Internacionales
Nicaragüenses votan este domingo en unas elecciones inclinas a seguir régimen de Daniel Ortega
Ortega, quien llegó al poder por las urnas en 2007 y el jueves cumplirá 76 años, se apresta a iniciar otros cinco años como presidente, a la cabeza del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda) y junto a su poderosa esposa Rosario Murillo (70), candidata a la vicepresidencia por segunda vez.
Su permanencia en la presidencia no se duda. El exguerrillero sandinista, quien también gobernó en los años 1980 luego de que el FSLN derrocara en 1979 al dictador Anastasio Somoza, enfrenta a cinco candidatos derechistas, desconocidos y tachados de colaboradores del gobierno.
Las 13.459 mesas electorales instaladas en todo el país abrieron a las 07H00 locales (13H00 GMT) para unos 4,4 millones de electores convocados a elegir también a 90 diputados de un Congreso que, al igual que todos los poderes del Estado, está bajo control oficial.
«Voté porque es un derecho y porque siga el progreso del país», dijo a la AFP Carlos Reyes, de 39 años, en un centro electoral del barrio Larreynaga, en el este de Managua.
La oposición en el exilio llamó a la abstención. «No hay por quien votar. Esto es un circo electoral. Si ellos están tan seguros de que el pueblo los quiere ¿por qué echaron presos a los aspirantes presidenciales?», dijo a la AFP una secretaria de 51 años, que prefirió no revelar su nombre.
El foco de la elección en este país centroamericano de 6,5 millones de habitantes no es por quién votar, sino si abstenerse o participar, y la reacción de la comunidad internacional que considera estas elecciones no libres ni democráticas.
En algunos centros de votación se formaban filas, pero muchas calles estaban vacías. El FSLN se movilizó casa por casa para llamar a votar, mientras que el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) ha denunciado que existe temor y un control social sobre la población que intimida a la gente para votar.
Crispación electoral
Estos comicios se celebran tres años y medio después de las protestas que exigieron la renuncia de Ortega y cuya represión dejó al menos 328 muertos y más de 100,000 exiliados.
Acercándose los comicios, en junio comenzó una ofensiva contra la oposición: fueron ilegalizados tres partidos, detenidos siete aspirantes presidenciales y otros 32 activistas políticos y sociales, empresarios y periodistas, que se sumaron a unos 120 opositores que aún están presos desde las protestas de 2018.
Los más recientes detenidos están acusados, según leyes aprobadas a fines de 2020, de atentar contra la soberanía, promover sanciones internacionales, «traición a la patria» o «lavado de dinero», como es el caso de la aspirante opositora favorita, Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios (1990-1997) y quien se encuentra en arresto domiciliario.
Ortega es señalado por sus críticos de «nepotismo» y de instaurar una «dictadura». Él acusa a los opositores de «golpistas» apadrinados por Washington.
Desde el exilio, en Costa Rica y otros países, la oposición preparó para este domingo marchas contra lo que califican de «farsa electoral».
En vísperas de la votación, Murillo, única portavoz del gobierno, llamó a participar de la «fiesta electoral» que, dijo, será una «ratificación de la paz».
El gobierno planea convocar a un diálogo, pero analistas críticos estiman que es una estrategia para ganar legitimidad y que no será real con los opositores presos o exiliados.
«No hay que dejarse engañar con cantos de sirena», dijo a AFP la presidenta del Cenidh, Vilma Núñez.
Presión internacional
La comunidad internacional, encabezada por Estados Unidos y la Unión Europea (UE), descalificó previamente los comicios, lo que Ortega calificó de «injerencia inaceptable».
El presidente estadounidense, Joe Biden, cuyo país al igual que la UE adoptó sanciones contra el círculo íntimo de Ortega, se alista para firmar un arsenal de medidas bajo la Ley RENACER, para aumentar la presión.
La situación en Nicaragua se debatirá esta semana en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), donde podría plantearse la suspensión de la participación del país en el bloque regional.
Analistas advierten que un aislamiento empeorará la situación socioeconómica y dispará la migración, aunque el gobierno augura un crecimiento del PIB del 6% con la inyección de remesas -1.400 millones de dólares de enero a agosto-, créditos internacionales y la no imposición de restricciones pese al avance de la pandemia.
El gobierno acreditó el sábado a unos 200 «acompañantes electorales» y periodistas extranjeros que el gobierno considera «amigos». Según el observatorio independiente Urnas Abiertas son «militantes sandinistas» que reemplazan la observación internacional de la OEA o la UE y a medios internacionales.
Unos 30,000 policías y militares resguardan las mesas electorales que cerrarán a las 18H00 locales (00H00 GMT). Según el Consejo Supremo Electoral (CSE), habrá resultados hacia la medianoche.
