Nacionales
Plan Antievasión de Hacienda acelera investigaciones contra evasores de impuestos
La puesta en marcha del Plan Antievasión del Ministerio de Hacienda desde 2019 ha permitido acelerar las investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de evasión de impuestos a escala nacional, prueba de ello es que los casos pasaron de 17 en 2019 a 33 en 2020 y hasta el 31 de agosto de 2021 reportaron 15 más, de acuerdo con los datos de la Dirección de Análisis, Técnicas de Investigación e Información (DATI).
Cada jueves el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya junto con la directora general de Aduanas, Samadhy Martínez interponen avisos ante el ministerio público contra los supuestos evasores y con los que buscan recuperar y devolver a las arcas del Estado los impuestos evadidos por empresas y comerciantes.
Hasta el 21 de octubre, Hacienda había presentado 119 avisos con los cuales pretenden redimir $115 millones en impuestos defraudados al fisco. «Estamos en otro jueves de evasores, hoy vamos a presentar 10 avisos por evasión fiscal a la Dirección de defensa de los intereses del Estado, básicamente el total de avisos llega a $4.3 millones, con esto estaríamos superando los 119 avisos presentados a la Fiscalía haciendo un total de $115 millones en el Plan Antievasión», mencionó Zelaya en esa ocasión.
La evasión de impuestos es un ilícito que se paga hasta con ocho años de prisión, según el artículo 249 A del Código Penal, el que hace referencia a el que omitiere declarar hechos generadores, o declarare costos, gastos, compras o créditos fiscales inexistentes, con el propósito de evadir impuestos, utilizando cualquiera de los medios siguientes:
«No llevando libros o registros contables, especiales, auxiliares o legales que exigen las leyes tributarias; llevando doble o múltiple contabilidad o doble o múltiple facturación; declarando información falsa o inexacta; excluyendo u omitiendo declarar hechos generadores estando obligado a ello; destruyendo u ocultando documentos necesarios para la determinación de obligaciones tributarias; no presentando tres o más declaraciones tributarias, habiendo realizado operaciones gravadas; declarando costos o gastos, compras, créditos fiscales u otras deducciones, hechos o circunstancias que no han acontecido; respaldando sus costos, gastos o compras en contratos falsos o inexistentes».
El pasado 3 de septiembre, la Unidad Penal de la Dirección de Intereses del Estado de la FGR junto con la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a René Benítez Prudencio, representante legal de la contribuyente Social Comercial René S. A. DE C. V., por el referido delito durante el periodo del año 2O15, por un monto total de $434,047.
El jefe fiscal explicó que la investigación inició luego de recibir el informe de auditoría que realizó la Dirección General de Impuestos Internos de Hacienda, el cual estableció que el imputado Benítez Prudencio, durante el periodo tributario 2015, evadió el pago del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, por $434,047.
De acuerdo con el informe de Hacienda, el monto evadido con multas e intereses asciende a $940,911. En el procedimiento, las autoridades también allanaron las instalaciones de la Contribuyente Social Comercial René S.A. DE C.V. ubicada en 6ª. Calle Oriente, Barrio La Cruz, San Miguel, e incautaron documentación contable que vincula directamente al imputado en el delito que se le atribuye.
San Salvador es el departamento con más casos de evasión.
Los datos de la DATI detallan que de 2019 a 2021, solo en el departamento de San Salvador iniciaron 55 casos, en 2019 fueron 14, 2020 [30] y 11 en lo que va del 2021; le sigue La Libertad con 4, La Paz y Santa Ana con dos, respectivamente, mientras que Sonsonate y Cuscatlán reportan un caso cada uno.
En cuanto las detenciones por ese ilícito, los datos exponen siete; de las cuales tres fueron en 2019 y cuatro en 2020 en la que destaca la del empresario, Felipe Antonio Hernández Henríquez, por una supuesta evasión de $171,159.
