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Nicaragüenses votan este domingo en unas elecciones inclinas a seguir régimen de Daniel Ortega
Ortega, quien llegó al poder por las urnas en 2007 y el jueves cumplirá 76 años, se apresta a iniciar otros cinco años como presidente, a la cabeza del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda) y junto a su poderosa esposa Rosario Murillo (70), candidata a la vicepresidencia por segunda vez.
Su permanencia en la presidencia no se duda. El exguerrillero sandinista, quien también gobernó en los años 1980 luego de que el FSLN derrocara en 1979 al dictador Anastasio Somoza, enfrenta a cinco candidatos derechistas, desconocidos y tachados de colaboradores del gobierno.
Las 13.459 mesas electorales instaladas en todo el país abrieron a las 07H00 locales (13H00 GMT) para unos 4,4 millones de electores convocados a elegir también a 90 diputados de un Congreso que, al igual que todos los poderes del Estado, está bajo control oficial.
«Voté porque es un derecho y porque siga el progreso del país», dijo a la AFP Carlos Reyes, de 39 años, en un centro electoral del barrio Larreynaga, en el este de Managua.
La oposición en el exilio llamó a la abstención. «No hay por quien votar. Esto es un circo electoral. Si ellos están tan seguros de que el pueblo los quiere ¿por qué echaron presos a los aspirantes presidenciales?», dijo a la AFP una secretaria de 51 años, que prefirió no revelar su nombre.
El foco de la elección en este país centroamericano de 6,5 millones de habitantes no es por quién votar, sino si abstenerse o participar, y la reacción de la comunidad internacional que considera estas elecciones no libres ni democráticas.
En algunos centros de votación se formaban filas, pero muchas calles estaban vacías. El FSLN se movilizó casa por casa para llamar a votar, mientras que el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) ha denunciado que existe temor y un control social sobre la población que intimida a la gente para votar.
Crispación electoral
Estos comicios se celebran tres años y medio después de las protestas que exigieron la renuncia de Ortega y cuya represión dejó al menos 328 muertos y más de 100,000 exiliados.
Acercándose los comicios, en junio comenzó una ofensiva contra la oposición: fueron ilegalizados tres partidos, detenidos siete aspirantes presidenciales y otros 32 activistas políticos y sociales, empresarios y periodistas, que se sumaron a unos 120 opositores que aún están presos desde las protestas de 2018.
Los más recientes detenidos están acusados, según leyes aprobadas a fines de 2020, de atentar contra la soberanía, promover sanciones internacionales, «traición a la patria» o «lavado de dinero», como es el caso de la aspirante opositora favorita, Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios (1990-1997) y quien se encuentra en arresto domiciliario.
Ortega es señalado por sus críticos de «nepotismo» y de instaurar una «dictadura». Él acusa a los opositores de «golpistas» apadrinados por Washington.
Desde el exilio, en Costa Rica y otros países, la oposición preparó para este domingo marchas contra lo que califican de «farsa electoral».
En vísperas de la votación, Murillo, única portavoz del gobierno, llamó a participar de la «fiesta electoral» que, dijo, será una «ratificación de la paz».
El gobierno planea convocar a un diálogo, pero analistas críticos estiman que es una estrategia para ganar legitimidad y que no será real con los opositores presos o exiliados.
«No hay que dejarse engañar con cantos de sirena», dijo a AFP la presidenta del Cenidh, Vilma Núñez.
Presión internacional
La comunidad internacional, encabezada por Estados Unidos y la Unión Europea (UE), descalificó previamente los comicios, lo que Ortega calificó de «injerencia inaceptable».
El presidente estadounidense, Joe Biden, cuyo país al igual que la UE adoptó sanciones contra el círculo íntimo de Ortega, se alista para firmar un arsenal de medidas bajo la Ley RENACER, para aumentar la presión.
La situación en Nicaragua se debatirá esta semana en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), donde podría plantearse la suspensión de la participación del país en el bloque regional.
Analistas advierten que un aislamiento empeorará la situación socioeconómica y dispará la migración, aunque el gobierno augura un crecimiento del PIB del 6% con la inyección de remesas -1.400 millones de dólares de enero a agosto-, créditos internacionales y la no imposición de restricciones pese al avance de la pandemia.
El gobierno acreditó el sábado a unos 200 «acompañantes electorales» y periodistas extranjeros que el gobierno considera «amigos». Según el observatorio independiente Urnas Abiertas son «militantes sandinistas» que reemplazan la observación internacional de la OEA o la UE y a medios internacionales.
Unos 30,000 policías y militares resguardan las mesas electorales que cerrarán a las 18H00 locales (00H00 GMT). Según el Consejo Supremo Electoral (CSE), habrá resultados hacia la medianoche.
Las negociaciones para concretar un rescate gubernamental de $500 millones de dólares a favor de Spirit Airlines se han venido abajo, dejando a la aerolínea de bajo costo al borde del cierre, de acuerdo con un reporte publicado por The New York Times.
