Internacionales
Nicaragüenses votan este domingo en unas elecciones inclinas a seguir régimen de Daniel Ortega
Ortega, quien llegó al poder por las urnas en 2007 y el jueves cumplirá 76 años, se apresta a iniciar otros cinco años como presidente, a la cabeza del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda) y junto a su poderosa esposa Rosario Murillo (70), candidata a la vicepresidencia por segunda vez.
Su permanencia en la presidencia no se duda. El exguerrillero sandinista, quien también gobernó en los años 1980 luego de que el FSLN derrocara en 1979 al dictador Anastasio Somoza, enfrenta a cinco candidatos derechistas, desconocidos y tachados de colaboradores del gobierno.
Las 13.459 mesas electorales instaladas en todo el país abrieron a las 07H00 locales (13H00 GMT) para unos 4,4 millones de electores convocados a elegir también a 90 diputados de un Congreso que, al igual que todos los poderes del Estado, está bajo control oficial.
«Voté porque es un derecho y porque siga el progreso del país», dijo a la AFP Carlos Reyes, de 39 años, en un centro electoral del barrio Larreynaga, en el este de Managua.
La oposición en el exilio llamó a la abstención. «No hay por quien votar. Esto es un circo electoral. Si ellos están tan seguros de que el pueblo los quiere ¿por qué echaron presos a los aspirantes presidenciales?», dijo a la AFP una secretaria de 51 años, que prefirió no revelar su nombre.
El foco de la elección en este país centroamericano de 6,5 millones de habitantes no es por quién votar, sino si abstenerse o participar, y la reacción de la comunidad internacional que considera estas elecciones no libres ni democráticas.
En algunos centros de votación se formaban filas, pero muchas calles estaban vacías. El FSLN se movilizó casa por casa para llamar a votar, mientras que el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) ha denunciado que existe temor y un control social sobre la población que intimida a la gente para votar.
Crispación electoral
Estos comicios se celebran tres años y medio después de las protestas que exigieron la renuncia de Ortega y cuya represión dejó al menos 328 muertos y más de 100,000 exiliados.
Acercándose los comicios, en junio comenzó una ofensiva contra la oposición: fueron ilegalizados tres partidos, detenidos siete aspirantes presidenciales y otros 32 activistas políticos y sociales, empresarios y periodistas, que se sumaron a unos 120 opositores que aún están presos desde las protestas de 2018.
Los más recientes detenidos están acusados, según leyes aprobadas a fines de 2020, de atentar contra la soberanía, promover sanciones internacionales, «traición a la patria» o «lavado de dinero», como es el caso de la aspirante opositora favorita, Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios (1990-1997) y quien se encuentra en arresto domiciliario.
Ortega es señalado por sus críticos de «nepotismo» y de instaurar una «dictadura». Él acusa a los opositores de «golpistas» apadrinados por Washington.
Desde el exilio, en Costa Rica y otros países, la oposición preparó para este domingo marchas contra lo que califican de «farsa electoral».
En vísperas de la votación, Murillo, única portavoz del gobierno, llamó a participar de la «fiesta electoral» que, dijo, será una «ratificación de la paz».
El gobierno planea convocar a un diálogo, pero analistas críticos estiman que es una estrategia para ganar legitimidad y que no será real con los opositores presos o exiliados.
«No hay que dejarse engañar con cantos de sirena», dijo a AFP la presidenta del Cenidh, Vilma Núñez.
Presión internacional
La comunidad internacional, encabezada por Estados Unidos y la Unión Europea (UE), descalificó previamente los comicios, lo que Ortega calificó de «injerencia inaceptable».
El presidente estadounidense, Joe Biden, cuyo país al igual que la UE adoptó sanciones contra el círculo íntimo de Ortega, se alista para firmar un arsenal de medidas bajo la Ley RENACER, para aumentar la presión.
La situación en Nicaragua se debatirá esta semana en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), donde podría plantearse la suspensión de la participación del país en el bloque regional.