La acusación formal fue presentada ante el Juzgado Octavo de Paz de San Salvador contra el representante legal del Grupo Los Seis, quien de acuerdo con el ministerio público en el ejercicio impositivo de 2016 dejó de cancelar la referida cantidad.
El fiscal David Acosta explicó, en esa oportunidad, que, durante la etapa de investigación, a la sociedad Grupo Los Seis S. A. de C. V., el 21 de febrero de 2019, se le solicitó exhibiera declaraciones de impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios, mostradas a la Dirección General de Impuestos Internos; sin embargo, no fueron exhibidas ni proporcionó las declaraciones del IVA, de los periodos tributarios del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.
En dicho proceso se comprobó, que la sociedad Grupo Los Seis, durante los periodos tributarios de enero a diciembre del año 2016, defraudó al fisco de la República al haber evadido el pago del IVA que le correspondía cancelar por la cantidad de $171,159.
Por: Diario El Salvador.
Principal
El Salvador destaca cooperación y fortalecimiento institucional en cumbre regional del SICA
En el marco de la XCIII Reunión Ordinaria del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), la canciller de El Salvador, Alexandra Hill Tinoco, tuvo una participación activa en el diálogo regional enfocado en fortalecer la cooperación y avanzar hacia resultados concretos para los países miembros.
El encuentro, encabezado por el canciller de República Dominicana, Roberto Álvarez, abordó temas clave como la integración regional, el desarrollo común, la seguridad colectiva y el bienestar de los pueblos, bajo el lema «Fortaleciendo la integración para avanzar como región».
Durante su intervención, Hill Tinoco destacó la importancia de consolidar una institucionalidad sólida que permita mejorar la eficiencia del sistema regional.
«Reafirmé el compromiso con una integración regional más eficiente y orientada a resultados», expresó la funcionaria salvadoreña, destacando que estos esfuerzos son fundamentales para impulsar mayores niveles de cooperación entre los países.
La canciller también enfatizó que el trabajo conjunto dentro del SICA representa una oportunidad estratégica para enfrentar desafíos comunes y generar mayores beneficios para la población centroamericana.
La Organización Internacional de la Policía (Interpol) notificó el pasado 15 de abril a la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador que eliminó la difusión roja en contra del expresidente salvadoreño Alfredo Cristiani y bloqueó temporalmente los datos del exdiputado del Partido Demócrata Cristiano, Rodolfo Paker, ambos acusados en la masacre de los seis sacerdotes jesuitas y dos mujeres al interior de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) durante la madrugada del 16 de noviembre de 1989.
En cuanto a Cristiani, la Interpol notificó a la PNC que «habiendo estudiado el expediente respectivo, fueron eliminados los datos del señor Alfredo Félix Cristiani Burkard y ya no se puede utilizar el medio de Interpol para la búsqueda y localización de este».
Mientras que en el caso del exdiputado, la resolución indica que la Secretaría General de Interpol bloqueó sus datos como medida temporal «a la espera de un análisis detenido del caso».
Ambos escritos fueron enviados por la Oficina Central de Interpol El Salvador, de la PNC, al Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador que conoce el caso. Según expertos del caso, esto significa que tanto Cristiani como Parker pueden pasar por cualquier control migratorio sin ser objeto de detención.
Interpol El Salvador también trasladó la notificación al Tribunal que en cuanto a las notificaciones rojas de Juan Orlando Zepeda Herrera y Joaquín Arnoldo Cerna, quedan sujetas al número de control A-10114/1-2025 y A-10115/1-2025.
En este proceso penal figuran como acusados, el expresidente de la República, Alfredo Félix Cristiani Burkard; el exdiputado, Rodolfo Antonio Parker; los exmilitares Juan Rafael Bustillo Toledo, Juan Orlando Zepeda Herrera, Rafael Humberto Larios López, Carlos Camilo Hernández Barahona, Nelson Iván López López, Joaquín Arnoldo Cerna Flores, Inocente Orlando Montano, Óscar Alberto León Linares y Manuel Antonio Ermenegildo Rivas Mejía. Todos procesados por la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de asesinato, encubrimiento personal y fraude procesal.