Foto: Cortesía
Rusia lanzó una andanada de misiles y drones contra edificios de apartamentos en Kiev, por segunda vez en una semana, dejando al menos 22 muertos, en la antesala de una cumbre de la OTAN en Turquía.
El ataque ocurre pocos días después de otro bombardeo en la capital ucraniana que dejó más de 30 fallecidos. En esta ocasión, el impacto de los proyectiles abrió un cráter en un bloque de apartamentos de varios pisos, arrancando sus plantas superiores y partiendo el edificio en dos.
Durante la noche, periodistas de la AFP en Kiev reportaron más de diez explosiones en medio de una alerta por misiles balísticos. Uno de los impactos afectó el edificio donde reside Anna Misko, de 36 años, en el barrio de Pozniaki, al este de la capital.
“Tengo un hijo y siempre bajamos a la planta baja”, relató la mujer, quien afirmó haber sobrevivido por milagro, ya que los primeros pisos del edificio quedaron destruidos.
El ataque, el segundo consecutivo en el que Rusia emplea misiles balísticos —considerados difíciles de interceptar— llevó al presidente ucraniano Volodimir Zelenski a reiterar su pedido de más sistemas de defensa aérea, en particular misiles Patriot de fabricación estadounidense.
Zelenski instó a sus aliados a adoptar “decisiones firmes” en apoyo a la defensa aérea de Ucrania, en vísperas de la cumbre de la OTAN que inicia este martes en Ankara, donde se prevé que el mandatario ucraniano sostenga conversaciones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
“Es de una importancia crucial que el mundo —y, ante todo, Estados Unidos y nuestros socios europeos— salga de la cumbre de la OTAN en Ankara con decisiones firmes en apoyo de nuestra defensa aérea”, escribió Zelenski en redes sociales.
Las autoridades ucranianas informaron que los ataques nocturnos dejaron al menos 15 muertos en Kiev y siete en la ciudad de Vyshneve, cercana a la capital, además de decenas de heridos.
Un periodista de la AFP observó cómo equipos de rescate recuperaban el cuerpo de una víctima en el octavo piso de un edificio residencial en Kiev, mientras se escuchaban gritos de una mujer en el lugar.
Según la Fuerza Aérea de Ucrania, Rusia lanzó un total de 68 misiles y 351 drones durante el ataque.
En el distrito norte de Podilski, residentes describieron escenas de destrucción tras las explosiones.
“A la 01H30 de la madrugada se produjo un impacto muy fuerte. Una onda expansiva, todas las ventanas volaron. Y luego golpeó tres veces más”, relató Oleksandr Bakhlukov, de 68 años. “Caía vidrio por todas partes. No quedó ni un solo panel de vidrio en el apartamento”, añadió.
El Ministerio de Defensa ruso aseguró haber ejecutado un “ataque masivo” con misiles y drones contra “empresas del complejo militar-industrial” e instalaciones energéticas en distintas regiones de Ucrania.
Zelenski afirmó que las fuerzas ucranianas lograron derribar drones y misiles de crucero, aunque advirtió que el país cuenta con “un suministro insuficiente de misiles interceptores” para neutralizar proyectiles balísticos.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, señaló que el ataque evidencia la necesidad urgente de reforzar la defensa aérea de Ucrania, tema que será abordado en la reunión de la OTAN.
En paralelo, el ejército ruso informó haber derribado más de 500 drones ucranianos durante la misma noche, mientras que Ucrania reivindicó un ataque contra la refinería de Omsk, en Siberia, a unos 2.500 kilómetros de su frontera, una de las más grandes del país y la más lejana alcanzada por Kiev desde el inicio de la guerra.
El gobernador de la región, Vitali Khotsenko, confirmó el ataque a través de Telegram y señaló que no se registraron víctimas.
Desde el inicio de la invasión en 2022, Rusia ha lanzado de forma recurrente ataques con misiles y drones contra ciudades ucranianas, en un conflicto considerado el más letal en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.
Un nuevo corte eléctrico generalizado afecta este lunes a Cuba, el tercero registrado en los últimos seis meses, según informó la compañía eléctrica estatal en un contexto de profunda crisis energética que atraviesa la isla.
La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) comunicó a través de la red social X que se investigan las causas de la “desconexión total” del sistema eléctrico nacional, que impacta a toda la isla, con una población de 9,6 millones de habitantes.
Las autoridades señalaron que el sistema eléctrico cubano enfrenta un fuerte deterioro debido al envejecimiento de su infraestructura, sumado a las restricciones derivadas del bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos desde enero. Esta situación ha provocado apagones diarios de hasta 24 horas en la capital, mientras que en otras zonas del país pueden extenderse por más de 70 horas.
