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Asamblea acuerda nueva ley para la pandemia: No se puede aplicar cuarentenas generales
Los diputados de la Asamblea Legislativa acordaron una nueva ley con la que buscan contener la pandemia del coronavirus y en ella se contemplan cuestiones como que el Ministerio de Salud debe coordinar acciones con las alcaldías, que los cercos sanitarios solo podrán medir un kilómetro, no se puede ordenar una cuarentena general, y se estipula cárcel para quien limite la libre circulación, entre otras disposiciones.
Esta es la tercera vez que los diputados emiten legislación directa para la pandemia, las ocasiones anteriores han sido vetados por el presidente Nayib Bukele alegando inconstitucionalidad por no consultar con el Ministerio de Salud.
En la normativa, que tiene por nombre Ley especial transitoria para contener la pandemia por la enfermedad Covid-19, se manda al Ministerio a coordinar su trabajo con otras instituciones como alcaldías, iglesias, ONG y a coordinar acciones para “la efectiva atención integral”.
Cercos sanitarios
En el artículo 7 de la normativa se contempla la posibilidad de decretar zonas sujetas a control sanitario, lo que se conoce como cerco sanitario, pero estos no podrán limitar la libre circulación ni otros derechos fundamentales.
“No puede conducir a la suspensión de derechos fundamentales para la totalidad o parte del territorio, en especial el derecho a la libertad de circulación, sino que su único propósito es el monitoreo necesario a cargo de personal de salud”, reza.
Para establecer un cerco sanitario la zona sujeta debe ser menor a un kilómetro cuadrado a la redonda, el periodo no puede ser mayor a 72 horas y se debe implementar vigilancia centinela para la investigación de la diseminación comunitaria.
No se puede aplicar cuarentenas generales
Otra de las medidas que contiene lo emitido por los diputados es que no se puede aplicar cuarentena de manera general para el territorio, solo para los infectados de coronavirus y los sospechosos de haber estado expuestos.
A los infectados no se les pueden limitar la libertad ya que “las medidas deben apegarse estrictamente al campo de salud y no pueden en ningún caso suspender ningún derecho fundamental, especialmente la libertad de circulación”, reza el decreto.
“Estos productos han sido pagados de sus impuestos”
Otro de los aspectos regulados es que el Órgano Ejecutivo debe poner en los paquetes alimentarios que se entreguen a la población la siguiente frase: “Estos productos han sido pagados de sus impuestos”.
Lo anterior, de acuerdo con los legisladores, es porque los ministros y otros funcionarios están haciendo campaña proselitista de cara a las elecciones legislativas y municipales de 2021.
La entrega de los paquetes debe hacerse en conjunto con las alcaldías y no puede participar la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), como lo ha venido haciendo hasta la fecha.
Distanciamiento físico en el trabajo
Se contempla una serie de modificaciones a la ley de prevención de riesgos en los lugares de trabajo para que se contemplen y aseguren medidas como el distanciamiento físico entre los empleados.
También se debe escalonar los horarios de entrada y salida de personal, barreras de protección en los lugares en donde no se pueda mantener más de 2 metros entre trabajadores, reducir actividades presenciales, entre otros.
Transporte público
También se legisla para que los conductores del transporte colectivo usen mascarilla, dispongan de alcohol gel para los pasajeros, desinfección constante en las unidades y no sobrepasar la capacidad de personas de acuerdo con el número de asientos; es decir, no permitir parados en las unidades.
En el caso del transporte selectivo de pasajeros, entiéndanse como taxis o Uber, no podrán llevar a más de tres personas, incluido el conductor, obligatorio el uso del cubrebocas para todos y desinfectar los vehículos.
Sanciones
El artículo 12 de las normas se establece cárcel de cuatro a seis años para quien limite la libertad de circulación u otros derechos fundamentales.
“El funcionario, agente de autoridad, empleado público que ordene una limitación o suspensión del derecho a la libertad de circulación o de cualquier otro derecho constitucional de manera ilegal, mediante un decreto Ejecutivo, acuerdo, resolución o cualquier otro aspecto no legislativo será sancionado con prisión de cuatro a seis años e inhabilitación de su cargo por el mismo tiempo”, establece.
