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Temen actos de intimidación y supresión de votantes en elecciones generales en NYC y piden denunciar
Finalmente llegó el día esperado por muchos y mientras las autoridades neoyorquinas anticipan que miles de votantes que todavía no han sufragado, acudan este martes 3 de noviembre a los puestos de votación a ejercer su derecho a elegir al presidente que regirá los destinos del país desde enero del 2021, al igual que a congresistas y legisladores estatales, esta vez hay un temor en el ambiente.
Grupos sociales, activistas, organizaciones comunitarias, defensores de inmigrantes, e incluso la propia administración De Blasio, temen que pudiera haber intentos para intimidar a votantes o incluso suprimirlos de su derecho al voto, debido al intenso clima político que reina en el país.
Y en su afán de garantizar que a los sufragantes de la Gran Manzana no se les viole su derecho a elegir libremente, no solamente han pedido estar con los ojos bien abiertos y denunciar cualquier irregularidad, sino que han lanzado diferentes planes de apoyo para que la jornada electoral transcurra de manera justa.
Una de esas iniciativas es el Cuerpo de Observadores Electorales de la Ciudad de Nueva York, que fue lanzado la semana pasada y que se extenderán hasta la noche de este martes.
“Se debe proteger el derecho al voto. Esa es una responsabilidad central y fundamental de cualquier gobierno y el Cuerpo de Observadores de Elecciones se sumará a los esfuerzos invaluables de grupos comunitarios que han trabajado durante años para garantizar que los votantes conozcan sus derechos”, comentó el alcalde Bill de Blasio. “La intimidación de votantes es un crimen y nos mantendremos unidos como Ciudad para proteger a los votantes”.
Hay 500 voluntarios contra la intimidación
La Comisionada de Asuntos de Inmigración de la Alcaldía, Bitta Mostofi, comentó que habrá unos 500 voluntarios entrenados para atender con precisión posibles actos de intimidación, y serán los encargados de dirigir la denuncia a los organismos competentes como la Junta Electoral, la Fiscalía o la policía.
“Hay que salir a votar y si ocurre algo irregular estaremos allí para prestar ayuda“, dijo la funcionaria.
Vanita Gupta, directora ejecutiva de la Conferencia de Liderazgo en Derechos Civiles y Humanos, advirtió que las leyes son claras al afirmar que ninguna persona, ya sea que actúe bajo el pretexto de la ley o de otra manera, intimidará, amenazará o coaccionará, o intentará intimidar, amenazar o coaccionar a cualquier votante.
“La intimidación de los votantes está en contra de la ley y en el entorno político actual, existe una preocupación palpable sobre la intimidación de los votantes que no debe subestimarse”, dijo la activista, advirtiendo la importancia de que los observadores electorales estén alerta.
Donna Lieberman, directora de La Unión de Libertades Civiles de Nueva York advirtió a los votantes que si tienen problemas con la emisión de su voto, pueden pedir ayuda.
“Es importante que todos conozcan sus derechos: los votantes deben permanecer atentos en las urnas, y aquellos que tengan alguna dificultad para hacer fila siempre pueden ir al frente de la línea y pedir ayuda a un trabajador electoral”, dijo Lieberman. “Si hacen cola después del cierre de las urnas, tiene derecho a emitir su voto, sin importar cuánto tiempo tome. Si necesitan algún tipo de asistencia, llamen al 866-OUR-VOTE para obtener ayuda”.
Fantasma de la supresión de votantes “es más real”
Aracelly Cantos-Moreira, de la organización Make the Road NY, aseguró que el fantasma de la supresión de votantes es más real hoy que nunca, por lo que hizo un llamado directo a los votantes que vean “cosas raras” a que lo reporten.
“El temor de que haya intimidación o supresión del voto es real, no solamente en las urnas, también desde antes, con la llegada tardía de votos de ausencia, se han perdido muchos. Conozco cantidad de personas que han llenado el formulario y nunca recibieron los votos. Es evidente que sí hay manos negras detrás de ese intento por quitarnos el derecho a votar”, dijo la activista ecuatoriana, quien está muy emocionada al votar por primera vez este martes.
“Y tenemos que denunciar, porque como dice la frase: ‘el que calla otorga’, y si nos callamos las benditas irregularidades, vamos a ser cómplices. Hay que hablar, porque la votación tiene que ser transparente y equitativa. No podemos darnos el lujo de perder el poder que tenemos para votar, pues urge traer de regreso a nuestro país”, agregó la joven.
Freddy Vega, originario de Puerto Rico y quien vive en Nueva York hace 56 años, también le dio crédito al temor de que se presenten intentos para evitar que los votantes ejerzan su derecho, protegidos y en libertad, y dijo que siendo una amenaza mayor para las minorías, hay que estar unidos, y con lupa.
“Los latinos tenemos que unirnos, porque nos han querido no nomás ahora, sino hace mucho, nos han echado para el lado. Tenemos que estar con los ojos abiertos para que no nos quiten el derecho a votar, porque esta elección es muy importante”, dijo el boricua, “Para los latinos y los morenos, especialmente, para nosotros las minorías, este voto debe ser más cuidado”.
