Internacionales
Nicaragüenses votan este domingo en unas elecciones inclinas a seguir régimen de Daniel Ortega
Ortega, quien llegó al poder por las urnas en 2007 y el jueves cumplirá 76 años, se apresta a iniciar otros cinco años como presidente, a la cabeza del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda) y junto a su poderosa esposa Rosario Murillo (70), candidata a la vicepresidencia por segunda vez.
Su permanencia en la presidencia no se duda. El exguerrillero sandinista, quien también gobernó en los años 1980 luego de que el FSLN derrocara en 1979 al dictador Anastasio Somoza, enfrenta a cinco candidatos derechistas, desconocidos y tachados de colaboradores del gobierno.
Las 13.459 mesas electorales instaladas en todo el país abrieron a las 07H00 locales (13H00 GMT) para unos 4,4 millones de electores convocados a elegir también a 90 diputados de un Congreso que, al igual que todos los poderes del Estado, está bajo control oficial.
«Voté porque es un derecho y porque siga el progreso del país», dijo a la AFP Carlos Reyes, de 39 años, en un centro electoral del barrio Larreynaga, en el este de Managua.
La oposición en el exilio llamó a la abstención. «No hay por quien votar. Esto es un circo electoral. Si ellos están tan seguros de que el pueblo los quiere ¿por qué echaron presos a los aspirantes presidenciales?», dijo a la AFP una secretaria de 51 años, que prefirió no revelar su nombre.
El foco de la elección en este país centroamericano de 6,5 millones de habitantes no es por quién votar, sino si abstenerse o participar, y la reacción de la comunidad internacional que considera estas elecciones no libres ni democráticas.
En algunos centros de votación se formaban filas, pero muchas calles estaban vacías. El FSLN se movilizó casa por casa para llamar a votar, mientras que el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) ha denunciado que existe temor y un control social sobre la población que intimida a la gente para votar.
Crispación electoral
Estos comicios se celebran tres años y medio después de las protestas que exigieron la renuncia de Ortega y cuya represión dejó al menos 328 muertos y más de 100,000 exiliados.
Acercándose los comicios, en junio comenzó una ofensiva contra la oposición: fueron ilegalizados tres partidos, detenidos siete aspirantes presidenciales y otros 32 activistas políticos y sociales, empresarios y periodistas, que se sumaron a unos 120 opositores que aún están presos desde las protestas de 2018.
Los más recientes detenidos están acusados, según leyes aprobadas a fines de 2020, de atentar contra la soberanía, promover sanciones internacionales, «traición a la patria» o «lavado de dinero», como es el caso de la aspirante opositora favorita, Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios (1990-1997) y quien se encuentra en arresto domiciliario.
Ortega es señalado por sus críticos de «nepotismo» y de instaurar una «dictadura». Él acusa a los opositores de «golpistas» apadrinados por Washington.
Desde el exilio, en Costa Rica y otros países, la oposición preparó para este domingo marchas contra lo que califican de «farsa electoral».
En vísperas de la votación, Murillo, única portavoz del gobierno, llamó a participar de la «fiesta electoral» que, dijo, será una «ratificación de la paz».
El gobierno planea convocar a un diálogo, pero analistas críticos estiman que es una estrategia para ganar legitimidad y que no será real con los opositores presos o exiliados.
«No hay que dejarse engañar con cantos de sirena», dijo a AFP la presidenta del Cenidh, Vilma Núñez.
Presión internacional
La comunidad internacional, encabezada por Estados Unidos y la Unión Europea (UE), descalificó previamente los comicios, lo que Ortega calificó de «injerencia inaceptable».
El presidente estadounidense, Joe Biden, cuyo país al igual que la UE adoptó sanciones contra el círculo íntimo de Ortega, se alista para firmar un arsenal de medidas bajo la Ley RENACER, para aumentar la presión.
La situación en Nicaragua se debatirá esta semana en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), donde podría plantearse la suspensión de la participación del país en el bloque regional.
Analistas advierten que un aislamiento empeorará la situación socioeconómica y dispará la migración, aunque el gobierno augura un crecimiento del PIB del 6% con la inyección de remesas -1.400 millones de dólares de enero a agosto-, créditos internacionales y la no imposición de restricciones pese al avance de la pandemia.
El gobierno acreditó el sábado a unos 200 «acompañantes electorales» y periodistas extranjeros que el gobierno considera «amigos». Según el observatorio independiente Urnas Abiertas son «militantes sandinistas» que reemplazan la observación internacional de la OEA o la UE y a medios internacionales.
