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MARAS: El Control, Crimen y Migración de las pandillas que atenta con la seguridad de las naciones
En Chiapas pasan cosas como esta: cinco jóvenes de entre 18 y 24 años torturaron y asesinaron a Rudy Alonso Pacheco Niño, de 18 años, en el municipio de Acacoyagua, el pasado 26 de junio.
Dos de los presuntos asesinos, detenidos un mes después, son guatemaltecos, uno salvadoreño y tres mexicanos. Todos miembros de la mara Barrio-18.
Su víctima, a su vez, era mexicano que pertenecía a la «Mara Salvatrucha» (MS-13), de acuerdo con las autoridades.
Con la atención siempre puesta en su frontera norte, México olvida que el sur también existe en el mapa de la violencia.
Chiapas, estado del sur de México, empalmado con Centroamérica por su geografía, enfrenta graves problemas de seguridad atribuidos al arribo de jóvenes «maras».
Así llaman a los integrantes de pandillas centroamericanas como la «Mara Salvatrucha» y «Barrio 18», que son las más conocidas y que en Chiapas han reclutado ya a jóvenes mexicanos, desde hace al menos 20 años.
Héctor Castillo, investigador de la UNAM y especialista en grupos juveniles, lo compró al participar en un programa gubernamental que se llamó Hábitat, y que puso en marcha el gobierno de Felipe Calderón en distintas ciudades del país para prevenir la violencia.
Entre esas ciudades estaba Tapachula, capital de Chiapas y una de las ciudades más afectadas por la actividad de las «maras».
«El propósito era intervenir con los jóvenes, a partir de distintas actividades, para alejarlos de las pandillas, porque uno no puede llegar y enfrentar así nada más a las ‘maras'», explica.
Por algo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), desde 2004, consideró a las «maras» como «un problema que atenta no solamente contra la seguridad pública de las personas, sino también contra la seguridad nacional del Estado».
Pandillas en expansión
Hace años que México detectó las actividades de grupos de «maras» en el país. Desde 1996 al menos, de acuerdo con la CNDH y Héctor Castillo.
Su presencia, sin embargo, progresivamente se expandió hasta llegar a 23 estados del país y sumar más 5.000 integrantes hasta 2005, año en que la CNDH hizo el estudio.
En este advertía además que en Chiapas habían nacido ya otras «clicas» (grupos considerados como «familias» que pertenecen a las «maras»), que en 2001 ya sumaban 200 grupos con al menos 3.000 pandilleros.
El problema entonces no es reciente, afirman especialistas. Y tampoco simple, aclaran. El fenómeno de las pandillas centroamericanas que operan en México es una mezcla que combina migración, pobreza, crimen y corrupción, y que exhibe la falta de políticas públicas en la región y las fallidas estrategias de seguridad como el Plan Frontera Sur, el cual consiste básicamente en el reforzamiento de la seguridad policial y militar.
Esta estrategia, sin embargo, no ha disuadido la operación de las pandillas en Chiapas. Y aun peor, al parecer su número y sus actividades ha aumentado en los últimos dos años: de 13 supuestos pandilleros detenidos en 2016, el número se elevó a 161 hasta febrero de 2018, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas.
También aumentaron los homicidios vinculados a los enfrentamientos entre pandillas: de 18 ocurridos en 2016 pasaron a 22 en 2017 y este año suman 7, según las cifras oficiales.
Los especialistas advierten, sin embargo, que alrededor de estos números oficiales hay una «cifra negra», que impide conocer el total de los asesinatos o hechos violentos relacionados con las «maras», porque la mayoría de la veces sus delitos involucran migrantes sin documentos.
Para enfrentar el problema – que afecta sobre todo a los municipios de Suchiate, Tapachula, Mapastepec y Tuxtla Gutiérrez– las autoridades de Chiapas pusieron en marcha el Programa Antipandillas, que opera desde la Fiscalía de Inmigrantes.
Esta instancia colabora con los gobiernos de Guatemala y El Salvador, y ha detectado los vínculos entre las maras de Centroamérica y las que operan en México.
Incluso advierten que desde cárceles como «El Infiernito», en el departamento de Escuitla, Guatemala, o desde los centros de reinserción social para sentenciados 14 de Cintalapa y 3 de Tapachula salen las órdenes de asesinatos de los jefes maras a sus «clicas».
