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MARAS: El Control, Crimen y Migración de las pandillas que atenta con la seguridad de las naciones
En Chiapas pasan cosas como esta: cinco jóvenes de entre 18 y 24 años torturaron y asesinaron a Rudy Alonso Pacheco Niño, de 18 años, en el municipio de Acacoyagua, el pasado 26 de junio.
Dos de los presuntos asesinos, detenidos un mes después, son guatemaltecos, uno salvadoreño y tres mexicanos. Todos miembros de la mara Barrio-18.
Su víctima, a su vez, era mexicano que pertenecía a la «Mara Salvatrucha» (MS-13), de acuerdo con las autoridades.
Con la atención siempre puesta en su frontera norte, México olvida que el sur también existe en el mapa de la violencia.
Chiapas, estado del sur de México, empalmado con Centroamérica por su geografía, enfrenta graves problemas de seguridad atribuidos al arribo de jóvenes «maras».
Así llaman a los integrantes de pandillas centroamericanas como la «Mara Salvatrucha» y «Barrio 18», que son las más conocidas y que en Chiapas han reclutado ya a jóvenes mexicanos, desde hace al menos 20 años.
Héctor Castillo, investigador de la UNAM y especialista en grupos juveniles, lo compró al participar en un programa gubernamental que se llamó Hábitat, y que puso en marcha el gobierno de Felipe Calderón en distintas ciudades del país para prevenir la violencia.
Entre esas ciudades estaba Tapachula, capital de Chiapas y una de las ciudades más afectadas por la actividad de las «maras».
«El propósito era intervenir con los jóvenes, a partir de distintas actividades, para alejarlos de las pandillas, porque uno no puede llegar y enfrentar así nada más a las ‘maras'», explica.
Por algo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), desde 2004, consideró a las «maras» como «un problema que atenta no solamente contra la seguridad pública de las personas, sino también contra la seguridad nacional del Estado».
Pandillas en expansión
Hace años que México detectó las actividades de grupos de «maras» en el país. Desde 1996 al menos, de acuerdo con la CNDH y Héctor Castillo.
Su presencia, sin embargo, progresivamente se expandió hasta llegar a 23 estados del país y sumar más 5.000 integrantes hasta 2005, año en que la CNDH hizo el estudio.
En este advertía además que en Chiapas habían nacido ya otras «clicas» (grupos considerados como «familias» que pertenecen a las «maras»), que en 2001 ya sumaban 200 grupos con al menos 3.000 pandilleros.
El problema entonces no es reciente, afirman especialistas. Y tampoco simple, aclaran. El fenómeno de las pandillas centroamericanas que operan en México es una mezcla que combina migración, pobreza, crimen y corrupción, y que exhibe la falta de políticas públicas en la región y las fallidas estrategias de seguridad como el Plan Frontera Sur, el cual consiste básicamente en el reforzamiento de la seguridad policial y militar.
Esta estrategia, sin embargo, no ha disuadido la operación de las pandillas en Chiapas. Y aun peor, al parecer su número y sus actividades ha aumentado en los últimos dos años: de 13 supuestos pandilleros detenidos en 2016, el número se elevó a 161 hasta febrero de 2018, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas.
También aumentaron los homicidios vinculados a los enfrentamientos entre pandillas: de 18 ocurridos en 2016 pasaron a 22 en 2017 y este año suman 7, según las cifras oficiales.
Los especialistas advierten, sin embargo, que alrededor de estos números oficiales hay una «cifra negra», que impide conocer el total de los asesinatos o hechos violentos relacionados con las «maras», porque la mayoría de la veces sus delitos involucran migrantes sin documentos.
Para enfrentar el problema – que afecta sobre todo a los municipios de Suchiate, Tapachula, Mapastepec y Tuxtla Gutiérrez– las autoridades de Chiapas pusieron en marcha el Programa Antipandillas, que opera desde la Fiscalía de Inmigrantes.
Esta instancia colabora con los gobiernos de Guatemala y El Salvador, y ha detectado los vínculos entre las maras de Centroamérica y las que operan en México.
