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Asamblea acuerda nueva ley para la pandemia: No se puede aplicar cuarentenas generales
Los diputados de la Asamblea Legislativa acordaron una nueva ley con la que buscan contener la pandemia del coronavirus y en ella se contemplan cuestiones como que el Ministerio de Salud debe coordinar acciones con las alcaldías, que los cercos sanitarios solo podrán medir un kilómetro, no se puede ordenar una cuarentena general, y se estipula cárcel para quien limite la libre circulación, entre otras disposiciones.
Esta es la tercera vez que los diputados emiten legislación directa para la pandemia, las ocasiones anteriores han sido vetados por el presidente Nayib Bukele alegando inconstitucionalidad por no consultar con el Ministerio de Salud.
En la normativa, que tiene por nombre Ley especial transitoria para contener la pandemia por la enfermedad Covid-19, se manda al Ministerio a coordinar su trabajo con otras instituciones como alcaldías, iglesias, ONG y a coordinar acciones para “la efectiva atención integral”.
Cercos sanitarios
En el artículo 7 de la normativa se contempla la posibilidad de decretar zonas sujetas a control sanitario, lo que se conoce como cerco sanitario, pero estos no podrán limitar la libre circulación ni otros derechos fundamentales.
“No puede conducir a la suspensión de derechos fundamentales para la totalidad o parte del territorio, en especial el derecho a la libertad de circulación, sino que su único propósito es el monitoreo necesario a cargo de personal de salud”, reza.
Para establecer un cerco sanitario la zona sujeta debe ser menor a un kilómetro cuadrado a la redonda, el periodo no puede ser mayor a 72 horas y se debe implementar vigilancia centinela para la investigación de la diseminación comunitaria.
No se puede aplicar cuarentenas generales
Otra de las medidas que contiene lo emitido por los diputados es que no se puede aplicar cuarentena de manera general para el territorio, solo para los infectados de coronavirus y los sospechosos de haber estado expuestos.
A los infectados no se les pueden limitar la libertad ya que “las medidas deben apegarse estrictamente al campo de salud y no pueden en ningún caso suspender ningún derecho fundamental, especialmente la libertad de circulación”, reza el decreto.
“Estos productos han sido pagados de sus impuestos”
Otro de los aspectos regulados es que el Órgano Ejecutivo debe poner en los paquetes alimentarios que se entreguen a la población la siguiente frase: “Estos productos han sido pagados de sus impuestos”.
Lo anterior, de acuerdo con los legisladores, es porque los ministros y otros funcionarios están haciendo campaña proselitista de cara a las elecciones legislativas y municipales de 2021.
La entrega de los paquetes debe hacerse en conjunto con las alcaldías y no puede participar la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), como lo ha venido haciendo hasta la fecha.
Distanciamiento físico en el trabajo
Se contempla una serie de modificaciones a la ley de prevención de riesgos en los lugares de trabajo para que se contemplen y aseguren medidas como el distanciamiento físico entre los empleados.
También se debe escalonar los horarios de entrada y salida de personal, barreras de protección en los lugares en donde no se pueda mantener más de 2 metros entre trabajadores, reducir actividades presenciales, entre otros.
Transporte público
También se legisla para que los conductores del transporte colectivo usen mascarilla, dispongan de alcohol gel para los pasajeros, desinfección constante en las unidades y no sobrepasar la capacidad de personas de acuerdo con el número de asientos; es decir, no permitir parados en las unidades.
En el caso del transporte selectivo de pasajeros, entiéndanse como taxis o Uber, no podrán llevar a más de tres personas, incluido el conductor, obligatorio el uso del cubrebocas para todos y desinfectar los vehículos.
Sanciones
El artículo 12 de las normas se establece cárcel de cuatro a seis años para quien limite la libertad de circulación u otros derechos fundamentales.
“El funcionario, agente de autoridad, empleado público que ordene una limitación o suspensión del derecho a la libertad de circulación o de cualquier otro derecho constitucional de manera ilegal, mediante un decreto Ejecutivo, acuerdo, resolución o cualquier otro aspecto no legislativo será sancionado con prisión de cuatro a seis años e inhabilitación de su cargo por el mismo tiempo”, establece.
El Ministerio de Trabajo o cualquier otra dependencia del Ejecutivo no puede ordenar el cierre de centros de trabajo por causas que esta ley regule.
La ley entra en vigor al publicarse en el diario oficial y tiene una vigencia de ocho meses a partir de ese momento.
Para que pueda publicarse en el diario oficial debe haber completado el proceso de formación de ley, que indica que la misma debe haber sido sancionada por el presidente de la República.
