Internacionales
Nicaragüenses votan este domingo en unas elecciones inclinas a seguir régimen de Daniel Ortega
Ortega, quien llegó al poder por las urnas en 2007 y el jueves cumplirá 76 años, se apresta a iniciar otros cinco años como presidente, a la cabeza del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda) y junto a su poderosa esposa Rosario Murillo (70), candidata a la vicepresidencia por segunda vez.
Su permanencia en la presidencia no se duda. El exguerrillero sandinista, quien también gobernó en los años 1980 luego de que el FSLN derrocara en 1979 al dictador Anastasio Somoza, enfrenta a cinco candidatos derechistas, desconocidos y tachados de colaboradores del gobierno.
Las 13.459 mesas electorales instaladas en todo el país abrieron a las 07H00 locales (13H00 GMT) para unos 4,4 millones de electores convocados a elegir también a 90 diputados de un Congreso que, al igual que todos los poderes del Estado, está bajo control oficial.
«Voté porque es un derecho y porque siga el progreso del país», dijo a la AFP Carlos Reyes, de 39 años, en un centro electoral del barrio Larreynaga, en el este de Managua.
La oposición en el exilio llamó a la abstención. «No hay por quien votar. Esto es un circo electoral. Si ellos están tan seguros de que el pueblo los quiere ¿por qué echaron presos a los aspirantes presidenciales?», dijo a la AFP una secretaria de 51 años, que prefirió no revelar su nombre.
El foco de la elección en este país centroamericano de 6,5 millones de habitantes no es por quién votar, sino si abstenerse o participar, y la reacción de la comunidad internacional que considera estas elecciones no libres ni democráticas.
En algunos centros de votación se formaban filas, pero muchas calles estaban vacías. El FSLN se movilizó casa por casa para llamar a votar, mientras que el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) ha denunciado que existe temor y un control social sobre la población que intimida a la gente para votar.
Crispación electoral
Estos comicios se celebran tres años y medio después de las protestas que exigieron la renuncia de Ortega y cuya represión dejó al menos 328 muertos y más de 100,000 exiliados.
Acercándose los comicios, en junio comenzó una ofensiva contra la oposición: fueron ilegalizados tres partidos, detenidos siete aspirantes presidenciales y otros 32 activistas políticos y sociales, empresarios y periodistas, que se sumaron a unos 120 opositores que aún están presos desde las protestas de 2018.
Los más recientes detenidos están acusados, según leyes aprobadas a fines de 2020, de atentar contra la soberanía, promover sanciones internacionales, «traición a la patria» o «lavado de dinero», como es el caso de la aspirante opositora favorita, Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios (1990-1997) y quien se encuentra en arresto domiciliario.
Ortega es señalado por sus críticos de «nepotismo» y de instaurar una «dictadura». Él acusa a los opositores de «golpistas» apadrinados por Washington.
Desde el exilio, en Costa Rica y otros países, la oposición preparó para este domingo marchas contra lo que califican de «farsa electoral».
En vísperas de la votación, Murillo, única portavoz del gobierno, llamó a participar de la «fiesta electoral» que, dijo, será una «ratificación de la paz».
El gobierno planea convocar a un diálogo, pero analistas críticos estiman que es una estrategia para ganar legitimidad y que no será real con los opositores presos o exiliados.
«No hay que dejarse engañar con cantos de sirena», dijo a AFP la presidenta del Cenidh, Vilma Núñez.
Presión internacional
La comunidad internacional, encabezada por Estados Unidos y la Unión Europea (UE), descalificó previamente los comicios, lo que Ortega calificó de «injerencia inaceptable».
El presidente estadounidense, Joe Biden, cuyo país al igual que la UE adoptó sanciones contra el círculo íntimo de Ortega, se alista para firmar un arsenal de medidas bajo la Ley RENACER, para aumentar la presión.
La situación en Nicaragua se debatirá esta semana en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), donde podría plantearse la suspensión de la participación del país en el bloque regional.
Analistas advierten que un aislamiento empeorará la situación socioeconómica y dispará la migración, aunque el gobierno augura un crecimiento del PIB del 6% con la inyección de remesas -1.400 millones de dólares de enero a agosto-, créditos internacionales y la no imposición de restricciones pese al avance de la pandemia.
El gobierno acreditó el sábado a unos 200 «acompañantes electorales» y periodistas extranjeros que el gobierno considera «amigos». Según el observatorio independiente Urnas Abiertas son «militantes sandinistas» que reemplazan la observación internacional de la OEA o la UE y a medios internacionales.
Unos 30,000 policías y militares resguardan las mesas electorales que cerrarán a las 18H00 locales (00H00 GMT). Según el Consejo Supremo Electoral (CSE), habrá resultados hacia la medianoche.
Un tribunal de Suecia condenó este martes a cuatro años y cinco meses de prisión a un hombre de 61 años por haber explotado a su esposa y obligarla durante tres años a mantener relaciones sexuales pagadas con un centenar de hombres.
El acusado fue declarado culpable de proxenetismo agravado, intento de violación, agresión, amenazas y un delito menor relacionado con drogas, según informó la corte en un comunicado.
De acuerdo con el tribunal, el hombre introdujo a su esposa en la prostitución y gestionó la mayor parte de la operación. La fiscalía logró identificar a aproximadamente 120 hombres que pagaron por mantener relaciones sexuales con la víctima.
