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MARAS: El Control, Crimen y Migración de las pandillas que atenta con la seguridad de las naciones
En Chiapas pasan cosas como esta: cinco jóvenes de entre 18 y 24 años torturaron y asesinaron a Rudy Alonso Pacheco Niño, de 18 años, en el municipio de Acacoyagua, el pasado 26 de junio.
Dos de los presuntos asesinos, detenidos un mes después, son guatemaltecos, uno salvadoreño y tres mexicanos. Todos miembros de la mara Barrio-18.
Su víctima, a su vez, era mexicano que pertenecía a la «Mara Salvatrucha» (MS-13), de acuerdo con las autoridades.
Con la atención siempre puesta en su frontera norte, México olvida que el sur también existe en el mapa de la violencia.
Chiapas, estado del sur de México, empalmado con Centroamérica por su geografía, enfrenta graves problemas de seguridad atribuidos al arribo de jóvenes «maras».
Así llaman a los integrantes de pandillas centroamericanas como la «Mara Salvatrucha» y «Barrio 18», que son las más conocidas y que en Chiapas han reclutado ya a jóvenes mexicanos, desde hace al menos 20 años.
Héctor Castillo, investigador de la UNAM y especialista en grupos juveniles, lo compró al participar en un programa gubernamental que se llamó Hábitat, y que puso en marcha el gobierno de Felipe Calderón en distintas ciudades del país para prevenir la violencia.
Entre esas ciudades estaba Tapachula, capital de Chiapas y una de las ciudades más afectadas por la actividad de las «maras».
«El propósito era intervenir con los jóvenes, a partir de distintas actividades, para alejarlos de las pandillas, porque uno no puede llegar y enfrentar así nada más a las ‘maras'», explica.
Por algo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), desde 2004, consideró a las «maras» como «un problema que atenta no solamente contra la seguridad pública de las personas, sino también contra la seguridad nacional del Estado».
Pandillas en expansión
Hace años que México detectó las actividades de grupos de «maras» en el país. Desde 1996 al menos, de acuerdo con la CNDH y Héctor Castillo.
Su presencia, sin embargo, progresivamente se expandió hasta llegar a 23 estados del país y sumar más 5.000 integrantes hasta 2005, año en que la CNDH hizo el estudio.
En este advertía además que en Chiapas habían nacido ya otras «clicas» (grupos considerados como «familias» que pertenecen a las «maras»), que en 2001 ya sumaban 200 grupos con al menos 3.000 pandilleros.
El problema entonces no es reciente, afirman especialistas. Y tampoco simple, aclaran. El fenómeno de las pandillas centroamericanas que operan en México es una mezcla que combina migración, pobreza, crimen y corrupción, y que exhibe la falta de políticas públicas en la región y las fallidas estrategias de seguridad como el Plan Frontera Sur, el cual consiste básicamente en el reforzamiento de la seguridad policial y militar.
Esta estrategia, sin embargo, no ha disuadido la operación de las pandillas en Chiapas. Y aun peor, al parecer su número y sus actividades ha aumentado en los últimos dos años: de 13 supuestos pandilleros detenidos en 2016, el número se elevó a 161 hasta febrero de 2018, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas.
También aumentaron los homicidios vinculados a los enfrentamientos entre pandillas: de 18 ocurridos en 2016 pasaron a 22 en 2017 y este año suman 7, según las cifras oficiales.
Los especialistas advierten, sin embargo, que alrededor de estos números oficiales hay una «cifra negra», que impide conocer el total de los asesinatos o hechos violentos relacionados con las «maras», porque la mayoría de la veces sus delitos involucran migrantes sin documentos.
Para enfrentar el problema – que afecta sobre todo a los municipios de Suchiate, Tapachula, Mapastepec y Tuxtla Gutiérrez– las autoridades de Chiapas pusieron en marcha el Programa Antipandillas, que opera desde la Fiscalía de Inmigrantes.
Esta instancia colabora con los gobiernos de Guatemala y El Salvador, y ha detectado los vínculos entre las maras de Centroamérica y las que operan en México.
