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Asamblea acuerda nueva ley para la pandemia: No se puede aplicar cuarentenas generales
Los diputados de la Asamblea Legislativa acordaron una nueva ley con la que buscan contener la pandemia del coronavirus y en ella se contemplan cuestiones como que el Ministerio de Salud debe coordinar acciones con las alcaldías, que los cercos sanitarios solo podrán medir un kilómetro, no se puede ordenar una cuarentena general, y se estipula cárcel para quien limite la libre circulación, entre otras disposiciones.
Esta es la tercera vez que los diputados emiten legislación directa para la pandemia, las ocasiones anteriores han sido vetados por el presidente Nayib Bukele alegando inconstitucionalidad por no consultar con el Ministerio de Salud.
En la normativa, que tiene por nombre Ley especial transitoria para contener la pandemia por la enfermedad Covid-19, se manda al Ministerio a coordinar su trabajo con otras instituciones como alcaldías, iglesias, ONG y a coordinar acciones para “la efectiva atención integral”.
Cercos sanitarios
En el artículo 7 de la normativa se contempla la posibilidad de decretar zonas sujetas a control sanitario, lo que se conoce como cerco sanitario, pero estos no podrán limitar la libre circulación ni otros derechos fundamentales.
“No puede conducir a la suspensión de derechos fundamentales para la totalidad o parte del territorio, en especial el derecho a la libertad de circulación, sino que su único propósito es el monitoreo necesario a cargo de personal de salud”, reza.
Para establecer un cerco sanitario la zona sujeta debe ser menor a un kilómetro cuadrado a la redonda, el periodo no puede ser mayor a 72 horas y se debe implementar vigilancia centinela para la investigación de la diseminación comunitaria.
No se puede aplicar cuarentenas generales
Otra de las medidas que contiene lo emitido por los diputados es que no se puede aplicar cuarentena de manera general para el territorio, solo para los infectados de coronavirus y los sospechosos de haber estado expuestos.
A los infectados no se les pueden limitar la libertad ya que “las medidas deben apegarse estrictamente al campo de salud y no pueden en ningún caso suspender ningún derecho fundamental, especialmente la libertad de circulación”, reza el decreto.
“Estos productos han sido pagados de sus impuestos”
Otro de los aspectos regulados es que el Órgano Ejecutivo debe poner en los paquetes alimentarios que se entreguen a la población la siguiente frase: “Estos productos han sido pagados de sus impuestos”.
Lo anterior, de acuerdo con los legisladores, es porque los ministros y otros funcionarios están haciendo campaña proselitista de cara a las elecciones legislativas y municipales de 2021.
La entrega de los paquetes debe hacerse en conjunto con las alcaldías y no puede participar la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), como lo ha venido haciendo hasta la fecha.
Distanciamiento físico en el trabajo
Se contempla una serie de modificaciones a la ley de prevención de riesgos en los lugares de trabajo para que se contemplen y aseguren medidas como el distanciamiento físico entre los empleados.
También se debe escalonar los horarios de entrada y salida de personal, barreras de protección en los lugares en donde no se pueda mantener más de 2 metros entre trabajadores, reducir actividades presenciales, entre otros.
Transporte público
También se legisla para que los conductores del transporte colectivo usen mascarilla, dispongan de alcohol gel para los pasajeros, desinfección constante en las unidades y no sobrepasar la capacidad de personas de acuerdo con el número de asientos; es decir, no permitir parados en las unidades.
En el caso del transporte selectivo de pasajeros, entiéndanse como taxis o Uber, no podrán llevar a más de tres personas, incluido el conductor, obligatorio el uso del cubrebocas para todos y desinfectar los vehículos.
Sanciones
El artículo 12 de las normas se establece cárcel de cuatro a seis años para quien limite la libertad de circulación u otros derechos fundamentales.
“El funcionario, agente de autoridad, empleado público que ordene una limitación o suspensión del derecho a la libertad de circulación o de cualquier otro derecho constitucional de manera ilegal, mediante un decreto Ejecutivo, acuerdo, resolución o cualquier otro aspecto no legislativo será sancionado con prisión de cuatro a seis años e inhabilitación de su cargo por el mismo tiempo”, establece.
El Ministerio de Trabajo o cualquier otra dependencia del Ejecutivo no puede ordenar el cierre de centros de trabajo por causas que esta ley regule.
La ley entra en vigor al publicarse en el diario oficial y tiene una vigencia de ocho meses a partir de ese momento.
Para que pueda publicarse en el diario oficial debe haber completado el proceso de formación de ley, que indica que la misma debe haber sido sancionada por el presidente de la República.
CON INFORMACIÓN: EL SALVADOR TIMES
Los históricos niveles de seguridad pública en el país, como resultado de la implementación del Plan Control Territorial, reforzado con el rpegimen de excepción, han permitido que en la colonia Zacamil, al norte de la capital, se desarrollen diversas iniciativas de renovación urbana, incluyendo la intervención artística de los edificios en la zona conocida como la «gran manzana».
Dicho proyecto es desarrollado por la Fundación Custom Made Stories, con la finalidad de recuperar el sentido de comunidad y pertenencia a través de murales elaborados por artistas nacionales e internacionales.
Telma Chávez, líder comunitaria y residente de la zona, expresó que el proyecto ha impactado en gran manera a los residentes, desde la perspectiva de cómo era percibida la zona en lo visual.
«La fundación ve a la Zacamil como un punto de referencia, más que todo por las historias que se contaban anteriormente, de una zona roja, y en eso se enfoca bastante, en dar una transformación en el lugar», dijo.
