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Nicaragüenses votan este domingo en unas elecciones inclinas a seguir régimen de Daniel Ortega
Ortega, quien llegó al poder por las urnas en 2007 y el jueves cumplirá 76 años, se apresta a iniciar otros cinco años como presidente, a la cabeza del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda) y junto a su poderosa esposa Rosario Murillo (70), candidata a la vicepresidencia por segunda vez.
Su permanencia en la presidencia no se duda. El exguerrillero sandinista, quien también gobernó en los años 1980 luego de que el FSLN derrocara en 1979 al dictador Anastasio Somoza, enfrenta a cinco candidatos derechistas, desconocidos y tachados de colaboradores del gobierno.
Las 13.459 mesas electorales instaladas en todo el país abrieron a las 07H00 locales (13H00 GMT) para unos 4,4 millones de electores convocados a elegir también a 90 diputados de un Congreso que, al igual que todos los poderes del Estado, está bajo control oficial.
«Voté porque es un derecho y porque siga el progreso del país», dijo a la AFP Carlos Reyes, de 39 años, en un centro electoral del barrio Larreynaga, en el este de Managua.
La oposición en el exilio llamó a la abstención. «No hay por quien votar. Esto es un circo electoral. Si ellos están tan seguros de que el pueblo los quiere ¿por qué echaron presos a los aspirantes presidenciales?», dijo a la AFP una secretaria de 51 años, que prefirió no revelar su nombre.
El foco de la elección en este país centroamericano de 6,5 millones de habitantes no es por quién votar, sino si abstenerse o participar, y la reacción de la comunidad internacional que considera estas elecciones no libres ni democráticas.
En algunos centros de votación se formaban filas, pero muchas calles estaban vacías. El FSLN se movilizó casa por casa para llamar a votar, mientras que el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) ha denunciado que existe temor y un control social sobre la población que intimida a la gente para votar.
Crispación electoral
Estos comicios se celebran tres años y medio después de las protestas que exigieron la renuncia de Ortega y cuya represión dejó al menos 328 muertos y más de 100,000 exiliados.
Acercándose los comicios, en junio comenzó una ofensiva contra la oposición: fueron ilegalizados tres partidos, detenidos siete aspirantes presidenciales y otros 32 activistas políticos y sociales, empresarios y periodistas, que se sumaron a unos 120 opositores que aún están presos desde las protestas de 2018.
Los más recientes detenidos están acusados, según leyes aprobadas a fines de 2020, de atentar contra la soberanía, promover sanciones internacionales, «traición a la patria» o «lavado de dinero», como es el caso de la aspirante opositora favorita, Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios (1990-1997) y quien se encuentra en arresto domiciliario.
Ortega es señalado por sus críticos de «nepotismo» y de instaurar una «dictadura». Él acusa a los opositores de «golpistas» apadrinados por Washington.
Desde el exilio, en Costa Rica y otros países, la oposición preparó para este domingo marchas contra lo que califican de «farsa electoral».
En vísperas de la votación, Murillo, única portavoz del gobierno, llamó a participar de la «fiesta electoral» que, dijo, será una «ratificación de la paz».
El gobierno planea convocar a un diálogo, pero analistas críticos estiman que es una estrategia para ganar legitimidad y que no será real con los opositores presos o exiliados.
«No hay que dejarse engañar con cantos de sirena», dijo a AFP la presidenta del Cenidh, Vilma Núñez.
Presión internacional
La comunidad internacional, encabezada por Estados Unidos y la Unión Europea (UE), descalificó previamente los comicios, lo que Ortega calificó de «injerencia inaceptable».
El presidente estadounidense, Joe Biden, cuyo país al igual que la UE adoptó sanciones contra el círculo íntimo de Ortega, se alista para firmar un arsenal de medidas bajo la Ley RENACER, para aumentar la presión.
La situación en Nicaragua se debatirá esta semana en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), donde podría plantearse la suspensión de la participación del país en el bloque regional.
