Internacionales
Nicaragüenses votan este domingo en unas elecciones inclinas a seguir régimen de Daniel Ortega
Ortega, quien llegó al poder por las urnas en 2007 y el jueves cumplirá 76 años, se apresta a iniciar otros cinco años como presidente, a la cabeza del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda) y junto a su poderosa esposa Rosario Murillo (70), candidata a la vicepresidencia por segunda vez.
Su permanencia en la presidencia no se duda. El exguerrillero sandinista, quien también gobernó en los años 1980 luego de que el FSLN derrocara en 1979 al dictador Anastasio Somoza, enfrenta a cinco candidatos derechistas, desconocidos y tachados de colaboradores del gobierno.
Las 13.459 mesas electorales instaladas en todo el país abrieron a las 07H00 locales (13H00 GMT) para unos 4,4 millones de electores convocados a elegir también a 90 diputados de un Congreso que, al igual que todos los poderes del Estado, está bajo control oficial.
«Voté porque es un derecho y porque siga el progreso del país», dijo a la AFP Carlos Reyes, de 39 años, en un centro electoral del barrio Larreynaga, en el este de Managua.
La oposición en el exilio llamó a la abstención. «No hay por quien votar. Esto es un circo electoral. Si ellos están tan seguros de que el pueblo los quiere ¿por qué echaron presos a los aspirantes presidenciales?», dijo a la AFP una secretaria de 51 años, que prefirió no revelar su nombre.
El foco de la elección en este país centroamericano de 6,5 millones de habitantes no es por quién votar, sino si abstenerse o participar, y la reacción de la comunidad internacional que considera estas elecciones no libres ni democráticas.
En algunos centros de votación se formaban filas, pero muchas calles estaban vacías. El FSLN se movilizó casa por casa para llamar a votar, mientras que el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) ha denunciado que existe temor y un control social sobre la población que intimida a la gente para votar.
Crispación electoral
Estos comicios se celebran tres años y medio después de las protestas que exigieron la renuncia de Ortega y cuya represión dejó al menos 328 muertos y más de 100,000 exiliados.
Acercándose los comicios, en junio comenzó una ofensiva contra la oposición: fueron ilegalizados tres partidos, detenidos siete aspirantes presidenciales y otros 32 activistas políticos y sociales, empresarios y periodistas, que se sumaron a unos 120 opositores que aún están presos desde las protestas de 2018.
Los más recientes detenidos están acusados, según leyes aprobadas a fines de 2020, de atentar contra la soberanía, promover sanciones internacionales, «traición a la patria» o «lavado de dinero», como es el caso de la aspirante opositora favorita, Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios (1990-1997) y quien se encuentra en arresto domiciliario.
Ortega es señalado por sus críticos de «nepotismo» y de instaurar una «dictadura». Él acusa a los opositores de «golpistas» apadrinados por Washington.
Desde el exilio, en Costa Rica y otros países, la oposición preparó para este domingo marchas contra lo que califican de «farsa electoral».
En vísperas de la votación, Murillo, única portavoz del gobierno, llamó a participar de la «fiesta electoral» que, dijo, será una «ratificación de la paz».
El gobierno planea convocar a un diálogo, pero analistas críticos estiman que es una estrategia para ganar legitimidad y que no será real con los opositores presos o exiliados.
«No hay que dejarse engañar con cantos de sirena», dijo a AFP la presidenta del Cenidh, Vilma Núñez.
Presión internacional
La comunidad internacional, encabezada por Estados Unidos y la Unión Europea (UE), descalificó previamente los comicios, lo que Ortega calificó de «injerencia inaceptable».
El presidente estadounidense, Joe Biden, cuyo país al igual que la UE adoptó sanciones contra el círculo íntimo de Ortega, se alista para firmar un arsenal de medidas bajo la Ley RENACER, para aumentar la presión.
La situación en Nicaragua se debatirá esta semana en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), donde podría plantearse la suspensión de la participación del país en el bloque regional.
Analistas advierten que un aislamiento empeorará la situación socioeconómica y dispará la migración, aunque el gobierno augura un crecimiento del PIB del 6% con la inyección de remesas -1.400 millones de dólares de enero a agosto-, créditos internacionales y la no imposición de restricciones pese al avance de la pandemia.
El gobierno acreditó el sábado a unos 200 «acompañantes electorales» y periodistas extranjeros que el gobierno considera «amigos». Según el observatorio independiente Urnas Abiertas son «militantes sandinistas» que reemplazan la observación internacional de la OEA o la UE y a medios internacionales.
Unos 30,000 policías y militares resguardan las mesas electorales que cerrarán a las 18H00 locales (00H00 GMT). Según el Consejo Supremo Electoral (CSE), habrá resultados hacia la medianoche.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó nuevamente el domingo con aniquilar a Irán, dos meses y medio después del inicio de la ofensiva contra Teherán, mientras un dron se estrelló cerca de una instalación nuclear en Emiratos Árabes Unidos.
Tras más de un mes de tregua, la perspectiva de una solución al conflicto, que comenzó el 28 de febrero, sigue siendo lejana.
«Para Irán, el tiempo apremia, y más les vale moverse, RÁPIDO, o no quedará nada de ellos», advirtió Trump en su plataforma Truth Social.
Emisarios de los dos países no hablan directamente desde una reunión en Pakistán a mediados de abril.
Antes incluso del mensaje de Trump, Teherán había lanzado una advertencia a Washington.
«El presidente estadounidense debería saber que si […] Irán es agredido de nuevo, los recursos y el ejército de su país se verán confrontados a escenarios inéditos, ofensivos, sorprendentes y tumultuosos», dijo el portavoz de las fuerzas armadas, Abolfazl Shekarchi.
