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Asamblea acuerda nueva ley para la pandemia: No se puede aplicar cuarentenas generales
Los diputados de la Asamblea Legislativa acordaron una nueva ley con la que buscan contener la pandemia del coronavirus y en ella se contemplan cuestiones como que el Ministerio de Salud debe coordinar acciones con las alcaldías, que los cercos sanitarios solo podrán medir un kilómetro, no se puede ordenar una cuarentena general, y se estipula cárcel para quien limite la libre circulación, entre otras disposiciones.
Esta es la tercera vez que los diputados emiten legislación directa para la pandemia, las ocasiones anteriores han sido vetados por el presidente Nayib Bukele alegando inconstitucionalidad por no consultar con el Ministerio de Salud.
En la normativa, que tiene por nombre Ley especial transitoria para contener la pandemia por la enfermedad Covid-19, se manda al Ministerio a coordinar su trabajo con otras instituciones como alcaldías, iglesias, ONG y a coordinar acciones para “la efectiva atención integral”.
Cercos sanitarios
En el artículo 7 de la normativa se contempla la posibilidad de decretar zonas sujetas a control sanitario, lo que se conoce como cerco sanitario, pero estos no podrán limitar la libre circulación ni otros derechos fundamentales.
“No puede conducir a la suspensión de derechos fundamentales para la totalidad o parte del territorio, en especial el derecho a la libertad de circulación, sino que su único propósito es el monitoreo necesario a cargo de personal de salud”, reza.
Para establecer un cerco sanitario la zona sujeta debe ser menor a un kilómetro cuadrado a la redonda, el periodo no puede ser mayor a 72 horas y se debe implementar vigilancia centinela para la investigación de la diseminación comunitaria.
No se puede aplicar cuarentenas generales
Otra de las medidas que contiene lo emitido por los diputados es que no se puede aplicar cuarentena de manera general para el territorio, solo para los infectados de coronavirus y los sospechosos de haber estado expuestos.
A los infectados no se les pueden limitar la libertad ya que “las medidas deben apegarse estrictamente al campo de salud y no pueden en ningún caso suspender ningún derecho fundamental, especialmente la libertad de circulación”, reza el decreto.
“Estos productos han sido pagados de sus impuestos”
Otro de los aspectos regulados es que el Órgano Ejecutivo debe poner en los paquetes alimentarios que se entreguen a la población la siguiente frase: “Estos productos han sido pagados de sus impuestos”.
Lo anterior, de acuerdo con los legisladores, es porque los ministros y otros funcionarios están haciendo campaña proselitista de cara a las elecciones legislativas y municipales de 2021.
La entrega de los paquetes debe hacerse en conjunto con las alcaldías y no puede participar la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), como lo ha venido haciendo hasta la fecha.
Distanciamiento físico en el trabajo
Se contempla una serie de modificaciones a la ley de prevención de riesgos en los lugares de trabajo para que se contemplen y aseguren medidas como el distanciamiento físico entre los empleados.
También se debe escalonar los horarios de entrada y salida de personal, barreras de protección en los lugares en donde no se pueda mantener más de 2 metros entre trabajadores, reducir actividades presenciales, entre otros.
Transporte público
También se legisla para que los conductores del transporte colectivo usen mascarilla, dispongan de alcohol gel para los pasajeros, desinfección constante en las unidades y no sobrepasar la capacidad de personas de acuerdo con el número de asientos; es decir, no permitir parados en las unidades.
En el caso del transporte selectivo de pasajeros, entiéndanse como taxis o Uber, no podrán llevar a más de tres personas, incluido el conductor, obligatorio el uso del cubrebocas para todos y desinfectar los vehículos.
Sanciones
El artículo 12 de las normas se establece cárcel de cuatro a seis años para quien limite la libertad de circulación u otros derechos fundamentales.
“El funcionario, agente de autoridad, empleado público que ordene una limitación o suspensión del derecho a la libertad de circulación o de cualquier otro derecho constitucional de manera ilegal, mediante un decreto Ejecutivo, acuerdo, resolución o cualquier otro aspecto no legislativo será sancionado con prisión de cuatro a seis años e inhabilitación de su cargo por el mismo tiempo”, establece.
El Ministerio de Trabajo o cualquier otra dependencia del Ejecutivo no puede ordenar el cierre de centros de trabajo por causas que esta ley regule.
La ley entra en vigor al publicarse en el diario oficial y tiene una vigencia de ocho meses a partir de ese momento.
Para que pueda publicarse en el diario oficial debe haber completado el proceso de formación de ley, que indica que la misma debe haber sido sancionada por el presidente de la República.