Así lo comprobaron cuando detuvieron a los asesinos de Rudy Alonso. De acuerdo con la investigación, en «El Infiernito» está recluido Fernando Muñoz Sinar, conocido como «El Happy» y/o «El Ratón», a quien identifican como el actual líder de la «clica» llamada «Sólo para Locos», de «Barrio 18».
En 2017 este líder contactó a Juan Carlos N, «El Pastrana», que se encuentra en el centro penitenciario número 14 de Cintalapa para formar una alianza para la venta de droga en toda la región del río Suchiate, la Costa de Chiapas y Tapachula.
Para ellos operaba Yener Aldair, conocido como «El Panzas», de 19 años, guatemalteco, quien encabezó el asesinato del joven mexicano vinculado con «MS-13» en Acacoyagua, por órdenes de «El Happy».
Pero la violencia en Chiapas no sólo ocurre entre pandillas. Los más vulnerables son los migrantes centroamericanos que salen de sus países para huir de estas.
Jóvenes detenidos como presuntos miembros de las “clicas” en Chiapas.
La doctora Ailsa Winton, investigadora de El Colegio de la Frontera Norte (Ecosur), explica que desde hace un par de años ha sucedido que los migrantes que abandonan sus países por el acecho de las pandillas, se encuentran en Chiapas a los mismos de quienes huyen.
«Se comenzó a escuchar que estos migrantes se habían topado con quienes los habían amenazado allá (en sus países) o que reconocía a pandilleros de su país aquí en México, en espacios públicos como el parque central de Tapachula o los albergues, donde las personas encargadas de estos han alertado de esta situación», explica.
Esto sucede porque los pandilleros siguen a sus víctimas, las persiguen hasta México, dice. Y aunque este tipo de situaciones ya se conocían, agrega, no hubo respuesta de las autoridades: ni atención ni protección para los migrantes, y tampoco investigación.
El riesgo de la criminalización
Centroamérica y México comparten una frontera de 1.149 kilómetros que se extiende desde el Océano Pacífico al Caribe y atraviesa algunos de los territorios más pobres de la región, donde apenas hay infraestructuras y empleo formal.
Parte de la frontera de 956 km entre México y Guatemala serpentea a lo largo de los ríos Suchiate y Usumacinta. Los 193 kilómetros restantes siguen el curso del río Hondo que divide a México de Belice.
En esa geografía Chiapas es la puerta de entrada de la migración proveniente de la cintura del continente. O como lo llaman ahora: del «Triángulo Norte» que forman Guatemala, El Salvador y Honduras, países donde la pobreza y la violencia de las pandillas han disparado los desplazamientos forzados.
Los números lo evidencian. De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 294.000 ciudadanos de esos países estaban registrados en 2017 como refugiados o solicitantes de asilo, lo que significa un aumento de 58% con respecto a 2016, y 16 veces más que en 2011.
La mayoría son mujeres y jóvenes que escapan del reclutamiento forzado de las maras o pandillas y de sus amenazas de muerte. «Están huyendo de la violencia», dice el investigador Iván Porras, también del Ecosur.
Para ellos, el primero de sus destinos es Estados Unidos, donde se encuentran 260.000 refugiados y solicitantes de asilo de Centroamérica, de acuerdo con cifras del ACNUR.
México –que ACNUR ya no considera un país de tránsito sino de destino– está en el segundo sitio con 12.700 solicitudes de asilo, seguido por Costa Rica con 3.200, Panamá con 1.400, y Nicaragua con 700.
Si la migración es un tema regional, también la seguridad lo es, dice el investigador Iván Porras. «No son fenómenos que puedan aislarse porque están vinculados», asegura.
Migración y seguridad a su vez están enganchados a las políticas migratorias de Estados Unidos y México, agrega Winton, del Ecosur.
«Si hay más controles migratorios en México y Estados Unidos, las personas que tienen que moverse están más sujetas a los grupos criminales, de quienes dependen para poder trasladarse de manera clandestina, pagándoles».
De modo que si cambia la política migratoria, cambia la migración y cambian los grupos criminales que se mueven en función de esos migrantes. Pero ni unos ni otros se detienen, a pesar de las políticas de seguridad que México ha aplicado como una especie de «tapón» para impedir que los centroamericanos lleguen a Estados Unidos.
