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MARAS: El Control, Crimen y Migración de las pandillas que atenta con la seguridad de las naciones
En Chiapas pasan cosas como esta: cinco jóvenes de entre 18 y 24 años torturaron y asesinaron a Rudy Alonso Pacheco Niño, de 18 años, en el municipio de Acacoyagua, el pasado 26 de junio.
Dos de los presuntos asesinos, detenidos un mes después, son guatemaltecos, uno salvadoreño y tres mexicanos. Todos miembros de la mara Barrio-18.
Su víctima, a su vez, era mexicano que pertenecía a la «Mara Salvatrucha» (MS-13), de acuerdo con las autoridades.
Con la atención siempre puesta en su frontera norte, México olvida que el sur también existe en el mapa de la violencia.
Chiapas, estado del sur de México, empalmado con Centroamérica por su geografía, enfrenta graves problemas de seguridad atribuidos al arribo de jóvenes «maras».
Así llaman a los integrantes de pandillas centroamericanas como la «Mara Salvatrucha» y «Barrio 18», que son las más conocidas y que en Chiapas han reclutado ya a jóvenes mexicanos, desde hace al menos 20 años.
Héctor Castillo, investigador de la UNAM y especialista en grupos juveniles, lo compró al participar en un programa gubernamental que se llamó Hábitat, y que puso en marcha el gobierno de Felipe Calderón en distintas ciudades del país para prevenir la violencia.
Entre esas ciudades estaba Tapachula, capital de Chiapas y una de las ciudades más afectadas por la actividad de las «maras».
«El propósito era intervenir con los jóvenes, a partir de distintas actividades, para alejarlos de las pandillas, porque uno no puede llegar y enfrentar así nada más a las ‘maras'», explica.
Por algo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), desde 2004, consideró a las «maras» como «un problema que atenta no solamente contra la seguridad pública de las personas, sino también contra la seguridad nacional del Estado».
Pandillas en expansión
Hace años que México detectó las actividades de grupos de «maras» en el país. Desde 1996 al menos, de acuerdo con la CNDH y Héctor Castillo.
Su presencia, sin embargo, progresivamente se expandió hasta llegar a 23 estados del país y sumar más 5.000 integrantes hasta 2005, año en que la CNDH hizo el estudio.
En este advertía además que en Chiapas habían nacido ya otras «clicas» (grupos considerados como «familias» que pertenecen a las «maras»), que en 2001 ya sumaban 200 grupos con al menos 3.000 pandilleros.
El problema entonces no es reciente, afirman especialistas. Y tampoco simple, aclaran. El fenómeno de las pandillas centroamericanas que operan en México es una mezcla que combina migración, pobreza, crimen y corrupción, y que exhibe la falta de políticas públicas en la región y las fallidas estrategias de seguridad como el Plan Frontera Sur, el cual consiste básicamente en el reforzamiento de la seguridad policial y militar.
Esta estrategia, sin embargo, no ha disuadido la operación de las pandillas en Chiapas. Y aun peor, al parecer su número y sus actividades ha aumentado en los últimos dos años: de 13 supuestos pandilleros detenidos en 2016, el número se elevó a 161 hasta febrero de 2018, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas.
También aumentaron los homicidios vinculados a los enfrentamientos entre pandillas: de 18 ocurridos en 2016 pasaron a 22 en 2017 y este año suman 7, según las cifras oficiales.
Los especialistas advierten, sin embargo, que alrededor de estos números oficiales hay una «cifra negra», que impide conocer el total de los asesinatos o hechos violentos relacionados con las «maras», porque la mayoría de la veces sus delitos involucran migrantes sin documentos.
Para enfrentar el problema – que afecta sobre todo a los municipios de Suchiate, Tapachula, Mapastepec y Tuxtla Gutiérrez– las autoridades de Chiapas pusieron en marcha el Programa Antipandillas, que opera desde la Fiscalía de Inmigrantes.
Esta instancia colabora con los gobiernos de Guatemala y El Salvador, y ha detectado los vínculos entre las maras de Centroamérica y las que operan en México.
Incluso advierten que desde cárceles como «El Infiernito», en el departamento de Escuitla, Guatemala, o desde los centros de reinserción social para sentenciados 14 de Cintalapa y 3 de Tapachula salen las órdenes de asesinatos de los jefes maras a sus «clicas».
