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Criminólogo Fuentes: «La población tiene más confianza para denunciar la presencia de pandilleros»
«En El Salvador, a principios de la década de los noventa existían pandillas de tipo barrial, sin mayor incidencia en la sociedad, pues eran grupos de jóvenes sin supervisión adulta. Sin embargo, durante los 30 años de gobiernos de los dos partidos mayoritarios del pasado, estas pandillas desarrollaron sus actividades económicas ilícitas, pues la identidad y la conexión de estos pandilleros pasaron de la defensa del barrio a un interés económico», aseguró durante nuestra entrevista El Salvador Today; Daniel López Fuentes, historiador y criminólogo, quien agregó que «el abandono de los gobiernos de turno permitió dejarles la territorialidad a los pandilleros, quienes crearon zozobra e inseguridad nacional».
Recordemos que a mediados de la década de los noventa, El Salvador recién había firmado los Acuerdos de Paz y terminado 12 años de conflicto armado; en dichos acuerdos se solicitaba eliminar los antiguos cuerpos de seguridad, estipulando que en lugar de esos que estaban bajo la administración del Ministerio de la Defensa Nacional se crearía el Ministerio de Seguridad Pública, y con ello un nuevo cuerpo policial: la PNC, la cual se fundó en 1993 bajo un vacío de autoridad en el sistema de seguridad nacional, pues se creó sin capacidad de ejercer las funciones de seguridad pública al no tener las herramientas humanas, tecnológicas y administrativas para operar. Es decir, antes de consolidarla se destruyó toda la experiencia en manejo territorial que tenía el Estado, valorando más los aspectos políticos que los aspectos técnicos.
«Tal fue el abandono de los gobiernos anteriores que, a mediados de la década del 2000, la mutación de las pandillas pasó de lo local a lo trasnacional. Así, la idea de barrio fue entendida como el conjunto de miembros que integran la pandilla, quienes se identificaban con sus propios símbolos, ideología y rituales», indica Fuentes.
Cabe señalar que por los gobiernos de la década del 2010, estas pandillas trataron de influir en la política nacional, legitimándolo a través de asesinatos de pandilleros y gente civil (quienes eran víctimas indefensas por no tener un Estado que los protegiera), instaurando el terror como parte del control que ejercían gracias a treguas, pactos y la negligencia estatal de los gobiernos anteriores.
Además, las pandillas fueron el resultado de frágiles estructuras familiares debido a la migración ilegal, falta de escuelas, insuficiente presencia de instituciones estatales (policial y médica), limitadas oportunidades sociales y económicas por la corrupción y más de 30 años de un tejido social desarticulado y desmembrado por la inoperancia de los gobiernos de esa época.
Para Fuentes, favorablemente, en esta década del 2020 en el Gobierno del presidente Nayib Bukele se construye una nueva historia. «La población salvadoreña pueda vivir en una verdadera paz y justicia social a través de la guerra contra las pandillas y el Plan Control Territorial, procurando el desarrollo nacional», destacó.
Por otra parte, hizo énfasis a que la denuncia ciudadana ha comenzado a ser trascendente para combatir a las pandillas, ya que la población muestra más confianza en las autoridades de seguridad.
«La confianza recuperada radica en que ahora la población observa que denunciar da resultado, ya que es información que las autoridades utilizan para capturar a los delincuentes inmediatamente», indica. «
La población ya no tiene miedo de denunciar, porque ahora se hace efectiva la acusación», señala.
Transmisión:
El Ministerio de Obras Públicas informó que los trabajos de estabilización de dos taludes en residencial Palo Alto, Zaragoza, continúan. Estos trabajos forman parte del Plan Nacional de Mitigación 2026.
«Nos encontramos en Palo Alto donde estamos haciendo una obra más como parte del Plan Nacional de Mitigación. Se intervendrán dos taludes de grandes proporciones, uno es este que empezamos con varias actividades», dijo el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez.
