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MARAS: El Control, Crimen y Migración de las pandillas que atenta con la seguridad de las naciones
En Chiapas pasan cosas como esta: cinco jóvenes de entre 18 y 24 años torturaron y asesinaron a Rudy Alonso Pacheco Niño, de 18 años, en el municipio de Acacoyagua, el pasado 26 de junio.
Dos de los presuntos asesinos, detenidos un mes después, son guatemaltecos, uno salvadoreño y tres mexicanos. Todos miembros de la mara Barrio-18.
Su víctima, a su vez, era mexicano que pertenecía a la «Mara Salvatrucha» (MS-13), de acuerdo con las autoridades.
Con la atención siempre puesta en su frontera norte, México olvida que el sur también existe en el mapa de la violencia.
Chiapas, estado del sur de México, empalmado con Centroamérica por su geografía, enfrenta graves problemas de seguridad atribuidos al arribo de jóvenes «maras».
Así llaman a los integrantes de pandillas centroamericanas como la «Mara Salvatrucha» y «Barrio 18», que son las más conocidas y que en Chiapas han reclutado ya a jóvenes mexicanos, desde hace al menos 20 años.
Héctor Castillo, investigador de la UNAM y especialista en grupos juveniles, lo compró al participar en un programa gubernamental que se llamó Hábitat, y que puso en marcha el gobierno de Felipe Calderón en distintas ciudades del país para prevenir la violencia.
Entre esas ciudades estaba Tapachula, capital de Chiapas y una de las ciudades más afectadas por la actividad de las «maras».
«El propósito era intervenir con los jóvenes, a partir de distintas actividades, para alejarlos de las pandillas, porque uno no puede llegar y enfrentar así nada más a las ‘maras'», explica.
Por algo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), desde 2004, consideró a las «maras» como «un problema que atenta no solamente contra la seguridad pública de las personas, sino también contra la seguridad nacional del Estado».
Pandillas en expansión
Hace años que México detectó las actividades de grupos de «maras» en el país. Desde 1996 al menos, de acuerdo con la CNDH y Héctor Castillo.
Su presencia, sin embargo, progresivamente se expandió hasta llegar a 23 estados del país y sumar más 5.000 integrantes hasta 2005, año en que la CNDH hizo el estudio.
En este advertía además que en Chiapas habían nacido ya otras «clicas» (grupos considerados como «familias» que pertenecen a las «maras»), que en 2001 ya sumaban 200 grupos con al menos 3.000 pandilleros.
El problema entonces no es reciente, afirman especialistas. Y tampoco simple, aclaran. El fenómeno de las pandillas centroamericanas que operan en México es una mezcla que combina migración, pobreza, crimen y corrupción, y que exhibe la falta de políticas públicas en la región y las fallidas estrategias de seguridad como el Plan Frontera Sur, el cual consiste básicamente en el reforzamiento de la seguridad policial y militar.
Esta estrategia, sin embargo, no ha disuadido la operación de las pandillas en Chiapas. Y aun peor, al parecer su número y sus actividades ha aumentado en los últimos dos años: de 13 supuestos pandilleros detenidos en 2016, el número se elevó a 161 hasta febrero de 2018, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas.
También aumentaron los homicidios vinculados a los enfrentamientos entre pandillas: de 18 ocurridos en 2016 pasaron a 22 en 2017 y este año suman 7, según las cifras oficiales.
Los especialistas advierten, sin embargo, que alrededor de estos números oficiales hay una «cifra negra», que impide conocer el total de los asesinatos o hechos violentos relacionados con las «maras», porque la mayoría de la veces sus delitos involucran migrantes sin documentos.
Para enfrentar el problema – que afecta sobre todo a los municipios de Suchiate, Tapachula, Mapastepec y Tuxtla Gutiérrez– las autoridades de Chiapas pusieron en marcha el Programa Antipandillas, que opera desde la Fiscalía de Inmigrantes.
Esta instancia colabora con los gobiernos de Guatemala y El Salvador, y ha detectado los vínculos entre las maras de Centroamérica y las que operan en México.
Incluso advierten que desde cárceles como «El Infiernito», en el departamento de Escuitla, Guatemala, o desde los centros de reinserción social para sentenciados 14 de Cintalapa y 3 de Tapachula salen las órdenes de asesinatos de los jefes maras a sus «clicas».
Así lo comprobaron cuando detuvieron a los asesinos de Rudy Alonso. De acuerdo con la investigación, en «El Infiernito» está recluido Fernando Muñoz Sinar, conocido como «El Happy» y/o «El Ratón», a quien identifican como el actual líder de la «clica» llamada «Sólo para Locos», de «Barrio 18».