Los resultados, parece, son contraproducentes debido a la corrupción de cuerpos policiacos y autoridades migratorias que extorsionan a los migrantes en su tránsito o son cómplices de los traficantes de personas.
De modo que los mecanismos de seguridad que ha implantado México para impedir la entrada de «maras», también han fermentado un caldo de cultivo para criminalizar la migración centroamericana y abandonarla a su suerte ante las acciones criminales de estos grupos.
«A quién recurren si están en el país de manera ilegal», pregunta Porras.
La presión migratoria
Apenas en enero de este año, los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras alertaron a México sobre los flujos masivos de pandilleros hacia Chiapas, como consecuencia de los operativos que esos países aplican contra esos grupos delictivos.
De inmediato se levantaron voces que demandaron a las autoridades federales y estatales controles más estrictos contra los migrantes que viajan sin papeles. Una de esas voces fue el Comité de Consulta y Participación Ciudadana en Materia de Seguridad Pública (Cocoparci).
Esta organización argumentó que los ciudadanos centroamericanos pueden recurrir a la Tarjeta de Visitante Regional (TVR), que en los últimos dos años ha permitido contabilizar aproximadamente 4.5 millones de ingresos legales por la frontera sur.
Una condición para acceder a la TVR es que los centroamericanos deben registrar y comprobar su identidad y domicilio. Por lo tanto, según la Cocoparci, muchos de quienes no tramitan la TVR es porque quiere ocultar quiénes son y de dónde vienen, tal vez porque tienen antecedentes penales.
Para Ailsa Winton, investigadora del Ecosur, estas son reacciones producto de la mala atención y comprensión de un problema como la violencia asociada a la migración y la movilidad, que termina distorsionando su percepción.
«Lo que sucede en Chiapas es que la gente ahora asocia más el refugio y a los refugiados con la criminalidad, y lo escuchamos en foros y de asociaciones civiles que argumentan que son los mismos criminales a quienes se les está beneficiando con la condición de refugiados», afirma.
Más allá de la xenofobia, que sí existe en México contra los centroamericanos, la preocupación de Winton es que, frente a esos argumentos y la falta de atención al problema, «las personas que necesitan protección quedan desprotegidas y los criminales pueden tener la libertad para seguir haciendo lo que hacen».
Ella y Porras coinciden que la atención debe ser regional y participar todos los gobiernos y autoridades involucradas.
Pero «no hay mucho interés, tampoco recursos asignados para atender el problema, y mucho menos comprensión sobre qué es la criminalidad, cómo operan esos grupos y su relación con la migración y movilidad en la región».
Por eso, historias como las de Rudy Alonso Pacheco, asesinado a machetazos, seguirán ocurriendo sin que nadie vuelva la vista hacia el sur.
La Fiscalía de París afirmó que había alertado a las autoridades estadounidenses ante la sospecha de que el magnate Elon Musk había fomentado los «deepfakes» sexualizados en X para aumentar «artificialmente» el valor de la empresa.
«La polémica suscitada por los ‘deepfakes’ [videos generados por IA] de contenido sexual explícito generados por Grok [la IA de X] podría haber sido provocada deliberadamente con el fin de incrementar artificialmente el valor de las empresas X y X AI», señaló la Fiscalía.
Ello habría ocurrido de esa forma ante «la salida a bolsa en junio de 2026 de la nueva entidad creada por la fusión» entre Space X y X AI, agregó la oficina.
La Fiscalía apuntó que el pasado martes se había puesto en contacto con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, así como con abogados franceses en la Comisión del Mercado de Valores estadounidense (SEC), un organismo regulador de los mercados financieros, para compartir sus inquietudes.
Al responder en X en francés a un enlace de un despacho de la AFP sobre el caso, Musk calificó a los fiscales franceses de «retrasados mentales».
Contactado por la AFP, el abogado de X en Francia no hizo comentarios de inmediato.
Grok tiene su propia cuenta en la red social X que permite a los usuarios interactuar con él o hacerle preguntas de cualquier tema.
Pero durante un tiempo, los usuarios podían etiquetar al bot en publicaciones para pedirle que generara o editara imágenes.
Aquello desató indignación a principios de este año cuando los usuarios pedían generar imágenes de mujeres y niñas desnudas sin su consentimiento.
Además, desde el año pasado las autoridades francesas investigan a X por acusaciones de que su algoritmo fue utilizado para interferir en la política francesa.
