Internacionales
MARAS: El Control, Crimen y Migración de las pandillas que atenta con la seguridad de las naciones
En Chiapas pasan cosas como esta: cinco jóvenes de entre 18 y 24 años torturaron y asesinaron a Rudy Alonso Pacheco Niño, de 18 años, en el municipio de Acacoyagua, el pasado 26 de junio.
Dos de los presuntos asesinos, detenidos un mes después, son guatemaltecos, uno salvadoreño y tres mexicanos. Todos miembros de la mara Barrio-18.
Su víctima, a su vez, era mexicano que pertenecía a la «Mara Salvatrucha» (MS-13), de acuerdo con las autoridades.
Con la atención siempre puesta en su frontera norte, México olvida que el sur también existe en el mapa de la violencia.
Chiapas, estado del sur de México, empalmado con Centroamérica por su geografía, enfrenta graves problemas de seguridad atribuidos al arribo de jóvenes «maras».
Así llaman a los integrantes de pandillas centroamericanas como la «Mara Salvatrucha» y «Barrio 18», que son las más conocidas y que en Chiapas han reclutado ya a jóvenes mexicanos, desde hace al menos 20 años.
Héctor Castillo, investigador de la UNAM y especialista en grupos juveniles, lo compró al participar en un programa gubernamental que se llamó Hábitat, y que puso en marcha el gobierno de Felipe Calderón en distintas ciudades del país para prevenir la violencia.
Entre esas ciudades estaba Tapachula, capital de Chiapas y una de las ciudades más afectadas por la actividad de las «maras».
«El propósito era intervenir con los jóvenes, a partir de distintas actividades, para alejarlos de las pandillas, porque uno no puede llegar y enfrentar así nada más a las ‘maras'», explica.
Por algo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), desde 2004, consideró a las «maras» como «un problema que atenta no solamente contra la seguridad pública de las personas, sino también contra la seguridad nacional del Estado».
Pandillas en expansión
Hace años que México detectó las actividades de grupos de «maras» en el país. Desde 1996 al menos, de acuerdo con la CNDH y Héctor Castillo.
Su presencia, sin embargo, progresivamente se expandió hasta llegar a 23 estados del país y sumar más 5.000 integrantes hasta 2005, año en que la CNDH hizo el estudio.
En este advertía además que en Chiapas habían nacido ya otras «clicas» (grupos considerados como «familias» que pertenecen a las «maras»), que en 2001 ya sumaban 200 grupos con al menos 3.000 pandilleros.
El problema entonces no es reciente, afirman especialistas. Y tampoco simple, aclaran. El fenómeno de las pandillas centroamericanas que operan en México es una mezcla que combina migración, pobreza, crimen y corrupción, y que exhibe la falta de políticas públicas en la región y las fallidas estrategias de seguridad como el Plan Frontera Sur, el cual consiste básicamente en el reforzamiento de la seguridad policial y militar.
Esta estrategia, sin embargo, no ha disuadido la operación de las pandillas en Chiapas. Y aun peor, al parecer su número y sus actividades ha aumentado en los últimos dos años: de 13 supuestos pandilleros detenidos en 2016, el número se elevó a 161 hasta febrero de 2018, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas.
También aumentaron los homicidios vinculados a los enfrentamientos entre pandillas: de 18 ocurridos en 2016 pasaron a 22 en 2017 y este año suman 7, según las cifras oficiales.
Los especialistas advierten, sin embargo, que alrededor de estos números oficiales hay una «cifra negra», que impide conocer el total de los asesinatos o hechos violentos relacionados con las «maras», porque la mayoría de la veces sus delitos involucran migrantes sin documentos.
Para enfrentar el problema – que afecta sobre todo a los municipios de Suchiate, Tapachula, Mapastepec y Tuxtla Gutiérrez– las autoridades de Chiapas pusieron en marcha el Programa Antipandillas, que opera desde la Fiscalía de Inmigrantes.
Esta instancia colabora con los gobiernos de Guatemala y El Salvador, y ha detectado los vínculos entre las maras de Centroamérica y las que operan en México.
Incluso advierten que desde cárceles como «El Infiernito», en el departamento de Escuitla, Guatemala, o desde los centros de reinserción social para sentenciados 14 de Cintalapa y 3 de Tapachula salen las órdenes de asesinatos de los jefes maras a sus «clicas».
