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MARAS: El Control, Crimen y Migración de las pandillas que atenta con la seguridad de las naciones
En Chiapas pasan cosas como esta: cinco jóvenes de entre 18 y 24 años torturaron y asesinaron a Rudy Alonso Pacheco Niño, de 18 años, en el municipio de Acacoyagua, el pasado 26 de junio.
Dos de los presuntos asesinos, detenidos un mes después, son guatemaltecos, uno salvadoreño y tres mexicanos. Todos miembros de la mara Barrio-18.
Su víctima, a su vez, era mexicano que pertenecía a la «Mara Salvatrucha» (MS-13), de acuerdo con las autoridades.
Con la atención siempre puesta en su frontera norte, México olvida que el sur también existe en el mapa de la violencia.
Chiapas, estado del sur de México, empalmado con Centroamérica por su geografía, enfrenta graves problemas de seguridad atribuidos al arribo de jóvenes «maras».
Así llaman a los integrantes de pandillas centroamericanas como la «Mara Salvatrucha» y «Barrio 18», que son las más conocidas y que en Chiapas han reclutado ya a jóvenes mexicanos, desde hace al menos 20 años.
Héctor Castillo, investigador de la UNAM y especialista en grupos juveniles, lo compró al participar en un programa gubernamental que se llamó Hábitat, y que puso en marcha el gobierno de Felipe Calderón en distintas ciudades del país para prevenir la violencia.
Entre esas ciudades estaba Tapachula, capital de Chiapas y una de las ciudades más afectadas por la actividad de las «maras».
«El propósito era intervenir con los jóvenes, a partir de distintas actividades, para alejarlos de las pandillas, porque uno no puede llegar y enfrentar así nada más a las ‘maras'», explica.
Por algo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), desde 2004, consideró a las «maras» como «un problema que atenta no solamente contra la seguridad pública de las personas, sino también contra la seguridad nacional del Estado».
Pandillas en expansión
Hace años que México detectó las actividades de grupos de «maras» en el país. Desde 1996 al menos, de acuerdo con la CNDH y Héctor Castillo.
Su presencia, sin embargo, progresivamente se expandió hasta llegar a 23 estados del país y sumar más 5.000 integrantes hasta 2005, año en que la CNDH hizo el estudio.
En este advertía además que en Chiapas habían nacido ya otras «clicas» (grupos considerados como «familias» que pertenecen a las «maras»), que en 2001 ya sumaban 200 grupos con al menos 3.000 pandilleros.
El problema entonces no es reciente, afirman especialistas. Y tampoco simple, aclaran. El fenómeno de las pandillas centroamericanas que operan en México es una mezcla que combina migración, pobreza, crimen y corrupción, y que exhibe la falta de políticas públicas en la región y las fallidas estrategias de seguridad como el Plan Frontera Sur, el cual consiste básicamente en el reforzamiento de la seguridad policial y militar.
Esta estrategia, sin embargo, no ha disuadido la operación de las pandillas en Chiapas. Y aun peor, al parecer su número y sus actividades ha aumentado en los últimos dos años: de 13 supuestos pandilleros detenidos en 2016, el número se elevó a 161 hasta febrero de 2018, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas.
También aumentaron los homicidios vinculados a los enfrentamientos entre pandillas: de 18 ocurridos en 2016 pasaron a 22 en 2017 y este año suman 7, según las cifras oficiales.
Los especialistas advierten, sin embargo, que alrededor de estos números oficiales hay una «cifra negra», que impide conocer el total de los asesinatos o hechos violentos relacionados con las «maras», porque la mayoría de la veces sus delitos involucran migrantes sin documentos.
Para enfrentar el problema – que afecta sobre todo a los municipios de Suchiate, Tapachula, Mapastepec y Tuxtla Gutiérrez– las autoridades de Chiapas pusieron en marcha el Programa Antipandillas, que opera desde la Fiscalía de Inmigrantes.
Esta instancia colabora con los gobiernos de Guatemala y El Salvador, y ha detectado los vínculos entre las maras de Centroamérica y las que operan en México.
Incluso advierten que desde cárceles como «El Infiernito», en el departamento de Escuitla, Guatemala, o desde los centros de reinserción social para sentenciados 14 de Cintalapa y 3 de Tapachula salen las órdenes de asesinatos de los jefes maras a sus «clicas».