Según la información de medios internacionales, la compañía enfrenta una crítica falta de liquidez y se prepara para cerrar operaciones, tras no lograr asegurar el respaldo financiero que le permitiría continuar en funcionamiento.
El acuerdo, que contemplaba una inyección de capital respaldada por el gobierno de Estados Unidos, no consiguió el consenso necesario ni entre los tenedores de bonos de la empresa ni dentro de la administración del presidente Donald Trump, señala Infobae.
Fuentes citadas por medios internacionales señalan que al interior del gobierno surgieron diferencias sobre la conveniencia de autorizar el rescate y las condiciones bajo las cuales debía estructurarse, lo que terminó por frenar definitivamente las conversaciones.
El eventual cierre de Spirit Airlines marcaría un golpe significativo para el segmento de aerolíneas de bajo costo en Estados Unidos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el viernes que la próxima semana aumentará los aranceles sobre los automóviles y camiones procedentes de la Unión Europea, debido a que, aseguró, Bruselas no está cumpliendo sus compromisos comerciales.
El acuerdo, que se cerró a mitad del año pasado, había limitado el arancel estadounidense sobre los automóviles y las autopartes de la UE al 15%, inferior al gravamen del 25% que Trump impuso a muchos otros socios comerciales.
Estos impuestos sectoriales no se vieron afectados por un fallo del Tribunal Supremo a principios de año que anuló una serie de aranceles globales de Trump.
Pero el mandatario estadounidense dijo este viernes en su plataforma Truth Social: «Dado que la Unión Europea no está cumpliendo con el acuerdo comercial que acordamos plenamente, la próxima semana aumentará los aranceles que se aplican a la Unión Europea por los automóviles y camiones que entran en Estados Unidos».
«El arancel se incrementará al 25 %», anunció.
Trump no dio más razones para la subida prevista, pero el anuncio se produjo un día después de que retomara sus críticas al canciller alemán, Friedrich Merz.
Trump le dijo a Merz que se concentraría en poner fin a la guerra de Ucrania en lugar de «interferir» en Irán.
Es probable que Alemania se vea duramente afectada por esta subida del arancel a los automóviles y sus componentes, ya que gran parte de los vehículos que ingresan en Estados Unidos procedentes de la UE son fabricados allí.
A finales de marzo, los eurodiputados dieron luz verde al acuerdo arancelario del bloque con Trump, pero con condiciones.
Si bien muchos eurodiputados aceptaron reducir los aranceles de la UE a algunas importaciones estadounidenses, como primer paso hacia la aplicación del acuerdo de 2025, también reclamaron salvaguardias adicionales.
Aunque el Parlamento Europeo ha dado su aprobación condicional al pacto comercial entre la UE y Estados Unidos, aún debe negociarse con los Estados miembros antes de entrar en vigor.
Según una ficha informativa de 2025 de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles, Estados Unidos es el segundo mayor mercado para las exportaciones de vehículos nuevos de la UE, después del Reino Unido.
Más de una quinta parte de las exportaciones de vehículos de la UE fueron a Estados Unidos.
Solo Alemania exportó alrededor de 450.000 vehículos a Estados Unidos en 2024, según el grupo sectorial VDA. Pero esa cifra ha disminuido desde entonces.
Un alto magistrado de Bolivia fue asesinado a balazos por sicarios en la ciudad oriental de Santa Cruz cuando se encontraba dentro de un taxi, informó este viernes la policía.
El crimen, cuyas razones se investigan, ocurrió la noche del jueves. La víctima fue identificada como Víctor Hugo Claure, juez del Tribunal Agroambiental, máxima instancia de justicia ambiental y agraria.
«Ayer se produjo un hecho lamentable, el asesinato de un magistrado», dijo en rueda de prensa David Gómez, comandante policial de Santa Cruz. Una moto con dos sujetos se acercó al vehículo donde estaba la autoridad judicial y uno de ellos disparó, precisó.
El funcionario judicial murió antes de llegar al hospital. Su cadáver presentaba cuatro heridas de bala, según el Ministerio Público.
Aunque los hechos se encuentran en investigación, el jefe policial Gómez señaló como hipótesis de la causa del crimen «un problema de tierras».
«Habría emitido algún tipo de resolución referente a la posesión o al aprovechamiento de algunas tierras (…) en el oriente boliviano», precisó.
Según la policía, altas autoridades judiciales de distintos departamentos, entre ellas Claure, se habían reunido el jueves en Santa Cruz.
«En este momento tenemos a 13 magistrados que están con seguridad» policial para sus traslados al aeropuerto y en los lugares en los que permanezcan, dijo Gómez.
Por su parte, el fiscal de esa ciudad Alberto Zeballos, declaró que ya se tienen imágenes de los hechos y las declaraciones de los testigos que se encontraban dentro del taxi.
El presidente Rodrigo Paz expresó su «solidaridad» con la familia del magistrado e instó a la población a no especular, en una declaración a la prensa.
En Bolivia, los magistrados de los máximos órganos de justicia, como el Tribunal Agroambiental, son elegidos por voto popular.
