Internacionales
Nicaragüenses votan este domingo en unas elecciones inclinas a seguir régimen de Daniel Ortega
Ortega, quien llegó al poder por las urnas en 2007 y el jueves cumplirá 76 años, se apresta a iniciar otros cinco años como presidente, a la cabeza del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda) y junto a su poderosa esposa Rosario Murillo (70), candidata a la vicepresidencia por segunda vez.
Su permanencia en la presidencia no se duda. El exguerrillero sandinista, quien también gobernó en los años 1980 luego de que el FSLN derrocara en 1979 al dictador Anastasio Somoza, enfrenta a cinco candidatos derechistas, desconocidos y tachados de colaboradores del gobierno.
Las 13.459 mesas electorales instaladas en todo el país abrieron a las 07H00 locales (13H00 GMT) para unos 4,4 millones de electores convocados a elegir también a 90 diputados de un Congreso que, al igual que todos los poderes del Estado, está bajo control oficial.
«Voté porque es un derecho y porque siga el progreso del país», dijo a la AFP Carlos Reyes, de 39 años, en un centro electoral del barrio Larreynaga, en el este de Managua.
La oposición en el exilio llamó a la abstención. «No hay por quien votar. Esto es un circo electoral. Si ellos están tan seguros de que el pueblo los quiere ¿por qué echaron presos a los aspirantes presidenciales?», dijo a la AFP una secretaria de 51 años, que prefirió no revelar su nombre.
El foco de la elección en este país centroamericano de 6,5 millones de habitantes no es por quién votar, sino si abstenerse o participar, y la reacción de la comunidad internacional que considera estas elecciones no libres ni democráticas.
En algunos centros de votación se formaban filas, pero muchas calles estaban vacías. El FSLN se movilizó casa por casa para llamar a votar, mientras que el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) ha denunciado que existe temor y un control social sobre la población que intimida a la gente para votar.
Crispación electoral
Estos comicios se celebran tres años y medio después de las protestas que exigieron la renuncia de Ortega y cuya represión dejó al menos 328 muertos y más de 100,000 exiliados.
Acercándose los comicios, en junio comenzó una ofensiva contra la oposición: fueron ilegalizados tres partidos, detenidos siete aspirantes presidenciales y otros 32 activistas políticos y sociales, empresarios y periodistas, que se sumaron a unos 120 opositores que aún están presos desde las protestas de 2018.
Los más recientes detenidos están acusados, según leyes aprobadas a fines de 2020, de atentar contra la soberanía, promover sanciones internacionales, «traición a la patria» o «lavado de dinero», como es el caso de la aspirante opositora favorita, Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios (1990-1997) y quien se encuentra en arresto domiciliario.
Ortega es señalado por sus críticos de «nepotismo» y de instaurar una «dictadura». Él acusa a los opositores de «golpistas» apadrinados por Washington.
Desde el exilio, en Costa Rica y otros países, la oposición preparó para este domingo marchas contra lo que califican de «farsa electoral».
En vísperas de la votación, Murillo, única portavoz del gobierno, llamó a participar de la «fiesta electoral» que, dijo, será una «ratificación de la paz».
El gobierno planea convocar a un diálogo, pero analistas críticos estiman que es una estrategia para ganar legitimidad y que no será real con los opositores presos o exiliados.
«No hay que dejarse engañar con cantos de sirena», dijo a AFP la presidenta del Cenidh, Vilma Núñez.
Presión internacional
La comunidad internacional, encabezada por Estados Unidos y la Unión Europea (UE), descalificó previamente los comicios, lo que Ortega calificó de «injerencia inaceptable».
El presidente estadounidense, Joe Biden, cuyo país al igual que la UE adoptó sanciones contra el círculo íntimo de Ortega, se alista para firmar un arsenal de medidas bajo la Ley RENACER, para aumentar la presión.
