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Carta abierta a los honorables magistrados de la Sala de lo Penal
En mi calidad de ciudadano, afectado en mis derechos humanos por prácticas sistemáticas y estructurales, que constituyen delitos en la legislación penal salvadoreña y conductas internacionalmente identificadas como “abuso de poder” que fueron cometidas por la Fiscalía General de la República (FGR), bajo titularidad e instrucciones de Douglas Arquímides Meléndez y dejadas en la impunidad por la misma institución durante el periodo a cargo del exfiscal general Raúl Melara, hechos que han sido confirmados a través de un litigio internacional por las autoridades de Naciones Unidas, destacando lo siguiente:
- Decisión del GTDA por mandato del Consejo de Derechos Humanos de ONU.
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA), organismo con el principal mandato para establecer si una privación a la libertad es arbitraria, recibió comunicación sobre mi caso y como es públicamente conocido resolvió, en su 89º periodo de sesiones del 23 al 27 de noviembre de 2020, que:
“(…)
Decisión
1. En vista de lo anterior, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión: La privación de libertad de José Aquiles Enrique Rais López es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 3, 7, 8, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 9, 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, inscribiéndose en las categorías I y III.
2. El Grupo de Trabajo pide al Gobierno de El Salvador que adopte las medidas necesarias para remediar la situación del Sr. Rais sin dilación alguna y ponerla en conformidad con las normas internacionales pertinentes, incluidas las dispuestas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto.
63. El Grupo de Trabajo considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso analizado, el remedio adecuado sería garantizar al Sr. Rais su libertad plena (…)El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que ponga fin de inmediato al proceso en contra del Sr. Rais.” (Resolución No. 76/2020 relativa a José Aquiles Enrique Rais López -El Salvador-)
4. El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad del Sr. Rais y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos.
65. De conformidad con el párrafo 33, apdo. a), de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo remite el presente caso al Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, para que tome las medidas correspondientes.”
1. Informe del GTDA al Consejo de Derechos Humanos sobre incumplimiento de las autoridades judiciales de El Salvador en mi caso.
1. Compromiso del Órgano Judicial con la justicia y el fin de la impunidad de la corrupción institucional.
Honorables Magistrados de la Sala de lo Penal, como parte de los hallazgos, hemos presentado previamente denuncia penal en la Fiscalía General de la República contra los responsables:Douglas Arquímides Meléndez, exfiscal general; Wil Walter Ruiz, exjefe de crimen organizado; Jorge Cortez, exjefe de la unidad antilavado; y los exdirectores del Centro de Escuchas Froilán Coto Cabrera y Sigfrido Alcides Campos Crespo. Como también se ha denunciado conductas de prevaricato cometidas por los exmagistrados de la Cámara Primera de lo Penal Carlos Sánchez Escobar y Dr. Arévalo Domínguez y la exjueza segunda de instrucción Edelmira Violeta Flores, por dictar resoluciones retorcidas para evitar que el Gobierno de El Salvador cumpla con sus responsabilidades internacionales en materia de derechos humanos, siendo jueces y partes, por ser sujetos investigados por ser los causantes de mi privación arbitraria del derecho a la libertad y otros derechos fundamentales.
Por todo lo anterior, en nombre de la legalidad y para erradicar la corrupción e impunidad de esta clase de exfuncionarios que atentan contra el estado de derecho, les pido Honorables Magistrados completar la exhaustiva investigación en cumplimiento de la opinión del GTDA, que ustedes tienen en el proceso de Casación que obra en la Sala de lo Penal, sobre la forma en que se fabricaron casos penales en mi contra con prueba ilícita y prueba prohibida.
Con el máximo respeto
Enrique Rais.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
Un aparatoso accidente de tránsito se registró este jueves en el distrito de San Miguel, cuando un microbús que circulaba a excesiva velocidad se estrelló contra el muro perimetral de una vivienda en la zona de Chirilagua.
El siniestro fue captado por la cámara de seguridad de la propiedad afectada, y en las imágenes se observa cómo el vehículo se aproxima a gran velocidad antes de impactar violentamente contra la estructura.
Según testigos, el microbús trasladaba a varios maestros que se dirigían hacia el centro escolar donde laboran. Hasta el momento, no se han reportado víctimas mortales, pero las autoridades investigan las causas del accidente y si hubo personas lesionadas.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
