Nacionales
Asamblea acuerda nueva ley para la pandemia: No se puede aplicar cuarentenas generales
Los diputados de la Asamblea Legislativa acordaron una nueva ley con la que buscan contener la pandemia del coronavirus y en ella se contemplan cuestiones como que el Ministerio de Salud debe coordinar acciones con las alcaldías, que los cercos sanitarios solo podrán medir un kilómetro, no se puede ordenar una cuarentena general, y se estipula cárcel para quien limite la libre circulación, entre otras disposiciones.
Esta es la tercera vez que los diputados emiten legislación directa para la pandemia, las ocasiones anteriores han sido vetados por el presidente Nayib Bukele alegando inconstitucionalidad por no consultar con el Ministerio de Salud.
En la normativa, que tiene por nombre Ley especial transitoria para contener la pandemia por la enfermedad Covid-19, se manda al Ministerio a coordinar su trabajo con otras instituciones como alcaldías, iglesias, ONG y a coordinar acciones para “la efectiva atención integral”.
Cercos sanitarios
En el artículo 7 de la normativa se contempla la posibilidad de decretar zonas sujetas a control sanitario, lo que se conoce como cerco sanitario, pero estos no podrán limitar la libre circulación ni otros derechos fundamentales.
“No puede conducir a la suspensión de derechos fundamentales para la totalidad o parte del territorio, en especial el derecho a la libertad de circulación, sino que su único propósito es el monitoreo necesario a cargo de personal de salud”, reza.
Para establecer un cerco sanitario la zona sujeta debe ser menor a un kilómetro cuadrado a la redonda, el periodo no puede ser mayor a 72 horas y se debe implementar vigilancia centinela para la investigación de la diseminación comunitaria.
No se puede aplicar cuarentenas generales
Otra de las medidas que contiene lo emitido por los diputados es que no se puede aplicar cuarentena de manera general para el territorio, solo para los infectados de coronavirus y los sospechosos de haber estado expuestos.
A los infectados no se les pueden limitar la libertad ya que “las medidas deben apegarse estrictamente al campo de salud y no pueden en ningún caso suspender ningún derecho fundamental, especialmente la libertad de circulación”, reza el decreto.
“Estos productos han sido pagados de sus impuestos”
Otro de los aspectos regulados es que el Órgano Ejecutivo debe poner en los paquetes alimentarios que se entreguen a la población la siguiente frase: “Estos productos han sido pagados de sus impuestos”.
Lo anterior, de acuerdo con los legisladores, es porque los ministros y otros funcionarios están haciendo campaña proselitista de cara a las elecciones legislativas y municipales de 2021.
La entrega de los paquetes debe hacerse en conjunto con las alcaldías y no puede participar la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), como lo ha venido haciendo hasta la fecha.
Distanciamiento físico en el trabajo
Se contempla una serie de modificaciones a la ley de prevención de riesgos en los lugares de trabajo para que se contemplen y aseguren medidas como el distanciamiento físico entre los empleados.
También se debe escalonar los horarios de entrada y salida de personal, barreras de protección en los lugares en donde no se pueda mantener más de 2 metros entre trabajadores, reducir actividades presenciales, entre otros.
Transporte público
También se legisla para que los conductores del transporte colectivo usen mascarilla, dispongan de alcohol gel para los pasajeros, desinfección constante en las unidades y no sobrepasar la capacidad de personas de acuerdo con el número de asientos; es decir, no permitir parados en las unidades.
En el caso del transporte selectivo de pasajeros, entiéndanse como taxis o Uber, no podrán llevar a más de tres personas, incluido el conductor, obligatorio el uso del cubrebocas para todos y desinfectar los vehículos.
Sanciones
El artículo 12 de las normas se establece cárcel de cuatro a seis años para quien limite la libertad de circulación u otros derechos fundamentales.
“El funcionario, agente de autoridad, empleado público que ordene una limitación o suspensión del derecho a la libertad de circulación o de cualquier otro derecho constitucional de manera ilegal, mediante un decreto Ejecutivo, acuerdo, resolución o cualquier otro aspecto no legislativo será sancionado con prisión de cuatro a seis años e inhabilitación de su cargo por el mismo tiempo”, establece.
El Ministerio de Trabajo o cualquier otra dependencia del Ejecutivo no puede ordenar el cierre de centros de trabajo por causas que esta ley regule.
La ley entra en vigor al publicarse en el diario oficial y tiene una vigencia de ocho meses a partir de ese momento.
Para que pueda publicarse en el diario oficial debe haber completado el proceso de formación de ley, que indica que la misma debe haber sido sancionada por el presidente de la República.