Incluso advierten que desde cárceles como «El Infiernito», en el departamento de Escuitla, Guatemala, o desde los centros de reinserción social para sentenciados 14 de Cintalapa y 3 de Tapachula salen las órdenes de asesinatos de los jefes maras a sus «clicas».
Así lo comprobaron cuando detuvieron a los asesinos de Rudy Alonso. De acuerdo con la investigación, en «El Infiernito» está recluido Fernando Muñoz Sinar, conocido como «El Happy» y/o «El Ratón», a quien identifican como el actual líder de la «clica» llamada «Sólo para Locos», de «Barrio 18».
En 2017 este líder contactó a Juan Carlos N, «El Pastrana», que se encuentra en el centro penitenciario número 14 de Cintalapa para formar una alianza para la venta de droga en toda la región del río Suchiate, la Costa de Chiapas y Tapachula.
Para ellos operaba Yener Aldair, conocido como «El Panzas», de 19 años, guatemalteco, quien encabezó el asesinato del joven mexicano vinculado con «MS-13» en Acacoyagua, por órdenes de «El Happy».
Pero la violencia en Chiapas no sólo ocurre entre pandillas. Los más vulnerables son los migrantes centroamericanos que salen de sus países para huir de estas.
Jóvenes detenidos como presuntos miembros de las “clicas” en Chiapas.
La doctora Ailsa Winton, investigadora de El Colegio de la Frontera Norte (Ecosur), explica que desde hace un par de años ha sucedido que los migrantes que abandonan sus países por el acecho de las pandillas, se encuentran en Chiapas a los mismos de quienes huyen.
«Se comenzó a escuchar que estos migrantes se habían topado con quienes los habían amenazado allá (en sus países) o que reconocía a pandilleros de su país aquí en México, en espacios públicos como el parque central de Tapachula o los albergues, donde las personas encargadas de estos han alertado de esta situación», explica.
Esto sucede porque los pandilleros siguen a sus víctimas, las persiguen hasta México, dice. Y aunque este tipo de situaciones ya se conocían, agrega, no hubo respuesta de las autoridades: ni atención ni protección para los migrantes, y tampoco investigación.
El riesgo de la criminalización
Centroamérica y México comparten una frontera de 1.149 kilómetros que se extiende desde el Océano Pacífico al Caribe y atraviesa algunos de los territorios más pobres de la región, donde apenas hay infraestructuras y empleo formal.
Parte de la frontera de 956 km entre México y Guatemala serpentea a lo largo de los ríos Suchiate y Usumacinta. Los 193 kilómetros restantes siguen el curso del río Hondo que divide a México de Belice.
En esa geografía Chiapas es la puerta de entrada de la migración proveniente de la cintura del continente. O como lo llaman ahora: del «Triángulo Norte» que forman Guatemala, El Salvador y Honduras, países donde la pobreza y la violencia de las pandillas han disparado los desplazamientos forzados.
Los números lo evidencian. De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 294.000 ciudadanos de esos países estaban registrados en 2017 como refugiados o solicitantes de asilo, lo que significa un aumento de 58% con respecto a 2016, y 16 veces más que en 2011.
La mayoría son mujeres y jóvenes que escapan del reclutamiento forzado de las maras o pandillas y de sus amenazas de muerte. «Están huyendo de la violencia», dice el investigador Iván Porras, también del Ecosur.
Para ellos, el primero de sus destinos es Estados Unidos, donde se encuentran 260.000 refugiados y solicitantes de asilo de Centroamérica, de acuerdo con cifras del ACNUR.
México –que ACNUR ya no considera un país de tránsito sino de destino– está en el segundo sitio con 12.700 solicitudes de asilo, seguido por Costa Rica con 3.200, Panamá con 1.400, y Nicaragua con 700.
Si la migración es un tema regional, también la seguridad lo es, dice el investigador Iván Porras. «No son fenómenos que puedan aislarse porque están vinculados», asegura.
