Internacionales
Nicaragüenses votan este domingo en unas elecciones inclinas a seguir régimen de Daniel Ortega
Ortega, quien llegó al poder por las urnas en 2007 y el jueves cumplirá 76 años, se apresta a iniciar otros cinco años como presidente, a la cabeza del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda) y junto a su poderosa esposa Rosario Murillo (70), candidata a la vicepresidencia por segunda vez.
Su permanencia en la presidencia no se duda. El exguerrillero sandinista, quien también gobernó en los años 1980 luego de que el FSLN derrocara en 1979 al dictador Anastasio Somoza, enfrenta a cinco candidatos derechistas, desconocidos y tachados de colaboradores del gobierno.
Las 13.459 mesas electorales instaladas en todo el país abrieron a las 07H00 locales (13H00 GMT) para unos 4,4 millones de electores convocados a elegir también a 90 diputados de un Congreso que, al igual que todos los poderes del Estado, está bajo control oficial.
«Voté porque es un derecho y porque siga el progreso del país», dijo a la AFP Carlos Reyes, de 39 años, en un centro electoral del barrio Larreynaga, en el este de Managua.
La oposición en el exilio llamó a la abstención. «No hay por quien votar. Esto es un circo electoral. Si ellos están tan seguros de que el pueblo los quiere ¿por qué echaron presos a los aspirantes presidenciales?», dijo a la AFP una secretaria de 51 años, que prefirió no revelar su nombre.
El foco de la elección en este país centroamericano de 6,5 millones de habitantes no es por quién votar, sino si abstenerse o participar, y la reacción de la comunidad internacional que considera estas elecciones no libres ni democráticas.
En algunos centros de votación se formaban filas, pero muchas calles estaban vacías. El FSLN se movilizó casa por casa para llamar a votar, mientras que el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) ha denunciado que existe temor y un control social sobre la población que intimida a la gente para votar.
Crispación electoral
Estos comicios se celebran tres años y medio después de las protestas que exigieron la renuncia de Ortega y cuya represión dejó al menos 328 muertos y más de 100,000 exiliados.
Acercándose los comicios, en junio comenzó una ofensiva contra la oposición: fueron ilegalizados tres partidos, detenidos siete aspirantes presidenciales y otros 32 activistas políticos y sociales, empresarios y periodistas, que se sumaron a unos 120 opositores que aún están presos desde las protestas de 2018.
Los más recientes detenidos están acusados, según leyes aprobadas a fines de 2020, de atentar contra la soberanía, promover sanciones internacionales, «traición a la patria» o «lavado de dinero», como es el caso de la aspirante opositora favorita, Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios (1990-1997) y quien se encuentra en arresto domiciliario.
Ortega es señalado por sus críticos de «nepotismo» y de instaurar una «dictadura». Él acusa a los opositores de «golpistas» apadrinados por Washington.
Desde el exilio, en Costa Rica y otros países, la oposición preparó para este domingo marchas contra lo que califican de «farsa electoral».
En vísperas de la votación, Murillo, única portavoz del gobierno, llamó a participar de la «fiesta electoral» que, dijo, será una «ratificación de la paz».
El gobierno planea convocar a un diálogo, pero analistas críticos estiman que es una estrategia para ganar legitimidad y que no será real con los opositores presos o exiliados.
«No hay que dejarse engañar con cantos de sirena», dijo a AFP la presidenta del Cenidh, Vilma Núñez.
Presión internacional
La comunidad internacional, encabezada por Estados Unidos y la Unión Europea (UE), descalificó previamente los comicios, lo que Ortega calificó de «injerencia inaceptable».
El presidente estadounidense, Joe Biden, cuyo país al igual que la UE adoptó sanciones contra el círculo íntimo de Ortega, se alista para firmar un arsenal de medidas bajo la Ley RENACER, para aumentar la presión.
La situación en Nicaragua se debatirá esta semana en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), donde podría plantearse la suspensión de la participación del país en el bloque regional.
Analistas advierten que un aislamiento empeorará la situación socioeconómica y dispará la migración, aunque el gobierno augura un crecimiento del PIB del 6% con la inyección de remesas -1.400 millones de dólares de enero a agosto-, créditos internacionales y la no imposición de restricciones pese al avance de la pandemia.
El gobierno acreditó el sábado a unos 200 «acompañantes electorales» y periodistas extranjeros que el gobierno considera «amigos». Según el observatorio independiente Urnas Abiertas son «militantes sandinistas» que reemplazan la observación internacional de la OEA o la UE y a medios internacionales.
Unos 30,000 policías y militares resguardan las mesas electorales que cerrarán a las 18H00 locales (00H00 GMT). Según el Consejo Supremo Electoral (CSE), habrá resultados hacia la medianoche.
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VIDEO | Tiroteo entre policías y pandilleros deja heridos y varios capturados en Guatemala
Seis presuntos integrantes del Barrio 18 fueron capturados por elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) durante un operativo desplegado tras un ataque armado contra un camión repartidor en Puerto Barrios, Izabal, Guatemala.