Analistas advierten que un aislamiento empeorará la situación socioeconómica y dispará la migración, aunque el gobierno augura un crecimiento del PIB del 6% con la inyección de remesas -1.400 millones de dólares de enero a agosto-, créditos internacionales y la no imposición de restricciones pese al avance de la pandemia.
El gobierno acreditó el sábado a unos 200 «acompañantes electorales» y periodistas extranjeros que el gobierno considera «amigos». Según el observatorio independiente Urnas Abiertas son «militantes sandinistas» que reemplazan la observación internacional de la OEA o la UE y a medios internacionales.
Unos 30,000 policías y militares resguardan las mesas electorales que cerrarán a las 18H00 locales (00H00 GMT). Según el Consejo Supremo Electoral (CSE), habrá resultados hacia la medianoche.
El saliente mandatario de Costa Rica, Rodrigo Chaves, formará parte del gabinete de su sucesora Laura Fernández en un puesto con amplios poderes que además le garantizará inmunidad frente a eventuales procesos legales.
Chaves, quien entregará el mando a Fernández el próximo viernes, fue designado este martes ministro de la presidencia, encargado de las relaciones con los demás poderes del Estado, con los cuales el actual gobernante mantiene un duro enfrentamiento.
También tendrá a su cargo la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), señalada en el pasado por opositores de supuesto espionaje político, lo que ha sido rechazado por el gobierno.
Fernández ya había adelantado que le ofrecería el puesto a su mentor, de quien también fue ministra, lo que críticos del gobierno ven como una maniobra del presidente para mantener su influencia.
Estados Unidos y la república islámica mantienen un pulso por el control de este paso estratégico, por donde solía transitar una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos.
«Sabemos perfectamente que la continuación del statu quo es intolerable para Estados Unidos, mientras que nosotros ni siquiera hemos empezado todavía», advirtió Mohamad Baqer Qalibaf, el principal negociador iraní en un mensaje en X.
«La seguridad del transporte marítimo y del tránsito energético se ha visto amenazada por Estados Unidos», cuya «presencia maligna disminuirá», agregó Qalibaf, que también es presidente del Parlamento iraní.
Desde el inicio de la guerra emprendida el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel, que ha causado miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, Teherán controla esta vía estratégica.
La situación ha disparado el precio del petróleo a niveles inéditos desde 2022.
Washington intenta por todos los medios presionar a Teherán y le reclama que abandone su programa nuclear.
El 8 de abril, coincidiendo con el inicio de la tregua con Irán, impuso un bloqueo a los puertos iraníes.
Y el lunes lanzó la llamada operación «Proyecto Libertad» para permitir que los barcos bloqueados desde hace semanas puedan cruzar el estrecho.
Según varias empresas especializadas, más de 900 buques estaban en el Golfo a finales de abril, con cerca de 20,000 marinos.
En las últimas horas Irán replicó a la operación de Washington con lanzamientos de misiles y drones contra barcos militares estadounidenses en la zona, que fueron interceptados, según el Mando Central de los Estados Unidos (Centcom).
Corea del Sur informó de una «explosión» seguida de un incendio en un buque surcoreano en el estrecho.
Pese a los desmentidos iraníes, el Centcom asegura que dos buques mercantes con pabellón estadounidense, escoltados por el ejército, cruzaron «con éxito» el estrecho de Ormuz el lunes. «Marcha muy bien», se felicitó el presidente Donald Trump.
El gigante danés del transporte Maersk anunció que uno de sus barcos, que transportaba vehículos y estaba bloqueado en la zona desde febrero, pudo atravesar el estrecho el lunes «acompañado de medios militares estadounidenses».
Las fuerzas estadounidenses también afirmaron haber destruido seis embarcaciones iraníes «que amenazaban la navegación comercial».
Irán negó cualquier daño en sus buques y acusó a Estados Unidos de haber matado a cinco civiles al atacar dos barcos que partieron de Omán rumbo a la costa iraní.
