Internacionales
Nicaragüenses votan este domingo en unas elecciones inclinas a seguir régimen de Daniel Ortega
Ortega, quien llegó al poder por las urnas en 2007 y el jueves cumplirá 76 años, se apresta a iniciar otros cinco años como presidente, a la cabeza del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda) y junto a su poderosa esposa Rosario Murillo (70), candidata a la vicepresidencia por segunda vez.
Su permanencia en la presidencia no se duda. El exguerrillero sandinista, quien también gobernó en los años 1980 luego de que el FSLN derrocara en 1979 al dictador Anastasio Somoza, enfrenta a cinco candidatos derechistas, desconocidos y tachados de colaboradores del gobierno.
Las 13.459 mesas electorales instaladas en todo el país abrieron a las 07H00 locales (13H00 GMT) para unos 4,4 millones de electores convocados a elegir también a 90 diputados de un Congreso que, al igual que todos los poderes del Estado, está bajo control oficial.
«Voté porque es un derecho y porque siga el progreso del país», dijo a la AFP Carlos Reyes, de 39 años, en un centro electoral del barrio Larreynaga, en el este de Managua.
La oposición en el exilio llamó a la abstención. «No hay por quien votar. Esto es un circo electoral. Si ellos están tan seguros de que el pueblo los quiere ¿por qué echaron presos a los aspirantes presidenciales?», dijo a la AFP una secretaria de 51 años, que prefirió no revelar su nombre.
El foco de la elección en este país centroamericano de 6,5 millones de habitantes no es por quién votar, sino si abstenerse o participar, y la reacción de la comunidad internacional que considera estas elecciones no libres ni democráticas.
En algunos centros de votación se formaban filas, pero muchas calles estaban vacías. El FSLN se movilizó casa por casa para llamar a votar, mientras que el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) ha denunciado que existe temor y un control social sobre la población que intimida a la gente para votar.
Crispación electoral
Estos comicios se celebran tres años y medio después de las protestas que exigieron la renuncia de Ortega y cuya represión dejó al menos 328 muertos y más de 100,000 exiliados.
Acercándose los comicios, en junio comenzó una ofensiva contra la oposición: fueron ilegalizados tres partidos, detenidos siete aspirantes presidenciales y otros 32 activistas políticos y sociales, empresarios y periodistas, que se sumaron a unos 120 opositores que aún están presos desde las protestas de 2018.
Los más recientes detenidos están acusados, según leyes aprobadas a fines de 2020, de atentar contra la soberanía, promover sanciones internacionales, «traición a la patria» o «lavado de dinero», como es el caso de la aspirante opositora favorita, Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios (1990-1997) y quien se encuentra en arresto domiciliario.
Ortega es señalado por sus críticos de «nepotismo» y de instaurar una «dictadura». Él acusa a los opositores de «golpistas» apadrinados por Washington.
Desde el exilio, en Costa Rica y otros países, la oposición preparó para este domingo marchas contra lo que califican de «farsa electoral».
En vísperas de la votación, Murillo, única portavoz del gobierno, llamó a participar de la «fiesta electoral» que, dijo, será una «ratificación de la paz».
El gobierno planea convocar a un diálogo, pero analistas críticos estiman que es una estrategia para ganar legitimidad y que no será real con los opositores presos o exiliados.
«No hay que dejarse engañar con cantos de sirena», dijo a AFP la presidenta del Cenidh, Vilma Núñez.
Presión internacional
La comunidad internacional, encabezada por Estados Unidos y la Unión Europea (UE), descalificó previamente los comicios, lo que Ortega calificó de «injerencia inaceptable».
El presidente estadounidense, Joe Biden, cuyo país al igual que la UE adoptó sanciones contra el círculo íntimo de Ortega, se alista para firmar un arsenal de medidas bajo la Ley RENACER, para aumentar la presión.
La situación en Nicaragua se debatirá esta semana en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), donde podría plantearse la suspensión de la participación del país en el bloque regional.
Analistas advierten que un aislamiento empeorará la situación socioeconómica y dispará la migración, aunque el gobierno augura un crecimiento del PIB del 6% con la inyección de remesas -1.400 millones de dólares de enero a agosto-, créditos internacionales y la no imposición de restricciones pese al avance de la pandemia.
El gobierno acreditó el sábado a unos 200 «acompañantes electorales» y periodistas extranjeros que el gobierno considera «amigos». Según el observatorio independiente Urnas Abiertas son «militantes sandinistas» que reemplazan la observación internacional de la OEA o la UE y a medios internacionales.
