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Asamblea acuerda nueva ley para la pandemia: No se puede aplicar cuarentenas generales
Los diputados de la Asamblea Legislativa acordaron una nueva ley con la que buscan contener la pandemia del coronavirus y en ella se contemplan cuestiones como que el Ministerio de Salud debe coordinar acciones con las alcaldías, que los cercos sanitarios solo podrán medir un kilómetro, no se puede ordenar una cuarentena general, y se estipula cárcel para quien limite la libre circulación, entre otras disposiciones.
Esta es la tercera vez que los diputados emiten legislación directa para la pandemia, las ocasiones anteriores han sido vetados por el presidente Nayib Bukele alegando inconstitucionalidad por no consultar con el Ministerio de Salud.
En la normativa, que tiene por nombre Ley especial transitoria para contener la pandemia por la enfermedad Covid-19, se manda al Ministerio a coordinar su trabajo con otras instituciones como alcaldías, iglesias, ONG y a coordinar acciones para “la efectiva atención integral”.
Cercos sanitarios
En el artículo 7 de la normativa se contempla la posibilidad de decretar zonas sujetas a control sanitario, lo que se conoce como cerco sanitario, pero estos no podrán limitar la libre circulación ni otros derechos fundamentales.
“No puede conducir a la suspensión de derechos fundamentales para la totalidad o parte del territorio, en especial el derecho a la libertad de circulación, sino que su único propósito es el monitoreo necesario a cargo de personal de salud”, reza.
Para establecer un cerco sanitario la zona sujeta debe ser menor a un kilómetro cuadrado a la redonda, el periodo no puede ser mayor a 72 horas y se debe implementar vigilancia centinela para la investigación de la diseminación comunitaria.
No se puede aplicar cuarentenas generales
Otra de las medidas que contiene lo emitido por los diputados es que no se puede aplicar cuarentena de manera general para el territorio, solo para los infectados de coronavirus y los sospechosos de haber estado expuestos.
A los infectados no se les pueden limitar la libertad ya que “las medidas deben apegarse estrictamente al campo de salud y no pueden en ningún caso suspender ningún derecho fundamental, especialmente la libertad de circulación”, reza el decreto.
“Estos productos han sido pagados de sus impuestos”
Otro de los aspectos regulados es que el Órgano Ejecutivo debe poner en los paquetes alimentarios que se entreguen a la población la siguiente frase: “Estos productos han sido pagados de sus impuestos”.
Lo anterior, de acuerdo con los legisladores, es porque los ministros y otros funcionarios están haciendo campaña proselitista de cara a las elecciones legislativas y municipales de 2021.
La entrega de los paquetes debe hacerse en conjunto con las alcaldías y no puede participar la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), como lo ha venido haciendo hasta la fecha.
Distanciamiento físico en el trabajo
Se contempla una serie de modificaciones a la ley de prevención de riesgos en los lugares de trabajo para que se contemplen y aseguren medidas como el distanciamiento físico entre los empleados.
También se debe escalonar los horarios de entrada y salida de personal, barreras de protección en los lugares en donde no se pueda mantener más de 2 metros entre trabajadores, reducir actividades presenciales, entre otros.
Transporte público
También se legisla para que los conductores del transporte colectivo usen mascarilla, dispongan de alcohol gel para los pasajeros, desinfección constante en las unidades y no sobrepasar la capacidad de personas de acuerdo con el número de asientos; es decir, no permitir parados en las unidades.
En el caso del transporte selectivo de pasajeros, entiéndanse como taxis o Uber, no podrán llevar a más de tres personas, incluido el conductor, obligatorio el uso del cubrebocas para todos y desinfectar los vehículos.
Sanciones
El artículo 12 de las normas se establece cárcel de cuatro a seis años para quien limite la libertad de circulación u otros derechos fundamentales.
“El funcionario, agente de autoridad, empleado público que ordene una limitación o suspensión del derecho a la libertad de circulación o de cualquier otro derecho constitucional de manera ilegal, mediante un decreto Ejecutivo, acuerdo, resolución o cualquier otro aspecto no legislativo será sancionado con prisión de cuatro a seis años e inhabilitación de su cargo por el mismo tiempo”, establece.
El Ministerio de Trabajo o cualquier otra dependencia del Ejecutivo no puede ordenar el cierre de centros de trabajo por causas que esta ley regule.
La ley entra en vigor al publicarse en el diario oficial y tiene una vigencia de ocho meses a partir de ese momento.
Para que pueda publicarse en el diario oficial debe haber completado el proceso de formación de ley, que indica que la misma debe haber sido sancionada por el presidente de la República.
CON INFORMACIÓN: EL SALVADOR TIMES
Bartolo Valle Lemus, pasará 30 años en prisión tras ser condenado por el homicidio agravado de una víctima y por portar ilegalmente el arma que utilizó para consumar el crimen.
Este hecho ocurrió en enero del 2017, en el cantón El Cacao, distrito de Nueva Concepción, departamento de Chalatenango.
Según las investigaciones, luego de una discusión con la víctima por rencillas personales, el imputado sacó su arma de fuego y le disparó cuando se dirigía a su casa.
En la vivienda del ahora condenado, las autoridades hallaron el arma que utilizó para cometer el homicidio, además no tenía ninguna documentación legal de tenencia y portación.
Como parte del diplomado de Anticorrupción Aduanera, la Escuela de Capacitación Judicial del Concejo Nacional de la Judicatura (CNJ), desarrolló una jornada práctica en las instalaciones de la Aduana de San Bartolo, Ilopango en San Salvador Este.
En esta actividad participaron magistrados y jueces con competencia en materia Penal, personal de la Fiscalía General de la República, de la Dirección General de Aduanas, la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda y capacitadores del CNJ.
De acuerdo a la institución formadora, «esta experiencia permitió fortalecer la comprensión de los procedimientos aduaneros y su marco normativo, potenciando la toma de decisiones en el ejercicio profesional».
Dos inmuebles utilizados para almacenar medicamentos irregulares fueron allanados esta tarde por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), como parte de un operativo contra la distribución ilegal de fármacos.
Durante el procedimiento, las autoridades decomisaron medicamentos sin registro sanitario y con viñetas falsas, según informó la FGR.
Las diligencias se derivan de la captura de Allan Balmore Méndez, detenido mientras transportaba cajas de fármacos de dudosa procedencia.
De acuerdo con el Ministerio Público, estos productos eran distribuidos en tiendas y farmacias a nivel nacional, utilizando etiquetas falsificadas de laboratorios reconocidos que no han autorizado su fabricación ni comercialización.
Las investigaciones continúan y las autoridades no descartan nuevas capturas.
