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MARAS: El Control, Crimen y Migración de las pandillas que atenta con la seguridad de las naciones
En Chiapas pasan cosas como esta: cinco jóvenes de entre 18 y 24 años torturaron y asesinaron a Rudy Alonso Pacheco Niño, de 18 años, en el municipio de Acacoyagua, el pasado 26 de junio.
Dos de los presuntos asesinos, detenidos un mes después, son guatemaltecos, uno salvadoreño y tres mexicanos. Todos miembros de la mara Barrio-18.
Su víctima, a su vez, era mexicano que pertenecía a la «Mara Salvatrucha» (MS-13), de acuerdo con las autoridades.
Con la atención siempre puesta en su frontera norte, México olvida que el sur también existe en el mapa de la violencia.
Chiapas, estado del sur de México, empalmado con Centroamérica por su geografía, enfrenta graves problemas de seguridad atribuidos al arribo de jóvenes «maras».
Así llaman a los integrantes de pandillas centroamericanas como la «Mara Salvatrucha» y «Barrio 18», que son las más conocidas y que en Chiapas han reclutado ya a jóvenes mexicanos, desde hace al menos 20 años.
Héctor Castillo, investigador de la UNAM y especialista en grupos juveniles, lo compró al participar en un programa gubernamental que se llamó Hábitat, y que puso en marcha el gobierno de Felipe Calderón en distintas ciudades del país para prevenir la violencia.
Entre esas ciudades estaba Tapachula, capital de Chiapas y una de las ciudades más afectadas por la actividad de las «maras».
«El propósito era intervenir con los jóvenes, a partir de distintas actividades, para alejarlos de las pandillas, porque uno no puede llegar y enfrentar así nada más a las ‘maras'», explica.
Por algo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), desde 2004, consideró a las «maras» como «un problema que atenta no solamente contra la seguridad pública de las personas, sino también contra la seguridad nacional del Estado».
Pandillas en expansión
Hace años que México detectó las actividades de grupos de «maras» en el país. Desde 1996 al menos, de acuerdo con la CNDH y Héctor Castillo.
Su presencia, sin embargo, progresivamente se expandió hasta llegar a 23 estados del país y sumar más 5.000 integrantes hasta 2005, año en que la CNDH hizo el estudio.
En este advertía además que en Chiapas habían nacido ya otras «clicas» (grupos considerados como «familias» que pertenecen a las «maras»), que en 2001 ya sumaban 200 grupos con al menos 3.000 pandilleros.
El problema entonces no es reciente, afirman especialistas. Y tampoco simple, aclaran. El fenómeno de las pandillas centroamericanas que operan en México es una mezcla que combina migración, pobreza, crimen y corrupción, y que exhibe la falta de políticas públicas en la región y las fallidas estrategias de seguridad como el Plan Frontera Sur, el cual consiste básicamente en el reforzamiento de la seguridad policial y militar.
Esta estrategia, sin embargo, no ha disuadido la operación de las pandillas en Chiapas. Y aun peor, al parecer su número y sus actividades ha aumentado en los últimos dos años: de 13 supuestos pandilleros detenidos en 2016, el número se elevó a 161 hasta febrero de 2018, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas.
También aumentaron los homicidios vinculados a los enfrentamientos entre pandillas: de 18 ocurridos en 2016 pasaron a 22 en 2017 y este año suman 7, según las cifras oficiales.
Los especialistas advierten, sin embargo, que alrededor de estos números oficiales hay una «cifra negra», que impide conocer el total de los asesinatos o hechos violentos relacionados con las «maras», porque la mayoría de la veces sus delitos involucran migrantes sin documentos.
Para enfrentar el problema – que afecta sobre todo a los municipios de Suchiate, Tapachula, Mapastepec y Tuxtla Gutiérrez– las autoridades de Chiapas pusieron en marcha el Programa Antipandillas, que opera desde la Fiscalía de Inmigrantes.
Esta instancia colabora con los gobiernos de Guatemala y El Salvador, y ha detectado los vínculos entre las maras de Centroamérica y las que operan en México.
Incluso advierten que desde cárceles como «El Infiernito», en el departamento de Escuitla, Guatemala, o desde los centros de reinserción social para sentenciados 14 de Cintalapa y 3 de Tapachula salen las órdenes de asesinatos de los jefes maras a sus «clicas».
