Internacionales
MARAS: El Control, Crimen y Migración de las pandillas que atenta con la seguridad de las naciones
En Chiapas pasan cosas como esta: cinco jóvenes de entre 18 y 24 años torturaron y asesinaron a Rudy Alonso Pacheco Niño, de 18 años, en el municipio de Acacoyagua, el pasado 26 de junio.
Dos de los presuntos asesinos, detenidos un mes después, son guatemaltecos, uno salvadoreño y tres mexicanos. Todos miembros de la mara Barrio-18.
Su víctima, a su vez, era mexicano que pertenecía a la «Mara Salvatrucha» (MS-13), de acuerdo con las autoridades.
Con la atención siempre puesta en su frontera norte, México olvida que el sur también existe en el mapa de la violencia.
Chiapas, estado del sur de México, empalmado con Centroamérica por su geografía, enfrenta graves problemas de seguridad atribuidos al arribo de jóvenes «maras».
Así llaman a los integrantes de pandillas centroamericanas como la «Mara Salvatrucha» y «Barrio 18», que son las más conocidas y que en Chiapas han reclutado ya a jóvenes mexicanos, desde hace al menos 20 años.
Héctor Castillo, investigador de la UNAM y especialista en grupos juveniles, lo compró al participar en un programa gubernamental que se llamó Hábitat, y que puso en marcha el gobierno de Felipe Calderón en distintas ciudades del país para prevenir la violencia.
Entre esas ciudades estaba Tapachula, capital de Chiapas y una de las ciudades más afectadas por la actividad de las «maras».
«El propósito era intervenir con los jóvenes, a partir de distintas actividades, para alejarlos de las pandillas, porque uno no puede llegar y enfrentar así nada más a las ‘maras'», explica.
Por algo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), desde 2004, consideró a las «maras» como «un problema que atenta no solamente contra la seguridad pública de las personas, sino también contra la seguridad nacional del Estado».
Pandillas en expansión
Hace años que México detectó las actividades de grupos de «maras» en el país. Desde 1996 al menos, de acuerdo con la CNDH y Héctor Castillo.
Su presencia, sin embargo, progresivamente se expandió hasta llegar a 23 estados del país y sumar más 5.000 integrantes hasta 2005, año en que la CNDH hizo el estudio.
En este advertía además que en Chiapas habían nacido ya otras «clicas» (grupos considerados como «familias» que pertenecen a las «maras»), que en 2001 ya sumaban 200 grupos con al menos 3.000 pandilleros.
El problema entonces no es reciente, afirman especialistas. Y tampoco simple, aclaran. El fenómeno de las pandillas centroamericanas que operan en México es una mezcla que combina migración, pobreza, crimen y corrupción, y que exhibe la falta de políticas públicas en la región y las fallidas estrategias de seguridad como el Plan Frontera Sur, el cual consiste básicamente en el reforzamiento de la seguridad policial y militar.
Esta estrategia, sin embargo, no ha disuadido la operación de las pandillas en Chiapas. Y aun peor, al parecer su número y sus actividades ha aumentado en los últimos dos años: de 13 supuestos pandilleros detenidos en 2016, el número se elevó a 161 hasta febrero de 2018, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas.
También aumentaron los homicidios vinculados a los enfrentamientos entre pandillas: de 18 ocurridos en 2016 pasaron a 22 en 2017 y este año suman 7, según las cifras oficiales.
Los especialistas advierten, sin embargo, que alrededor de estos números oficiales hay una «cifra negra», que impide conocer el total de los asesinatos o hechos violentos relacionados con las «maras», porque la mayoría de la veces sus delitos involucran migrantes sin documentos.
Para enfrentar el problema – que afecta sobre todo a los municipios de Suchiate, Tapachula, Mapastepec y Tuxtla Gutiérrez– las autoridades de Chiapas pusieron en marcha el Programa Antipandillas, que opera desde la Fiscalía de Inmigrantes.
Esta instancia colabora con los gobiernos de Guatemala y El Salvador, y ha detectado los vínculos entre las maras de Centroamérica y las que operan en México.