Así lo comprobaron cuando detuvieron a los asesinos de Rudy Alonso. De acuerdo con la investigación, en «El Infiernito» está recluido Fernando Muñoz Sinar, conocido como «El Happy» y/o «El Ratón», a quien identifican como el actual líder de la «clica» llamada «Sólo para Locos», de «Barrio 18».
En 2017 este líder contactó a Juan Carlos N, «El Pastrana», que se encuentra en el centro penitenciario número 14 de Cintalapa para formar una alianza para la venta de droga en toda la región del río Suchiate, la Costa de Chiapas y Tapachula.
Para ellos operaba Yener Aldair, conocido como «El Panzas», de 19 años, guatemalteco, quien encabezó el asesinato del joven mexicano vinculado con «MS-13» en Acacoyagua, por órdenes de «El Happy».
Pero la violencia en Chiapas no sólo ocurre entre pandillas. Los más vulnerables son los migrantes centroamericanos que salen de sus países para huir de estas.
Jóvenes detenidos como presuntos miembros de las “clicas” en Chiapas.
La doctora Ailsa Winton, investigadora de El Colegio de la Frontera Norte (Ecosur), explica que desde hace un par de años ha sucedido que los migrantes que abandonan sus países por el acecho de las pandillas, se encuentran en Chiapas a los mismos de quienes huyen.
«Se comenzó a escuchar que estos migrantes se habían topado con quienes los habían amenazado allá (en sus países) o que reconocía a pandilleros de su país aquí en México, en espacios públicos como el parque central de Tapachula o los albergues, donde las personas encargadas de estos han alertado de esta situación», explica.
Esto sucede porque los pandilleros siguen a sus víctimas, las persiguen hasta México, dice. Y aunque este tipo de situaciones ya se conocían, agrega, no hubo respuesta de las autoridades: ni atención ni protección para los migrantes, y tampoco investigación.
El riesgo de la criminalización
Centroamérica y México comparten una frontera de 1.149 kilómetros que se extiende desde el Océano Pacífico al Caribe y atraviesa algunos de los territorios más pobres de la región, donde apenas hay infraestructuras y empleo formal.
Parte de la frontera de 956 km entre México y Guatemala serpentea a lo largo de los ríos Suchiate y Usumacinta. Los 193 kilómetros restantes siguen el curso del río Hondo que divide a México de Belice.
En esa geografía Chiapas es la puerta de entrada de la migración proveniente de la cintura del continente. O como lo llaman ahora: del «Triángulo Norte» que forman Guatemala, El Salvador y Honduras, países donde la pobreza y la violencia de las pandillas han disparado los desplazamientos forzados.
Los números lo evidencian. De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 294.000 ciudadanos de esos países estaban registrados en 2017 como refugiados o solicitantes de asilo, lo que significa un aumento de 58% con respecto a 2016, y 16 veces más que en 2011.
La mayoría son mujeres y jóvenes que escapan del reclutamiento forzado de las maras o pandillas y de sus amenazas de muerte. «Están huyendo de la violencia», dice el investigador Iván Porras, también del Ecosur.
Para ellos, el primero de sus destinos es Estados Unidos, donde se encuentran 260.000 refugiados y solicitantes de asilo de Centroamérica, de acuerdo con cifras del ACNUR.
México –que ACNUR ya no considera un país de tránsito sino de destino– está en el segundo sitio con 12.700 solicitudes de asilo, seguido por Costa Rica con 3.200, Panamá con 1.400, y Nicaragua con 700.
Si la migración es un tema regional, también la seguridad lo es, dice el investigador Iván Porras. «No son fenómenos que puedan aislarse porque están vinculados», asegura.
Migración y seguridad a su vez están enganchados a las políticas migratorias de Estados Unidos y México, agrega Winton, del Ecosur.
«Si hay más controles migratorios en México y Estados Unidos, las personas que tienen que moverse están más sujetas a los grupos criminales, de quienes dependen para poder trasladarse de manera clandestina, pagándoles».
De modo que si cambia la política migratoria, cambia la migración y cambian los grupos criminales que se mueven en función de esos migrantes. Pero ni unos ni otros se detienen, a pesar de las políticas de seguridad que México ha aplicado como una especie de «tapón» para impedir que los centroamericanos lleguen a Estados Unidos.
