Internacionales
MARAS: El Control, Crimen y Migración de las pandillas que atenta con la seguridad de las naciones
En Chiapas pasan cosas como esta: cinco jóvenes de entre 18 y 24 años torturaron y asesinaron a Rudy Alonso Pacheco Niño, de 18 años, en el municipio de Acacoyagua, el pasado 26 de junio.
Dos de los presuntos asesinos, detenidos un mes después, son guatemaltecos, uno salvadoreño y tres mexicanos. Todos miembros de la mara Barrio-18.
Su víctima, a su vez, era mexicano que pertenecía a la «Mara Salvatrucha» (MS-13), de acuerdo con las autoridades.
Con la atención siempre puesta en su frontera norte, México olvida que el sur también existe en el mapa de la violencia.
Chiapas, estado del sur de México, empalmado con Centroamérica por su geografía, enfrenta graves problemas de seguridad atribuidos al arribo de jóvenes «maras».
Así llaman a los integrantes de pandillas centroamericanas como la «Mara Salvatrucha» y «Barrio 18», que son las más conocidas y que en Chiapas han reclutado ya a jóvenes mexicanos, desde hace al menos 20 años.
Héctor Castillo, investigador de la UNAM y especialista en grupos juveniles, lo compró al participar en un programa gubernamental que se llamó Hábitat, y que puso en marcha el gobierno de Felipe Calderón en distintas ciudades del país para prevenir la violencia.
Entre esas ciudades estaba Tapachula, capital de Chiapas y una de las ciudades más afectadas por la actividad de las «maras».
«El propósito era intervenir con los jóvenes, a partir de distintas actividades, para alejarlos de las pandillas, porque uno no puede llegar y enfrentar así nada más a las ‘maras'», explica.
Por algo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), desde 2004, consideró a las «maras» como «un problema que atenta no solamente contra la seguridad pública de las personas, sino también contra la seguridad nacional del Estado».
Pandillas en expansión
Hace años que México detectó las actividades de grupos de «maras» en el país. Desde 1996 al menos, de acuerdo con la CNDH y Héctor Castillo.
Su presencia, sin embargo, progresivamente se expandió hasta llegar a 23 estados del país y sumar más 5.000 integrantes hasta 2005, año en que la CNDH hizo el estudio.
En este advertía además que en Chiapas habían nacido ya otras «clicas» (grupos considerados como «familias» que pertenecen a las «maras»), que en 2001 ya sumaban 200 grupos con al menos 3.000 pandilleros.
El problema entonces no es reciente, afirman especialistas. Y tampoco simple, aclaran. El fenómeno de las pandillas centroamericanas que operan en México es una mezcla que combina migración, pobreza, crimen y corrupción, y que exhibe la falta de políticas públicas en la región y las fallidas estrategias de seguridad como el Plan Frontera Sur, el cual consiste básicamente en el reforzamiento de la seguridad policial y militar.
Esta estrategia, sin embargo, no ha disuadido la operación de las pandillas en Chiapas. Y aun peor, al parecer su número y sus actividades ha aumentado en los últimos dos años: de 13 supuestos pandilleros detenidos en 2016, el número se elevó a 161 hasta febrero de 2018, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas.
También aumentaron los homicidios vinculados a los enfrentamientos entre pandillas: de 18 ocurridos en 2016 pasaron a 22 en 2017 y este año suman 7, según las cifras oficiales.
Los especialistas advierten, sin embargo, que alrededor de estos números oficiales hay una «cifra negra», que impide conocer el total de los asesinatos o hechos violentos relacionados con las «maras», porque la mayoría de la veces sus delitos involucran migrantes sin documentos.
Para enfrentar el problema – que afecta sobre todo a los municipios de Suchiate, Tapachula, Mapastepec y Tuxtla Gutiérrez– las autoridades de Chiapas pusieron en marcha el Programa Antipandillas, que opera desde la Fiscalía de Inmigrantes.
Esta instancia colabora con los gobiernos de Guatemala y El Salvador, y ha detectado los vínculos entre las maras de Centroamérica y las que operan en México.
Incluso advierten que desde cárceles como «El Infiernito», en el departamento de Escuitla, Guatemala, o desde los centros de reinserción social para sentenciados 14 de Cintalapa y 3 de Tapachula salen las órdenes de asesinatos de los jefes maras a sus «clicas».
Así lo comprobaron cuando detuvieron a los asesinos de Rudy Alonso. De acuerdo con la investigación, en «El Infiernito» está recluido Fernando Muñoz Sinar, conocido como «El Happy» y/o «El Ratón», a quien identifican como el actual líder de la «clica» llamada «Sólo para Locos», de «Barrio 18».