CON INFORMACIÓN: EL SALVADOR TIMES
La Fiscalía General de la República (FGR) en conjunto con la Policía detuvo a Sandro Falanga, Raffaele Lanzetta, Luigi Barbato y Marco Falanga, de nacionalidad italiana, por el delito de violación de distintivos comerciales.
Los imputados fueron arrestados en San Miguel y se les ha perfilado como miembros de organizaciones criminales italianas que operaban en otros países del norte de América (donde tienen restricción de ingreso) y están asociados con la falsificación de marcas registradas, lavado de dinero y fraude.
De acuerdo a la investigación, los extranjeros operaban por medio de redes sociales y comercializaban productos de maquinaria profesional industrial, falsificando marcas registradas y vendiéndolas a precios elevados aun cuando eran equipos de baja calidad.
El ministerio público detalló que la red comenzó su operatividad a partir de agosto del año pasado; Barbato era el principal actor para realizar el ofrecimiento de los productos y se presentaba como el representante de El Salvador y Centroamérica de CATLINE.
Dicho comercio era promovido como la filial de una reconocida empresa de fabricación de maquinaria pesada para construcción, minería, y motores industriales, según denunció una víctima por medio de redes sociales.
El reporte oficial da cuenta que la víctima recibió una factura comercial falsa bajo el nombre de la empresa Grupo Motores de R.L, supuestamente ubicada en Santa Ana. Al realizar las averiguaciones, no se encontró registro ni de la empresa ni de la ubicación del establecimiento.
Otra de las víctimas expuso en redes sociales que Barbato también se hacía pasar como un reconocido chef que tenía a la venta sus utensilios de cocina «de marcas reconocidas», las cuales ofrecía a altos precios, pero al verificar, los productos eran imitaciones.
Los italianos comenzaron a alquilar vehículos desde mayo a diciembre de 2025 y según los reportes, un establecimiento les arrendó al menos siete vehículos, entre pickups y camionetas con un gasto de alquiler de al menos $33,000.
La FGR ha hecho un llamado a las personas que hayan sido estafadas por estos extranjeros, para que se acerquen a cualquier sede fiscal para interponer su denuncia.
Principal
Educación Superior participa en conferencia sobre los desafíos y oportunidades que plantea la inteligencia artificial
La Dirección Nacional de Educación Superior participó en la conferencia magistral «Inteligencia Artificial y Universidad: Irrelevancia o Refundación 2026–2030», un espacio de análisis estratégico sobre el futuro de las universidades en la región. Esto con el objetivo de reflexionar sobre los desafíos y oportunidades que plantea la IA en la educación superior.
El encuentro que fue liderado por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y el Consorcio de Instituciones de Educación Superior para el Crecimiento Económico (CIESCE) reunió a autoridades académicas, especialistas y representantes del sector educativo.
La jornada inicial estuvo a cargo de Alberto Arene, representante de la OEI en El Salvador, seguido por intervenciones de Christian Aparicio, director nacional de Educación Superior del Ministerio de Educación (Mined); Mario Olmos, presidente del CIESCE y rector de la Universidad Don Bosco; y Andrés Delich, secretario general adjunto de la OEI.
La conferencia magistral fue desarrollada por el ponente Francisco Mayorga, quien planteó un análisis profundo sobre el impacto de la inteligencia artificial en los modelos universitarios tradicionales, advirtiendo que las instituciones de educación superior enfrentan un punto de inflexión histórico: adaptarse de manera crítica e innovadora o arriesgarse a perder relevancia social.
Los comentarios académicos fueron realizados por la ponente Mireya Rodríguez, quien subrayó la necesidad de repensar la docencia, la investigación y la gestión universitaria desde una perspectiva ética, humanista y centrada en el aprendizaje a lo largo de la vida.
El encuentro concluyó con un diálogo abierto entre los asistentes, en el que se destacaron la urgencia de políticas públicas, la formación docente en competencias digitales avanzadas y el papel estratégico de la universidad como espacio de pensamiento crítico frente a la automatización.
Este evento reafirma el compromiso de las instituciones organizadoras con la reflexión prospectiva y la construcción de una educación superior pertinente, innovadora y socialmente responsable ante los desafíos del período 2026–2030.
La Policía Nacional Civil capturó ayer Samuel Asael Flores Acuña acusado del delito de intento de homicidio en el caserío Chiquileca, en el Distrito de Teotepeque en el municipio de La Libertad Costa.
Según el informe policial, Flores Acuña pretendía defender a su mamá, quien era golpeada por su padrastro. En esa acción roció con gasolina al compañero de vida de su madre y posteriormente le prendió fuego.
La víctima, de 59 años de edad, recibió quemaduras en todo el cuerpo y fue trasladado en estado grave a un centro hospitalario.
En un trabajo conjunto de la Policía y de la Fuerza Armada, y tras recibir la respectiva denuncia, procedieron a ubicar y a capturar a Flores Acuña.