Migración y seguridad a su vez están enganchados a las políticas migratorias de Estados Unidos y México, agrega Winton, del Ecosur.
«Si hay más controles migratorios en México y Estados Unidos, las personas que tienen que moverse están más sujetas a los grupos criminales, de quienes dependen para poder trasladarse de manera clandestina, pagándoles».
De modo que si cambia la política migratoria, cambia la migración y cambian los grupos criminales que se mueven en función de esos migrantes. Pero ni unos ni otros se detienen, a pesar de las políticas de seguridad que México ha aplicado como una especie de «tapón» para impedir que los centroamericanos lleguen a Estados Unidos.
Los resultados, parece, son contraproducentes debido a la corrupción de cuerpos policiacos y autoridades migratorias que extorsionan a los migrantes en su tránsito o son cómplices de los traficantes de personas.
De modo que los mecanismos de seguridad que ha implantado México para impedir la entrada de «maras», también han fermentado un caldo de cultivo para criminalizar la migración centroamericana y abandonarla a su suerte ante las acciones criminales de estos grupos.
«A quién recurren si están en el país de manera ilegal», pregunta Porras.
La presión migratoria
Apenas en enero de este año, los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras alertaron a México sobre los flujos masivos de pandilleros hacia Chiapas, como consecuencia de los operativos que esos países aplican contra esos grupos delictivos.
De inmediato se levantaron voces que demandaron a las autoridades federales y estatales controles más estrictos contra los migrantes que viajan sin papeles. Una de esas voces fue el Comité de Consulta y Participación Ciudadana en Materia de Seguridad Pública (Cocoparci).
Esta organización argumentó que los ciudadanos centroamericanos pueden recurrir a la Tarjeta de Visitante Regional (TVR), que en los últimos dos años ha permitido contabilizar aproximadamente 4.5 millones de ingresos legales por la frontera sur.
Una condición para acceder a la TVR es que los centroamericanos deben registrar y comprobar su identidad y domicilio. Por lo tanto, según la Cocoparci, muchos de quienes no tramitan la TVR es porque quiere ocultar quiénes son y de dónde vienen, tal vez porque tienen antecedentes penales.
Para Ailsa Winton, investigadora del Ecosur, estas son reacciones producto de la mala atención y comprensión de un problema como la violencia asociada a la migración y la movilidad, que termina distorsionando su percepción.
«Lo que sucede en Chiapas es que la gente ahora asocia más el refugio y a los refugiados con la criminalidad, y lo escuchamos en foros y de asociaciones civiles que argumentan que son los mismos criminales a quienes se les está beneficiando con la condición de refugiados», afirma.
Más allá de la xenofobia, que sí existe en México contra los centroamericanos, la preocupación de Winton es que, frente a esos argumentos y la falta de atención al problema, «las personas que necesitan protección quedan desprotegidas y los criminales pueden tener la libertad para seguir haciendo lo que hacen».
Ella y Porras coinciden que la atención debe ser regional y participar todos los gobiernos y autoridades involucradas.
Pero «no hay mucho interés, tampoco recursos asignados para atender el problema, y mucho menos comprensión sobre qué es la criminalidad, cómo operan esos grupos y su relación con la migración y movilidad en la región».
Por eso, historias como las de Rudy Alonso Pacheco, asesinado a machetazos, seguirán ocurriendo sin que nadie vuelva la vista hacia el sur.
Miles de personas desplazadas por un potente terremoto registrado en el este de Indonesia aguardaban el lunes la llegada de ayuda, mientras permanecían acampadas frente a escuelas, estaciones policiales y oficinas del gobierno.
El sismo, de magnitud 7,7, ocurrió el sábado y dejó 53 personas fallecidas y más de 100 heridas. Organismos de rescate señalaron que no existen reportes de personas desaparecidas.
Sin embargo, el número de personas que no pueden regresar a sus viviendas aumentó el lunes a 12,800 en varias localidades de la isla de Flores, informó a la AFP Berton Suar Pelita Panjaitan, portavoz de la agencia nacional de desastres de Indonesia (BNPB).