Incluso advierten que desde cárceles como «El Infiernito», en el departamento de Escuitla, Guatemala, o desde los centros de reinserción social para sentenciados 14 de Cintalapa y 3 de Tapachula salen las órdenes de asesinatos de los jefes maras a sus «clicas».
Así lo comprobaron cuando detuvieron a los asesinos de Rudy Alonso. De acuerdo con la investigación, en «El Infiernito» está recluido Fernando Muñoz Sinar, conocido como «El Happy» y/o «El Ratón», a quien identifican como el actual líder de la «clica» llamada «Sólo para Locos», de «Barrio 18».
En 2017 este líder contactó a Juan Carlos N, «El Pastrana», que se encuentra en el centro penitenciario número 14 de Cintalapa para formar una alianza para la venta de droga en toda la región del río Suchiate, la Costa de Chiapas y Tapachula.
Para ellos operaba Yener Aldair, conocido como «El Panzas», de 19 años, guatemalteco, quien encabezó el asesinato del joven mexicano vinculado con «MS-13» en Acacoyagua, por órdenes de «El Happy».
Pero la violencia en Chiapas no sólo ocurre entre pandillas. Los más vulnerables son los migrantes centroamericanos que salen de sus países para huir de estas.
Jóvenes detenidos como presuntos miembros de las “clicas” en Chiapas.
La doctora Ailsa Winton, investigadora de El Colegio de la Frontera Norte (Ecosur), explica que desde hace un par de años ha sucedido que los migrantes que abandonan sus países por el acecho de las pandillas, se encuentran en Chiapas a los mismos de quienes huyen.
«Se comenzó a escuchar que estos migrantes se habían topado con quienes los habían amenazado allá (en sus países) o que reconocía a pandilleros de su país aquí en México, en espacios públicos como el parque central de Tapachula o los albergues, donde las personas encargadas de estos han alertado de esta situación», explica.
Esto sucede porque los pandilleros siguen a sus víctimas, las persiguen hasta México, dice. Y aunque este tipo de situaciones ya se conocían, agrega, no hubo respuesta de las autoridades: ni atención ni protección para los migrantes, y tampoco investigación.
El riesgo de la criminalización
Centroamérica y México comparten una frontera de 1.149 kilómetros que se extiende desde el Océano Pacífico al Caribe y atraviesa algunos de los territorios más pobres de la región, donde apenas hay infraestructuras y empleo formal.
Parte de la frontera de 956 km entre México y Guatemala serpentea a lo largo de los ríos Suchiate y Usumacinta. Los 193 kilómetros restantes siguen el curso del río Hondo que divide a México de Belice.
En esa geografía Chiapas es la puerta de entrada de la migración proveniente de la cintura del continente. O como lo llaman ahora: del «Triángulo Norte» que forman Guatemala, El Salvador y Honduras, países donde la pobreza y la violencia de las pandillas han disparado los desplazamientos forzados.
Los números lo evidencian. De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 294.000 ciudadanos de esos países estaban registrados en 2017 como refugiados o solicitantes de asilo, lo que significa un aumento de 58% con respecto a 2016, y 16 veces más que en 2011.
La mayoría son mujeres y jóvenes que escapan del reclutamiento forzado de las maras o pandillas y de sus amenazas de muerte. «Están huyendo de la violencia», dice el investigador Iván Porras, también del Ecosur.
Para ellos, el primero de sus destinos es Estados Unidos, donde se encuentran 260.000 refugiados y solicitantes de asilo de Centroamérica, de acuerdo con cifras del ACNUR.
México –que ACNUR ya no considera un país de tránsito sino de destino– está en el segundo sitio con 12.700 solicitudes de asilo, seguido por Costa Rica con 3.200, Panamá con 1.400, y Nicaragua con 700.
Si la migración es un tema regional, también la seguridad lo es, dice el investigador Iván Porras. «No son fenómenos que puedan aislarse porque están vinculados», asegura.
Migración y seguridad a su vez están enganchados a las políticas migratorias de Estados Unidos y México, agrega Winton, del Ecosur.
«Si hay más controles migratorios en México y Estados Unidos, las personas que tienen que moverse están más sujetas a los grupos criminales, de quienes dependen para poder trasladarse de manera clandestina, pagándoles».
