Internacionales
Oficiales colocan 41 torres de rescate para salvar a migrantes y recuperar restos
La Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos (CBP, en inglés) ha instalado 41 torres de rescate en el sector del Valle del Río Grande, en Texas, como parte del Programa de Migrante Extraviado, que busca prevenir las muertes de los migrantes abandonados por los traficantes de personas y recuperar los cadáveres para entregarlos a familiares.
Son infraestructuras instaladas por la Patrulla Fronteriza en los sectores donde con frecuencia cruzan los migrantes y hay conexión a internet. La base está hecha de hierro, algunas tienen paneles solares y cámaras. Cada torre de siete metros de altura está debidamente rotulada y cuenta con indicaciones en varios idiomas para las víctimas. En el centro se encuentra un botón que los migrantes pueden presionar en caso de emergencia o si se han perdido en el trayecto.
Álex Jara, agente de la Patrulla Fronteriza en McAllen y responsable del programa, indicó que, una vez se toca el botón, la torre envía una señal a la base más cercana y por radio se comunica a los oficiales el número de la torre para que acudan a atender a los migrantes.
Son casi 200 técnicos de urgencias médicas y 15 paramédicos los que integran el equipo para este servicio.
El programa funciona desde 2016 y para el próximo año las autoridades estadounidenses planean colocar 30 torres de rescate más. De acuerdo con Jara, son necesarias, pues en los últimos dos años han aumentado las muertes. La mayoría han sido adultos de todas las edades y las causas de fallecimiento más frecuente son por deshidratación o ahogamiento.
Jara indicó que en algunas ocasiones los traficantes de personas impiden a los migrantes acercarse a las torres o les quitan el teléfono para llamar al 911, pero «no hay que hacerles caso, porque a lo mejor no van a poder sobrevivir», comentó durante una conferencia.
En otros casos los engañan al decirles que van a caminar por tres horas, pero se convierten en tres a cuatro días, indicó
La Patrulla también ha invertido en 21,000 infraestructuras como postes de luz y 1,200 placas con instrucciones para los flujos migratorios irregulares.
«No vale la pena arriesgarse, mucha gente sufre en el camino. Mi principal recomendación es que, si ya están aquí [Estados Unidos] y se encuentran en problemas, no marquen a sus familiares y no gasten la batería de su celular o su tiempo; es mejor que llamen al 911. Si marcan este número van a pasar la llamada para adelantar la ayuda que necesitan», expuso Jara, ya que, si los migrantes informan primero a sus familiares, pasan días para que los agentes puedan localizarlos y las personas mueren.
El encargado del Programa de Migrante Extraviado detalló que, si un pariente falleció en la ruta, la familia debe contactar al consulado de su país de origen, porque los agentes estadounidenses son a los únicos que les pueden compartir los datos. A diario recibe entre 15 y 20 llamadas de los consulados para localizar los restos. La Patrulla Fronteriza se encarga de sacar huellas, pero si ya no puede llevar a cabo este proceso por la descomposición de los cuerpos, se realiza microfotografía para enviar a los expertos de la Universidad del Norte de Texas, con quienes trabajan.
Jara comunicó que los consulados se encargan de desarrollar las pruebas de ADN de al menos dos parientes y corroborar que el cuerpo corresponda.
Internacionales
¿Quién es el acusado del mayor robo de joyas en EE.UU. que quedó en libertad tras ser deportado a Ecuador?
Un hombre acusado de participar en lo que las autoridades calificaron como el mayor robo de joyas en la historia de Estados Unidos, con un botín estimado en USD 100 millones, quedó en libertad luego de ser deportado a Ecuador, una decisión que dejó en suspenso el proceso judicial en su contra.
Se trata de Jeson Nelon Prescilla Flores, uno de los siete sospechosos señalados por el asalto a un camión blindado de la empresa Brinks ocurrido en julio de 2022.
De acuerdo con la acusación, el vehículo transportaba oro, diamantes, piedras preciosas y relojes de lujo cuando fue interceptado a plena luz del día.
La banda habría seguido el camión durante más de 480 kilómetros, desde el norte de California hasta una parada al norte de Los Ángeles, antes de ejecutar el robo.
Según reportó el diario Los Angeles Times, la mayor parte de la mercancía robada aún no ha sido recuperada.
Sin embargo, Prescilla Flores fue liberado bajo fianza en agosto y poco después quedó bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
En un giro inesperado, el imputado optó por la deportación a finales de diciembre, mientras aún estaba detenido por ICE, lo que paralizó en la práctica el caso penal.
En una moción presentada el 15 de enero, la defensa sostuvo que “el Gobierno decidió renunciar a la persecución penal” al permitir la expulsión del acusado del país.
No obstante, los fiscales aseguran que no fueron informados de la deportación mientras el proceso seguía abierto y argumentaron que el caso no debería extinguirse simplemente porque el acusado haya salido del territorio estadounidense.
Los joyeros afectados expresaron su indignación. “Cuando un acusado en un importante caso federal de robo abandona el país antes del juicio, las víctimas se quedan sin respuestas, sin un veredicto y sin cierre”, afirmó Jerry Kroll, abogado de algunas de las empresas joyeras, citado por el Los Angeles Times.
