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MARAS: El Control, Crimen y Migración de las pandillas que atenta con la seguridad de las naciones
En Chiapas pasan cosas como esta: cinco jóvenes de entre 18 y 24 años torturaron y asesinaron a Rudy Alonso Pacheco Niño, de 18 años, en el municipio de Acacoyagua, el pasado 26 de junio.
Dos de los presuntos asesinos, detenidos un mes después, son guatemaltecos, uno salvadoreño y tres mexicanos. Todos miembros de la mara Barrio-18.
Su víctima, a su vez, era mexicano que pertenecía a la «Mara Salvatrucha» (MS-13), de acuerdo con las autoridades.
Con la atención siempre puesta en su frontera norte, México olvida que el sur también existe en el mapa de la violencia.
Chiapas, estado del sur de México, empalmado con Centroamérica por su geografía, enfrenta graves problemas de seguridad atribuidos al arribo de jóvenes «maras».
Así llaman a los integrantes de pandillas centroamericanas como la «Mara Salvatrucha» y «Barrio 18», que son las más conocidas y que en Chiapas han reclutado ya a jóvenes mexicanos, desde hace al menos 20 años.
Héctor Castillo, investigador de la UNAM y especialista en grupos juveniles, lo compró al participar en un programa gubernamental que se llamó Hábitat, y que puso en marcha el gobierno de Felipe Calderón en distintas ciudades del país para prevenir la violencia.
Entre esas ciudades estaba Tapachula, capital de Chiapas y una de las ciudades más afectadas por la actividad de las «maras».
«El propósito era intervenir con los jóvenes, a partir de distintas actividades, para alejarlos de las pandillas, porque uno no puede llegar y enfrentar así nada más a las ‘maras'», explica.
Por algo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), desde 2004, consideró a las «maras» como «un problema que atenta no solamente contra la seguridad pública de las personas, sino también contra la seguridad nacional del Estado».
Pandillas en expansión
Hace años que México detectó las actividades de grupos de «maras» en el país. Desde 1996 al menos, de acuerdo con la CNDH y Héctor Castillo.
Su presencia, sin embargo, progresivamente se expandió hasta llegar a 23 estados del país y sumar más 5.000 integrantes hasta 2005, año en que la CNDH hizo el estudio.
En este advertía además que en Chiapas habían nacido ya otras «clicas» (grupos considerados como «familias» que pertenecen a las «maras»), que en 2001 ya sumaban 200 grupos con al menos 3.000 pandilleros.
El problema entonces no es reciente, afirman especialistas. Y tampoco simple, aclaran. El fenómeno de las pandillas centroamericanas que operan en México es una mezcla que combina migración, pobreza, crimen y corrupción, y que exhibe la falta de políticas públicas en la región y las fallidas estrategias de seguridad como el Plan Frontera Sur, el cual consiste básicamente en el reforzamiento de la seguridad policial y militar.
Esta estrategia, sin embargo, no ha disuadido la operación de las pandillas en Chiapas. Y aun peor, al parecer su número y sus actividades ha aumentado en los últimos dos años: de 13 supuestos pandilleros detenidos en 2016, el número se elevó a 161 hasta febrero de 2018, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas.
También aumentaron los homicidios vinculados a los enfrentamientos entre pandillas: de 18 ocurridos en 2016 pasaron a 22 en 2017 y este año suman 7, según las cifras oficiales.
Los especialistas advierten, sin embargo, que alrededor de estos números oficiales hay una «cifra negra», que impide conocer el total de los asesinatos o hechos violentos relacionados con las «maras», porque la mayoría de la veces sus delitos involucran migrantes sin documentos.
Para enfrentar el problema – que afecta sobre todo a los municipios de Suchiate, Tapachula, Mapastepec y Tuxtla Gutiérrez– las autoridades de Chiapas pusieron en marcha el Programa Antipandillas, que opera desde la Fiscalía de Inmigrantes.
Esta instancia colabora con los gobiernos de Guatemala y El Salvador, y ha detectado los vínculos entre las maras de Centroamérica y las que operan en México.
Incluso advierten que desde cárceles como «El Infiernito», en el departamento de Escuitla, Guatemala, o desde los centros de reinserción social para sentenciados 14 de Cintalapa y 3 de Tapachula salen las órdenes de asesinatos de los jefes maras a sus «clicas».
Así lo comprobaron cuando detuvieron a los asesinos de Rudy Alonso. De acuerdo con la investigación, en «El Infiernito» está recluido Fernando Muñoz Sinar, conocido como «El Happy» y/o «El Ratón», a quien identifican como el actual líder de la «clica» llamada «Sólo para Locos», de «Barrio 18».
