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Revelan que los adolescentes de EE.UU. que asesinaron a una maestra y planificaron el crimen en redes sociales, usaron un bate de béisbol para matarla
Las autoridades judiciales del estado de Iowa (EE.UU.) han revelado nuevos detalles relacionados con el caso de Jeremy Goodale y Willard Miller, dos adolescentes estadounidenses acusados de planear y asesinar el pasado noviembre a Nohema Graber, una profesora de español de origen mexicano, que enseñaba en su escuela de la ciudad de Fairfield, informó la agencia AP.
Según la orden de allanamiento, que había estado sellada por un juez hasta esta semana, los estudiantes, de 16 años, usaron un bate de béisbol para acabar con la vida de Graber, cuyos restos fueron hallados en un parque de la localidad el mismo día que fue reportada como desaparecida. Anteriormente, la Policía había detallado que la víctima, de 66 años, sufrió un «traumatismo craneal infligido» y que su cuerpo estaba oculto bajo una lona, una carretilla y unas traviesas de ferrocarril.
La reciente información también indica que Miller y Goodale «estuvieron involucrados en la planificación, ejecución y eliminación de pruebas» del crimen. Un testigo que conocía a Goodale mostró a los investigadores mensajes de Snapchat en los que se precisa cómo él y su cómplice vigilaron a Graber, la mataron, dónde había sido abandonado su cadáver y cómo se deshicieron y ocultaron las pruebas.
Miller admitió en un interrogatorio estar involucrado en los hechos y haber proporcionado los materiales utilizados para cometer el asesinato, entre ellos, una carretilla de su casa. Al respecto, las autoridades aseguran que un testigo avistó a un sujeto empujando una por una calle de Fairfield alrededor de la medianoche del 2 de noviembre, día en que ocurrieron los hechos. Otros detalles del caso, incluida su motivación, aún no han sido dados a conocer. El año pasado, el fiscal del condado de Jefferson, Chauncey Moulding, aseveró que no había ninguna prueba que sugiriera que el asesinato estaba motivado por la raza.
Los dos estudiantes han sido acusados como adultos de homicidio en primer grado y de conspiración para cometer un homicidio en primer grado. Sin embargo, sus abogados buscan que se les juzgue por el sistema de menores y están luchando por mantener fuera del dominio público otros documentos del caso. La defensa de los adolescentes también intentó impedir que los medios de comunicación cubran la audiencia de este jueves, donde se decidirá si finalmente un tribunal de adultos se ocupará de su condena, un juez rechazó este martes la solicitud.
En Iowa, la sentencia por tales cargos es cadena perpetua, aunque en 2016 la Corte Suprema prohibió imponer este castigo sin libertad condicional para delincuentes menores de 18 años. Si son condenados como adultos, Goodale y Miller podrían cumplir largas penas en prisión, pero si son trasladados a un tribunal de menores, quedarían en libertad en menos de dos años. Las fechas para sus juicios están programas para el 23 de agosto y el 1 de noviembre, respectivamente.
Durante la mañana del domingo recién pasado, un trágico accidente tuvo lugar en la comunidad de Nizanda, Oaxa, México, cuando el Tren Interoceánico que transportaba a 250 personas se descarriló, dejando devastación a su paso.
Como resultado del accidente vial, al menos 13 personas perdieron la vida, 98 más heridos, y 36 personas hospitalizadas, entre ellas 5 de gravedad.
A pesar que las autoridades declararon que fue un accidente simple, diversas opiniones surgen al respecto, ya que desde su construcción en 2023 diversos expertos señalaron la baja calidad de los materiales y el mal estado de las vías.
Luego de las constantes e intensas lluvias registradas el fin de semana en Sudáfrica, se reortó el colapso del techo del centro comercial Northgate, en Randburg, Johannesburgo, destruyendo parte del inmueble con la inundación.
Este accidente provocó severos daños materiales en el inmueble, pero hasta el momento, no se reportan personas lesionadas o fallecidos, ya que el hecho ocurrió en horas de la noche.
Las personas que se encontraban aún en el establecimiento mostraron su pánico mediante gritos y muestras de preocupación ante lo que sus ojos presenciaban.
Por su parte, las autoridades evaluaban la seguridad de la estructura y el alcance de las afecciones en la zona afectada del centro comercial.
La Comunidad Chino Panameña exigió una investigación formal y la reconstrucción del Parque Mirador de Las Américas tras su desmantelamiento, ocurrido la noche del 27 de diciembre de 2025 en el distrito de Arraiján.
El hecho, atribuido a la alcaldía local, ha generado una ola de rechazo por la ausencia de notificación, consulta pública y diálogo previo con las organizaciones representativas del colectivo.
Según denunciaron, la intervención se realizó sin cumplir principios básicos de transparencia, legalidad y participación ciudadana, lo que impidió preservar elementos patrimoniales y resguardar el valor simbólico del espacio.
Para la comunidad, la decisión constituye una actuación arbitraria y carente de sensibilidad intercultural, incompatible con una gestión responsable del patrimonio conmemorativo.
El parque fue concebido como un lugar de memoria colectiva para honrar a los primeros inmigrantes chinos que contribuyeron de manera decisiva al desarrollo del país, particularmente en obras emblemáticas como el Ferrocarril de Panamá y el Canal de Panamá.
La obra fue impulsada y financiada con el esfuerzo directo de ciudadanos de la comunidad china panameña, en el marco de los 150 años de presencia de esta colectividad en Panamá, como símbolo de integración entre la herencia cultural china y la identidad nacional.
Desde junio de 2024, representantes comunitarios sostuvieron gestiones ante la alcaldía de Arraiján para abordar la situación del parque, sin obtener respuestas concretas, afirmó Alex Gao, presidente de la Asociación China de Panamá.
“Solicitamos una investigación sobre el procedimiento y la posibilidad de reconstruir el parque en su ubicación original”, reiteró.
La comunidad hizo un llamado a las autoridades nacionales y locales para respetar la memoria histórica, garantizar procesos participativos y asegurar que decisiones sobre espacios conmemorativos se adopten con diálogo, criterios técnicos y respeto cultural, evitando precedentes que vulneren la dignidad colectiva de las comunidades que forman parte del país.