De acuerdo con las autoridades, entre los detenidos figura un menor de edad, quien fue remitido a las autoridades competentes para el procedimiento correspondiente.
Durante las diligencias, las fuerzas de seguridad también localizaron un arsenal, el cual será sometido a peritajes para determinar si las armas fueron utilizadas en otros hechos criminales.
Asimismo, las investigaciones continúan con el objetivo de establecer la posible participación de los capturados en este y otros hechos delictivos. El caso permanecerá bajo conocimiento de las autoridades judiciales para el desarrollo del proceso legal correspondiente.
Momento en que elementos de la PNC capturan a 6 integrantes del barrio 18, tras ataque contra camión repartidor en Puerto Barrios, Izabal. pic.twitter.com/1gPgSyZRcK
— Vinicio Gutierrez (@viniciogutierr3) July 7, 2026
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Alemania condena a cadena perpetua a un médico de cuidados paliativos por matar a 15 pacientes
Un médico alemán especializado en cuidados paliativos fue condenado este miércoles a cadena perpetua por un tribunal de Berlín tras ser declarado culpable de asesinar a 15 pacientes durante visitas domiciliarias, en un caso que la jueza calificó como el de un «asesino en serie».
El tribunal determinó que el médico, identificado como Johannes M., de 41 años, mató a 12 mujeres y tres hombres entre septiembre de 2021 y julio de 2024 mediante la administración de combinaciones letales de sedantes.
De acuerdo con la acusación, el condenado suministraba primero un sedante y posteriormente un relajante muscular que, al combinarse, provocaban la parálisis de los músculos respiratorios, seguida de un paro respiratorio y la muerte «en cuestión de minutos».
Las víctimas, cuyas edades oscilaban entre 25 y 94 años, se encontraban bajo la atención médica de Johannes M. al momento de los hechos.
El tribunal impuso la pena máxima de prisión perpetua, acompañada de dos disposiciones especiales destinadas a impedir una eventual excarcelación anticipada. Además, el médico fue inhabilitado de por vida para ejercer la medicina.
La jueza Sylvia Busch describió al condenado como un «asesino en serie» y calificó el caso de «inconcebible» y «extraordinario». Asimismo, el tribunal acogió en su totalidad las solicitudes presentadas por la fiscalía.
Según la investigación, en al menos cinco ocasiones Johannes M. habría incendiado los apartamentos de las víctimas con el propósito de ocultar los homicidios.
El semanario alemán Die Zeit informó que fue a finales de julio de 2024 cuando la jefa del médico alertó a la policía al considerar sospechoso que varios de los pacientes atendidos por Johannes M. fallecieran de forma repentina y que, al mismo tiempo, se registraran incendios en sus viviendas.
Aunque fue condenado por la muerte de 15 personas, el médico continúa siendo investigado por un número mayor de homicidios. Paralelamente al juicio, las autoridades mantienen abiertas investigaciones sobre decenas de otras muertes por las que también podría ser considerado responsable.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) realizó un llamado urgente para recaudar 296 millones de dólares destinados a atender las necesidades humanitarias derivadas de los terremotos ocurridos el 24 de junio en Venezuela, considerados uno de los peores desastres sísmicos registrados en América Latina.
El desastre ha dejado más de 3.600 fallecidos y miles de personas sin hogar, especialmente en el estado de La Guaira, ubicado cerca de Caracas.
El secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios y coordinador de la ayuda de emergencia, Tom Fletcher, se encuentra en Venezuela, donde ha sostenido reuniones con las autoridades del país.
Durante una reunión virtual de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) con ministros, Fletcher presentó un llamado para recaudar los fondos necesarios con el objetivo de apoyar las operaciones de asistencia.
«Tenemos un plan claro. Se necesitan 296 millones de dólares para atender las necesidades socioeconómicas de 1,3 millones de personas en este momento, durante un período de seis meses. Es un plan con plazos concretos», afirmó.
Asimismo, agradeció el respaldo de la comunidad internacional. «Los donantes ya están actuando, y les rindo homenaje y les doy las gracias», expresó.
El nuevo llamamiento se suma al plan humanitario de 632 millones de dólares anunciado a comienzos de año para Venezuela, donde casi ocho millones de personas ya requerían asistencia humanitaria.
Antes de los terremotos, dicho plan solo había recibido 115 millones de dólares. Sin embargo, tras nuevas contribuciones, la cifra aumentó a 300 millones de dólares.
Fletcher señaló que aún hacen falta 627 millones de dólares para responder a las «necesidades urgentes» del país.
Durante la misma reunión virtual, el canciller venezolano, Yván Gil, solicitó la liberación de los fondos del Estado venezolano que permanecen congelados en el extranjero.
«Queremos hacer una llamada a todos los países que aún tienen bloqueados fondos que pertenecen a Venezuela a que iniciemos un plan de liberación de estos fondos y que podamos utilizar en la recuperación», manifestó.
Gil agregó que Venezuela mantiene cuentas estatales congeladas en distintos países como resultado de lo que calificó como «sanciones ilegales».
