Internacionales
Oficiales colocan 41 torres de rescate para salvar a migrantes y recuperar restos
La Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos (CBP, en inglés) ha instalado 41 torres de rescate en el sector del Valle del Río Grande, en Texas, como parte del Programa de Migrante Extraviado, que busca prevenir las muertes de los migrantes abandonados por los traficantes de personas y recuperar los cadáveres para entregarlos a familiares.
Son infraestructuras instaladas por la Patrulla Fronteriza en los sectores donde con frecuencia cruzan los migrantes y hay conexión a internet. La base está hecha de hierro, algunas tienen paneles solares y cámaras. Cada torre de siete metros de altura está debidamente rotulada y cuenta con indicaciones en varios idiomas para las víctimas. En el centro se encuentra un botón que los migrantes pueden presionar en caso de emergencia o si se han perdido en el trayecto.
Álex Jara, agente de la Patrulla Fronteriza en McAllen y responsable del programa, indicó que, una vez se toca el botón, la torre envía una señal a la base más cercana y por radio se comunica a los oficiales el número de la torre para que acudan a atender a los migrantes.
Son casi 200 técnicos de urgencias médicas y 15 paramédicos los que integran el equipo para este servicio.
El programa funciona desde 2016 y para el próximo año las autoridades estadounidenses planean colocar 30 torres de rescate más. De acuerdo con Jara, son necesarias, pues en los últimos dos años han aumentado las muertes. La mayoría han sido adultos de todas las edades y las causas de fallecimiento más frecuente son por deshidratación o ahogamiento.
Jara indicó que en algunas ocasiones los traficantes de personas impiden a los migrantes acercarse a las torres o les quitan el teléfono para llamar al 911, pero «no hay que hacerles caso, porque a lo mejor no van a poder sobrevivir», comentó durante una conferencia.
En otros casos los engañan al decirles que van a caminar por tres horas, pero se convierten en tres a cuatro días, indicó
La Patrulla también ha invertido en 21,000 infraestructuras como postes de luz y 1,200 placas con instrucciones para los flujos migratorios irregulares.
«No vale la pena arriesgarse, mucha gente sufre en el camino. Mi principal recomendación es que, si ya están aquí [Estados Unidos] y se encuentran en problemas, no marquen a sus familiares y no gasten la batería de su celular o su tiempo; es mejor que llamen al 911. Si marcan este número van a pasar la llamada para adelantar la ayuda que necesitan», expuso Jara, ya que, si los migrantes informan primero a sus familiares, pasan días para que los agentes puedan localizarlos y las personas mueren.
El encargado del Programa de Migrante Extraviado detalló que, si un pariente falleció en la ruta, la familia debe contactar al consulado de su país de origen, porque los agentes estadounidenses son a los únicos que les pueden compartir los datos. A diario recibe entre 15 y 20 llamadas de los consulados para localizar los restos. La Patrulla Fronteriza se encarga de sacar huellas, pero si ya no puede llevar a cabo este proceso por la descomposición de los cuerpos, se realiza microfotografía para enviar a los expertos de la Universidad del Norte de Texas, con quienes trabajan.
Jara comunicó que los consulados se encargan de desarrollar las pruebas de ADN de al menos dos parientes y corroborar que el cuerpo corresponda.
Una mujer embarazada de seis meses resultó herida de bala tras un intento de asalto registrado en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).
El hecho ocurrió en la intersección de la 6ª avenida y 8ª calle, donde sujetos armados habrían interceptado a la víctima con intenciones de robo. La mujer fue identificada como Jimena Vickers, de 31 años, quien se desempeña como visitadora médica.
De acuerdo con versiones preliminares, los atacantes abrieron fuego luego de que Vickers se opusiera al asalto. En el parabrisas del vehículo, del lado del conductor, se observaron al menos tres impactos de bala.
La víctima fue auxiliada por cuerpos de socorro y trasladada a un centro asistencial. Su estado de salud, así como el del bebé que espera, no ha sido detallado por las autoridades.
La PNC inició un operativo en el sector para dar con los responsables, aunque hasta el momento no se reportan capturas.