Hasta las protestas están amparadas por la ley
La asociación Legal Society también urgió a los votantes a que no permitan que sus derechos les sean vulnerados en las urnas e incluso advirtió que hasta eventuales protestas están amparadas por la ley. Y dado que la Administración De Blasio anunció que en cada uno de los puestos de votación habrá presencia policial, algo que ha generado preocupaciones, explicaron que es vital estar bien informados.
“Los neoyorquinos tienen derecho a reunirse y expresar sus puntos de vista y preocupaciones sobre nuestra democracia y el proceso electoral”, dijo Jennvine Wong, abogada de The Legal Aid Society. “Y dado el historial abismal del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York en infringir estos derechos, es esencial que quienes decidan protestar estén informados y preparados para una variedad de escenarios”.
“Tienen derecho a protestar. No se necesita un permiso para marchar por la acera, siempre y cuando no se bloquee el tráfico de peatones. Es posible que se requiera un permiso para marchar por la calle o reunirse en un parque de la ciudad”, advirtieron. “Durante una protesta bajo reglas de distanciamiento social, puede reunirse en grupos de hasta 10 personas, mientras mantenga una distancia de 6 pies de los demás. Incluso si sigue estas reglas, la policía puede emitir una orden de dispersión. Si lo hacen, deben proporcionar un aviso claro y una oportunidad para que usted abandone el área”.
Votantes protegidos por la ley
La Junta de Elecciones de Nueva York recalcó que bajo las leyes electorales, los votantes registrados, no solo tienen derecho a ejercer el voto con suficiente tiempo para hacerlo y recibir ayuda para sufragar, debido a “ceguera, discapacidad o incapacidad para leer o escribir”, sino que además tiene protecciones para que su voto sea en secreto y no haya intimidación ni atropellos.
“Tienen derecho a emitir su voto, libre de coerción o intimidación por parte de los funcionarios electorales o cualquier otra persona”, aseguró la Junta Electoral. “Igualdad de acceso, no discriminatorio al sistema electoral para todos los votantes, incluidos los ancianos, los discapacitados, las minorías lingüísticas alternativas, los militares y los ciudadanos extranjeros, según lo exigen las leyes federales y estatales”.
La Oficina de la Fiscal General del Estado de Nueva York, Letitia James, también se ha sumado a los esfuerzos contra la supresión del voto y activó la línea directa de elecciones 1-800-771-7755 para ofrecer ayuda.
“Tanto la ley federal como la estatal prohíben que cualquier persona intimide o intente intimidar o disuadir a cualquier otra persona de votar. Tengan cuidado con las llamadas telefónicas, los correos u otros medios, incluidos los periódicos, la televisión, la radio o las redes sociales, que intenten persuadirlo de que no vote. Solo confíe en fuentes confiables y verifique de forma independiente cualquier información que reciba”, aseguró. “Si ha sido objeto de intimidación o información errónea de votantes, infórmelo a nuestra oficina. Además, si nota alguna irregularidad en su boleta, o si ha recibido una boleta de voto ausente que no solicitó, o si recibe una boleta de voto ausente precargada, comuníquese con nosotros”.
La región de Cachemira vuelve a ser escenario de un preocupante repunte de tensiones entre India y Pakistán, tras un atentado que dejó 26 muertos.
Desde que un ataque armado acabó con la vida de 26 hombres en la parte india de Cachemira, la comunidad internacional temía una nueva escalada entre las dos potencias nucleares. Esa preocupación se materializó este miércoles con bombardeos cruzados a lo largo de la Línea de Control, la frontera de facto que divide la región en disputa.
La India anunció haber lanzado la Operación Sindoor, una ofensiva dirigida contra lo que describió como «infraestructuras terroristas en Pakistán», desde donde —según Nueva Delhi— se planearon ataques contra su territorio. En respuesta, el ejército pakistaní denunció bombardeos en al menos tres zonas de su país, incluyendo la ciudad de Muzaffarabad, en la Cachemira administrada por Pakistán, y Bahawalpur, en la región fronteriza de Punyab.
De acuerdo con el ministro de Defensa pakistaní, Khawaja Asif, los ataques causaron al menos tres muertes civiles, entre ellas la de un niño. Corresponsales de la AFP en Cachemira y Punyab reportaron fuertes explosiones en las áreas afectadas, mientras que periodistas del lado indio también escucharon múltiples detonaciones cada vez más cercanas.
El portavoz del ejército pakistaní, teniente general Ahmed Chaudhry, advirtió que su país “responderá en el momento que elija”, mientras que Nueva Delhi acusó a Islamabad de violar el alto al fuego con disparos de artillería en sectores como Bhimber Gali y Poonch-Rajauri.
En medio del incremento de tensiones, las fuerzas armadas indias aseguraron haber respondido de manera “apropiada y calibrada”, destacando que su ofensiva evitó objetivos militares paquistaníes y se centró en grupos vinculados a Lashkar-e-Taiba (LeT), una organización yihadista con base en Pakistán y relacionada con el atentado de Bombay de 2008.