De modo que si cambia la política migratoria, cambia la migración y cambian los grupos criminales que se mueven en función de esos migrantes. Pero ni unos ni otros se detienen, a pesar de las políticas de seguridad que México ha aplicado como una especie de «tapón» para impedir que los centroamericanos lleguen a Estados Unidos.
Los resultados, parece, son contraproducentes debido a la corrupción de cuerpos policiacos y autoridades migratorias que extorsionan a los migrantes en su tránsito o son cómplices de los traficantes de personas.
De modo que los mecanismos de seguridad que ha implantado México para impedir la entrada de «maras», también han fermentado un caldo de cultivo para criminalizar la migración centroamericana y abandonarla a su suerte ante las acciones criminales de estos grupos.
«A quién recurren si están en el país de manera ilegal», pregunta Porras.
La presión migratoria
Apenas en enero de este año, los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras alertaron a México sobre los flujos masivos de pandilleros hacia Chiapas, como consecuencia de los operativos que esos países aplican contra esos grupos delictivos.
De inmediato se levantaron voces que demandaron a las autoridades federales y estatales controles más estrictos contra los migrantes que viajan sin papeles. Una de esas voces fue el Comité de Consulta y Participación Ciudadana en Materia de Seguridad Pública (Cocoparci).
Esta organización argumentó que los ciudadanos centroamericanos pueden recurrir a la Tarjeta de Visitante Regional (TVR), que en los últimos dos años ha permitido contabilizar aproximadamente 4.5 millones de ingresos legales por la frontera sur.
Una condición para acceder a la TVR es que los centroamericanos deben registrar y comprobar su identidad y domicilio. Por lo tanto, según la Cocoparci, muchos de quienes no tramitan la TVR es porque quiere ocultar quiénes son y de dónde vienen, tal vez porque tienen antecedentes penales.
Para Ailsa Winton, investigadora del Ecosur, estas son reacciones producto de la mala atención y comprensión de un problema como la violencia asociada a la migración y la movilidad, que termina distorsionando su percepción.
«Lo que sucede en Chiapas es que la gente ahora asocia más el refugio y a los refugiados con la criminalidad, y lo escuchamos en foros y de asociaciones civiles que argumentan que son los mismos criminales a quienes se les está beneficiando con la condición de refugiados», afirma.
Más allá de la xenofobia, que sí existe en México contra los centroamericanos, la preocupación de Winton es que, frente a esos argumentos y la falta de atención al problema, «las personas que necesitan protección quedan desprotegidas y los criminales pueden tener la libertad para seguir haciendo lo que hacen».
Ella y Porras coinciden que la atención debe ser regional y participar todos los gobiernos y autoridades involucradas.
Pero «no hay mucho interés, tampoco recursos asignados para atender el problema, y mucho menos comprensión sobre qué es la criminalidad, cómo operan esos grupos y su relación con la migración y movilidad en la región».
Por eso, historias como las de Rudy Alonso Pacheco, asesinado a machetazos, seguirán ocurriendo sin que nadie vuelva la vista hacia el sur.
Foto: Cortesía
Rusia lanzó una andanada de misiles y drones contra edificios de apartamentos en Kiev, por segunda vez en una semana, dejando al menos 22 muertos, en la antesala de una cumbre de la OTAN en Turquía.
El ataque ocurre pocos días después de otro bombardeo en la capital ucraniana que dejó más de 30 fallecidos. En esta ocasión, el impacto de los proyectiles abrió un cráter en un bloque de apartamentos de varios pisos, arrancando sus plantas superiores y partiendo el edificio en dos.
Durante la noche, periodistas de la AFP en Kiev reportaron más de diez explosiones en medio de una alerta por misiles balísticos. Uno de los impactos afectó el edificio donde reside Anna Misko, de 36 años, en el barrio de Pozniaki, al este de la capital.
“Tengo un hijo y siempre bajamos a la planta baja”, relató la mujer, quien afirmó haber sobrevivido por milagro, ya que los primeros pisos del edificio quedaron destruidos.