Así lo comprobaron cuando detuvieron a los asesinos de Rudy Alonso. De acuerdo con la investigación, en «El Infiernito» está recluido Fernando Muñoz Sinar, conocido como «El Happy» y/o «El Ratón», a quien identifican como el actual líder de la «clica» llamada «Sólo para Locos», de «Barrio 18».
En 2017 este líder contactó a Juan Carlos N, «El Pastrana», que se encuentra en el centro penitenciario número 14 de Cintalapa para formar una alianza para la venta de droga en toda la región del río Suchiate, la Costa de Chiapas y Tapachula.
Para ellos operaba Yener Aldair, conocido como «El Panzas», de 19 años, guatemalteco, quien encabezó el asesinato del joven mexicano vinculado con «MS-13» en Acacoyagua, por órdenes de «El Happy».
Pero la violencia en Chiapas no sólo ocurre entre pandillas. Los más vulnerables son los migrantes centroamericanos que salen de sus países para huir de estas.
Jóvenes detenidos como presuntos miembros de las “clicas” en Chiapas.
La doctora Ailsa Winton, investigadora de El Colegio de la Frontera Norte (Ecosur), explica que desde hace un par de años ha sucedido que los migrantes que abandonan sus países por el acecho de las pandillas, se encuentran en Chiapas a los mismos de quienes huyen.
«Se comenzó a escuchar que estos migrantes se habían topado con quienes los habían amenazado allá (en sus países) o que reconocía a pandilleros de su país aquí en México, en espacios públicos como el parque central de Tapachula o los albergues, donde las personas encargadas de estos han alertado de esta situación», explica.
Esto sucede porque los pandilleros siguen a sus víctimas, las persiguen hasta México, dice. Y aunque este tipo de situaciones ya se conocían, agrega, no hubo respuesta de las autoridades: ni atención ni protección para los migrantes, y tampoco investigación.
El riesgo de la criminalización
Centroamérica y México comparten una frontera de 1.149 kilómetros que se extiende desde el Océano Pacífico al Caribe y atraviesa algunos de los territorios más pobres de la región, donde apenas hay infraestructuras y empleo formal.
Parte de la frontera de 956 km entre México y Guatemala serpentea a lo largo de los ríos Suchiate y Usumacinta. Los 193 kilómetros restantes siguen el curso del río Hondo que divide a México de Belice.
En esa geografía Chiapas es la puerta de entrada de la migración proveniente de la cintura del continente. O como lo llaman ahora: del «Triángulo Norte» que forman Guatemala, El Salvador y Honduras, países donde la pobreza y la violencia de las pandillas han disparado los desplazamientos forzados.
Los números lo evidencian. De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 294.000 ciudadanos de esos países estaban registrados en 2017 como refugiados o solicitantes de asilo, lo que significa un aumento de 58% con respecto a 2016, y 16 veces más que en 2011.
La mayoría son mujeres y jóvenes que escapan del reclutamiento forzado de las maras o pandillas y de sus amenazas de muerte. «Están huyendo de la violencia», dice el investigador Iván Porras, también del Ecosur.
Para ellos, el primero de sus destinos es Estados Unidos, donde se encuentran 260.000 refugiados y solicitantes de asilo de Centroamérica, de acuerdo con cifras del ACNUR.
México –que ACNUR ya no considera un país de tránsito sino de destino– está en el segundo sitio con 12.700 solicitudes de asilo, seguido por Costa Rica con 3.200, Panamá con 1.400, y Nicaragua con 700.
Si la migración es un tema regional, también la seguridad lo es, dice el investigador Iván Porras. «No son fenómenos que puedan aislarse porque están vinculados», asegura.
Migración y seguridad a su vez están enganchados a las políticas migratorias de Estados Unidos y México, agrega Winton, del Ecosur.
«Si hay más controles migratorios en México y Estados Unidos, las personas que tienen que moverse están más sujetas a los grupos criminales, de quienes dependen para poder trasladarse de manera clandestina, pagándoles».
