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Asamblea acuerda nueva ley para la pandemia: No se puede aplicar cuarentenas generales
Los diputados de la Asamblea Legislativa acordaron una nueva ley con la que buscan contener la pandemia del coronavirus y en ella se contemplan cuestiones como que el Ministerio de Salud debe coordinar acciones con las alcaldías, que los cercos sanitarios solo podrán medir un kilómetro, no se puede ordenar una cuarentena general, y se estipula cárcel para quien limite la libre circulación, entre otras disposiciones.
Esta es la tercera vez que los diputados emiten legislación directa para la pandemia, las ocasiones anteriores han sido vetados por el presidente Nayib Bukele alegando inconstitucionalidad por no consultar con el Ministerio de Salud.
En la normativa, que tiene por nombre Ley especial transitoria para contener la pandemia por la enfermedad Covid-19, se manda al Ministerio a coordinar su trabajo con otras instituciones como alcaldías, iglesias, ONG y a coordinar acciones para “la efectiva atención integral”.
Cercos sanitarios
En el artículo 7 de la normativa se contempla la posibilidad de decretar zonas sujetas a control sanitario, lo que se conoce como cerco sanitario, pero estos no podrán limitar la libre circulación ni otros derechos fundamentales.
“No puede conducir a la suspensión de derechos fundamentales para la totalidad o parte del territorio, en especial el derecho a la libertad de circulación, sino que su único propósito es el monitoreo necesario a cargo de personal de salud”, reza.
Para establecer un cerco sanitario la zona sujeta debe ser menor a un kilómetro cuadrado a la redonda, el periodo no puede ser mayor a 72 horas y se debe implementar vigilancia centinela para la investigación de la diseminación comunitaria.
No se puede aplicar cuarentenas generales
Otra de las medidas que contiene lo emitido por los diputados es que no se puede aplicar cuarentena de manera general para el territorio, solo para los infectados de coronavirus y los sospechosos de haber estado expuestos.
A los infectados no se les pueden limitar la libertad ya que “las medidas deben apegarse estrictamente al campo de salud y no pueden en ningún caso suspender ningún derecho fundamental, especialmente la libertad de circulación”, reza el decreto.
“Estos productos han sido pagados de sus impuestos”
Otro de los aspectos regulados es que el Órgano Ejecutivo debe poner en los paquetes alimentarios que se entreguen a la población la siguiente frase: “Estos productos han sido pagados de sus impuestos”.
Lo anterior, de acuerdo con los legisladores, es porque los ministros y otros funcionarios están haciendo campaña proselitista de cara a las elecciones legislativas y municipales de 2021.
La entrega de los paquetes debe hacerse en conjunto con las alcaldías y no puede participar la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), como lo ha venido haciendo hasta la fecha.
Distanciamiento físico en el trabajo
Se contempla una serie de modificaciones a la ley de prevención de riesgos en los lugares de trabajo para que se contemplen y aseguren medidas como el distanciamiento físico entre los empleados.
También se debe escalonar los horarios de entrada y salida de personal, barreras de protección en los lugares en donde no se pueda mantener más de 2 metros entre trabajadores, reducir actividades presenciales, entre otros.
Transporte público
También se legisla para que los conductores del transporte colectivo usen mascarilla, dispongan de alcohol gel para los pasajeros, desinfección constante en las unidades y no sobrepasar la capacidad de personas de acuerdo con el número de asientos; es decir, no permitir parados en las unidades.
En el caso del transporte selectivo de pasajeros, entiéndanse como taxis o Uber, no podrán llevar a más de tres personas, incluido el conductor, obligatorio el uso del cubrebocas para todos y desinfectar los vehículos.
Sanciones
El artículo 12 de las normas se establece cárcel de cuatro a seis años para quien limite la libertad de circulación u otros derechos fundamentales.
“El funcionario, agente de autoridad, empleado público que ordene una limitación o suspensión del derecho a la libertad de circulación o de cualquier otro derecho constitucional de manera ilegal, mediante un decreto Ejecutivo, acuerdo, resolución o cualquier otro aspecto no legislativo será sancionado con prisión de cuatro a seis años e inhabilitación de su cargo por el mismo tiempo”, establece.
El Ministerio de Trabajo o cualquier otra dependencia del Ejecutivo no puede ordenar el cierre de centros de trabajo por causas que esta ley regule.
La ley entra en vigor al publicarse en el diario oficial y tiene una vigencia de ocho meses a partir de ese momento.
Para que pueda publicarse en el diario oficial debe haber completado el proceso de formación de ley, que indica que la misma debe haber sido sancionada por el presidente de la República.