Incluso advierten que desde cárceles como «El Infiernito», en el departamento de Escuitla, Guatemala, o desde los centros de reinserción social para sentenciados 14 de Cintalapa y 3 de Tapachula salen las órdenes de asesinatos de los jefes maras a sus «clicas».
Así lo comprobaron cuando detuvieron a los asesinos de Rudy Alonso. De acuerdo con la investigación, en «El Infiernito» está recluido Fernando Muñoz Sinar, conocido como «El Happy» y/o «El Ratón», a quien identifican como el actual líder de la «clica» llamada «Sólo para Locos», de «Barrio 18».
En 2017 este líder contactó a Juan Carlos N, «El Pastrana», que se encuentra en el centro penitenciario número 14 de Cintalapa para formar una alianza para la venta de droga en toda la región del río Suchiate, la Costa de Chiapas y Tapachula.
Para ellos operaba Yener Aldair, conocido como «El Panzas», de 19 años, guatemalteco, quien encabezó el asesinato del joven mexicano vinculado con «MS-13» en Acacoyagua, por órdenes de «El Happy».
Pero la violencia en Chiapas no sólo ocurre entre pandillas. Los más vulnerables son los migrantes centroamericanos que salen de sus países para huir de estas.
Jóvenes detenidos como presuntos miembros de las “clicas” en Chiapas.
La doctora Ailsa Winton, investigadora de El Colegio de la Frontera Norte (Ecosur), explica que desde hace un par de años ha sucedido que los migrantes que abandonan sus países por el acecho de las pandillas, se encuentran en Chiapas a los mismos de quienes huyen.
«Se comenzó a escuchar que estos migrantes se habían topado con quienes los habían amenazado allá (en sus países) o que reconocía a pandilleros de su país aquí en México, en espacios públicos como el parque central de Tapachula o los albergues, donde las personas encargadas de estos han alertado de esta situación», explica.
Esto sucede porque los pandilleros siguen a sus víctimas, las persiguen hasta México, dice. Y aunque este tipo de situaciones ya se conocían, agrega, no hubo respuesta de las autoridades: ni atención ni protección para los migrantes, y tampoco investigación.
El riesgo de la criminalización
Centroamérica y México comparten una frontera de 1.149 kilómetros que se extiende desde el Océano Pacífico al Caribe y atraviesa algunos de los territorios más pobres de la región, donde apenas hay infraestructuras y empleo formal.
Parte de la frontera de 956 km entre México y Guatemala serpentea a lo largo de los ríos Suchiate y Usumacinta. Los 193 kilómetros restantes siguen el curso del río Hondo que divide a México de Belice.
En esa geografía Chiapas es la puerta de entrada de la migración proveniente de la cintura del continente. O como lo llaman ahora: del «Triángulo Norte» que forman Guatemala, El Salvador y Honduras, países donde la pobreza y la violencia de las pandillas han disparado los desplazamientos forzados.
Los números lo evidencian. De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 294.000 ciudadanos de esos países estaban registrados en 2017 como refugiados o solicitantes de asilo, lo que significa un aumento de 58% con respecto a 2016, y 16 veces más que en 2011.
La mayoría son mujeres y jóvenes que escapan del reclutamiento forzado de las maras o pandillas y de sus amenazas de muerte. «Están huyendo de la violencia», dice el investigador Iván Porras, también del Ecosur.
Para ellos, el primero de sus destinos es Estados Unidos, donde se encuentran 260.000 refugiados y solicitantes de asilo de Centroamérica, de acuerdo con cifras del ACNUR.
México –que ACNUR ya no considera un país de tránsito sino de destino– está en el segundo sitio con 12.700 solicitudes de asilo, seguido por Costa Rica con 3.200, Panamá con 1.400, y Nicaragua con 700.
Si la migración es un tema regional, también la seguridad lo es, dice el investigador Iván Porras. «No son fenómenos que puedan aislarse porque están vinculados», asegura.
Migración y seguridad a su vez están enganchados a las políticas migratorias de Estados Unidos y México, agrega Winton, del Ecosur.
«Si hay más controles migratorios en México y Estados Unidos, las personas que tienen que moverse están más sujetas a los grupos criminales, de quienes dependen para poder trasladarse de manera clandestina, pagándoles».