Así lo comprobaron cuando detuvieron a los asesinos de Rudy Alonso. De acuerdo con la investigación, en «El Infiernito» está recluido Fernando Muñoz Sinar, conocido como «El Happy» y/o «El Ratón», a quien identifican como el actual líder de la «clica» llamada «Sólo para Locos», de «Barrio 18».
En 2017 este líder contactó a Juan Carlos N, «El Pastrana», que se encuentra en el centro penitenciario número 14 de Cintalapa para formar una alianza para la venta de droga en toda la región del río Suchiate, la Costa de Chiapas y Tapachula.
Para ellos operaba Yener Aldair, conocido como «El Panzas», de 19 años, guatemalteco, quien encabezó el asesinato del joven mexicano vinculado con «MS-13» en Acacoyagua, por órdenes de «El Happy».
Pero la violencia en Chiapas no sólo ocurre entre pandillas. Los más vulnerables son los migrantes centroamericanos que salen de sus países para huir de estas.
Jóvenes detenidos como presuntos miembros de las “clicas” en Chiapas.
La doctora Ailsa Winton, investigadora de El Colegio de la Frontera Norte (Ecosur), explica que desde hace un par de años ha sucedido que los migrantes que abandonan sus países por el acecho de las pandillas, se encuentran en Chiapas a los mismos de quienes huyen.
«Se comenzó a escuchar que estos migrantes se habían topado con quienes los habían amenazado allá (en sus países) o que reconocía a pandilleros de su país aquí en México, en espacios públicos como el parque central de Tapachula o los albergues, donde las personas encargadas de estos han alertado de esta situación», explica.
Esto sucede porque los pandilleros siguen a sus víctimas, las persiguen hasta México, dice. Y aunque este tipo de situaciones ya se conocían, agrega, no hubo respuesta de las autoridades: ni atención ni protección para los migrantes, y tampoco investigación.
El riesgo de la criminalización
Centroamérica y México comparten una frontera de 1.149 kilómetros que se extiende desde el Océano Pacífico al Caribe y atraviesa algunos de los territorios más pobres de la región, donde apenas hay infraestructuras y empleo formal.
Parte de la frontera de 956 km entre México y Guatemala serpentea a lo largo de los ríos Suchiate y Usumacinta. Los 193 kilómetros restantes siguen el curso del río Hondo que divide a México de Belice.
En esa geografía Chiapas es la puerta de entrada de la migración proveniente de la cintura del continente. O como lo llaman ahora: del «Triángulo Norte» que forman Guatemala, El Salvador y Honduras, países donde la pobreza y la violencia de las pandillas han disparado los desplazamientos forzados.
Los números lo evidencian. De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 294.000 ciudadanos de esos países estaban registrados en 2017 como refugiados o solicitantes de asilo, lo que significa un aumento de 58% con respecto a 2016, y 16 veces más que en 2011.
La mayoría son mujeres y jóvenes que escapan del reclutamiento forzado de las maras o pandillas y de sus amenazas de muerte. «Están huyendo de la violencia», dice el investigador Iván Porras, también del Ecosur.
Para ellos, el primero de sus destinos es Estados Unidos, donde se encuentran 260.000 refugiados y solicitantes de asilo de Centroamérica, de acuerdo con cifras del ACNUR.
México –que ACNUR ya no considera un país de tránsito sino de destino– está en el segundo sitio con 12.700 solicitudes de asilo, seguido por Costa Rica con 3.200, Panamá con 1.400, y Nicaragua con 700.
Si la migración es un tema regional, también la seguridad lo es, dice el investigador Iván Porras. «No son fenómenos que puedan aislarse porque están vinculados», asegura.
Migración y seguridad a su vez están enganchados a las políticas migratorias de Estados Unidos y México, agrega Winton, del Ecosur.
«Si hay más controles migratorios en México y Estados Unidos, las personas que tienen que moverse están más sujetas a los grupos criminales, de quienes dependen para poder trasladarse de manera clandestina, pagándoles».
