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MARAS: El Control, Crimen y Migración de las pandillas que atenta con la seguridad de las naciones
En Chiapas pasan cosas como esta: cinco jóvenes de entre 18 y 24 años torturaron y asesinaron a Rudy Alonso Pacheco Niño, de 18 años, en el municipio de Acacoyagua, el pasado 26 de junio.
Dos de los presuntos asesinos, detenidos un mes después, son guatemaltecos, uno salvadoreño y tres mexicanos. Todos miembros de la mara Barrio-18.
Su víctima, a su vez, era mexicano que pertenecía a la «Mara Salvatrucha» (MS-13), de acuerdo con las autoridades.
Con la atención siempre puesta en su frontera norte, México olvida que el sur también existe en el mapa de la violencia.
Chiapas, estado del sur de México, empalmado con Centroamérica por su geografía, enfrenta graves problemas de seguridad atribuidos al arribo de jóvenes «maras».
Así llaman a los integrantes de pandillas centroamericanas como la «Mara Salvatrucha» y «Barrio 18», que son las más conocidas y que en Chiapas han reclutado ya a jóvenes mexicanos, desde hace al menos 20 años.
Héctor Castillo, investigador de la UNAM y especialista en grupos juveniles, lo compró al participar en un programa gubernamental que se llamó Hábitat, y que puso en marcha el gobierno de Felipe Calderón en distintas ciudades del país para prevenir la violencia.
Entre esas ciudades estaba Tapachula, capital de Chiapas y una de las ciudades más afectadas por la actividad de las «maras».
«El propósito era intervenir con los jóvenes, a partir de distintas actividades, para alejarlos de las pandillas, porque uno no puede llegar y enfrentar así nada más a las ‘maras'», explica.
Por algo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), desde 2004, consideró a las «maras» como «un problema que atenta no solamente contra la seguridad pública de las personas, sino también contra la seguridad nacional del Estado».
Pandillas en expansión
Hace años que México detectó las actividades de grupos de «maras» en el país. Desde 1996 al menos, de acuerdo con la CNDH y Héctor Castillo.
Su presencia, sin embargo, progresivamente se expandió hasta llegar a 23 estados del país y sumar más 5.000 integrantes hasta 2005, año en que la CNDH hizo el estudio.
En este advertía además que en Chiapas habían nacido ya otras «clicas» (grupos considerados como «familias» que pertenecen a las «maras»), que en 2001 ya sumaban 200 grupos con al menos 3.000 pandilleros.
El problema entonces no es reciente, afirman especialistas. Y tampoco simple, aclaran. El fenómeno de las pandillas centroamericanas que operan en México es una mezcla que combina migración, pobreza, crimen y corrupción, y que exhibe la falta de políticas públicas en la región y las fallidas estrategias de seguridad como el Plan Frontera Sur, el cual consiste básicamente en el reforzamiento de la seguridad policial y militar.
Esta estrategia, sin embargo, no ha disuadido la operación de las pandillas en Chiapas. Y aun peor, al parecer su número y sus actividades ha aumentado en los últimos dos años: de 13 supuestos pandilleros detenidos en 2016, el número se elevó a 161 hasta febrero de 2018, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas.
También aumentaron los homicidios vinculados a los enfrentamientos entre pandillas: de 18 ocurridos en 2016 pasaron a 22 en 2017 y este año suman 7, según las cifras oficiales.
Los especialistas advierten, sin embargo, que alrededor de estos números oficiales hay una «cifra negra», que impide conocer el total de los asesinatos o hechos violentos relacionados con las «maras», porque la mayoría de la veces sus delitos involucran migrantes sin documentos.
Para enfrentar el problema – que afecta sobre todo a los municipios de Suchiate, Tapachula, Mapastepec y Tuxtla Gutiérrez– las autoridades de Chiapas pusieron en marcha el Programa Antipandillas, que opera desde la Fiscalía de Inmigrantes.
Esta instancia colabora con los gobiernos de Guatemala y El Salvador, y ha detectado los vínculos entre las maras de Centroamérica y las que operan en México.
