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MARAS: El Control, Crimen y Migración de las pandillas que atenta con la seguridad de las naciones
En Chiapas pasan cosas como esta: cinco jóvenes de entre 18 y 24 años torturaron y asesinaron a Rudy Alonso Pacheco Niño, de 18 años, en el municipio de Acacoyagua, el pasado 26 de junio.
Dos de los presuntos asesinos, detenidos un mes después, son guatemaltecos, uno salvadoreño y tres mexicanos. Todos miembros de la mara Barrio-18.
Su víctima, a su vez, era mexicano que pertenecía a la «Mara Salvatrucha» (MS-13), de acuerdo con las autoridades.
Con la atención siempre puesta en su frontera norte, México olvida que el sur también existe en el mapa de la violencia.
Chiapas, estado del sur de México, empalmado con Centroamérica por su geografía, enfrenta graves problemas de seguridad atribuidos al arribo de jóvenes «maras».
Así llaman a los integrantes de pandillas centroamericanas como la «Mara Salvatrucha» y «Barrio 18», que son las más conocidas y que en Chiapas han reclutado ya a jóvenes mexicanos, desde hace al menos 20 años.
Héctor Castillo, investigador de la UNAM y especialista en grupos juveniles, lo compró al participar en un programa gubernamental que se llamó Hábitat, y que puso en marcha el gobierno de Felipe Calderón en distintas ciudades del país para prevenir la violencia.
Entre esas ciudades estaba Tapachula, capital de Chiapas y una de las ciudades más afectadas por la actividad de las «maras».
«El propósito era intervenir con los jóvenes, a partir de distintas actividades, para alejarlos de las pandillas, porque uno no puede llegar y enfrentar así nada más a las ‘maras'», explica.
Por algo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), desde 2004, consideró a las «maras» como «un problema que atenta no solamente contra la seguridad pública de las personas, sino también contra la seguridad nacional del Estado».
Pandillas en expansión
Hace años que México detectó las actividades de grupos de «maras» en el país. Desde 1996 al menos, de acuerdo con la CNDH y Héctor Castillo.
Su presencia, sin embargo, progresivamente se expandió hasta llegar a 23 estados del país y sumar más 5.000 integrantes hasta 2005, año en que la CNDH hizo el estudio.
En este advertía además que en Chiapas habían nacido ya otras «clicas» (grupos considerados como «familias» que pertenecen a las «maras»), que en 2001 ya sumaban 200 grupos con al menos 3.000 pandilleros.
El problema entonces no es reciente, afirman especialistas. Y tampoco simple, aclaran. El fenómeno de las pandillas centroamericanas que operan en México es una mezcla que combina migración, pobreza, crimen y corrupción, y que exhibe la falta de políticas públicas en la región y las fallidas estrategias de seguridad como el Plan Frontera Sur, el cual consiste básicamente en el reforzamiento de la seguridad policial y militar.
Esta estrategia, sin embargo, no ha disuadido la operación de las pandillas en Chiapas. Y aun peor, al parecer su número y sus actividades ha aumentado en los últimos dos años: de 13 supuestos pandilleros detenidos en 2016, el número se elevó a 161 hasta febrero de 2018, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas.
También aumentaron los homicidios vinculados a los enfrentamientos entre pandillas: de 18 ocurridos en 2016 pasaron a 22 en 2017 y este año suman 7, según las cifras oficiales.
Los especialistas advierten, sin embargo, que alrededor de estos números oficiales hay una «cifra negra», que impide conocer el total de los asesinatos o hechos violentos relacionados con las «maras», porque la mayoría de la veces sus delitos involucran migrantes sin documentos.
Para enfrentar el problema – que afecta sobre todo a los municipios de Suchiate, Tapachula, Mapastepec y Tuxtla Gutiérrez– las autoridades de Chiapas pusieron en marcha el Programa Antipandillas, que opera desde la Fiscalía de Inmigrantes.
Esta instancia colabora con los gobiernos de Guatemala y El Salvador, y ha detectado los vínculos entre las maras de Centroamérica y las que operan en México.
