Internacionales
Nicaragüenses votan este domingo en unas elecciones inclinas a seguir régimen de Daniel Ortega
Ortega, quien llegó al poder por las urnas en 2007 y el jueves cumplirá 76 años, se apresta a iniciar otros cinco años como presidente, a la cabeza del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda) y junto a su poderosa esposa Rosario Murillo (70), candidata a la vicepresidencia por segunda vez.
Su permanencia en la presidencia no se duda. El exguerrillero sandinista, quien también gobernó en los años 1980 luego de que el FSLN derrocara en 1979 al dictador Anastasio Somoza, enfrenta a cinco candidatos derechistas, desconocidos y tachados de colaboradores del gobierno.
Las 13.459 mesas electorales instaladas en todo el país abrieron a las 07H00 locales (13H00 GMT) para unos 4,4 millones de electores convocados a elegir también a 90 diputados de un Congreso que, al igual que todos los poderes del Estado, está bajo control oficial.
«Voté porque es un derecho y porque siga el progreso del país», dijo a la AFP Carlos Reyes, de 39 años, en un centro electoral del barrio Larreynaga, en el este de Managua.
La oposición en el exilio llamó a la abstención. «No hay por quien votar. Esto es un circo electoral. Si ellos están tan seguros de que el pueblo los quiere ¿por qué echaron presos a los aspirantes presidenciales?», dijo a la AFP una secretaria de 51 años, que prefirió no revelar su nombre.
El foco de la elección en este país centroamericano de 6,5 millones de habitantes no es por quién votar, sino si abstenerse o participar, y la reacción de la comunidad internacional que considera estas elecciones no libres ni democráticas.
En algunos centros de votación se formaban filas, pero muchas calles estaban vacías. El FSLN se movilizó casa por casa para llamar a votar, mientras que el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) ha denunciado que existe temor y un control social sobre la población que intimida a la gente para votar.
Crispación electoral
Estos comicios se celebran tres años y medio después de las protestas que exigieron la renuncia de Ortega y cuya represión dejó al menos 328 muertos y más de 100,000 exiliados.
Acercándose los comicios, en junio comenzó una ofensiva contra la oposición: fueron ilegalizados tres partidos, detenidos siete aspirantes presidenciales y otros 32 activistas políticos y sociales, empresarios y periodistas, que se sumaron a unos 120 opositores que aún están presos desde las protestas de 2018.
Los más recientes detenidos están acusados, según leyes aprobadas a fines de 2020, de atentar contra la soberanía, promover sanciones internacionales, «traición a la patria» o «lavado de dinero», como es el caso de la aspirante opositora favorita, Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios (1990-1997) y quien se encuentra en arresto domiciliario.
Ortega es señalado por sus críticos de «nepotismo» y de instaurar una «dictadura». Él acusa a los opositores de «golpistas» apadrinados por Washington.
Desde el exilio, en Costa Rica y otros países, la oposición preparó para este domingo marchas contra lo que califican de «farsa electoral».
En vísperas de la votación, Murillo, única portavoz del gobierno, llamó a participar de la «fiesta electoral» que, dijo, será una «ratificación de la paz».
El gobierno planea convocar a un diálogo, pero analistas críticos estiman que es una estrategia para ganar legitimidad y que no será real con los opositores presos o exiliados.
«No hay que dejarse engañar con cantos de sirena», dijo a AFP la presidenta del Cenidh, Vilma Núñez.
Presión internacional
La comunidad internacional, encabezada por Estados Unidos y la Unión Europea (UE), descalificó previamente los comicios, lo que Ortega calificó de «injerencia inaceptable».
El presidente estadounidense, Joe Biden, cuyo país al igual que la UE adoptó sanciones contra el círculo íntimo de Ortega, se alista para firmar un arsenal de medidas bajo la Ley RENACER, para aumentar la presión.
La situación en Nicaragua se debatirá esta semana en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), donde podría plantearse la suspensión de la participación del país en el bloque regional.
Analistas advierten que un aislamiento empeorará la situación socioeconómica y dispará la migración, aunque el gobierno augura un crecimiento del PIB del 6% con la inyección de remesas -1.400 millones de dólares de enero a agosto-, créditos internacionales y la no imposición de restricciones pese al avance de la pandemia.
El gobierno acreditó el sábado a unos 200 «acompañantes electorales» y periodistas extranjeros que el gobierno considera «amigos». Según el observatorio independiente Urnas Abiertas son «militantes sandinistas» que reemplazan la observación internacional de la OEA o la UE y a medios internacionales.
Unos 30,000 policías y militares resguardan las mesas electorales que cerrarán a las 18H00 locales (00H00 GMT). Según el Consejo Supremo Electoral (CSE), habrá resultados hacia la medianoche.
Internacionales
Senado de Estados Unidos aprueba 70,000 millones de dólares para la ofensiva migratoria de Trump
El Senado de Estados Unidos aprobó una asignación de 70.000 millones de dólares destinada a financiar la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump, tras una extensa jornada de votaciones sobre diversas enmiendas que pusieron de manifiesto diferencias dentro del Partido Republicano.