De modo que si cambia la política migratoria, cambia la migración y cambian los grupos criminales que se mueven en función de esos migrantes. Pero ni unos ni otros se detienen, a pesar de las políticas de seguridad que México ha aplicado como una especie de «tapón» para impedir que los centroamericanos lleguen a Estados Unidos.
Los resultados, parece, son contraproducentes debido a la corrupción de cuerpos policiacos y autoridades migratorias que extorsionan a los migrantes en su tránsito o son cómplices de los traficantes de personas.
De modo que los mecanismos de seguridad que ha implantado México para impedir la entrada de «maras», también han fermentado un caldo de cultivo para criminalizar la migración centroamericana y abandonarla a su suerte ante las acciones criminales de estos grupos.
«A quién recurren si están en el país de manera ilegal», pregunta Porras.
La presión migratoria
Apenas en enero de este año, los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras alertaron a México sobre los flujos masivos de pandilleros hacia Chiapas, como consecuencia de los operativos que esos países aplican contra esos grupos delictivos.
De inmediato se levantaron voces que demandaron a las autoridades federales y estatales controles más estrictos contra los migrantes que viajan sin papeles. Una de esas voces fue el Comité de Consulta y Participación Ciudadana en Materia de Seguridad Pública (Cocoparci).
Esta organización argumentó que los ciudadanos centroamericanos pueden recurrir a la Tarjeta de Visitante Regional (TVR), que en los últimos dos años ha permitido contabilizar aproximadamente 4.5 millones de ingresos legales por la frontera sur.
Una condición para acceder a la TVR es que los centroamericanos deben registrar y comprobar su identidad y domicilio. Por lo tanto, según la Cocoparci, muchos de quienes no tramitan la TVR es porque quiere ocultar quiénes son y de dónde vienen, tal vez porque tienen antecedentes penales.
Para Ailsa Winton, investigadora del Ecosur, estas son reacciones producto de la mala atención y comprensión de un problema como la violencia asociada a la migración y la movilidad, que termina distorsionando su percepción.
«Lo que sucede en Chiapas es que la gente ahora asocia más el refugio y a los refugiados con la criminalidad, y lo escuchamos en foros y de asociaciones civiles que argumentan que son los mismos criminales a quienes se les está beneficiando con la condición de refugiados», afirma.
Más allá de la xenofobia, que sí existe en México contra los centroamericanos, la preocupación de Winton es que, frente a esos argumentos y la falta de atención al problema, «las personas que necesitan protección quedan desprotegidas y los criminales pueden tener la libertad para seguir haciendo lo que hacen».
Ella y Porras coinciden que la atención debe ser regional y participar todos los gobiernos y autoridades involucradas.
Pero «no hay mucho interés, tampoco recursos asignados para atender el problema, y mucho menos comprensión sobre qué es la criminalidad, cómo operan esos grupos y su relación con la migración y movilidad en la región».
Por eso, historias como las de Rudy Alonso Pacheco, asesinado a machetazos, seguirán ocurriendo sin que nadie vuelva la vista hacia el sur.
Las autoridades de Grecia informaron que la situación provocada por los incendios forestales ha mejorado en comparación con los últimos días, aunque continúan las labores de vigilancia debido a la presencia de múltiples focos dispersos que podrían reactivarse.
El director de comunicaciones del cuerpo de bomberos, Vassilis Vathrakoyannis, declaró a la AFP que «la situación ha mejorado claramente en comparación con los últimos días, pero aún hay muchos focos dispersos, lo que significa que las fuerzas permanecen en el lugar para prevenir una posible reactivación».
Al inicio de la jornada, otra fuente del cuerpo de bomberos indicó que cerca de 30 aviones serían desplegados para combatir los incendios en las laderas de las montañas que rodean el golfo de Corinto, ubicado a unos 50 kilómetros al noroeste de Atenas.
Más de 500 bomberos fueron movilizados a comunidades cercanas al monte Citerón, situado a unos 60 kilómetros al noroeste de la capital griega, de acuerdo con el servicio de combate a incendios.
El área metropolitana de Atenas y la vecina isla de Eubea permanecían este martes bajo una alerta de riesgo de incendio casi máxima, informó el Ministerio de Protección Civil.