De modo que si cambia la política migratoria, cambia la migración y cambian los grupos criminales que se mueven en función de esos migrantes. Pero ni unos ni otros se detienen, a pesar de las políticas de seguridad que México ha aplicado como una especie de «tapón» para impedir que los centroamericanos lleguen a Estados Unidos.
Los resultados, parece, son contraproducentes debido a la corrupción de cuerpos policiacos y autoridades migratorias que extorsionan a los migrantes en su tránsito o son cómplices de los traficantes de personas.
De modo que los mecanismos de seguridad que ha implantado México para impedir la entrada de «maras», también han fermentado un caldo de cultivo para criminalizar la migración centroamericana y abandonarla a su suerte ante las acciones criminales de estos grupos.
«A quién recurren si están en el país de manera ilegal», pregunta Porras.
La presión migratoria
Apenas en enero de este año, los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras alertaron a México sobre los flujos masivos de pandilleros hacia Chiapas, como consecuencia de los operativos que esos países aplican contra esos grupos delictivos.
De inmediato se levantaron voces que demandaron a las autoridades federales y estatales controles más estrictos contra los migrantes que viajan sin papeles. Una de esas voces fue el Comité de Consulta y Participación Ciudadana en Materia de Seguridad Pública (Cocoparci).
Esta organización argumentó que los ciudadanos centroamericanos pueden recurrir a la Tarjeta de Visitante Regional (TVR), que en los últimos dos años ha permitido contabilizar aproximadamente 4.5 millones de ingresos legales por la frontera sur.
Una condición para acceder a la TVR es que los centroamericanos deben registrar y comprobar su identidad y domicilio. Por lo tanto, según la Cocoparci, muchos de quienes no tramitan la TVR es porque quiere ocultar quiénes son y de dónde vienen, tal vez porque tienen antecedentes penales.
Para Ailsa Winton, investigadora del Ecosur, estas son reacciones producto de la mala atención y comprensión de un problema como la violencia asociada a la migración y la movilidad, que termina distorsionando su percepción.
«Lo que sucede en Chiapas es que la gente ahora asocia más el refugio y a los refugiados con la criminalidad, y lo escuchamos en foros y de asociaciones civiles que argumentan que son los mismos criminales a quienes se les está beneficiando con la condición de refugiados», afirma.
Más allá de la xenofobia, que sí existe en México contra los centroamericanos, la preocupación de Winton es que, frente a esos argumentos y la falta de atención al problema, «las personas que necesitan protección quedan desprotegidas y los criminales pueden tener la libertad para seguir haciendo lo que hacen».
Ella y Porras coinciden que la atención debe ser regional y participar todos los gobiernos y autoridades involucradas.
Pero «no hay mucho interés, tampoco recursos asignados para atender el problema, y mucho menos comprensión sobre qué es la criminalidad, cómo operan esos grupos y su relación con la migración y movilidad en la región».
Por eso, historias como las de Rudy Alonso Pacheco, asesinado a machetazos, seguirán ocurriendo sin que nadie vuelva la vista hacia el sur.
Internacionales
Tres residentes de Nueva York entran en cuarentena tras brote de hantavirus en crucero
Tres personas vinculadas al estado de Nueva York forman parte del grupo de pasajeros evacuados de un crucero afectado por un brote de hantavirus y trasladados a Estados Unidos para permanecer en cuarentena bajo vigilancia médica.
Las autoridades sanitarias insistieron este lunes en que el riesgo para la población general sigue siendo “muy bajo”, aunque el caso ha despertado preocupación por la naturaleza del virus y la muerte de tres pasajeros.
El Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York informó que los pasajeros llegaron a la base aérea Offutt, en Nebraska, junto con otros evacuados del crucero MV Hondius. Todos permanecerán bajo observación durante 42 días en instalaciones médicas especializadas.
El comisionado de Salud de la ciudad, Alister Martin, explicó que las autoridades locales trabajan de forma coordinada con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), el Departamento de Salud estatal y otras agencias para monitorear la situación.
“Actualmente, el riesgo para los neoyorquinos sigue siendo extremadamente bajo”, señaló Martin, en declaraciones recogidas por la agencia EFE, quien aseguró que las autoridades mantendrán informada a la población mientras continúa la vigilancia epidemiológica.