Incluso advierten que desde cárceles como «El Infiernito», en el departamento de Escuitla, Guatemala, o desde los centros de reinserción social para sentenciados 14 de Cintalapa y 3 de Tapachula salen las órdenes de asesinatos de los jefes maras a sus «clicas».
Así lo comprobaron cuando detuvieron a los asesinos de Rudy Alonso. De acuerdo con la investigación, en «El Infiernito» está recluido Fernando Muñoz Sinar, conocido como «El Happy» y/o «El Ratón», a quien identifican como el actual líder de la «clica» llamada «Sólo para Locos», de «Barrio 18».
En 2017 este líder contactó a Juan Carlos N, «El Pastrana», que se encuentra en el centro penitenciario número 14 de Cintalapa para formar una alianza para la venta de droga en toda la región del río Suchiate, la Costa de Chiapas y Tapachula.
Para ellos operaba Yener Aldair, conocido como «El Panzas», de 19 años, guatemalteco, quien encabezó el asesinato del joven mexicano vinculado con «MS-13» en Acacoyagua, por órdenes de «El Happy».
Pero la violencia en Chiapas no sólo ocurre entre pandillas. Los más vulnerables son los migrantes centroamericanos que salen de sus países para huir de estas.
Jóvenes detenidos como presuntos miembros de las “clicas” en Chiapas.
La doctora Ailsa Winton, investigadora de El Colegio de la Frontera Norte (Ecosur), explica que desde hace un par de años ha sucedido que los migrantes que abandonan sus países por el acecho de las pandillas, se encuentran en Chiapas a los mismos de quienes huyen.
«Se comenzó a escuchar que estos migrantes se habían topado con quienes los habían amenazado allá (en sus países) o que reconocía a pandilleros de su país aquí en México, en espacios públicos como el parque central de Tapachula o los albergues, donde las personas encargadas de estos han alertado de esta situación», explica.
Esto sucede porque los pandilleros siguen a sus víctimas, las persiguen hasta México, dice. Y aunque este tipo de situaciones ya se conocían, agrega, no hubo respuesta de las autoridades: ni atención ni protección para los migrantes, y tampoco investigación.
El riesgo de la criminalización
Centroamérica y México comparten una frontera de 1.149 kilómetros que se extiende desde el Océano Pacífico al Caribe y atraviesa algunos de los territorios más pobres de la región, donde apenas hay infraestructuras y empleo formal.
Parte de la frontera de 956 km entre México y Guatemala serpentea a lo largo de los ríos Suchiate y Usumacinta. Los 193 kilómetros restantes siguen el curso del río Hondo que divide a México de Belice.
En esa geografía Chiapas es la puerta de entrada de la migración proveniente de la cintura del continente. O como lo llaman ahora: del «Triángulo Norte» que forman Guatemala, El Salvador y Honduras, países donde la pobreza y la violencia de las pandillas han disparado los desplazamientos forzados.
Los números lo evidencian. De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 294.000 ciudadanos de esos países estaban registrados en 2017 como refugiados o solicitantes de asilo, lo que significa un aumento de 58% con respecto a 2016, y 16 veces más que en 2011.
La mayoría son mujeres y jóvenes que escapan del reclutamiento forzado de las maras o pandillas y de sus amenazas de muerte. «Están huyendo de la violencia», dice el investigador Iván Porras, también del Ecosur.
Para ellos, el primero de sus destinos es Estados Unidos, donde se encuentran 260.000 refugiados y solicitantes de asilo de Centroamérica, de acuerdo con cifras del ACNUR.
México –que ACNUR ya no considera un país de tránsito sino de destino– está en el segundo sitio con 12.700 solicitudes de asilo, seguido por Costa Rica con 3.200, Panamá con 1.400, y Nicaragua con 700.
Si la migración es un tema regional, también la seguridad lo es, dice el investigador Iván Porras. «No son fenómenos que puedan aislarse porque están vinculados», asegura.
