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Asamblea acuerda nueva ley para la pandemia: No se puede aplicar cuarentenas generales
Los diputados de la Asamblea Legislativa acordaron una nueva ley con la que buscan contener la pandemia del coronavirus y en ella se contemplan cuestiones como que el Ministerio de Salud debe coordinar acciones con las alcaldías, que los cercos sanitarios solo podrán medir un kilómetro, no se puede ordenar una cuarentena general, y se estipula cárcel para quien limite la libre circulación, entre otras disposiciones.
Esta es la tercera vez que los diputados emiten legislación directa para la pandemia, las ocasiones anteriores han sido vetados por el presidente Nayib Bukele alegando inconstitucionalidad por no consultar con el Ministerio de Salud.
En la normativa, que tiene por nombre Ley especial transitoria para contener la pandemia por la enfermedad Covid-19, se manda al Ministerio a coordinar su trabajo con otras instituciones como alcaldías, iglesias, ONG y a coordinar acciones para “la efectiva atención integral”.
Cercos sanitarios
En el artículo 7 de la normativa se contempla la posibilidad de decretar zonas sujetas a control sanitario, lo que se conoce como cerco sanitario, pero estos no podrán limitar la libre circulación ni otros derechos fundamentales.
“No puede conducir a la suspensión de derechos fundamentales para la totalidad o parte del territorio, en especial el derecho a la libertad de circulación, sino que su único propósito es el monitoreo necesario a cargo de personal de salud”, reza.
Para establecer un cerco sanitario la zona sujeta debe ser menor a un kilómetro cuadrado a la redonda, el periodo no puede ser mayor a 72 horas y se debe implementar vigilancia centinela para la investigación de la diseminación comunitaria.
No se puede aplicar cuarentenas generales
Otra de las medidas que contiene lo emitido por los diputados es que no se puede aplicar cuarentena de manera general para el territorio, solo para los infectados de coronavirus y los sospechosos de haber estado expuestos.
A los infectados no se les pueden limitar la libertad ya que “las medidas deben apegarse estrictamente al campo de salud y no pueden en ningún caso suspender ningún derecho fundamental, especialmente la libertad de circulación”, reza el decreto.
“Estos productos han sido pagados de sus impuestos”
Otro de los aspectos regulados es que el Órgano Ejecutivo debe poner en los paquetes alimentarios que se entreguen a la población la siguiente frase: “Estos productos han sido pagados de sus impuestos”.
Lo anterior, de acuerdo con los legisladores, es porque los ministros y otros funcionarios están haciendo campaña proselitista de cara a las elecciones legislativas y municipales de 2021.
La entrega de los paquetes debe hacerse en conjunto con las alcaldías y no puede participar la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), como lo ha venido haciendo hasta la fecha.
Distanciamiento físico en el trabajo
Se contempla una serie de modificaciones a la ley de prevención de riesgos en los lugares de trabajo para que se contemplen y aseguren medidas como el distanciamiento físico entre los empleados.
También se debe escalonar los horarios de entrada y salida de personal, barreras de protección en los lugares en donde no se pueda mantener más de 2 metros entre trabajadores, reducir actividades presenciales, entre otros.
Transporte público
También se legisla para que los conductores del transporte colectivo usen mascarilla, dispongan de alcohol gel para los pasajeros, desinfección constante en las unidades y no sobrepasar la capacidad de personas de acuerdo con el número de asientos; es decir, no permitir parados en las unidades.
En el caso del transporte selectivo de pasajeros, entiéndanse como taxis o Uber, no podrán llevar a más de tres personas, incluido el conductor, obligatorio el uso del cubrebocas para todos y desinfectar los vehículos.
Sanciones
El artículo 12 de las normas se establece cárcel de cuatro a seis años para quien limite la libertad de circulación u otros derechos fundamentales.
“El funcionario, agente de autoridad, empleado público que ordene una limitación o suspensión del derecho a la libertad de circulación o de cualquier otro derecho constitucional de manera ilegal, mediante un decreto Ejecutivo, acuerdo, resolución o cualquier otro aspecto no legislativo será sancionado con prisión de cuatro a seis años e inhabilitación de su cargo por el mismo tiempo”, establece.
