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Nicaragüenses votan este domingo en unas elecciones inclinas a seguir régimen de Daniel Ortega
Ortega, quien llegó al poder por las urnas en 2007 y el jueves cumplirá 76 años, se apresta a iniciar otros cinco años como presidente, a la cabeza del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda) y junto a su poderosa esposa Rosario Murillo (70), candidata a la vicepresidencia por segunda vez.
Su permanencia en la presidencia no se duda. El exguerrillero sandinista, quien también gobernó en los años 1980 luego de que el FSLN derrocara en 1979 al dictador Anastasio Somoza, enfrenta a cinco candidatos derechistas, desconocidos y tachados de colaboradores del gobierno.
Las 13.459 mesas electorales instaladas en todo el país abrieron a las 07H00 locales (13H00 GMT) para unos 4,4 millones de electores convocados a elegir también a 90 diputados de un Congreso que, al igual que todos los poderes del Estado, está bajo control oficial.
«Voté porque es un derecho y porque siga el progreso del país», dijo a la AFP Carlos Reyes, de 39 años, en un centro electoral del barrio Larreynaga, en el este de Managua.
La oposición en el exilio llamó a la abstención. «No hay por quien votar. Esto es un circo electoral. Si ellos están tan seguros de que el pueblo los quiere ¿por qué echaron presos a los aspirantes presidenciales?», dijo a la AFP una secretaria de 51 años, que prefirió no revelar su nombre.
El foco de la elección en este país centroamericano de 6,5 millones de habitantes no es por quién votar, sino si abstenerse o participar, y la reacción de la comunidad internacional que considera estas elecciones no libres ni democráticas.
En algunos centros de votación se formaban filas, pero muchas calles estaban vacías. El FSLN se movilizó casa por casa para llamar a votar, mientras que el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) ha denunciado que existe temor y un control social sobre la población que intimida a la gente para votar.
Crispación electoral
Estos comicios se celebran tres años y medio después de las protestas que exigieron la renuncia de Ortega y cuya represión dejó al menos 328 muertos y más de 100,000 exiliados.
Acercándose los comicios, en junio comenzó una ofensiva contra la oposición: fueron ilegalizados tres partidos, detenidos siete aspirantes presidenciales y otros 32 activistas políticos y sociales, empresarios y periodistas, que se sumaron a unos 120 opositores que aún están presos desde las protestas de 2018.
Los más recientes detenidos están acusados, según leyes aprobadas a fines de 2020, de atentar contra la soberanía, promover sanciones internacionales, «traición a la patria» o «lavado de dinero», como es el caso de la aspirante opositora favorita, Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios (1990-1997) y quien se encuentra en arresto domiciliario.
Ortega es señalado por sus críticos de «nepotismo» y de instaurar una «dictadura». Él acusa a los opositores de «golpistas» apadrinados por Washington.
Desde el exilio, en Costa Rica y otros países, la oposición preparó para este domingo marchas contra lo que califican de «farsa electoral».
En vísperas de la votación, Murillo, única portavoz del gobierno, llamó a participar de la «fiesta electoral» que, dijo, será una «ratificación de la paz».
El gobierno planea convocar a un diálogo, pero analistas críticos estiman que es una estrategia para ganar legitimidad y que no será real con los opositores presos o exiliados.
«No hay que dejarse engañar con cantos de sirena», dijo a AFP la presidenta del Cenidh, Vilma Núñez.
Presión internacional
La comunidad internacional, encabezada por Estados Unidos y la Unión Europea (UE), descalificó previamente los comicios, lo que Ortega calificó de «injerencia inaceptable».
El presidente estadounidense, Joe Biden, cuyo país al igual que la UE adoptó sanciones contra el círculo íntimo de Ortega, se alista para firmar un arsenal de medidas bajo la Ley RENACER, para aumentar la presión.
La situación en Nicaragua se debatirá esta semana en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), donde podría plantearse la suspensión de la participación del país en el bloque regional.
Analistas advierten que un aislamiento empeorará la situación socioeconómica y dispará la migración, aunque el gobierno augura un crecimiento del PIB del 6% con la inyección de remesas -1.400 millones de dólares de enero a agosto-, créditos internacionales y la no imposición de restricciones pese al avance de la pandemia.
El gobierno acreditó el sábado a unos 200 «acompañantes electorales» y periodistas extranjeros que el gobierno considera «amigos». Según el observatorio independiente Urnas Abiertas son «militantes sandinistas» que reemplazan la observación internacional de la OEA o la UE y a medios internacionales.
Unos 30,000 policías y militares resguardan las mesas electorales que cerrarán a las 18H00 locales (00H00 GMT). Según el Consejo Supremo Electoral (CSE), habrá resultados hacia la medianoche.