Incluso advierten que desde cárceles como «El Infiernito», en el departamento de Escuitla, Guatemala, o desde los centros de reinserción social para sentenciados 14 de Cintalapa y 3 de Tapachula salen las órdenes de asesinatos de los jefes maras a sus «clicas».
Así lo comprobaron cuando detuvieron a los asesinos de Rudy Alonso. De acuerdo con la investigación, en «El Infiernito» está recluido Fernando Muñoz Sinar, conocido como «El Happy» y/o «El Ratón», a quien identifican como el actual líder de la «clica» llamada «Sólo para Locos», de «Barrio 18».
En 2017 este líder contactó a Juan Carlos N, «El Pastrana», que se encuentra en el centro penitenciario número 14 de Cintalapa para formar una alianza para la venta de droga en toda la región del río Suchiate, la Costa de Chiapas y Tapachula.
Para ellos operaba Yener Aldair, conocido como «El Panzas», de 19 años, guatemalteco, quien encabezó el asesinato del joven mexicano vinculado con «MS-13» en Acacoyagua, por órdenes de «El Happy».
Pero la violencia en Chiapas no sólo ocurre entre pandillas. Los más vulnerables son los migrantes centroamericanos que salen de sus países para huir de estas.
Jóvenes detenidos como presuntos miembros de las “clicas” en Chiapas.
La doctora Ailsa Winton, investigadora de El Colegio de la Frontera Norte (Ecosur), explica que desde hace un par de años ha sucedido que los migrantes que abandonan sus países por el acecho de las pandillas, se encuentran en Chiapas a los mismos de quienes huyen.
«Se comenzó a escuchar que estos migrantes se habían topado con quienes los habían amenazado allá (en sus países) o que reconocía a pandilleros de su país aquí en México, en espacios públicos como el parque central de Tapachula o los albergues, donde las personas encargadas de estos han alertado de esta situación», explica.
Esto sucede porque los pandilleros siguen a sus víctimas, las persiguen hasta México, dice. Y aunque este tipo de situaciones ya se conocían, agrega, no hubo respuesta de las autoridades: ni atención ni protección para los migrantes, y tampoco investigación.
El riesgo de la criminalización
Centroamérica y México comparten una frontera de 1.149 kilómetros que se extiende desde el Océano Pacífico al Caribe y atraviesa algunos de los territorios más pobres de la región, donde apenas hay infraestructuras y empleo formal.
Parte de la frontera de 956 km entre México y Guatemala serpentea a lo largo de los ríos Suchiate y Usumacinta. Los 193 kilómetros restantes siguen el curso del río Hondo que divide a México de Belice.
En esa geografía Chiapas es la puerta de entrada de la migración proveniente de la cintura del continente. O como lo llaman ahora: del «Triángulo Norte» que forman Guatemala, El Salvador y Honduras, países donde la pobreza y la violencia de las pandillas han disparado los desplazamientos forzados.
Los números lo evidencian. De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 294.000 ciudadanos de esos países estaban registrados en 2017 como refugiados o solicitantes de asilo, lo que significa un aumento de 58% con respecto a 2016, y 16 veces más que en 2011.
La mayoría son mujeres y jóvenes que escapan del reclutamiento forzado de las maras o pandillas y de sus amenazas de muerte. «Están huyendo de la violencia», dice el investigador Iván Porras, también del Ecosur.
Para ellos, el primero de sus destinos es Estados Unidos, donde se encuentran 260.000 refugiados y solicitantes de asilo de Centroamérica, de acuerdo con cifras del ACNUR.
México –que ACNUR ya no considera un país de tránsito sino de destino– está en el segundo sitio con 12.700 solicitudes de asilo, seguido por Costa Rica con 3.200, Panamá con 1.400, y Nicaragua con 700.
Si la migración es un tema regional, también la seguridad lo es, dice el investigador Iván Porras. «No son fenómenos que puedan aislarse porque están vinculados», asegura.
Migración y seguridad a su vez están enganchados a las políticas migratorias de Estados Unidos y México, agrega Winton, del Ecosur.