Internacionales
Crisis humanitaria en Gaza deja a niños y madres gravemente afectados por la desnutrición en medio del conflicto
La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) alertó este viernes que uno de cada cuatro niños entre seis meses y cinco años, así como mujeres embarazadas y lactantes atendidos en sus clínicas en Gaza, presenta signos de desnutrición, en lo que califican como una emergencia sanitaria y humanitaria de alto nivel.
En un comunicado, MSF acusó a las autoridades israelíes de usar deliberadamente el hambre como un arma de guerra. “Los propios pacientes y profesionales de la salud sufren de hambre”, señaló la ONG, que mantiene presencia médica en Ciudad de Gaza.
Caroline Willemen, coordinadora del proyecto de MSF en esa ciudad, aseguró que están recibiendo alrededor de 25 nuevos casos de desnutrición diariamente. Desde el 18 de mayo, los registros se han cuadruplicado y la desnutrición severa en menores de cinco años se ha triplicado.
MSF afirma que esta situación se debe a una “hambruna deliberada”, consecuencia directa del bloqueo impuesto por Israel sobre el enclave palestino. Aunque a finales de mayo se flexibilizó el cerco, las carencias de alimentos, medicinas y productos básicos persisten.
Israel, por su parte, responsabiliza a Hamas de manipular la ayuda humanitaria, acusándolo de apropiarse de suministros para revenderlos a precios desorbitados o de atacar a las personas que esperan recibir alimentos.
La ONG también denunció ataques en los centros de distribución de alimentos gestionados por la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), respaldada por Israel y Estados Unidos. “Estas distribuciones no son ayuda humanitaria, son crímenes de guerra cometidos a plena luz del día bajo el disfraz de compasión”, afirmó Mohammed Abu Mughaisib, coordinador médico adjunto de MSF en Gaza.
La ONU ha documentado más de 1.000 muertes desde finales de mayo en puntos de ayuda humanitaria, la mayoría cerca de los centros operados por la GHF.
Ecuador cerró el primer semestre de 2025 como el más violento de los últimos 14 años, al registrar 4,557 homicidios, lo que representa un aumento del 45 % respecto al mismo periodo de 2024 y un 22 % más en comparación con los primeros seis meses de 2023, según datos del Ministerio del Interior recopilados por el medio «Primicias».
Del total de muertes violentas, el 89 % (4,069 casos) fue cometido con armas de fuego, incluyendo pistolas, escopetas, ametralladoras y fusiles, lo que evidencia el creciente poder de fuego de los grupos criminales.
Mayo se posicionó como el mes más sangriento desde que se tiene registro, con 915 homicidios, superando incluso los 831 asesinatos ocurridos en octubre de 2023. En promedio, al menos 30 personas fueron asesinadas cada día durante el primer semestre del año. En junio, aunque hubo una leve reducción, se contabilizaron 548 crímenes.
Entre enero y mayo, 70 cantones del país registraron un aumento en muertes violentas respecto al mismo periodo del año anterior. En estos territorios se concentró el 90 % de los homicidios registrados, es decir, un total de 3,578.
Frente a esta escalada de violencia, el gobierno de Daniel Noboa ha decretado estados de excepción en varias provincias —Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos—, en dos cantones de Quito y en el sistema penitenciario nacional. Sin embargo, estas medidas han sido insuficientes para frenar la criminalidad.
El más reciente estado de excepción, declarado el 12 de abril mediante el Decreto 599, fue parcialmente aprobado ayer por la Corte Constitucional, que consideró inconstitucional aplicar la medida en todos los centros penitenciarios y en el cantón Camilo Ponce Enríquez (Azuay), al no evidenciarse hechos que justifiquen su inclusión.
Además, la Corte rechazó la suspensión del derecho a reunión, las inspecciones y requisas sin orden judicial, así como la intervención directa de las Fuerzas Armadas, al señalar que estas acciones pueden ejecutarse dentro del marco legal ordinario.
Pese a ello, se mantuvieron restricciones como la suspensión del derecho a la libertad de tránsito, la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la correspondencia, permitiendo a la fuerza pública realizar allanamientos y revisar mensajes dirigidos a privados de libertad.
El alto índice de homicidios refleja la profunda crisis de seguridad que atraviesa Ecuador, donde el crimen organizado y las bandas armadas continúan desafiando la capacidad del Estado para contener la violencia.