La situación en Nicaragua se debatirá esta semana en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), donde podría plantearse la suspensión de la participación del país en el bloque regional.
Analistas advierten que un aislamiento empeorará la situación socioeconómica y dispará la migración, aunque el gobierno augura un crecimiento del PIB del 6% con la inyección de remesas -1.400 millones de dólares de enero a agosto-, créditos internacionales y la no imposición de restricciones pese al avance de la pandemia.
El gobierno acreditó el sábado a unos 200 «acompañantes electorales» y periodistas extranjeros que el gobierno considera «amigos». Según el observatorio independiente Urnas Abiertas son «militantes sandinistas» que reemplazan la observación internacional de la OEA o la UE y a medios internacionales.
Unos 30,000 policías y militares resguardan las mesas electorales que cerrarán a las 18H00 locales (00H00 GMT). Según el Consejo Supremo Electoral (CSE), habrá resultados hacia la medianoche.
El ejército de Israel aseguró este sábado que ya había llevado a cabo unos 3,400 ataques en territorio iraní desde que Israel y Estados Unidos iniciaron la guerra contra Irán, hace una semana.
El portavoz militar, el general de brigada Effie Defrin, señaló que se habían lanzado aproximadamente 7,500 municiones contra objetivos en Irán durante la operación.
Por separado, el ejército de Israel informó el sábado por la noche que había comenzado una nueva «ola de ataques» en la capital iraní.
Ataque en depósito de petróleo
Estados Unidos e Israel bombardearon ese sábado un depósito de petróleo en Teherán, informó la prensa iraní, en el que sería el primer ataque reportado contra la infraestructura petrolera de la República Islámica.
«Un depósito de petróleo en el sur de Teherán fue atacado por Estados Unidos y el régimen sionista», señaló la agencia oficial de noticias IRNA.
El depósito se encontraba en una zona cercana a una importante refinería de petróleo.
Otra agencia noticiosa iraní, ILNA, informó de que las instalaciones de la refinería «no resultaron dañadas en los ataques».
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió este sábado a su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, y destacó la relación entre ambos países durante la cumbre regional «Shield of the Americas», celebrada en Miami.
«Nayib Bukele es un hombre con quien nos hemos acercado mucho. Lo vi como un joven en mi primer mandato», afirmó Trump al referirse al mandatario salvadoreño durante el encuentro con líderes del continente.
El presidente estadounidense aseguró que Bukele «dirige bien la operación», en referencia a su gestión al frente del Gobierno salvadoreño, y añadió que ese desempeño es «todo lo que me importa».
Durante su intervención, el mandatario estadounidense agregó: «Eras joven y guapo; ahora eres mayor y guapo», antes de concluir que Bukele «ha sido un gran presidente» y que Estados Unidos «aprecia mucho la relación» con El Salvador.
Entre los asistentes figuran el presidente de El Salvador, Nayib Bukele; el de Argentina, Javier Milei; el de Ecuador, Daniel Noboa; el de Paraguay, Santiago Peña; el de Panamá, José Raúl Mulino; el de Costa Rica, Rodrigo Chaves; el de República Dominicana, Luis Abinader; y el presidente de Honduras, Nasry Asfura, entre otros.
Internacionales
Bernardo Arévalo pierde batalla clave por renovar el sistema de justicia en Guatemala
La reelección de un magistrado acusado de favorecer a delincuentes en la máxima Corte de Guatemala postergó una vez más la aspiración de desbaratar un presunto entramado judicial en el que confluyen intereses políticos, económicos y criminales.
Roberto Molina Barreto fue elegido en el marco de un proceso para renovar a los miembros de las más altas instancias judiciales, incluida la Corte de Constitucionalidad, cuyos fallos son inapelables.
Molina fue seleccionado el viernes por el Congreso -adverso al presidente socialdemócrata Bernardo Arévalo-, en medio de denuncias de que la embajada de Estados Unidos cabildeó a su favor.
