Nacionales
Asamblea acuerda nueva ley para la pandemia: No se puede aplicar cuarentenas generales
Los diputados de la Asamblea Legislativa acordaron una nueva ley con la que buscan contener la pandemia del coronavirus y en ella se contemplan cuestiones como que el Ministerio de Salud debe coordinar acciones con las alcaldías, que los cercos sanitarios solo podrán medir un kilómetro, no se puede ordenar una cuarentena general, y se estipula cárcel para quien limite la libre circulación, entre otras disposiciones.
Esta es la tercera vez que los diputados emiten legislación directa para la pandemia, las ocasiones anteriores han sido vetados por el presidente Nayib Bukele alegando inconstitucionalidad por no consultar con el Ministerio de Salud.
En la normativa, que tiene por nombre Ley especial transitoria para contener la pandemia por la enfermedad Covid-19, se manda al Ministerio a coordinar su trabajo con otras instituciones como alcaldías, iglesias, ONG y a coordinar acciones para “la efectiva atención integral”.
Cercos sanitarios
En el artículo 7 de la normativa se contempla la posibilidad de decretar zonas sujetas a control sanitario, lo que se conoce como cerco sanitario, pero estos no podrán limitar la libre circulación ni otros derechos fundamentales.
“No puede conducir a la suspensión de derechos fundamentales para la totalidad o parte del territorio, en especial el derecho a la libertad de circulación, sino que su único propósito es el monitoreo necesario a cargo de personal de salud”, reza.
Para establecer un cerco sanitario la zona sujeta debe ser menor a un kilómetro cuadrado a la redonda, el periodo no puede ser mayor a 72 horas y se debe implementar vigilancia centinela para la investigación de la diseminación comunitaria.
No se puede aplicar cuarentenas generales
Otra de las medidas que contiene lo emitido por los diputados es que no se puede aplicar cuarentena de manera general para el territorio, solo para los infectados de coronavirus y los sospechosos de haber estado expuestos.
A los infectados no se les pueden limitar la libertad ya que “las medidas deben apegarse estrictamente al campo de salud y no pueden en ningún caso suspender ningún derecho fundamental, especialmente la libertad de circulación”, reza el decreto.
“Estos productos han sido pagados de sus impuestos”
Otro de los aspectos regulados es que el Órgano Ejecutivo debe poner en los paquetes alimentarios que se entreguen a la población la siguiente frase: “Estos productos han sido pagados de sus impuestos”.
Lo anterior, de acuerdo con los legisladores, es porque los ministros y otros funcionarios están haciendo campaña proselitista de cara a las elecciones legislativas y municipales de 2021.
La entrega de los paquetes debe hacerse en conjunto con las alcaldías y no puede participar la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), como lo ha venido haciendo hasta la fecha.
Distanciamiento físico en el trabajo
Se contempla una serie de modificaciones a la ley de prevención de riesgos en los lugares de trabajo para que se contemplen y aseguren medidas como el distanciamiento físico entre los empleados.
También se debe escalonar los horarios de entrada y salida de personal, barreras de protección en los lugares en donde no se pueda mantener más de 2 metros entre trabajadores, reducir actividades presenciales, entre otros.
Transporte público
También se legisla para que los conductores del transporte colectivo usen mascarilla, dispongan de alcohol gel para los pasajeros, desinfección constante en las unidades y no sobrepasar la capacidad de personas de acuerdo con el número de asientos; es decir, no permitir parados en las unidades.
En el caso del transporte selectivo de pasajeros, entiéndanse como taxis o Uber, no podrán llevar a más de tres personas, incluido el conductor, obligatorio el uso del cubrebocas para todos y desinfectar los vehículos.
Sanciones
El artículo 12 de las normas se establece cárcel de cuatro a seis años para quien limite la libertad de circulación u otros derechos fundamentales.
“El funcionario, agente de autoridad, empleado público que ordene una limitación o suspensión del derecho a la libertad de circulación o de cualquier otro derecho constitucional de manera ilegal, mediante un decreto Ejecutivo, acuerdo, resolución o cualquier otro aspecto no legislativo será sancionado con prisión de cuatro a seis años e inhabilitación de su cargo por el mismo tiempo”, establece.
El Ministerio de Trabajo o cualquier otra dependencia del Ejecutivo no puede ordenar el cierre de centros de trabajo por causas que esta ley regule.
La ley entra en vigor al publicarse en el diario oficial y tiene una vigencia de ocho meses a partir de ese momento.
Para que pueda publicarse en el diario oficial debe haber completado el proceso de formación de ley, que indica que la misma debe haber sido sancionada por el presidente de la República.
CON INFORMACIÓN: EL SALVADOR TIMES
Cuatro pandilleros fueron condenados a 50 años de cárcel cada uno, por un feminicidio cometido en el distrito de Ilopango, San Salvador Este, así resolvió el Juzgado Especializado para una Vida Libre de Violencia contra la Mujer de San Salvador.
