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Nicaragüenses votan este domingo en unas elecciones inclinas a seguir régimen de Daniel Ortega
Ortega, quien llegó al poder por las urnas en 2007 y el jueves cumplirá 76 años, se apresta a iniciar otros cinco años como presidente, a la cabeza del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda) y junto a su poderosa esposa Rosario Murillo (70), candidata a la vicepresidencia por segunda vez.
Su permanencia en la presidencia no se duda. El exguerrillero sandinista, quien también gobernó en los años 1980 luego de que el FSLN derrocara en 1979 al dictador Anastasio Somoza, enfrenta a cinco candidatos derechistas, desconocidos y tachados de colaboradores del gobierno.
Las 13.459 mesas electorales instaladas en todo el país abrieron a las 07H00 locales (13H00 GMT) para unos 4,4 millones de electores convocados a elegir también a 90 diputados de un Congreso que, al igual que todos los poderes del Estado, está bajo control oficial.
«Voté porque es un derecho y porque siga el progreso del país», dijo a la AFP Carlos Reyes, de 39 años, en un centro electoral del barrio Larreynaga, en el este de Managua.
La oposición en el exilio llamó a la abstención. «No hay por quien votar. Esto es un circo electoral. Si ellos están tan seguros de que el pueblo los quiere ¿por qué echaron presos a los aspirantes presidenciales?», dijo a la AFP una secretaria de 51 años, que prefirió no revelar su nombre.
El foco de la elección en este país centroamericano de 6,5 millones de habitantes no es por quién votar, sino si abstenerse o participar, y la reacción de la comunidad internacional que considera estas elecciones no libres ni democráticas.
En algunos centros de votación se formaban filas, pero muchas calles estaban vacías. El FSLN se movilizó casa por casa para llamar a votar, mientras que el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) ha denunciado que existe temor y un control social sobre la población que intimida a la gente para votar.
Crispación electoral
Estos comicios se celebran tres años y medio después de las protestas que exigieron la renuncia de Ortega y cuya represión dejó al menos 328 muertos y más de 100,000 exiliados.
Acercándose los comicios, en junio comenzó una ofensiva contra la oposición: fueron ilegalizados tres partidos, detenidos siete aspirantes presidenciales y otros 32 activistas políticos y sociales, empresarios y periodistas, que se sumaron a unos 120 opositores que aún están presos desde las protestas de 2018.
Los más recientes detenidos están acusados, según leyes aprobadas a fines de 2020, de atentar contra la soberanía, promover sanciones internacionales, «traición a la patria» o «lavado de dinero», como es el caso de la aspirante opositora favorita, Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios (1990-1997) y quien se encuentra en arresto domiciliario.
Ortega es señalado por sus críticos de «nepotismo» y de instaurar una «dictadura». Él acusa a los opositores de «golpistas» apadrinados por Washington.
Desde el exilio, en Costa Rica y otros países, la oposición preparó para este domingo marchas contra lo que califican de «farsa electoral».
En vísperas de la votación, Murillo, única portavoz del gobierno, llamó a participar de la «fiesta electoral» que, dijo, será una «ratificación de la paz».
El gobierno planea convocar a un diálogo, pero analistas críticos estiman que es una estrategia para ganar legitimidad y que no será real con los opositores presos o exiliados.
«No hay que dejarse engañar con cantos de sirena», dijo a AFP la presidenta del Cenidh, Vilma Núñez.
Presión internacional
La comunidad internacional, encabezada por Estados Unidos y la Unión Europea (UE), descalificó previamente los comicios, lo que Ortega calificó de «injerencia inaceptable».
El presidente estadounidense, Joe Biden, cuyo país al igual que la UE adoptó sanciones contra el círculo íntimo de Ortega, se alista para firmar un arsenal de medidas bajo la Ley RENACER, para aumentar la presión.
La situación en Nicaragua se debatirá esta semana en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), donde podría plantearse la suspensión de la participación del país en el bloque regional.