El caso causó conmoción en Suecia y ha sido comparado con el de Gisèle Pelicot, en Francia, cuyo esposo fue condenado en 2024 por drogarla y permitir que decenas de hombres la violaran mientras permanecía inconsciente.
La fiscal Ida Annerstedt declaró al inicio del juicio, en abril, que la mujer vivía con un “miedo profundo” hacia su esposo, quien la amenazaba con “liberar al monstruo” si no obedecía sus órdenes.
El proceso judicial se desarrolló entre el 10 de abril y el 26 de mayo en un tribunal de Härnösand, en el norte de Suecia, y se llevó a cabo en gran parte a puerta cerrada.
La fiscalía había solicitado una condena de diez años de prisión para el acusado.
Según la acusación, el hombre publicaba anuncios en internet, organizaba los encuentros y vigilaba a su esposa, a quien obligaba a realizar actos sexuales, incluso en línea, con el objetivo de atraer a más clientes.
Además, enfrentaba ocho cargos de violación; sin embargo, el tribunal los desestimó. La corte consideró que en siete de los casos no estaba claro si la participación de la mujer había sido voluntaria, mientras que en el octavo no fue posible determinar qué actos ocurrieron.
La legislación sueca no sanciona a las personas que ofrecen servicios sexuales, pero sí castiga la compra de dichos servicios, así como facilitar o beneficiarse de la prostitución de terceros.
La primera tienda física permanente de Shein abierta en el mundo podría cerrar antes de Navidad, tras el cambio de administración en los históricos grandes almacenes BHV Marais, ubicados en el centro de París, donde la marca inauguró su establecimiento en noviembre pasado.
El grupo SGM, cofundado por Frédéric Merlin, anunció este martes la cesión del fondo de comercio del BHV Marais al equipo directivo de estos grandes almacenes, el cual decidió poner fin a la cuestionada asociación con el gigante asiático de la moda.
La apertura de la primera tienda física permanente de Shein generó controversia desde su inauguración en noviembre. La empresa ha sido acusada de perjudicar al comercio francés, situación que provocó críticas y aceleró la salida de varias marcas como Dior, Sandro y Guerlain, entre otras, que expresaron su descontento con la llegada de la compañía.
La propuesta para asumir la gestión fue presentada por Karl-Stéphane Cottendin, exdirector general del BHV y del grupo SGM, quien dejó sus funciones para concretar la operación. Tanto SGM como Cottendin confirmaron la información a varios periodistas, entre ellos de AFP.
Cottendin calificó la instalación de Shein en el BHV Marais como una “experimentación” que constituyó “un error estratégico” y señaló que, idealmente, la marca habría abandonado el establecimiento para Navidad. Asimismo, indicó que busca devolver a los grandes almacenes su vocación histórica enfocada en el hogar, incluyendo decoración, bricolaje y mobiliario, además de evaluar la posibilidad de abrir un hotel.
Por su parte, Frédéric Merlin afirmó que el BHV estaba destinado a cerrar antes de ser adquirido en 2023 al grupo Galeries Lafayette y que se intentó mantenerlo operativo. Sin embargo, sostuvo que la operación “descarriló”, en parte porque no fue posible adquirir los inmuebles donde funcionan los almacenes.
La decisión también afecta a otro establecimiento BHV ubicado en las cercanías de París, aunque no tendrá impacto en los siete BHV que continúan operando en otras regiones de Francia bajo la gestión de SGM. De estos, cinco han albergado espacios de Shein durante este año.
Paralelamente, el Parlamento francés debate una propuesta de ley destinada a frenar el crecimiento de la moda ultrarrápida. Las plataformas asiáticas Shein y Temu se encuentran en el centro de la discusión debido a preocupaciones relacionadas con su impacto ambiental y presuntas prácticas de competencia desleal.
En ese contexto, el ministro de Comercio, Serge Papin, anunció este martes durante un encuentro con periodistas que las empresas europeas Zara, H&M, Kiabi y Decathlon quedarían excluidas de las medidas contempladas en la iniciativa, entre ellas la prohibición de realizar publicidad.
El presidente de Donald Trump afirmó este martes que someterá al Congreso de Estados Unidos el acuerdo alcanzado con Irán y reiteró su intención de hacerlo público una vez concluido el proceso de firma.
Consultado al margen de la cumbre del Grupo de los Siete en Evian, Trump señaló que inicialmente no había considerado enviar el documento al Parlamento estadounidense.
«Nunca pensé en enviarlo» al Congreso, declaró el mandatario. Sin embargo, agregó: «Pero lo voy a enviar al Congreso. Me gusta esa idea», en referencia al acuerdo destinado a poner fin al conflicto en Oriente Medio iniciado el 28 de febrero.
Al ser consultado sobre el documento, que ya fue firmado electrónicamente y que será objeto de una ceremonia oficial de firma el próximo viernes en Suiza, el presidente estadounidense reiteró que hará público su contenido.
«No solo lo voy a publicar, seguramente daré una rueda de prensa y se lo leeré hasta la última coma para asegurarme de que la prensa lo cubre correctamente», expresó Trump.
El mandatario ya había manifestado previamente que esperaba hasta después de la firma prevista para el viernes para divulgar el texto del acuerdo.
