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Nacionales

Douglas Meléndez es objeto de críticas por Defensores de DDHH y otras organizaciones por abusar de testigos criteriados

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Diversos representantes de organizaciones sociales han criticado la actual gestión de Douglas Meléndez al frente de la Fiscalía General de la República (FGR), debido a que ha abusado en el uso de testigos criteriados en diversos casos.

Dichas organizaciones sociales, también, han cuestionado a los diputados de la Asamblea Legislativa por no detallar los requisitos que debe tener el perfil del funcionario que estará al frente de la fiscalía en el periodo 2019-2022.

“Consideramos que ha habido excesos, por ejemplo, en el tema de testigo criteriado, en donde se usa mucho esa figura para dar una condena que no se tiene la certeza de la participación delictiva de una persona en ciertos casos”, sostuvo Kerlin Belloso, investigadora de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD).

Con anterioridad ya se ha cuestionado que Meléndez abuse de testigos criteriados para incriminar a personas cuya participación en hechos delictivos no se ha comprobado, por ejemplo, se ha criticado que para buscar incriminar a toda costa al empresario Enrique Rais, el titular del Ministerio Público haya hecho uso abusivo de criteriados. Las acusaciones de dichos testigos propuestos por la fiscalía han sido desestimadas debido a múltiples inconsistencias.

Belloso también dijo que no basta con la creación de unidades especializadas para atender a mujeres si se siguen judicializando a mujeres que han tenido emergencias obstétricas y que posteriormente son procesadas por abortar.

“Consideramos que es una deuda que tiene, la necesidad de transversalizar un enfoque de género diferenciado no basta con abrir unidades especializadas de atención de la mujer si continuamos penalizando a nuestras mujeres”.

Por otro lado, Jaime López de la Fundación Nacional por el Desarrollo (FUNDE), dijo que a pesar de reconocer algunos logros del titular de la FGR, no se puede dejar de ser críticos porque “ vemos una institución opaca, que no explica bajo qué criterios prioriza los casos, no explica que criterios usa para llevar adelante los procesos y otros los deja en el congelador, eso lo vimos en el caso del expresidente Saca, qué se negoció, nunca hubo una explicación clara sobre eso”.

Agregó que “vemos con mucha preocupación que, aun cuando los casos tienen una dimensión enorme, estructuras de corrupción de gran alcance, la lista de procesado se reduce a los que tomaron la decisión que el dinero fuera extraído del Estado… el actual fiscal ha dado declaraciones falsas cuando dice que no se pueden tomar acciones legales para recuperar dinero que fueron a parar los partido políticos… uno puede hacer inferencias, el fiscal se elige para tres años… desde el primer día empieza a contar con que votos va a contar para la reelección, eso podría explicar porque el fiscal no ha sido contundente en señalamiento a destinarios, porque impacta a los diputados que tienen que darle el voto para la reelección”.

En ese mismo sentido, Arnau Baulenas abogado del IDHUCA, criticó los diputados no hayan detallado cuáles han sido los criterios para depurar la lista inicial de los 32 aspirantes. “Hay una lista corta de cinco (candidatos), a cuál vamos a elegir, al que mejor me convenga por interés político, al que no me va a tocar aunque yo sea un corrupto”.

Añadió que “pareciera que los diputados no tienen un interés en elegir un buen fiscal sino que buscan proteger sus intereses… algunas personas de la comisión tienen interés por que han sido señaladas por presuntos actos de corrupción”.

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Aprueban Ley Quincena 25, un pago complementario para trabajadores que ganan hasta $1,500

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Con el fin de dinamizar la economía, respaldar el bolsillo de los salvadoreños e impulsar los negocios, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron, con 59 votos, la creación e implementación de la Ley Quincena 25.

Dicha normativa, que consta de nueve artículos, fue propuesta por el presidente de la República, Nayib Bukele, y consiste en entregar un ingreso complementario equivalente al 50 % del salario mensual. Este beneficio se pagará entre el 15 y el 25 de enero de cada año a trabajadores del sector público y privado que ganan hasta $1,500.

De acuerdo a lo expuesto en la sesión plenaria 93, dicho monto no sustituirá el salario y no tendrá descuentos de Impuesto sobre la Renta, del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) ni AFP, tampoco podrá ser embargado.

El jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, esta medida beneficiará al 94 % de los asalariados, a las familias, a los grandes y pequeños negocios.

“El mes de enero aprieta más duro y esto es porque en diciembre se aumentan los gastos, por lo que esta medida es para arreglar un problema estructural”, aseguró el también presidente de la Comisión de Hacienda. “Con este dinero se dinamizará la economía a toda escala y de manera local”, agregó.

El Gobierno será el primero en cumplir esta ley con todos los empleados públicos, a partir de este mes.

Mientras tanto, en el sector privado, la implementación de la medida será de forma gradual. Este año, el pago será voluntario, las empresas que lo entreguen tendrán un incentivo fiscal, que consistirá en deducir el 100 % del impuesto de la renta del monto brindado.

Por otro lado, de acuerdo al artículo 3, habrá una condición especial cuando se declare terminado un contrato de trabajo con responsabilidad para el patrono o empleador o cuando la persona beneficiada sea despedida sin causa legal, antes del 25 de enero, tendrá derecho a que se le pague la compensación económica adicional.