En 2017 este líder contactó a Juan Carlos N, «El Pastrana», que se encuentra en el centro penitenciario número 14 de Cintalapa para formar una alianza para la venta de droga en toda la región del río Suchiate, la Costa de Chiapas y Tapachula.
Para ellos operaba Yener Aldair, conocido como «El Panzas», de 19 años, guatemalteco, quien encabezó el asesinato del joven mexicano vinculado con «MS-13» en Acacoyagua, por órdenes de «El Happy».
Pero la violencia en Chiapas no sólo ocurre entre pandillas. Los más vulnerables son los migrantes centroamericanos que salen de sus países para huir de estas.
Jóvenes detenidos como presuntos miembros de las “clicas” en Chiapas.
La doctora Ailsa Winton, investigadora de El Colegio de la Frontera Norte (Ecosur), explica que desde hace un par de años ha sucedido que los migrantes que abandonan sus países por el acecho de las pandillas, se encuentran en Chiapas a los mismos de quienes huyen.
«Se comenzó a escuchar que estos migrantes se habían topado con quienes los habían amenazado allá (en sus países) o que reconocía a pandilleros de su país aquí en México, en espacios públicos como el parque central de Tapachula o los albergues, donde las personas encargadas de estos han alertado de esta situación», explica.
Esto sucede porque los pandilleros siguen a sus víctimas, las persiguen hasta México, dice. Y aunque este tipo de situaciones ya se conocían, agrega, no hubo respuesta de las autoridades: ni atención ni protección para los migrantes, y tampoco investigación.
El riesgo de la criminalización
Centroamérica y México comparten una frontera de 1.149 kilómetros que se extiende desde el Océano Pacífico al Caribe y atraviesa algunos de los territorios más pobres de la región, donde apenas hay infraestructuras y empleo formal.
Parte de la frontera de 956 km entre México y Guatemala serpentea a lo largo de los ríos Suchiate y Usumacinta. Los 193 kilómetros restantes siguen el curso del río Hondo que divide a México de Belice.
En esa geografía Chiapas es la puerta de entrada de la migración proveniente de la cintura del continente. O como lo llaman ahora: del «Triángulo Norte» que forman Guatemala, El Salvador y Honduras, países donde la pobreza y la violencia de las pandillas han disparado los desplazamientos forzados.
Los números lo evidencian. De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 294.000 ciudadanos de esos países estaban registrados en 2017 como refugiados o solicitantes de asilo, lo que significa un aumento de 58% con respecto a 2016, y 16 veces más que en 2011.
La mayoría son mujeres y jóvenes que escapan del reclutamiento forzado de las maras o pandillas y de sus amenazas de muerte. «Están huyendo de la violencia», dice el investigador Iván Porras, también del Ecosur.
Para ellos, el primero de sus destinos es Estados Unidos, donde se encuentran 260.000 refugiados y solicitantes de asilo de Centroamérica, de acuerdo con cifras del ACNUR.
México –que ACNUR ya no considera un país de tránsito sino de destino– está en el segundo sitio con 12.700 solicitudes de asilo, seguido por Costa Rica con 3.200, Panamá con 1.400, y Nicaragua con 700.
Si la migración es un tema regional, también la seguridad lo es, dice el investigador Iván Porras. «No son fenómenos que puedan aislarse porque están vinculados», asegura.
Migración y seguridad a su vez están enganchados a las políticas migratorias de Estados Unidos y México, agrega Winton, del Ecosur.
«Si hay más controles migratorios en México y Estados Unidos, las personas que tienen que moverse están más sujetas a los grupos criminales, de quienes dependen para poder trasladarse de manera clandestina, pagándoles».
De modo que si cambia la política migratoria, cambia la migración y cambian los grupos criminales que se mueven en función de esos migrantes. Pero ni unos ni otros se detienen, a pesar de las políticas de seguridad que México ha aplicado como una especie de «tapón» para impedir que los centroamericanos lleguen a Estados Unidos.
Los resultados, parece, son contraproducentes debido a la corrupción de cuerpos policiacos y autoridades migratorias que extorsionan a los migrantes en su tránsito o son cómplices de los traficantes de personas.
De modo que los mecanismos de seguridad que ha implantado México para impedir la entrada de «maras», también han fermentado un caldo de cultivo para criminalizar la migración centroamericana y abandonarla a su suerte ante las acciones criminales de estos grupos.
«A quién recurren si están en el país de manera ilegal», pregunta Porras.
