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Nicaragüenses votan este domingo en unas elecciones inclinas a seguir régimen de Daniel Ortega
Ortega, quien llegó al poder por las urnas en 2007 y el jueves cumplirá 76 años, se apresta a iniciar otros cinco años como presidente, a la cabeza del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda) y junto a su poderosa esposa Rosario Murillo (70), candidata a la vicepresidencia por segunda vez.
Su permanencia en la presidencia no se duda. El exguerrillero sandinista, quien también gobernó en los años 1980 luego de que el FSLN derrocara en 1979 al dictador Anastasio Somoza, enfrenta a cinco candidatos derechistas, desconocidos y tachados de colaboradores del gobierno.
Las 13.459 mesas electorales instaladas en todo el país abrieron a las 07H00 locales (13H00 GMT) para unos 4,4 millones de electores convocados a elegir también a 90 diputados de un Congreso que, al igual que todos los poderes del Estado, está bajo control oficial.
«Voté porque es un derecho y porque siga el progreso del país», dijo a la AFP Carlos Reyes, de 39 años, en un centro electoral del barrio Larreynaga, en el este de Managua.
La oposición en el exilio llamó a la abstención. «No hay por quien votar. Esto es un circo electoral. Si ellos están tan seguros de que el pueblo los quiere ¿por qué echaron presos a los aspirantes presidenciales?», dijo a la AFP una secretaria de 51 años, que prefirió no revelar su nombre.
El foco de la elección en este país centroamericano de 6,5 millones de habitantes no es por quién votar, sino si abstenerse o participar, y la reacción de la comunidad internacional que considera estas elecciones no libres ni democráticas.
En algunos centros de votación se formaban filas, pero muchas calles estaban vacías. El FSLN se movilizó casa por casa para llamar a votar, mientras que el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) ha denunciado que existe temor y un control social sobre la población que intimida a la gente para votar.
Crispación electoral
Estos comicios se celebran tres años y medio después de las protestas que exigieron la renuncia de Ortega y cuya represión dejó al menos 328 muertos y más de 100,000 exiliados.
Acercándose los comicios, en junio comenzó una ofensiva contra la oposición: fueron ilegalizados tres partidos, detenidos siete aspirantes presidenciales y otros 32 activistas políticos y sociales, empresarios y periodistas, que se sumaron a unos 120 opositores que aún están presos desde las protestas de 2018.
Los más recientes detenidos están acusados, según leyes aprobadas a fines de 2020, de atentar contra la soberanía, promover sanciones internacionales, «traición a la patria» o «lavado de dinero», como es el caso de la aspirante opositora favorita, Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios (1990-1997) y quien se encuentra en arresto domiciliario.
Ortega es señalado por sus críticos de «nepotismo» y de instaurar una «dictadura». Él acusa a los opositores de «golpistas» apadrinados por Washington.
Desde el exilio, en Costa Rica y otros países, la oposición preparó para este domingo marchas contra lo que califican de «farsa electoral».
En vísperas de la votación, Murillo, única portavoz del gobierno, llamó a participar de la «fiesta electoral» que, dijo, será una «ratificación de la paz».
El gobierno planea convocar a un diálogo, pero analistas críticos estiman que es una estrategia para ganar legitimidad y que no será real con los opositores presos o exiliados.
«No hay que dejarse engañar con cantos de sirena», dijo a AFP la presidenta del Cenidh, Vilma Núñez.
Presión internacional
La comunidad internacional, encabezada por Estados Unidos y la Unión Europea (UE), descalificó previamente los comicios, lo que Ortega calificó de «injerencia inaceptable».
El presidente estadounidense, Joe Biden, cuyo país al igual que la UE adoptó sanciones contra el círculo íntimo de Ortega, se alista para firmar un arsenal de medidas bajo la Ley RENACER, para aumentar la presión.
La situación en Nicaragua se debatirá esta semana en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), donde podría plantearse la suspensión de la participación del país en el bloque regional.
Analistas advierten que un aislamiento empeorará la situación socioeconómica y dispará la migración, aunque el gobierno augura un crecimiento del PIB del 6% con la inyección de remesas -1.400 millones de dólares de enero a agosto-, créditos internacionales y la no imposición de restricciones pese al avance de la pandemia.
El gobierno acreditó el sábado a unos 200 «acompañantes electorales» y periodistas extranjeros que el gobierno considera «amigos». Según el observatorio independiente Urnas Abiertas son «militantes sandinistas» que reemplazan la observación internacional de la OEA o la UE y a medios internacionales.
Unos 30,000 policías y militares resguardan las mesas electorales que cerrarán a las 18H00 locales (00H00 GMT). Según el Consejo Supremo Electoral (CSE), habrá resultados hacia la medianoche.
Retirar las minas en el estrecho de Ormuz podría llevar medio año, lo cual tendría un impacto en el precio de los hidrocarburos a nivel mundial, consideró el Pentágono durante una exposición clasificada en el Congreso estadounidense, según informó The Washington Post.