El ataque, el segundo consecutivo en el que Rusia emplea misiles balísticos —considerados difíciles de interceptar— llevó al presidente ucraniano Volodimir Zelenski a reiterar su pedido de más sistemas de defensa aérea, en particular misiles Patriot de fabricación estadounidense.
Zelenski instó a sus aliados a adoptar “decisiones firmes” en apoyo a la defensa aérea de Ucrania, en vísperas de la cumbre de la OTAN que inicia este martes en Ankara, donde se prevé que el mandatario ucraniano sostenga conversaciones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
“Es de una importancia crucial que el mundo —y, ante todo, Estados Unidos y nuestros socios europeos— salga de la cumbre de la OTAN en Ankara con decisiones firmes en apoyo de nuestra defensa aérea”, escribió Zelenski en redes sociales.
Las autoridades ucranianas informaron que los ataques nocturnos dejaron al menos 15 muertos en Kiev y siete en la ciudad de Vyshneve, cercana a la capital, además de decenas de heridos.
Un periodista de la AFP observó cómo equipos de rescate recuperaban el cuerpo de una víctima en el octavo piso de un edificio residencial en Kiev, mientras se escuchaban gritos de una mujer en el lugar.
Según la Fuerza Aérea de Ucrania, Rusia lanzó un total de 68 misiles y 351 drones durante el ataque.
En el distrito norte de Podilski, residentes describieron escenas de destrucción tras las explosiones.
“A la 01H30 de la madrugada se produjo un impacto muy fuerte. Una onda expansiva, todas las ventanas volaron. Y luego golpeó tres veces más”, relató Oleksandr Bakhlukov, de 68 años. “Caía vidrio por todas partes. No quedó ni un solo panel de vidrio en el apartamento”, añadió.
El Ministerio de Defensa ruso aseguró haber ejecutado un “ataque masivo” con misiles y drones contra “empresas del complejo militar-industrial” e instalaciones energéticas en distintas regiones de Ucrania.
Zelenski afirmó que las fuerzas ucranianas lograron derribar drones y misiles de crucero, aunque advirtió que el país cuenta con “un suministro insuficiente de misiles interceptores” para neutralizar proyectiles balísticos.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, señaló que el ataque evidencia la necesidad urgente de reforzar la defensa aérea de Ucrania, tema que será abordado en la reunión de la OTAN.
En paralelo, el ejército ruso informó haber derribado más de 500 drones ucranianos durante la misma noche, mientras que Ucrania reivindicó un ataque contra la refinería de Omsk, en Siberia, a unos 2.500 kilómetros de su frontera, una de las más grandes del país y la más lejana alcanzada por Kiev desde el inicio de la guerra.
El gobernador de la región, Vitali Khotsenko, confirmó el ataque a través de Telegram y señaló que no se registraron víctimas.
Desde el inicio de la invasión en 2022, Rusia ha lanzado de forma recurrente ataques con misiles y drones contra ciudades ucranianas, en un conflicto considerado el más letal en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.
Un nuevo corte eléctrico generalizado afecta este lunes a Cuba, el tercero registrado en los últimos seis meses, según informó la compañía eléctrica estatal en un contexto de profunda crisis energética que atraviesa la isla.
La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) comunicó a través de la red social X que se investigan las causas de la “desconexión total” del sistema eléctrico nacional, que impacta a toda la isla, con una población de 9,6 millones de habitantes.
Las autoridades señalaron que el sistema eléctrico cubano enfrenta un fuerte deterioro debido al envejecimiento de su infraestructura, sumado a las restricciones derivadas del bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos desde enero. Esta situación ha provocado apagones diarios de hasta 24 horas en la capital, mientras que en otras zonas del país pueden extenderse por más de 70 horas.
Cuba atraviesa además una severa crisis económica caracterizada por escasez de alimentos, medicinas y una elevada inflación, lo que se suma a los frecuentes apagones parciales registrados en los últimos meses. El corte de este lunes constituye el tercer apagón general en medio año y el octavo desde finales de 2024.
Desde enero, Washington solo ha autorizado la entrada de un petrolero ruso a la isla, con un cargamento de 100.000 toneladas de petróleo.
