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Nicaragüenses votan este domingo en unas elecciones inclinas a seguir régimen de Daniel Ortega
Ortega, quien llegó al poder por las urnas en 2007 y el jueves cumplirá 76 años, se apresta a iniciar otros cinco años como presidente, a la cabeza del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda) y junto a su poderosa esposa Rosario Murillo (70), candidata a la vicepresidencia por segunda vez.
Su permanencia en la presidencia no se duda. El exguerrillero sandinista, quien también gobernó en los años 1980 luego de que el FSLN derrocara en 1979 al dictador Anastasio Somoza, enfrenta a cinco candidatos derechistas, desconocidos y tachados de colaboradores del gobierno.
Las 13.459 mesas electorales instaladas en todo el país abrieron a las 07H00 locales (13H00 GMT) para unos 4,4 millones de electores convocados a elegir también a 90 diputados de un Congreso que, al igual que todos los poderes del Estado, está bajo control oficial.
«Voté porque es un derecho y porque siga el progreso del país», dijo a la AFP Carlos Reyes, de 39 años, en un centro electoral del barrio Larreynaga, en el este de Managua.
La oposición en el exilio llamó a la abstención. «No hay por quien votar. Esto es un circo electoral. Si ellos están tan seguros de que el pueblo los quiere ¿por qué echaron presos a los aspirantes presidenciales?», dijo a la AFP una secretaria de 51 años, que prefirió no revelar su nombre.
El foco de la elección en este país centroamericano de 6,5 millones de habitantes no es por quién votar, sino si abstenerse o participar, y la reacción de la comunidad internacional que considera estas elecciones no libres ni democráticas.
En algunos centros de votación se formaban filas, pero muchas calles estaban vacías. El FSLN se movilizó casa por casa para llamar a votar, mientras que el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) ha denunciado que existe temor y un control social sobre la población que intimida a la gente para votar.
Crispación electoral
Estos comicios se celebran tres años y medio después de las protestas que exigieron la renuncia de Ortega y cuya represión dejó al menos 328 muertos y más de 100,000 exiliados.
Acercándose los comicios, en junio comenzó una ofensiva contra la oposición: fueron ilegalizados tres partidos, detenidos siete aspirantes presidenciales y otros 32 activistas políticos y sociales, empresarios y periodistas, que se sumaron a unos 120 opositores que aún están presos desde las protestas de 2018.
Los más recientes detenidos están acusados, según leyes aprobadas a fines de 2020, de atentar contra la soberanía, promover sanciones internacionales, «traición a la patria» o «lavado de dinero», como es el caso de la aspirante opositora favorita, Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios (1990-1997) y quien se encuentra en arresto domiciliario.
Ortega es señalado por sus críticos de «nepotismo» y de instaurar una «dictadura». Él acusa a los opositores de «golpistas» apadrinados por Washington.
Desde el exilio, en Costa Rica y otros países, la oposición preparó para este domingo marchas contra lo que califican de «farsa electoral».
En vísperas de la votación, Murillo, única portavoz del gobierno, llamó a participar de la «fiesta electoral» que, dijo, será una «ratificación de la paz».
El gobierno planea convocar a un diálogo, pero analistas críticos estiman que es una estrategia para ganar legitimidad y que no será real con los opositores presos o exiliados.
«No hay que dejarse engañar con cantos de sirena», dijo a AFP la presidenta del Cenidh, Vilma Núñez.
Presión internacional
La comunidad internacional, encabezada por Estados Unidos y la Unión Europea (UE), descalificó previamente los comicios, lo que Ortega calificó de «injerencia inaceptable».
El presidente estadounidense, Joe Biden, cuyo país al igual que la UE adoptó sanciones contra el círculo íntimo de Ortega, se alista para firmar un arsenal de medidas bajo la Ley RENACER, para aumentar la presión.
La situación en Nicaragua se debatirá esta semana en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), donde podría plantearse la suspensión de la participación del país en el bloque regional.
Analistas advierten que un aislamiento empeorará la situación socioeconómica y dispará la migración, aunque el gobierno augura un crecimiento del PIB del 6% con la inyección de remesas -1.400 millones de dólares de enero a agosto-, créditos internacionales y la no imposición de restricciones pese al avance de la pandemia.
