Internacionales
Nicaragüenses votan este domingo en unas elecciones inclinas a seguir régimen de Daniel Ortega
Ortega, quien llegó al poder por las urnas en 2007 y el jueves cumplirá 76 años, se apresta a iniciar otros cinco años como presidente, a la cabeza del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda) y junto a su poderosa esposa Rosario Murillo (70), candidata a la vicepresidencia por segunda vez.
Su permanencia en la presidencia no se duda. El exguerrillero sandinista, quien también gobernó en los años 1980 luego de que el FSLN derrocara en 1979 al dictador Anastasio Somoza, enfrenta a cinco candidatos derechistas, desconocidos y tachados de colaboradores del gobierno.
Las 13.459 mesas electorales instaladas en todo el país abrieron a las 07H00 locales (13H00 GMT) para unos 4,4 millones de electores convocados a elegir también a 90 diputados de un Congreso que, al igual que todos los poderes del Estado, está bajo control oficial.
«Voté porque es un derecho y porque siga el progreso del país», dijo a la AFP Carlos Reyes, de 39 años, en un centro electoral del barrio Larreynaga, en el este de Managua.
La oposición en el exilio llamó a la abstención. «No hay por quien votar. Esto es un circo electoral. Si ellos están tan seguros de que el pueblo los quiere ¿por qué echaron presos a los aspirantes presidenciales?», dijo a la AFP una secretaria de 51 años, que prefirió no revelar su nombre.
El foco de la elección en este país centroamericano de 6,5 millones de habitantes no es por quién votar, sino si abstenerse o participar, y la reacción de la comunidad internacional que considera estas elecciones no libres ni democráticas.
En algunos centros de votación se formaban filas, pero muchas calles estaban vacías. El FSLN se movilizó casa por casa para llamar a votar, mientras que el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) ha denunciado que existe temor y un control social sobre la población que intimida a la gente para votar.
Crispación electoral
Estos comicios se celebran tres años y medio después de las protestas que exigieron la renuncia de Ortega y cuya represión dejó al menos 328 muertos y más de 100,000 exiliados.
Acercándose los comicios, en junio comenzó una ofensiva contra la oposición: fueron ilegalizados tres partidos, detenidos siete aspirantes presidenciales y otros 32 activistas políticos y sociales, empresarios y periodistas, que se sumaron a unos 120 opositores que aún están presos desde las protestas de 2018.
Los más recientes detenidos están acusados, según leyes aprobadas a fines de 2020, de atentar contra la soberanía, promover sanciones internacionales, «traición a la patria» o «lavado de dinero», como es el caso de la aspirante opositora favorita, Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios (1990-1997) y quien se encuentra en arresto domiciliario.
Ortega es señalado por sus críticos de «nepotismo» y de instaurar una «dictadura». Él acusa a los opositores de «golpistas» apadrinados por Washington.
Desde el exilio, en Costa Rica y otros países, la oposición preparó para este domingo marchas contra lo que califican de «farsa electoral».
En vísperas de la votación, Murillo, única portavoz del gobierno, llamó a participar de la «fiesta electoral» que, dijo, será una «ratificación de la paz».
El gobierno planea convocar a un diálogo, pero analistas críticos estiman que es una estrategia para ganar legitimidad y que no será real con los opositores presos o exiliados.
«No hay que dejarse engañar con cantos de sirena», dijo a AFP la presidenta del Cenidh, Vilma Núñez.
Presión internacional
La comunidad internacional, encabezada por Estados Unidos y la Unión Europea (UE), descalificó previamente los comicios, lo que Ortega calificó de «injerencia inaceptable».
El presidente estadounidense, Joe Biden, cuyo país al igual que la UE adoptó sanciones contra el círculo íntimo de Ortega, se alista para firmar un arsenal de medidas bajo la Ley RENACER, para aumentar la presión.
La situación en Nicaragua se debatirá esta semana en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), donde podría plantearse la suspensión de la participación del país en el bloque regional.
Analistas advierten que un aislamiento empeorará la situación socioeconómica y dispará la migración, aunque el gobierno augura un crecimiento del PIB del 6% con la inyección de remesas -1.400 millones de dólares de enero a agosto-, créditos internacionales y la no imposición de restricciones pese al avance de la pandemia.