Con él ya fueron elegidos ocho de los diez magistrados. Solo restan los que designará el presidente, quien llegó al poder con la promesa de enfrentar la corrupción.
Arévalo pidió a Washington que aclarara su supuesta intervención, al anunciar que podría afectar las relaciones bilaterales.
El mandatario no fue invitado a la reunión que sostendrán este sábado en Florida la mayoría de sus vecinos con el presidente Donald Trump.
¿Quién es Molina Barreto?
Abogado de extrema derecha de 70 años, Molina Barreto ha integrado tres veces el máximo tribunal.
Es visto como agente de la patronal Cacif, parte de la élite que ha gobernado el país y señalada de conformar el «llamado pacto de corruptos», un supuesto entramado que perpetúa ese dominio y la corrupción.
El 60% de los 18 millones de habitantes de Guatemala vive en la pobreza.
En 2013, Molina anuló una sentencia por genocidio de indígenas mayas al exdictador Efraín Ríos Montt (1981-1982), fallecido cinco años más tarde.
También avaló el traslado de Aldo Ochoa, alias «El Lobo», jefe de la pandilla Barrio 18, a una prisión con menos controles. Ochoa es señalado de auspiciar motines y el asesinato de 11 policías el pasado 18 de enero, lo que forzó a Arévalo a declarar el estado de excepción.
Además, grupos humanitarios vinculan al magistrado con adopciones ilegales de niños cuando fue procurador general entre 2005 y 2006, un delito que también salpica a la fiscal general, Consuelo Porras, enemiga número uno de Arévalo.
Diputados oficialistas acusaron a la embajada estadounidense de pedir a congresistas que votaran por Molina.
El presidente, quien asegura que estas elecciones judiciales son determinantes para la democracia, denunció «presiones externas» sin detallar el origen. Mientras, medios locales mencionaron un cabildeo de políticos y empresarios guatemaltecos en Estados Unidos a favor de Molina.
¿Cómo quedó la balanza?
Los analistas consideran que la reelección de Molina fue el golpe de gracia a los planos de sanear el sistema de justicia, que el fiscal general ha intentado usar contra Arévalo.
Porras, sancionada durante el gobierno de Joe Biden, pretendió impedir la posesión de Arévalo hace dos años por supuestas anomalías y ha buscado su destitución.
También ha empujado al exilio a varios de sus críticos, que la señalan como una de las principales operadoras del «pacto de corruptos».
La nueva Corte es «adversa a los intereses en la recuperación de la institucionalidad» porque va a «continuar esa captura, cooptación y control institucional», dijo a la AFP el politólogo Renzo Rosal.
Según este catedrático, las fuerzas que han dominado normalmente seguirán teniendo el 60 % de los magistrados.
Sin embargo, Luis Miguel Reyes, de la Fundación Libertad y Desarrollo, considera que hay dos magistrados «bisagras» que podrían inclinar la balanza para uno u otro lado.
Con la elección de la Corte, el país «se estaba jugando el futuro político institucional» para los próximos cinco años, declaró Reyes a la prensa.
Arévalo afirmó sin embargo que «la batalla por recuperar las instituciones de justicia continúa».
El mandatario tiene la potestad de elegir en mayo al sucesor de Porras, sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea por considerarla «corrupta» y «antidemocrática».
¿Cómo impactará la nueva Corte?
Según los analistas, la nueva Corte podría complicar la gestión de Arévalo en los dos años que le restan.
Podría «generar condiciones adversas» en las elecciones generales de 2027 si se decide bloquear la participación de ciertos partidos y candidatos, señaló Reyes.
Incluso podría «interferir» en la elección del nuevo fiscal, agregó.
Este año el Congreso también debe elegir a los integrantes del Tribunal Supremo Electoral (TSE), máxima autoridad durante el proceso para relevar a Arévalo, cuya gestión desaprueban el 60 % de los ciudadanos, según encuestas.