De modo que si cambia la política migratoria, cambia la migración y cambian los grupos criminales que se mueven en función de esos migrantes. Pero ni unos ni otros se detienen, a pesar de las políticas de seguridad que México ha aplicado como una especie de «tapón» para impedir que los centroamericanos lleguen a Estados Unidos.
Los resultados, parece, son contraproducentes debido a la corrupción de cuerpos policiacos y autoridades migratorias que extorsionan a los migrantes en su tránsito o son cómplices de los traficantes de personas.
De modo que los mecanismos de seguridad que ha implantado México para impedir la entrada de «maras», también han fermentado un caldo de cultivo para criminalizar la migración centroamericana y abandonarla a su suerte ante las acciones criminales de estos grupos.
«A quién recurren si están en el país de manera ilegal», pregunta Porras.
La presión migratoria
Apenas en enero de este año, los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras alertaron a México sobre los flujos masivos de pandilleros hacia Chiapas, como consecuencia de los operativos que esos países aplican contra esos grupos delictivos.
De inmediato se levantaron voces que demandaron a las autoridades federales y estatales controles más estrictos contra los migrantes que viajan sin papeles. Una de esas voces fue el Comité de Consulta y Participación Ciudadana en Materia de Seguridad Pública (Cocoparci).
Esta organización argumentó que los ciudadanos centroamericanos pueden recurrir a la Tarjeta de Visitante Regional (TVR), que en los últimos dos años ha permitido contabilizar aproximadamente 4.5 millones de ingresos legales por la frontera sur.
Una condición para acceder a la TVR es que los centroamericanos deben registrar y comprobar su identidad y domicilio. Por lo tanto, según la Cocoparci, muchos de quienes no tramitan la TVR es porque quiere ocultar quiénes son y de dónde vienen, tal vez porque tienen antecedentes penales.
Para Ailsa Winton, investigadora del Ecosur, estas son reacciones producto de la mala atención y comprensión de un problema como la violencia asociada a la migración y la movilidad, que termina distorsionando su percepción.
«Lo que sucede en Chiapas es que la gente ahora asocia más el refugio y a los refugiados con la criminalidad, y lo escuchamos en foros y de asociaciones civiles que argumentan que son los mismos criminales a quienes se les está beneficiando con la condición de refugiados», afirma.
Más allá de la xenofobia, que sí existe en México contra los centroamericanos, la preocupación de Winton es que, frente a esos argumentos y la falta de atención al problema, «las personas que necesitan protección quedan desprotegidas y los criminales pueden tener la libertad para seguir haciendo lo que hacen».
Ella y Porras coinciden que la atención debe ser regional y participar todos los gobiernos y autoridades involucradas.
Pero «no hay mucho interés, tampoco recursos asignados para atender el problema, y mucho menos comprensión sobre qué es la criminalidad, cómo operan esos grupos y su relación con la migración y movilidad en la región».
Por eso, historias como las de Rudy Alonso Pacheco, asesinado a machetazos, seguirán ocurriendo sin que nadie vuelva la vista hacia el sur.
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¡Irán estalla contra Trump! Lo acusa de sembrar miedo tras polémicas declaraciones sobre Los Ángeles y San Diego
Una nueva controversia diplomática enfrenta a Irán y Estados Unidos, luego de que el Gobierno iraní acusara al presidente Donald Trump de utilizar el miedo como estrategia política. La reacción surgió después de que el mandatario estadounidense mencionara la posibilidad de que Irán destruyera ciudades como Los Ángeles y San Diego durante un mitin celebrado el pasado lunes en Nebraska. Las declaraciones provocaron fuertes críticas de dirigentes políticos estadounidenses y una respuesta desde Teherán, que cuestionó el mensaje del presidente en medio de las tensiones militares entre ambos países.
El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, calificó las palabras de Trump como un ejemplo de la llamada política del miedo. A través de sus redes sociales, el funcionario sostuvo que Washington estaría utilizando amenazas hipotéticas para generar temor entre la población y desviar la atención de las consecuencias internacionales del conflicto. La polémica se intensificó por una frase del mandatario en la que mencionó la destrucción de ambas ciudades y habló de un precio pequeño que pagar, palabras que generaron rechazo entre políticos demócratas y republicanos de California.
