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MARAS: El Control, Crimen y Migración de las pandillas que atenta con la seguridad de las naciones

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En Chiapas pasan cosas como esta: cinco jóvenes de entre 18 y 24 años torturaron y asesinaron a Rudy Alonso Pacheco Niño, de 18 años, en el municipio de Acacoyagua, el pasado 26 de junio.

Dos de los presuntos asesinos, detenidos un mes después, son guatemaltecos, uno salvadoreño y tres mexicanos. Todos miembros de la mara Barrio-18.

Su víctima, a su vez, era mexicano que pertenecía a la «Mara Salvatrucha» (MS-13), de acuerdo con las autoridades.

Con la atención siempre puesta en su frontera norte, México olvida que el sur también existe en el mapa de la violencia.

Chiapas, estado del sur de México, empalmado con Centroamérica por su geografía, enfrenta graves problemas de seguridad atribuidos al arribo de jóvenes «maras».

Así llaman a los integrantes de pandillas centroamericanas como la «Mara Salvatrucha» y «Barrio 18», que son las más conocidas y que en Chiapas han reclutado ya a jóvenes mexicanos, desde hace al menos 20 años.

Héctor Castillo, investigador de la UNAM y especialista en grupos juveniles, lo compró al participar en un programa gubernamental que se llamó Hábitat, y que puso en marcha el gobierno de Felipe Calderón en distintas ciudades del país para prevenir la violencia.

Entre esas ciudades estaba  Tapachula, capital de Chiapas y una de las ciudades más afectadas por la actividad de las «maras».

«El propósito era intervenir con los jóvenes, a partir de distintas actividades, para alejarlos de las pandillas, porque uno no puede llegar y enfrentar así nada más a las ‘maras'», explica.

Por algo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), desde 2004, consideró a las «maras» como «un problema que atenta no solamente contra la seguridad pública de las personas, sino también contra la seguridad nacional del Estado».

Pandillas en expansión

Hace años que México detectó las actividades de grupos de «maras» en el país. Desde 1996 al menos, de acuerdo con la CNDH y Héctor Castillo.

Su presencia, sin embargo, progresivamente se expandió hasta llegar a 23 estados del país y sumar más 5.000 integrantes hasta 2005, año en que la CNDH hizo el estudio.

En este advertía además que en Chiapas habían nacido ya otras «clicas» (grupos considerados como «familias» que pertenecen a las «maras»), que en 2001 ya sumaban 200 grupos con al menos 3.000 pandilleros.

El problema entonces no es reciente, afirman especialistas. Y tampoco simple, aclaran. El fenómeno de las pandillas centroamericanas que operan en México es una mezcla que combina migración, pobreza, crimen y corrupción, y que exhibe la falta de políticas públicas en la región y las fallidas estrategias de seguridad como el Plan Frontera Sur, el cual consiste básicamente en el reforzamiento de la seguridad policial y militar.

Esta estrategia, sin embargo, no ha disuadido la operación de las pandillas en Chiapas. Y aun peor, al parecer su número y sus actividades ha aumentado en los últimos dos años: de 13 supuestos pandilleros detenidos en 2016, el número se elevó a 161 hasta febrero de 2018, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas.

También aumentaron los homicidios vinculados a los enfrentamientos entre pandillas: de 18 ocurridos en 2016 pasaron a 22 en 2017 y este año suman 7, según las cifras oficiales.

Los especialistas advierten, sin embargo, que alrededor de estos números oficiales hay una «cifra negra», que impide conocer el total de los asesinatos o hechos violentos relacionados con las «maras», porque la mayoría de la veces sus delitos involucran migrantes sin documentos.

Para enfrentar el problema – que afecta sobre todo a los municipios de Suchiate, Tapachula, Mapastepec y Tuxtla Gutiérrez– las autoridades de Chiapas pusieron en marcha el Programa Antipandillas, que opera desde la Fiscalía de Inmigrantes.