Analistas advierten que un aislamiento empeorará la situación socioeconómica y dispará la migración, aunque el gobierno augura un crecimiento del PIB del 6% con la inyección de remesas -1.400 millones de dólares de enero a agosto-, créditos internacionales y la no imposición de restricciones pese al avance de la pandemia.
El gobierno acreditó el sábado a unos 200 «acompañantes electorales» y periodistas extranjeros que el gobierno considera «amigos». Según el observatorio independiente Urnas Abiertas son «militantes sandinistas» que reemplazan la observación internacional de la OEA o la UE y a medios internacionales.
Unos 30,000 policías y militares resguardan las mesas electorales que cerrarán a las 18H00 locales (00H00 GMT). Según el Consejo Supremo Electoral (CSE), habrá resultados hacia la medianoche.
Desplazarse sin Google Maps, dejar de deslizar el dedo por Instagram, guardar los auriculares para escuchar el canto de los pájaros: durante un mes, un grupo de jóvenes estadounidenses cambió sus teléfonos inteligentes por sencillos aparatos de tapa y se embarcó en una desintoxicación digital.
«Estaba esperando el autobús y no sabía cuándo llegaría», recordó Jay West, de 29 años, quien participó en el desafío «Un mes offline», organizado por una pequeña startup con el apoyo de un grupo comunitario local.
Los viejos hábitos son difíciles de erradicar, y West —que trabaja como analista de datos para el sistema de metro de Washington— comentó que a menudo se encontró metiendo la mano en el bolsillo para buscar su teléfono móvil, pese a que no lo llevaba encima.
Pero finalmente resultó ser una experiencia liberadora, asegura.
«A veces me aburría, y eso está bien!», recordó una tarde reciente en una huerta comunitaria de la ciudad donde los participantes de la experiencia se reunieron para compartir las dificultades y las alegrías de desconectarse. «Está bien aburrirse», dijo West.
Sentada a su lado estaba Rachael Schultz, de 35 años, quien tuvo que pedir indicaciones a desconocidos que pasaban en bicicleta. También Lizzie Benjamin, de 25, que desempolvó viejos CD que su padre había grabado para poder escuchar música sin recurrir a Spotify.
Antes de la desintoxicación, a Bobby Loomis —trabajador del sector inmobiliario de 25 años— le costaba ver siquiera un episodio completo de una serie de televisión sin mirar su teléfono.
Vida social «enriquecedora»
Desde hace tiempo, los científicos vienen alertando que la adicción a los teléfonos móviles está asociada con una menor capacidad de atención, problemas de sueño y ansiedad.
En un fallo histórico de fines de marzo, un tribunal de California dictaminó que Instagram y YouTube son responsables de la naturaleza adictiva de sus plataformas.
Un número creciente de jóvenes estadounidenses está, por fin, tomando nota de ello.
Según una encuesta de YouGov realizada el año pasado, más de dos tercios de las personas de entre 18 y 29 años desearían reducir su tiempo de uso de pantallas.
Y existen nuevas herramientas disponibles para lograrlo: aplicaciones, dispositivos para bloquear el teléfono y grupos —como el de Washington— que promueven desintoxicaciones de un mes.
En los campus universitarios se han popularizado las dietas de redes sociales de varias semanas, y las reuniones sin pantallas entre amigos se han convertido en una tendencia en las grandes ciudades.
Prescindir del teléfono inteligente, aunque sea solo por un par de semanas, conduce a un «mayor bienestar y a una mejor capacidad para mantener la atención», afirmó Kostadin Kushlev, investigador de psicología en la Universidad de Georgetown.
Los estudios preliminares sugieren que esos efectos perduran en el tiempo, añadió.
Josh Morin, uno de los organizadores de los programas de desintoxicación en Washington, considera que simplemente dejar de usar el teléfono no es suficiente y que resulta vital ofrecer una alternativa atractiva.
Su programa incluye una sesión semanal de debate para los participantes, en un bar de karaoke situado en un barrio de moda de la capital estadounidense.