El brote ocurrió a bordo del MV Hondius, un crucero que navegaba desde Argentina hacia Cabo Verde, en África. Hasta el momento, 3 personas murieron a causa del virus: una pareja de los Países Bajos y un ciudadano alemán.
Pasajeros con conexión a Nueva York
Entre los pasajeros relacionados con Nueva York se encuentra Jake Rosmarin, de 29 años, originario del condado de Orange y actualmente residente en Boston. Rosmarin ha compartido en redes sociales detalles de su experiencia durante la cuarentena en Nebraska.
Según relató, inicialmente no comprendía la gravedad de la situación durante el viaje. Sin embargo, todo cambió cuando se confirmó que el brote estaba relacionado con hantavirus.
“Cuando escuchas sobre un virus que no conoces bien y lo buscas en internet, definitivamente asusta”, expresó Rosmarin.
El pasajero aseguró que no presenta síntomas y que decidió permanecer en cuarentena por precaución. También comentó que recibe atención constante en la Unidad Nacional de Cuarentena del Centro Médico de la Universidad de Nebraska.
“He recibido la mejor atención posible”, afirmó, al describir que cuenta con aire acondicionado, una bicicleta estática y comidas diarias mientras cumple el aislamiento.
Otro de los pasajeros vinculados con Nueva York es Stephen Kornfeld, oncólogo que aparecía registrado como residente de Nueva York, aunque actualmente vive en Bend, Oregon.
Kornfeld relató a medios estadounidenses que asumió gran parte de la respuesta médica a bordo después de que el médico del barco contrajera el virus.
“Todo empeoró en unas 24 horas”, explicó el especialista. “Uno de los pacientes falleció y otros comenzaron a deteriorarse rápidamente”.
La tercera pasajera relacionada con Nueva York es Mary Roefs, de 76 años y originaria de Sidney, en el condado de Delaware.
¿Qué se sabe sobre la cuarentena y el hantavirus?
Las autoridades sanitarias detallaron que de los 18 pasajeros repatriados, 17 estadounidenses y un residente británico en Estados Unidos, 16 permanecen en el Centro Médico de la Universidad de Nebraska, considerado el principal centro federal de cuarentena del país.
15 de ellos se encuentran en la Unidad Nacional de Cuarentena, mientras que un pasajero que dio positivo fue aislado en la unidad de biocontención de la instalación médica.
Otros 2 pasajeros fueron trasladados al Hospital Universitario Emory, en Atlanta. Uno presenta síntomas y recibe tratamiento especializado, mientras que el segundo permanece asintomático bajo observación médica.
Equipos de médicos y enfermeros monitorean a los pasajeros las 24 horas del día, según informaron los CDC.
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, afirmó que el estado sigue de cerca la evolución del brote, aunque pidió evitar el pánico.
“No se transmite de la misma manera que el coronavirus”, dijo Hochul, citada por ABC 7, quien aseguró que las autoridades estatales trabajan en medidas preventivas para responder rápidamente si fuera necesario.
A pesar de la preocupación generada por el caso del crucero, los CDC reiteraron que el riesgo para el público general continúa siendo bajo y que no existen señales de transmisión comunitaria en EE.UU.
Internacionales
Alcalde de NYC presenta un presupuesto final que refuerza programas a favor de la clase trabajadora
El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, presentó este martes un presupuesto ejecutivo de $124,7 mil millones para el año fiscal 2026- 2027, con una promesa política clara: equilibrar las finanzas municipales sin aumentar los impuestos a la propiedad y pasando la factura de una mayor carga de impuestos a los más ricos de la ciudad.
La propuesta que ya cuenta con un consenso claro con el Concejo Municipal llega después de que la administración heredara un déficit presupuestario, estimado en más de $12 mil millones, uno de los más grandes desde la Gran Recesión.
Según la Alcaldía, el plan en el papel logró cerrar la brecha mediante recortes de gastos administrativos, apoyo del gobierno estatal y nuevos impuestos dirigidos a millonarios y propietarios de viviendas de lujo.
“El presupuesto rechaza la supuesta austeridad aplicada en el pasado que quitaba beneficios sociales a los más pobres. Este esfuerzo demuestra que estamos en una nueva era en donde se invierte más en vivienda asequible, cuidado infantil, educación y librerías públicas ”, afirmó Mamdani al defender una estrategia que evita recortes masivos de servicios públicos y protege las reservas de emergencia de la ciudad.