En 2017 este líder contactó a Juan Carlos N, «El Pastrana», que se encuentra en el centro penitenciario número 14 de Cintalapa para formar una alianza para la venta de droga en toda la región del río Suchiate, la Costa de Chiapas y Tapachula.
Para ellos operaba Yener Aldair, conocido como «El Panzas», de 19 años, guatemalteco, quien encabezó el asesinato del joven mexicano vinculado con «MS-13» en Acacoyagua, por órdenes de «El Happy».
Pero la violencia en Chiapas no sólo ocurre entre pandillas. Los más vulnerables son los migrantes centroamericanos que salen de sus países para huir de estas.
Jóvenes detenidos como presuntos miembros de las “clicas” en Chiapas.
La doctora Ailsa Winton, investigadora de El Colegio de la Frontera Norte (Ecosur), explica que desde hace un par de años ha sucedido que los migrantes que abandonan sus países por el acecho de las pandillas, se encuentran en Chiapas a los mismos de quienes huyen.
«Se comenzó a escuchar que estos migrantes se habían topado con quienes los habían amenazado allá (en sus países) o que reconocía a pandilleros de su país aquí en México, en espacios públicos como el parque central de Tapachula o los albergues, donde las personas encargadas de estos han alertado de esta situación», explica.
Esto sucede porque los pandilleros siguen a sus víctimas, las persiguen hasta México, dice. Y aunque este tipo de situaciones ya se conocían, agrega, no hubo respuesta de las autoridades: ni atención ni protección para los migrantes, y tampoco investigación.
El riesgo de la criminalización
Centroamérica y México comparten una frontera de 1.149 kilómetros que se extiende desde el Océano Pacífico al Caribe y atraviesa algunos de los territorios más pobres de la región, donde apenas hay infraestructuras y empleo formal.
Parte de la frontera de 956 km entre México y Guatemala serpentea a lo largo de los ríos Suchiate y Usumacinta. Los 193 kilómetros restantes siguen el curso del río Hondo que divide a México de Belice.
En esa geografía Chiapas es la puerta de entrada de la migración proveniente de la cintura del continente. O como lo llaman ahora: del «Triángulo Norte» que forman Guatemala, El Salvador y Honduras, países donde la pobreza y la violencia de las pandillas han disparado los desplazamientos forzados.
Los números lo evidencian. De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 294.000 ciudadanos de esos países estaban registrados en 2017 como refugiados o solicitantes de asilo, lo que significa un aumento de 58% con respecto a 2016, y 16 veces más que en 2011.
La mayoría son mujeres y jóvenes que escapan del reclutamiento forzado de las maras o pandillas y de sus amenazas de muerte. «Están huyendo de la violencia», dice el investigador Iván Porras, también del Ecosur.
Para ellos, el primero de sus destinos es Estados Unidos, donde se encuentran 260.000 refugiados y solicitantes de asilo de Centroamérica, de acuerdo con cifras del ACNUR.
México –que ACNUR ya no considera un país de tránsito sino de destino– está en el segundo sitio con 12.700 solicitudes de asilo, seguido por Costa Rica con 3.200, Panamá con 1.400, y Nicaragua con 700.
Si la migración es un tema regional, también la seguridad lo es, dice el investigador Iván Porras. «No son fenómenos que puedan aislarse porque están vinculados», asegura.
Migración y seguridad a su vez están enganchados a las políticas migratorias de Estados Unidos y México, agrega Winton, del Ecosur.
«Si hay más controles migratorios en México y Estados Unidos, las personas que tienen que moverse están más sujetas a los grupos criminales, de quienes dependen para poder trasladarse de manera clandestina, pagándoles».
De modo que si cambia la política migratoria, cambia la migración y cambian los grupos criminales que se mueven en función de esos migrantes. Pero ni unos ni otros se detienen, a pesar de las políticas de seguridad que México ha aplicado como una especie de «tapón» para impedir que los centroamericanos lleguen a Estados Unidos.
Los resultados, parece, son contraproducentes debido a la corrupción de cuerpos policiacos y autoridades migratorias que extorsionan a los migrantes en su tránsito o son cómplices de los traficantes de personas.
De modo que los mecanismos de seguridad que ha implantado México para impedir la entrada de «maras», también han fermentado un caldo de cultivo para criminalizar la migración centroamericana y abandonarla a su suerte ante las acciones criminales de estos grupos.
«A quién recurren si están en el país de manera ilegal», pregunta Porras.