En 2017 este líder contactó a Juan Carlos N, «El Pastrana», que se encuentra en el centro penitenciario número 14 de Cintalapa para formar una alianza para la venta de droga en toda la región del río Suchiate, la Costa de Chiapas y Tapachula.
Para ellos operaba Yener Aldair, conocido como «El Panzas», de 19 años, guatemalteco, quien encabezó el asesinato del joven mexicano vinculado con «MS-13» en Acacoyagua, por órdenes de «El Happy».
Pero la violencia en Chiapas no sólo ocurre entre pandillas. Los más vulnerables son los migrantes centroamericanos que salen de sus países para huir de estas.
Jóvenes detenidos como presuntos miembros de las “clicas” en Chiapas.
La doctora Ailsa Winton, investigadora de El Colegio de la Frontera Norte (Ecosur), explica que desde hace un par de años ha sucedido que los migrantes que abandonan sus países por el acecho de las pandillas, se encuentran en Chiapas a los mismos de quienes huyen.
«Se comenzó a escuchar que estos migrantes se habían topado con quienes los habían amenazado allá (en sus países) o que reconocía a pandilleros de su país aquí en México, en espacios públicos como el parque central de Tapachula o los albergues, donde las personas encargadas de estos han alertado de esta situación», explica.
Esto sucede porque los pandilleros siguen a sus víctimas, las persiguen hasta México, dice. Y aunque este tipo de situaciones ya se conocían, agrega, no hubo respuesta de las autoridades: ni atención ni protección para los migrantes, y tampoco investigación.
El riesgo de la criminalización
Centroamérica y México comparten una frontera de 1.149 kilómetros que se extiende desde el Océano Pacífico al Caribe y atraviesa algunos de los territorios más pobres de la región, donde apenas hay infraestructuras y empleo formal.
Parte de la frontera de 956 km entre México y Guatemala serpentea a lo largo de los ríos Suchiate y Usumacinta. Los 193 kilómetros restantes siguen el curso del río Hondo que divide a México de Belice.
En esa geografía Chiapas es la puerta de entrada de la migración proveniente de la cintura del continente. O como lo llaman ahora: del «Triángulo Norte» que forman Guatemala, El Salvador y Honduras, países donde la pobreza y la violencia de las pandillas han disparado los desplazamientos forzados.
Los números lo evidencian. De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 294.000 ciudadanos de esos países estaban registrados en 2017 como refugiados o solicitantes de asilo, lo que significa un aumento de 58% con respecto a 2016, y 16 veces más que en 2011.
La mayoría son mujeres y jóvenes que escapan del reclutamiento forzado de las maras o pandillas y de sus amenazas de muerte. «Están huyendo de la violencia», dice el investigador Iván Porras, también del Ecosur.
Para ellos, el primero de sus destinos es Estados Unidos, donde se encuentran 260.000 refugiados y solicitantes de asilo de Centroamérica, de acuerdo con cifras del ACNUR.
México –que ACNUR ya no considera un país de tránsito sino de destino– está en el segundo sitio con 12.700 solicitudes de asilo, seguido por Costa Rica con 3.200, Panamá con 1.400, y Nicaragua con 700.
Si la migración es un tema regional, también la seguridad lo es, dice el investigador Iván Porras. «No son fenómenos que puedan aislarse porque están vinculados», asegura.
Migración y seguridad a su vez están enganchados a las políticas migratorias de Estados Unidos y México, agrega Winton, del Ecosur.
«Si hay más controles migratorios en México y Estados Unidos, las personas que tienen que moverse están más sujetas a los grupos criminales, de quienes dependen para poder trasladarse de manera clandestina, pagándoles».
De modo que si cambia la política migratoria, cambia la migración y cambian los grupos criminales que se mueven en función de esos migrantes. Pero ni unos ni otros se detienen, a pesar de las políticas de seguridad que México ha aplicado como una especie de «tapón» para impedir que los centroamericanos lleguen a Estados Unidos.
Los resultados, parece, son contraproducentes debido a la corrupción de cuerpos policiacos y autoridades migratorias que extorsionan a los migrantes en su tránsito o son cómplices de los traficantes de personas.
De modo que los mecanismos de seguridad que ha implantado México para impedir la entrada de «maras», también han fermentado un caldo de cultivo para criminalizar la migración centroamericana y abandonarla a su suerte ante las acciones criminales de estos grupos.
«A quién recurren si están en el país de manera ilegal», pregunta Porras.
La presión migratoria
Apenas en enero de este año, los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras alertaron a México sobre los flujos masivos de pandilleros hacia Chiapas, como consecuencia de los operativos que esos países aplican contra esos grupos delictivos.
De inmediato se levantaron voces que demandaron a las autoridades federales y estatales controles más estrictos contra los migrantes que viajan sin papeles. Una de esas voces fue el Comité de Consulta y Participación Ciudadana en Materia de Seguridad Pública (Cocoparci).