«Si hay más controles migratorios en México y Estados Unidos, las personas que tienen que moverse están más sujetas a los grupos criminales, de quienes dependen para poder trasladarse de manera clandestina, pagándoles».
De modo que si cambia la política migratoria, cambia la migración y cambian los grupos criminales que se mueven en función de esos migrantes. Pero ni unos ni otros se detienen, a pesar de las políticas de seguridad que México ha aplicado como una especie de «tapón» para impedir que los centroamericanos lleguen a Estados Unidos.
Los resultados, parece, son contraproducentes debido a la corrupción de cuerpos policiacos y autoridades migratorias que extorsionan a los migrantes en su tránsito o son cómplices de los traficantes de personas.
De modo que los mecanismos de seguridad que ha implantado México para impedir la entrada de «maras», también han fermentado un caldo de cultivo para criminalizar la migración centroamericana y abandonarla a su suerte ante las acciones criminales de estos grupos.
«A quién recurren si están en el país de manera ilegal», pregunta Porras.
La presión migratoria
Apenas en enero de este año, los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras alertaron a México sobre los flujos masivos de pandilleros hacia Chiapas, como consecuencia de los operativos que esos países aplican contra esos grupos delictivos.
De inmediato se levantaron voces que demandaron a las autoridades federales y estatales controles más estrictos contra los migrantes que viajan sin papeles. Una de esas voces fue el Comité de Consulta y Participación Ciudadana en Materia de Seguridad Pública (Cocoparci).
Esta organización argumentó que los ciudadanos centroamericanos pueden recurrir a la Tarjeta de Visitante Regional (TVR), que en los últimos dos años ha permitido contabilizar aproximadamente 4.5 millones de ingresos legales por la frontera sur.
Una condición para acceder a la TVR es que los centroamericanos deben registrar y comprobar su identidad y domicilio. Por lo tanto, según la Cocoparci, muchos de quienes no tramitan la TVR es porque quiere ocultar quiénes son y de dónde vienen, tal vez porque tienen antecedentes penales.
Para Ailsa Winton, investigadora del Ecosur, estas son reacciones producto de la mala atención y comprensión de un problema como la violencia asociada a la migración y la movilidad, que termina distorsionando su percepción.
«Lo que sucede en Chiapas es que la gente ahora asocia más el refugio y a los refugiados con la criminalidad, y lo escuchamos en foros y de asociaciones civiles que argumentan que son los mismos criminales a quienes se les está beneficiando con la condición de refugiados», afirma.
Más allá de la xenofobia, que sí existe en México contra los centroamericanos, la preocupación de Winton es que, frente a esos argumentos y la falta de atención al problema, «las personas que necesitan protección quedan desprotegidas y los criminales pueden tener la libertad para seguir haciendo lo que hacen».
Ella y Porras coinciden que la atención debe ser regional y participar todos los gobiernos y autoridades involucradas.
Pero «no hay mucho interés, tampoco recursos asignados para atender el problema, y mucho menos comprensión sobre qué es la criminalidad, cómo operan esos grupos y su relación con la migración y movilidad en la región».
Por eso, historias como las de Rudy Alonso Pacheco, asesinado a machetazos, seguirán ocurriendo sin que nadie vuelva la vista hacia el sur.
Una potente tormenta invernal, que los meteorólogos denominan “ciclón bomba”, ha azotado y paralizado el noreste de Estados Unidos. Más de 40 millones de personas están bajo advertencia de tormenta de nieve en la mañana de este lunes.
Asimismo, más de 260.000 usuarios de la región del Atlántico medio permanecen sin suministro eléctrico, principalmente en los estados de Nueva Jersey y Delaware. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, declaró el estado de emergencia el domingo y dispuso una prohibición de circulación de vehículos en toda la ciudad desde las nueve de la noche del domingo hasta el mediodía del lunes.
Muchos distritos escolares, incluidos los de las ciudades de Nueva York y Boston, declararon el lunes un “día de nieve” y suspendieron las clases presenciales, sin ofrecer enseñanza virtual. Miles de vuelos han sido cancelados en todo el país y los aeropuertos del área de Nueva York son los que han experimentado la mayor cantidad de interrupciones. Desde hace tiempo, expertos científicos vienen alertando de que el agravamiento de la crisis climática está provocando tormentas invernales cada vez más intensas.