Esta instancia colabora con los gobiernos de Guatemala y El Salvador, y ha detectado los vínculos entre las maras de Centroamérica y las que operan en México.

Incluso advierten que desde cárceles como «El Infiernito», en el departamento de Escuitla, Guatemala, o desde los centros de reinserción social para sentenciados 14 de Cintalapa y 3 de Tapachula salen las órdenes de asesinatos de los jefes maras a sus «clicas».

Así lo comprobaron cuando detuvieron a los asesinos de Rudy Alonso. De acuerdo con la investigación, en «El Infiernito» está recluido Fernando Muñoz Sinar, conocido como «El Happy» y/o «El Ratón», a quien identifican como el actual líder de la «clica» llamada «Sólo para Locos», de «Barrio 18».

En 2017 este líder contactó a Juan Carlos N, «El Pastrana», que se encuentra en el centro penitenciario número 14 de Cintalapa para formar una alianza para la venta de droga en toda la región del río Suchiate, la Costa de Chiapas y Tapachula.

Para ellos operaba Yener Aldair, conocido como «El Panzas», de 19 años, guatemalteco, quien encabezó el asesinato del joven mexicano vinculado con «MS-13» en Acacoyagua, por órdenes de «El Happy».

Pero la violencia en Chiapas no sólo ocurre entre pandillas. Los más vulnerables son los migrantes centroamericanos que salen de sus países para huir de estas.

Jóvenes detenidos como presuntos miembros de las “clicas” en Chiapas.

La doctora Ailsa Winton, investigadora de El Colegio de la Frontera Norte (Ecosur), explica que desde hace un par de años ha sucedido que los migrantes que abandonan sus países por el acecho de las pandillas, se encuentran en Chiapas a los mismos de quienes huyen.

«Se comenzó a escuchar que estos migrantes se habían topado con quienes los habían amenazado allá (en sus países) o que reconocía a pandilleros de su país aquí en México, en espacios públicos como el parque central de Tapachula o los albergues, donde las personas encargadas de estos han alertado de esta situación», explica.

Esto sucede porque los pandilleros siguen a sus víctimas, las persiguen hasta México, dice. Y aunque este tipo de situaciones ya se conocían, agrega, no hubo respuesta de las autoridades: ni atención ni protección para los migrantes, y tampoco investigación.

El riesgo de la criminalización

Centroamérica y México comparten una frontera de 1.149 kilómetros que se extiende desde el Océano Pacífico al Caribe y atraviesa algunos de los territorios más pobres de la región, donde apenas hay infraestructuras y empleo formal.

Parte de la frontera de 956 km entre México y Guatemala serpentea a lo largo de los ríos Suchiate y Usumacinta. Los 193 kilómetros restantes siguen el curso del río Hondo que divide a México de Belice.

En esa geografía Chiapas es la puerta de entrada de la migración proveniente de la cintura del continente. O como lo llaman ahora: del «Triángulo Norte» que forman Guatemala, El Salvador y Honduras, países donde la pobreza y la violencia de las pandillas han disparado los desplazamientos forzados.

Los números lo evidencian. De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 294.000 ciudadanos de esos países estaban registrados en 2017 como refugiados o solicitantes de asilo, lo que significa un aumento de 58% con respecto a 2016, y 16 veces más que en 2011.

La mayoría son mujeres y jóvenes que escapan del reclutamiento forzado de las maras o pandillas y de sus amenazas de muerte. «Están huyendo de la violencia», dice el investigador Iván Porras, también del Ecosur.

Para ellos, el primero de sus destinos es Estados Unidos, donde se encuentran 260.000 refugiados y solicitantes de asilo de Centroamérica, de acuerdo con cifras del ACNUR.

México –que ACNUR ya no considera un país de tránsito sino de destino– está en el segundo sitio con 12.700 solicitudes de asilo, seguido por Costa Rica con 3.200, Panamá con 1.400, y Nicaragua con 700.

Si la migración es un tema regional, también la seguridad lo es, dice el investigador Iván Porras. «No son fenómenos que puedan aislarse porque están vinculados», asegura.