Esta organización argumentó que los ciudadanos centroamericanos pueden recurrir a la Tarjeta de Visitante Regional (TVR), que en los últimos dos años ha permitido contabilizar aproximadamente 4.5 millones de ingresos legales por la frontera sur.
Una condición para acceder a la TVR es que los centroamericanos deben registrar y comprobar su identidad y domicilio. Por lo tanto, según la Cocoparci, muchos de quienes no tramitan la TVR es porque quiere ocultar quiénes son y de dónde vienen, tal vez porque tienen antecedentes penales.
Para Ailsa Winton, investigadora del Ecosur, estas son reacciones producto de la mala atención y comprensión de un problema como la violencia asociada a la migración y la movilidad, que termina distorsionando su percepción.
«Lo que sucede en Chiapas es que la gente ahora asocia más el refugio y a los refugiados con la criminalidad, y lo escuchamos en foros y de asociaciones civiles que argumentan que son los mismos criminales a quienes se les está beneficiando con la condición de refugiados», afirma.
Más allá de la xenofobia, que sí existe en México contra los centroamericanos, la preocupación de Winton es que, frente a esos argumentos y la falta de atención al problema, «las personas que necesitan protección quedan desprotegidas y los criminales pueden tener la libertad para seguir haciendo lo que hacen».
Ella y Porras coinciden que la atención debe ser regional y participar todos los gobiernos y autoridades involucradas.
Pero «no hay mucho interés, tampoco recursos asignados para atender el problema, y mucho menos comprensión sobre qué es la criminalidad, cómo operan esos grupos y su relación con la migración y movilidad en la región».
Por eso, historias como las de Rudy Alonso Pacheco, asesinado a machetazos, seguirán ocurriendo sin que nadie vuelva la vista hacia el sur.
El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, agradeció a su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, por la ayuda humanitaria anunciada para atender a las familias afectadas por el terremoto.
A través de redes sociales, el mandatario colombiano expresó su agradecimiento en nombre de las familias que atraviesan momentos difíciles a causa de la emergencia.
“Presidente Nayib Bukele, en nombre de Colombia y de todas las familias que hoy atraviesan momentos difíciles, le agradezco profundamente a usted y al pueblo salvadoreño este gesto de solidaridad”, manifestó De La Espriella.
El presidente colombiano también destacó la respuesta de El Salvador ante la emergencia.
“Gracias por estar presentes y por responder con generosidad y prontitud”, agregó.
De La Espriella concluyó su mensaje expresando sus deseos de fortalecer los vínculos entre ambas naciones: “Que Dios bendiga a El Salvador y fortalezca siempre los lazos que unen a nuestras naciones. Un abrazo fraterno, presidente”.
Horas antes, Bukele había informado que El Salvador enviaría ayuda humanitaria a Colombia para atender a las familias afectadas por el terremoto.
Según el anuncio del mandatario salvadoreño, se enviarían dos aviones de carga con 100 toneladas de ayuda humanitaria, preparada de acuerdo con las necesidades comunicadas por las autoridades colombianas.
Socorristas y voluntarios pasaron la noche del lunes en una carrera contrarreloj para localizar sobrevivientes del potente terremoto que sacudió a Colombia y que, hasta ahora, deja 132 muertos, más de 500 heridos y decenas de edificaciones colapsadas.
Las principales ciudades del oeste del país, entre ellas Cali, Pereira, Manizales, Quibdó y Buenaventura, muestran escenas de destrucción tras el sismo de magnitud 7,4, registrado el lunes a las 07:34.
“Mi ilusión es encontrar a alguien con vida, hacer lo más que se pueda”, dijo Kevin Restrepo a la AFP en Pereira, considerada la ciudad más golpeada. “Es horrible. Todo el mundo está poniendo de su parte, no importa que ya haya caído la noche”, sostuvo.
Pereira, ubicada en el turístico Eje Cafetero, registra al menos 60 fallecidos, según el último balance de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales.
Casi toda la ciudad quedó sin electricidad y los habitantes caminaban por las calles con linternas.
“Demasiado angustiante, no tengo palabras para todo lo que está pasando en este momento. Estamos intentando sacar los escombros porque acá estaban todos los vendedores de lotería”, relató a la AFP Juana Marín, una mercadóloga de 25 años que buscaba frente a la plaza principal.
“Me siento derrotada. Es demasiado triste ver a toda la ciudad así, sabiendo que hay allá gente todavía con vida”, añadió Marín.
El terremoto revive la tragedia provocada por el fuerte sismo de 1999, que dejó casi 1.200 muertos en la zona cafetera.
El presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió el cargo el 7 de agosto, declaró el estado de emergencia y se comprometió a desarrollar una operación de rescate coordinada.