“Para nuestros clientes —joyeros que perdieron el trabajo de toda su vida— este desenlace deja al descubierto una falla del sistema que merece transparencia. Tienen derecho a respuestas claras sobre cómo ocurrió esto y sobre si existen salvaguardas para evitar que vuelva a suceder”, agregó.
Prescilla Flores, quien se había declarado no culpable, se enfrentaba a hasta 15 años de prisión por conspiración. Por su parte, las autoridades indicaron que podría volver a ser acusado si regresa a Estados Unidos.
Mientras tanto, la coordinación entre agencias federales quedó bajo cuestionamiento y el paradero de gran parte del botín continúa siendo un misterio.
Internacionales
Hallados todos los cadáveres de los 10 pasajeros de avioneta accidentada en Indonesia
Los equipos de rescate completaron este viernes el hallazgo de los restos mortales de los 10 pasajeros que iban en una avioneta que se estrelló contra una montaña en Indonesia el fin de semana, informó un funcionario local.
El avión turbohélice de Indonesian Air Transport, fletado por el Ministerio de Pesca indonesio, transportaba a siete tripulantes y tres funcionarios cuando perdió contacto con el control de tráfico aéreo el sábado.
A principios de esta semana se recuperaron ocho cadáveres, mientras los equipos de rescate peinaban las empinadas laderas de la montaña, con sus esfuerzos dificultados por el difícil terreno y las malas condiciones meteorológicas.
Los cuerpos de las dos personas que seguían desaparecidas fueron encontrados este viernes y serán recuperados, informó el responsable local de rescate, Andi Sultan.
La caja negra del avión fue localizada el miércoles y podría arrojar luz sobre las causas del accidente, ocurrido poco antes de que el avión aterrizara en la ciudad de Makassar, según la agencia local de búsqueda y rescate.
Los restos del avión, incluyendo el fuselaje, partes de la cola y las ventanas, fueron encontrados el domingo cerca de la cima de la montaña.
Indonesia, un extenso archipiélago en el sudeste asiático, depende del transporte aéreo para comunicar sus islas.
El país tiene un mal balance en materia de seguridad aérea. El pasado septiembre, un helicóptero con seis pasajeros y dos tripulantes se estrelló poco después de despegar de Borneo Meridional, sin supervivientes.
Menos de dos semanas después, cuatro personas murieron al estrellarse otro helicóptero en el distrito de Ilaga, en la isla de Papúa.
Un grupo de defensa de derechos humanos radicado en Estados Unidos anunció este viernes que pudo confirmar que más de 5,000 personas murieron durante las recientes protestas en Irán, y que en su gran mayoría se trata de civiles abatidos por las fuerzas de seguridad.
Oenegés que monitorean el balance dejado por la represión de las mayores manifestaciones organizadas en Irán en años indicaron que su labor se había visto entorpecida por el corte de internet impuesto por las autoridades desde el 8 de enero, y advirtieron que el saldo real probablemente sea mucho más elevado.
La organización Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, anunció este viernes que había confirmado la muerte de 5.002 personas, incluidas 4,714 manifestantes, 42 menores de edad, 207 miembros de las fuerzas de seguridad y 39 transeúntes.
Sin embargo, el grupo agregó que todavía está investigando otros 9,787 posibles decesos.
Al menos 26.852 personas fueron detenidas, según la misma organización, cuyo balance supera al único que han dado hasta la fecha las autoridades iraníes, de 3,117 muertos.
El organismo que comunicó ese balance el miércoles es la fundación iraní de mártires y veteranos, que distingue entre «mártires» —miembros de las fuerzas de seguridad o transeúntes inocentes— y «alborotadores» respaldados por Estados Unidos. De las 3.117 personas muertas, según la fundación, 2,427 eran «mártires».
Al divulgar su propio balance, HRANA señaló que las autoridades iraníes «intentaron apuntalar el relato oficial del gobierno respecto a las matanzas».
Otra oenegé, Iran Human Rights (IHR), radicada en Noruega, afirmó haber documentado la muerte de al menos 3.428 manifestantes a manos de las fuerzas de seguridad, pero advirtió que el saldo final podría rondar los 25.000 decesos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con nuevas acciones militares contra Teherán en respuesta a la represión, advirtiendo en particular sobre consecuencias en caso de ejecución de manifestantes.
La Casa Blanca indicó el 15 de enero que «800 ejecuciones que estaban programadas y debían realizarse» el 14 de enero «fueron suspendidas» tras las presiones de Washington.
Sin embargo, el fiscal general de Irán, Mohamad Movahedi, calificó esa afirmación de «completamente falsa».
«El irracional y arrogante presidente estadounidense (…) afirmó que impidió la ejecución de 800 personas en Irán. Esa afirmación es completamente falsa: no existe tal cifra, ni el poder judicial ha tomado una decisión en ese sentido», declaró, citado por el sitio web del poder judicial Mizan.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó el viernes a las autoridades iraníes a poner fin a su «represión brutal», en particular «a los juicios sumarios y a las penas desproporcionadas».