CON INFORMACIÓN: EL SALVADOR TIMES
Adalberto Antonio Miranda enfrenta juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por el delito de estafa agravada en perjuicio de una víctima.
La Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa haber cometido ilegalidades en su calidad de representante de la cooperativa de transporte público Acostes de El Salvador, S.A. de C.V. y de la Asociación Cooperativa de Transporte de R.L. en 2019.
El imputado, quien es hijo del busero fallecido Catalino Miranda, realizó un préstamo por un monto de $1,800.000; el cual dejó de pagar al falsificar la cancelación de la hipoteca de dos inmuebles a través de documentación falsa y de forma fraudulenta logró la liberación de los registros del Centro Nacional de Registros (CNR) y el Viceministerio de Transporte (VMT) de las 78 unidades de transporte que en su momento ofrecieron en calidad de garantía.
Miranda estafó a la víctima con $1,300.000, que fue la cantidad restante de la deuda tramitada como cancelada de forma fraudulenta. La Fiscalía detalló que con abundantes elementos probatorios solicitó una condena de carácter condenatorio en contra el procesado.
El ministerio público informó que se prevé que el fallo se dé el 27 de marzo.
En febrero de este año, René Ventura Alvarado fue condenado a cinco años de prisión y a pagar $375,360.04 en concepto de responsabilidad civil a favor de una víctima de estafa.
La investigación fiscal estableció que a finales de 2018 y a inicio de 2019, el imputado se reunió con la víctima y le dijo que necesitaba surtir con llantas su negocio de talleres y venta de accesorios para autos. La víctima le ofreció seis contenedores con llantas con valor de $375,360.04.
El afectado entregó en cuatro pedidos lo solicitado y al vencer el plazo establecido para cancelar la deuda, Ventura Alvarado no realizó ni un abono, ni pagó y ponía excusas, por lo que la víctima decidió denunciarlo ante la FGR.
La Fiscalía General de la República (FGR) ordenó la captura de Silvia Beatriz Araniva y Jenifer Loseth Manzano, por el delito de tráfico ilícito.
El reporte oficial detalla que en un trabajo coordinado con la Policía llevaron a cabo un allanamiento al interior de un mesón de San Salvador Centro, en el cual se encontraron drogas ocultas bajo materiales de construcción.
Las autoridades decomisaron 20 porciones medianas de cocaína listas para su venta, metanfetaminas y anfetaminas, además de $780 en efectivo, jeringas y bolsas plásticas que utilizaban para comercializar la droga.
«Las imputadas serán puestas ante la justicia en las próximas horas», indicó el ministerio público.
En otro caso registrado esta semana, el personal de la Fuerza Armada junto con la Policía detuvo a Gerardo Eliseo Calderón Acevedo, de 18 años, a quien le incautaron tres porciones de marihuana.
El hombre fue ubicado en el distrito de Verapaz, en San Vicente Sur. Será remitido por el delito de posesión y tenencia de drogas.
Mientras que en el distrito de Mejicanos arrestaron a Aldair Omar Cerón López, de 21 años, a quien le encontraron en el interior de un vehículo: una bolsa con marihuana; una báscula digital; una laptop y un celular
Calderón Acevedo es procesado por el delito de posesión y tenencia con fines de tráfico.
El proyecto de pavimentación de la calle que conduce al cantón Los Toles, en Ahuachapán, registra un avance del 40 %, informó el director del Fovial, Alex Beltrán, en una entrevista que brindó a canal 10 este jueves.
De acuerdo con el funcionario, antes de iniciar la obra se llevaron a cabo estudios técnicos que incluyeron análisis de suelos, drenaje e hidrología, además del diseño de ingeniería necesario para ejecutar el proyecto.
Beltrán detalló que, hasta la fecha, ya se han pavimentado 2.5 kilómetros de los 12 que contempla la intervención total de la vía.
Además, destacó la importancia estratégica de esta carretera, al señalar que el cantón Los Toles se ubica a solo dos kilómetros de la frontera con Guatemala, lo que abre oportunidades para el desarrollo comercial y turístico en la zona.
Asimismo, subrayó que la ejecución del proyecto ha generado empleos para los habitantes del sector.
«Estamos muy satisfechos, porque más allá de la pavimentación, aportamos a la economía de la zona, comercio, accesos a centros escolares, y por supuesto, la plusvalía de los terrenos», afirmó Beltrán.
Estos trabajos continuaran con el objetivo de mejorar la conectividad y dinamizar la actividad económica en esta zona fronteriza.
