Nacionales
Asamblea acuerda nueva ley para la pandemia: No se puede aplicar cuarentenas generales
Los diputados de la Asamblea Legislativa acordaron una nueva ley con la que buscan contener la pandemia del coronavirus y en ella se contemplan cuestiones como que el Ministerio de Salud debe coordinar acciones con las alcaldías, que los cercos sanitarios solo podrán medir un kilómetro, no se puede ordenar una cuarentena general, y se estipula cárcel para quien limite la libre circulación, entre otras disposiciones.
Esta es la tercera vez que los diputados emiten legislación directa para la pandemia, las ocasiones anteriores han sido vetados por el presidente Nayib Bukele alegando inconstitucionalidad por no consultar con el Ministerio de Salud.
En la normativa, que tiene por nombre Ley especial transitoria para contener la pandemia por la enfermedad Covid-19, se manda al Ministerio a coordinar su trabajo con otras instituciones como alcaldías, iglesias, ONG y a coordinar acciones para “la efectiva atención integral”.
Cercos sanitarios
En el artículo 7 de la normativa se contempla la posibilidad de decretar zonas sujetas a control sanitario, lo que se conoce como cerco sanitario, pero estos no podrán limitar la libre circulación ni otros derechos fundamentales.
“No puede conducir a la suspensión de derechos fundamentales para la totalidad o parte del territorio, en especial el derecho a la libertad de circulación, sino que su único propósito es el monitoreo necesario a cargo de personal de salud”, reza.
Para establecer un cerco sanitario la zona sujeta debe ser menor a un kilómetro cuadrado a la redonda, el periodo no puede ser mayor a 72 horas y se debe implementar vigilancia centinela para la investigación de la diseminación comunitaria.
No se puede aplicar cuarentenas generales
Otra de las medidas que contiene lo emitido por los diputados es que no se puede aplicar cuarentena de manera general para el territorio, solo para los infectados de coronavirus y los sospechosos de haber estado expuestos.
A los infectados no se les pueden limitar la libertad ya que “las medidas deben apegarse estrictamente al campo de salud y no pueden en ningún caso suspender ningún derecho fundamental, especialmente la libertad de circulación”, reza el decreto.
“Estos productos han sido pagados de sus impuestos”
Otro de los aspectos regulados es que el Órgano Ejecutivo debe poner en los paquetes alimentarios que se entreguen a la población la siguiente frase: “Estos productos han sido pagados de sus impuestos”.
Lo anterior, de acuerdo con los legisladores, es porque los ministros y otros funcionarios están haciendo campaña proselitista de cara a las elecciones legislativas y municipales de 2021.
La entrega de los paquetes debe hacerse en conjunto con las alcaldías y no puede participar la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), como lo ha venido haciendo hasta la fecha.
Distanciamiento físico en el trabajo
Se contempla una serie de modificaciones a la ley de prevención de riesgos en los lugares de trabajo para que se contemplen y aseguren medidas como el distanciamiento físico entre los empleados.
También se debe escalonar los horarios de entrada y salida de personal, barreras de protección en los lugares en donde no se pueda mantener más de 2 metros entre trabajadores, reducir actividades presenciales, entre otros.
Transporte público
También se legisla para que los conductores del transporte colectivo usen mascarilla, dispongan de alcohol gel para los pasajeros, desinfección constante en las unidades y no sobrepasar la capacidad de personas de acuerdo con el número de asientos; es decir, no permitir parados en las unidades.
En el caso del transporte selectivo de pasajeros, entiéndanse como taxis o Uber, no podrán llevar a más de tres personas, incluido el conductor, obligatorio el uso del cubrebocas para todos y desinfectar los vehículos.
Sanciones
El artículo 12 de las normas se establece cárcel de cuatro a seis años para quien limite la libertad de circulación u otros derechos fundamentales.