El Ministerio de Trabajo o cualquier otra dependencia del Ejecutivo no puede ordenar el cierre de centros de trabajo por causas que esta ley regule.
La ley entra en vigor al publicarse en el diario oficial y tiene una vigencia de ocho meses a partir de ese momento.
Para que pueda publicarse en el diario oficial debe haber completado el proceso de formación de ley, que indica que la misma debe haber sido sancionada por el presidente de la República.
CON INFORMACIÓN: EL SALVADOR TIMES
El ministro del Ministerio de Obras Públicas de El Salvador, Romeo Herrera, anunció la activación del servicio gratuito de grúas como parte del plan “MOP Te Asiste”, que estará disponible a nivel nacional las 24 horas del día.
El servicio inició este 25 de marzo y se mantendrá hasta el lunes 6 de abril, cubriendo el periodo de Semana Santa, con el objetivo de brindar apoyo inmediato a los conductores ante cualquier emergencia vial.
Las autoridades destacaron que cualquier persona podrá acceder al servicio sin costo, sin importar el lugar o la hora, incluso con traslado hasta su vivienda si es necesario, garantizando así mayor seguridad y tranquilidad en las carreteras del país.
Este miércoles 25 de marzo, la magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador (TSE), Roxana Soriano, suscribió un acuerdo de cooperación con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), en el marco de la preparación de las Elecciones Generales de 2027.
El convenio fue firmado junto a la procuradora Raquel Caballero de Guevara, quien actuó en representación de la institución garante de los derechos humanos en el país. Este acuerdo establece mecanismos de coordinación interinstitucional, así como la articulación de esfuerzos técnicos y operativos durante el desarrollo del proceso electoral.
Durante el acto, Soriano destacó que la firma trasciende lo protocolario y representa un compromiso de fondo con el fortalecimiento democrático. “Más que formalizar un convenio es un compromiso histórico con la democracia, con los derechos humanos y con el futuro de nuestra nación”, expresó.
El acuerdo también busca robustecer las acciones de observación electoral, con énfasis en la promoción y garantía de los derechos políticos de la ciudadanía. A través de este tipo de alianzas, se pretende asegurar procesos más transparentes, inclusivos y respetuosos del marco legal vigente.
Las autoridades subrayaron que la cooperación entre instituciones será clave para generar confianza en la población de cara a los comicios de 2027.
Principal
Gobierno desplegará inspectores para verificar derechos laborales durante el asueto de Semana Santa 2026
Con el objetivo de proteger los derechos de la clase trabajadora, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) anunció que sus inspectores se desplegarán a nivel nacional durante el asueto vacacional de Semana Santa 2026. Los días jueves 2, viernes 3 y sábado 4 de abril están establecidos como asuetos remunerados según el Código de Trabajo.
Aunque muchos salvadoreños aprovecharán estos días para actividades recreativas y descanso en familia, quienes laboren por mutuo acuerdo con su empleador tendrán derecho a un recargo del 100%, es decir, al pago doble de su jornada ordinaria.
El vocero del MTPS, Celso Aparicio, recordó que “si el empleado, de común acuerdo con el patrón, decide laborar, estos días deben ser remunerados con salario ordinario más un recargo del ciento por ciento”. Las inspecciones se realizarán en los 14 departamentos del país, priorizando comercios, empresas y centros de atención al público que permanezcan abiertos.
El Ministerio investigará cualquier denuncia de incumplimiento y aplicará sanciones que varían según la gravedad de la infracción y el tamaño de la empresa. El despliegue busca disuadir violaciones y garantizar que se respete plenamente la legislación laboral durante el periodo vacacional.
Los trabajadores que consideren que sus derechos han sido vulnerados pueden denunciar de forma gratuita a través del Call Center 130 o acercándose a cualquiera de las sedes del MTPS a nivel nacional.