Muchos habitantes de Flores pasaron una segunda noche consecutiva a la intemperie por temor a regresar a sus casas debido a las centenares de réplicas registradas en la zona.
Periodistas de la AFP observaron a varios residentes de la localidad de Mbay, ubicada cerca del epicentro, acampados en tiendas improvisadas construidas con lonas y tubos.
«Nuestras casas ya no son habitables porque muchas han colapsado, están agrietadas y no podemos entrar», comentó Junaidin, un residente de Mbay de 32 años, frente a la tienda improvisada donde dormían unas 30 personas.
El residente explicó que únicamente regresan a sus viviendas para recoger agua, ropa y almohadas, para luego pasar la noche en el campamento.
«Estamos aquí por nuestra cuenta», agregó Junaidin, quien, al igual que muchos indonesios, lleva un solo nombre.
El hombre también expresó su frustración por la aparente demora en la llegada de ayuda, mientras Indonesia celebraba el lunes su día de independencia con actos y ceremonias en la capital, Yakarta.
«En cuanto a la ayuda del gobierno, no ha habido ninguna, ni tiendas, ni medicinas, ni comida ni agua potable, nada», afirmó Junaidin.
Ante la situación, la fuerza aérea de Indonesia informó que transportaría 13 toneladas de ayuda de emergencia en aviones y movilizaría helicópteros para trasladar los suministros a los sobrevivientes de comunidades aisladas, según la agencia noticiosa estatal Antara.
La epidemia de ébola que afecta a la República Democrática del Congo (RDC) se convirtió el lunes en la más mortífera registrada en la historia del país, luego de superar en solo tres meses las 2,300 muertes contabilizadas durante el brote de 2018-2020.
La epidemia «es la de más rápida propagación jamás registrada» y «mata a una persona cada 30 minutos», alertó la semana pasada el jefe de asuntos humanitarios de la ONU, Tom Fletcher.
Por el momento, no existe vacuna ni tratamiento disponible para la variante Bundibugyo, identificada como responsable de esta epidemia.
El brote se originó en Ituri, en el noreste de la RDC, y corresponde a la decimoséptima epidemia de ébola registrada en la historia del país. Actualmente, se extiende con fuerza por provincias del este y noreste, donde la presencia del Estado es débil y las infraestructuras sanitarias son precarias.
Pacientes llegan tarde a los centros de tratamiento
En Ituri, uno de los principales epicentros de la epidemia, el hermano de Flavier Ngurima murió poco antes de llegar a un centro de tratamiento (CTE).
«Habíamos llamado a una enfermera de confianza para que lo atendiera en casa, ya que tanto él como sus familiares temían acudir al CTE. Decían que allí muere mucha gente», relató Ngurima.
La situación no sería aislada. En el territorio de Djugu, también en Ituri, parte de la población considera que los síntomas corresponden a «un envenenamiento u otras afecciones», explicó Jean-Paul Malo Lotsima, un líder local.
Según Lotsima, las familias llevan a los enfermos al hospital «en el último momento, cuando la familia ve que la situación empeora», y en algunos casos los pacientes «mueren por el camino».
Mohamed Janabi, director regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para África, aseguró que «más del 70% de las personas fallecen en la comunidad» en lugar de hacerlo en los centros de tratamiento.
Hasta el momento, el brote registra 2,325 fallecidos y 4,945 casos confirmados, superando las cifras de mortalidad de la epidemia de 2018-2020 en el este de la RDC, que dejó 2,299 muertos y 3,381 casos confirmados.
Además, los primeros tres meses de esta epidemia registraron siete veces más contagios y cinco veces más muertes que los primeros tres meses de la peor epidemia de ébola de la historia, que afectó a África Occidental en 2014, según la Agencia sanitaria de la Unión Africana (Africa CDC).