“El funcionario, agente de autoridad, empleado público que ordene una limitación o suspensión del derecho a la libertad de circulación o de cualquier otro derecho constitucional de manera ilegal, mediante un decreto Ejecutivo, acuerdo, resolución o cualquier otro aspecto no legislativo será sancionado con prisión de cuatro a seis años e inhabilitación de su cargo por el mismo tiempo”, establece.
El Ministerio de Trabajo o cualquier otra dependencia del Ejecutivo no puede ordenar el cierre de centros de trabajo por causas que esta ley regule.
La ley entra en vigor al publicarse en el diario oficial y tiene una vigencia de ocho meses a partir de ese momento.
Para que pueda publicarse en el diario oficial debe haber completado el proceso de formación de ley, que indica que la misma debe haber sido sancionada por el presidente de la República.
CON INFORMACIÓN: EL SALVADOR TIMES
En una audiencia especial de revisión de medidas, se conoció de forma extraoficial, que el Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador, giró orden de captura para los guatemaltecos Juan Ignacio Berger Giménez y Carol Odette Echeverría Cabrera de Reyes, así como la salvadoreña María Isabel Umaña Velásquez, procesados en un expediente por el delito de administración fraudulenta.
A los tres imputados que no se presentaron a la audiencia les modificaron las medidas, ya que en la audiencia inicial no les habían decretado detención provisional.
Otros acusados son: Jorge Leonel Gaitán Paredes, un empresario guatemalteco extraditado hacia El Salvador, el 30 de septiembre de 2025 y quien falleció por problemas de salud en el Hospital Nacional San Juan de Dios, Santa Ana, el 19 de enero de 2026.
Su hijo, Jorge Alberto Gaitán Castro, junto a otros procesados identificados como: Jeni Celina Torres Zepeda, Selvin Martín Torres Andrade, son señalados por la Fiscalía General de la República de pertenecer a una estructura que defraudaron a las empresas, Terra Towers Corp y Continental Towers El Salvador.
Según la investigación fiscal, los imputados cobraron viáticos y comisiones por supuestos gastos relacionados con su trabajo, por un monto $1.2 millones entre 2016 y 2020.
En septiembre de 2024, fue juramentado un experto en informática para extraer información del proceso penal en contra de las siete personas acusadas de administración fraudulenta en perjuicio de las dos sociedades.
Al experto le encomendaron analizar una base de correos electrónicos enviados entre los procesados para verificar la autenticidad y acceder al sistema contable de las sociedades víctimas.
Las ejecuciones realizadas por la Mara Salvatrucha fueron grabadas por los pandilleros, así lo evidencias videos incorporados como prueba por la Fiscalía General de la República, en el juicio contra 486 cabecillas que enfrentan audiencia única, acusados de 47,420 delitos consumados entre el 2012 y 2022.
Los videos obtenidos mediante el vaciado de información realizada a teléfonos celulares decomisados a terroristas fueron certificados por peritos quienes han confirmado la veracidad ante el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado.
Los fragmentos de videos también fueron extraídos del teléfono de un corredor de programa [jefe de varias clicas], en los que se observa como torturaban y asesinaban a las víctimas.
En más de cinco jornadas los fiscales han presentado escuchas telefónicas del accionar criminal de la Mara Salvatrucha, con la reproducción de audios se evidencia la multiplicidad de crímenes, la mayoría homicidios que fueron avalados por los 22 fundadores de la estructura terrorista.
En las últimas grabaciones de hechos consumados entre el 2017 y 2018, se escucha cuando los pandilleros asesinan a las víctimas, los disparos y el uso de armas blancas.
Seguido de las detonaciones, se oye que los criminales gritan su pertenencia a la Mara Salvatrucha, eso ocurrió luego de asesinar a un custodio del Centro Penal de Ciudad Barrios.
Al empleado penitenciario le dieron vigilancia y seguimiento; en un primer momento decidieron no matarlo porque iba con sus hijos, esperaron el momento oportuno para ejecutarlo.