Migración y seguridad a su vez están enganchados a las políticas migratorias de Estados Unidos y México, agrega Winton, del Ecosur.
«Si hay más controles migratorios en México y Estados Unidos, las personas que tienen que moverse están más sujetas a los grupos criminales, de quienes dependen para poder trasladarse de manera clandestina, pagándoles».
De modo que si cambia la política migratoria, cambia la migración y cambian los grupos criminales que se mueven en función de esos migrantes. Pero ni unos ni otros se detienen, a pesar de las políticas de seguridad que México ha aplicado como una especie de «tapón» para impedir que los centroamericanos lleguen a Estados Unidos.
Los resultados, parece, son contraproducentes debido a la corrupción de cuerpos policiacos y autoridades migratorias que extorsionan a los migrantes en su tránsito o son cómplices de los traficantes de personas.
De modo que los mecanismos de seguridad que ha implantado México para impedir la entrada de «maras», también han fermentado un caldo de cultivo para criminalizar la migración centroamericana y abandonarla a su suerte ante las acciones criminales de estos grupos.
«A quién recurren si están en el país de manera ilegal», pregunta Porras.
La presión migratoria
Apenas en enero de este año, los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras alertaron a México sobre los flujos masivos de pandilleros hacia Chiapas, como consecuencia de los operativos que esos países aplican contra esos grupos delictivos.
De inmediato se levantaron voces que demandaron a las autoridades federales y estatales controles más estrictos contra los migrantes que viajan sin papeles. Una de esas voces fue el Comité de Consulta y Participación Ciudadana en Materia de Seguridad Pública (Cocoparci).
Esta organización argumentó que los ciudadanos centroamericanos pueden recurrir a la Tarjeta de Visitante Regional (TVR), que en los últimos dos años ha permitido contabilizar aproximadamente 4.5 millones de ingresos legales por la frontera sur.
Una condición para acceder a la TVR es que los centroamericanos deben registrar y comprobar su identidad y domicilio. Por lo tanto, según la Cocoparci, muchos de quienes no tramitan la TVR es porque quiere ocultar quiénes son y de dónde vienen, tal vez porque tienen antecedentes penales.
Para Ailsa Winton, investigadora del Ecosur, estas son reacciones producto de la mala atención y comprensión de un problema como la violencia asociada a la migración y la movilidad, que termina distorsionando su percepción.
«Lo que sucede en Chiapas es que la gente ahora asocia más el refugio y a los refugiados con la criminalidad, y lo escuchamos en foros y de asociaciones civiles que argumentan que son los mismos criminales a quienes se les está beneficiando con la condición de refugiados», afirma.
Más allá de la xenofobia, que sí existe en México contra los centroamericanos, la preocupación de Winton es que, frente a esos argumentos y la falta de atención al problema, «las personas que necesitan protección quedan desprotegidas y los criminales pueden tener la libertad para seguir haciendo lo que hacen».
Ella y Porras coinciden que la atención debe ser regional y participar todos los gobiernos y autoridades involucradas.
Pero «no hay mucho interés, tampoco recursos asignados para atender el problema, y mucho menos comprensión sobre qué es la criminalidad, cómo operan esos grupos y su relación con la migración y movilidad en la región».
Por eso, historias como las de Rudy Alonso Pacheco, asesinado a machetazos, seguirán ocurriendo sin que nadie vuelva la vista hacia el sur.
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El petróleo se dispara tras la elección del hijo de Jamenei como nuevo líder de Irán
A esta ofensiva lanzada el 28 de febrero, la república islámica ha respondido bombardeando a sus vecinos del Golfo, apuntando especialmente contra bases militares estadounidenses e intereses económicos en la región.
Un bombardeo iraní provocó un incendio en la instalación petrolera de Al Ma’ameer, en Baréin, según un medio estatal.
Los ataques contra infraestructuras energéticas, el bloqueo vigente en el estrecho de Ormuz — por donde pasa el 20 % del petróleo y del gas natural licuado que se consumen en el mundo — y el temor por la estabilidad en la región hacen cundir el pánico en los mercados.