«Este es el período en el que normalmente vemos los incendios más grandes. Por lo tanto, debemos ser muy cuidadosos hasta el 20-25 de agosto», afirmó a ERT el director de investigación del Observatorio Nacional, Kostas Lagouvardos, quien además advirtió que las temperaturas aumentarán durante la semana.
Desde la semana pasada, los incendios forestales han causado la muerte de cinco bomberos. Dos fallecieron el domingo tras un choque de helicópteros Bell mientras participaban en las labores de extinción en las afueras occidentales de Atenas, mientras que otros tres perdieron la vida en incendios registrados en Creta y el Peloponeso.
Persisten focos activos y alto riesgo
El servicio de bomberos informó que otros incendios registrados en el país, incluido uno en la isla jónica de Cefalonia, se encuentran en gran medida bajo control.
Sin embargo, Theodore Giannaros, meteorólogo especializado en incendios forestales del Observatorio Nacional, aseguró a la AFP que se trata de «una de las peores crisis de incendios» que ha observado en los últimos ocho o diez años.
El Observatorio Nacional indicó que los vientos registrados a finales de julio fueron los más intensos en 15 años y que más de 13,000 hectáreas de bosque y tierras agrícolas han sido afectadas por el incendio declarado el viernes cerca de Atenas.
Las autoridades señalaron que todavía existen amplias zonas con focos activos o brasas que requieren vigilancia constante, ya que una ráfaga de viento podría provocar nuevos incendios.
La disminución de la intensidad del viento permitió el ingreso de aviones lanzaaguas, facilitando las labores para recuperar el control de la emergencia.
Según el canal Ertnews, el panorama ha mejorado durante las últimas horas y desde la madrugada del martes se reanudaron las descargas con medios aéreos, incluidos helicópteros, aprovechando condiciones meteorológicas más favorables.
«La ausencia de viento, la mayor humedad procedente del mar y el descenso de las temperaturas durante la noche han desempeñado un papel determinante en la mejora de la situación», indicó Ertnews.
El fuego también afectó varias localidades del golfo de Corinto, entre ellas Porto Germeno, donde se estima que decenas de viviendas fueron destruidas o resultaron dañadas.
Asimismo, la policía informó sobre la detención de dos personas por el incendio de Porto Germeno, el cual se presume que se originó por un cable eléctrico defectuoso.
Aunque las condiciones climáticas registradas desde la noche del lunes limitaron el avance de las llamas y permitieron controlar numerosos focos dispersos antes del inicio de las operaciones aéreas del martes, Protección Civil advirtió que el riesgo de que se registren nuevos incendios continúa siendo «muy elevado».
Recolectores de basura en Italia lograron recuperar un boleto de lotería premiado con un millón de euros (1,1 millones de dólares), luego de que la ganadora solicitara ayuda para encontrarlo tras descubrir que lo había desechado por error, informó a la AFP la empresa de gestión de residuos SANB.
Según explicó Roberto Nicola Toscano, administrador de la empresa ubicada en la región de Puglia, al sur de Italia, el boleto de premio instantáneo estaba «milagrosamente todavía entero» después de que los trabajadores revisaran los residuos acumulados en un camión recolector.
Toscano relató que el domingo la mujer acudió a una tienda local para verificar su boleto, pero la máquina indicó que era «no pagadero», ya que ese tipo de comercios únicamente puede entregar premios de menor cuantía. Debido a ello, la ganadora, cuya identidad no fue revelada, no comprendió que había obtenido el premio mayor.
«La ganadora siempre jugaba los mismos números, porque estaban asociados a un ser querido», explicó Toscano.
Al regresar a su vivienda, un familiar le informó que los números que acostumbraba jugar habían resultado ganadores. La mujer volvió de inmediato a la tienda, pero descubrió que el boleto ya había sido desechado y que la basura había sido recogida.
«Reconstruimos el recorrido del boleto, sin mucha esperanza de encontrarlo, porque ya había sido recogido por un camión de basura», declaró Toscano a la AFP.
Pese a las dificultades, la empresa logró identificar el vehículo que transportaba los residuos y detenerlo antes de que continuara su recorrido.
Debido a los riesgos asociados al manejo de materiales potencialmente peligrosos, el camión fue trasladado a una empresa especializada para realizar la búsqueda del boleto.