El estrecho de Ormuz ha estado prácticamente cerrado desde que estalló la guerra el 28 de febrero, desencadenada por los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán. Por esa vía solía transitar un 20 % de los hidrocarburos que se consumen en todo el mundo.
The Washington Post cita a tres responsables anónimos según los cuales «los parlamentarios fueron informados de que Irán podría haber puesto 20 minas o más en el estrecho de Ormuz y en los alrededores».
Peajes. Irán también aseguró que ha recibido los primeros ingresos procedentes de los peajes que impuso en el estratégico estrecho de Ormuz. Foto: AFP
Según la presentación de un responsable de Defensa, «algunas fueron colocadas en el agua, a distancia, gracias a tecnología GPS» y esto complica su detección. Otras las habrían emplazado mediante «embarcaciones pequeñas».
«Un cierre de seis meses del estrecho de Ormuz es una imposibilidad y algo completamente inaceptable», dijo un portavoz del Pentágono, Sean Parnell, en un comunicado enviado a la AFP en el que desmentía la noticia.
Parnell señaló que la noticia se basa en una «sesión informativa clasificada, a puerta cerrada» y que mucha de la información es «falsa».
Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, advirtieron a mediados de abril acerca de una «zona peligrosa» de 1,400 km² donde podría haber minas.
La semana pasada, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que Teherán «con la ayuda de Estados Unidos, [había] retirado o [estaba] retirando todas las minas marinas». Pero la república islámica no lo confirmó.
Según Teherán, los buques deben ser autorizados para salir o entrar en el Golfo a través de esa vía, mientras que Estados Unidos mantiene un bloqueo de los puertos iraníes desde el 13 de abril.
Peligro. Equipos de Estados Unidos están ayudando a desminar el estrecho de Ormuz. Foto: AFP
Vecinos son más afectados
El bloqueo naval de Estados Unidos a Irán debería ralentizar la producción petrolera del país en las próximas semanas, pero es prematuro predecir un colapso económico, estiman diversos analistas.
La apuesta de Washington de bloquear a Irán podría no dar sus frutos, al menos a corto plazo.
«Si el bloqueo dura más de dos o tres meses, puede causar más daños» a Irán, subraya Saeed Laylaz, analista económico y profesor en la Universidad Shahid Beheshti de Teherán. Pero los «causados a los países del sur del golfo Pérsico serán sin duda más importantes».
El tiempo del que dispone Teherán antes de alcanzar su límite de almacenamiento se mide en «semanas más que en días», estima, sin embargo, Jamie Ingram, redactor jefe del Middle East Economic Survey (MEES), aunque es probable que Irán «reduzca ligeramente su producción antes de llegar a ese punto».
Arne Lohmann Rasmussen, analista jefe de Global Risk Management, considera por su parte que el país «alcanzará sus límites de almacenamiento en aproximadamente un mes, pero ya podría verse obligado a reducir parte de su producción petrolera en dos semanas».
Internacionales
Soldado de EE. UU. acusado por apostar sobre caída de Maduro con lo que habría ganado $400,000
Un soldado estadounidense fue acusado de fraude y otros cargos bajo sospecha de que ganó más de $400,000 al apostar en línea por la caída del depuesto líder venezolano Nicolás Maduro con información clasificada, anunció el Departamento de Justicia el jueves.
Gannon Ken Van Dyke, militar de 38 años, es acusado de usar información confidencial sobre la intervención de Estados Unidos en Venezuela en el sitio de predicciones Polymarket, señaló el Departamento en un comunicado.
El ejército estadounidense lanzó ataques sobre Caracas el 3 de enero, arrestó a Maduro y a su esposa Cilia Flores y los llevó a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico.
Ubicado en la base militar Fort Bragg, en el estado de Carolina de Norte, Van Dyke «participó en la planeación y ejecución» de la operación para capturar a Maduro, según la cartera de justicia.
Según la acusación, el militar enfrenta un cargo de fraude electrónico, otro por transacción monetaria ilícita y tres más por violar la Ley de Intercambio de Productos Básicos.
Si es condenado, enfrenta una sentencia de máximo 50 años en prisión.
«Tenía acceso a información delicada, confidencial y clasificada sobre la operación», indicó la administración de Donald Trump.
Desde inicios de diciembre, el soldado supuestamente colocó unos $33,000 en 13 apuestas relacionadas con la intervención estadounidense en Caracas.
«En total se cree que tuvo ganancias de aproximadamente $409,881», señaló el Departamento.
Nuestros «uniformados reciben información clasificada para poder cumplir su misión (…) y tienen prohibido utilizar esta información altamente sensible para obtener beneficios económicos personales», declaró el fiscal general interino Todd Blanche.
A principios de año, seis cuentas en Polymarket ganaron $1,2 millones tras apostar que Estados Unidos atacaría a Irán el 28 de febrero, día en que comenzó la guerra en Oriente Medio.
No hay arrestos relacionados con esas apuestas y, hasta ahora, no hay pruebas que vinculen al presidente Trump, o a funcionarios de la Casa Blanca con dichas transacciones.
«Desafortunadamente, el mundo entero se ha convertido en una especie de casino (…) en Europa y en todas partes están haciendo estas cosas de apuestas», dijo Trump a periodistas el jueves, y añadió: «Nunca estuve muy a favor de eso».