Los resultados, parece, son contraproducentes debido a la corrupción de cuerpos policiacos y autoridades migratorias que extorsionan a los migrantes en su tránsito o son cómplices de los traficantes de personas.
De modo que los mecanismos de seguridad que ha implantado México para impedir la entrada de «maras», también han fermentado un caldo de cultivo para criminalizar la migración centroamericana y abandonarla a su suerte ante las acciones criminales de estos grupos.
«A quién recurren si están en el país de manera ilegal», pregunta Porras.
La presión migratoria
Apenas en enero de este año, los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras alertaron a México sobre los flujos masivos de pandilleros hacia Chiapas, como consecuencia de los operativos que esos países aplican contra esos grupos delictivos.
De inmediato se levantaron voces que demandaron a las autoridades federales y estatales controles más estrictos contra los migrantes que viajan sin papeles. Una de esas voces fue el Comité de Consulta y Participación Ciudadana en Materia de Seguridad Pública (Cocoparci).
Esta organización argumentó que los ciudadanos centroamericanos pueden recurrir a la Tarjeta de Visitante Regional (TVR), que en los últimos dos años ha permitido contabilizar aproximadamente 4.5 millones de ingresos legales por la frontera sur.
Una condición para acceder a la TVR es que los centroamericanos deben registrar y comprobar su identidad y domicilio. Por lo tanto, según la Cocoparci, muchos de quienes no tramitan la TVR es porque quiere ocultar quiénes son y de dónde vienen, tal vez porque tienen antecedentes penales.
Para Ailsa Winton, investigadora del Ecosur, estas son reacciones producto de la mala atención y comprensión de un problema como la violencia asociada a la migración y la movilidad, que termina distorsionando su percepción.
«Lo que sucede en Chiapas es que la gente ahora asocia más el refugio y a los refugiados con la criminalidad, y lo escuchamos en foros y de asociaciones civiles que argumentan que son los mismos criminales a quienes se les está beneficiando con la condición de refugiados», afirma.
Más allá de la xenofobia, que sí existe en México contra los centroamericanos, la preocupación de Winton es que, frente a esos argumentos y la falta de atención al problema, «las personas que necesitan protección quedan desprotegidas y los criminales pueden tener la libertad para seguir haciendo lo que hacen».
Ella y Porras coinciden que la atención debe ser regional y participar todos los gobiernos y autoridades involucradas.
Pero «no hay mucho interés, tampoco recursos asignados para atender el problema, y mucho menos comprensión sobre qué es la criminalidad, cómo operan esos grupos y su relación con la migración y movilidad en la región».
Por eso, historias como las de Rudy Alonso Pacheco, asesinado a machetazos, seguirán ocurriendo sin que nadie vuelva la vista hacia el sur.
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Principal aeropuerto de Venezuela recibe vuelos de ayuda de EE. UU. tras reapertura parcial
El aeropuerto internacional Simón Bolívar, que sirve a Caracas, reabrió parcialmente este sábado y comenzó a recibir aviones con ayuda humanitaria, informaron autoridades estadounidenses, tres días después del doble sismo que golpeó a Venezuela.
Los dos potentes terremotos registrados el miércoles dejaron más de 1,400 muertos y unos 50,000 desaparecidos, según datos oficiales y estimaciones de Naciones Unidas.
«Me complace mucho anunciar que esta mañana una de las pistas del aeropuerto Simón Bolívar vuelve a estar operativa y está recibiendo (aviones de transporte militar) C-17», declaró bajo reserva un alto funcionario estadounidense en referencia al principal aeropuerto de Venezuela, ubicado en La Guaira, la zona más afectada por los terremotos.
El funcionario explicó que, tras la reapertura parcial del aeropuerto, comenzaron a llegar hospitales móviles.
«Ahora que se logró abrir el aeropuerto, hoy están llegando hospitales móviles; van a poder aterrizar, esperemos, en el Simón Bolívar», afirmó, al tiempo que precisó que una de las pistas «está completamente agrietada y es inoperable».
Asimismo, indicó que Estados Unidos «ayudará a coordinar los vuelos desde la torre».
Un periodista de la AFP observó un avión estadounidense de rotores basculantes aterrizar en un terreno baldío en La Guaira y despegar nuevamente.
