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Asamblea acuerda nueva ley para la pandemia: No se puede aplicar cuarentenas generales
Los diputados de la Asamblea Legislativa acordaron una nueva ley con la que buscan contener la pandemia del coronavirus y en ella se contemplan cuestiones como que el Ministerio de Salud debe coordinar acciones con las alcaldías, que los cercos sanitarios solo podrán medir un kilómetro, no se puede ordenar una cuarentena general, y se estipula cárcel para quien limite la libre circulación, entre otras disposiciones.
Esta es la tercera vez que los diputados emiten legislación directa para la pandemia, las ocasiones anteriores han sido vetados por el presidente Nayib Bukele alegando inconstitucionalidad por no consultar con el Ministerio de Salud.
En la normativa, que tiene por nombre Ley especial transitoria para contener la pandemia por la enfermedad Covid-19, se manda al Ministerio a coordinar su trabajo con otras instituciones como alcaldías, iglesias, ONG y a coordinar acciones para “la efectiva atención integral”.
Cercos sanitarios
En el artículo 7 de la normativa se contempla la posibilidad de decretar zonas sujetas a control sanitario, lo que se conoce como cerco sanitario, pero estos no podrán limitar la libre circulación ni otros derechos fundamentales.
“No puede conducir a la suspensión de derechos fundamentales para la totalidad o parte del territorio, en especial el derecho a la libertad de circulación, sino que su único propósito es el monitoreo necesario a cargo de personal de salud”, reza.
Para establecer un cerco sanitario la zona sujeta debe ser menor a un kilómetro cuadrado a la redonda, el periodo no puede ser mayor a 72 horas y se debe implementar vigilancia centinela para la investigación de la diseminación comunitaria.
No se puede aplicar cuarentenas generales
Otra de las medidas que contiene lo emitido por los diputados es que no se puede aplicar cuarentena de manera general para el territorio, solo para los infectados de coronavirus y los sospechosos de haber estado expuestos.
A los infectados no se les pueden limitar la libertad ya que “las medidas deben apegarse estrictamente al campo de salud y no pueden en ningún caso suspender ningún derecho fundamental, especialmente la libertad de circulación”, reza el decreto.
“Estos productos han sido pagados de sus impuestos”
Otro de los aspectos regulados es que el Órgano Ejecutivo debe poner en los paquetes alimentarios que se entreguen a la población la siguiente frase: “Estos productos han sido pagados de sus impuestos”.
Lo anterior, de acuerdo con los legisladores, es porque los ministros y otros funcionarios están haciendo campaña proselitista de cara a las elecciones legislativas y municipales de 2021.
La entrega de los paquetes debe hacerse en conjunto con las alcaldías y no puede participar la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), como lo ha venido haciendo hasta la fecha.
Distanciamiento físico en el trabajo
Se contempla una serie de modificaciones a la ley de prevención de riesgos en los lugares de trabajo para que se contemplen y aseguren medidas como el distanciamiento físico entre los empleados.
También se debe escalonar los horarios de entrada y salida de personal, barreras de protección en los lugares en donde no se pueda mantener más de 2 metros entre trabajadores, reducir actividades presenciales, entre otros.
Transporte público
También se legisla para que los conductores del transporte colectivo usen mascarilla, dispongan de alcohol gel para los pasajeros, desinfección constante en las unidades y no sobrepasar la capacidad de personas de acuerdo con el número de asientos; es decir, no permitir parados en las unidades.
En el caso del transporte selectivo de pasajeros, entiéndanse como taxis o Uber, no podrán llevar a más de tres personas, incluido el conductor, obligatorio el uso del cubrebocas para todos y desinfectar los vehículos.
Sanciones
El artículo 12 de las normas se establece cárcel de cuatro a seis años para quien limite la libertad de circulación u otros derechos fundamentales.
“El funcionario, agente de autoridad, empleado público que ordene una limitación o suspensión del derecho a la libertad de circulación o de cualquier otro derecho constitucional de manera ilegal, mediante un decreto Ejecutivo, acuerdo, resolución o cualquier otro aspecto no legislativo será sancionado con prisión de cuatro a seis años e inhabilitación de su cargo por el mismo tiempo”, establece.