CON INFORMACIÓN: EL SALVADOR TIMES
El puerto de La Unión continúa impulsando el movimiento de carga marítima en el país. En ese sentido, recientemente, recibió el primer buque del año, proveniente de la República Popular China.
El buque Prosperity 105 atracó el viernes pasado y transportaba 21,000 toneladas de cemento. El desembarque se realizó el mismo día por la noche.
«El buque Prosperity 105 evidencia el crecimiento sostenido de la actividad portuaria en esa región», afirmó el Gobierno.
Además, destacó que la reactivación del puerto de La Unión no solo impulsa el comercio exterior, también genera empleo y oportunidades para las familias de la zona oriental.
Cada operación portuaria representa un paso más hacia la modernización logística nacional, fortaleciendo la competitividad de El Salvador en la región.
Recientemente, el presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Federico Anliker, aseguró que este es el primer buque de carga suelta que llega a dicha terminal marítima.
«Este día será histórico porque llega un buque de carga suelta, por primera vez. La Unión se volvió un hub de autos nuevos, pero también estamos manejando carga suelta», dijo Anliker.
Además, informó que en 2025 atendieron más de 75 buques en el puerto de La Unión, como parte del trabajo de la Unión Portuaria del Pacífico.
«Esta es una sociedad de economía mixta, entre el Gobierno del presidente Nayib Bukele y Yilport, la Unión Portuaria del Pacífico se encarga del manejo de los puertos marítimos de El Salvador. En 2025 atendimos más de 75 buques en el puerto de La Unión», remarcó.
Este lunes, la Defensoría del Consumidor inició con las inspecciones que forman parte de la Defensoría Escolar «Back to School», que consiste en inspecciones que buscan defender el derecho de los consumidores y evitar que sea vulnerada la economía de los salvadoreños
Las inspecciones en establecimientos de comercialización de útiles escolares y productos relacionados al uso de actividades educativas por parte de los estudiantes, fueron lideradas por el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar.
«Además, nuestra institución realiza una serie de verificaciones en diferentes puntos comerciales, vinculados a la venta de útiles escolares, también otro tipo de equipos como computadoras, tablets, muebles de escritorio», explicó Salazar.
«Como Gobierno del presidente Nayib Bukele estamos comprometidos en proteger la economía familiar en este retorno a clases tanto para el sector público como el privado», declaró Salazar durante las verificaciones, además, el funcionario explicó que se han instalado puntos de atención para brindar apoyo jurídico a los consumidores ante posibles abusos o vulneraciones de derechos.
En el parque Daniel Hernández, en Santa Tecla, se dispone de un centro de recepción de denuncias, según informó el titular de la Defensoría del Consumidor.
Salazar explicó que en el observatorio de útiles escolares la población puede encontrar información de precios de más de 6,500 productos.
La Defensoría del Consumidor realizará monitoreos semanales para permitir que la población identifique aquellos puntos donde se comercializan los productos escolares a un costo más bajo que pueden representar importantes ahorros para su economía.
La Dirección General de Aduanas (DGA) acreditó recientemente a cuatro nuevas empresas con el Programa de Operador Confiable, una iniciativa de cumplimiento aduanero que facilita las operaciones de comercio exterior y que ofrece a las empresas un despacho más rápido, eficiente y especializado.
Con dicha incorporación, la DGA registra 28 empresas certificadas con lo que fortalece la seguridad, la eficiencia y la confianza en el comercio internacional, y consolida a El Salvador como un destino atractivo para la inversión.
«Desde Aduanas acreditamos a un nuevo grupo de empresas que han cumplido con altos estándares de seguridad y control en sus procesos de producción, almacenamiento, transporte y distribución de mercancías», afirmó el titular de Aduanas, Benjamín Mayorga.
Las empresas certificadas son: Melher, S.A. DE C.V; Crio Inversiones, S.A. DE C.V.; DHL Global Forwarding (El Salvador) y Trans-Auto, S.A. DE C.V.
«Agradecemos y felicitamos a Cifacil [Comisión Intergremial para la Facilitación del Comercio en El Salvador] por su valioso apoyo al Programa de Operador Confiable y a este proceso de acreditación», añadió Mayorga.
Cifacil reafirmó su compromiso de seguir apoyando iniciativas que «fortalezcan la facilitación del comercio, la confianza y seguridad en el comercio exterior de El Salvador».
Por su parte, la Corporación de Exportadores de El Salvador (Coexport) afirmó que contribuye con la certificación mediante su programa de Asistencia Técnica para la Certificación mediante el cual buscará llegar a 100 operadores confiables este 2026.
«Muy felices por el avance de nuestras empresas socias apoyadas a través del Programa de Asistencia Técnica para la Certificación de Operador Confiable. Seguimos impulsando capacidades que fortalecen la competitividad del país», publicó la gremial.
