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MARAS: El Control, Crimen y Migración de las pandillas que atenta con la seguridad de las naciones
En Chiapas pasan cosas como esta: cinco jóvenes de entre 18 y 24 años torturaron y asesinaron a Rudy Alonso Pacheco Niño, de 18 años, en el municipio de Acacoyagua, el pasado 26 de junio.
Dos de los presuntos asesinos, detenidos un mes después, son guatemaltecos, uno salvadoreño y tres mexicanos. Todos miembros de la mara Barrio-18.
Su víctima, a su vez, era mexicano que pertenecía a la «Mara Salvatrucha» (MS-13), de acuerdo con las autoridades.
Con la atención siempre puesta en su frontera norte, México olvida que el sur también existe en el mapa de la violencia.
Chiapas, estado del sur de México, empalmado con Centroamérica por su geografía, enfrenta graves problemas de seguridad atribuidos al arribo de jóvenes «maras».
Así llaman a los integrantes de pandillas centroamericanas como la «Mara Salvatrucha» y «Barrio 18», que son las más conocidas y que en Chiapas han reclutado ya a jóvenes mexicanos, desde hace al menos 20 años.
Héctor Castillo, investigador de la UNAM y especialista en grupos juveniles, lo compró al participar en un programa gubernamental que se llamó Hábitat, y que puso en marcha el gobierno de Felipe Calderón en distintas ciudades del país para prevenir la violencia.
Entre esas ciudades estaba Tapachula, capital de Chiapas y una de las ciudades más afectadas por la actividad de las «maras».
«El propósito era intervenir con los jóvenes, a partir de distintas actividades, para alejarlos de las pandillas, porque uno no puede llegar y enfrentar así nada más a las ‘maras'», explica.
Por algo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), desde 2004, consideró a las «maras» como «un problema que atenta no solamente contra la seguridad pública de las personas, sino también contra la seguridad nacional del Estado».
Pandillas en expansión
Hace años que México detectó las actividades de grupos de «maras» en el país. Desde 1996 al menos, de acuerdo con la CNDH y Héctor Castillo.
Su presencia, sin embargo, progresivamente se expandió hasta llegar a 23 estados del país y sumar más 5.000 integrantes hasta 2005, año en que la CNDH hizo el estudio.
En este advertía además que en Chiapas habían nacido ya otras «clicas» (grupos considerados como «familias» que pertenecen a las «maras»), que en 2001 ya sumaban 200 grupos con al menos 3.000 pandilleros.
El problema entonces no es reciente, afirman especialistas. Y tampoco simple, aclaran. El fenómeno de las pandillas centroamericanas que operan en México es una mezcla que combina migración, pobreza, crimen y corrupción, y que exhibe la falta de políticas públicas en la región y las fallidas estrategias de seguridad como el Plan Frontera Sur, el cual consiste básicamente en el reforzamiento de la seguridad policial y militar.
Esta estrategia, sin embargo, no ha disuadido la operación de las pandillas en Chiapas. Y aun peor, al parecer su número y sus actividades ha aumentado en los últimos dos años: de 13 supuestos pandilleros detenidos en 2016, el número se elevó a 161 hasta febrero de 2018, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas.
También aumentaron los homicidios vinculados a los enfrentamientos entre pandillas: de 18 ocurridos en 2016 pasaron a 22 en 2017 y este año suman 7, según las cifras oficiales.
Los especialistas advierten, sin embargo, que alrededor de estos números oficiales hay una «cifra negra», que impide conocer el total de los asesinatos o hechos violentos relacionados con las «maras», porque la mayoría de la veces sus delitos involucran migrantes sin documentos.
Para enfrentar el problema – que afecta sobre todo a los municipios de Suchiate, Tapachula, Mapastepec y Tuxtla Gutiérrez– las autoridades de Chiapas pusieron en marcha el Programa Antipandillas, que opera desde la Fiscalía de Inmigrantes.
Esta instancia colabora con los gobiernos de Guatemala y El Salvador, y ha detectado los vínculos entre las maras de Centroamérica y las que operan en México.
Incluso advierten que desde cárceles como «El Infiernito», en el departamento de Escuitla, Guatemala, o desde los centros de reinserción social para sentenciados 14 de Cintalapa y 3 de Tapachula salen las órdenes de asesinatos de los jefes maras a sus «clicas».
Así lo comprobaron cuando detuvieron a los asesinos de Rudy Alonso. De acuerdo con la investigación, en «El Infiernito» está recluido Fernando Muñoz Sinar, conocido como «El Happy» y/o «El Ratón», a quien identifican como el actual líder de la «clica» llamada «Sólo para Locos», de «Barrio 18».