Desde el comienzo de su segundo mandato, congresistas demócratas han acusado a Trump y a su familia de tener conflictos de intereses.
«La familia Trump ha ganado $4,000 millones gracias a la presidencia», escribió el jueves el senador Bernie Sanders en una publicación en X.
Dos estadounidenses que murieron el fin de semana en un choque vehicular cuando regresaban de destruir un laboratorio clandestino de drogas en una región escarpada de México trabajaban para la CIA, según un funcionario de Estados Unidos y otras dos personas al tanto del asunto.
Dos investigadores mexicanos también murieron en el percance, que, según las autoridades mexicanas, ocurrió mientras regresaban de una operación para destruir laboratorios de drogas de grupos criminales. Ha habido discrepancias en los relatos públicos de lo ocurrido por parte de funcionarios de Estados Unidos y México, lo que, según expertos, subraya una mayor participación estadounidense en operaciones de seguridad en México y en toda la región.
Un funcionario de Estados Unidos y dos personas con conocimiento del accidente confirmaron el martes la participación de la CIA; todos ellos hablaron bajo condición de anonimato debido a que se trata de asuntos sensibles de inteligencia. La identidad de los dos estadounidenses como agentes de la CIA fue reportada primero por The Washington Post.
La confirmación de la participación de la CIA llega tras varios días de contradicciones por parte de autoridades mexicanas y de Estados Unidos sobre el papel que desempeñaron funcionarios estadounidenses en una operación para desmantelar un narcolaboratorio en Chihuahua, en el norte de México.
La falta de claridad por parte de las autoridades reavivó el debate sobre el alcance de la participación de Estados Unidos en operaciones de seguridad mexicanas, en un momento en que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha quedado bajo una presión extrema por parte del gobierno del presidente Donald Trump para tomar medidas enérgicas contra los cárteles. Trump ha adoptado una postura más agresiva hacia América Latina que cualquier líder en la historia reciente de Estados Unidos, capturando al presidente de Venezuela, bloqueando envíos de petróleo a Cuba y lanzando operaciones militares conjuntas en Ecuador, un país también marcado por la violencia criminal.
Trump ha ofrecido repetidamente tomar medidas contra los cárteles mexicanos, una intervención que Sheinbaum ha dicho que era “innecesaria”.
Los agentes de la CIA fueron identificados inicialmente como personal de la embajada por el embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson, también exempleado de la agencia de inteligencia.
La embajada de Estados Unidos se negó a revelar la identidad de los agentes estadounidenses o para qué agencia del gobierno estadounidense trabajaban, pero dijo que ambos “apoyaban los esfuerzos de las autoridades estatales de Chihuahua para combatir las operaciones de los cárteles”. La embajada, el Departamento de Estado y la CIA se negaron a comentar sobre las identidades de los reportes de la participación de la CIA en la operación.
Autoridades mexicanas afirmaron originalmente que trabajaban junto con agentes estadounidenses, pero se retractaron después de que el esfuerzo quedó bajo escrutinio de Sheinbaum.
La presidenta dijo que no sabía nada de una operación conjunta entre el gobierno de Chihuahua y Estados Unidos, pese a reportes de que el ejército mexicano también participó en el operativo contra el laboratorio.
El martes, la presidenta sostuvo en su conferencia matutina que no sabía si los funcionarios formaban parte de la CIA, pero admitió que funcionarios estatales y Estados Unidos “estaban trabajando conjuntamente”.
Es un tema delicado para la mandataria mexicana, ya que debe mantener un equilibrio con el gobierno de Trump, trabajando para mantener una relación sólida para contrarrestar las amenazas de intervención contra los cárteles y de imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, y al mismo tiempo, subrayar la soberanía de México.
La CIA ha ampliado recientemente su colaboración con autoridades mexicanas, como parte del esfuerzo del gobierno de Trump para detener el flujo de drogas ilícitas.
La presencia de funcionarios de inteligencia de Estados Unidos en territorio mexicano ha sido objeto de un debate continuo, que sólo se ha intensificado después de las acciones militares de Trump en Venezuela e Irán.
El año pasado, Sheinbaum dijo que los vuelos de vigilancia con drones de Estados Unidos sobre su país se realizaban a petición suya después de una serie de declaraciones públicas contradictorias.
La controversia más reciente surgió en enero por la detención en México del exatleta canadiense Ryan Wedding, uno de los fugitivos más buscados de Estados Unidos. Mientras funcionarios mexicanos afirmaron que se entregó en la embajada de Estados Unidos, autoridades estadounidenses han descrito su captura como el resultado de una operación binacional.
“Hay un aumento de operaciones ocultas por parte de Estados Unidos en México bajo Trump”, dijo David Saucedo, un analista de seguridad mexicano. “Están ocultas porque el gobierno mexicano tiene un discurso de que no pueden permitir la presencia de agentes estadounidenses armados — es una especie de violación de la soberanía. El gobierno mexicano siempre ha tratado de ocultar esta colaboración”.
