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Asamblea acuerda nueva ley para la pandemia: No se puede aplicar cuarentenas generales
Los diputados de la Asamblea Legislativa acordaron una nueva ley con la que buscan contener la pandemia del coronavirus y en ella se contemplan cuestiones como que el Ministerio de Salud debe coordinar acciones con las alcaldías, que los cercos sanitarios solo podrán medir un kilómetro, no se puede ordenar una cuarentena general, y se estipula cárcel para quien limite la libre circulación, entre otras disposiciones.
Esta es la tercera vez que los diputados emiten legislación directa para la pandemia, las ocasiones anteriores han sido vetados por el presidente Nayib Bukele alegando inconstitucionalidad por no consultar con el Ministerio de Salud.
En la normativa, que tiene por nombre Ley especial transitoria para contener la pandemia por la enfermedad Covid-19, se manda al Ministerio a coordinar su trabajo con otras instituciones como alcaldías, iglesias, ONG y a coordinar acciones para “la efectiva atención integral”.
Cercos sanitarios
En el artículo 7 de la normativa se contempla la posibilidad de decretar zonas sujetas a control sanitario, lo que se conoce como cerco sanitario, pero estos no podrán limitar la libre circulación ni otros derechos fundamentales.
“No puede conducir a la suspensión de derechos fundamentales para la totalidad o parte del territorio, en especial el derecho a la libertad de circulación, sino que su único propósito es el monitoreo necesario a cargo de personal de salud”, reza.
Para establecer un cerco sanitario la zona sujeta debe ser menor a un kilómetro cuadrado a la redonda, el periodo no puede ser mayor a 72 horas y se debe implementar vigilancia centinela para la investigación de la diseminación comunitaria.
No se puede aplicar cuarentenas generales
Otra de las medidas que contiene lo emitido por los diputados es que no se puede aplicar cuarentena de manera general para el territorio, solo para los infectados de coronavirus y los sospechosos de haber estado expuestos.
A los infectados no se les pueden limitar la libertad ya que “las medidas deben apegarse estrictamente al campo de salud y no pueden en ningún caso suspender ningún derecho fundamental, especialmente la libertad de circulación”, reza el decreto.
“Estos productos han sido pagados de sus impuestos”
Otro de los aspectos regulados es que el Órgano Ejecutivo debe poner en los paquetes alimentarios que se entreguen a la población la siguiente frase: “Estos productos han sido pagados de sus impuestos”.
Lo anterior, de acuerdo con los legisladores, es porque los ministros y otros funcionarios están haciendo campaña proselitista de cara a las elecciones legislativas y municipales de 2021.
La entrega de los paquetes debe hacerse en conjunto con las alcaldías y no puede participar la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), como lo ha venido haciendo hasta la fecha.
Distanciamiento físico en el trabajo
Se contempla una serie de modificaciones a la ley de prevención de riesgos en los lugares de trabajo para que se contemplen y aseguren medidas como el distanciamiento físico entre los empleados.
También se debe escalonar los horarios de entrada y salida de personal, barreras de protección en los lugares en donde no se pueda mantener más de 2 metros entre trabajadores, reducir actividades presenciales, entre otros.
Transporte público
También se legisla para que los conductores del transporte colectivo usen mascarilla, dispongan de alcohol gel para los pasajeros, desinfección constante en las unidades y no sobrepasar la capacidad de personas de acuerdo con el número de asientos; es decir, no permitir parados en las unidades.
En el caso del transporte selectivo de pasajeros, entiéndanse como taxis o Uber, no podrán llevar a más de tres personas, incluido el conductor, obligatorio el uso del cubrebocas para todos y desinfectar los vehículos.
Sanciones
El artículo 12 de las normas se establece cárcel de cuatro a seis años para quien limite la libertad de circulación u otros derechos fundamentales.
“El funcionario, agente de autoridad, empleado público que ordene una limitación o suspensión del derecho a la libertad de circulación o de cualquier otro derecho constitucional de manera ilegal, mediante un decreto Ejecutivo, acuerdo, resolución o cualquier otro aspecto no legislativo será sancionado con prisión de cuatro a seis años e inhabilitación de su cargo por el mismo tiempo”, establece.
El Ministerio de Trabajo o cualquier otra dependencia del Ejecutivo no puede ordenar el cierre de centros de trabajo por causas que esta ley regule.
La ley entra en vigor al publicarse en el diario oficial y tiene una vigencia de ocho meses a partir de ese momento.
Para que pueda publicarse en el diario oficial debe haber completado el proceso de formación de ley, que indica que la misma debe haber sido sancionada por el presidente de la República.