Las bolsas europeas abrieron a la baja, con París cayendo 2,59 %; Fráncfort, 2,47 % y Londres, 1,57 % en las primeras transacciones.
En Asia, la Bolsa de Tokio cerró con una baja de cerca de 5 % y la de Seúl, en -6 %.
El barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), referencia estadounidense del mercado, superó los 118 dólares, un máximo desde el verano de 2022, cuando los precios se dispararon por la invasión rusa de Ucrania.
Desde que empezó la guerra, el precio del barril de WTI ha subido un 70 %, algo nunca visto en un periodo tan corto.
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha tratado de aliviar la presión sobre las cotizaciones del crudo y afirmó que el aumento es un «pequeño precio a pagar» por eliminar la amenaza del programa nuclear iraní.
«Indefectible apoyo» de Rusia
Bajo las bombas, la república islámica nombró como nuevo guía supremo a Mojtaba Jamenei, un religioso de 56 años considerado cercano a los conservadores por sus vínculos con los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la república islámica.
Fue escogido por la Asamblea de Expertos, compuesta por 88 miembros, como sucesor de su padre, Alí Jamenei, asesinado en el primer día de ataques de Estados Unidos e Israel.
Trump, que la semana anterior ya mostró su disconformidad con una posible sucesión padre-hijo, había avisado antes del anuncio oficial que el nuevo líder no duraría «mucho tiempo» sin su aprobación.
También Israel había advertido la semana pasada que el nuevo guía supremo sería un «objetivo» a abatir.
Aun así, la Asamblea de Expertos afirmó que no dudó «ni un minuto» en tomar la decisión, celebrada por los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Teherán, y facciones armadas iraquíes pro-Irán.
Medios oficiales iraníes difundieron imágenes de gente festejando por todo el país, ondeando banderas de la república islámica o sus celulares con la linterna encendida.
El presidente ruso, Vladimir Putin, ofreció por su parte su «indefectible apoyo» a Mojtaba Jamenei y China expresó su oposición a cualquier acción extranjera contra el nuevo dirigente.
Continuar «el juego»
En un ambiente de creciente tensión, Irán lanzó una puya a los países europeos, a los que acusó de haber contribuido a crear las condiciones para una ofensiva israeloestadounidense.
Según el portavoz diplomático iraní, Esmail Baqai, el apoyo europeo al restablecimiento de sanciones contra Teherán en la ONU «envalentonó» a Estados Unidos e Israel.
Ninguno de los bandos ha mostrado voluntad conciliadora.
En una entrevista con el diario Times of Israel, Trump dijo el domingo que cualquier decisión sobre el fin de la guerra se tomaría junto a Netanyahu, de forma «mutua».
«Si pueden tolerar que el petróleo suba a más de 200 dólares por barril, continúen con este juego», advirtió por su parte el portavoz del comando militar central de Irán, Ebrahim Zolfaghari.
Este lunes, Irán continuó con sus ataques contra Israel, donde los rescatistas reportaron un muerto y dos heridos en el centro del país, y otros países de la región.
En Baréin, 32 civiles resultaron heridos por un dron iraní en Sitra, según el Ministerio de Salud.
Arabia Saudita indicó que interceptó cuatro drones que se dirigían hacia el yacimiento petrolero de Shaybah, en el sureste, que ya había sido atacado el domingo.
Por su parte, el ejército israelí anunció «una ola adicional de ataques» contra sitios de lanzamiento de misiles, centros de mando de los Guardianes de la Revolución y de la policía y una fábrica de motores de cohetes.
El domingo, bombardeó varios depósitos de carburante en Teherán, que sumieron a la ciudad en la oscuridad en pleno día.
En el frente libanés, las fuerzas israelíes afirmaron que reanudaron sus bombardeos contra «infraestructuras» del movimiento islamista proiraní Hezbolá, en Beirut.
Por la noche, combatientes del movimiento chiita se enfrentaron a los helicópteros israelíes en el este del país, cerca de la frontera siria.