En 2017 este líder contactó a Juan Carlos N, «El Pastrana», que se encuentra en el centro penitenciario número 14 de Cintalapa para formar una alianza para la venta de droga en toda la región del río Suchiate, la Costa de Chiapas y Tapachula.
Para ellos operaba Yener Aldair, conocido como «El Panzas», de 19 años, guatemalteco, quien encabezó el asesinato del joven mexicano vinculado con «MS-13» en Acacoyagua, por órdenes de «El Happy».
Pero la violencia en Chiapas no sólo ocurre entre pandillas. Los más vulnerables son los migrantes centroamericanos que salen de sus países para huir de estas.
Jóvenes detenidos como presuntos miembros de las “clicas” en Chiapas.
La doctora Ailsa Winton, investigadora de El Colegio de la Frontera Norte (Ecosur), explica que desde hace un par de años ha sucedido que los migrantes que abandonan sus países por el acecho de las pandillas, se encuentran en Chiapas a los mismos de quienes huyen.
«Se comenzó a escuchar que estos migrantes se habían topado con quienes los habían amenazado allá (en sus países) o que reconocía a pandilleros de su país aquí en México, en espacios públicos como el parque central de Tapachula o los albergues, donde las personas encargadas de estos han alertado de esta situación», explica.
Esto sucede porque los pandilleros siguen a sus víctimas, las persiguen hasta México, dice. Y aunque este tipo de situaciones ya se conocían, agrega, no hubo respuesta de las autoridades: ni atención ni protección para los migrantes, y tampoco investigación.
El riesgo de la criminalización
Centroamérica y México comparten una frontera de 1.149 kilómetros que se extiende desde el Océano Pacífico al Caribe y atraviesa algunos de los territorios más pobres de la región, donde apenas hay infraestructuras y empleo formal.
Parte de la frontera de 956 km entre México y Guatemala serpentea a lo largo de los ríos Suchiate y Usumacinta. Los 193 kilómetros restantes siguen el curso del río Hondo que divide a México de Belice.
En esa geografía Chiapas es la puerta de entrada de la migración proveniente de la cintura del continente. O como lo llaman ahora: del «Triángulo Norte» que forman Guatemala, El Salvador y Honduras, países donde la pobreza y la violencia de las pandillas han disparado los desplazamientos forzados.
Los números lo evidencian. De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 294.000 ciudadanos de esos países estaban registrados en 2017 como refugiados o solicitantes de asilo, lo que significa un aumento de 58% con respecto a 2016, y 16 veces más que en 2011.
La mayoría son mujeres y jóvenes que escapan del reclutamiento forzado de las maras o pandillas y de sus amenazas de muerte. «Están huyendo de la violencia», dice el investigador Iván Porras, también del Ecosur.
Para ellos, el primero de sus destinos es Estados Unidos, donde se encuentran 260.000 refugiados y solicitantes de asilo de Centroamérica, de acuerdo con cifras del ACNUR.
México –que ACNUR ya no considera un país de tránsito sino de destino– está en el segundo sitio con 12.700 solicitudes de asilo, seguido por Costa Rica con 3.200, Panamá con 1.400, y Nicaragua con 700.
Si la migración es un tema regional, también la seguridad lo es, dice el investigador Iván Porras. «No son fenómenos que puedan aislarse porque están vinculados», asegura.
Migración y seguridad a su vez están enganchados a las políticas migratorias de Estados Unidos y México, agrega Winton, del Ecosur.
«Si hay más controles migratorios en México y Estados Unidos, las personas que tienen que moverse están más sujetas a los grupos criminales, de quienes dependen para poder trasladarse de manera clandestina, pagándoles».
De modo que si cambia la política migratoria, cambia la migración y cambian los grupos criminales que se mueven en función de esos migrantes. Pero ni unos ni otros se detienen, a pesar de las políticas de seguridad que México ha aplicado como una especie de «tapón» para impedir que los centroamericanos lleguen a Estados Unidos.
Los resultados, parece, son contraproducentes debido a la corrupción de cuerpos policiacos y autoridades migratorias que extorsionan a los migrantes en su tránsito o son cómplices de los traficantes de personas.
De modo que los mecanismos de seguridad que ha implantado México para impedir la entrada de «maras», también han fermentado un caldo de cultivo para criminalizar la migración centroamericana y abandonarla a su suerte ante las acciones criminales de estos grupos.
«A quién recurren si están en el país de manera ilegal», pregunta Porras.
La presión migratoria
Apenas en enero de este año, los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras alertaron a México sobre los flujos masivos de pandilleros hacia Chiapas, como consecuencia de los operativos que esos países aplican contra esos grupos delictivos.