En Bunia, capital de Ituri, se ha registrado cerca del 90% de los casos desde mediados de mayo. Sin embargo, las medidas para combatir la epidemia apenas son visibles, pese a la gravedad de la situación.
Un corresponsal de la AFP también observó que las personas continúan aglomerándose en los mercados y prestan poca atención a las medidas de protección.
«La participación de la comunidad en la respuesta sigue siendo insuficiente», afirmó Janabi.
Situación en Uganda
Uganda, país vecino de la RDC, registró 20 casos confirmados, incluidas dos muertes. Sin embargo, a mediados de julio anunció que ya no tenía casos activos del virus.
La Organización Mundial de la Salud declaró el miércoles que espera revertir la tendencia al alza de la epidemia de ébola en la República Democrática del Congo en un plazo de tres meses.
Internacionales
Colombia avanza en la remoción de escombros tras terremoto que deja cerca de 300 muertos
Colombia avanza este domingo en la remoción de escombros tras la destrucción provocada hace casi una semana por un potente terremoto, mientras las probabilidades de rescatar sobrevivientes son cada vez menores.
El ruido de retroexcavadoras, grúas y camiones se escucha en las zonas más afectadas por el sismo de magnitud 7.4 que, el lunes pasado, derribó miles de casas, edificios, hoteles y hospitales.
Los momentos de silencio que acompañaron las extensas jornadas de búsqueda y rescate comienzan a quedar atrás tras el terremoto más letal registrado en Colombia en este siglo, que deja cerca de 300 muertos.
El terremoto ocurrió horas después de la asunción del nuevo gobierno del ultraderechista Abelardo de la Espriella, quien el sábado solicitó a su aliado estadounidense Donald Trump la suspensión temporal de aranceles para ayudar a Colombia.
El oeste del país y la región cafetera fueron las zonas más golpeadas. A casi una semana de la tragedia, las esperanzas de encontrar sobrevivientes se reducen debido al paso de los días.
Voluntarios no renuncian
En Cali, una pared de un edificio de cinco pisos que colapsó tras el sismo fue marcada por un rescatista con una «V» roja atravesada por una línea horizontal, señal que indica la finalización de las labores de búsqueda de posibles sobrevivientes.
Sin embargo, los rescatistas voluntarios se niegan a abandonar las labores.
«A pesar de que nos han dicho que ya han pasado muchos días, nosotros seguimos buscando vida porque queremos seguir apostándole a la vida», aseguró a la AFP el profesor Juan Carlos Tabares, de 58 años, quien lidera junto a varios voluntarios el punto de rescate denominado «Valentía».
Hasta el momento se registra al menos un centenar de personas desaparecidas a causa del terremoto, aunque se considera que después de 72 horas las posibilidades de supervivencia disminuyen drásticamente.
Más maquinaria
En Cali, una mujer continúa recorriendo los alrededores de su casa en busca de su perro Lucky, en la ciudad que registra la mayor cantidad de fallecidos, con 111.
Algunos vecinos aseguraron haber escuchado los gemidos del animal entre los escombros, por lo que los equipos de rescate continúan buscándolo con micrófonos especiales bajo los restos del edificio.
«Ya no quedaban personas vivas, pero vecinos del sector dijeron que habían escuchado a Lucky llorar en la noche y convocamos a los voluntarios para que vinieran», relató Cristian Moreno, un bombero de 32 años.
El alcalde de Cali, Alejandro Eder, estimó que la reconstrucción de la tercera mayor ciudad de Colombia tendrá un costo de al menos 3,200 millones de dólares.
Colombia ha recibido ayudas millonarias de países como Estados Unidos y de organismos como el Banco Mundial.
En las ciudades más afectadas por el sismo, numerosos edificios fueron marcados con una «X» roja para advertir sobre el riesgo de colapso y prohibir el paso de transeúntes.
En Pereira, una de las zonas afectadas casi en su totalidad por el terremoto, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, solicitó el sábado a empresarios poner a disposición maquinaria para la remoción de escombros, aunque advirtió que todavía hay personas bajo las ruinas.