Uno de los puntos más destacados es que el alcalde desistió de impulsar un aumento generalizado de impuestos a la propiedad, una medida que había generado preocupación entre propietarios de viviendas y pequeños negocios. En cambio logró el respaldo para nuevos gravámenes enfocados en los más adinerados.
Entre las medidas figura el llamado “pied-à-terre tax”, un impuesto para las personas que tengan segundas residencias valoradas en más de 5 millones de dólares, que aportaría unos 500 millones de dólares adicionales a las arcas municipales.
También se reduciría un crédito tributario conocido como ‘UBT tax credit’, que según el mandatario municipal beneficia principalmente a millonarios y generaría otros 68 millones de dólares en ingresos.
Notas de cautela
El contralor de la ciudad, Mark Levine, elogió que el plan sustituyera un posible aumento del impuesto inmobiliario por un recargo dirigido a las propiedades de lujo. Sin embargo, advirtió que el presupuesto todavía depende de medidas temporales y ahorros a corto plazo que no resuelven completamente los problemas estructurales de las finanzas municipales.
“El Presupuesto Ejecutivo se sustenta en $2,800 millones provenientes de medidas de carácter extraordinario y en $2,300 millones en ahorros a corto plazo en materia de pensiones, sin resolver el hecho de que el gobierno de la Ciudad continúa gastando más de lo que ingresa, incluso en un año de recaudación récord”, reconoció Levine.
Por su parte, la directora ejecutiva del Fiscal Policy Institute, Emily Eisner valoró que se ha cerrado el déficit sin recurrir a las reservas, ni aumentar las tasas del impuesto a la propiedad, sin embargo, la Ciudad se encuentra en una posición idónea para comenzar a implementar una agenda de asequibilidad.
“No obstante, lograr expansiones de servicios verdaderamente ambiciosas, tales como el cuidado infantil universal requerirán, en el futuro, ingresos adicionales”, ponderó.
Impacto en la clase trabajadora
El alcalde neoyorquino también destacó fuertes inversiones sociales que impactarán directamente a miles de familias hispanas y de clase trabajadora en los cinco condados de la ciudad.
Uno de los mayores aumentos presupuestarios se concentra en el cuidado infantil gratuito.
El plan contempla la expansión más grande en años de programas de educación temprana, incluyendo el lanzamiento del programa “2-K” para niños de dos años y la restauración de cupos perdidos en el programa “3-K”.
Organizaciones defensoras del cuidado infantil celebraron la medida argumentando que permitirá que más padres, especialmente madres trabajadoras, permanezcan en la fuerza laboral mientras reducen gastos familiares.
El presupuesto también aumenta fondos para vivienda asequible y asistencia de alquiler mediante programas como CityFHEPS, esenciales para comunidades inmigrantes y latinas que enfrentan altos niveles de inseguridad habitacional.
En educación, el gobierno municipal aseguró financiamiento permanente para el programa “Learning to Work”, dirigido a estudiantes rezagados que buscan completar su diploma de secundaria, además de nuevos recursos para programas de educación infantil y divulgación comunitaria.
Asimismo, la ciudad anunció la mayor inversión de capital en décadas para la Autoridad de Vivienda Pública de Nueva York (NYCHA), donde reside una significativa población hispana de bajos ingresos.
Transporte público en la fila
No obstante, el presupuesto enfrenta críticas en materia de transporte público, en donde no se perfila todavía la promesa de los “buses gratuitos”. Voceros de la organización Riders Alliance aseguró que el plan todavía no ofrece suficiente alivio económico para millones de usuarios del Subway y autobuses que enfrentan aumentos tarifarios y una ofensiva contra la evasión del pago.
El grupo pidió ampliar el programa Tarifas Justas ‘Fair Fares’ para que más trabajadores de bajos ingresos puedan acceder a descuentos o incluso transporte gratuito en subway, autobuses y paratránsito.