De inmediato se levantaron voces que demandaron a las autoridades federales y estatales controles más estrictos contra los migrantes que viajan sin papeles. Una de esas voces fue el Comité de Consulta y Participación Ciudadana en Materia de Seguridad Pública (Cocoparci).
Esta organización argumentó que los ciudadanos centroamericanos pueden recurrir a la Tarjeta de Visitante Regional (TVR), que en los últimos dos años ha permitido contabilizar aproximadamente 4.5 millones de ingresos legales por la frontera sur.
Una condición para acceder a la TVR es que los centroamericanos deben registrar y comprobar su identidad y domicilio. Por lo tanto, según la Cocoparci, muchos de quienes no tramitan la TVR es porque quiere ocultar quiénes son y de dónde vienen, tal vez porque tienen antecedentes penales.
Para Ailsa Winton, investigadora del Ecosur, estas son reacciones producto de la mala atención y comprensión de un problema como la violencia asociada a la migración y la movilidad, que termina distorsionando su percepción.
«Lo que sucede en Chiapas es que la gente ahora asocia más el refugio y a los refugiados con la criminalidad, y lo escuchamos en foros y de asociaciones civiles que argumentan que son los mismos criminales a quienes se les está beneficiando con la condición de refugiados», afirma.
Más allá de la xenofobia, que sí existe en México contra los centroamericanos, la preocupación de Winton es que, frente a esos argumentos y la falta de atención al problema, «las personas que necesitan protección quedan desprotegidas y los criminales pueden tener la libertad para seguir haciendo lo que hacen».
Ella y Porras coinciden que la atención debe ser regional y participar todos los gobiernos y autoridades involucradas.
Pero «no hay mucho interés, tampoco recursos asignados para atender el problema, y mucho menos comprensión sobre qué es la criminalidad, cómo operan esos grupos y su relación con la migración y movilidad en la región».
Por eso, historias como las de Rudy Alonso Pacheco, asesinado a machetazos, seguirán ocurriendo sin que nadie vuelva la vista hacia el sur.
Todo marcha bien en el viaje de retorno a la Tierra de la nave Orion, excepto por «el equipo más importante a bordo».
La NASA plantea ahora que una reacción química en el tratamiento de la orina podría haber atascado el sanitario.
El problema con el baño fue reportado a pocas horas del despegue desde Cabo Cañaveral, en Florida. La astronauta Christina Koch ajustó los controladores del sistema, los reinició con ayuda del centro de control y resolvió inicialmente el asunto.
«Me enorgullece llamarme fontanera espacial. Me gusta decir que [el baño] probablemente sea el equipo más importante a bordo», contó en su primera conferencia desde la nave que orbitó la Luna y que debe amarizar en las costas del Pacífico este viernes, en el final de la misión Artemis II.
Sin embargo, la situación persistió cuando trataron de evacuar las aguas residuales -que habitualmente son liberadas al espacio- y el sistema no funcionó correctamente. La NASA pensó inicialmente que se podría tratar de algún tipo de congelamiento en los filtros.
Koch describió el aroma que despedía el denominado Sistema Universal de Gestión de Residuos como «un olor a quemado de calefacción».
Entonces se activó el plan B y los astronautas fueron instruidos para usar los «dispositivos plegables de contingencia para la eliminación de orina», unos recipientes personales y reutilizables.
El dilema es para los orines. El sistema para las heces, en otro conducto, funciona sin problemas.
«El inodoro sigue funcionando. El problema que estamos resolviendo es la evacuación del tanque de aguas residuales», dijo el martes el director de vuelo, Rick Henfling. «Así que tenemos que recurrir a otros medios alternativos, además del inodoro», agregó.
Reacción química, no hielo
El asunto ha sido materia de consultas constantes en las conferencias de prensa que se realizan en el Centro Espacial Johnson en Houston, Texas, aquel que en 1970 recibió el mensaje del astronauta Jack Swigert en la misión Apolo 13: «Houston, hemos tenido un problema», tras la explosión de un tanque de oxígeno que abortó el alunizaje.
«Inicialmente, pensábamos que podría tratarse de una formación de hielo en una boquilla, en la línea exterior de la nave espacial. Tenemos certeza de que no se trata de una formación de hielo; hemos colocado la nave en una posición orientada hacia el sol para eliminar cualquier hielo, hemos activado calentadores, y aún observamos una obstrucción», explicó Henfling.
«La teoría más reciente está relacionada con algún proceso químico que se utiliza para garantizar que las aguas residuales no desarrollen biopelículas (microorganismos), y es posible que se esté produciendo una reacción química en la que se generen algunos residuos como parte de dicha reacción, y estos se estén obstruyendo en un filtro», agregó.