Analistas advierten que un aislamiento empeorará la situación socioeconómica y dispará la migración, aunque el gobierno augura un crecimiento del PIB del 6% con la inyección de remesas -1.400 millones de dólares de enero a agosto-, créditos internacionales y la no imposición de restricciones pese al avance de la pandemia.
El gobierno acreditó el sábado a unos 200 «acompañantes electorales» y periodistas extranjeros que el gobierno considera «amigos». Según el observatorio independiente Urnas Abiertas son «militantes sandinistas» que reemplazan la observación internacional de la OEA o la UE y a medios internacionales.
Unos 30,000 policías y militares resguardan las mesas electorales que cerrarán a las 18H00 locales (00H00 GMT). Según el Consejo Supremo Electoral (CSE), habrá resultados hacia la medianoche.
El piloto y el copiloto fallecieron en el accidente, informó Kathryn Garcia, directora de la autoridad portuaria de la ciudad, en una conferencia de prensa.
Cuarenta y una personas fueron trasladadas al hospital, algunas con «heridas graves», aunque 32 ya han recibido el alta, señaló Garcia.
Dos agentes de rescate de aeronaves y extinción de incendios permanecen en el hospital en «estado estable y sin lesiones que pongan en peligro su vida», añadió. «Han podido hablar y estamos notificando a sus familias».
Imágenes de la AFP muestran los daños sufridos en la punta y la zona de cabina del avión de Air Canada Express que había llegado procedente de Montreal, en la pista del aeropuerto.
El avión, un CRJ-900 operado por Jazz Aviation, socio regional de la empresa canadiense, golpeó el camión de bomberos alrededor de las 21H40 del domingo (03H40 GMT de lunes) que estaba atendiendo otro incidente, indicó la autoridad portuaria de Nueva York.
Según una lista preliminar de pasajeros, cuatro de las 76 personas a bordo del avión eran tripulantes, indicó Jazz Aviation en un comunicado.
La autoridad portuaria señaló que el aeropuerto permanecería cerrado hasta al menos las 14h00 (18h00 GMT) «para permitir una investigación exhaustiva».
Según la plataforma de rastreo de vuelos FlightRadar24, el avión «transitaba por la pista cuando golpeó» al vehículo de rescate al cruzarse en su camino.
La autoridad de manejo de emergencias de Nueva York advirtió que habría «cancelaciones, cierres de carretera (y) atrasos en el tráfico» cerca del aeropuerto.
«Usen rutas alternativas», urgió en X.
El suceso ocurrió en momentos en que LaGuardia enfrentaba interrupciones en sus vuelos debido al mal tiempo, dijo la terminal el domingo en X.
Además, los pasajeros tienen que hacer largas filas en el control de seguridad debido a un problema de financiamiento de la agencia estadounidense encargada de la seguridad aeroportuaria.
LaGuardia, situado en el barrio neoyorquino de Queens, es el tercer aeropuerto más transitado de Nueva York y atendió a 33,5 millones de pasajeros en 2024, según datos de la autoridad portuaria.
La terminal fue sometida en 2024 a una renovación valorada en 8.000 millones de dólares para mejorar su envejecida infraestructura, con terminales y pistas nuevas.
El proyecto de Ley General del Sistema Portuario Nacional sigue ganando terreno en el Congreso y genera expectativas en el sector privado por su potencial para modernizar la infraestructura marítima y desatar una ola de inversiones.
La iniciativa, que busca actualizar el marco normativo de los puertos del país, ya superó etapas clave y se acerca a su aprobación definitiva.
Según fuentes del sector, desde que la Autoridad Portuaria Nacional (APLAN) comenzó operaciones en 2023, se han registrado proyectos en trámite por US$194 millones, un crecimiento que responde directamente a la mayor certidumbre jurídica y al interés de inversionistas nacionales e internacionales. El corredor interoceánico destaca como uno de los grandes beneficiados.
Este proyecto estratégico, que conectaría el Atlántico y el Pacífico guatemalteco, podría recibir un impulso decisivo con la nueva ley, al facilitar esquemas de participación público-privada, agilizar trámites y mejorar la competitividad logística del país en la región.