Así lo comprobaron cuando detuvieron a los asesinos de Rudy Alonso. De acuerdo con la investigación, en «El Infiernito» está recluido Fernando Muñoz Sinar, conocido como «El Happy» y/o «El Ratón», a quien identifican como el actual líder de la «clica» llamada «Sólo para Locos», de «Barrio 18».
En 2017 este líder contactó a Juan Carlos N, «El Pastrana», que se encuentra en el centro penitenciario número 14 de Cintalapa para formar una alianza para la venta de droga en toda la región del río Suchiate, la Costa de Chiapas y Tapachula.
Para ellos operaba Yener Aldair, conocido como «El Panzas», de 19 años, guatemalteco, quien encabezó el asesinato del joven mexicano vinculado con «MS-13» en Acacoyagua, por órdenes de «El Happy».
Pero la violencia en Chiapas no sólo ocurre entre pandillas. Los más vulnerables son los migrantes centroamericanos que salen de sus países para huir de estas.
Jóvenes detenidos como presuntos miembros de las “clicas” en Chiapas.
La doctora Ailsa Winton, investigadora de El Colegio de la Frontera Norte (Ecosur), explica que desde hace un par de años ha sucedido que los migrantes que abandonan sus países por el acecho de las pandillas, se encuentran en Chiapas a los mismos de quienes huyen.
«Se comenzó a escuchar que estos migrantes se habían topado con quienes los habían amenazado allá (en sus países) o que reconocía a pandilleros de su país aquí en México, en espacios públicos como el parque central de Tapachula o los albergues, donde las personas encargadas de estos han alertado de esta situación», explica.
Esto sucede porque los pandilleros siguen a sus víctimas, las persiguen hasta México, dice. Y aunque este tipo de situaciones ya se conocían, agrega, no hubo respuesta de las autoridades: ni atención ni protección para los migrantes, y tampoco investigación.
El riesgo de la criminalización
Centroamérica y México comparten una frontera de 1.149 kilómetros que se extiende desde el Océano Pacífico al Caribe y atraviesa algunos de los territorios más pobres de la región, donde apenas hay infraestructuras y empleo formal.
Parte de la frontera de 956 km entre México y Guatemala serpentea a lo largo de los ríos Suchiate y Usumacinta. Los 193 kilómetros restantes siguen el curso del río Hondo que divide a México de Belice.
En esa geografía Chiapas es la puerta de entrada de la migración proveniente de la cintura del continente. O como lo llaman ahora: del «Triángulo Norte» que forman Guatemala, El Salvador y Honduras, países donde la pobreza y la violencia de las pandillas han disparado los desplazamientos forzados.
Los números lo evidencian. De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 294.000 ciudadanos de esos países estaban registrados en 2017 como refugiados o solicitantes de asilo, lo que significa un aumento de 58% con respecto a 2016, y 16 veces más que en 2011.
La mayoría son mujeres y jóvenes que escapan del reclutamiento forzado de las maras o pandillas y de sus amenazas de muerte. «Están huyendo de la violencia», dice el investigador Iván Porras, también del Ecosur.
Para ellos, el primero de sus destinos es Estados Unidos, donde se encuentran 260.000 refugiados y solicitantes de asilo de Centroamérica, de acuerdo con cifras del ACNUR.
México –que ACNUR ya no considera un país de tránsito sino de destino– está en el segundo sitio con 12.700 solicitudes de asilo, seguido por Costa Rica con 3.200, Panamá con 1.400, y Nicaragua con 700.
Si la migración es un tema regional, también la seguridad lo es, dice el investigador Iván Porras. «No son fenómenos que puedan aislarse porque están vinculados», asegura.
Migración y seguridad a su vez están enganchados a las políticas migratorias de Estados Unidos y México, agrega Winton, del Ecosur.
«Si hay más controles migratorios en México y Estados Unidos, las personas que tienen que moverse están más sujetas a los grupos criminales, de quienes dependen para poder trasladarse de manera clandestina, pagándoles».
De modo que si cambia la política migratoria, cambia la migración y cambian los grupos criminales que se mueven en función de esos migrantes. Pero ni unos ni otros se detienen, a pesar de las políticas de seguridad que México ha aplicado como una especie de «tapón» para impedir que los centroamericanos lleguen a Estados Unidos.
Los resultados, parece, son contraproducentes debido a la corrupción de cuerpos policiacos y autoridades migratorias que extorsionan a los migrantes en su tránsito o son cómplices de los traficantes de personas.