El gobierno acreditó el sábado a unos 200 «acompañantes electorales» y periodistas extranjeros que el gobierno considera «amigos». Según el observatorio independiente Urnas Abiertas son «militantes sandinistas» que reemplazan la observación internacional de la OEA o la UE y a medios internacionales.
Unos 30,000 policías y militares resguardan las mesas electorales que cerrarán a las 18H00 locales (00H00 GMT). Según el Consejo Supremo Electoral (CSE), habrá resultados hacia la medianoche.
Cientos de bomberos y más de 1,000 soldados combatieron desde finales de abril las llamas que quemaron 1,600 hectáreas de la región montañosa de Iwate.
Los incendios que arrasaron bosques del norte de Japón, considerados entre los más grandes en más de 30 años, fueron controlados después de 11 días, informaron las autoridades.
Al menos ocho edificios fueron dañados y dos personas sufrieron heridas menores, según la Agencia de Manejo de Incendios y Desastres. Miles de personas fueron evacuadas.
El alcalde de la localidad de Otsuchi, Kozo Hirano, dijo el sábado a periodistas que había sido «informado de que el incendio fue controlado», después de visitar la zona con bomberos.
Indicó que las llamas fueron extinguidas gracias al trabajo aéreo y terrestre de los bomberos, así como a las fuertes lluvias.
Según la agencia noticiosa Kyodo, se trata de los segundos mayores incendios forestales en más de 30 años.
Los inviernos cada vez más secos han incrementado el riesgo de incendios forestales.
Los científicos advierten que el cambio climático causado por el hombre hace que las sequías sean más intensas y prolongadas, lo cual que propicia los incendios forestales.
Un hombre sospechoso de haber envenenado tarros de papilla para bebés con matarratas, presuntamente con el objetivo de chantajear al fabricante alemán HiPP, fue detenido este sábado en Austria, según informó la policía citada por la agencia APA.
De acuerdo con la dirección de la policía de la región de Burgenland, al sur de Viena, el sospechoso tiene 39 años, aunque su identidad no ha sido revelada hasta el momento. Las autoridades tampoco precisaron el lugar exacto de su arresto.
El hombre ha sido acusado de poner deliberadamente en peligro la seguridad pública y de intento de lesiones graves. Paralelamente, las autoridades de Alemania también mantienen una investigación abierta por sospechas de extorsión contra el fabricante HiPP.
Según la policía de Baviera, que coordina las pesquisas, se encontraron cinco frascos con alimentos envenenados antes de que fueran consumidos en Austria, República Checa y Eslovaquia. Uno de los botes fue localizado el 18 de abril en un supermercado Spar de Eisenstadt, capital de Burgenland, y contenía 15 microgramos de matarratas.
A mediados de abril, la empresa HiPP solicitó la retirada preventiva de tarros potencialmente contaminados en Austria. Las alertas se centraron principalmente en un envase de 190 gramos de puré de verduras de zanahoria y patata.
Las autoridades continúan la búsqueda de otro tarro sospechoso que fue vendido en la misma sucursal de Spar en Eisenstadt y que aún no ha sido localizado.
Las autoridades del estado de Pernambuco, en el noreste de Brasil, informaron que el número de fallecidos a causa de las intensas lluvias ascendió a cinco, luego de la muerte de una bebé de un año que había sido rescatada el viernes.
Según la Defensa Civil de Pernambuco, hasta el momento se reportan 422 personas sin hogar y 1,068 desalojadas, además de 342 personas rescatadas en distintas localidades afectadas por deslizamientos de tierra e inundaciones.
La menor falleció en el hospital donde permanecía ingresada tras ser rescatada de los escombros de su vivienda en el barrio de Dois Unidos, al norte de Recife, capital del estado. En el mismo incidente también murieron su madre, de 24 años, y su hermano de seis años.
Las lluvias han provocado además daños en otros municipios de la región metropolitana y del interior de Pernambuco.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, señaló el viernes por la noche que el Gobierno federal dispuso apoyo inmediato para las autoridades del estado. Asimismo, el Ministerio de Salud movilizó equipos para atender a las personas afectadas.