Cuba atraviesa además una severa crisis económica caracterizada por escasez de alimentos, medicinas y una elevada inflación, lo que se suma a los frecuentes apagones parciales registrados en los últimos meses. El corte de este lunes constituye el tercer apagón general en medio año y el octavo desde finales de 2024.
Desde enero, Washington solo ha autorizado la entrada de un petrolero ruso a la isla, con un cargamento de 100.000 toneladas de petróleo.
La generación eléctrica del país depende principalmente de siete centrales térmicas obsoletas, algunas con más de 40 años de operación, las cuales presentan fallas frecuentes o requieren mantenimiento constante. A ello se suma una red de generadores de respaldo alimentados con diésel importado.
En un intento por reducir la dependencia del petróleo y enfrentar la crisis energética, el gobierno cubano ha impulsado inversiones en energía solar con apoyo de países como China.
Entre 2025 y comienzos de 2026, se instalaron 56 parques solares fotovoltaicos en la isla, los cuales generan más de 1.000 megavatios, lo que representa aproximadamente el 10 % de la producción total de electricidad del país. A finales de 2024, esa cifra era del 3 %, mientras que las autoridades proyectan alcanzar el 15 % para finales de 2026.
El movimiento islamista palestino Hamás anunció este lunes la disolución del organismo que gobernó la Franja de Gaza durante casi dos décadas, una medida que allana el camino para que un comité de tecnócratas asuma la administración del territorio.
La decisión representa un cambio político significativo para el movimiento, que tomó el control del enclave en 2007 tras enfrentamientos con Fatah, la formación del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, con sede en Ramala, en la Cisjordania ocupada.
Desde la entrada en vigor del cese al fuego entre Israel y Hamás en octubre, el grupo islamista ha reiterado su disposición a ceder el poder en Gaza a otra dirección palestina, aunque persisten asuntos pendientes como el desarme del movimiento.
De acuerdo con declaraciones a la AFP del jefe de la oficina de medios del gobierno de Hamás, Ismail al Thawabta, el jefe del comité de emergencia gubernamental, Mohamed al Farra, presentó su renuncia oficial y se decidió disolver dicho comité para facilitar la transición administrativa hacia el Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG).
El NCAG, con sede en El Cairo, fue creado por la denominada “Junta de Paz”, establecida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante las negociaciones que condujeron al alto el fuego entre Hamás e Israel.
Aunque se han planteado diversos escenarios para el futuro del territorio, la implementación en el terreno se mantiene estancada.
Uno de los principales puntos de desacuerdo continúa siendo el desarme de Hamás, posibilidad que el movimiento vincula a una iniciativa política palestina, mientras que Israel se opone a esta condición.
El portavoz de Hamás, Hazem Qasem, afirmó a la AFP que la decisión de renunciar a la administración de la Franja busca “privar a la ocupación de cualquier pretexto para continuar su agresión y su guerra de exterminio”.
Asimismo, un alto cargo del movimiento, que pidió el anonimato, señaló que la decisión fue comunicada a otras facciones palestinas durante una reunión reciente en El Cairo, y aseguró que estas la habrían aprobado.
El presidente del NCAG, Ali Shaath, escribió en la red social X que el organismo está preparado para asumir sus responsabilidades “tan pronto como estén disponibles los recursos y capacidades necesarios”. La “Junta de Paz” reiteró, por su parte, que el principio fundamental del proceso es la concentración de todas las armas bajo el control del NCAG.
El politólogo Mkhaimar Abusada calificó la medida como principalmente “simbólica”, al señalar que el principal obstáculo sigue siendo la aceptación del desarme de Hamás.
La primera fase del alto el fuego permitió la liberación de los últimos rehenes israelíes retenidos por Hamás, a cambio de palestinos encarcelados en Israel. Sin embargo, el paso a la segunda fase, que contemplaba el desarme del movimiento y una retirada progresiva de las fuerzas israelíes de Gaza, permanece estancado, mientras Israel ha reforzado su presencia en el territorio.
Israel ha descartado el regreso de Hamás al poder y, al mismo tiempo, se opone a que la Autoridad Palestina asuma el control.
En paralelo, Hamás e Israel se acusan mutuamente de violar el alto el fuego. Según el Ministerio de Salud de Gaza, bajo la autoridad del movimiento, al menos 1,072 palestinos han muerto desde la entrada en vigor de la tregua, cifras que la ONU considera fiables. El ejército israelí, por su parte, reporta seis bajas en el mismo periodo, entre ellas cinco soldados y un contratista.
