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Nicaragüenses votan este domingo en unas elecciones inclinas a seguir régimen de Daniel Ortega
Ortega, quien llegó al poder por las urnas en 2007 y el jueves cumplirá 76 años, se apresta a iniciar otros cinco años como presidente, a la cabeza del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda) y junto a su poderosa esposa Rosario Murillo (70), candidata a la vicepresidencia por segunda vez.
Su permanencia en la presidencia no se duda. El exguerrillero sandinista, quien también gobernó en los años 1980 luego de que el FSLN derrocara en 1979 al dictador Anastasio Somoza, enfrenta a cinco candidatos derechistas, desconocidos y tachados de colaboradores del gobierno.
Las 13.459 mesas electorales instaladas en todo el país abrieron a las 07H00 locales (13H00 GMT) para unos 4,4 millones de electores convocados a elegir también a 90 diputados de un Congreso que, al igual que todos los poderes del Estado, está bajo control oficial.
«Voté porque es un derecho y porque siga el progreso del país», dijo a la AFP Carlos Reyes, de 39 años, en un centro electoral del barrio Larreynaga, en el este de Managua.
La oposición en el exilio llamó a la abstención. «No hay por quien votar. Esto es un circo electoral. Si ellos están tan seguros de que el pueblo los quiere ¿por qué echaron presos a los aspirantes presidenciales?», dijo a la AFP una secretaria de 51 años, que prefirió no revelar su nombre.
El foco de la elección en este país centroamericano de 6,5 millones de habitantes no es por quién votar, sino si abstenerse o participar, y la reacción de la comunidad internacional que considera estas elecciones no libres ni democráticas.
En algunos centros de votación se formaban filas, pero muchas calles estaban vacías. El FSLN se movilizó casa por casa para llamar a votar, mientras que el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) ha denunciado que existe temor y un control social sobre la población que intimida a la gente para votar.
Crispación electoral
Estos comicios se celebran tres años y medio después de las protestas que exigieron la renuncia de Ortega y cuya represión dejó al menos 328 muertos y más de 100,000 exiliados.
Acercándose los comicios, en junio comenzó una ofensiva contra la oposición: fueron ilegalizados tres partidos, detenidos siete aspirantes presidenciales y otros 32 activistas políticos y sociales, empresarios y periodistas, que se sumaron a unos 120 opositores que aún están presos desde las protestas de 2018.
Los más recientes detenidos están acusados, según leyes aprobadas a fines de 2020, de atentar contra la soberanía, promover sanciones internacionales, «traición a la patria» o «lavado de dinero», como es el caso de la aspirante opositora favorita, Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios (1990-1997) y quien se encuentra en arresto domiciliario.
Ortega es señalado por sus críticos de «nepotismo» y de instaurar una «dictadura». Él acusa a los opositores de «golpistas» apadrinados por Washington.
Desde el exilio, en Costa Rica y otros países, la oposición preparó para este domingo marchas contra lo que califican de «farsa electoral».
En vísperas de la votación, Murillo, única portavoz del gobierno, llamó a participar de la «fiesta electoral» que, dijo, será una «ratificación de la paz».
El gobierno planea convocar a un diálogo, pero analistas críticos estiman que es una estrategia para ganar legitimidad y que no será real con los opositores presos o exiliados.
«No hay que dejarse engañar con cantos de sirena», dijo a AFP la presidenta del Cenidh, Vilma Núñez.
Presión internacional
La comunidad internacional, encabezada por Estados Unidos y la Unión Europea (UE), descalificó previamente los comicios, lo que Ortega calificó de «injerencia inaceptable».
El presidente estadounidense, Joe Biden, cuyo país al igual que la UE adoptó sanciones contra el círculo íntimo de Ortega, se alista para firmar un arsenal de medidas bajo la Ley RENACER, para aumentar la presión.
La situación en Nicaragua se debatirá esta semana en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), donde podría plantearse la suspensión de la participación del país en el bloque regional.
Analistas advierten que un aislamiento empeorará la situación socioeconómica y dispará la migración, aunque el gobierno augura un crecimiento del PIB del 6% con la inyección de remesas -1.400 millones de dólares de enero a agosto-, créditos internacionales y la no imposición de restricciones pese al avance de la pandemia.
El gobierno acreditó el sábado a unos 200 «acompañantes electorales» y periodistas extranjeros que el gobierno considera «amigos». Según el observatorio independiente Urnas Abiertas son «militantes sandinistas» que reemplazan la observación internacional de la OEA o la UE y a medios internacionales.
Unos 30,000 policías y militares resguardan las mesas electorales que cerrarán a las 18H00 locales (00H00 GMT). Según el Consejo Supremo Electoral (CSE), habrá resultados hacia la medianoche.
Recientemente el director de la Policía Nacional de Honduras, Rigoberto Oseguera, presentó un balance sobre la situación de seguridad que registra el vecino país. A su vez, anunció la implementación de operativos de alto impacto en el departamento de Olancho (noreste).
El jefe policial también explicó que el municipio de Choloma en el departamento de Cortés (norte), es una zona crítica de criminalidad a nivel regional, a pesar de que el Valle de Sula (que abarca departamentos del noroccidente), muestra una tendencia a la baja.
