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MARAS: El Control, Crimen y Migración de las pandillas que atenta con la seguridad de las naciones
En Chiapas pasan cosas como esta: cinco jóvenes de entre 18 y 24 años torturaron y asesinaron a Rudy Alonso Pacheco Niño, de 18 años, en el municipio de Acacoyagua, el pasado 26 de junio.
Dos de los presuntos asesinos, detenidos un mes después, son guatemaltecos, uno salvadoreño y tres mexicanos. Todos miembros de la mara Barrio-18.
Su víctima, a su vez, era mexicano que pertenecía a la «Mara Salvatrucha» (MS-13), de acuerdo con las autoridades.
Con la atención siempre puesta en su frontera norte, México olvida que el sur también existe en el mapa de la violencia.
Chiapas, estado del sur de México, empalmado con Centroamérica por su geografía, enfrenta graves problemas de seguridad atribuidos al arribo de jóvenes «maras».
Así llaman a los integrantes de pandillas centroamericanas como la «Mara Salvatrucha» y «Barrio 18», que son las más conocidas y que en Chiapas han reclutado ya a jóvenes mexicanos, desde hace al menos 20 años.
Héctor Castillo, investigador de la UNAM y especialista en grupos juveniles, lo compró al participar en un programa gubernamental que se llamó Hábitat, y que puso en marcha el gobierno de Felipe Calderón en distintas ciudades del país para prevenir la violencia.
Entre esas ciudades estaba Tapachula, capital de Chiapas y una de las ciudades más afectadas por la actividad de las «maras».
«El propósito era intervenir con los jóvenes, a partir de distintas actividades, para alejarlos de las pandillas, porque uno no puede llegar y enfrentar así nada más a las ‘maras'», explica.
Por algo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), desde 2004, consideró a las «maras» como «un problema que atenta no solamente contra la seguridad pública de las personas, sino también contra la seguridad nacional del Estado».
Pandillas en expansión
Hace años que México detectó las actividades de grupos de «maras» en el país. Desde 1996 al menos, de acuerdo con la CNDH y Héctor Castillo.
Su presencia, sin embargo, progresivamente se expandió hasta llegar a 23 estados del país y sumar más 5.000 integrantes hasta 2005, año en que la CNDH hizo el estudio.
En este advertía además que en Chiapas habían nacido ya otras «clicas» (grupos considerados como «familias» que pertenecen a las «maras»), que en 2001 ya sumaban 200 grupos con al menos 3.000 pandilleros.
El problema entonces no es reciente, afirman especialistas. Y tampoco simple, aclaran. El fenómeno de las pandillas centroamericanas que operan en México es una mezcla que combina migración, pobreza, crimen y corrupción, y que exhibe la falta de políticas públicas en la región y las fallidas estrategias de seguridad como el Plan Frontera Sur, el cual consiste básicamente en el reforzamiento de la seguridad policial y militar.
Esta estrategia, sin embargo, no ha disuadido la operación de las pandillas en Chiapas. Y aun peor, al parecer su número y sus actividades ha aumentado en los últimos dos años: de 13 supuestos pandilleros detenidos en 2016, el número se elevó a 161 hasta febrero de 2018, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas.
También aumentaron los homicidios vinculados a los enfrentamientos entre pandillas: de 18 ocurridos en 2016 pasaron a 22 en 2017 y este año suman 7, según las cifras oficiales.
Los especialistas advierten, sin embargo, que alrededor de estos números oficiales hay una «cifra negra», que impide conocer el total de los asesinatos o hechos violentos relacionados con las «maras», porque la mayoría de la veces sus delitos involucran migrantes sin documentos.
Para enfrentar el problema – que afecta sobre todo a los municipios de Suchiate, Tapachula, Mapastepec y Tuxtla Gutiérrez– las autoridades de Chiapas pusieron en marcha el Programa Antipandillas, que opera desde la Fiscalía de Inmigrantes.
Esta instancia colabora con los gobiernos de Guatemala y El Salvador, y ha detectado los vínculos entre las maras de Centroamérica y las que operan en México.
Incluso advierten que desde cárceles como «El Infiernito», en el departamento de Escuitla, Guatemala, o desde los centros de reinserción social para sentenciados 14 de Cintalapa y 3 de Tapachula salen las órdenes de asesinatos de los jefes maras a sus «clicas».
Así lo comprobaron cuando detuvieron a los asesinos de Rudy Alonso. De acuerdo con la investigación, en «El Infiernito» está recluido Fernando Muñoz Sinar, conocido como «El Happy» y/o «El Ratón», a quien identifican como el actual líder de la «clica» llamada «Sólo para Locos», de «Barrio 18».