La generación eléctrica del país depende principalmente de siete centrales térmicas obsoletas, algunas con más de 40 años de operación, las cuales presentan fallas frecuentes o requieren mantenimiento constante. A ello se suma una red de generadores de respaldo alimentados con diésel importado.
En un intento por reducir la dependencia del petróleo y enfrentar la crisis energética, el gobierno cubano ha impulsado inversiones en energía solar con apoyo de países como China.
Entre 2025 y comienzos de 2026, se instalaron 56 parques solares fotovoltaicos en la isla, los cuales generan más de 1.000 megavatios, lo que representa aproximadamente el 10 % de la producción total de electricidad del país. A finales de 2024, esa cifra era del 3 %, mientras que las autoridades proyectan alcanzar el 15 % para finales de 2026.
El movimiento islamista palestino Hamás anunció este lunes la disolución del organismo que gobernó la Franja de Gaza durante casi dos décadas, una medida que allana el camino para que un comité de tecnócratas asuma la administración del territorio.
La decisión representa un cambio político significativo para el movimiento, que tomó el control del enclave en 2007 tras enfrentamientos con Fatah, la formación del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, con sede en Ramala, en la Cisjordania ocupada.
Desde la entrada en vigor del cese al fuego entre Israel y Hamás en octubre, el grupo islamista ha reiterado su disposición a ceder el poder en Gaza a otra dirección palestina, aunque persisten asuntos pendientes como el desarme del movimiento.
De acuerdo con declaraciones a la AFP del jefe de la oficina de medios del gobierno de Hamás, Ismail al Thawabta, el jefe del comité de emergencia gubernamental, Mohamed al Farra, presentó su renuncia oficial y se decidió disolver dicho comité para facilitar la transición administrativa hacia el Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG).
El NCAG, con sede en El Cairo, fue creado por la denominada “Junta de Paz”, establecida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante las negociaciones que condujeron al alto el fuego entre Hamás e Israel.
Aunque se han planteado diversos escenarios para el futuro del territorio, la implementación en el terreno se mantiene estancada.
Uno de los principales puntos de desacuerdo continúa siendo el desarme de Hamás, posibilidad que el movimiento vincula a una iniciativa política palestina, mientras que Israel se opone a esta condición.
El portavoz de Hamás, Hazem Qasem, afirmó a la AFP que la decisión de renunciar a la administración de la Franja busca “privar a la ocupación de cualquier pretexto para continuar su agresión y su guerra de exterminio”.
Asimismo, un alto cargo del movimiento, que pidió el anonimato, señaló que la decisión fue comunicada a otras facciones palestinas durante una reunión reciente en El Cairo, y aseguró que estas la habrían aprobado.
El presidente del NCAG, Ali Shaath, escribió en la red social X que el organismo está preparado para asumir sus responsabilidades “tan pronto como estén disponibles los recursos y capacidades necesarios”. La “Junta de Paz” reiteró, por su parte, que el principio fundamental del proceso es la concentración de todas las armas bajo el control del NCAG.
El politólogo Mkhaimar Abusada calificó la medida como principalmente “simbólica”, al señalar que el principal obstáculo sigue siendo la aceptación del desarme de Hamás.
La primera fase del alto el fuego permitió la liberación de los últimos rehenes israelíes retenidos por Hamás, a cambio de palestinos encarcelados en Israel. Sin embargo, el paso a la segunda fase, que contemplaba el desarme del movimiento y una retirada progresiva de las fuerzas israelíes de Gaza, permanece estancado, mientras Israel ha reforzado su presencia en el territorio.
Israel ha descartado el regreso de Hamás al poder y, al mismo tiempo, se opone a que la Autoridad Palestina asuma el control.
En paralelo, Hamás e Israel se acusan mutuamente de violar el alto el fuego. Según el Ministerio de Salud de Gaza, bajo la autoridad del movimiento, al menos 1,072 palestinos han muerto desde la entrada en vigor de la tregua, cifras que la ONU considera fiables. El ejército israelí, por su parte, reporta seis bajas en el mismo periodo, entre ellas cinco soldados y un contratista.
