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Nicaragüenses votan este domingo en unas elecciones inclinas a seguir régimen de Daniel Ortega
Ortega, quien llegó al poder por las urnas en 2007 y el jueves cumplirá 76 años, se apresta a iniciar otros cinco años como presidente, a la cabeza del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda) y junto a su poderosa esposa Rosario Murillo (70), candidata a la vicepresidencia por segunda vez.
Su permanencia en la presidencia no se duda. El exguerrillero sandinista, quien también gobernó en los años 1980 luego de que el FSLN derrocara en 1979 al dictador Anastasio Somoza, enfrenta a cinco candidatos derechistas, desconocidos y tachados de colaboradores del gobierno.
Las 13.459 mesas electorales instaladas en todo el país abrieron a las 07H00 locales (13H00 GMT) para unos 4,4 millones de electores convocados a elegir también a 90 diputados de un Congreso que, al igual que todos los poderes del Estado, está bajo control oficial.
«Voté porque es un derecho y porque siga el progreso del país», dijo a la AFP Carlos Reyes, de 39 años, en un centro electoral del barrio Larreynaga, en el este de Managua.
La oposición en el exilio llamó a la abstención. «No hay por quien votar. Esto es un circo electoral. Si ellos están tan seguros de que el pueblo los quiere ¿por qué echaron presos a los aspirantes presidenciales?», dijo a la AFP una secretaria de 51 años, que prefirió no revelar su nombre.
El foco de la elección en este país centroamericano de 6,5 millones de habitantes no es por quién votar, sino si abstenerse o participar, y la reacción de la comunidad internacional que considera estas elecciones no libres ni democráticas.
En algunos centros de votación se formaban filas, pero muchas calles estaban vacías. El FSLN se movilizó casa por casa para llamar a votar, mientras que el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) ha denunciado que existe temor y un control social sobre la población que intimida a la gente para votar.
Crispación electoral
Estos comicios se celebran tres años y medio después de las protestas que exigieron la renuncia de Ortega y cuya represión dejó al menos 328 muertos y más de 100,000 exiliados.
Acercándose los comicios, en junio comenzó una ofensiva contra la oposición: fueron ilegalizados tres partidos, detenidos siete aspirantes presidenciales y otros 32 activistas políticos y sociales, empresarios y periodistas, que se sumaron a unos 120 opositores que aún están presos desde las protestas de 2018.
Los más recientes detenidos están acusados, según leyes aprobadas a fines de 2020, de atentar contra la soberanía, promover sanciones internacionales, «traición a la patria» o «lavado de dinero», como es el caso de la aspirante opositora favorita, Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios (1990-1997) y quien se encuentra en arresto domiciliario.
Ortega es señalado por sus críticos de «nepotismo» y de instaurar una «dictadura». Él acusa a los opositores de «golpistas» apadrinados por Washington.
Desde el exilio, en Costa Rica y otros países, la oposición preparó para este domingo marchas contra lo que califican de «farsa electoral».
En vísperas de la votación, Murillo, única portavoz del gobierno, llamó a participar de la «fiesta electoral» que, dijo, será una «ratificación de la paz».
El gobierno planea convocar a un diálogo, pero analistas críticos estiman que es una estrategia para ganar legitimidad y que no será real con los opositores presos o exiliados.
«No hay que dejarse engañar con cantos de sirena», dijo a AFP la presidenta del Cenidh, Vilma Núñez.
Presión internacional
La comunidad internacional, encabezada por Estados Unidos y la Unión Europea (UE), descalificó previamente los comicios, lo que Ortega calificó de «injerencia inaceptable».
El presidente estadounidense, Joe Biden, cuyo país al igual que la UE adoptó sanciones contra el círculo íntimo de Ortega, se alista para firmar un arsenal de medidas bajo la Ley RENACER, para aumentar la presión.
La situación en Nicaragua se debatirá esta semana en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), donde podría plantearse la suspensión de la participación del país en el bloque regional.