Una planta desaladora en Baréin sufrió daños el domingo tras un ataque con drones iraníes, afirmaron las autoridades locales, un día después de que Teherán acusara al país de una ofensiva similar en Qeshm, en Irán, que habría afectado al suministro de agua de 30 pueblos.
Este tipo de agresiones son aún limitadas, pero según dijo a AFP Esther Crauser-Delbourg, economista especializada en agua, «el primero que se atreva a atacar el agua desencadenará una guerra mucho más devastadora que la actual».
¿Por qué es tan importante el agua desalinizada?
En una de las regiones más áridas del mundo, donde el acceso al agua es diez veces inferior a la media global según el Banco Mundial, las plantas desaladoras desempeñan un papel fundamental para la economía y el consumo de agua potable de sus millones de habitantes.
Alrededor del 42 % de la capacidad global de desalinización se concentra en Oriente Medio, conforme a un reciente estudio publicado en la revista Nature.
En Emiratos Árabes Unidos, el 42 % del agua potable procede de estas plantas, mientras la cifra asciende al 70 % en Arabia Saudita, al 86 % en Omán y al 90 % en Kuwait, según una nota de 2022 del Instituto Francés de Relaciones Internacionales (Ifri).
«Allí, sin agua desalinizada, no hay nada», sentenció Crauser-Delbourg. Es especialmente estratégico en las grandes ciudades como Dubái y Riad.
Ya en 2010, un análisis de la CIA afirmaba que «la perturbación de las instalaciones de desalinización en la mayoría de los países árabes podría tener consecuencias más graves que la pérdida de cualquier otra industria o materia prima».
También en 2008, el sitio Wikileaks reveló un cable diplomático estadounidense que decía que «Riad debería ser evacuada en el plazo de una semana» si la planta de desalinización de Jubail -que abastece la urbe- o sus oleoductos resultaran «gravemente dañados o destruidos».
¿Qué amenazas pesan sobre estas instalaciones?
Además de los ataques señalados este fin de semana, estas plantas son vulnerables a cortes de energía y a posibles contaminaciones del agua de mar, en particular por mareas negras, afirmaron varios expertos a la AFP.
«Se ha reforzado la seguridad de acceso, los controles en el perímetro inmediato de las plantas», explicó a la AFP Philippe Bourdeaux, director de la zona África/Oriente Medio de la empresa francesa Veolia, que abastece de agua desalinizada a Arabia Saudita en Jubail y a Omán en las regiones de Mascate, Sur y Salalah.
«Evidentemente, los acontecimientos recientes nos hacen estar muy atentos. Seguimos muy de cerca la situación de las instalaciones», agregó, al precisar que en algunos países, las autoridades han colocado baterías de misiles alrededor de las plantas más grandes, frente a la amenaza de drones o misiles».
Para las mareas negras, en tanto, los operadores disponen de herramientas para reducir sus efectos nocivos.
¿Cuáles son los precedentes?
En la última década, se han producido algunos ataques contra plantas de desalinización: Yemen y Arabia Saudita se agredieron mutuamente y Gaza sufrió bombardeos israelíes, señaló el centro de reflexión californiano Pacific Institute, que lleva un registro de los conflictos relacionados con el agua.
Antes de 2016, hay que remontarse a 1991 y la guerra del Golfo para encontrar ataques de este tipo.
¿Qué consecuencias en caso de ataque?
Podría haber desde inconvenientes puntuales hasta consecuencias mucho más graves, si estos se prolongan.
«Es posible que veamos grandes ciudades en éxodo. Y luego racionamientos», pronosticó Crauser-Delbourg.
Además, se producirían efectos en cadena sobre la economía, en especial, en el turismo, la industria y los centros de datos, que consumen grandes cantidades de agua para su refrigeración.
No obstante, existen salvaguardas, matizó Bourdeaux. Según el responsable de Veolia, las plantas de desalinización suelen estar interconectadas, lo que puede limitar las consecuencias de la parada de una de ellas.