Internacionales
Ex niños soldado aprenden oficios para rehacer sus vidas en República Centroafricana
En un aula en Bria, en la República Centroafricana, ex niños soldado aprenden a coser. Una forma de ayudar a adolescentes de entre 14 y 17 años a superar la violencia que sufrieron a manos de los numerosos grupos armados del país.
«No es fácil enseñarles. Algunos todavía llevan esa violencia dentro. Otros siguen muy estresados», relata Christophe Yonaba, profesor de la organización benéfica Esperance en esta zona del este de la República Centroafricana.
«A veces se quedan sentados en silencio», cuenta sobre sus aprendices de sastre.
«De repente se inquietan, como si se bloquearan por dentro», añade.
El este de la República Centroafricana, cuyo subsuelo es rico en diamantes, se ha visto desgarrado por años de conflicto armado.
«Todos estos adolescentes fueron, en algún momento, capturados por grupos armados», afirma Yonaba, de 53 años.
Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), alrededor de 2,000 jóvenes centroafricanos siguen en manos de estas fuerzas combatientes.
En el punto álgido de la guerra civil que se prolongó de 2013 a 2018, unos 20 grupos operaban en el este. La cifra descendió ahora a 14 gracias a los acuerdos de paz y los programas de desarme.
Pero los grupos armados continúan controlando ciertas zonas del este, especialmente en la frontera con Sudán y Sudán del Sur.
Desde finales del año pasado los combates entre el ejército y los rebeldes se intensificaron en la región.
El conflicto desplazó a decenas de miles de civiles, en su mayoría mujeres y niños, dentro del país y hacia la vecina República Democrática del Congo.
Trauma del pasado
Awa —la AFP cambió los nombres de todos los menores en esta historia— tenía 14 años cuando fue secuestrada por la Unidad por la Paz en la República Centroafricana (UPC), uno de los mayores grupos rebeldes.
Estuvo retenida durante unos tres meses.
Sentada en la parte delantera de la clase de Yonaba, donde las máquinas de coser sustituyen a los pupitres tradicionales, evita hablar del pasado y prefiere centrarse en el presente.
«Hoy me siento bien. Me gusta lo que hago aquí. Hay otros niños que tuvieron experiencias similares a la mía. Nos ayudamos mutuamente con el trabajo», describe la joven.
También afirma estar contenta de vivir ahora «una especie de vida normal».
Amadou, de 16 años fue formado como panadero por la ONG y ahora hace pan y rosquillas cada mañana en un horno tradicional en su aldea. Pasó un año y medio en las filas de la UPC.
«No nos pedían que usáramos armas, pero estábamos allí, como sirvientes. Hacíamos todas las tareas ingratas y no descansábamos. Nos hablaban de manera grosera y dura», comenta, luchando con los dolorosos recuerdos que reaparecen.
Rachelle, que está aprendiendo sobre ganadería con Esperance, cuenta que fue utilizada como esclava sexual cuando tenía 14 años. La experiencia duró un año.
«Me obligaron a hacer cosas y tuve que hacerlo, de lo contrario habría habido consecuencias», confiesa con valentía pero negándose a decir más.
Pero los recuerdos la atormentan. Se pregunta por su madre, secuestrada al mismo tiempo que ella y de la que no volvió a saber nada desde entonces.
Esperance, financiada en parte por UNICEF, ayudó a 52 jóvenes a encontrar una vocación y un empleo el año pasado. Ofrece apoyo psicológico además de formación.
Los recientes programas de desarme contribuyen a un aumento de la demanda de sus servicios.
«Antes recibíamos una llamada al mes. Ahora es cada semana», relata Karl Malone, encargado de identificar nuevos casos de niños soldados en la región de Bria.
«Este año recibimos financiación suficiente para ayudar a 100 niños. Pero hay al menos 117 que necesitan ayuda. Y no podemos atenderlos», lamenta.
Como otras organizaciones de ayuda, Esperance se ve afectada por la disminución de la financiación internacional, especialmente de USAID, la agencia estadounidense de desarrollo, desmantelada por el presidente Donald Trump poco después de regresar al poder.