En 2017 este líder contactó a Juan Carlos N, «El Pastrana», que se encuentra en el centro penitenciario número 14 de Cintalapa para formar una alianza para la venta de droga en toda la región del río Suchiate, la Costa de Chiapas y Tapachula.
Para ellos operaba Yener Aldair, conocido como «El Panzas», de 19 años, guatemalteco, quien encabezó el asesinato del joven mexicano vinculado con «MS-13» en Acacoyagua, por órdenes de «El Happy».
Pero la violencia en Chiapas no sólo ocurre entre pandillas. Los más vulnerables son los migrantes centroamericanos que salen de sus países para huir de estas.
Jóvenes detenidos como presuntos miembros de las “clicas” en Chiapas.
La doctora Ailsa Winton, investigadora de El Colegio de la Frontera Norte (Ecosur), explica que desde hace un par de años ha sucedido que los migrantes que abandonan sus países por el acecho de las pandillas, se encuentran en Chiapas a los mismos de quienes huyen.
«Se comenzó a escuchar que estos migrantes se habían topado con quienes los habían amenazado allá (en sus países) o que reconocía a pandilleros de su país aquí en México, en espacios públicos como el parque central de Tapachula o los albergues, donde las personas encargadas de estos han alertado de esta situación», explica.
Esto sucede porque los pandilleros siguen a sus víctimas, las persiguen hasta México, dice. Y aunque este tipo de situaciones ya se conocían, agrega, no hubo respuesta de las autoridades: ni atención ni protección para los migrantes, y tampoco investigación.
El riesgo de la criminalización
Centroamérica y México comparten una frontera de 1.149 kilómetros que se extiende desde el Océano Pacífico al Caribe y atraviesa algunos de los territorios más pobres de la región, donde apenas hay infraestructuras y empleo formal.
Parte de la frontera de 956 km entre México y Guatemala serpentea a lo largo de los ríos Suchiate y Usumacinta. Los 193 kilómetros restantes siguen el curso del río Hondo que divide a México de Belice.
En esa geografía Chiapas es la puerta de entrada de la migración proveniente de la cintura del continente. O como lo llaman ahora: del «Triángulo Norte» que forman Guatemala, El Salvador y Honduras, países donde la pobreza y la violencia de las pandillas han disparado los desplazamientos forzados.
Los números lo evidencian. De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 294.000 ciudadanos de esos países estaban registrados en 2017 como refugiados o solicitantes de asilo, lo que significa un aumento de 58% con respecto a 2016, y 16 veces más que en 2011.
La mayoría son mujeres y jóvenes que escapan del reclutamiento forzado de las maras o pandillas y de sus amenazas de muerte. «Están huyendo de la violencia», dice el investigador Iván Porras, también del Ecosur.
Para ellos, el primero de sus destinos es Estados Unidos, donde se encuentran 260.000 refugiados y solicitantes de asilo de Centroamérica, de acuerdo con cifras del ACNUR.
México –que ACNUR ya no considera un país de tránsito sino de destino– está en el segundo sitio con 12.700 solicitudes de asilo, seguido por Costa Rica con 3.200, Panamá con 1.400, y Nicaragua con 700.
Si la migración es un tema regional, también la seguridad lo es, dice el investigador Iván Porras. «No son fenómenos que puedan aislarse porque están vinculados», asegura.
Migración y seguridad a su vez están enganchados a las políticas migratorias de Estados Unidos y México, agrega Winton, del Ecosur.
«Si hay más controles migratorios en México y Estados Unidos, las personas que tienen que moverse están más sujetas a los grupos criminales, de quienes dependen para poder trasladarse de manera clandestina, pagándoles».
De modo que si cambia la política migratoria, cambia la migración y cambian los grupos criminales que se mueven en función de esos migrantes. Pero ni unos ni otros se detienen, a pesar de las políticas de seguridad que México ha aplicado como una especie de «tapón» para impedir que los centroamericanos lleguen a Estados Unidos.
Los resultados, parece, son contraproducentes debido a la corrupción de cuerpos policiacos y autoridades migratorias que extorsionan a los migrantes en su tránsito o son cómplices de los traficantes de personas.
De modo que los mecanismos de seguridad que ha implantado México para impedir la entrada de «maras», también han fermentado un caldo de cultivo para criminalizar la migración centroamericana y abandonarla a su suerte ante las acciones criminales de estos grupos.
«A quién recurren si están en el país de manera ilegal», pregunta Porras.
La presión migratoria
Apenas en enero de este año, los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras alertaron a México sobre los flujos masivos de pandilleros hacia Chiapas, como consecuencia de los operativos que esos países aplican contra esos grupos delictivos.
De inmediato se levantaron voces que demandaron a las autoridades federales y estatales controles más estrictos contra los migrantes que viajan sin papeles. Una de esas voces fue el Comité de Consulta y Participación Ciudadana en Materia de Seguridad Pública (Cocoparci).
