Nacionales
Asamblea acuerda nueva ley para la pandemia: No se puede aplicar cuarentenas generales
Los diputados de la Asamblea Legislativa acordaron una nueva ley con la que buscan contener la pandemia del coronavirus y en ella se contemplan cuestiones como que el Ministerio de Salud debe coordinar acciones con las alcaldías, que los cercos sanitarios solo podrán medir un kilómetro, no se puede ordenar una cuarentena general, y se estipula cárcel para quien limite la libre circulación, entre otras disposiciones.
Esta es la tercera vez que los diputados emiten legislación directa para la pandemia, las ocasiones anteriores han sido vetados por el presidente Nayib Bukele alegando inconstitucionalidad por no consultar con el Ministerio de Salud.
En la normativa, que tiene por nombre Ley especial transitoria para contener la pandemia por la enfermedad Covid-19, se manda al Ministerio a coordinar su trabajo con otras instituciones como alcaldías, iglesias, ONG y a coordinar acciones para “la efectiva atención integral”.
Cercos sanitarios
En el artículo 7 de la normativa se contempla la posibilidad de decretar zonas sujetas a control sanitario, lo que se conoce como cerco sanitario, pero estos no podrán limitar la libre circulación ni otros derechos fundamentales.
“No puede conducir a la suspensión de derechos fundamentales para la totalidad o parte del territorio, en especial el derecho a la libertad de circulación, sino que su único propósito es el monitoreo necesario a cargo de personal de salud”, reza.
Para establecer un cerco sanitario la zona sujeta debe ser menor a un kilómetro cuadrado a la redonda, el periodo no puede ser mayor a 72 horas y se debe implementar vigilancia centinela para la investigación de la diseminación comunitaria.
No se puede aplicar cuarentenas generales
Otra de las medidas que contiene lo emitido por los diputados es que no se puede aplicar cuarentena de manera general para el territorio, solo para los infectados de coronavirus y los sospechosos de haber estado expuestos.
A los infectados no se les pueden limitar la libertad ya que “las medidas deben apegarse estrictamente al campo de salud y no pueden en ningún caso suspender ningún derecho fundamental, especialmente la libertad de circulación”, reza el decreto.
“Estos productos han sido pagados de sus impuestos”
Otro de los aspectos regulados es que el Órgano Ejecutivo debe poner en los paquetes alimentarios que se entreguen a la población la siguiente frase: “Estos productos han sido pagados de sus impuestos”.
Lo anterior, de acuerdo con los legisladores, es porque los ministros y otros funcionarios están haciendo campaña proselitista de cara a las elecciones legislativas y municipales de 2021.
La entrega de los paquetes debe hacerse en conjunto con las alcaldías y no puede participar la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), como lo ha venido haciendo hasta la fecha.
Distanciamiento físico en el trabajo
Se contempla una serie de modificaciones a la ley de prevención de riesgos en los lugares de trabajo para que se contemplen y aseguren medidas como el distanciamiento físico entre los empleados.
También se debe escalonar los horarios de entrada y salida de personal, barreras de protección en los lugares en donde no se pueda mantener más de 2 metros entre trabajadores, reducir actividades presenciales, entre otros.
Transporte público
También se legisla para que los conductores del transporte colectivo usen mascarilla, dispongan de alcohol gel para los pasajeros, desinfección constante en las unidades y no sobrepasar la capacidad de personas de acuerdo con el número de asientos; es decir, no permitir parados en las unidades.
En el caso del transporte selectivo de pasajeros, entiéndanse como taxis o Uber, no podrán llevar a más de tres personas, incluido el conductor, obligatorio el uso del cubrebocas para todos y desinfectar los vehículos.
Sanciones
El artículo 12 de las normas se establece cárcel de cuatro a seis años para quien limite la libertad de circulación u otros derechos fundamentales.
“El funcionario, agente de autoridad, empleado público que ordene una limitación o suspensión del derecho a la libertad de circulación o de cualquier otro derecho constitucional de manera ilegal, mediante un decreto Ejecutivo, acuerdo, resolución o cualquier otro aspecto no legislativo será sancionado con prisión de cuatro a seis años e inhabilitación de su cargo por el mismo tiempo”, establece.