“Tanto el alcalde como el Concejo deben reducir los costos para los trabajadores ofreciendo tarifas justas a quienes se encuentren hasta el 300% del nivel federal de pobreza y permitir que los neoyorquinos de menores ingresos se desplacen y progresen mediante tarifas gratuitas de metro, autobús y paratránsito para quienes se sitúen hasta el 150% de la línea de pobreza”, reclamó Danny Pearlstein, director de Riders Alliance.
Según la organización, muchas familias trabajadoras continúan enfrentando “decisiones imposibles” para costear sus desplazamientos diarios.
“Queremos más”
Sectores progresistas y activistas también presionan para que Nueva York avance aún más en impuestos a los ricos.
La organización DREAM for NYC sostuvo que el nuevo impuesto a las viviendas de lujo representa apenas un primer paso y criticó a la gobernadora Kathy Hochul por no haber impulsado medidas tributarias más agresivas contra los multimillonarios.
“Gracias a meses de presión incansable, los neoyorquinos impidieron que la gobernadora saboteara la agenda de asequibilidad. Se pudo haber aplicado más taxes a los ricos desde el primer día para financiar lo que merecen los neoyorquinos trabajadores. En cambio, optó por facilitar el recorte fiscal de $12,000 millones de dólares de Trump en beneficio de los más ricos, a costa de la atención médica de casi medio millón de neoyorquinos”, destacaron en un comunicado.
Inversiones clave:
El presupuesto se enfoca en cinco pilares fundamentales para mejorar la calidad de vida y la estabilidad económica de las familias de la clase trabajadora:
$4,500 millones: La mayor partida se destina a construir y preservar apartamentos accesibles, atacando directamente el problema del alto costo de los alquileres.
$40 millones: Se busca ampliar el acceso a guarderías, facilitando que los padres (especialmente las madres trabajadoras) puedan permanecer en el mercado laboral.
$47.3 millones anuales: Fondos destinados a eliminar las barreras de acceso a servicios psicológicos y comunitarios para familias inmigrantes.
$20.5 millones: Programas de fortalecimiento para vendedores ambulantes, un sector con alta representación de la comunidad hispana.
$500 millones adicionales en 2028 para renovaciones integrales de complejos de NYCHA, con el objetivo de modernizar miles de apartamentos deteriorados en toda la ciudad.
Las autoridades panameñas capturaron a 16 personas que integran una red dedicada al tráfico internacional de drogas mediante la contaminación de contenedores en puertos de Panamá. Entre los detenidos figuran trabajadores portuarios, transportistas y funcionarios vinculados a operaciones logísticas que permitían introducir cargamentos ilícitos en contenedores con destino final hacia Europa.
La operación, denominada «Dársena Cero», fue ejecutada por la Dirección Nacional Antidrogas en coordinación con la Fiscalía de Drogas de Panamá y forma parte de investigaciones desarrolladas desde 2023, con apoyo de autoridades de Colombia y República Dominicana.
Según las investigaciones, la estructura criminal utilizaba contenedores provenientes de distintos países para introducir droga dentro de terminales portuarias panameñas antes de enviarlos hacia mercados europeos. Las autoridades detallaron que durante los operativos se logró relacionar a la red con decomisos de más de cinco toneladas de drogas.
Entre los casos vinculados aparece el contenedor procedente de El Salvador que transportaba café para exportación y que fue contaminado en territorio panameño con más de 1,152 paquetes de droga. Este caso generó falsos señalamientos en abril de 2025 luego de que sectores opositores intentaran culpar al Gobierno salvadoreño de estar relacionado con el narcotráfico.
Las investigaciones y la información oficial difundida este martes por el gobierno de Panamá confirmó, como se había explicado el año pasado, que el contenedor salió del puerto de Acajutla tras ser inspeccionado sin detectar ilícitos y su contaminación con droga fue en territorio panameño.
El ministro de Defensa, René Merino Monroy, explicó en el año pasado que la carga viajó inicialmente hacia el puerto de Balboa, en Panamá, donde permaneció almacenada varios días antes de ser trasladada a otro buque con rumbo a Manzanillo, Colón.
Fue en esa terminal donde las autoridades descubrieron la droga y detectaron además que los marchamos del contenedor habían sido alterados, evidenciando que la manipulación ocurrió durante el tránsito en Panamá y no en territorio salvadoreño.