El 16 de noviembre de 1989, en la Universidad Centroamericana fueron asesinados los sacerdotes jesuitas: Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Juan Ramón Moreno Pardo y Amando López Quintana, de nacionalidad española y Joaquín López y López, de nacionalidad salvadoreña; y sus dos colaboradoras, Elba Ramos y su hija, Celina Ramos. El crimen fue perpetrado por un comando militar en el contexto del conflicto armado salvadoreño.
Tras la resolución judicial en etapa de instrucción, el 18 de noviembre de 2024, el caso fue remitido al Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, instancia que será la encargada de conocer la causa y desarrollar el juicio; sin embargo, la defensa del general Larios ha presentado una recusación contra la presidenta del tribunal.
Ante ello el tribunal notificó que celebrará una audiencia especial el próximo 30 de abril a las 2:00 de la tarde.
El Banco Central de Reserva (BCR), con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), abrió una convocatoria masiva de empleo temporal que supera las 1,400 oportunidades en todo el país.
Se trata de plazas vinculadas al levantamiento de la Cartografía Económica, un componente clave dentro del Programa de Modernización del Sistema Estadístico.
Las vacantes disponibles corresponden a dos perfiles: Gestor de Información y Supervisor de Campo, ambos con contratación por servicios profesionales.
Para el puesto de Gestor de Información de Cartografía Económica, el BCR busca contratar hasta 1,167 personas, además de contar con una reserva de 350 candidatos elegibles.
Este cargo ofrece un pago mensual de $800 líquidos (tras el descuento del 10% de ISR) y está dirigido a personas con estudios universitarios o graduados en áreas como Economía, Administración de Empresas, Contaduría Pública, Mercadeo, Ingeniería o Ciencias Sociales.
Entre los requisitos clave destaca haber participado al menos en un proyecto de levantamiento de información, como censos o encuestas. También se solicita manejo de dispositivos móviles, conocimiento básico de aplicativos, técnicas de entrevista y familiaridad con clasificaciones económicas.
Por otro lado, el BCR también abrió 296 plazas para el cargo de Supervisor de Campo de Cartografía Económica, con una reserva adicional de 89 candidatos. En este caso, el salario mensual asciende a $1,000 líquidos.
Este perfil exige un nivel más avanzado, los aspirantes deben ser graduados universitarios en carreras afines y contar no solo con experiencia en levantamiento de información, sino también, de preferencia, haber desempeñado roles de supervisión o coordinación en proyectos similares.
Además, se requiere manejo de herramientas ofimáticas como Word, Excel y PowerPoint, elaboración de informes, uso de dispositivos móviles y conocimiento en clasificaciones económicas y técnicas de entrevista.
Ambas posiciones son contratos temporales de aproximadamente dos meses, aunque podrían extenderse dependiendo del avance del proyecto. El trabajo será presencial en distintos puntos del país, según asignación.
Las plazas están distribuidas en todos los departamentos, siendo San Salvador el que concentra la mayor cantidad de oportunidades, seguido por La Libertad, Santa Ana y San Miguel.
En cuanto al proceso de aplicación, los interesados deben completar su registro en línea y subir la documentación requerida, que incluye: currículum vitae, DUI vigente, comprobantes de estudios, constancias de experiencia laboral, antecedentes penales y solvencia policial.
El periodo para aplicar es del 24 al 30 de abril de 2026, y según advierte el BCR, cualquier omisión en los requisitos será motivo de exclusión inmediata del proceso.
Otro punto importante es la modalidad de pago, los honorarios se entregarán mensualmente contra cumplimiento de metas y entrega de productos, lo que implica que los contratados deberán trabajar bajo objetivos específicos.
Para quienes facturan con IVA, deberán emitir factura de consumidor final, aunque los ingresos estarán exentos de este impuesto.
El proceso ya está abierto y puede realizarse en línea a través del sitio oficial del BCR:
https://formularios.bcr.gob.sv/vacantes
