Nacionales
Asamblea acuerda nueva ley para la pandemia: No se puede aplicar cuarentenas generales
Los diputados de la Asamblea Legislativa acordaron una nueva ley con la que buscan contener la pandemia del coronavirus y en ella se contemplan cuestiones como que el Ministerio de Salud debe coordinar acciones con las alcaldías, que los cercos sanitarios solo podrán medir un kilómetro, no se puede ordenar una cuarentena general, y se estipula cárcel para quien limite la libre circulación, entre otras disposiciones.
Esta es la tercera vez que los diputados emiten legislación directa para la pandemia, las ocasiones anteriores han sido vetados por el presidente Nayib Bukele alegando inconstitucionalidad por no consultar con el Ministerio de Salud.
En la normativa, que tiene por nombre Ley especial transitoria para contener la pandemia por la enfermedad Covid-19, se manda al Ministerio a coordinar su trabajo con otras instituciones como alcaldías, iglesias, ONG y a coordinar acciones para “la efectiva atención integral”.
Cercos sanitarios
En el artículo 7 de la normativa se contempla la posibilidad de decretar zonas sujetas a control sanitario, lo que se conoce como cerco sanitario, pero estos no podrán limitar la libre circulación ni otros derechos fundamentales.
“No puede conducir a la suspensión de derechos fundamentales para la totalidad o parte del territorio, en especial el derecho a la libertad de circulación, sino que su único propósito es el monitoreo necesario a cargo de personal de salud”, reza.
Para establecer un cerco sanitario la zona sujeta debe ser menor a un kilómetro cuadrado a la redonda, el periodo no puede ser mayor a 72 horas y se debe implementar vigilancia centinela para la investigación de la diseminación comunitaria.
No se puede aplicar cuarentenas generales
Otra de las medidas que contiene lo emitido por los diputados es que no se puede aplicar cuarentena de manera general para el territorio, solo para los infectados de coronavirus y los sospechosos de haber estado expuestos.
A los infectados no se les pueden limitar la libertad ya que “las medidas deben apegarse estrictamente al campo de salud y no pueden en ningún caso suspender ningún derecho fundamental, especialmente la libertad de circulación”, reza el decreto.
“Estos productos han sido pagados de sus impuestos”
Otro de los aspectos regulados es que el Órgano Ejecutivo debe poner en los paquetes alimentarios que se entreguen a la población la siguiente frase: “Estos productos han sido pagados de sus impuestos”.
Lo anterior, de acuerdo con los legisladores, es porque los ministros y otros funcionarios están haciendo campaña proselitista de cara a las elecciones legislativas y municipales de 2021.
La entrega de los paquetes debe hacerse en conjunto con las alcaldías y no puede participar la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), como lo ha venido haciendo hasta la fecha.
Distanciamiento físico en el trabajo
Se contempla una serie de modificaciones a la ley de prevención de riesgos en los lugares de trabajo para que se contemplen y aseguren medidas como el distanciamiento físico entre los empleados.
También se debe escalonar los horarios de entrada y salida de personal, barreras de protección en los lugares en donde no se pueda mantener más de 2 metros entre trabajadores, reducir actividades presenciales, entre otros.
Transporte público
También se legisla para que los conductores del transporte colectivo usen mascarilla, dispongan de alcohol gel para los pasajeros, desinfección constante en las unidades y no sobrepasar la capacidad de personas de acuerdo con el número de asientos; es decir, no permitir parados en las unidades.
En el caso del transporte selectivo de pasajeros, entiéndanse como taxis o Uber, no podrán llevar a más de tres personas, incluido el conductor, obligatorio el uso del cubrebocas para todos y desinfectar los vehículos.
Sanciones
El artículo 12 de las normas se establece cárcel de cuatro a seis años para quien limite la libertad de circulación u otros derechos fundamentales.
“El funcionario, agente de autoridad, empleado público que ordene una limitación o suspensión del derecho a la libertad de circulación o de cualquier otro derecho constitucional de manera ilegal, mediante un decreto Ejecutivo, acuerdo, resolución o cualquier otro aspecto no legislativo será sancionado con prisión de cuatro a seis años e inhabilitación de su cargo por el mismo tiempo”, establece.
El Ministerio de Trabajo o cualquier otra dependencia del Ejecutivo no puede ordenar el cierre de centros de trabajo por causas que esta ley regule.
La ley entra en vigor al publicarse en el diario oficial y tiene una vigencia de ocho meses a partir de ese momento.
Para que pueda publicarse en el diario oficial debe haber completado el proceso de formación de ley, que indica que la misma debe haber sido sancionada por el presidente de la República.
