Internacionales
Nicaragüenses votan este domingo en unas elecciones inclinas a seguir régimen de Daniel Ortega
Ortega, quien llegó al poder por las urnas en 2007 y el jueves cumplirá 76 años, se apresta a iniciar otros cinco años como presidente, a la cabeza del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda) y junto a su poderosa esposa Rosario Murillo (70), candidata a la vicepresidencia por segunda vez.
Su permanencia en la presidencia no se duda. El exguerrillero sandinista, quien también gobernó en los años 1980 luego de que el FSLN derrocara en 1979 al dictador Anastasio Somoza, enfrenta a cinco candidatos derechistas, desconocidos y tachados de colaboradores del gobierno.
Las 13.459 mesas electorales instaladas en todo el país abrieron a las 07H00 locales (13H00 GMT) para unos 4,4 millones de electores convocados a elegir también a 90 diputados de un Congreso que, al igual que todos los poderes del Estado, está bajo control oficial.
«Voté porque es un derecho y porque siga el progreso del país», dijo a la AFP Carlos Reyes, de 39 años, en un centro electoral del barrio Larreynaga, en el este de Managua.
La oposición en el exilio llamó a la abstención. «No hay por quien votar. Esto es un circo electoral. Si ellos están tan seguros de que el pueblo los quiere ¿por qué echaron presos a los aspirantes presidenciales?», dijo a la AFP una secretaria de 51 años, que prefirió no revelar su nombre.
El foco de la elección en este país centroamericano de 6,5 millones de habitantes no es por quién votar, sino si abstenerse o participar, y la reacción de la comunidad internacional que considera estas elecciones no libres ni democráticas.
En algunos centros de votación se formaban filas, pero muchas calles estaban vacías. El FSLN se movilizó casa por casa para llamar a votar, mientras que el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) ha denunciado que existe temor y un control social sobre la población que intimida a la gente para votar.
Crispación electoral
Estos comicios se celebran tres años y medio después de las protestas que exigieron la renuncia de Ortega y cuya represión dejó al menos 328 muertos y más de 100,000 exiliados.
Acercándose los comicios, en junio comenzó una ofensiva contra la oposición: fueron ilegalizados tres partidos, detenidos siete aspirantes presidenciales y otros 32 activistas políticos y sociales, empresarios y periodistas, que se sumaron a unos 120 opositores que aún están presos desde las protestas de 2018.
Los más recientes detenidos están acusados, según leyes aprobadas a fines de 2020, de atentar contra la soberanía, promover sanciones internacionales, «traición a la patria» o «lavado de dinero», como es el caso de la aspirante opositora favorita, Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios (1990-1997) y quien se encuentra en arresto domiciliario.
Ortega es señalado por sus críticos de «nepotismo» y de instaurar una «dictadura». Él acusa a los opositores de «golpistas» apadrinados por Washington.
Desde el exilio, en Costa Rica y otros países, la oposición preparó para este domingo marchas contra lo que califican de «farsa electoral».
En vísperas de la votación, Murillo, única portavoz del gobierno, llamó a participar de la «fiesta electoral» que, dijo, será una «ratificación de la paz».
El gobierno planea convocar a un diálogo, pero analistas críticos estiman que es una estrategia para ganar legitimidad y que no será real con los opositores presos o exiliados.
«No hay que dejarse engañar con cantos de sirena», dijo a AFP la presidenta del Cenidh, Vilma Núñez.
Presión internacional
La comunidad internacional, encabezada por Estados Unidos y la Unión Europea (UE), descalificó previamente los comicios, lo que Ortega calificó de «injerencia inaceptable».
El presidente estadounidense, Joe Biden, cuyo país al igual que la UE adoptó sanciones contra el círculo íntimo de Ortega, se alista para firmar un arsenal de medidas bajo la Ley RENACER, para aumentar la presión.
La situación en Nicaragua se debatirá esta semana en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), donde podría plantearse la suspensión de la participación del país en el bloque regional.
Analistas advierten que un aislamiento empeorará la situación socioeconómica y dispará la migración, aunque el gobierno augura un crecimiento del PIB del 6% con la inyección de remesas -1.400 millones de dólares de enero a agosto-, créditos internacionales y la no imposición de restricciones pese al avance de la pandemia.
El gobierno acreditó el sábado a unos 200 «acompañantes electorales» y periodistas extranjeros que el gobierno considera «amigos». Según el observatorio independiente Urnas Abiertas son «militantes sandinistas» que reemplazan la observación internacional de la OEA o la UE y a medios internacionales.