Analistas advierten que un aislamiento empeorará la situación socioeconómica y dispará la migración, aunque el gobierno augura un crecimiento del PIB del 6% con la inyección de remesas -1.400 millones de dólares de enero a agosto-, créditos internacionales y la no imposición de restricciones pese al avance de la pandemia.
El gobierno acreditó el sábado a unos 200 «acompañantes electorales» y periodistas extranjeros que el gobierno considera «amigos». Según el observatorio independiente Urnas Abiertas son «militantes sandinistas» que reemplazan la observación internacional de la OEA o la UE y a medios internacionales.
Unos 30,000 policías y militares resguardan las mesas electorales que cerrarán a las 18H00 locales (00H00 GMT). Según el Consejo Supremo Electoral (CSE), habrá resultados hacia la medianoche.
El viceministro de Agricultura y Ganadería, Óscar Domínguez, informó que el país ha recibido nuevos apoyos para la estrategia gubernamental de ampliar la matriz productiva y garantizar la seguridad alimentaria de los salvadoreños.
A través de sus redes sociales, el funcionario anunció que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) y el Programa Mundial de Alimentos (WFP, por sus siglas en inglés) endosaron su apoyo a esta iniciativa.
«Tras una gira de campo por nuestras principales zonas productoras, ambas instituciones internacionales confirmaron su apoyo y expresaron optimismo y satisfacción por los avances alcanzados en tan solo un año», subrayó el funcionario.
Sumó que, con esta suma de esfuerzos, «este año el país duplicará los resultados obtenidos el año pasado. El Salvador produce cada vez más de su propia comida, fortaleciendo nuestra seguridad alimentaria y el desarrollo del sector agropecuario».
En este contexto, explicó que representantes de estos organismos conocieron de primera mano los resultados del programa Aumento a la Producción obtenidos el 2025, y que este año sumaron apoyo de especialistas en diferentes áreas.
Al respecto, el representante de FAO en El Salvador, José Samaniego, resaltó el alza en la producción que han consolidado estos esfuerzos.
«Lo que miramos es muy gratificante, vemos que va a existir una altísima productividad y generación de empleo para productores», dijo.
En coincidencia, la directora de país de WFP, María Guimarães, resaltó la rapidez en que la estrategia agrícola del Gobierno de El Salvador ha consolidado estos beneficios, y opinó que el país podría capacitar a personas de otros países para implementar este método.
«Todo lo que se ha logrado en muy poco tiempo, menos de un año, es impresionante, yo creo que hay mucho para compartir también con los demás, hay otros países que pueden venir y aprender de los logros que tenemos acá», remarcó.
Para este año, el Gobierno a través del MAG ha fusionado dos iniciativas: Progresar Rural, financiada por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola de las Naciones Unidas (FIDA); y el Programa Aumento a la Producción, liderado por el presidente Nayib Bukele, con una inversión total de $87.5 millones.
Los fondos que serán orientados a la reactivación de zonas productivas para suplir holgadamente la demanda nacional, al tiempo que se apostará por las exportaciones de varios productos, esto para mejorar la rentabilidad que obtienen los agricultores nacionales.
La apuesta contiene dos componentes: la rehabilitación de los cuatro distritos de riego (Zapotitán, Atiocoyo Norte, Atiocoyo Sur, y Lempa Acahuapa); y la transformación productiva y comercial sostenible e inclusiva, mediante elementos como la instalación de más infraestructuras protegidas como invernaderos y casas malla; así como la implementación de sistemas hidropónicos; mejora genética; capacitación y asistencia técnica para los agricultores; y acceso a insumos a bajo costo.
La NASA informó el jueves que realizó con éxito el ensayo general del lanzamiento de su enorme cohete SLS, que enviará astronautas alrededor de la Luna por primera vez en más de 50 años.
Esta es la segunda prueba realizada por la agencia espacial estadounidense para el despegue de su misión Artemis 2. La primera, a comienzos de febrero, tuvo que ser interrumpida por problemas técnicos.