El Ministerio de Trabajo o cualquier otra dependencia del Ejecutivo no puede ordenar el cierre de centros de trabajo por causas que esta ley regule.
La ley entra en vigor al publicarse en el diario oficial y tiene una vigencia de ocho meses a partir de ese momento.
Para que pueda publicarse en el diario oficial debe haber completado el proceso de formación de ley, que indica que la misma debe haber sido sancionada por el presidente de la República.
CON INFORMACIÓN: EL SALVADOR TIMES
La renovación de escuelas públicas continúa a nivel nacional con el programa Dos Escuelas por Día, algunas de ellas han necesitado más inversión para solucionar las necesidades de cada espacio y dejar ambientes apropiados para los niños y adolescentes, entre ellas cuatro centros educativos se modernizan con un financiamiento cerca a los 7 millones de dólares.
El Centro Escolar Cantón Dulce Nombre de San Pedro Masahuat, ubicado en La Paz Oeste tiene un monto de inversión de 1.1 millón para renovarlo, mientras que la Escuela Escolar La Rosa Blanca, ubicada en San Salvador Centro tiene una financiamiento de 1.9 millones.
Igual cantidad de 1.9 millones tiene destinada la Escuela de Educación Parvularia Profesora Berta Arlina Molina en Apopa, San Salvador Oeste y el Centro Escolar 5 de Noviembre en San Salvador Centro también se está modernizando con un costo de 1.9 millones de dólares.
Con esta inversión se beneficiarán más de 1,169 alumnos en los cuatro centros educativos desde inicial, parvularia hasta educación básica. Del Centro Escolar Cantón Dulce Nombre se encuentran matriculados 147 alumnos, mientras que de la Escuela Escolar La Rosa Blanca son 192 estudiantes.
Por su parte, que mayor escolaridad reporta es la Escuela de Educación Parvularia Profesora Berta Arlina Molina de Apopa con 503 estudiantes y el Centro Escolar 5 de Noviembre con 327 matriculados.
De acuerdo con el Observatorio Nacional de Seguridad Vial (Onasevi), hasta el 14 de mayo se reportan 8,734 siniestros viales; de esos, 5,889 lesionados y 549 muertos.
Del 1. ° de enero hasta el 14 de mayo de 2026, el Observatorio Nacional de Seguridad Vial (Onasevi) registra 8,734 accidentes de tránsito en el país. La cifra representa 1,251 casos más que en el mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 7,483, lo que equivale a un incremento del 17 %.
De acuerdo con el informe, la tendencia al alza también se refleja en el número de personas lesionadas, ya que en 2025 se reportaron 4,669 heridos, mientras que en 2026 la cifra ascendió a 5,889, es decir, 1,220 más, por lo que hay un aumento del 26 %. En cuanto a la mortalidad, también se reporta un incremento en las personas fallecidas, con 549 víctimas en lo que va de 2026, frente a 439 registradas el año pasado. Esto significa 110 muertes adicionales, equivalente a un alza del 25 %.
El reporte añade que los detenidos por conducción peligrosa aumentaron un 8 %, al pasar de 769 en 2025 a 829 en 2026, lo que indica que hay 60 casos más hasta el 14 de mayo. Por otra parte, la mayor cantidad de siniestros viales se concentra en San Salvador, con 2,952 casos, seguido de La Libertad con 1,224 y San Miguel con 1.016.
La Fiscalía General de la República informó que, en coordinación con la Policía, ha destruido diversos tipos de droga, correspondiente a decomisos realizados en la zona occidental y en el área metropolitana de San Salvador.
De acuerdo al detalle, lo incinerado fueron 3,245.26 gramos de marihuana, 53.26 gramos de cocaína y 32.1 gramos de metanfetamina, vinculados a 15 diferentes casos de decomiso.
El valor estimado de esta droga en el narcomenudeo es de $ 84,518.47, informó la Fiscalía.
«Además, se hizo efectiva la destrucción de muestras de droga correspondientes a 36 casos ya finalizados y que habían sido resguardadas para fines procesales de la Superintendencia de Regulación Sanitaria», agregó la institución investigadora.