“El fin del mundo”
En Cali, la tercera ciudad de Colombia, el alcalde Alejandro Eder decretó un toque de queda hasta las 06:00 locales (11:00 GMT), mientras los equipos de rescate trabajaban de manera ininterrumpida en los barrios más afectados.
“Llegar hasta acá fue impresionante, parecía el fin del mundo, los carros y las motos en contravía buscando sus seres queridos”, dijo el socorrista Nelson Moreno, quien participa en la búsqueda de una amiga que permanece bajo dos torres de cinco pisos colapsadas.
El padre y el bebé de la mujer resultaron heridos, pero lograron salir con vida.
Los socorristas formaron cadenas humanas para retirar los restos del edificio utilizando picos y herramientas básicas. Cada cierto tiempo pedían “silencio” para intentar identificar señales de vida de las personas atrapadas.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), varias instalaciones hospitalarias resultaron dañadas en Cali. Entre ellas, se reportó el colapso de las áreas de cardiología y pediatría del Hospital Universitario del Valle.
La Clínica Nuestra fue evacuada, mientras varios pacientes en silla de ruedas fueron atendidos en las aceras de Cali.
De acuerdo con un balance del presidente, además de las víctimas mortales, hay 61 edificios colapsados, 18 centros de salud averiados y 52 instituciones educativas afectadas. Solo en Cali se reportan 188 desaparecidos.
“Estamos haciendo todas las labores pertinentes para sacar a la gente con vida (…) Ha venido mucha gente, con dotaciones, con comida, ayudando a los bomberos, ayudando a las personas”, afirmó Andrés Felipe Mejía, un rescatista voluntario.
Seis aeropuertos sufrieron afectaciones en su infraestructura y suspendieron las operaciones de vuelos comerciales, precisó el mandatario.
El epicentro del terremoto se ubicó cerca de San José del Palmar, en Chocó, en el oeste del país. Esta región, caracterizada por su pobreza, reporta por el momento 13 muertos, mientras continúan las labores de rescate.
El acceso a Chocó es complicado debido a que las carreteras resultaron afectadas por el sismo, al igual que el aeropuerto de Quibdó, capital del departamento, informó la Cruz Roja Internacional en un comunicado publicado este martes.
“Yo veía que la gente salía desnuda, la gente se tiraba de sus casas (…) desesperada”, relató Wilmer Cuesta, estudiante de derecho que decidió incorporarse a las labores de rescate en Quibdó.
Ayuda internacional
Estados Unidos, aliado del nuevo Gobierno, ofreció una ayuda de 15,5 millones de dólares para atender la emergencia.
La presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que la UE puso a disposición su servicio satelital Copernicus para apoyar las operaciones de rescate.
Israel, México, Chile, Argentina y El Salvador también ofrecieron ayuda.
La cantante barranquillera Shakira publicó un mensaje en X en el que expresó: “Mi corazón está (…) con las familias que están pasando momentos de angustia”.
El sismo también fue percibido en países vecinos. El movimiento se sintió en algunas regiones de Venezuela, en Quito, capital de Ecuador, y en diversas provincias de Panamá.
Estos países se encuentran en el cinturón de fuego del Pacífico, una zona altamente sísmica y volcánica donde se registra actividad de las placas tectónicas de Nazca y del Caribe.
El 24 de junio, un doble sismo de magnitud 7,2 y 7,5 causó más de 6.000 muertos y dejó destrucción en Venezuela.
Las autoridades australianas anunciaron este martes que vacunarán a especies de aves consideradas especialmente vulnerables a la altamente contagiosa cepa H5 de la gripe aviar.
Durante años, Australia fue la única masa continental libre del virus H5, que ha provocado enfermedades graves y la muerte de aves de corral y silvestres en distintas partes del mundo.
El primer caso en Australia fue detectado en un ave marina migratoria en junio. Además, la semana pasada, el Gobierno informó sobre la muerte de 13.000 crías de elefante marino a causa de la enfermedad.
Como parte de las medidas para proteger a la fauna local, las autoridades anunciaron campañas de vacunación dirigidas tanto a aves en cautiverio como a aquellas que viven en estado silvestre.
“Es difícil vacunar a las aves silvestres. Se necesitan dos dosis de vacuna para inmunizarlas”, explicó el ministro de Medioambiente, Murray Watt.
“Donde sea posible vacunar a las aves silvestres, lo haremos; pero la prioridad es vacunar a las aves que se encuentran en cautiverio”, precisó.
Por su parte, la ministra de Agricultura, Julie Collins, señaló que Australia debe prepararse para más muertes masivas de aves y advirtió: “Esto seguirá propagándose por todo el país”.
Hasta el lunes, las autoridades australianas habían reportado 231 casos confirmados o presuntamente positivos de gripe aviar H5.