La NASA informó que todo transcurrió según lo previsto. Ahora, se espera que fije este viernes una fecha definitiva para la misión.
Los imprevistos ocurridos a inicios de febrero incluían una fuga de hidrógeno líquido, que acabaron con las esperanzas de ver despegar la misión Artemis 2 ese mismo mes.
Durante el simulacro, realizado en condiciones reales en Cabo Cañaveral, en Florida, los ingenieros repiten las maniobras que deberán llevarse a cabo el día del lanzamiento.
El llenado de hidrógeno líquido se realizó el jueves sin contratiempos, indicó más temprano la NASA, que lo celebró como un «avance importante».
La misión Artemis 2 constituirá el primer vuelo tripulado alrededor de la Luna en más de 50 años. Participarán en ella tres estadounidenses y un canadiense.
«La seguridad sigue siendo nuestra máxima prioridad», dijo a comienzos de mes el director de la NASA, Jared Isaacman, en la red social X.
Andrés, que fue excluido de la monarquía a raíz de este escándalo, fue «puesto en libertad bajo investigación» el jueves por la noche.
El expríncipe pasó 11 horas en comisaría, a raíz de una sospechas de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público por sus vínculos con el delincuente sexual Jeffrey Epstein entre 2001 y 2011, cuando era representante especial del Reino Unido para el Comercio Internacional.
El mes pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó millones de archivos de su investigación sobre Epstein, incluyendo unos documentos que parecen indicar que el expríncipe transmitió informaciones confidenciales al financiero estadounidense.
Según un correo electrónico dirigido a Epstein, fechado el 24 de diciembre de 2010, el hermano del rey Carlos III remitió «un informe confidencial» sobre oportunidades de inversión en Afganistán.
El correo se sumaba a otros documentos que sugieren que en 2010 Andrés envió al financiero informes sobre viajes de trabajo realizados a China, Singapur y Vietnam.
Se trata de un caso distinto al de las acusaciones de agresión sexual formuladas contra Andrés por Virginia Giuffre, una estadounidense-australiana enviada por Epstein, que se suicidó en 2025.
Ese asunto se cerró con un acuerdo extrajudicial en 2022, por un monto que se mantiene confidencial pero que, según medios británicos, rondaría los 12 millones de dólares.
«Amenaza para la monarquía»
Este viernes, casi toda la prensa británica llevaba en portada este viernes la misma fotografía de Andrés, cuyo arresto coincidió con su 66º cumpleaños, saliendo de la comisaría en un vehículo, con aspecto demacrado y la mirada perdida.
«Podemos confirmar que nuestros registros en Norfolk terminaron», afirmó la policía local en la noche del jueves, tras haber allanado las fincas de Sandringham y la antigua residencia del expríncipe en la finca real de Windsor, al oeste de Londres.
Aunque todavía no se ha anunciado ningún cargo en su contra, la mala conducta en el ejercicio de un cargo público conlleva una pena máxima de cadena perpetua, según el Crown Prosecution Service (Fiscalía de la Corona).
El rey Carlos III no cambió su agenda del jueves y asistió a la inauguración de la Semana de la Moda de Londres. En un comunicado, marcó distancias con su hermano y señaló que «la justicia debe seguir su curso».
Ed Owens, un famoso historiador, comentarista de la monarquía británica y autor especializado en la familia real moderna, reconoció a la AFP la crisis que atraviesa la institución británica.
«Es un momento enormemente significativo para la monarquía británica», dijo Owens, quien no se atrevió a aventurar si Andrew Mountbatten-Windsor, como debe ser llamado tras ser despojado de todos sus títulos, será formalmente acusado.
«Son los elementos desconocidos en este caso particular los que creo que generan tanta preocupación y, posiblemente, representan una amenaza para la monarquía», añadió Owens.
Al menos nueve fuerzas policiales del Reino Unido han confirmado que están evaluando denuncias derivadas de los archivos de Epstein, muchas de ellas relacionadas con Andrés.