Los trabajadores inspeccionaron los desechos durante más de un día, encontrando varios boletos y restos de cupones hasta localizar el documento premiado.
«Cuando informé a la ganadora que habían encontrado el boleto, ella lloró de emoción», relató Toscano.
El administrador explicó que la búsqueda implicó costos adicionales. Al tratarse de SANB, un organismo público con sede en Bitonto, en las afueras de Bari, esos gastos habrían recaído sobre los contribuyentes.
Por ello, indicó que la ganadora firmó un compromiso para «cubrir todos los costos adicionales» generados por el operativo de recuperación.
Cientos de personas permanecían este martes en refugios tras ser evacuadas de sus comunidades ubicadas en las faldas del volcán de Fuego, situado a 35 kilómetros de la capital de Guatemala, luego de una potente erupción de lava registrada el lunes que llevó al país a declarar la alerta de «peligro», el segundo nivel más alto.
El volcán de Fuego, considerado el más activo de Centroamérica, entró en fase eruptiva durante la mañana del lunes. Sin embargo, la actividad se intensificó por la noche con la expulsión de material incandescente y la formación de grandes columnas de gases y ceniza.
En las aldeas cercanas aún se desconoce el número total de personas evacuadas.
«Desde la mañana amaneció activo. Ya en la noche dieron la voz de alerta que había que evacuar», relató a la AFP Alejandro García, de 68 años, habitante del caserío Santo Domingo El Porvenir.
El residente explicó que la población decidió abandonar sus viviendas por temor al observar el descenso de lava por las laderas del volcán y recordó la erupción ocurrida el 3 de junio de 2018, que destruyó una comunidad, dejó 215 fallecidos y una cifra similar de personas desaparecidas.
Como parte de la atención a los afectados, se instalaron camas improvisadas en el salón de San Juan Alotenango, donde permanecen familias a la espera de que disminuya la actividad volcánica. Muchos evacuados salieron de sus hogares únicamente con ropa y algunos alimentos.
Asimismo, decenas de familias, muchas de ellas con niños, fueron trasladadas a refugios en el municipio de Escuintla, informaron las autoridades locales.
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) declaró la noche del lunes la alerta anaranjada a nivel nacional, previa a la alerta roja de emergencia, con el objetivo de que las instituciones estatales se preparen ante una eventual intensificación de la emergencia.
Persisten los riesgos
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó este martes que la actividad eruptiva acumulaba ya 23 horas desde su inicio y reiteró que persiste el riesgo de deslaves de material ardiente en los flancos sur del volcán.
Ante la situación, el Ministerio de Educación suspendió las clases presenciales hasta nuevo aviso en comunidades de tres municipios cercanos al coloso.
Por su parte, la Policía de Tránsito mantiene cerrada una carretera que rodea el volcán y conecta la costa sur con la ciudad colonial de Antigua, uno de los principales destinos turísticos del país.
Los especialistas del Insivumeh detallaron que la erupción genera una fuente de lava que alcanza entre 200 y 300 metros de altura sobre el cráter y que la columna de ceniza puede superar los 7,000 metros de altura.
Además, advirtieron que la ceniza se dispersa entre los 5,000 y 6,000 metros de altura y puede desplazarse hasta 130 kilómetros hacia el oeste, alcanzando incluso las costas del Pacífico.
Las autoridades recomendaron tomar precauciones con el tráfico aéreo, aunque hasta el momento las operaciones del aeropuerto internacional de Ciudad de Guatemala no han sido afectadas.
Las fases eruptivas más recientes del volcán de Fuego ocurrieron en febrero de este año y en junio de 2025, cuando unas 800 personas fueron evacuadas.
En 1932, una erupción del volcán expulsó cenizas que alcanzaron territorio de El Salvador, ubicado a 125 kilómetros de distancia, y Honduras, a 175 kilómetros.
El volcán de Fuego, con una altura de 3,763 metros sobre el nivel del mar, se encuentra a 65 kilómetros por carretera de la capital guatemalteca, entre los departamentos de Escuintla, Chimaltenango y Sacatepéquez. Es uno de los tres volcanes activos de Guatemala, junto con el Pacaya y el Santiaguito.