También suelen contar con varios días -de dos a siete- de consumo en reserva, agregó, lo suficiente para contener las penurias mientras las averías no se prolonguen demasiado.
Elegido este domingo para conducir Irán como nuevo líder supremo en lugar de su padre, eliminado en los ataques de Estados Unidos e Israel, Mojtaba Jamenei es una de las personalidades más influyentes de la república islámica.
El clérigo de 56 años no ostentaba ningún cargo oficial durante el mandato de su padre, pero se especulaba que actuaba entre los bastidores del poder en Teherán.
Se le considera cercano a los conservadores, especialmente por sus vínculos con los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la república islámica que rápidamente juró lealtad al nuevo líder.
También respaldaron su nombramiento el presidente Masud Pezeshkian, las fuerzas armadas y el poder judicial en apenas unas horas del anuncio oficial.
Debido a su discreción en ceremonias oficiales y en medios, la verdadera influencia del hijo de Jamenei había sido objeto de intensas especulaciones entre la población iraní y los círculos diplomáticos.
Fue designado por el máximo cuerpo clerical del país, la Asamblea de Expertos, en un comunicado publicado poco después de la medianoche del lunes (20H30 GMT del domingo).
Otros contendientes para liderar el país incluían a Alireza Arafi, uno de los tres miembros del consejo interino que dirigía el país, Mohsen Araki, e incluso Hassan Jomeini, el nieto del fundador de la república Islámica en 1979.
Finalmente, la asamblea optó por Mojtaba Jamenei, de 56 años, adoptando un enfoque hereditario que su padre Alí Jamenei había rechazado en un principio en 2024. La revolución islámica había puesto fin a un milenario régimen monárquico, organizado en dinastías.
El ayatolá Alí Jamenei, de 86 años y al frente del país desde 1989, murió el 28 de febrero en un ataque israelí efectuado en el arranque de su ofensiva junto con Estados Unidos.
El religioso, de barba entrecana y turbante negro de los «seyed» -los descendientes del profeta Mahoma-, fue presentado por algunos como el verdadero dirigente, que actuaría entre bastidores en la oficina del guía supremo, núcleo del poder en Irán.
Es también un veterano de la larga guerra entre Irán e Irak en los años 1980, en la que participó en una unidad de combate de los Guardianes de la Revolución. Por entonces, su padre ejerció de presidente iraní.
Cuando le impuso sanciones en 2019, el Tesoro de Estados Unidos había indicado que Mojtaba Jamenei «representaba al guía supremo oficialmente, aunque nunca fue elegido ni nombrado para un cargo gubernamental, aparte de sus funciones en la oficina de su padre».
Alí Jamenei «delegó parte de sus responsabilidades de liderazgo a su hijo», quien trabajó «en estrecha colaboración» con unidades de los Guardianes de la Revolución «para avanzar las ambiciones regionales desestabilizadoras de su padre y sus objetivos represivos internos», añadía el Tesoro estadounidense.
Opositores lo responsabilizan de desempeñar un papel en la violenta represión tras la reelección del presidente ultraconservador Mahmud Ahmadineyad en 2009, que provocó un amplio movimiento de protesta.
Según una investigación de Bloomberg, Mojtaba Jamenei se enriqueció considerablemente al tejer una extensa red de empresas fachada en el extranjero.
En el ámbito religioso estudió teología en la ciudad santa de Qom, al sur de Teherán, donde también impartió clases.
Alcanzó el título de hoyatoleslam, otorgado a clérigos de rango intermedio, inferior al de ayatolá que ostentaban su padre y Ruholá Jomeini. Sin embargo, tras su nombramiento como guía supremo, fue presentado como ayatolá.
Su esposa, Zahra Hadad Adel, hija de un expresidente del Parlamento, también pereció en los ataques del 28 de febrero que provocaron la muerte del guía supremo y de su esposa, según las autoridades iraníes.
El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advirtió el miércoles que cualquier sucesor de Alí Jamenei se convertiría «en un objetivo».