Unos 30,000 policías y militares resguardan las mesas electorales que cerrarán a las 18H00 locales (00H00 GMT). Según el Consejo Supremo Electoral (CSE), habrá resultados hacia la medianoche.
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que durante este fin de semana se mantendrán altas concentraciones de polvo del Sahara sobre el territorio salvadoreño.
La institución advirtió que esta condición podría representar un riesgo para la salud, principalmente para niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias, cardíacas o alergias.
De acuerdo con el MARN, las concentraciones del fenómeno se mantuvieron altas este viernes, una condición que también se prevé para el sábado 8 y domingo 9 de agosto. Además, indicó que la visibilidad permanecerá brumosa y que el nivel de riesgo para la salud es alto.
Ante este escenario, el MARN recomendó a los grupos más vulnerables evitar la exposición al aire libre y utilizar mascarilla en caso de que necesiten salir de sus viviendas.
Asimismo, exhortó a la población en general a reducir los esfuerzos físicos intensos o prolongados en espacios abiertos.
«Hoy se mantiene presencia del Polvo del Sahara en concentraciones altas. Conoce los detalles y toma las precauciones necesarias», publicó la institución en la red social X.
El ministerio agregó que, pese a la presencia del polvo del Sahara, se esperan lluvias durante los próximos días, por lo que pidió a la población mantenerse atenta a la información oficial sobre las condiciones meteorológicas.
Las autoridades reiteraron el llamado a consultar los canales oficiales del MARN y adoptar las medidas de prevención necesarias para reducir los efectos de este fenómeno atmosférico, especialmente entre las personas con mayor riesgo de complicaciones de salud.
México y Perú restablecieron este viernes sus relaciones diplomáticas, luego de que permanecieran rotas desde noviembre por decisión de Lima, que denunció una supuesta injerencia del Gobierno de Claudia Sheinbaum.
Las cancillerías de ambos países comunicaron la decisión mediante un comunicado conjunto, en el que hicieron referencia a «los históricos lazos de hermandad, amistad y cooperación que unen a México y al Perú».
Uno de los principales puntos de tensión entre ambos gobiernos fue el asilo político concedido por México a Betssy Chávez, exjefa de gabinete del expresidente peruano Pedro Castillo, quien permanece detenido.
Poco después de conocerse el comunicado, Sheinbaum informó durante su conferencia diaria que Chávez había recibido el salvoconducto y estaba a punto de llegar a México. La entrega del documento constituía una condición de su Gobierno para avanzar en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas.
La relación entre ambos países comenzó a deteriorarse tras la caída y detención de Castillo por su intento de disolver el Congreso a finales de 2022. En ese momento, México concedió asilo a la esposa y los hijos del exmandatario.
Posteriormente, la justicia peruana condenó a Castillo en 2025 a más de 11 años de cárcel por esos actos, una sentencia que el Gobierno mexicano considera ilegal.
El comunicado emitido por las cancillerías no ofreció mayores detalles sobre el acuerdo para restablecer las relaciones diplomáticas.
Sheinbaum también indicó que Chávez viajó a México en un avión militar y calificó la entrega del salvoconducto como «una acción de buena voluntad» de la presidenta Keiko Fujimori.
Las autoridades mexicanas informaron el martes sobre el desmantelamiento de cuatro refinerías clandestinas, donde fueron incautados casi un millón de litros de derivados ilegales, como parte de las acciones contra el procesamiento ilícito de combustible.
De acuerdo con las autoridades, aunque grupos criminales han robado durante años combustible de los ductos de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), la operación de estos «centros de procesamiento ilícito de combustible» representa una modalidad reciente.
La fiscalía no reportó personas detenidas durante los operativos.
Las plantas clandestinas fueron localizadas en los estados de San Luis Potosí, Hidalgo y Morelos, en el centro de México. Como parte de las intervenciones, las autoridades incautaron combustible, contenedores y maquinaria utilizada en estas instalaciones.
Asimismo, la fiscalía difundió fotografías en las que se observan grandes tanques industriales y un sistema de tuberías interconectadas dentro de las refinerías clandestinas.
Según el comunicado oficial, el constante movimiento de camiones cisterna escoltados por otros vehículos despertó las sospechas de las autoridades y permitió detectar las operaciones ilegales.
Las autoridades también señalaron que el robo de combustible provocó pérdidas cercanas a los 530 millones de dólares para Pemex al cierre del segundo trimestre, cifra que representa un incremento del 20 % en comparación con el mismo período de 2025.
Como antecedente, recordaron que una toma clandestina en un ducto de Pemex provocó una explosión en 2019, en el estado de Hidalgo, dejando un saldo de 137 personas fallecidas.