Migración y seguridad a su vez están enganchados a las políticas migratorias de Estados Unidos y México, agrega Winton, del Ecosur.

«Si hay más controles migratorios en México y Estados Unidos, las personas que tienen que moverse están más sujetas a los grupos criminales, de quienes dependen para poder trasladarse de manera clandestina, pagándoles».

De modo que si cambia la política migratoria, cambia la migración y cambian los grupos criminales que se mueven en función de esos migrantes. Pero ni unos ni otros se detienen, a pesar de las políticas de seguridad que México ha aplicado como una especie de «tapón» para impedir que los centroamericanos lleguen a Estados Unidos.

Los resultados, parece, son contraproducentes debido a la corrupción de cuerpos policiacos y autoridades migratorias que extorsionan a los migrantes en su tránsito o son cómplices de los traficantes de personas.

De modo que los mecanismos de seguridad que ha implantado México para impedir la entrada de «maras», también han fermentado un caldo de cultivo para criminalizar la migración centroamericana y abandonarla a su suerte ante las acciones criminales de estos grupos.

«A quién recurren si están en el país de manera ilegal», pregunta Porras.

La presión migratoria

Apenas en enero de este año, los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras alertaron a México sobre los flujos masivos de pandilleros hacia Chiapas, como consecuencia de los operativos que esos países aplican contra esos grupos delictivos.

De inmediato se levantaron voces que demandaron a las autoridades federales y estatales controles más estrictos contra los migrantes que viajan sin papeles. Una de esas voces fue el Comité de Consulta y Participación Ciudadana en Materia de Seguridad Pública (Cocoparci).

Esta organización argumentó que los ciudadanos centroamericanos pueden recurrir a la Tarjeta de Visitante Regional (TVR), que en los últimos dos años ha permitido contabilizar aproximadamente 4.5 millones de ingresos legales por la frontera sur.

Una condición para acceder a la TVR es que los centroamericanos deben registrar y comprobar su identidad y domicilio. Por lo tanto, según la Cocoparci, muchos de quienes no tramitan la TVR es porque quiere ocultar quiénes son y de dónde vienen, tal vez porque tienen antecedentes penales.

Para Ailsa Winton, investigadora del Ecosur, estas son reacciones producto de la mala atención y comprensión de un problema como la violencia asociada a la migración y la movilidad, que termina distorsionando su percepción.

«Lo que sucede en Chiapas es que la gente ahora asocia más el refugio y a los refugiados con la criminalidad, y lo escuchamos en foros y de asociaciones civiles que argumentan que son los mismos criminales a quienes se les está beneficiando con la condición de refugiados», afirma.

Más allá de la xenofobia, que sí existe en México contra los centroamericanos, la preocupación de Winton es que, frente a esos argumentos y la falta de atención al problema, «las personas que necesitan protección quedan desprotegidas y los criminales pueden tener la libertad para seguir haciendo lo que hacen».

Ella y Porras coinciden que la atención debe ser regional y participar todos los gobiernos y autoridades involucradas.

Pero «no hay mucho interés, tampoco recursos asignados para atender el problema, y mucho menos comprensión sobre qué es la criminalidad, cómo operan esos grupos y su relación con la migración y movilidad en la región».

Por eso, historias como las de Rudy Alonso Pacheco, asesinado a machetazos, seguirán ocurriendo sin que nadie vuelva la vista hacia el sur.

 

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Guatemala cierra kilómetro 24 de la carretera a El Salvador

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El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, informó sobre un nuevo derrumbe en el kilómetro 24.5 de la carretera que de Guatemala conduce a El Salvador, como consecuencia de obras que se estaban realizando sin licencia y por las recientes lluvias. El paso se encuentra bloqueado y será habilitado hasta que tengan los estudios, dijo el jefe de Estado.