En tanto, «el Distrito Central [Tegucigalpa y Comayagüela] tiene una gran cantidad de homicidios; sin embargo, en tasa es de los más bajos por la densidad poblacional. Aun así, la incidencia en Francisco Morazán es digna de una atención especial».
Oseguera detalló que como institución policial mantienen activos cinco equipos de intervención táctica distribuidos en la región de Valle de Sula, los departamentos de Olancho y Francisco Morazán y en el sur del país. Añadió que en el municipio de Concordia, en Olancho, se han detectado diversas incidencias criminales.
«Es una situación fuerte, son problemas sociales de toda una vida en la región, pero es hora de trabajar y no dar excusas», subrayó.
La guerra en Oriente Medio ha causado estragos en los mercados energéticos, especialmente después de que Irán bloqueara casi por completo el estrecho de Ormuz, por donde pasaba una quinta parte del petróleo y el gas mundiales.
Esto ralentizó drásticamente el tráfico marítimo e hizo subir las tarifas de tránsito.
A principios de abril, antes de alcanzar un frágil alto el fuego con Estados Unidos, Irán anunció que permitiría el tránsito de buques iraquíes por esta importante vía marítima.
El Ministerio de Petróleo iraquí no dio detalles ni precisó cuándo se alcanzaron los acuerdos.
El portavoz del Ministerio de Petróleo iraquí, Saheb Bazoun, declaró a la Agencia de Noticias Iraquí (INA) que «existen acuerdos con las partes estadounidense e iraní para eludir el bloqueo impuesto al estrecho de Ormuz, y con todas las partes para garantizar las exportaciones».
Irak, miembro fundador de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), exporta normalmente la mayor parte de su crudo a través del estrecho de Ormuz y se ha visto obligado a buscar rutas alternativas.
Bazoun declaró a INA que Irak utiliza rutas de exportación secundarias, como un oleoducto hacia el puerto turco de Ceyhan y a través del puerto sirio de Baniás.
Las autoridades anunciaron a principios de este mes que Irak ha comenzado a exportar crudo en camiones cisterna a través de Siria, tras reanudar la exportación de 250.000 barriles diarios a través de Ceyhan.
Donald Trump amenazó con «eliminar» cualquier barco iraní que intente forzar el bloqueo naval de los puertos de Irán impuesto por Estados Unidos y que entró en vigor ayer. Con este nuevo bloqueo, los precios del petróleo se dispararon alrededor de 7 % y la mayoría de las bolsas de valores caían este lunes.
Washington anunció el bloqueo de todos los puertos iraníes desde el lunes a las 14H00 GMT después de que las conversaciones de paz con Teherán en Pakistán fracasaran. Para Irán este bloqueo es «ilegal» y un acto de «piratería», y advirtió que, de llevarse a cabo, ningún puerto del golfo Pérsico «estará a salvo» de represalias.
La respuesta de Trump llegó enseguida. «Si alguno de estos barcos se acerca en lo más mínimo a nuestro BLOQUEO, será ELIMINADO de inmediato», dijo en su red Truth Social.
Trump dijo en la Casa Blanca que representantes iraníes habían estado en contacto para llegar a un acuerdo, luego de las conversaciones fallidas en Islamabad.
«Hemos recibido una llamada de la otra parte. Les gustaría llegar a un acuerdo. Con mucha urgencia», dijo a los periodistas fuera del Despacho Oval. En tanto, el canciller iraní Abás Araqchi culpó a Estados Unidos del fracaso de los diálogos en una llamada con su homólogo saudí, el príncipe Faisal bin Farhan.
«Lamentablemente, fuimos testigos de que la parte estadounidense siguió presentando exigencias excesivas en las negociaciones, lo que llevó a que no se lograra ningún resultado», declaró citado por su ministerio.
Según Trump, el diálogo se frustró porque Irán se opone a renunciar a dotarse de armas nucleares.
Según detalló Trump en Truth Social, el bloqueo se impondrá a todos los navíos que entren y salgan de los puertos iraníes.
Ayer más de 100 buques petroleros vacíos se dirigían a Estados Unidos para ser llenados, ya que la guerra obliga a la industria a encontrar nuevas fuentes de petróleo.
Según datos de TankerTrackers y MarineTraffic, 121 buques petroleros se dirigían a la costa del Golfo de Estados Unidos.
Los precios del petróleo retomaron su tendencia alcista, aunque cerraron por debajo de los $100, impulsados por el bloqueo estadounidense de los puertos de Irán.
Tras alcanzar los $103.87 durante la jornada, el precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en junio, avanzó un 4.37 % hasta $99.36.
Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en mayo, ganó un 2.60 %, hasta $99.08.
Desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, desencadenada el 28 de febrero tras bombardeos de Israel y Estados Unidos contra Irán, Teherán mantiene bloqueado el estrecho de Ormuz.
Por este paso estratégico, por donde en condiciones normales transita alrededor del 20 % del petróleo y el gas mundial, Irán ha impuesto de facto derechos de paso para cruzarlo.