El Comando Sur de Estados Unidos, con presencia en América Latina y el Caribe, publicó una fotografía en la que se observa al menos tres de estas aeronaves operando en Venezuela.
En otra publicación, el organismo mostró al general Kevin Jarrard sobre la pista del aeropuerto Simón Bolívar, en un mensaje sobre la coordinación de los equipos de Estados Unidos, Argentina, Chile y Venezuela.
Además, el Comando Sur informó sobre el despliegue de más rescatistas y brigadas caninas para apoyar las labores de búsqueda.
El funcionario estadounidense también señaló que el USS Fort Lauderdale, un buque militar anfibio que sirve como plataforma para el movimiento de otros equipos, ya se encuentra frente a la costa venezolana, lo que permitirá incrementar los vuelos de rescate en los alrededores de La Guaira.
«Podemos evacuar por vía aérea a personas para que utilicen las instalaciones médicas, según sea necesario, en ese buque, y usarlo para tareas de mando, control y logística, y para aprovechar su capacidad de transporte aéreo», explicó.
«Veremos aumentar nuestra capacidad de utilizar helicópteros», agregó.
Finalmente, indicó que Estados Unidos ya ha destinado alrededor de 150 millones de dólares en ayuda para Venezuela y que espera anunciar un paquete adicional de asistencia en los próximos días.
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Israel advierte al Líbano y jefe de Hezbolá considera que acuerdo es «un grave error»
Altos funcionarios de Israel lanzaron este sábado una dura advertencia al Líbano, Irán y al grupo Hezbolá, un día después de la firma de un acuerdo marco de cese de hostilidades, auspiciado por Estados Unidos.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que el acuerdo representa «un golpe a Irán» y al grupo proiraní Hezbolá.
«Alcanzamos un acuerdo histórico para el Estado de Israel tras negociaciones directas entre Israel y el Líbano», afirmó Netanyahu en una declaración televisada.
«Esto es un golpe para Irán y Hezbolá», añadió.
Previamente, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, advirtió que el Ejército recibió instrucciones para prepararse para una «estancia prolongada» en territorio libanés.
Katz también amenazó con responder con «gran fuerza» ante cualquier intento de Irán de impedir la aplicación del acuerdo.
El acuerdo marco contempla un «redespliegue» de las fuerzas israelíes. Sin embargo, Netanyahu reiteró que sus tropas permanecerán en una franja territorial de aproximadamente diez kilómetros al norte de la frontera entre ambos países, considerada por Israel como una «zona de seguridad».
Según la posición israelí, las fuerzas de ese país permanecerán en territorio libanés hasta que Hezbolá sea desarmado.
Por su parte, el ministro israelí de Seguridad Nacional, Ben Gvir, calificó el acuerdo como «un error», al considerar que «el Estado libanés no desarmará a Hezbolá».
En respuesta, el líder de Hezbolá, Naim Qasem, rechazó el acuerdo marco y lo calificó como un «grave error» por parte de Beirut, al sostener que el movimiento lo considera nulo y sin valor.
«El acuerdo en Washington [entre Israel y Líbano] es humillante, vergonzoso y una entrega de la soberanía. Este acuerdo es nulo y sin efecto, y deben aplicarse las disposiciones del memorando de entendimiento iraní-estadounidense», expresó Qasem en un comunicado, en el que acusó a las autoridades libanesas de «legitimar» la ocupación israelí.
Asimismo, pidió al Gobierno libanés que «se retracte de sus pecados», al considerar que sus decisiones están arruinando al país.
Qasem sostuvo además que Líbano ha «legitimado» la ocupación israelí «durante muchos años», lo que, según dijo, «incluso podría conducir a la anexión de estas tierras».
Hezbolá mantiene su rechazo a las negociaciones directas entre Líbano e Israel, que se desarrollan desde abril.
El alto el fuego alcanzado el 17 de abril no logró detener los enfrentamientos entre Israel y Hezbolá, aunque la violencia disminuyó desde que Estados Unidos e Irán firmaron un memorando de entendimiento la semana pasada.
Irán insiste en que cualquier acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio debe incluir al Líbano.
Este sábado, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, saludó la firma del acuerdo.
«Es un paso fundamental para alejarse de una escalada. Porque no puede haber paz en Oriente Medio con el Líbano en llamas», escribió en X.