Expertos consultados coinciden en que la normativa actual data de décadas atrás y limita la atracción de capital fresco. La propuesta en discusión introduce mecanismos modernos de concesión, regulación más eficiente y mayor seguridad jurídica para operadores privados, elementos clave para reducir costos logísticos y tiempos de espera en las terminales.
En el ámbito empresarial se resalta que esta ley no solo fortalecería los puertos existentes, sino que posicionaría a Guatemala como un hub logístico más competitivo frente a vecinos centroamericanos.
El avance legislativo llega en un momento clave, cuando el gobierno y el sector privado impulsan agendas de infraestructura para captar flujos de inversión extranjera directa.
El tema cobró fuerza en foros recientes organizados por cámaras empresariales y think tanks, donde se subrayó el impacto positivo esperado en empleo, comercio exterior y desarrollo regional. Mientras el Congreso define los últimos detalles, los ojos del sector logístico y de inversión están puestos en la posible sanción de la ley en las próximas sesiones.
Con este paso, Guatemala busca dejar atrás rezagos históricos en infraestructura portuaria y abrir la puerta a un nuevo ciclo de crecimiento económico impulsado por el mar.
El anuncio generó sorpresa después de un fin de semana de amenazas cruzadas entre ambos bandos. Sin embargo, desde Teherán, varios medios negaron que hubiera conversaciones con el país norteamericano.
«No hay conversaciones entre Teherán y Washington», señaló la agencia de noticias Mehr, que citó a la cancillería iraní. Las declaraciones forman parte de un intento «de reducir los precios de la energía», agregó.
Las palabras de Trump provocaron, en efecto, un desplome de más del 10% en los precios del petróleo y reavivaron las bolsas, que llevan tres semanas oscilando al vaivén del conflicto.
En su red Truth Social, Trump explicó que en los últimos dos días habían mantenido «conversaciones muy buenas y productivas» con Irán para «una resolución completa y total de nuestras hostilidades en Oriente Medio».
Estas conversaciones «continuarán a lo largo de la semana», afirmó Trump.
A raíz de estos contactos, el presidente ordenó al Pentágono retrasar «cualquier ataque militar contra plantas de electricidad e infraestructura energética iraní por un período de cinco días».
El anuncio llegó horas antes de que expirara el ultimátum lanzado el sábado por el mismo Trump, que amenazó con «aniquilar» las centrales eléctricas de Irán si no reabría en 48 horas el estrecho de Ormuz.
Este paso marítimo, por donde antes transitaba una quinta parte del comercio global de hidrocarburos, lleva de facto cerrado desde el inicio de la guerra el pasado 28 de febrero.
Lejos de amilanarse, Teherán amenazó con minar «las vías de acceso y las líneas de comunicación» en el Golfo y con atacar «todas las infraestructuras energéticas, de tecnología de la información y de desalinización de agua pertenecientes a Estados Unidos» en la zona.
En la prensa estatal iraní aparecían el lunes listas de posibles infraestructuras, como las plantas de Orot Rabin y Rutenberg en Israel, las dos principales centrales eléctricas del país.
«¡Despídanse de la electricidad!», afirmaba una infografía de la agencia Mehr con posibles blancos en Arabia Saudita y otros países vecinos.
El director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, advirtió el lunes que la guerra podría provocar la peor crisis energética mundial en décadas.
Según las estimaciones de la AIE, el mundo ha perdido cada día 11 millones de barriles de petróleo, es decir, más que el volumen diario eliminado durante las dos crisis petroleras consecutivas de los años 1970.
El tránsito de mercancías por el estrecho de Ormuz se ha desplomado un 95%, según la empresa de análisis Kpler. Solo un reducido número de cargueros y petroleros ha logrado cruzar ese paso.
«Ningún país quedará inmune a los efectos de esta crisis si continúa avanzando en esta dirección», avisó Birol.
En este contexto, China anunció que limitará la subida del precio de los carburantes y Grecia puso en marcha subvenciones por un total de 300 millones de euros para combustibles y fertilizantes.
Suecia también dijo que reducirá temporalmente las tasas a la gasolina y al gasóleo a partir del 1 de mayo, hasta final de septiembre.