La presión migratoria
Apenas en enero de este año, los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras alertaron a México sobre los flujos masivos de pandilleros hacia Chiapas, como consecuencia de los operativos que esos países aplican contra esos grupos delictivos.
De inmediato se levantaron voces que demandaron a las autoridades federales y estatales controles más estrictos contra los migrantes que viajan sin papeles. Una de esas voces fue el Comité de Consulta y Participación Ciudadana en Materia de Seguridad Pública (Cocoparci).
Esta organización argumentó que los ciudadanos centroamericanos pueden recurrir a la Tarjeta de Visitante Regional (TVR), que en los últimos dos años ha permitido contabilizar aproximadamente 4.5 millones de ingresos legales por la frontera sur.
Una condición para acceder a la TVR es que los centroamericanos deben registrar y comprobar su identidad y domicilio. Por lo tanto, según la Cocoparci, muchos de quienes no tramitan la TVR es porque quiere ocultar quiénes son y de dónde vienen, tal vez porque tienen antecedentes penales.
Para Ailsa Winton, investigadora del Ecosur, estas son reacciones producto de la mala atención y comprensión de un problema como la violencia asociada a la migración y la movilidad, que termina distorsionando su percepción.
«Lo que sucede en Chiapas es que la gente ahora asocia más el refugio y a los refugiados con la criminalidad, y lo escuchamos en foros y de asociaciones civiles que argumentan que son los mismos criminales a quienes se les está beneficiando con la condición de refugiados», afirma.
Más allá de la xenofobia, que sí existe en México contra los centroamericanos, la preocupación de Winton es que, frente a esos argumentos y la falta de atención al problema, «las personas que necesitan protección quedan desprotegidas y los criminales pueden tener la libertad para seguir haciendo lo que hacen».
Ella y Porras coinciden que la atención debe ser regional y participar todos los gobiernos y autoridades involucradas.
Pero «no hay mucho interés, tampoco recursos asignados para atender el problema, y mucho menos comprensión sobre qué es la criminalidad, cómo operan esos grupos y su relación con la migración y movilidad en la región».
Por eso, historias como las de Rudy Alonso Pacheco, asesinado a machetazos, seguirán ocurriendo sin que nadie vuelva la vista hacia el sur.
Internacionales
Museos de ciencia y tecnología de China reciben más de 3,5 millones de visitas durante vacaciones por Fiesta de Primavera
Los museos de ciencia y tecnología de China recibieron más de 3,5 millones de visitas durante los nueve días de vacaciones por la Fiesta de la Primavera y presentaron exhibiciones científicas festivas que integran conocimiento, diversión y experiencias culturales al público, informó hoy lunes el Museo de Ciencia y Tecnología de China en Beijing.
El propio museo recibió a más de 200,000 visitantes con eventos temáticos que celebraban el Año del Caballo, mientras que los museos de ciencia y tecnología de todo el país adaptaron sus actividades a las condiciones locales, organizando diversos eventos con temática científica que fusionaron la cultura del zodíaco chino, el patrimonio cultural inmaterial y las tecnologías de vanguardia.
De acuerdo con el Museo de Ciencia y Tecnología de China, este museo liderará a los museos de ciencia y tecnología del país para que sigan innovando en la divulgación científica y ofreciendo mejores servicios en 2026, con el objetivo de reforzar las bases de la autosuficiencia del país en ciencia y tecnología.
Una novia de Nemesio Oseguera, alias «El Mencho», el narco mexicano más buscado de los últimos tiempos, que fue abatido por el Ejército mexicano, resultó clave para dar con su paradero en Tapalpa, un pintoresco poblado en el oeste de México.
Oseguera, de 59 años, el poderoso líder del temido Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), resultó herido en un choque el domingo con militares que pretendían detenerlo. Murió durante su traslado vía aérea a un hospital.
El operativo se activó cuando la inteligencia militar mexicana, con ayuda del Comando Norte de Estados Unidos, supo que una mujer se reuniría el viernes 20 de febrero con el capo en Tapalpa, a unos 130 kilómetros de Guadalajara, capital del estado de Jalisco.
El secretario de defensa mexicano, Ricardo Trevilla, narró el lunes en conferencia que un hombre de confianza de «una de las parejas sentimentales de ‘El Mencho’» la llevó a una casa en esa localidad.
La mujer se fue del lugar el sábado, pero Oseguera permaneció allí rodeado de un círculo de seguridad.
La Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional diseñó entonces el operativo con acciones por tierra y aire del domingo.
Los milites se acercaron a la zona, sin entrar a Jalisco «para conservar el secreto y con ello, obtener la sorpresa», explicó. Al corroborar su presencia, decidieron «efectuar la detención» de Oseguera por por delincuencia organizada y posesión de armas.