De acuerdo con las autoridades, ya se realizó el chapeo y perfilado del talud como parte de las primeras fases del proyecto de estabilización, por lo que continuarán con la construcción de muro soil nailing, drenajes profundos, aplicación de shotcrete, canaletas, aceras y revegetación del área.
«Por el tipo de suelo que tiene el talud si solo se hace lanzado fácilmente se puede venir el talud; por eso hay que hacer otro tipo de obras. Se realizaron estudios de suelo y por eso se están haciendo perforaciones para poderlo anclar, esta ronda los 5 mil metros cuadrados», añadió Rodríguez.
El segundo talud que también se intervendrá mide 6 mil metros cuadrados.
Durante una entrevista en el programa de radio La Tribu FM, el titular de la Dirección de Integración, Alejandro Gutman, detalló esta mañana que el programa Proceso Formativo continúa creciendo y ya beneficia a miles de estudiantes salvadoreños con oportunidades de formación universitaria y técnica.
Según explicó, en la actualidad alrededor de 17 mil jóvenes cursan estudios en 37 universidades y escuelas técnicas, mientras que para el próximo año se prevé incorporar a otros 20 mil estudiantes.
Además, señaló que 49 mil alumnos que se encuentran en su último año de bachillerato iniciarán el proceso para ingresar a la educación superior.
Gutman indicó que prácticamente todas las universidades del país participan en el programa, el cual busca incentivar la continuidad académica entre los jóvenes.
«Yo le quiero agradecer a don Alejandro porque este esfuerzo ningún funcionario de antes pudo haberlo hecho mejor que usted…Le insto muchísimo a los jóvenes que estas oportunidades deben aprovecharse porque solo son una vez en la vida», dijo uno de los oyentes durante la entrevista radial, que también es beneficiario de la Dirección de Integración.
El funcionario enfatizó que este esfuerzo forma parte de un cambio estructural impulsado en 2025, orientado a superar las limitaciones históricas que restringían el acceso a la educación superior para la mayoría de bachilleres.
Democracia Salvadoreña (DS) y Partido Independiente Salvadoreño (PAIS) están obligados a participar en las próximas elecciones de 2027 si no quieren ser cancelados, por disposición de la Ley de Partidos Políticos.
Ambos institutos no participaron en los comicios de 2024, y de no competir en el siguiente proceso electoral sería causa de cancelación con base en el artículo 47 literal «d» de la mencionada ley, que establece que no competir en dos elecciones consecutivas conlleva a la cancelación.
Para el analista político Mauricio Rodríguez, la continuidad de ambos institutos políticos está comprometida por diversos factores, los cuales los encaminan a su desaparición.
«Desde mi perspectiva como analista político, los dos partidos políticos estarían desapareciendo por no alcanzar la votación requerida, ni tampoco el andamiaje que requiere», indicó Rodríguez.
Y añadió: «Me da la impresión de que estos dos partidos que son obligados por la Ley de Partidos Políticos podrían ser cancelados para las próximas elecciones, porque no tienen estructura, no tienen financiamiento; y, obviamente, tampoco existe la deuda [financiamiento público] para todos los partidos políticos».
Rodríguez también se refirió a los institutos que han decidido no participar en la elección presidencial, asegurando que así reconocen que no pueden competir con la figura del presidente Nayib Bukele, esto debido a que el mandatario ha construido un modelo en el que ha resuelto las necesidades básicas de la población.
«Reconocen el liderazgo del presidente Nayib Bukele, están conscientes de que en condiciones donde hay un líder que está prácticamente dominando en las encuestas, ellos al no tener nada que ofrecer ven disminuidas sus posibilidades de participación», sostuvo.
El Partido Demócrata Cristiano (PDC) confirmó recientemente por medio de su secretario de asuntos jurídicos, Nelson Alvarado, que no participarán en la elección presidencial.
Dijo que reconocen que el presidente Bukele tiene una aceptación de más del 90 %; pero indicó que presentarán candidatos a diputados de la Asamblea Legislativa y para miembros de los 44 concejos municipales.
