Nacionales
Asamblea acuerda nueva ley para la pandemia: No se puede aplicar cuarentenas generales
Los diputados de la Asamblea Legislativa acordaron una nueva ley con la que buscan contener la pandemia del coronavirus y en ella se contemplan cuestiones como que el Ministerio de Salud debe coordinar acciones con las alcaldías, que los cercos sanitarios solo podrán medir un kilómetro, no se puede ordenar una cuarentena general, y se estipula cárcel para quien limite la libre circulación, entre otras disposiciones.
Esta es la tercera vez que los diputados emiten legislación directa para la pandemia, las ocasiones anteriores han sido vetados por el presidente Nayib Bukele alegando inconstitucionalidad por no consultar con el Ministerio de Salud.
En la normativa, que tiene por nombre Ley especial transitoria para contener la pandemia por la enfermedad Covid-19, se manda al Ministerio a coordinar su trabajo con otras instituciones como alcaldías, iglesias, ONG y a coordinar acciones para “la efectiva atención integral”.
Cercos sanitarios
En el artículo 7 de la normativa se contempla la posibilidad de decretar zonas sujetas a control sanitario, lo que se conoce como cerco sanitario, pero estos no podrán limitar la libre circulación ni otros derechos fundamentales.
“No puede conducir a la suspensión de derechos fundamentales para la totalidad o parte del territorio, en especial el derecho a la libertad de circulación, sino que su único propósito es el monitoreo necesario a cargo de personal de salud”, reza.
Para establecer un cerco sanitario la zona sujeta debe ser menor a un kilómetro cuadrado a la redonda, el periodo no puede ser mayor a 72 horas y se debe implementar vigilancia centinela para la investigación de la diseminación comunitaria.
No se puede aplicar cuarentenas generales
Otra de las medidas que contiene lo emitido por los diputados es que no se puede aplicar cuarentena de manera general para el territorio, solo para los infectados de coronavirus y los sospechosos de haber estado expuestos.
A los infectados no se les pueden limitar la libertad ya que “las medidas deben apegarse estrictamente al campo de salud y no pueden en ningún caso suspender ningún derecho fundamental, especialmente la libertad de circulación”, reza el decreto.
“Estos productos han sido pagados de sus impuestos”
Otro de los aspectos regulados es que el Órgano Ejecutivo debe poner en los paquetes alimentarios que se entreguen a la población la siguiente frase: “Estos productos han sido pagados de sus impuestos”.
Lo anterior, de acuerdo con los legisladores, es porque los ministros y otros funcionarios están haciendo campaña proselitista de cara a las elecciones legislativas y municipales de 2021.
La entrega de los paquetes debe hacerse en conjunto con las alcaldías y no puede participar la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), como lo ha venido haciendo hasta la fecha.
Distanciamiento físico en el trabajo
Se contempla una serie de modificaciones a la ley de prevención de riesgos en los lugares de trabajo para que se contemplen y aseguren medidas como el distanciamiento físico entre los empleados.
También se debe escalonar los horarios de entrada y salida de personal, barreras de protección en los lugares en donde no se pueda mantener más de 2 metros entre trabajadores, reducir actividades presenciales, entre otros.
Transporte público
También se legisla para que los conductores del transporte colectivo usen mascarilla, dispongan de alcohol gel para los pasajeros, desinfección constante en las unidades y no sobrepasar la capacidad de personas de acuerdo con el número de asientos; es decir, no permitir parados en las unidades.
En el caso del transporte selectivo de pasajeros, entiéndanse como taxis o Uber, no podrán llevar a más de tres personas, incluido el conductor, obligatorio el uso del cubrebocas para todos y desinfectar los vehículos.
Sanciones
El artículo 12 de las normas se establece cárcel de cuatro a seis años para quien limite la libertad de circulación u otros derechos fundamentales.
“El funcionario, agente de autoridad, empleado público que ordene una limitación o suspensión del derecho a la libertad de circulación o de cualquier otro derecho constitucional de manera ilegal, mediante un decreto Ejecutivo, acuerdo, resolución o cualquier otro aspecto no legislativo será sancionado con prisión de cuatro a seis años e inhabilitación de su cargo por el mismo tiempo”, establece.
El Ministerio de Trabajo o cualquier otra dependencia del Ejecutivo no puede ordenar el cierre de centros de trabajo por causas que esta ley regule.
La ley entra en vigor al publicarse en el diario oficial y tiene una vigencia de ocho meses a partir de ese momento.