La investigación incluye ahora también una pesquisa sobre la difusión, por parte de la herramienta de IA Grok, de negacionismo del Holocausto y videos falsos de contenido sexual.
En febrero, las autoridades francesas citaron a Musk a una «entrevista voluntaria» y registraron las oficinas locales de X, gesto que el multimillonario calificó de «ataque político».
El Reino Unido y la Unión Europea también han abierto investigaciones sobre la creación de «deepfakes» sexualizados de mujeres y niños por parte del chatbot de IA de Musk, Grok.
Cuba quedó sumida en la oscuridad por segunda vez en menos de una semana este sábado, tras una nueva falla de su red eléctrica que está bajo presión por una infraestructura envejecida y la escasez de combustible debido al bloqueo petrolero que le impone Estados Unidos.
Se produjo una «desconexión total» del sistema eléctrico nacional, señaló el Ministerio de Energía en una publicación en X.
La compañía eléctrica del país precisó que la desconexión se debió a la salida de una unidad de la termoeléctrica de Nuevitas, en el centro del país, lo que causó «un efecto en cascada en las máquinas que estaban en línea».
Al caer la noche, La Habana quedó sumida en la más absoluta oscuridad y por sus calles se veían algunas personas alumbrándose con linternas o la luz de sus celulares.
En la zona turística del casco antiguo de la ciudad, algunos restaurantes permanecían abiertos, con músicos interpretando melodías, gracias a que disponen de generadores eléctricos, pero otros cerraron sus puertas tan pronto cayó la noche.
Con rostros agotados, algunos ciudadanos expresaban su hartazgo.
«Esto ya es insoportable. No hace una semana que vivimos una situación similar, ya uno está cansado», declaró a la AFP Ofelia Oliva, de 64 años, que regresaba a su casa después de renunciar a la visita que pretendía hacerle a su hija.
El taxista Nilo López, de 36 años, también estaba molesto. «Me pregunto si toda la vida vamos a estar así, porque así no se puede vivir», dijo.
«El honor de tomar Cuba»
La generación de electricidad del país está sostenida por una red de ocho termoeléctricas envejecidas, algunas con más de 40 años de explotación, que sufren frecuentes averías o deben ser paralizadas para ciclos de mantenimiento.
El apagón general se registra cuando un convoy de ayuda internacional comenzó a llegar a La Habana esta semana, con suministros médicos, alimentos, agua y paneles solares.
Los cortes de electricidad se han intensificado en Cuba, cuya economía se encuentra casi paralizada desde que la administración de Donald Trump cortara los envíos de petróleo desde Venezuela, su principal proveedor, y amenazara con sanciones a otros países que le vendan combustible.
Trump no oculta su deseo de ver un cambio de régimen en Cuba que, según él, representa una amenaza para la seguridad de su país por sus relaciones con China, Rusia e Irán.
«Creo realmente que tendré el honor de tomar Cuba, de alguna manera», declaró el lunes. Quiero decir liberarla, o tomarla. Creo que puedo hacer lo que quiera», consideró.
Al día siguiente, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, advirtió que «cualquier agresor externo se encontrará con una resistencia inexpugnable».
Tanieris Dieguez, jefa adjunta de la misión de Cuba en Washington, declaró a la agencia AFP a principios de esta semana que La Habana estaba abierta a mantener conversaciones amplias con Washington y a permitir un mayor nivel de inversión.
No obstante, Dieguez aclaró que el sistema político de Cuba «nunca» formaría parte de una negociación.
Ante la desesperada necesidad de combustible que atraviesa Cuba, los sistemas de rastreo marítimo informaron esta semana que dos buques cisterna, cargados con petróleo y diésel rusos, parecían dirigirse hacia la isla, aunque esa noticia no ha sido confirmada.
Los apagones, así como la escasez de alimentos, medicinas y otros productos básicos, están avivando la frustración de los cubanos. Hace una semana un grupo de manifestantes asaltó la sede del gobernante Partido Comunista (PCC, único) en una ciudad del centro de la isla.
Algunos cubanos se toman el apagón con calma.
Meiven Rodríguez, de 40 años, siguió trabajando en una pequeña tienda, vendiendo cigarrillos a la luz de su teléfono móvil.
«Hay que hacerlo porque si no cómo vas a llevar dinerito a la casa», dijo Rodríguez.