Lori Glaze, administradora asociada de la Dirección de Misiones de Desarrollo de Sistemas de Exploración de la NASA aseguró que «tan pronto como pongamos a la nave en el suelo, podremos entrar y llegaremos a la raíz del problema».
¿Dónde está?
Este trono, valorado en unos 23 millones de dólares, es similar al que se utiliza en la Estación Espacial Internacional, pero es la primera vez que se utiliza en un viaje tripulado al espacio profundo.
Los astronautas de las misiones Apolo no tenían baño y usaban unas bolsas especiales para los deshechos.
En la nave Orion, con un diámetro de cinco metros y un poco más de tres metros de alto, el baño está bajo el piso. Para usarlo deben abrir una puerta y colocarse de lado. Dentro tienen unos pasamanos y unas correas de sujeción.
Es un área donde hace mucho ruido, por lo que deben protegerse los oídos. Cuenta con sistemas de succión para compensar la microgravedad.
Tiene una vía para la evacuación de la orina, que es tratada antes de ser soltada al espacio. De hecho, Koch mostró hace unos días cómo podía apreciarse desde una ventana de la nave, la forma en que las partículas de orina eran liberadas.
El otro sistema es para las heces, que son colocadas en bolsas desechables que se compactan y que amarizarán junto con los astronautas, cuando vuelvan a la Tierra.
Un minero fue rescatado con vida este miércoles tras dos semanas atrapado por un derrumbe dentro de un yacimiento en el noroeste de México, que cobró la vida de dos trabajadores, informó el gobierno.
El pasado 25 de marzo, la estructura interna de una mina de oro y plata, localizada en el estado de Sinaloa, colapsó y dejó atrapados a cuatro hombres que laboraban en el lugar.
Dos mineros fallecieron, uno más fue rescatado con vida el 30 de marzo y el último fue ubicado el martes por la noche por un buzo en la zona del accidente.
El hombre logró sobrevivir 14 días.
«Increíblemente y afortunadamente se encontró con vida», dijo en su conferencia de prensa matutina la presidenta Claudia Sheinbaum.
De acuerdo con las autoridades, el colapso de la mina ocurrió tras la falla de la capa de impermeabilización, que provocó la infiltración descontrolada de los líquidos que debilitaron la estabilidad de las galerías.
Cientos de rescatistas, personal técnico, militares, protección civil y buzos trabajaron día y noche durante dos semanas, con equipos especializados de extracción de agua, para llegar hasta donde se encontraban los mineros.
Varios percances se han registrado en minas de México. Algunas trabajan de manera clandestina o con equipos y condiciones de seguridad precarias.
En agosto de 2022, el colapso de una mina en el norteño estado de Coahuila dejó 10 trabajadores muertos y sepultados.
En ese mismo estado, en febrero de 2006, se registró la mayor tragedia del sector cuando 65 mineros murieron por la explosión en la mina de carbón Pasta de Conchos.
Internacionales
Acusado de brutal asesinato en tren es declarado incompetente para enfrentar juicio en EE. UU.
Un hombre acusado de asesinar brutalmente a una joven en un tren en Carolina del Norte fue declarado incompetente para enfrentar juicio, según un informe revelado recientemente. El sospechoso, identificado como Decarlos Brown Jr., no estaría en condiciones mentales de comprender el proceso judicial ni de colaborar en su defensa, de acuerdo con evaluaciones médicas, publica el N Y Post.
El crimen ocurrió en agosto, cuando la víctima, una joven refugiada ucraniana de 23 años, fue atacada con un cuchillo dentro de un tren ligero en la ciudad de Charlotte. El hecho, captado en video, generó indignación nacional por la violencia del ataque y la aparente falta de reacción inmediata de otros pasajeros.
Según documentos judiciales, la defensa solicitó retrasar la audiencia sobre su capacidad mental por 180 días, petición que no fue objetada por los fiscales. Mientras tanto, el acusado permanece bajo custodia federal, ya que también enfrenta cargos por violencia en un sistema de transporte que resultó en muerte.
La ley en Carolina del Norte establece que, si un acusado es declarado incompetente, los cargos pueden ser suspendidos hasta que recupere su capacidad mental. En algunos casos, incluso pueden ser desestimados temporalmente, aunque podrían retomarse si la persona es considerada apta en el futuro.
El historial del sospechoso incluye múltiples arrestos desde 2007 por delitos como agresión, robo y posesión de armas. Además, familiares han señalado que padece esquizofrenia. Autoridades también indicaron que estaba en libertad bajo fianza al momento del ataque.