De modo que los mecanismos de seguridad que ha implantado México para impedir la entrada de «maras», también han fermentado un caldo de cultivo para criminalizar la migración centroamericana y abandonarla a su suerte ante las acciones criminales de estos grupos.
«A quién recurren si están en el país de manera ilegal», pregunta Porras.
La presión migratoria
Apenas en enero de este año, los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras alertaron a México sobre los flujos masivos de pandilleros hacia Chiapas, como consecuencia de los operativos que esos países aplican contra esos grupos delictivos.
De inmediato se levantaron voces que demandaron a las autoridades federales y estatales controles más estrictos contra los migrantes que viajan sin papeles. Una de esas voces fue el Comité de Consulta y Participación Ciudadana en Materia de Seguridad Pública (Cocoparci).
Esta organización argumentó que los ciudadanos centroamericanos pueden recurrir a la Tarjeta de Visitante Regional (TVR), que en los últimos dos años ha permitido contabilizar aproximadamente 4.5 millones de ingresos legales por la frontera sur.
Una condición para acceder a la TVR es que los centroamericanos deben registrar y comprobar su identidad y domicilio. Por lo tanto, según la Cocoparci, muchos de quienes no tramitan la TVR es porque quiere ocultar quiénes son y de dónde vienen, tal vez porque tienen antecedentes penales.
Para Ailsa Winton, investigadora del Ecosur, estas son reacciones producto de la mala atención y comprensión de un problema como la violencia asociada a la migración y la movilidad, que termina distorsionando su percepción.
«Lo que sucede en Chiapas es que la gente ahora asocia más el refugio y a los refugiados con la criminalidad, y lo escuchamos en foros y de asociaciones civiles que argumentan que son los mismos criminales a quienes se les está beneficiando con la condición de refugiados», afirma.
Más allá de la xenofobia, que sí existe en México contra los centroamericanos, la preocupación de Winton es que, frente a esos argumentos y la falta de atención al problema, «las personas que necesitan protección quedan desprotegidas y los criminales pueden tener la libertad para seguir haciendo lo que hacen».
Ella y Porras coinciden que la atención debe ser regional y participar todos los gobiernos y autoridades involucradas.
Pero «no hay mucho interés, tampoco recursos asignados para atender el problema, y mucho menos comprensión sobre qué es la criminalidad, cómo operan esos grupos y su relación con la migración y movilidad en la región».
Por eso, historias como las de Rudy Alonso Pacheco, asesinado a machetazos, seguirán ocurriendo sin que nadie vuelva la vista hacia el sur.
El gobierno de Jalisco, estado del oeste del país, se prepara con drones, inhibidores de aeronaves no tripuladas y videovigilancia con inteligencia artificial para garantizar la seguridad en Guadalajara, su capital estatal y sede de cuatro partidos del Mundial, que se jugará en tres países -México, Estados Unidos y Canadá- y comienza el 11 de junio.
Pero a 109 días del inicio de la competición, el domingo, el poderoso Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) desató una ola de violencia en varios puntos del país que golpeó a la ciudad con bloqueos de carreteras, quemas de vehículos, ataques a gasolineras, bancos y comercios, causando preocupación y amenazando con aguar la fiesta.
Fue su reacción a la muerte de su líder, Nemesio «El Mencho» Oseguera, a manos de los militares durante una operación destinada a detenerlo.
La violencia llevó a suspender dos partidos el domingo en Jalisco y otro en Querétaro, en el centro de México.
Guadalajara, además, albergará junto a Monterrey (noreste) el torneo de repesca que a finales de marzo definirá las dos últimas selecciones clasificadas a la mayor cita del balompié.
El gobierno británico se declaró este martes a favor de publicar documentos relativos al nombramiento del expríncipe Andrés como representante especial de Comercio Internacional en 2001, tras su arresto la semana pasada por su relación con el caso Epstein.
Tras la divulgación de los archivos del delincuente sexual estadounidense por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el hermano del rey Carlos III pasó a ser sospechoso de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público. De momento, no se ha emitido ningún cargo contra él.
Este martes, el ministro de Comercio, Chris Bryant, apoyó en el Parlamento la petición presentada por el Partido Liberal Demócrata (centrista) para que el gobierno laborista publique los documentos relacionados con el nombramiento de Andrew Mountbatten-Windsor.
«Permítanme ser claro desde el principio. Apoyamos esta moción», señaló Bryant, quien describió al expríncipe como «un hombre en una constante carrera de autoengrandecimiento y enriquecimiento personal».