Irán amenazó este domingo con destruir infraestructuras claves en Oriente Medio tras el ultimátum del presidente estadounidense Donald Trump, quien advirtió que atacaría centrales eléctricas iraníes si no se reabre el estrecho de Ormuz en 48 horas.
El cruce de amenazas avivó la preocupación sobre las plantas nucleares, tras más de tres semanas de una guerra que reta a la economía global por la posibilidad de que la fuerte alza del petróleo genere inflación.
Trump —bajo una fuerte presión por el alza de los precios de los combustibles en un año de elecciones de mitad de mandato— dio un ultimátum a Irán para que reabra el estrecho de Ormuz.
Irán impone un bloqueo casi total a esta vía marítima pero un número relativamente reducido de buques ha podido transitar por ella, alrededor de un 5 % de su volumen previo a la guerra, según la consultora Kpler.
Si no se reabre esta vía clave para el comercio mundial de hidrocarburos, «Estados Unidos atacará y arrasará sus diversas CENTRALES ELÉCTRICAS, ¡EMPEZANDO POR LA MÁS GRANDE!», dijo el presidente de Estados Unidos en un mensaje en Truth Social.
Irán replicó de inmediato. El poderoso presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf, amenazó con destruir «irreversiblemente» las infraestructuras energéticas, de tecnología de la información y de desalinización de agua de la región.
Además advirtió que esto hará subir los precios del petróleo por «mucho tiempo».
El mando operativo del ejército Jatam Al Anbiya amenazó asimismo con cerrar «completamente» el estrecho, si Trump ejecuta sus amenazas.
En paralelo, el ejército israelí dijo llevar a cabo ataques en el corazón de Teherán.
«Todos hemos perdido nuestro trabajo, ya no tenemos ingresos y no sabemos cuánto tiempo podremos seguir así», contó a la AFP Shiva, una habitante de Teherán de 31 años.
«No nos esperábamos esto»
En otro frente, Hezbolá, un movimiento islamista proiraní libanés, afirmó que lanzó una salva de cohetes contra soldados israelíes en el norte de Israel.
En la frontera norte de Israel, un civil falleció el domingo por un disparo de cohete lanzado desde Líbano.
El ejército israelí recibió la orden de destruir «todos los puentes» del sur de Líbano que se usen con fines «terroristas», declaró el ministro de Defensa, Israel Katz.
Añadió que el ejército deberá «acelerar la destrucción de las casas libanesas en las aldeas de contacto», tal y como se hizo en la Franja de Gaza.
En el sur de Israel, dos ataques de misiles iraníes dejaron el sábado más de un centenar de heridos y provocaron el pánico.
El primero alcanzó una zona residencial de Dimona, una ciudad que alberga un centro estratégico de investigación nuclear, en el desierto del Néguev, y causó una treintena de heridos.
En el lugar del impacto, la magnitud de las destrucciones es espeluznante. Hay escombros por el suelo hasta donde alcanza la vista.
«No nos esperábamos esto», comentó Gali Amir, de 50 años, responsable de una residencia para personas con trastornos cognitivos y mentales cercana al lugar del impacto.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prometió que atacará «personalmente» a todos los dirigentes de Irán.
«Vamos a ir a por el régimen», dijo.
«Fase peligrosa»
Irán justificó los misiles lanzados hacia Dimona – a cinco kilómetros del centro de investigación nuclear israelí – como una «respuesta» a un ataque «enemigo» contra uno de sus complejos nucleares en Natanz.
Sin embargo, el ejército israelí aseguró «no tener conocimiento» del ataque de Natanz. La televisión pública Kan lo atribuyó a las fuerzas estadounidenses.
Tanto la organización iraní de energía atómica como el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) dijeron que no se ha detectado ningún nivel anormal de radiación.
Tedros Adhanom Ghebreyesus, el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), advirtió que con estos ataques contra instalaciones nucleares, el conflicto entró en una «fase peligrosa».
Israel está considerado el único país dotado de armas nucleares en Oriente Medio pero mantiene una política de «ambigüedad estratégica» por la cual no lo confirma ni lo desmiente.
Irán busca además desestabilizar el suministro mundial de hidrocarburos con sus ataques contra los países del Golfo. Irak sufrió ataques nocturnos y tres misiles balísticos apuntaron a la región de la capital saudita, Riad. Emiratos Árabes Unidos dijo haber respondido a ataques de misiles y drones.