Unos 30,000 policías y militares resguardan las mesas electorales que cerrarán a las 18H00 locales (00H00 GMT). Según el Consejo Supremo Electoral (CSE), habrá resultados hacia la medianoche.
Miles de personas desplazadas por un potente terremoto registrado en el este de Indonesia aguardaban el lunes la llegada de ayuda, mientras permanecían acampadas frente a escuelas, estaciones policiales y oficinas del gobierno.
El sismo, de magnitud 7,7, ocurrió el sábado y dejó 53 personas fallecidas y más de 100 heridas. Organismos de rescate señalaron que no existen reportes de personas desaparecidas.
Sin embargo, el número de personas que no pueden regresar a sus viviendas aumentó el lunes a 12,800 en varias localidades de la isla de Flores, informó a la AFP Berton Suar Pelita Panjaitan, portavoz de la agencia nacional de desastres de Indonesia (BNPB).
Muchos habitantes de Flores pasaron una segunda noche consecutiva a la intemperie por temor a regresar a sus casas debido a las centenares de réplicas registradas en la zona.
Periodistas de la AFP observaron a varios residentes de la localidad de Mbay, ubicada cerca del epicentro, acampados en tiendas improvisadas construidas con lonas y tubos.
«Nuestras casas ya no son habitables porque muchas han colapsado, están agrietadas y no podemos entrar», comentó Junaidin, un residente de Mbay de 32 años, frente a la tienda improvisada donde dormían unas 30 personas.
El residente explicó que únicamente regresan a sus viviendas para recoger agua, ropa y almohadas, para luego pasar la noche en el campamento.
«Estamos aquí por nuestra cuenta», agregó Junaidin, quien, al igual que muchos indonesios, lleva un solo nombre.
El hombre también expresó su frustración por la aparente demora en la llegada de ayuda, mientras Indonesia celebraba el lunes su día de independencia con actos y ceremonias en la capital, Yakarta.
«En cuanto a la ayuda del gobierno, no ha habido ninguna, ni tiendas, ni medicinas, ni comida ni agua potable, nada», afirmó Junaidin.
Ante la situación, la fuerza aérea de Indonesia informó que transportaría 13 toneladas de ayuda de emergencia en aviones y movilizaría helicópteros para trasladar los suministros a los sobrevivientes de comunidades aisladas, según la agencia noticiosa estatal Antara.
La epidemia de ébola que afecta a la República Democrática del Congo (RDC) se convirtió el lunes en la más mortífera registrada en la historia del país, luego de superar en solo tres meses las 2,300 muertes contabilizadas durante el brote de 2018-2020.
La epidemia «es la de más rápida propagación jamás registrada» y «mata a una persona cada 30 minutos», alertó la semana pasada el jefe de asuntos humanitarios de la ONU, Tom Fletcher.
Por el momento, no existe vacuna ni tratamiento disponible para la variante Bundibugyo, identificada como responsable de esta epidemia.
El brote se originó en Ituri, en el noreste de la RDC, y corresponde a la decimoséptima epidemia de ébola registrada en la historia del país. Actualmente, se extiende con fuerza por provincias del este y noreste, donde la presencia del Estado es débil y las infraestructuras sanitarias son precarias.
Pacientes llegan tarde a los centros de tratamiento
En Ituri, uno de los principales epicentros de la epidemia, el hermano de Flavier Ngurima murió poco antes de llegar a un centro de tratamiento (CTE).
«Habíamos llamado a una enfermera de confianza para que lo atendiera en casa, ya que tanto él como sus familiares temían acudir al CTE. Decían que allí muere mucha gente», relató Ngurima.
La situación no sería aislada. En el territorio de Djugu, también en Ituri, parte de la población considera que los síntomas corresponden a «un envenenamiento u otras afecciones», explicó Jean-Paul Malo Lotsima, un líder local.
Según Lotsima, las familias llevan a los enfermos al hospital «en el último momento, cuando la familia ve que la situación empeora», y en algunos casos los pacientes «mueren por el camino».
Mohamed Janabi, director regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para África, aseguró que «más del 70% de las personas fallecen en la comunidad» en lugar de hacerlo en los centros de tratamiento.
Hasta el momento, el brote registra 2,325 fallecidos y 4,945 casos confirmados, superando las cifras de mortalidad de la epidemia de 2018-2020 en el este de la RDC, que dejó 2,299 muertos y 3,381 casos confirmados.