El Ministerio de Trabajo o cualquier otra dependencia del Ejecutivo no puede ordenar el cierre de centros de trabajo por causas que esta ley regule.
La ley entra en vigor al publicarse en el diario oficial y tiene una vigencia de ocho meses a partir de ese momento.
Para que pueda publicarse en el diario oficial debe haber completado el proceso de formación de ley, que indica que la misma debe haber sido sancionada por el presidente de la República.
CON INFORMACIÓN: EL SALVADOR TIMES
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) contabilizó 61 sismos en Mercedes Umaña, Usulután Norte, entre las 11:11 de la mañana y las 5:00 de la tarde del martes 20 de octubre de 2026. El reporte corresponde a una secuencia registrada en un período de cinco horas y 49 minutos.
De acuerdo con la información institucional citada por El Blog, cinco de los movimientos fueron sentidos por la población. El balance distingue entre los eventos detectados por los instrumentos de monitoreo y aquellos que los habitantes lograron percibir.
El MARN atribuyó esta actividad a la activación de fallas geológicas en la zona. Estas estructuras son fracturas de la corteza terrestre donde el desplazamiento de bloques de roca libera energía y genera movimientos sísmicos.
La cifra de 61 eventos corresponde al corte de las 5:00 de la tarde y debe interpretarse con ese horario de referencia. La actualización publicada no detalla las magnitudes ni las profundidades de los movimientos, por lo que esos datos requieren consultar los boletines específicos de cada sismo.
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó en San Salvador a Héctor Alejandro Rosales Bonilla, de 64 años, señalado de colgar a su perro de una pata desde el balcón de su apartamento. La intervención ocurrió después de que el caso fuera denunciado en redes sociales durante la tarde del 20 de octubre.
🔴 URGENTE | Denuncian maltrato a un perrito en Condominio Torre del Sol, San Salvador
🐶 Una denuncia ciudadana alerta que un hombre lleva cerca de 30 minutos agrediendo a un perrito en el quinto piso del Condominio Torre del Sol, sobre la calle El Mirador.
Los fuertes llantos del animal se escuchan desde el interior del inmueble.
🚔 Se pide la intervención inmediata de la @PNCSV y de las instituciones de bienestar animal para proteger al perrito.
Cc: @alcaldia_ss @marioduran @Vi11atoro
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 20, 2026
Según la información policial, las imágenes difundidas mostraban al hombre sosteniendo al animal por sus extremidades desde el balcón. La denuncia permitió que las autoridades conocieran el hecho y procedieran con la detención del presunto responsable.
La PNC informó que Rosales Bonilla será remitido a las autoridades correspondientes por el cargo de maltrato animal. Tras confirmar el arresto, la institución expresó: “No vamos a tolerar este tipo de acciones”.
La información publicada no precisa el estado de salud del perro, si recibió atención veterinaria o bajo qué resguardo quedó después del incidente. Tampoco detalla una resolución judicial contra el detenido, cuya responsabilidad deberá determinarse durante el proceso.
El Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador ordenó detención provisional contra Patricia Lissette L. de I., de 53 años, acusada de estafa agravada en perjuicio de ocho personas. Según el requerimiento fiscal, el supuesto fraude asciende a $57,283.50, entregados como inversión en un negocio de distribución de comida preparada.
Los hechos investigados ocurrieron entre 2022 y 2026. De acuerdo con la acusación, la mujer ofrecía ganancias a quienes aportaran dinero al supuesto emprendimiento, una propuesta con la que habría convencido a las víctimas de entregar distintas cantidades.
La investigación señala que la imputada no pagaba los rendimientos prometidos y posteriormente interrumpía la comunicación con los afectados. La promesa de obtener ganancias y la posterior falta de contacto forman parte del mecanismo de engaño descrito en el expediente fiscal.
Durante la audiencia inicial, el juez consideró que existían indicios suficientes sobre el delito y la probable participación de la acusada, por lo que ordenó que el proceso continuara a la etapa de instrucción. La mujer permanecerá detenida provisionalmente mientras avanza el caso; esta resolución no constituye una condena.