Unos 30,000 policías y militares resguardan las mesas electorales que cerrarán a las 18H00 locales (00H00 GMT). Según el Consejo Supremo Electoral (CSE), habrá resultados hacia la medianoche.
Internacionales
Senado de México aprueba ingreso de militares de EE. UU. para adiestrar a marinos de cara al Mundial
El Senado de México aprobó este miércoles el ingreso de 35 militares de Estados Unidos para que entrenen al personal de la Marina encargado de la seguridad del mundial de fútbol de Norteamérica, que arranca el 11 de junio.
La cámara alta, responsable de autorizar el ingreso de tropas militares extranjeras a territorio mexicano, aprobó la misión con los votos de 110 de los 128 senadores. Cinco se abstuvieron y uno votó en contra.
La delegación ingresará al país con armamento en un avión Hércules C-130 de la fuerza aérea estadounidense, detalló el Senado en un comunicado.
El «Adiestramiento en Preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y Ejercicio VITAL ARCHER» se llevará a cabo del 3 de abril al 1 de mayo próximos, agregó la institución.
El entrenamiento estará dirigido a miembros de las unidades de Operaciones Especiales y de Protección Aeroportuaria, la Agencia Federal de Aviación Civil y de la Fuerza de Tarea Copa Mundial de Fútbol 2026 (FTCMF 2026), precisó.
Según el Senado, la misión «tiene como objetivo fortalecer las preparaciones para la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA y, realizar ensayos para preparar a la FTCMF 2026, para reaccionar ante cualquier contingencia».
El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha incrementado la cooperación en seguridad con Washington, bajo la fuerte presión de Donald Trump para combatir el narcotráfico.
El magnate republicano amenaza incluso con la posibilidad de intervenir militarmente en México para atacar a los cárteles de la droga.
La apertura de los mercados internacionales mostró un comportamiento negativo, reflejando la creciente incertidumbre por el conflicto en Medio Oriente y la falta de avances diplomáticos entre Estados Unidos e Irán.
En México, el principal indicador bursátil, el S&P/BMV IPC, registró una caída del 0.97%, ubicándose en 67,528 puntos, en medio de una menor disposición al riesgo por parte de los inversionistas.
El alza en los precios del petróleo, que nuevamente superó los $100 por barril, ha sido uno de los factores clave detrás de este comportamiento, ya que incrementa las preocupaciones sobre presiones inflacionarias a nivel global.
En el mercado cambiario, el peso mexicano mostró debilidad frente al dólar, cotizando entre 17.76 y 17.86 unidades, posicionándose entre las monedas emergentes con mayores pérdidas.
El índice DXY se ubicó cerca de los 99.93 puntos, alcanzando máximos de los últimos tres días.
Asimismo, los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos registraron incrementos en toda su curva, reflejando expectativas de una inflación más alta derivada del encarecimiento de la energía.
Por su parte, la OCDE advirtió que el actual contexto podría provocar un freno en el crecimiento económico global, acompañado de un repunte inflacionario, lo que añade presión a los mercados.
Tras recibir 95 solicitudes de compensación económica, la Iglesia rechazó 28, pero aún podría aprobar una decena más, precisó la Conferencia Episcopal Portuguesa en un comunicado.
Las cantidades concedidas a las 57 víctimas de abusos sexuales cometidos contra «menores o adultos vulnerables», cuyos expedientes ya fueron cerrados, oscilan entre 9.000 y 45.000 euros (entre unos 10.400 y 52.000 dólares).
«Sabemos que la concesión de una compensación económica no borra lo ocurrido ni elimina las consecuencias de los abusos en la vida de quienes los sufrieron», explicó la conferencia episcopal.
«Con este gesto concreto la Iglesia en Portugal quiere reconocer el sufrimiento y la dignidad de cada persona que fue víctima de tales abusos, buscando la posible reparación de los daños sufridos», añadió.
Un informe, solicitado por los obispos pero elaborado por una comisión independiente, concluyó en febrero de 2023 que al menos 4.815 menores habían sido víctimas de abusos sexuales dentro de la Iglesia católica portuguesa desde 1950.
Luego de recopilar más de 500 testimonios en el plazo de un año, este grupo de expertos también determinó que estos abusos fueron encubiertos por la jerarquía eclesiástica de forma «sistémica».
Los obispos portugueses pidieron entonces perdón a las víctimas, y el papa Francisco se reunió con 13 de ellas durante su visita a Portugal en agosto de 2023, con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa.