CON INFORMACIÓN: EL SALVADOR TIMES
Nacionales
¡HORROR EN AHUACHAPÁN! Encerraba a su pareja sin comida y la golpeaba con un martillo hasta fracturarle un brazo
Un grave caso de presunta violencia contra la mujer fue descubierto en el departamento de Ahuachapán, donde la Policía Nacional Civil (PNC) capturó a un hombre acusado de mantener encerrada a su compañera de vida, privarla de alimentos y agredirla constantemente con un martillo. El detenido fue identificado como Carlos Alexander Castellanos Romero, de 35 años, quien fue localizado durante un procedimiento policial desarrollado en el cantón Ashapuco, distrito de Ahuachapán, municipio de Ahuachapán Centro.
De acuerdo con el informe policial, la víctima denunció las agresiones y solicitó ayuda a las autoridades mientras permanecía dentro de la vivienda junto a su hijo. Los agentes acudieron al inmueble y esperaron hasta que el sospechoso regresó de su trabajo. Al solicitarle que abriera la puerta, el hombre reaccionó de manera violenta, por lo que los policías procedieron a intervenir y efectuar su captura.
La mujer presentaba múltiples lesiones en diferentes partes del cuerpo, además de una fractura en uno de sus brazos, presuntamente ocasionadas por las agresiones que sufría. Debido a la gravedad de su condición, fue trasladada a un centro hospitalario, donde permanece ingresada recibiendo atención médica. La PNC también informó que, al consultar el sistema de antecedentes policiales, descubrió que Castellanos Romero tenía una orden judicial de captura vigente por violación agravada en modalidad de delito continuado.
Tras su detención, el sospechoso será puesto a disposición del tribunal que lo reclama por la orden judicial pendiente y también enfrentará nuevas acusaciones por privación de libertad, lesiones y amenazas. Las autoridades confirmaron que el procedimiento se desarrolló después de recibir la denuncia de la víctima, cuya intervención permitió activar el operativo policial. El caso continuará bajo investigación para establecer las responsabilidades penales correspondientes.
Judicial
¡CREYÓ PASAR DESAPERCIBIDO! Capturan en Soyapango a presunto pandillero de la MS-13 con antecedentes desde el año 2000
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a un hombre señalado de pertenecer a la Mara Salvatrucha (MS-13) durante un procedimiento desarrollado en la comunidad 22 de Abril, en el distrito de Soyapango, municipio de San Salvador Este. Según las autoridades, el detenido intentaba pasar desapercibido, pero fue identificado durante las labores de seguridad realizadas en la zona.
El capturado fue identificado como Jesús Baltazar Carballo Guerra, de 45 años, quien, de acuerdo con el reporte policial, presenta tatuajes relacionados con la estructura criminal MS-13. Durante un registro preventivo, los agentes descubrieron las marcas, entre ellas un tatuaje ubicado en la parte interna de su labio inferior.
La PNC también informó que Carballo Guerra registra antecedentes desde el año 2000 por los delitos de intento de homicidio y hurto. Esta información forma parte de su historial policial y fue dada a conocer por la institución tras confirmar su detención en Soyapango.
Las autoridades indicaron que el sospechoso será remitido ante las instancias judiciales correspondientes por el delito de pertenencia a una organización terrorista. El procedimiento se enmarca en las acciones de seguridad que desarrolla la Policía Nacional Civil contra las estructuras de pandillas en diferentes sectores del territorio salvadoreño.
Judicial
¡MANEJABA EBRIO Y PROVOCÓ UN ACCIDENTE! Envían a prisión a conductor que registró 179 grados de alcohol en Santa Ana
Un conductor de 33 años fue enviado a prisión provisional tras ser acusado de provocar un accidente de tránsito mientras presuntamente manejaba bajo los efectos del alcohol en Santa Ana. El imputado fue identificado como Fredy William G. H., quien deberá continuar enfrentando el proceso judicial por el delito de conducción peligrosa de vehículos automotores.
De acuerdo con el requerimiento presentado por la Fiscalía, el accidente ocurrió durante la noche del 30 de septiembre de 2026, sobre la carretera que conduce de San Salvador hacia Candelaria de la Frontera, específicamente a la altura de la entrada a la colonia Panades, en el distrito de Santa Ana. Según las investigaciones, el acusado conducía un vehículo tipo pick up cuando habría impactado contra la parte trasera de otro automotor.
Agentes de la División de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) acudieron al lugar y detectaron señales de que el conductor posiblemente había consumido bebidas alcohólicas. Ante esta situación, le practicaron una prueba de alcotest que arrojó un resultado de 179 miligramos por decilitro de alcohol, según el reporte de las autoridades. Tras obtener el resultado, los agentes procedieron a capturarlo en flagrancia.
El Juzgado Tercero de Paz de Santa Ana ordenó que Fredy William G. H. permanezca detenido mientras avanza el proceso penal en su contra. La resolución establece la continuación de la causa judicial con detención provisional, mientras se desarrollan las diligencias correspondientes para determinar su responsabilidad. El caso vuelve a poner de manifiesto los riesgos que representa conducir bajo los efectos del alcohol y las consecuencias legales que pueden enfrentar quienes incurran en esta conducta.