Para que pueda publicarse en el diario oficial debe haber completado el proceso de formación de ley, que indica que la misma debe haber sido sancionada por el presidente de la República.
CON INFORMACIÓN: EL SALVADOR TIMES
Judicial
Conductor enfrentará proceso judicial tras accidente que dejó lesionados a dos policías en Soyapango
Rolando Boanergues L. L., de 31 años, fue presentado en audiencia inicial ante el Juzgado Cuarto de Paz de Soyapango por su presunta implicación en un accidente de tránsito que causó lesiones a dos agentes de la Policía Nacional Civil.
Según la Fiscalía, el hecho ocurrió en el kilómetro 4 de la carretera de Oro, a la altura del puente San José, cuando el imputado habría invadido el carril contrario e impactado con una motocicleta en la que se transportaban los agentes. Las víctimas recibieron incapacidades médicas de hasta ocho días.
La jueza ordenó que el caso pase a conocimiento de un Juzgado de Tránsito de San Salvador y otorgó medidas sustitutivas a la detención, entre ellas la prohibición de salir del país o de su lugar de residencia y la obligación de presentarse cada 30 días ante el tribunal.
Un accidente de tránsito quedó registrado por el sistema de videovigilancia. Esta vez, se trató del conductor de un camión que perdió el control y volcó sobre la alameda Manuel Enrique Araujo, en el distrito de San Salvador Centro, durante la tarde-noche del lunes 9 de junio.
El hecho fue documentado en imágenes compartidas por las redes sociales de la alcaldía municipal, en las que se observa cómo el conductor intenta maniobrar para estabilizar el vehículo pesado, sin éxito. Finalmente, el camión terminó volcado a un costado de la vía.
El percance provocó un considerable congestionamiento vehicular mientras las autoridades trabajaban en la remoción del automotor, que obstaculizaba al menos uno de los carriles de la arteria.
Hasta el cierre de esta nota, no se ha confirmado si el incidente causó daños a otros vehículos o dejó personas con lesiones de gravedad.
La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), ejecutó cinco operativos a nivel nacional durante el mes de mayo, que culminaron con la captura de 142 personas vinculadas a diversos delitos, entre ellos estafa, extorsión, agrupaciones ilícitas, tráfico de drogas, robo agravado y tráfico ilegal de personas.
Uno de los operativos más relevantes se llevó a cabo el 30 de mayo en el distrito de Cuisnahuat, Sonsonate Este, donde se ordenó la detención de siete supuestos miembros de la MS-13, clica Normandi Locos Salvatruchos. Los imputados son acusados del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación, ocurrido entre 2022 y 2025. La investigación revela que las víctimas fueron amenazadas y agredidas por los pandilleros hasta verse obligadas a abandonar su comunidad.
En Cuscatlán Sur, otros 24 sujetos fueron detenidos en los distritos de San Bartolomé Perulapía, San Pedro Perulapán, San Rafael Cedros y San Martín por delitos como estafa, robo agravado y agrupaciones ilícitas. Las estafas se cometieron a través de redes sociales, ofreciendo productos o servicios falsos, con montos defraudados entre $350 y $1,500.
Asimismo, el 29 de mayo, en Mejicanos, fueron detenidos 14 estafadores que operaban bajo un esquema de inversión fraudulenta. Prometían altas ganancias por invertir en empresas ficticias y devolvían pequeñas sumas iniciales para ganar la confianza de las víctimas.
El 7 de mayo, la FGR giró 57 órdenes de captura contra una estructura acusada de tráfico ilegal de personas. La investigación, iniciada en marzo de 2024, identificó a 29 individuos responsables de trasladar personas hacia Estados Unidos sin los permisos correspondientes. Durante los allanamientos en San Salvador, Ahuachapán y La Unión, se incautaron más de $40,000 en efectivo, vehículos, celulares y documentación relacionada con las víctimas.
Ese mismo día, también se desmanteló una red de narcotráfico que operaba en San Salvador, La Paz, La Libertad y Ahuachapán. Se realizaron 19 allanamientos y se capturaron a 16 personas vinculadas con distribuidores de droga de la comunidad Tutunichapa. Se incautaron drogas, armas, vehículos, celulares y más de $54,000 en efectivo.
Las autoridades destacaron que estos operativos forman parte de las acciones para combatir el crimen organizado y garantizar la seguridad ciudadana en todo el país.