El Ministerio de Trabajo o cualquier otra dependencia del Ejecutivo no puede ordenar el cierre de centros de trabajo por causas que esta ley regule.
La ley entra en vigor al publicarse en el diario oficial y tiene una vigencia de ocho meses a partir de ese momento.
Para que pueda publicarse en el diario oficial debe haber completado el proceso de formación de ley, que indica que la misma debe haber sido sancionada por el presidente de la República.
CON INFORMACIÓN: EL SALVADOR TIMES
El inicio de la semana estará marcado por un ambiente cálido durante gran parte del día, acompañado de lluvias en diferentes sectores del territorio salvadoreño, según el pronóstico meteorológico publicado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
Durante la mañana, se espera un cielo poco nublado, mientras que por la tarde, las autoridades prevén lluvias puntuales en la cordillera Apaneca-Ilamatepec y en la zona montañosa del norte central del país.
En la noche, las precipitaciones se desplazarán hacia la zona occidental, algunos sectores de la zona central y áreas cercanas a la costa.
El viento tendrá velocidades entre los 10 y 20 kilómetros por hora, con ráfagas ocasionales de hasta 30 kilómetros por hora.
Un portavoz de la policía dijo a la AFP que el animal había herido gravemente a una persona, que estaba siendo atendida en un hospital.
El incidente ocurrió el domingo por la tarde e involucró a «un tigre que se había escapado y que fue abatido por la policía con armas de fuego», señaló el portavoz, quien añadió que se utilizó un helicóptero de los servicios de emergencia durante la búsqueda del animal.
El tigre se había escapado de la propiedad de un «particular» en las afueras de Leipzig, dijo el vocero, sin ofrecer más detalles.
Según la prensa local, el animal se escapó de la propiedad de una domadora de tigres llamada Carmen Zander, conocida como la «Reina de los Tigres».
Zander ya había sido criticada en el pasado por las condiciones en las que mantenía a los animales en su propiedad.
La organización de defensa de los animales PETA sostuvo que las autoridades veterinarias locales «comparten la responsabilidad de este trágico incidente» por no haber actuado antes contra Zander y exigió que los nueve animales restantes del recinto sean confiscados.
Según la página web de Zander, el animal era un ejemplar mestizo de bengala y siberiano de nueve años de edad y 280 kilos llamado «Sandokan».
Según declaraciones recogidas por el diario Bild, Zander afirmó que el animal era «miedoso», que podía «sentirse abrumado e inseguro rápidamente» y que por ello podía atacar «más rápido e inesperadamente» que los otros animales.
Según Bild, el tigre llegó hasta una parcela de huertos cercanos antes de ser abatido a tiros por la policía.
«Primero oímos sirenas y justo después llegó un helicóptero y un montón de policías», que advirtieron a los dueños de las parcelas que permanecieran dentro, contó al diario una mujer que cuidaba uno de los huertos.
«De repente se oyeron varios disparos», dijo.
Integrantes de una estructura de la MS, que delinquía en San Rafael Cedros, fueron condenados hasta con 66 años de prisión, así resolvió el Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Salvador.
Entre los condenados está Carlos Armando Ramos Rodríguez, alias El Gato, quien recibió una pena de 66 años de cárcel por los delitos de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego, posesión y tenencia y agrupaciones ilícitas en perjuicio de la paz pública.
Otros imputados que pasarán 45 años en la cárcel por agrupaciones ilícitas son René Balmore López Aguillón, alias Destino; Salvador Antonio Martínez Ruiz, alias Cruel; y José Amadeo Huezo López, alias Pony.
De acuerdo con la investigación fiscal, estos cuatro pandilleros eran perfilados con el rango de homeboys con funciones de mando dentro de la clica Saicos Locos Salvatruchos de la Mara Salvatrucha.
En el fallo, el tribunal también impuso 50 años de prisión a Alejandra Guadalupe Ramos Flores por extorsión agravada y agrupaciones ilícitas en perjuicio de la paz pública.
Según la resolución judicial, la mujer era colaboradora activa de la pandilla y le exigía $800 a una víctima, a cambio de no quitarle la vida.
Entre los involucrados también hay otros 18 pandilleros que fueron condenados a 30 años de prisión por su pertenencia a la pandilla, mientras que, a otros 15 imputados, el tribunal les impuso una pena carcelaria de 25 años.