Esta organización argumentó que los ciudadanos centroamericanos pueden recurrir a la Tarjeta de Visitante Regional (TVR), que en los últimos dos años ha permitido contabilizar aproximadamente 4.5 millones de ingresos legales por la frontera sur.
Una condición para acceder a la TVR es que los centroamericanos deben registrar y comprobar su identidad y domicilio. Por lo tanto, según la Cocoparci, muchos de quienes no tramitan la TVR es porque quiere ocultar quiénes son y de dónde vienen, tal vez porque tienen antecedentes penales.
Para Ailsa Winton, investigadora del Ecosur, estas son reacciones producto de la mala atención y comprensión de un problema como la violencia asociada a la migración y la movilidad, que termina distorsionando su percepción.
«Lo que sucede en Chiapas es que la gente ahora asocia más el refugio y a los refugiados con la criminalidad, y lo escuchamos en foros y de asociaciones civiles que argumentan que son los mismos criminales a quienes se les está beneficiando con la condición de refugiados», afirma.
Más allá de la xenofobia, que sí existe en México contra los centroamericanos, la preocupación de Winton es que, frente a esos argumentos y la falta de atención al problema, «las personas que necesitan protección quedan desprotegidas y los criminales pueden tener la libertad para seguir haciendo lo que hacen».
Ella y Porras coinciden que la atención debe ser regional y participar todos los gobiernos y autoridades involucradas.
Pero «no hay mucho interés, tampoco recursos asignados para atender el problema, y mucho menos comprensión sobre qué es la criminalidad, cómo operan esos grupos y su relación con la migración y movilidad en la región».
Por eso, historias como las de Rudy Alonso Pacheco, asesinado a machetazos, seguirán ocurriendo sin que nadie vuelva la vista hacia el sur.
La tripulación de la misión Artemis II de la NASA alcanzó el miércoles la órbita terrestre, anunció un responsable de la agencia espacial estadounidense poco después del despegue del cohete.
Ocho minutos después del lanzamiento, la cápsula Orion se desprendió como estaba previsto de los inmensos depósitos del cohete SLS, que la impulsó al espacio y la puso en la órbita terrestre.
Los cuatro astronautas permanecerán ahora alrededor de la Tierra para realizar una serie de pruebas, antes de poner rumbo el jueves hacia la Luna, situada a más de 384,000 kilómetros de la Tierra.
El viaje, de aproximadamente 10 días, marcará el primer vuelo tripulado alrededor del satélite natural de la Tierra en más de 50 años.
Con ello se convertirán en las nuevas figuras de la exploración espacial estadounidense.
Los estadounidenses Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch embarcarán con su colega canadiense Jeremy Hansen este miércoles para un viaje de unos 10 días que consistirá en volar alrededor de la Luna, sin alunizaje.
La tripulación incluye a la primera mujer, la primera persona negra y el primer no estadounidense en participar en una misión de este tipo, una diferencia considerable con la era Apolo.
A sus 50 años, Reid Wiseman será el comandante de la misión. Nacido en Baltimore, se unió a la NASA en 2009 tras una larga carrera en la Marina estadounidense.
Para Wiseman, la misión cumple un sueño que alguna vez consideró imposible.
En 2014 realizó una misión de 165 días en la Estación Espacial Internacional y luego fue jefe de la oficina de astronautas de la NASA.
Tras la muerte de su esposa por cáncer en 2020, crió solo a sus dos hijas, hoy adolescentes, a quienes explicó abiertamente los riesgos inherentes a su profesión y del viaje que está por emprender.
«Les dije ‘Aquí está el testamento, aquí están los documentos (…) Y si me pasa algo, esto es lo que les va a pasar a ustedes’», contó. «Es parte de esta vida».
Veterano de la Marina y padre de cuatro hijas, fue seleccionado por la NASA en 2013.
Su interés por el espacio comenzó al ver un lanzamiento del transbordador espacial de la NASA por televisión. «Pensé: ‘De verdad quiero conducir uno de esos’».
En 2020 se convirtió en el primer afroestadounidense en participar en una misión de larga duración en la Estación Espacial Internacional y ahora será también el primero en viajar a la Luna, un hito que él atribuye al camino abierto por pioneros como Guion Bluford, el primer negro estadounidense en ir al espacio.
Ingeniera de formación y exploradora experimentada, ha trabajado en entornos extremos como la Antártida.
Desde niña soñaba con ser astronauta y creció viendo imágenes icónicas del programa Apolo.
Seleccionada también en 2013, ostenta el récord del vuelo espacial más largo cumplido por una mujer, con 328 días, y participó en la primera caminata espacial realizada exclusivamente por mujeres, junto a Jessica Meir.