«El próximo paso clave es el desarme de los grupos no estatales y la preservación de la soberanía y la integridad territorial del Líbano», añadió.
Por su parte, Francia expresó este sábado que está «dispuesta a contribuir» a la implementación del acuerdo marco y pidió que este «abra el camino a la recuperación total de la soberanía libanesa» dentro de sus fronteras.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió este sábado que hasta siete millones de personas podrían verse afectadas por los poderosos terremotos que sacudieron Venezuela el pasado miércoles, una tragedia que deja más de 1,400 muertos y más de 50,000 desaparecidos, mientras continúa aumentando el balance oficial de víctimas.
Naciones Unidas también alertó sobre la magnitud de los daños materiales, que podrían alcanzar los 6,700 millones de dólares, equivalentes al 6 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país petrolero.
A casi 72 horas de los dos terremotos, ocurridos con menos de un minuto de diferencia y considerados los peores registrados en Venezuela en los últimos 126 años, continúan las labores de búsqueda y rescate. Sin embargo, la población ha expresado su descontento por la lentitud y la escasez de la ayuda gubernamental para remover los escombros en busca de sobrevivientes.
Las posibilidades de encontrar personas con vida disminuyen considerablemente después de tres días de una tragedia de esta magnitud.
En La Guaira, la ciudad más afectada y ubicada a 40 kilómetros de Caracas, Marlon Ochoa, sobreviviente del colapso de un edificio, busca entre los escombros a su madre, su esposa y su hijo, quienes permanecen desaparecidos tras el derrumbe.
«Aún no veo a las autoridades encargándose de la situación aquí en esta zona», declaró a la AFP.
«Me dijeron que están deliberando. ¿Deliberando qué? (…) Si hoy no llega nadie aquí vamos a hacer una revolución porque aquí necesitamos cosas: maquinaria, plantas eléctricas, taladros, de todo», manifestó.
«Acá estamos enardecidos, necesitamos ayuda, hay gente viva (bajo los escombros) y no nos dan las manos ni las herramientas», añadió.
Aeropuerto reabre parcialmente y comienza a llegar ayuda internacional
El aeropuerto internacional de Caracas, que permanecía cerrado debido a los daños ocasionados por los sismos, reabrió parcialmente este sábado para recibir vuelos de carga con ayuda proveniente de Estados Unidos, informó a periodistas un alto funcionario estadounidense que solicitó mantener el anonimato.
El funcionario también indicó que el buque militar anfibio USS Fort Lauderdale se encuentra frente a las costas de Venezuela, lo que permitirá realizar vuelos de rescate hacia La Guaira.
Estados Unidos anunció una ayuda de 150 millones de dólares y el envío de dos buques de guerra, aviones de transporte y helicópteros para apoyar las labores de emergencia.
Además, equipos internacionales de búsqueda y rescate procedentes de al menos 17 países ya trabajan en las zonas afectadas.
Miles de damnificados permanecen en refugios
En una morgue de Caracas, Yessica Mendoza relató a la AFP que, debido al colapso de hospitales y servicios funerarios, tuvo que trasladar personalmente el cuerpo de su hija, quien murió junto a su yerno tras el derrumbe del edificio donde vivían en La Guaira.
«Fuimos nosotros mismos que los sacamos, no llegó ninguna ayuda», expresó la mujer de 43 años.
Durante apenas una hora del sábado, la AFP observó la llegada de al menos tres camionetas con cuerpos cubiertos con bolsas y sábanas, que desprendían olor a descomposición.
En un comunicado, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de la ONU señaló que «hasta 6,76 millones de personas podrían verse afectadas por los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio».
Mientras tanto, centenares de personas que perdieron sus viviendas o tuvieron que evacuarlas permanecen refugiadas en un estadio de La Guaira, donde voluntarios distribuyen ropa, alimentos y productos básicos.
«La solidaridad que hay ahorita es impresionante», afirmó Carlos Marcano, trabajador portuario que perdió su vivienda.
En medio de la tragedia, un bebé recién nacido fue rescatado la noche del viernes tras permanecer decenas de horas atrapado entre los escombros de un edificio derrumbado en La Guaira. Su madre también fue rescatada.
Un video obtenido por la AFP muestra a los socorristas trabajando bajo la luz de un reflector sobre los escombros y sacando con vida al bebé entre aplausos.