La investigadora de la Universidad de Pensilvania Anabelle Horton afirmó que los datos muestran “que estas tormentas del nordeste, sumamente intensas y devastadoras, se volverán cada vez más destructivas y potentes en un clima cambiante”.
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Arrestan al exembajador británico en EE.UU. Peter Mandelson, en medio de una investigación relacionada con el caso de Jeffry Epstein
En el Reino Unido, las autoridades policiales han liberado al exembajador británico en Estados Unidos Peter Mandelson, horas después de haberlo arrestado por acusaciones de que compartió información confidencial de su Gobierno con el fallecido traficante sexual Jeffrey Epstein.
La Policía Metropolitana de Londres, que comenzó a investigar a Mandelson a principios de febrero, dijo que lo había arrestado “bajo sospecha de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público”. El arresto de Mandelson se produce pocos días después de que el expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor fuera arrestado por el mismo delito.
Mandelson, quien se desempeñó como ministro del Gobierno del Reino Unido entre 1997 y 2001, y entre 2008 y 2010, fue destituido de su cargo como embajador en Estados Unidos en septiembre de 2025, luego a que se divulgara nueva información sobre su relación con Epstein.
En la actualidad, cada vez más personas están pidiendo que el primer ministro británico, Keir Starmer, renuncie a su cargo, ya que este fue quien nombró a Mandelson como el principal enviado del Reino Unido a Estados Unidos. Estas fueron las palabras expresadas por la líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch.
Kemi Badenoch: “Este es un momento decisivo para el mandato de Keir Starmer. Ver al hombre que Starmer nombró para el puesto más importante de nuestro servicio diplomático ser arrestado por la policía, creo que es una imagen que permanecerá con todos nosotros durante muchos muchos años. Y cuando la gente piense en Keir Starmer y su mandato como primer ministro, recordarán el arresto de Peter Mandelson como un momento decisivo”.
El presidente del complejo monumental de Versalles fue nombrado este miércoles al frente del museo del Louvre de París, tras la dimisión de Laurence des Cars cuatro meses después del espectacular robo de varias joyas.
Aunque en un primer momento se rechazó la renuncia de Des Cars, el presidente francés, Emmanuel Macron, acabó por aceptarla el martes para dar «calma» y un nuevo impulso fuerte a la pinacoteca, indicó su oficina.
El hasta ahora responsable del Palacio de Versalles, Christophe Leribault, de 62 años, liderará esta nueva etapa al frente del Louvre, anunció la vocera del gobierno, Maud Bregeon, tras su nombramiento.
Tendrá la misión de «dar seguridad» y «modernizar» el museo, así como de llevar a cabo su ambicioso plan de renovación bautizado Louvre-Nuevo Renacimiento, precisó.
El martes, Des Cars presentó su dimisión a Macron. La funcionaria dijo al diario Le Figaro que «ya no se daban las condiciones para avanzar».
El Louvre se encuentra sumido en la polémica desde el 19 de octubre, cuando se produjo el sonado robo de las joyas, así como por problemas estructurales, huelgas de personal y casos de fraude en los boletos de entrada.
Aunque su ya expresidenta había alertado desde inicios 2025 del estado del museo, que alberga obras maestras como «La Gioconda» o la «Venus de Milo», el ‘modus operandi’ del robo aumentó la presión sobre ella.
Los ladrones irrumpieron a plena luz del día en el museo con ayuda de un montacargas y escaparon en menos de ocho minutos con el botín, que todavía no se ha localizado. Varios sospechosos fueron detenidos.
El Louvre también tuvo que cerrar una galería en noviembre debido al deterioro del edificio y sufrió un escape de agua que dañó cientos de obras de la biblioteca de antigüedades egipcias.
Leribault, historiador del arte y conservador general del patrimonio, presidía el palacio de Versalles desde febrero de 2024. Antes de ese complejo monumental, dirigió los museos parisinos de Orsay y de la Orangerie.