«Siempre le digo a la gente: haz lo que te dé miedo», refiere sobre su lema personal. «Y eso significa que tengo que seguir mi propio consejo».
Con Artemis II suma otro hito a su trayectoria en la NASA.
El canadiense Jeremy Hansen, de 50 años y padre de tres hijos, completa la tripulación. Será el primer no estadounidense en orbitar la Luna.
Expiloto de combate de la Real Fuerza Aérea Canadiense, ingresó a la Agencia Espacial Canadiense en 2009.
Ha trabajado como enlace con la Estación Espacial Internacional y como instructor de nuevas generaciones de astronautas.
Una fotografía de Neil Armstrong en la Luna vista cuando era niño despertó su pasión por la exploración espacial.
Artemis II será su primer viaje más allá de la órbita terrestre, y su sueño cumplido
La misión de la NASA bautizada Artemis II se ha gestado durante años, con repetidos contratiempos. Pero finalmente está programada para despegar de Florida este miércoles 1 de abril a las 18H24 locales (22H24 GMT).
El equipo de astronautas integrado por los estadounidenses Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el canadiense Jeremy Hansen, debe permanecer en misión durante unos 10 días.
La nave se lanzará a toda velocidad alrededor del satélite natural de la Tierra sin aterrizar, una misión similar a la que hizo el Apolo 8 en 1968.
El viaje marcará una serie de logros.
Será la primera vez que una mujer, un hombre negro y un ciudadano no estadounidense participen en una misión a la Luna.
También será el primer vuelo tripulado del nuevo cohete lunar de la NASA, denominado SLS.
El enorme cohete color naranja y blanco está diseñado para permitir que Estados Unidos regrese de manera recurrente a la Luna en los próximos años.
El objetivo a futuro es establecer una base permanente que sirva como plataforma para una exploración más profunda.
«Es un peldaño hacia Marte, donde podríamos tener la mayor probabilidad de encontrar evidencia de vida pasada, pero también es una piedra de Rosetta para entender cómo se forman otros sistemas solares», dijo Koch en una conferencia de prensa el fin de semana.
Listos
La misión estaba inicialmente prevista para despegar en febrero. Pero los repetidos contratiempos la frenaron e incluso obligaron a regresar el cohete a su hangar para análisis y reparaciones.
«El vehículo está listo, el sistema está listo, la tripulación está lista», dijo Amit Kshatriya, administrador asociado de la NASA, en una rueda de prensa.
Hasta la tarde del martes, los responsables de la NASA expresaban confianza en que las operaciones de ingeniería y los preparativos finales avanzaban sin problemas, y que el pronóstico meteorológico era prometedor.
Si el lanzamiento del miércoles se cancela o retrasa, habrá más oportunidades de despegue hasta el 6 de abril, aunque el tiempo para finales de la semana parecía ligeramente menos favorable.
«Tendremos que vigilar esos cúmulos de nubes inquietas y posiblemente algunos chubascos y ráfagas de viento», dijo el martes Mark Burger, responsable meteorológico del lanzamiento.
Pero indicó que, incluso si se producen algunos chubascos, «ninguno parece particularmente intenso». «Deberíamos poder encontrar un espacio de cielo despejado para lanzar Artemis».
«Lo esperamos con muchas ganas, nunca hemos visto nada parecido», dijo a la AFP Melinda Schuerfranz, una mujer de 76 años, que viajó de Ohio a Florida para presenciar el lanzamiento.
«Astronautas para Halloween»
El programa Artemis se ha visto plagado de retrasos y enormes sobrecostos. Y también está sometido a la presión del presidente Donald Trump, que ha acelerado el ritmo de este ambicioso proyecto cuya meta es ver huellas sobre la superficie lunar antes de 2029, cuando termina su segundo mandato.
Los objetivos de Artemis II incluyen verificar que tanto el cohete como la nave espacial estén en perfecto estado de funcionamiento, con la esperanza de allanar el camino para un regreso y un alunizaje en 2028.
Ese plazo provoca escepticismo entre los expertos, en parte porque depende de los avances tecnológicos del sector privado.
Los astronautas necesitarán un segundo vehículo para descender a la superficie lunar, un módulo de alunizaje que sigue en desarrollo por parte de empresas espaciales rivales, propiedad de los multimillonarios Elon Musk y Jeff Bezos.
Para el recién nombrado jefe de la NASA, Jared Isaacman, se trata de una búsqueda con múltiples frentes relacionada con el descubrimiento científico, la seguridad nacional y la oportunidad económica, así como con objetivos menos tangibles.
«Garantizo que, después de este vuelo alrededor de la Luna, habrá más niños que se disfracen de astronautas en Halloween», dijo Isaacman durante una entrevista televisiva. «Y eso inspirará a la próxima generación a llevarnos aún más lejos