«Para romper realmente con ese hábito, es necesario ofrecer una vida social, comunitaria y enriquecedora», señaló Morin.
«El comienzo de algo importante»
«Un mes offline» fue lanzado hace un año por una empresa llamada Dumb.co.
Participar cuesta aproximadamente 100 dólares por persona, tarifa que cubre el préstamo de un celular viejo precargado con herramientas esenciales —llamadas telefónicas, mensajes de texto y la aplicación Uber- que se sincronizan con el teléfono inteligente del usuario.
Hasta la fecha, la «startup» ha avanzado a paso lento. Espera superar la marca de mil participantes en mayo.
Pero los expertos vislumbran una tendencia más amplia.
Graham Burnett, profesor de historia en la Universidad de Princeton, cree estar frente al «amanecer de un movimiento auténtico», similar al surgimiento de la ola ecologista en la década de 1960, que dio lugar a importantes leyes de protección medioambiental.
Kendall Schrohe, de 23 años y empleada en una organización de vigilancia de la privacidad digital, completó el programa mensual de desintoxicación en Washington en enero.
Ahora es capaz de orientarse por su barrio sin depender de Google Maps; además, eliminó su cuenta de Instagram y organizó su propio grupo de «sobriedad digital».
«Adopté una perspectiva optimista y siento que realmente estamos ante el comienzo de algo importante», comentó.
Un fatídico hecho de sangre se registró este lunes en un restaurante ubicado sobre la 18.ª avenida y 8.ª calle, de la Zona 6, de la capital guatemalteca. Clientes y empleados de la cevichería «Viña del Mar» fueron atacados a balazos por dos hombres que ingresaron con los rostros cubiertos. En el lugar fallecieron cinco personas, mientras que los lesionados fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios, posteriormente uno murió en el nosocomio, informó el periódico Prensa Libre.
Entre los heridos se encuentra un menor de cinco años que fue movilizado a una unidad de emergencias pediátricas.
Bomberos Voluntarios y Bomberos Municipales fueron los primeros en llegar a la escena del crimen, tras recibir llamadas de emergencias de los vecinos, quienes escucharon los disparos.
Actualmente la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) investigan el móvil de la masacre.
Según una publicación en la web del medio guatemalteco La Hora, citando versiones de testigos, los atacantes se movilizaban en motocicletas.
En las redes sociales comenzaron a circular las posibles identidades de las víctimas entre ellas Kimberly Pérez Ramos, su pareja Isaías Boch y el hijo en común que resultó herido; los tres residentes de Buena Vista, Santa María Ixhuatán, Santa Rosa.
Noemí Sinay Hernández ha sido identificada entre las víctimas mortales. La mujer contaba con récord delictivo por asociaciones ilícitas, portación de arma hechiza y conspiración para asesinato, confirmó el vocero de la PNC, Jorge Aguilar. De todos los fallecidos era la única que contaba con antecedentes policiales, añadió.
Una de las hipótesis de la Policía es que el ataque iba dirigido hacia Hernández por presunta rivalidad entre bandas criminales
La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por considerarla corrupta y antidemocrática, fracasó este lunes en su aspiración de lograr un tercer mandato, lo que el presidente Bernardo Arévalo rechazaba de forma rotunda.
La salida de Porras del Ministerio Público (MP) es considerada clave por activistas y juristas locales e internacionales para atacar la red de corrupción enquistada en el sistema de justicia, que ha hecho tambalear a la frágil democracia guatemalteca.
Porras quedó fuera de la lista de seis candidatos aprobada por la comisión de abogados que los seleccionó para que Arévalo designe al fiscal general que asumirá el cargo el 17 de mayo por los próximos cuatro años.
Arévalo descartó elegir a Porras por considerarla «peligrosa» para el país, pero la propia comisión evaluadora la excluyó, aunque encabezaba una tabla de puntajes que solo consideraba la experiencia y títulos académicos, no la integridad ética.
Sus críticos la consideran operadora del llamado «pacto de corruptos», la élite político-empresarial ultraconservadora que domina el país.