«Realmente fue un ataque muy violento», reconoció Trevilla, quien dijo que las autoridades hallaron un arsenal que incluía armas largas y dos lanzacohetes, uno tipo RPG.
Los hombres del capo, que siempre se caracterizó por desafiar abiertamente a las fuerzas de seguridad, ya habían utilizado ese tipo de lanzacohetes. En 2015 derribaron un helicóptero militar con este tipo de arma que participaba en un operativo para detenerlo.
El domingo, «El Mencho» no tuvo la misma suerte. En su fuga él y su círculo cercano de seguridad se internaron en una zona boscosa.
Nuevamente fue cercado por los militares, que lo encontraron oculto entre la maleza, contó el titular del ejército mexicano.
Los responsables de su seguridad dispararon contra un helicóptero militar, que tuvo que aterrizar de emergencia en una instalación cercana.
En medio del cruento enfrentamiento, los uniformados hirieron al capo y a dos de sus escoltas. «Estaban muy graves», aseguró Trevilla. Los tres fueron trasladados vía aérea a un hospital de Guadalajara, pero fallecieron en el camino, precisó.
Los cadáveres fueron trasladados en un avión a la capital mexicana y entregados a la Fiscalía General.
Por su parte, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dijo que los restos de Oseguera fueron identificados genéticamente para ser entregados a sus familiares.
Las autoridades también informaron de la muerte el domingo del hombre de más confianza de «El Mencho». Hugo H., alias «El Tuli», fue ubicado en El Grullo, otra localidad de Jalisco, desde donde coordinaba la ola de violencia que sacudió a varios estados del país en reacción a la operación contra el líder narco: bloqueos de carreteras, incendios de vehículos y ataques a instalaciones militares.
«El Tuli» también murió cuando intentaba huir. Portaba un arma larga, una pistola y cerca de un millón y medio de dólares.
La muerte del líder del CJNG desató una ola de cientos de bloqueos y quema de vehículos en 20 de los 32 estados mexicanos.
El gobierno desplegó a casi 10.000 militares el lunes para contener la violencia desatada en la víspera.
En algunos puntos de Jalisco los bloqueos de carreteras por parte de narcos continuaban y el miedo seguía instalado entre los habitantes de Guadalajara, la segunda mayor ciudad de México con más de cinco millones de habitantes.
En Aguililla, el remoto pueblo natal del El Mencho en las montañas de Michoacán, estos disturbios se mantienen, mientras permanece la incógnita de donde será enterrado.
La policía de Londres arrestó al exembajador británico en Reino Unido Peter Mandelson por acusaciones de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público, tras la publicación de documentos relacionados con Jeffrey Epstein que muestran sus vínculos con el fallecido delincuente.
«Los agentes han detenido a un hombre de 72 años por sospecha de incumplimientos en el ejercicio de la función pública», informó la policía metropolitana de Londres en un comunicado, tras los registros previos en el domicilio de Mandelson y después de que dos cadenas británica mostraran al exfuncionario saliendo de su residencia escoltado.
«Fue llevado a comisaría para ser interrogado», agregó.
La BBC y SkyNews difundieron imágenes de Peter Mandelson dejando su domicilio, en Londres, junto a dos policías vestidos de civil que lo escoltaron hasta un vehículo camuflado.
La detención del que fuera un barón del partido Laborista se produjo cuatro días después del arresto del expríncipe Andrés, otro sospechoso a raíz del caso Epstein.
El hermano del rey Carlos III es sospechoso de haber transmitido información confidencial al delincuente sexual estadounidense cuando era representante especial del Reino Unido para el comercio, de 2001 a 2011.
La policía londinense había anunciado el 3 de febrero la apertura de una investigación contra Mandelson, por unos documentos de los archivos de Epstein, divulgados a finales de enero por las autoridades de Washington.
Según esos archivos, el exembajador habría transmitido informaciones susceptibles de influir en los mercados al financiero estadounidense, especialmente durante su etapa de ministro en el gobierno de Gordon Brown (2008-2010).
Tres días después, la policía afirmó que había allanado dos residencias suyas, en el distrito londinense de Candem y en Wiltshire, en el suroeste de Inglaterra.
Unos sucesos que debilitaron al gobierno laborista de Keir Starmer, acusado de haber nombrado a finales de 2024 a Peter Mandelson embajador en Washington, pese a que sabía que éste no se había distanciado de Epstein tras su condena por delitos sexuales.
Tanto el jefe de gabinete de Starmer como su director de comunicación dimitieron a raíz de este escándalo.