CON INFORMACIÓN: EL SALVADOR TIMES
Los titulares de la Corte de Cuentas de la República (CCR) y del Consejo Nacional de Calidad (CNC) suscribieron un Convenio Interinstitucional con la finalidad de promover y fortalecer la cultura organizacional, la transparencia y buenas prácticas en la labor que realiza la Entidad Fiscalizadora
Superior.
La firma del instrumento legal estuvo a cargo del Presidente de la CCR, Walter Salvador Sosa Funes y de la Ministra de Economía, María Luisa Hayem Brevé, en su calidad de Presidenta del CNC.
La suscripción se llevó a cabo en el Centro de Instrucción y Capacitación (CINCAP) de este Organismo
Superior de Control.
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Desde abril anterior la Corte de Cuentas tiene en marcha el Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS), encargado de implementar una cultura antisoborno en los procesos de auditoría, jurisdiccionales y administrativos, bajo estándares internacionales.
En similar forma, para cumplir con sus atribuciones, el CNC cuenta con el Sistema Salvadoreño para la Calidad y éste, dentro de su estructura, con el Organismo Salvadoreño de Normalización (OSN), que será el ente encargado de brindar la certificación a la CCR.
“Esta acción reafirma el compromiso de trabajar con otras instituciones del Estado para servir mejor a los salvadoreños; más allá de los aspectos que enmarca el convenio, este es un paso histórico para la institución, pues el Organismo Salvadoreño de Normalización certificará nuestro Sistema de Gestión Antisoborno conforme a la Norma Internacional ISO 37001:2016”, manifestó el Presidente Sosa Funes, en la apertura del acto.
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Entre los beneficios de esta Certificación Antisoborno ISO 37001, están: el reforzamiento de la confianza pública, adopción de mejores prácticas internacionales, fortalecimiento y formalización de los controles internos, promoción de una cultura organizacional de integridad, cumplimiento con obligaciones nacionales e internacionales, mayor eficiencia y transparencia institucional, reconocimiento oficial del Organismo Salvadoreño de Normalización, relacionamiento más transparente con instituciones auditadas y la proyección estratégica a futuro.
En el documento se remarca que por mandato constitucional la CCR es el ente fiscalizador de la Hacienda Pública y rector del Sistema Nacional de Control y Auditoría de la Gestión Pública. “En ese marco considera indispensable establecer e impulsar buenas prácticas institucionales orientadas a
fortalecer la transparencia, la ética pública y el buen gobierno”.
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La presidenta de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CAMARASAL), Leticia Escobar, afirmó que el país se perfila hacia un cierre de 2025 con un panorama económico favorable, especialmente para sectores como el comercio minorista, el turismo y la construcción.
“Los empresarios están listos para la temporada de cierre de año, esperando crecer en ventas arriba del 15%”, sostuvo Escobar, al destacar que la actividad económica comenzará a acelerarse a partir del Black Friday, evento que tradicionalmente marca el inicio de una fuerte dinámica de consumo.
A esta etapa se suman las festividades de Navidad y Fin de Año, periodos que impulsan significativamente las ventas y el movimiento económico.
La titular de CAMARASAL también subrayó el notable desempeño del sector construcción, uno de los más dinámicos en lo que va del año.
A agosto, este rubro reporta un crecimiento del 30 % en comparación con el mismo período de 2024, consolidándose como una de las áreas que más aportan al desarrollo económico nacional.
Las proyecciones de la gremial apuntan a que el cierre de 2025 podría convertirse en uno de los mejores en términos de crecimiento para varios sectores clave de la economía salvadoreña.
El café salvadoreño continúa ampliando su presencia internacional con la apertura de un nuevo mercado en el norte de África, informó la vicecanciller de El Salvador, Adriana Mira.
Tras recorrer miles de kilómetros, un importante lote de café de alta calidad arribó a Marruecos, donde buscará posicionarse entre los consumidores locales gracias a su sabor único y característico.
El producto proviene de la Cooperativa San Carlos Dos, ubicada en Morazán, una zona reconocida por su producción de café de altura.
El envío fue recibido por la empresa Dahab Industrie, una de las firmas marroquíes con mayor expansión comercial, al contar con más de 90 puntos de venta en el país.
Este acuerdo comercial representa una oportunidad significativa para los caficultores salvadoreños, ya que abre las puertas a un mercado con creciente demanda y fortalece la presencia del café nacional en diversos continentes.
Con este paso, El Salvador continúa consolidándose como un referente en la exportación de café de calidad superior.