La presión migratoria
Apenas en enero de este año, los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras alertaron a México sobre los flujos masivos de pandilleros hacia Chiapas, como consecuencia de los operativos que esos países aplican contra esos grupos delictivos.
De inmediato se levantaron voces que demandaron a las autoridades federales y estatales controles más estrictos contra los migrantes que viajan sin papeles. Una de esas voces fue el Comité de Consulta y Participación Ciudadana en Materia de Seguridad Pública (Cocoparci).
Esta organización argumentó que los ciudadanos centroamericanos pueden recurrir a la Tarjeta de Visitante Regional (TVR), que en los últimos dos años ha permitido contabilizar aproximadamente 4.5 millones de ingresos legales por la frontera sur.
Una condición para acceder a la TVR es que los centroamericanos deben registrar y comprobar su identidad y domicilio. Por lo tanto, según la Cocoparci, muchos de quienes no tramitan la TVR es porque quiere ocultar quiénes son y de dónde vienen, tal vez porque tienen antecedentes penales.
Para Ailsa Winton, investigadora del Ecosur, estas son reacciones producto de la mala atención y comprensión de un problema como la violencia asociada a la migración y la movilidad, que termina distorsionando su percepción.
«Lo que sucede en Chiapas es que la gente ahora asocia más el refugio y a los refugiados con la criminalidad, y lo escuchamos en foros y de asociaciones civiles que argumentan que son los mismos criminales a quienes se les está beneficiando con la condición de refugiados», afirma.
Más allá de la xenofobia, que sí existe en México contra los centroamericanos, la preocupación de Winton es que, frente a esos argumentos y la falta de atención al problema, «las personas que necesitan protección quedan desprotegidas y los criminales pueden tener la libertad para seguir haciendo lo que hacen».
Ella y Porras coinciden que la atención debe ser regional y participar todos los gobiernos y autoridades involucradas.
Pero «no hay mucho interés, tampoco recursos asignados para atender el problema, y mucho menos comprensión sobre qué es la criminalidad, cómo operan esos grupos y su relación con la migración y movilidad en la región».
Por eso, historias como las de Rudy Alonso Pacheco, asesinado a machetazos, seguirán ocurriendo sin que nadie vuelva la vista hacia el sur.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó ayer la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto Trimestral (EOPIBT), correspondiente al periodo enero-marzo de 2026. Los resultados, con cifras ajustadas por estacionalidad, muestran que el Producto Interno Bruto (PIB) de México cayó 0.8 % en términos reales respecto al cuarto trimestre de 2025, la mayor contracción trimestral registrada desde 2024.
A tasa anual, el crecimiento fue de apenas 0.1 %, cifra que contrasta con el 1.8 % registrado en el cuarto trimestre del año previo y con el 0.6 % acumulado durante todo 2025.
Caída generalizada por sectores
El retroceso no se concentró en un solo sector. Las actividades primarias —que incluyen agricultura y ganadería— bajaron 1.4 % respecto al trimestre anterior, mientras que a tasa anual registraron una variación de -0.1 %.
Las actividades secundarias, que comprenden manufactura y construcción, cayeron 1.1 % trimestral y 1.1 % anual. Por su parte, las actividades terciarias —comercio y servicios— descendieron 0.6 % trimestral, aunque mantuvieron un crecimiento anual de 0.9 %.
Esta caída simultánea en los tres grandes sectores encendió alertas entre analistas. «Resulta preocupante observar que los tres tipos de actividades muestran una contracción trimestral», afirmó Gabriela Siller, directora de análisis económico de Grupo Financiero Base, en declaraciones recogidas por Bloomberg. «Esto abre la puerta a la posibilidad de que México esté atravesando una recesión», agregó.
Siller indicó además que su institución revisó a la baja su proyección de crecimiento anual para 2026, de 1.2 % a 1 %, aunque incorpora en el estimado el consumo adicional esperado por la Copa Mundial de la FIFA, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá a partir de junio.
El resultado llega en un entorno marcado por las tensiones arancelarias con Estados Unidos. Los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump a productos mexicanos han presionado la actividad exportadora del país, cuya economía depende en gran medida del comercio con su vecino del norte. A ello se suma la incertidumbre derivada de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), prevista para finales de este año.
La gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, advirtió esta semana ante el Senado que el conflicto en Oriente Medio podría agravar aún más las perspectivas de crecimiento para 2026, según reportó Bloomberg. El banco central mantiene por ahora una proyección de crecimiento anual de 1.4 % para el año en curso.
Frente a este panorama, la presidenta Claudia Sheinbaum impulsa una estrategia de inversión pública y privada conocida como «Plan México». A principios de abril, el Congreso aprobó una ley propuesta por su administración para agilizar la autorización de proyectos de infraestructura en carreteras, energía e infraestructura hídrica.