Los condenados son Ricardo Adalberto Cruz, alias zurdo; Marco Antonio Andrés Meléndez, alias spoky; Cristian Xavier Calderón Belloso, alias cricri, y Cristian Ángel Andrés, alias cusu.
La Fiscalía General de la República logró demostrar con prueba documental, pericial y testimonial que los pandilleros cometieron el delito en el 2022.
La investigación determinó que, aproximadamente a las 9:00 p.m., uno de los hombres llegó a la casa de la víctima, quien era una estudiante que residía en la comunidad La Campiña, y debido a la amistad que había entre ambos, ella aceptó salir con él.
«Minutos después, mientras caminaban juntos, llegaron los otros tres y, sin mediar palabra, la golpearon a puño cerrado. Por medio de la fuerza, la hicieron subir a un automóvil y se fueron en dirección a la carretera de Oro. El cuerpo de la víctima fue encontrado al día siguiente, tirado en una canaleta de la carretera, con un disparo en la cabeza».
Los delincuentes huyeron de la escena, pero tres de ellos fueron capturados en flagrancia posteriormente.
En la investigación también se reveló que la víctima había comenzado a sufrir represalias de la estructura debido a la amistad que tenía con una joven vinculada sentimentalmente a un miembro del grupo terrorista.
Fuentes judiciales explicaron que durante la vista pública se acreditó, a través de activación de antenas telefónicas, que la joven salió de su casa y se reunió con uno de los agresores. Además, el ataque y el momento en que se la llevaron por la fuerza fueron vistos por testigos que identificaron a cada uno de los agresores.
El ministerio público explicó que, a excepción de Andrés, los imputados están recluidos en centros penitenciarios desde donde conocieron la pena carcelaria impuesta.
Los cuatro condenados también están a la espera de otros procesos por su vinculación por agrupaciones ilícitas, al ser integrantes de la pandilla 18 Sureños.
La Asamblea Legislativa autorizó ayer, con 57 votos, la ratificación de un contrato de préstamo para la instalación masiva de luminarias led en ejes viales estratégicos a escala nacional.
Se trata de un préstamo por $23.7 millones otorgado por la empresa AGM El Salvador, firmado el pasado 29 de abril tras la autorización de los legisladores el día 15 del mismo mes, con el que se intervendrán con iluminación tramos críticos en algunas de las carreteras más transitadas del territorio, bajo un modelo de financiamiento de préstamo por la empresa contratista.
El proyecto prioriza la seguridad de los conductores y la eficiencia energética a través de la instalación de luminarias led, las cuales serán desplegadas en puntos estratégicos de la carretera Troncal del Norte, desde San Salvador hasta Apopa.
Además, en la autopista Este-Oeste, conocida como carretera de Oro, en el tramo que conecta a Apopa con el distrito de San Martín, en San Salvador Este.
Asimismo, incluye la cobertura completa del periférico Claudia Lars y la ruta entre el redondel de Sacacoyo y el puerto de Acajutla, para asegurar que los principales corredores logísticos del occidente y el Área Metropolitana se encuentren iluminados adecuadamente, con ello se reducirá el riesgo de accidentes de tránsito.
De acuerdo con el detalle del decreto aprobado, para ejecutar el proyecto, el Ministerio de Obras Públicas invertirá $26.4 millones y la empresa contratista otorgará un préstamo en especie por $23,785,985.87, mientras que el Gobierno aportará $2,642,887.32, lo que representa el 10 % del valor del contrato.
Según el dictamen 215, emitido por la comisión de hacienda y especial del presupuesto del congreso, «mediante decreto legislativo 550 esta Asamblea autorizó al Órgano Ejecutivo en el ramo de Hacienda para que por medio de su titular o funcionario que designare suscribiere en nombre del Estado un convenio de préstamo en especie con la empresa contratista por el monto antes señalado».
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció el fallecimiento del magistrado Rubén Alvarado, electo titular del organismo para el periodo 2024-2027.
Mediante un comunicado de prensa, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) expresó sus condolencias por la muerte de Francisco Rubén Alvarado Fuentes, electo magistrado titular de ese organismo para el periodo 2024-2027.
Alvarado fue electo de la terna propuesta por el partido FMLN a la Asamblea. Fue secretario para asuntos legislativos y jurídicos de la Presidencia de la República entre 2014 y 2019. Previamente fue director de Migración (2009-2012), y diputado suplente por el FMLN en las legislaturas 2003-2006 y 2006-2009. También fue asesor jurídico del TSE (1999-2008).
El partido de izquierdas rindió honor al magistrado, destacando labor profesional. Alvarado dijo en su entrevista de postulación que no formaba parte del instituto político desde 2019.
Tras la muerte del magistrado, asumiría el cargo su suplente, René Amilcar Claros, quien ha fungido como director de Capacitación y Educación Cívica del TSE y ha participado en 15 eventos electorales (desde 1998 a 2024).
Durante su entrevista de postulación en la Asamblea Legislativa, Claros propuso cambios a la estructura del tribunal y la implementación del voto electrónico a nivel nacional.