El gobierno acreditó el sábado a unos 200 «acompañantes electorales» y periodistas extranjeros que el gobierno considera «amigos». Según el observatorio independiente Urnas Abiertas son «militantes sandinistas» que reemplazan la observación internacional de la OEA o la UE y a medios internacionales.
Unos 30,000 policías y militares resguardan las mesas electorales que cerrarán a las 18H00 locales (00H00 GMT). Según el Consejo Supremo Electoral (CSE), habrá resultados hacia la medianoche.
Ante los recientes ataques armados contra agentes de la Policía Nacional Civil y el repunte de violencia en Guatemala, el director general de la PNC, David Custodio Boteo, ordenó alerta máxima a nivel nacional.
Mediante un comunicado, el titular de la institución giró instrucciones a todo el personal con el objetivo de enfrentar la emergencia y evitar más víctimas. De acuerdo con reportes preliminares, los atentados han dejado al menos siete agentes fallecidos y varios heridos.
Los ataques se registraron tras la recuperación de un penal y ocurrieron en distintos puntos del país, según la información oficial.
#CRONIO Guatemala de luto por ataques terroristas contra agentes de la PNC. pic.twitter.com/RABq3Ckb2G
— Diario Digital Cronio (@croniosv) January 18, 2026
Un enfrentamiento entre dos grupos disidentes de la extinta guerrilla de las FARC dejó más de 20 combatientes muertos en la región del Guaviare, bastión rebelde en la Amazonía colombiana, informaron este domingo fuentes del Ejército a la AFP.
Los rebeldes al mando de Iván Mordisco, el criminal más buscado del país, y los liderados por alias «Calarcá» le dieron la espalda al Acuerdo de Paz de 2016 que desarmó al grueso de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y ahora están en una guerra a muerte por las lucrativas rentas del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión en el país.
El choque en Guaviare deja una cifra inicial de 27 muertos según el Ejército, pero todavía no hay un balance oficial. Por motivos de seguridad, aún no han hecho la incursión en terreno ni el levantamiento de cadáveres.
La «principal motivación» de los enfrentamientos es la «disputa por el control del territorio», dijo el organismo en un comunicado en X el sábado.
Un video compartido a la AFP por el Ejército y que circula en redes sociales muestra más de 20 cadáveres, ataviados con ropa de camuflaje y botas sobre una vía sin pavimentar.
Tras el vacío de poder que dejó el desarme de las FARC, los facciones enemigas están sumidas en violentos enfrentamientos para delimitar sus zonas de control y corredores estratégicos para traficar droga.
«Llamamos a todos los actores armados a respetar el Derecho Internacional Humanitario», dijo la Defensoría en X tras la confrontación.
Mordisco mantuvo diálogos de paz con el gobierno del izquierdista Gustavo Petro durante un año, pero abandonó la mesa de negociaciones en 2024 y aumentó la violencia contra civiles y fuerza pública.
Por su parte, Calarcá está en intermitentes y estancadas negociaciones con en Ejecutivo tras un escándalo sobre su infiltración en el gobierno.
A cuatro meses de las elecciones y tras acusaciones de la oposición sobre trato indulgente a los rebeldes, Petro ha aumentado la presión contra los grupos ilegales.
En noviembre lanzó el ataque más letal de su gobierno, que se saldó con la muerte de 19 seguidores de Mordisco, entre ellos varios menores.
Petro compara al líder guerrillero con el difunto barón de la cocaína Pablo Escobar. Mordisco se suele mover en frondosas y selváticas regiones del país, de difícil acceso, para esquivar a las autoridades.
Tras un año de agria relación con Estados Unidos, Colombia se está acercando nuevamente a su principal aliado militar. En una llamada la semana pasada, Petro y el presidente Donald Trump acordaron golpear conjuntamente a los grupos narcotraficantes del país sudamericano, el mayor productor de cocaína de mundo.
Un sujeto con actitud violenta agredió a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) durante un intento de arresto en Guatemala.
En un video difundido en redes sociales se observa el momento en que el individuo golpea repentinamente a uno de los agentes, mientras los demás policías no reaccionan de inmediato ante la agresión.
En las imágenes también se aprecia a otro hombre, presuntamente amigo del agresor, quien se acerca al lugar para intervenir y evitar que la situación se agravara.
De acuerdo con los informes, más agentes policiales llegaron posteriormente para capturar al sujeto y ponerlo en vías de investigación.