En los audios captados mediante escuchas telefónicas se oye que hablan de la vigilancia hacia las víctimas, sabían su rutina, días de descanso, como se vestían y todas las características físicas.
A algunas personas las fotografiaban y compartían con los demás pandilleros para que al momento de asesinarlas no se fueran a equivocar y asegurar el buen resultado del crimen ordenado y avalado por los cabecillas de la organización criminal.
En los audios se escucha a los cabecillas ordenar el asesinato de personas que afectaran sus intereses criminales, para no ser detectados utilizaban palabras claves como «trabajitos»”, «cancha abierta» y «jugar», de esa forma se referían a los crímenes que debían ejecutarse contra la población civil.
El Salvador presentó este jueves ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sus avances y logros en materia de migración y movilidad humana. Esto en el marco del Foro de Examen de la Migración Internacional 2026 (FEMI).
La ministra Alexandra Hill Tinoco destacó la amplia transformación que ha tenido El Salvador en los últimos años a través de la visión del presidente Nayib Bukele. También habló de los avances van enfocados en los ocho años de implementación del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular.
Entre los aspectos destacados por la canciller salvadoreña figura el Plan Nacional de Implementación del Pacto, lanzado en 2024, con el que El Salvador se convirtió en el primer país del hemisferio en contar con este instrumento. Según detalló, las actividades enmarcadas en este plan han beneficiado hasta 2025 a unas 476 mil personas migrantes y sus familias.
Asimismo, señaló que desde 2023 el país cuenta con el Mecanismo de Coordinación Nacional sobre Movilidad Humana, integrado por 45 instituciones nacionales.
La funcionaria también destacó la existencia de la Ley Especial de Beneficios y Protección para la Diáspora y Personas en Movilidad Humana, además de los avances del Programa de Movilidad Laboral, mediante el cual se han gestionado más de 18 mil oportunidades de trabajo temporal bajo un esquema de migración circular.
El Salvador cumplió de manera satisfactoria los primeros seis compromisos asumidos en el Foro anterior, efectuado en 2022. Para este 2026 tiene previsto adoptar seis nuevos acuerdos.
A su vez, Cancillería agradeció a la Organización Internacional para las Migraciones y al sistema de Naciones Unidas por apoyar los esfuerzos nacionales y regionales para avanzar en la implementación del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, resaltó también las contribuciones del Fondo Fiduciario de Múltiples Socios para la Migración.
Por su parte la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Patricia Nathaly Godínez, copresidió la Mesa #2 y participó en el debate de políticas en donde destacó que El Salvador impulsa una atención integral y de calidad a su diáspora, a través de las representaciones diplomáticas y consulares.
La viceministra explicó como El Salvador brinda a sus connacionales asistencia legal migratoria y protección en situaciones de vulnerabilidad, así como servicios de documentación en sus diversos consulados y sedes diplomáticas alrededor del mundo.
La viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Nataly Godínez, durante una de sus participaciones en las mesas de trabajo. Foto: Cancillería de El Salvador
Godínez lideró, junto a la Presidencia Pro Témpore de Guatemala, el evento paralelo Movilidad Climática: Perspectivas y conclusiones del diálogo regional, esto en el marco de la Conferencia Regional sobre Migración (CRM). Acá remarcó que la movilidad climática es parte de las agendas nacionales, en vista de que la región es vulnerable a fenómenos climatológicos.
La diplomática también sostuvo una reunión bilateral con su homólogo de Filipinas, Jainal Rasul, con quien abordó las oportunidades de intercambio de experiencias en materia de movilidad laboral. Durante el encuentro, ambas autoridades destacaron que sus países son precursores en la implementación del Pacto Mundial para la Migración y referentes en esta temática, gracias a los avances alcanzados y al firme compromiso con los principios establecidos en dicho instrumento internacional.