Las autoridades guatemaltecas elevaron a nueve el saldo de policías asesinados el domingo durante una escalada de violencia de pandilleros, al fallecer este lunes un agente herido en los ataques que llevaron a decretar el estado de sitio.
Grupos criminales desataron una ola de atentados contra la policía en varias partes del país, en represalia por la retoma de tres cárceles donde jefes pandilleros mantenían como rehenes a decenas de guardias para presionar su traslado a prisiones con menores medidas de seguridad, según el gobierno.
Ocho agentes murieron el domingo, mientras que otro, identificado como Frayan Medrano, falleció el lunes en un hospital público tras ser baleado cuando se desplazaba en una motocicleta junto a un compañero que se encuentra en «estado crítico», según reportes de la policía y el ministerio de Gobernación.
El ataque contra Medrano se produjo en un municipio al sur de la capital, en momentos en que la policía liberaba a 46 personas tomadas como rehenes el sábado pasado por presos acusados de pertenecer a pandillas, consideradas terroristas por Guatemala y Estados Unidos.
Debido a ello, el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, declaró la noche del domingo el estado de sitio por 30 días, una medida que autoriza detenciones e interrogatorios sin orden judicial y suspende derechos de reunión y manifestación.
El decreto está en vigor, aun cuando todavía debe ser aprobado por el Congreso, de mayoría opositora, según establece la legislación guatemalteca para los estados de emergencia.
En redes sociales se encuentra circulando un video, el cual muestra el momento en que ocurrió el ataque armado en contra de dos agentes la Policía Nacional Civil (PNC) que circulaban por la 20 calle y 26 avenida de la zona 10 de la ciudad de Guatemala.
Las imágenes dan cuenta que los dos policías iban en un vehículo de dos ruedas por el mencionado lugar, de pronto un automóvil particular los alcanza y se escuchan los disparos.
El video muestra el momento en que los agentes caen a un costado de la ruta, mientras la camioneta desde la que se efectuaron los disparos huye del lugar.
De acuerdo con la información oficial, ambos agentes de la PNC murieron tras el hecho de violencia ocurrido la mañana de este domingo 18 de enero.
Tras la recuperación del control de la cárcel Renovación I, se registraron varios ataques simultáneos en contra de agentes de la PNC, en distintos puntos de la ciudad y otros municipios.
En una respuesta contundente a la escalada de violencia registrada este domingo, el Ministro de la Defensa Nacional, Henry Sáenz, anunció que el Ejército de Guatemala se encuentra en apoyo total al Ministerio de Gobernación. La medida surge tras una serie de ataques simultáneos perpetrados por bandas criminales contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en diversas regiones del país.
El titular de la Defensa fue enfático al declarar que las fuerzas castrenses ya se encuentran operando en las calles. “El Ejército de Guatemala está al 100 por ciento en apoyo del Ministerio de Gobernación y todas sus fuerzas”.
Distribución estratégica: Elementos militares han sido desplegados específicamente en las zonas donde se registraron las agresiones contra los agentes policiales.
Operativos conjuntos: Se han iniciado patrullajes y acciones de seguridad combinadas a nivel nacional para retomar el orden público.
Uso del poder estatal: El Gobierno manifestó que utilizará el monopolio de la fuerza para garantizar la tranquilidad ciudadana ante las reacciones criminales.
El detonante: Éxito en la cárcel “Renovación I”
Las autoridades vinculan los ataques armados de este domingo con la exitosa operación realizada en el centro penitenciario Renovación I. Según el reporte oficial:
Toma de control: El centro carcelario fue recuperado sin registrarse bajas entre las autoridades ni entre la población privada de libertad.
Represalia criminal: Los ataques contra la PNC se ejecutaron de forma simultánea tras informarse sobre la toma de control de dicha cárcel.
Sin privilegios: El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, reiteró que no se cederá ante peticiones de retornar privilegios en los centros penales.
“Con ellos no hay diálogo y vamos a seguir dando resultados… no se va a negociar con terroristas”, sentenciaron los ministros Sáenz y Villeda en conferencia de prensa.
Planes de seguridad: Cinturón de Fuego y Plan Centinela
Para combatir al crimen organizado y transnacional, el Ministerio de la Defensa y Gobernación mantendrán activos varios planes estratégicos de seguridad:
Cinturón de Fuego: Operación de vigilancia para proteger el territorio nacional.
Plan Centinela: Enfocado en el combate al narcotráfico, tráfico de personas y armas.
Tecnología avanzada: Se utilizarán puestos de control y vigilancia con tecnología de punta para blindar a las comunidades.
Enfoque en Escuintla: Se reforzará la Operación Centinela específicamente en el departamento de Escuintla.