Además, los primeros tres meses de esta epidemia registraron siete veces más contagios y cinco veces más muertes que los primeros tres meses de la peor epidemia de ébola de la historia, que afectó a África Occidental en 2014, según la Agencia sanitaria de la Unión Africana (Africa CDC).
En Bunia, capital de Ituri, se ha registrado cerca del 90% de los casos desde mediados de mayo. Sin embargo, las medidas para combatir la epidemia apenas son visibles, pese a la gravedad de la situación.
Un corresponsal de la AFP también observó que las personas continúan aglomerándose en los mercados y prestan poca atención a las medidas de protección.
«La participación de la comunidad en la respuesta sigue siendo insuficiente», afirmó Janabi.
Situación en Uganda
Uganda, país vecino de la RDC, registró 20 casos confirmados, incluidas dos muertes. Sin embargo, a mediados de julio anunció que ya no tenía casos activos del virus.
La Organización Mundial de la Salud declaró el miércoles que espera revertir la tendencia al alza de la epidemia de ébola en la República Democrática del Congo en un plazo de tres meses.
Internacionales
Colombia avanza en la remoción de escombros tras terremoto que deja cerca de 300 muertos
Colombia avanza este domingo en la remoción de escombros tras la destrucción provocada hace casi una semana por un potente terremoto, mientras las probabilidades de rescatar sobrevivientes son cada vez menores.
El ruido de retroexcavadoras, grúas y camiones se escucha en las zonas más afectadas por el sismo de magnitud 7.4 que, el lunes pasado, derribó miles de casas, edificios, hoteles y hospitales.
Los momentos de silencio que acompañaron las extensas jornadas de búsqueda y rescate comienzan a quedar atrás tras el terremoto más letal registrado en Colombia en este siglo, que deja cerca de 300 muertos.
El terremoto ocurrió horas después de la asunción del nuevo gobierno del ultraderechista Abelardo de la Espriella, quien el sábado solicitó a su aliado estadounidense Donald Trump la suspensión temporal de aranceles para ayudar a Colombia.
El oeste del país y la región cafetera fueron las zonas más golpeadas. A casi una semana de la tragedia, las esperanzas de encontrar sobrevivientes se reducen debido al paso de los días.
Voluntarios no renuncian
En Cali, una pared de un edificio de cinco pisos que colapsó tras el sismo fue marcada por un rescatista con una «V» roja atravesada por una línea horizontal, señal que indica la finalización de las labores de búsqueda de posibles sobrevivientes.
Sin embargo, los rescatistas voluntarios se niegan a abandonar las labores.
«A pesar de que nos han dicho que ya han pasado muchos días, nosotros seguimos buscando vida porque queremos seguir apostándole a la vida», aseguró a la AFP el profesor Juan Carlos Tabares, de 58 años, quien lidera junto a varios voluntarios el punto de rescate denominado «Valentía».
Hasta el momento se registra al menos un centenar de personas desaparecidas a causa del terremoto, aunque se considera que después de 72 horas las posibilidades de supervivencia disminuyen drásticamente.
Más maquinaria
En Cali, una mujer continúa recorriendo los alrededores de su casa en busca de su perro Lucky, en la ciudad que registra la mayor cantidad de fallecidos, con 111.
Algunos vecinos aseguraron haber escuchado los gemidos del animal entre los escombros, por lo que los equipos de rescate continúan buscándolo con micrófonos especiales bajo los restos del edificio.
«Ya no quedaban personas vivas, pero vecinos del sector dijeron que habían escuchado a Lucky llorar en la noche y convocamos a los voluntarios para que vinieran», relató Cristian Moreno, un bombero de 32 años.
El alcalde de Cali, Alejandro Eder, estimó que la reconstrucción de la tercera mayor ciudad de Colombia tendrá un costo de al menos 3,200 millones de dólares.
Colombia ha recibido ayudas millonarias de países como Estados Unidos y de organismos como el Banco Mundial.
En las ciudades más afectadas por el sismo, numerosos edificios fueron marcados con una «X» roja para advertir sobre el riesgo de colapso y prohibir el paso de transeúntes.
En Pereira, una de las zonas afectadas casi en su totalidad por el terremoto, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, solicitó el sábado a empresarios poner a disposición maquinaria para la remoción de escombros, aunque advirtió que todavía hay personas bajo las ruinas.