Algunos de los documentos divulgados parecen indicar que el entonces príncipe habría transmitido informaciones confidenciales al financiero, que se suicidó en prisión en 2019, durante su etapa representante especial de Comercio Internacional del Reino Unido, de 2001 a 2011.
A raíz de este caso, el expríncipe Andrés pasó once horas el jueves en una comisaría, algo que ha hecho tambalear los cimientos de la monarquía británica.
Chris Bryant tachó a Andrew Mountbatten-Windsor de «grosero, arrogante, con un sentimiento de privilegio; incapaz de distinguir entre el interés público, al que decía servir, y su propio interés privado».
Bryant advirtió, sin embargo, que el gobierno debe consultar con la policía qué documentos se pueden divulgar, para no poner en peligro su investigación.
El gobierno expresó su disposición a publicar esos archivos horas después de que la policía liberara, el martes bajo fianza, al exembajador británico en Estados Unidos Peter Mandelson, detenido la víspera por sus supuestos vínculos con Epstein.
Mandelson fue arrestado el lunes por sospechas de que incumplió sus deberes en su etapa al frente del Ministerio de Industria durante el gobierno laborista entre 2008 y 2010.
Igual que en el caso del expríncipe Andrés, los lazos de Mandelson con Epstein eran conocidos.
El líder del Partido Liberal Demócrata, Ed Davey, dijo el martes en el Parlamento que la relación de Andrés y Mandelson con Epstein representa una «mancha» para el Reino Unido.
«Debemos comenzar a limpiar esa mancha con el desinfectante de la transparencia», señaló Davey.
Las palabras de Davey fueron respaldadas por el ministro de Comercio, que expresó la voluntad de su gobierno de sacar a la luz los documentos.
«Es lo mínimo que le debemos a las víctimas del horrendo abuso perpetrado por Jeffrey Epstein y otros», dijo Bryant.
«Un abuso que fue permitido, facilitado y apoyado por un grupo muy amplio de individuos arrogantes, con un sentimiento de privilegio y a menudo muy adinerados en este país y en otros lugares», añadió el ministro.
Aunque ambas investigaciones son distintas, el diario The Telegraph rescató unas declaraciones de Mandelson en el Parlamento en 2001, en las que consideraba al entonces príncipe Andrés como alguien «totalmente cualificado» para ocupar el puesto de representante para el Comercio Internacional.
Andrew Lownie, experiodista de la BBC y biógrafo del expríncipe, declaró a AFP que Mandelson y Tony Blair, primer ministro laborista en 2001, «impusieron el nombramiento» de Andrés.
En esa época, Mandelson ocupaba también el puesto de ministro de Industria y Comercio.
Las revelaciones sobre los vínculos de Mandelson con Epstein han puesto bajo presión al primer ministro Keir Starmer, acusado de haberlo nombrado pese a saber que había sido alguien cercano al financiero estadounidense tras su condena por delitos sexuales.
Starmer, que retiró a Mandelson del puesto de embajador en septiembre de 2025, después de que salieran a la luz nuevas informaciones que lo vinculaban con Epstein, presentó sus disculpas a las víctimas.
Pese a todo, el primer ministro afirmó hace dos semanas que su gobierno está «fuerte y unido», en un intento de disipar dudas sobre una posible dimisión debido al nombramiento de Mandelson.
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Rusia advierte de planes secretos de Reino Unido y Francia para equipar a Ucrania con armas nucleares
Rusia acusó a Reino Unido y Francia de amenazar al régimen de no proliferación nuclear completo luego de que sus servicios de inteligencia descubrieran que los dos países se preparan para proporcionar armas nucleares a Kiev.
«Esta información es sumamente importante», dijo hoy martes el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, que calificó al plan como una flagrante violación de las normas legales internacionales, incluido el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, y dijo que Rusia lo tendrá en cuenta al plantear su posición en las negociaciones sobre Ucrania.
Previamente, el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia indicó que Londres y París estaban considerando transferir a Kiev armas nucleares o capacidades relacionadas, ya que ven pocas posibilidades de lograr lo que describen como una victoria sobre Rusia contando sólo con las fuerzas armadas ucranianas. La agencia añadió que Alemania había declinado unirse a lo que denominó una «peligrosa aventura».
La agencia también señaló que Londres y París están trabajando en acuerdos para proporcionar dichas armas y sistemas de lanzamiento, incluida la transferencia encubierta de componentes y tecnologías nucleares europeos.