El vicepresidente del Parlamento, Hamidreza Hajibabaei, declaró que si se atacaban las instalaciones petroleras iraníes, Irán golpearía instalaciones petroleras en la región.
La guerra ha provocado un bloqueo de facto del estratégico estrecho de Ormuz, por el que pasaba alrededor del 20% de las exportaciones mundiales de hidrocarburos, y ha arrastrado a los vecinos Israel y Líbano a un mortífero conflicto paralelo.
Teherán, principal apoyo del grupo libanés Hezbolá, exige un alto el fuego duradero en Líbano para firmar la paz con Trump.
Un oficial militar israelí afirmó el domingo que Hezbolá había lanzado unos 200 proyectiles contra Israel y sus tropas durante el fin de semana, a pesar de que Israel y Líbano acordaron prorrogar el alto el fuego.
El ministerio de Salud libanés informó que nuevos ataques israelíes el domingo en el sur del país dejaron cinco muertos, entre ellos dos niños.
Los ataques israelíes desde el inicio de la guerra provocaron la muerte de más de 2,900 personas en Líbano, incluidos 400 desde el inicio de la tregua el 17 de abril, según las autoridades libanesas.
Washington y Teherán acordaron un cese de hostilidades el 8 de abril, pero las negociaciones de paz se estancaron y los ataques esporádicos continuaron.
El domingo, medios iraníes aseguraron que Estados Unidos no había cedido en nada concreto en su última respuesta a la agenda propuesta por Irán para las negociaciones destinadas a poner fin a la guerra.
La agencia de noticias Fars señaló que Washington había presentado una lista de cinco puntos que incluía la exigencia de que Irán mantuviera en funcionamiento solo una instalación nuclear y transfiriera su reserva de uranio altamente enriquecido a Estados Unidos.
Washington también se negó a liberar «ni siquiera el 25%» de los activos iraníes congelados en el extranjero o a pagar reparaciones por los daños infligidos a Irán durante la guerra, según Fars
La agencia de noticias Mehr, por su parte, afirmó: «Estados Unidos, sin hacer concesiones tangibles, pretende conseguir concesiones que no logró obtener durante la guerra, lo que conducirá a un punto muerto en las negociaciones».
El domingo se registraron más disturbios en la región.
Un ataque con dron provocó un incendio cerca de una central nuclear en Emiratos Árabes Unidos, sin que se reportaran heridos ni un aumento en los niveles de radiación.
El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, expresó «su profunda preocupación» y afirmó que «cualquier actividad militar que amenace la seguridad nuclear es inaceptable».
Grupos armados en Irak respaldados por Irán poseen drones de combate, y los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Teherán, también.
Pakistán ha mediado en las conversaciones de paz entre Irán y Estados Unidos, y su ministro del Interior, Mohsin Naqvi, se reunió el domingo en Teherán con el principal negociador iraní y presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf.
En una publicación en redes sociales tras las conversaciones, Qalibaf afirmó que la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán había desestabilizado a todo Oriente Medio.
«Algunos gobiernos de la región creían que la presencia de Estados Unidos les traería seguridad, pero los acontecimientos recientes demostraron que esta presencia no solo es incapaz de proporcionar seguridad, sino que también crea las condiciones para la inseguridad», dijo.
Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, abordaron el tema del conflicto durante su cumbre de alto nivel esta semana.
Trump dijo que Xi le aseguró que China no se estaba preparando para enviar ayuda militar a Irán, mientras que el Ministerio de Asuntos Exteriores chino afirmó el viernes en un comunicado que «las rutas marítimas deben reabrirse lo antes posible».
El hallazgo de 780 kilos de metanfetamina sólida y 300 litros de metanfetamina líquida ocurrió en el estado de Nayarit (oeste) durante «recorridos de disuasión» encabezados por la Secretaría de Marina, informó Seguridad en un comunicado.
La droga estaba almacenada en contenedores de plástico y hieleras en un terreno baldío, se observa en la fotografías distribuidas por el despacho.
Además, tres laboratorios clandestinos de fabricación de drogas sintéticas fueron inhabilitados en el estado de Sinaloa (noroeste) y uno más en el estado de Jalisco (oeste).
La metanfetamina incautada está relacionada con Audias «Jardinero» Flores, un líder del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) detenido hace tres semanas en México.
Flores fue considerado como uno de los posibles sucesores de Nemesio «El Mencho» Oseguera, fundador del CJNG que murió en un violento operativo del ejército mexicano el 22 de febrero.
El capo enfrenta acusaciones de tráfico de cocaína y heroína en Estados Unidos desde 2020.
El jueves la justicia de ese país amplió los cargos en su contra para incluir contrabando de metanfetamina, lavado de dinero y uso de armas.
Washington ha pedido a México la extradición de Flores, proceso que ha sido suspendido provisionalmente por un tribunal federal mexicano.
La embarcación, interceptada el viernes, fue trasladada a la Base Naval en el Puerto de San José para el conteo de la droga y la entrega de los detenidos a la Fiscalía, explicó en un comunicado la Policía Nacional Civil.
Precisó que la embarcación se ubicaba a más de 600 millas náuticas en aguas del Océano Pacífico guatemalteco, con seis tripulantes a bordo y transportaban 50 sacos que «contenían aproximadamente 1.500 kilos de cocaína».
Las autoridades indicaron que la embarcación zarpo de Ecuador y valoraron la droga en más de 150 millones millones de quetzales (unos 20 millones de dólares), según el valor del mercado local.
Durante el operativo fueron capturados tres ecuatorianos, un mexicano y dos guatemaltecos.
Washington estima que el 90% de la cocaína que llega a Estados Unidos pasa en avionetas, tierra, lanchas y minisubmarinos a través de México y Centroamérica.