Esta no es la primera vez que los parlamentarios le brindan gobernabilidad al presidente Bukele, pues ha habido otras medidas que han ayudado a palear dificultades económicas. Entre ellas, la aprobación de la entrega anticipada del aguinaldo para los empleados (tanto del sector público como privado) y el pago de la pensión de Navidad y aguinaldo a las personas retiradas, así como el pago de cuotas alimenticias.

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Presidentes Chaves y Bukele dan inicio oficial a la construcción del CACCO en Alajuela

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Los presidentes Rodrigo Chaves Robles de Costa Rica y Nayib Bukele de El Salvador encabezaron este miércoles la ceremonia de colocación de la primera piedra del Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO), un megaproyecto penitenciario ubicado en San Rafael de Alajuela, dentro del complejo La Reforma.

El acto oficializa el inicio de las obras de una infraestructura de alta seguridad con capacidad para 5.100 reclusos, enmarcada en la alianza bilateral “Escudo de las Américas” para combatir el crimen organizado transnacional.

El CACCO, que demandará una inversión aproximada de ₡21.000 millones (alrededor de 35-40 millones de dólares), consta de cinco módulos con estrictos protocolos de contención y busca aislar a líderes de bandas criminales, sicarios, extraditables y reos de alta peligrosidad, al tiempo que alivia el hacinamiento en el sistema penitenciario costarricense. Las autoridades estiman que la construcción tomará unos 200 días, con finalización prevista para finales de 2026.

Durante la conferencia de prensa conjunta y el acto simbólico, ambos mandatarios enfatizaron que esta no es solo una ampliación de infraestructura, sino un cambio de paradigma en la lucha contra estructuras criminales que operan en la región. Bukele, en su intervención, reiteró los riesgos de dejar crecer la inseguridad: “Cuando la inseguridad avanza, se cae el trabajo, se complica la educación y se frena la economía. La gente deja de salir, los negocios cierran temprano, la inversión se va y el turismo desaparece”.

El presidente salvadoreño recordó la experiencia de su país antes del control de las pandillas, donde estas ejercían un “gobierno paralelo” mediante extorsiones, asesinatos y violaciones sistemáticas.

“Cuando la delincuencia se toma el país —cosa que aún no pasa en Costa Rica—, la criminalidad llega a ser un gobierno paralelo. El país tiene dos gobiernos: el oficial, elegido por el pueblo, y el gobierno paralelo, que es la dictadura de las pandillas, de los criminales y de los narcos”, declaró.Bukele destacó el impacto del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, donde se eliminaron privilegios como el uso de celulares y computadoras para dirigir operaciones desde prisión: “Nuestras cárceles se habían convertido en universidades del crimen. Había criminales con privilegios, metían prostitutas y subían videos a YouTube de sus fiestas.

En 2014 y 2015, ellos grababan y subían sus videos a redes sociales”.Chaves, por su lado, agradeció la asesoría técnica de El Salvador, que incluyó diseños, estudios y protocolos de seguridad, permitiendo ahorros millonarios: “El señor presidente Nayib Bukele nos ha dado la crónica de una dictadura del crimen organizado. Solo los tontos no aprenden de una mente ajena. Además, el presidente Bukele está aquí porque este proyecto se ha beneficiado con millones de colones que hubiéramos tenido que invertir en diseños y en estudios para su construcción; pero El Salvador, una vez más, colaboró con Costa Rica como lo ha hecho en otras ocasiones”.

El proyecto ganó impulso tras la visita de Bukele a La Reforma en noviembre de 2024 y la gira de Chaves al CECOT en diciembre de 2025. Esta es la cuarta reunión de alto nivel entre ambos líderes, consolidando una relación estrecha centrada en la cooperación regional. La alianza “Escudo de las Américas”, firmada en diciembre de 2025 en Coatepeque (El Salvador), impulsa el intercambio de información y experiencias para enfrentar narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas y lavado de dinero, con invitación abierta a otros países.

El evento, que incluyó movimientos de tierra ya en marcha, se da en plena campaña electoral costarricense (a 15 días de las elecciones nacionales), lo que ha generado debate sobre el timing político. Sin embargo, ambos gobiernos lo presentan como un mensaje inequívoco de unidad y determinación: la seguridad ciudadana es el pilar para la prosperidad económica, social y turística de la región centroamericana.

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Condenan a diez años de prisión a sujeto por robo agravado en Zaragoza

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El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla impuso una condena de diez años de cárcel a Raúl de Jesús Guardado Ramos, tras encontrarlo culpable del delito de robo agravado. Los hechos por los que fue sentenciado ocurrieron en el distrito de Zaragoza, municipio de La Libertad Este.

 

Según la relación circunstanciada de los hechos, el incidente ocurrió el 19 de mayo de 2024, cuando la víctima esperaba transporte público.

En ese momento, fue interceptada por Guardado Ramos, quien la persuadió para que abordara su vehículo. Posteriormente, la condujo a un lugar aislado, donde cometió el robo. Además de la pena de prisión, el tribunal ordenó que el condenado cancele $60 en concepto de responsabilidad civil a favor de la víctima.

 

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