CON INFORMACIÓN: EL SALVADOR TIMES
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Gobierno aumenta y acelera la siembra de maíz bajo riego en distintas zonas de El Salvador
El Gobierno de El Salvador incorporará 60 mil manzanas de maíz con el fin de garantizar el abastecimiento en el mercado nacional así como la competitividad en los precios en favor del productor y los salvadoreños en general, aseguró esta tarde el viceministro de Agricultura y Ganadería, Óscar Domínguez.
Esta acción forma parte del Programa de Aumento a la Producción del que forman parte gremiales, cooperativas y productores individuales, y se ejecuta en distintas zonas de país. Además, es una respuesta al «inminente pronóstico del Súper Niño».
«Este fenómeno climatológico representa una amenaza global; sin embargo, con la ayuda de Dios y las acciones anticipatorias que estamos impulsando como Gobierno, bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele, estamos trabajando para asegurar el abastecimiento de este grano básico», escribió el funcionario en X.
Detalló que el MAG está aumentando y acelerando la siembra de maíz bajo riego en distintas zonas del país, mediante la perforación de pozos, instalación de punteras y distribución de sistemas de riego móviles.
«Ya contamos con resultados concretos en la producción de hortalizas y frijol; hoy avanzamos con el maíz, siempre de la mano con las gremiales, los distritos de riego y los productores a gran escala. El objetivo es garantizar el abastecimiento en el mercado nacional y la competitividad en los precios, en favor del productor y de las familias salvadoreñas», amplió.
En esta labor, indicó, se trabaja de manera articulada con el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas y la representación en el país de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés), lo cual fortalece la respuesta como país, al ampliar la cobertura del apoyo y potenciar los resultados en beneficio de los productores y de las familias salvadoreñas.
«Tenemos y garantizaremos los insumos más baratos del país a través de AGROCENTA y avanzaremos en la implementación de fábricas de biofertilizantes a nivel nacional, con el objetivo de integrar prácticas agroecológicas en las distintas siembras del país», destacó.
En la actualidad, añadió el funcionario, estos manejos ya se están implementando en las principales zonas productoras, y muy pronto estos insumos estarán también disponibles para el público en general.
Domínguez sostiene que sectores desde la oposición así como detractores del Gobierno están politizando este tema y sostuvo que hay algunos que quisieran un escenario de caos. «A ellos, decirles con claridad que no se les dará ese gusto, por el contrario disfrutarán los resultados comiendo deliciosas pupusas y tortillas calientitas. Aquí, el verdadero protagonista es el productor salvadoreño, con el respaldo firme del Gobierno», concluyó.
Ocho años de prisión fueron impuestos a Manuel de Jesús Vásquez Huezo, luego de comprobarse su culpa por el delito de corrupción de niños, niñas y adolescentes o personas con discapacidad a través del uso de tecnologías de la información y comunicación.
De acuerdo a la Fiscalía General de la República, este hombre contactó a un menor a través de las redes sociales «para enviarle material explícito e invitarlo a reunirse».
Al enterarse de lo sucedido, los familiares de la víctima alertaron a las autoridades quienes realizaron su captura en un parque del distrito de Apopa, al norte de San Salvador.
La condena fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador.
El Tribunal Tercero de Sentencia condenó ayer a Kevin Monterrosa y Brayan Rivas a tres años de cárcel con medidas sustitutivas y a pagar $7 mil a una víctima a quien dieron una golpiza y ésta perdió su ojo izquierdo.
Según el relato de los hechos, el 22 de agosto de 2025, en el distrito de Mejicanos, Monterrosa y Rivas consumían bebidas alcohólicas. En ese momento llegó Jorge Regalado, quien iba a parquear su vehículo en la cochera de su casa.
Según el expediente judicial, Rivas se abalanzó sobre Regalado y le propinó un puñetazo, que rompió el vidrio de los lentes de la víctima y algunos fragmentos se le incrustaron en el ojo izquierdo. En ese momento, intervino Monterrosa, quien también intentó agredir a la víctima.
De acuerdo al relato de los hechos, Regalado tomó un machete que andaba en su vehículo y logró alejar a los agresores y luego pidió auxilio médico.
Mediante un juicio abreviado -los agresores aceptaron los cargos-, el Tribunal resolvió que se consumó el delito de lesiones graves y aplicó una pena de tres años de prisión que serán sustituidos por medidas como abstenerse de consumir drogas y bebidas embriagantes y no acercarse a la víctima.