Desde que Sheinbaum asumió la presidencia a finales de 2024, el crecimiento de la inversión agregada ha pasado de alrededor de 2 % interanual a -6 % a finales del año pasado, según Bloomberg.
La mandataria ha argumentado en el pasado que los indicadores de bajo crecimiento del PIB no reflejan con fidelidad el bienestar de la población ni los avances en materia de reducción de pobreza.
El INEGI precisó que la estimación oportuna no reemplaza al cálculo tradicional del PIB, y que los resultados están sujetos a revisión conforme se incorpore nueva información estadística. La próxima publicación está prevista para el 30 de julio de 2026.
El empresario juzgado por corrupción en Madrid, Víctor de Aldama; junto al exministro español de Transportes, José Luis Ábalos; hombre clave en el ascenso de Pedro Sánchez, señaló este miércoles al presidente del gobierno de estar en el «escalafón 1» de la «banda organizada».
De Aldama, Ábalos, y su exasesor Koldo García se sientan en el banquillo de los acusados por presunta corrupción en la compra de millones de mascarillas durante la pandemia de la Covid-19 por parte de ministerios, gobiernos regionales socialistas o entes públicos como Puertos del Estado.
Este miércoles, estaba previsto que declarasen los tres acusados, pero solo hubo tiempo para uno, el empresario, cuyo interrogatorio se alargó más de seis horas. La vista se reanudará el jueves a las 08H00 GMT y el juicio podría acabar prolongándose hasta el martes 5 de mayo.
El No. 1
El primer acusado en declarar este miércoles fue De Aldama, que afirmó: «Yo obviamente estoy en la banda organizada, el señor presidente del Gobierno estaba en el escalafón 1, el señor Ábalos en el escalafón 2, el señor Koldo García en el 3 y yo en el 4».
Sánchez ya rechazó anteriormente las acusaciones de Aldama.
De Aldama explicó que, gracias a sus contactos internacionales y al respaldo de Ábalos desde su cargo, la trama pudo hacer negocios en países como México y Venezuela. También afirmó que actuó como intermediario, aprovechando su relación con Delcy Rodríguez, para que el Gobierno de Sánchez pasara de apoyar al opositor Juan Guaidó a interactuar con Nicolás Maduro, con el objetivo final de facilitar negocios.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, chocó ayer repetidamente con legisladores demócratas durante su primera comparecencia en el Congreso por la guerra con Irán, cuyo costo estimó hasta ahora en alrededor de $25,000 millones.
Junto al jefe del Estado Mayor del Ejército estadounidense, Dan Caine, Hegseth pasó varias horas frente a la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes.
Desde que Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva contra Teherán el 28 de febrero, parlamentarios de ambos partidos han lamentado la falta de información proporcionada por el ejecutivo.
Adam Smith, el demócrata de más alto rango de la comisión, apuntó a las repercusiones regionales de la guerra y a su costo tanto para las tropas estadounidenses como para los civiles, señalando que quería respuestas sobre hacia dónde se dirige el conflicto y el plan para alcanzar objetivos.
Trump aún no ha presentado públicamente un plan para poner fin a la guerra que llevó a Irán a cerrar el estrecho de Ormuz, lo que ha disparado los precios del petróleo.
Hegseth fue interpelado sobre el costo del conflicto.
El jefe del Pentágono preguntó al comité: «¿Cuánto vale garantizar que Irán nunca obtenga un arma nuclear?».
El representante demócrata John Garamendi acusó a Hegseth y a Trump de «mentir al pueblo estadounidense sobre esta guerra desde el primer día».
Describió lo que está ocurriendo en Oriente Medio como una «calamidad geopolítica, un error estratégico que ha derivado en una crisis económica mundial».
Entretanto, el congresista demócrata Seth Moulton le preguntó a Hegseth si aconsejó al presidente estadounidense atacar a Irán. El secretario no respondió, pero calificó de «buena idea» la decisión de hacerlo.
A la pregunta de si se había tenido en cuenta la posibilidad de que Irán bloqueara el estratégico estrecho de Ormuz, por el que transita normalmente el 20% del petróleo y del gas natural licuado mundiales, respondió que el Pentágono había «analizado todos los aspectos de ese riesgo». Hasta la fecha, Teherán ejerce un cuasi bloqueo de la navegación en el estrecho y Washington ha impuesto un bloqueo a los puertos iraníes.
Estados Unidos e Israel lanzaron el 28 de febrero una campaña aérea a gran escala contra el ejército y los dirigentes iraníes.