Uno de los blancos del ataque indio fue la mezquita Subhan en Bahawalpur, señalada por inteligencia india como punto de actividad de LeT. “Nuestra acción es específica y busca evitar una escalada. Hemos ejercido considerable moderación”, declaró el gobierno indio, insistiendo en que su objetivo es hacer rendir cuentas a los responsables del atentado del pasado 22 de abril.
La escalada armada coincide con un nuevo frente de confrontación: el recurso hídrico. India amenazó con cortar el suministro de agua de varios ríos que nacen en su territorio y fluyen hacia Pakistán. Incluso anunció la suspensión de su participación en el tratado bilateral de 1960 que regula el uso del agua en la cuenca del río Indo. El primer ministro Narendra Modi afirmó que el flujo de agua “se detendrá” si beneficia a enemigos externos.
Pakistán, por su parte, ha detectado una disminución inusual en el caudal del río Chenab. “Estamos observando cambios que no son naturales”, dijo el ministro de Riego de Punyab, Kazim Pirzada.
La creciente tensión ha generado alarma entre analistas internacionales, que temen una confrontación abierta entre dos naciones con armamento nuclear. En los últimos días, se han registrado intercambios de fuego con armas ligeras entre soldados en la frontera, aunque sin víctimas confirmadas hasta el momento.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su esperanza de que las hostilidades “terminen muy pronto”, mientras Pakistán convocó a su Comité de Seguridad Nacional para analizar la situación.
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Opositores venezolanos refugiados en embajada argentina llegan a EE. UU. tras operación de rescate
Caracas — Un grupo de activistas venezolanos, colaboradores de la líder opositora María Corina Machado, fue evacuado a Estados Unidos desde la embajada argentina en Caracas, donde permanecían refugiados desde el 20 de marzo de 2024. Su entrada al recinto diplomático se produjo en medio de una ola de arrestos ocurrida antes de las elecciones del 28 de julio, en las que el presidente Nicolás Maduro fue declarado ganador para un tercer mandato, entre denuncias de fraude electoral.
Inicialmente, seis personas se resguardaron en la sede diplomática. Sin embargo, en diciembre de 2024, uno de ellos, Fernando Martínez Mottola, se entregó a las autoridades y posteriormente recibió libertad condicional. Martínez Mottola falleció el 26 de febrero de 2025 debido a complicaciones de salud.
Los cinco activistas restantes aguardaban un salvoconducto para abandonar el país, medida que no fue otorgada por el régimen venezolano.
La evacuación fue confirmada por el senador estadounidense Marco Rubio a través de la red social X. “Estados Unidos saluda la exitosa operación de rescate de todos los rehenes del régimen de Maduro en la embajada argentina de Caracas”, expresó. Añadió que, tras una operación precisa, “todos los rehenes se encuentran ahora a salvo en territorio estadounidense”, sin ofrecer mayores detalles.
El jefe de la diplomacia estadounidense calificó al gobierno de Maduro como un régimen ilegítimo, acusándolo de socavar las instituciones democráticas, violar los derechos humanos y poner en riesgo la seguridad regional. Rubio agradeció a los actores involucrados en la operación y a los socios internacionales que colaboraron en la liberación de los activistas.
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Colombia captura a más de 200 miembros del Clan del Golfo tras intensos operativos de seguridad
El lunes, las autoridades colombianas informaron sobre la captura de más de 200 integrantes del Clan del Golfo, el cartel narcotraficante más grande del país, responsable de implementar un violento «plan pistola» que ha dejado al menos 20 miembros de la fuerza pública muertos.
Desde el 15 de abril, un total de 217 miembros de este grupo armado han sido detenidos en una serie de operativos coordinados, como parte de la respuesta del gobierno ante los ataques perpetrados por el Clan del Golfo, cuyo impacto ha desbordado la seguridad en varias regiones del país. Además, otros 15 narcotraficantes fueron abatidos, y se incautaron 6,8 toneladas de estupefacientes, 123 armas de fuego y más de 15,000 municiones, según el almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares.
La violencia del Clan del Golfo, un grupo paramilitar que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia, ha escalado en los últimos meses. Desde finales de abril, el presidente Gustavo Petro denunció que el cartel implementó una estrategia de «asesinato sistemático» de miembros de la fuerza pública, una táctica que recuerda a las guerras del narcotraficante Pablo Escobar en los años noventa. En el marco de estos ataques, se ha establecido una recompensa de hasta $3,500 por cada policía muerto.
El Clan del Golfo, que tiene más de 7,500 miembros, se dedica principalmente al tráfico de cocaína y es considerado uno de los carteles más poderosos del país. En 2022, este grupo ya había recurrido a un «plan pistola» como respuesta a la extradición a Estados Unidos de su antiguo líder, alias Otoniel.
El Ministerio de Defensa también informó que, desde el 15 de abril, los ataques de grupos ilegales y rebeldes han cobrado la vida de al menos 18 policías y 17 militares, en lo que se considera el peor pico de violencia que ha vivido Colombia desde la firma del acuerdo de paz con las FARC en 2016. A pesar de las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo y la disidencia de las FARC, las conversaciones no han avanzado, dejando al país en medio de una grave crisis de seguridad.