La iniciativa contempla recursos para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza durante el resto del mandato presidencial. Con esta aprobación, el proyecto avanza a la Cámara de Representantes, donde los líderes republicanos prevén discutirlo en los próximos días antes de enviarlo al mandatario para su eventual sanción.
La votación se produjo después del cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) registrado a principios de año, cuando los demócratas rechazaron respaldar nuevos fondos para la aplicación de las leyes migratorias sin restricciones específicas. Entre los puntos cuestionados se encontraban las redadas y el uso de máscaras por parte de agentes migratorios.
Ante la falta de consenso con la oposición, los republicanos recurrieron al mecanismo de reconciliación presupuestaria, que permite aprobar determinadas medidas con mayoría simple siempre que mantengan el respaldo de sus propios legisladores.
Durante el debate también surgieron discrepancias internas sobre otras iniciativas vinculadas a las prioridades de Trump, entre ellas un fondo destinado a compensar a personas que afirman haber sido perseguidas políticamente por administraciones anteriores. Algunos senadores expresaron preocupación por el impacto político de estas propuestas y buscaron limitar o eliminar ciertos componentes del paquete.
Los demócratas, por su parte, intentaron redirigir parte de los recursos hacia programas de vivienda y otras áreas sociales, argumentando que la prioridad debería centrarse en asuntos relacionados con el costo de vida y la inflación.
El gobierno de Francia analiza cómo responder a las críticas surgidas tras la desaparición de una niña de 11 años, en un caso que ha generado cuestionamientos sobre el funcionamiento del sistema judicial y el tratamiento de denuncias previas por agresiones sexuales contra el principal sospechoso.
La menor, identificada como Lyhanna, desapareció el 29 de mayo en la localidad de Fleurance, en el suroeste del país. Según las investigaciones, la última vez que fue vista con vida fue cuando subía al vehículo de un hombre señalado posteriormente como principal sospechoso, quien es padre de una amiga de la niña.
Las autoridades informaron que, tras varios días de búsqueda, fue hallado un cadáver con características similares a las de la menor en un silo agrícola abandonado. Las diligencias continúan para confirmar formalmente la identidad del cuerpo y determinar las causas de la muerte.
El principal sospechoso, identificado como Jérôme B., había sido acusado previamente de secuestro y se encontraba encarcelado. De acuerdo con la fiscal local, el hombre acumulaba varias denuncias por presuntos delitos sexuales contra menores presentadas entre 2017 y 2025. Algunos de estos casos fueron archivados por falta de pruebas o por declaraciones de las denunciantes.
Ante la conmoción generada por el caso, el presidente francés, Emmanuel Macron, reconoció la existencia de posibles fallos y deficiencias que deberán ser esclarecidos. Asimismo, expresó su solidaridad con la familia de la menor.
El primer ministro, Sébastien Lecornu, sostuvo una reunión con los ministros de Justicia e Interior para revisar los posibles errores judiciales y ordenó una investigación administrativa. Paralelamente, la gendarmería y las autoridades judiciales anunciaron revisiones de procedimientos relacionados con casos sensibles que involucran a menores.
El caso ha reavivado el debate en Francia sobre la atención que reciben las denuncias de violencia sexual contra menores. Según datos de la comisión independiente Civiise, una parte significativa de estas denuncias son archivadas sin llegar a una condena judicial.
Internacionales
La OMS y agencia de salud africana lanzan plan de $518 millones para combatir brote de ébola
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (CDC de África), agencia de salud pública de la Unión Africana, lanzaron un plan conjunto valorado en 518 millones de dólares para responder al brote de ébola que afecta a África central.
Las instituciones informaron que la estrategia se ejecutará entre junio y noviembre. El brote fue declarado el 15 de mayo en el noreste de la República Democrática del Congo (RDC), aunque se considera que la cepa Bundibugyo del virus del Ébola pudo haber estado propagándose de manera inadvertida antes de su detección.
De acuerdo con las cifras más recientes de la OMS, en la RDC se han confirmado 381 casos y 64 fallecimientos. El brote afecta a tres provincias del país, con epicentro en Ituri, donde se concentra el 90 % de los casos confirmados y el 76 % de las muertes, según los CDC de África.
En Uganda, país vecino de la RDC, se han confirmado 16 casos, incluida una muerte.
Durante una rueda de prensa, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, explicó que el plan contempla acciones de coordinación de emergencias, vigilancia epidemiológica, pruebas de laboratorio, prevención y control de infecciones, atención clínica y movilización comunitaria.
El funcionario indicó que la iniciativa tiene un plazo definido de junio a noviembre y cuenta con un presupuesto de 518 millones de dólares. Según los CDC de África, el actual brote de la cepa Bundibugyo supera en magnitud a los registrados en 2007 y 2012.
