bajo para Educación en las últimas dos décadas, con 2.40 % del PIB.
De igual forma, en los dos periodos del FMLN, en ningún año se alcanzó ni el 4 % del PIB, esto a pesar de que el país ha formado parte de organismos internacionales como UNESCO, donde se sugiere a las naciones incrementar los presupuestos educativos para mejorar el desarrollo de las naciones.
Sin embargo, estas recomendaciones internacionales se han concretado durante esta gestión, pues en 2020, durante el gobierno del presidente Nayib Bukele, se alcanzó por primera vez en las últimas dos décadas el 4.14 % del PIB en Educación. Este incremento aumentó a 5 % en 2021 y será de 5.1 % en 2022, representando una inversión histórica a favor de la educación.
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Avanzan en levantamiento de información para ejecutar Plan Maestro La Bretaña, en San Martín
El Ministerio de Vivienda informó que equipos técnicos y sociales, con acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), realizan el levantamiento de información para la elaboración del Plan Maestro La Bretaña, en el distrito de San Martín, en San Salvador Este.
De acuerdo con la titular de la institución, Michelle Sol, el proceso incluye un censo comunitario y de vivienda mediante formularios georreferenciados que permitirán recopilar datos clave para la planificación del territorio.
El levantamiento de información se desarrolla en tres niveles:
– Hogar: se evalúan condiciones de habitabilidad y el acceso a servicios básicos.
– Manzana: se analiza la infraestructura urbana, equipamientos y espacios públicos disponibles.
– Asentamiento: se revisan aspectos como conectividad, riesgos y cobertura de servicios.
Las autoridades señalaron que estos datos permitirán priorizar futuras intervenciones para fortalecer el desarrollo urbano, con un enfoque más ordenado, resiliente y sostenible para las comunidades del sector.
Además, el Sistema de Vivienda destacó que en la zona ya se han impulsado diferentes acciones, entre ellas la construcción de un proyecto de apartamentos, procesos de legalización de comunidades y la edificación de viviendas, como parte de los esfuerzos para mejorar las condiciones habitacionales de las familias.
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Sala de lo Constitucional fija criterios legales y éticos para el uso de inteligencia artificial en instituciones públicas y tribunales
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador emitió una resolución que fija criterios éticos y legales para el uso de la inteligencia artificial generativa en instituciones públicas y en el sistema judicial.
La decisión se adoptó el 13 de marzo de 2026 dentro del proceso de inconstitucionalidad 57-2025. El caso surgió después de que ciudadanos utilizaron inteligencia artificial para redactar una demanda.
Ante esa situación, el tribunal analizó el alcance del uso de esta tecnología. Además, explicó qué se entiende por inteligencia artificial, cuáles son sus tipos y cómo funciona.
Análisis de la relación entre inteligencia artificial y derechos fundamentales
Durante el proceso, la Sala revisó normas nacionales e internacionales sobre el desarrollo y uso de inteligencia artificial.
El tribunal también examinó cómo estas herramientas interactúan con los derechos fundamentales de las personas.
Según la resolución, la inteligencia artificial puede ofrecer beneficios en la gestión pública. Sin embargo, también puede generar riesgos si no existen controles adecuados.
Por ello, la Sala subrayó la necesidad de aplicar criterios éticos y jurídicos en su implementación.
Uso de inteligencia artificial en la administración pública
La resolución indicó que la inteligencia artificial puede agilizar trámites, mejorar la eficiencia institucional y apoyar la gestión pública.
No obstante, el tribunal advirtió que el uso de sistemas automatizados debe evitar riesgos como la discriminación algorítmica causada por sesgos en los sistemas.
Por esa razón, las instituciones deben aplicar controles que garanticen transparencia y respeto a los derechos ciudadanos.
Límites al uso de IA en la administración de justicia
En el ámbito judicial, la Sala señaló que toda persona tiene derecho a un juez humano y a un procurador humano.
Por lo tanto, el uso de inteligencia artificial en tribunales debe mantenerse bajo supervisión humana obligatoria.
El tribunal estableció varios principios para el uso responsable de esta tecnología. Entre ellos destacan transparencia, responsabilidad, privacidad, control humano y prevención de riesgos.
Además, incluyó criterios de igualdad, verificación, ética, buenas prácticas y adaptación constante.
Con esta resolución, la Sala busca equilibrar el avance tecnológico con las obligaciones del Estado y la protección de los derechos de los ciudadanos.
La diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, no ha tardado en expresarse de las nuevas reformas aprobada en la Asamblea Legislativa en la que se permite cadena perpetua a pandilleros, asesinos y violadores.
Ortiz reiteró que el aumento de años a una condena no da justicia a las víctimas.
Además cree que está reforma puede traer «problemas» para las personas que son procesadas por tres delitos mencionados anteriormente.
Claudia Ortiz fue la única que votó en contra de la reforma al artículo 27 para condenar a cadena perpetua a pandilleros, violadores y asesinos.