Tras un primer derrumbe registrado el lunes, las autoridades se desplegaron a realizar los trabajos, pero ante un segundo deslave este martes, las autoridades suspendieron las labores. El Ejército de Guatemala desplegó varios soldados para la búsqueda de un hombre que quedó soterrado. Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no informaron sobre una actualización del caso.

«Lo que estamos viendo en este lugar es el efecto de una obra en un cerro, que hasta donde nosotros entendemos y de acuerdo con la información que nos ha dado la municipalidad local, se estaba realizando sin las licencias correspondientes, es decir, no tenía una licencia, hasta donde sabemos, ni un estudio del efecto que tendría su trabajo civil en el cerro en caso de lluvias. Lo que estamos viendo es precisamente el efecto de la ausencia de información al respecto», detalló el presidente en una conferencia acompañado de autoridades de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) y el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh).

«Nos recuerda la importancia y el sentido que tienen los estudios del impacto ambiental y los estudios de CONRED para poder realmente identificar los riesgos que se pueden generar por algún tipo de construcciones», agregó Arévalo.

Jornadas. La Brigada Humanitaria y de Rescate del Ejército de Guatemala se desplegó en la zona afectada.

El mandatario confirmó, además, la muerte de dos personas y más de 5,000 afectados por las lluvias. Insivumeh, por su parte, compartió el pronóstico de que las precipitaciones se extenderán hasta el jueves y que la época de lluvias terminará en la última semana de octubre o primera de noviembre.

En la última semana, la CONRED atendió 272 emergencias, principalmente en los departamentos de Guatemala, Chiquimula y Huehuetenango.

De acuerdo con el presidente, en el territorio se han registrado condiciones atípicas debido a la acumulación de agua por las tormentas, pero descartó declarar estado de calamidad.

Las clases en los centros escolares tampoco están suspendidas. Sin embargo, el Ministerio de Educación publicó, a través de un comunicado, que quedaba a criterio de los padres de familia enviar o no a sus hijos a los centros educativos.

«Padres, madres, encargados pueden decidir si sus hijas e hijos asisten a clases cuando existan limitaciones de movilidad o riesgos a la seguridad derivados por las lluvias. En estos casos no se aplicará sanción alguna a los estudiantes que no asistan», se lee en el comunicado.

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OMS alerta sobre el aumento del uso de cigarrillos electrónicos entre adolescentes

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió este lunes que los cigarrillos electrónicos están generando una nueva ola «alarmante» de dependencia a la nicotina, con millones de niños afectados en todo el mundo.

La agencia de la ONU señaló que, aunque la industria promociona estos productos como menos dañinos que los cigarrillos tradicionales, en realidad buscan atraer a los jóvenes y volverlos dependientes.

«Las cifras son alarmantes», indicó la OMS, que por primera vez estimó el uso global de cigarrillos electrónicos en más de 100 millones de vapeadores, incluyendo al menos 15 millones de niños de entre 13 y 15 años, principalmente en países de altos ingresos.

«Los cigarrillos electrónicos alimentan una nueva ola de dependencia a la nicotina», alertó Etienne Krug, director de los determinantes de la salud, promoción y prevención de la OMS. Añadió que, aunque a veces se presentan como medios de reducción de riesgos, estos productos «hacen dependientes a los niños más pronto y pueden comprometer décadas de progreso».

Según datos de la OMS, el número de fumadores en el mundo ha disminuido de 1.380 millones en 2000 a 1.200 millones en 2024, pese al aumento de la población mundial.

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Así le quitaron la vida a un sacerdote en México

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La violencia en México continúa en aumento, afectando incluso a líderes religiosos. En las últimas horas, autoridades reportaron el hallazgo de un sacerdote asesinado a tiros por sujetos desconocidos.

El cuerpo del religioso, identificado como Bertoldo Pantaleón Estrada, presentaba varios impactos de bala y había sido reportado como desaparecido días atrás.

Las autoridades informaron que ya iniciaron las investigaciones para dar con los responsables de este nuevo acto de violencia que conmociona a la comunidad.

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