Chávez indicó que cada uno de los artes realizados representan al entorno y a los pobladores. «Por ejemplo, en el edificio 108 el arte cuenta con 40 pines que se unen entre ellos, y que representan los 40 edificios. La idea del artista es cómo hacer la unión, porque aquí en la Zacamil existían barreras, porque residentes de diferentes edificios no tenían comunicación», explicó.
La fundación detalla en su sitio web que lo realizado en la colonia Zacamil ha permitido una regeneración urbana holística, con un enfoque multidisciplinar que reúne a una variada red de profesionales, entre ellos arquitectos, diseñadores urbanos, artistas, escritores e innovadores sociales, para desarrollar estrategias integrales que aborden las complejas necesidades de las comunidades urbanas.
«Nos centramos en mejorar los espacios públicos y las infraestructuras, facilitar el compromiso cultural, desarrollar servicios comunitarios esenciales», dijo.
Entre enero y marzo de 2026, al menos 26 cabecillas de pandillas fueron condenados en audiencia únicas abiertas, en juicios iniciados para los próximos dos años a estructuras con más de 500 terroristas.
Las sentencias son el resultado de las detenciones efectuadas por las fuerzas de seguridad en el marco del régimen de excepción instaurado en El Salvador el 27 de marzo de 2022 y que la Asamblea Legislativa ha prorrogado en 49 ocasiones.
Los tribunales contra el crimen organizado que funcionan en San Miguel, Santa Ana y San Salvador han impuesto condenas de 60 años de prisión a los cabecillas de clicas de la pandilla 18 y Mara Salvatrucha.
Los jueces han aplicado una enmienda que la Asamblea Legislativa aprobó en julio de 2023, a la Ley Contra el Crimen Organizado la cual ordena imponer condenas de 45 a 60 años de prisión a los cabecillas.
En las audiencias únicas, fiscales de varias unidades especializadas acusaron a los jefes de las células criminales por agrupaciones ilícitas un delito común aplicado por ser miembros de pandillas.
Pero a varios de esos cabecillas además de los 60 años de cárcel impuestos por su rango en las estructuras, los jueces los sentenciaron a penas que sobrepasan los 300 y 400 años por consumar extorsiones, homicidios, cometer delitos de posesión y tenencia de drogas, tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego, tráfico ilícito, limitación a la libre circulación, feminicidios, lavado de dinero y otros hechos de crimen organizado y realización compleja.
Los 26 cabecillas condenados forman parte de los más de 30 expedientes iniciados a estructuras de pandillas en el primer trimestre de 2026, al abrir las audiencias únicas esos procesos quedan activos en los próximos 24 meses la Fiscalía General de la República puede solicitar en cualquier momento a los jueces enjuiciar a los demás integrantes de las más de 30 estructuras.
Para lograr las condenas, el ministerio público acreditó con un perfil criminológico las características, función y rango que tenían, ya que a raíz de ese comportamiento criminal llegaron a ser jefes de pandilla y tener el control de una zona geográfica específica en la giraban órdenes, así como avalaron cometer delitos con su respectivo modus operandi.
Como encargados de grupos territoriales emitían instrucciones y sin su autorización ningún miembro de pandilla podía consumar un hecho delictivo, quienes violaban los códigos eran reprendidos y hasta fueron asesinados.
De las condenas de cabecillas, solo en San Salvador fueron sentenciados ocho jefes mareros. Uno de ellos es Mauricio Ernesto Anaya Cárcamo, cabecilla de la estructura Hollywood Ganster Revolucionarios, de la colonia Amatepec, Soyapango, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado le impuso 40 años por agrupaciones ilícitas.
También el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador, impuso 45 años de prisión a Vladimir Antonio Guzmán Olmedo, alias «Drogo» y Edwin Giovanni Benítez Orellana, alias «Little Spi», cabecillas de la estructura Hollywood que delinquía en varios distritos de Chalatenango, por los delitos de agrupaciones ilícitas, tenencia o conducción ilegal de arma de fuego, así como posesión y tenencia de drogas.
El mismo tribunal condenó a 60 años de prisión a Carlos Javier Vásquez Amaya, por tener el rango de corredor de clica [mando operativo] de la estructura Saicos Locos Salvatruchos que estuvo delinquiendo en diferentes sectores del departamento de Cuscatlán.
El Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a otros tres cabecillas de la estructura Peajes Locos Salvatruchos, que delinquieron en diversos distritos del departamento de La Paz y contaba con seis bases nacionales y una en el estado de Maryland, Estados Unidos.
A Juan Antonio Ulloa Torres, alias «Little Bad» quien era corredor de la clica; el juez le impuso 45 años, Edenilson Enrique Méndez Martínez, alias «El Soberbio»; y Rafael Anival Guatemala Arteaga, alias «Pride» encargados de la base uno y cuatro de la estructura, respectivamente, recibieron la misma p
Agentes de la Policía Nacional Civil realizaron la captura del presunto responsable de haberle quitado la vida a una mujer el día de ayer en la ciudad.
Según lo expresado por el edil, la detención fue posible gracias a la rápida intervención de la Policía Nacional Civil y al seguimiento realizado a través de sistemas de videovigilancia, lo que permitió ubicar al sospechoso en poco tiempo.
Las autoridades aseguraron que el detenido enfrentará la justicia por el crimen cometido y reiteraron su postura de no permitir impunidad ante hechos de violencia.
El caso continúa en desarrollo y se espera que en las próximas horas se brinden más detalles sobre el proceso judicial correspondiente.