Ante las críticas, Trump aseguró que sus declaraciones fueron sacadas de contexto y negó que estuviera justificando un ataque contra territorio estadounidense. El presidente explicó que se refería al aumento temporal del precio de la gasolina como un sacrificio económico para impedir que Irán obtenga armas nucleares. La Casa Blanca también defendió esa interpretación y afirmó que el objetivo de su administración es proteger a las ciudades estadounidenses. Mientras tanto, las diferencias entre Washington y Teherán mantienen la tensión internacional, con negociaciones indirectas sobre el conflicto y nuevas disputas alrededor del estratégico estrecho de Ormuz.
El papa León XIV sorprendió este domingo 11 de octubre al anunciar públicamente que deberá someterse a una intervención quirúrgica para extirpar un nódulo detectado en uno de sus pulmones. La noticia fue comunicada por el propio pontífice, de 71 años, al finalizar el rezo del Ángelus ante cientos de fieles reunidos en la plaza de San Pedro, en el Vaticano.
Durante su mensaje, el líder de la Iglesia católica explicó que la anomalía fue descubierta recientemente durante una serie de controles médicos. Según detalló, el nódulo fue identificado en una etapa muy temprana y se encuentra bien localizado, por lo que los especialistas recomendaron retirarlo mediante una operación. León XIV aseguró que decidió seguir las indicaciones de sus médicos y confirmó que el procedimiento ya está programado para los próximos días.
La intervención se realizará en el Policlínico Agostino Gemelli de Roma, uno de los centros médicos más reconocidos de Italia y que ha atendido a otros pontífices. Matteo Bruni, director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, informó que la cirugía está prevista para los primeros días de la próxima semana y que el papa permanecería hospitalizado aproximadamente siete días después de la operación.
Pese a la preocupación generada por el anuncio, el Vaticano no ha confirmado que el nódulo sea canceroso ni ha revelado un diagnóstico definitivo sobre su naturaleza. Los especialistas señalan que estas lesiones pueden ser benignas o malignas, por lo que será necesario esperar los resultados de las evaluaciones médicas. El pontífice agradeció las muestras de cariño y pidió a los creyentes que lo acompañen con sus oraciones durante este proceso.
La noticia llega a pocas semanas de una gira pastoral que León XIV tiene prevista por América Latina, con visitas a Uruguay, Argentina y Perú durante noviembre. Hasta el momento, la Santa Sede no ha anunciado la cancelación del viaje, aunque su participación en las próximas actividades dependerá de la evolución de su recuperación. Mientras tanto, millones de católicos permanecen atentos a los próximos comunicados oficiales sobre su estado de salud.
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Salvadoreña de 27 años es asesinada frente a sus tres hijos en México; buscan a su expareja por el crimen
La muerte de una joven salvadoreña ha causado conmoción en México y El Salvador. Karla Beatriz Macías Mutuo, de 27 años, fue asesinada con un arma blanca dentro de su vivienda en el municipio de Pesquería, estado de Nuevo León, mientras sus tres hijos menores de edad se encontraban en el inmueble. El crimen ocurrió la noche del viernes 2 de octubre de 2026, en una casa ubicada sobre la calle Arco, en la colonia Hacienda Montecarlo, donde la víctima residía desde hacía aproximadamente diez días.
De acuerdo con las investigaciones preliminares y testimonios de vecinos, durante la tarde del día del crimen se habría producido una fuerte discusión entre Karla Beatriz y su pareja sentimental. Horas después, alrededor de las 9:00 de la noche, los residentes escucharon el llanto de los menores y alertaron a las autoridades. Cuando los cuerpos de emergencia llegaron al domicilio, encontraron a la joven sin signos vitales y con heridas provocadas por un objeto punzocortante. Las primeras investigaciones señalan a su expareja como el principal sospechoso del homicidio.
Los tres hijos de la salvadoreña quedaron bajo protección del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), institución mexicana encargada de brindar asistencia a menores en situación de vulnerabilidad. Los reportes periodísticos presentan diferencias sobre las edades exactas de los niños, pero coinciden en que los tres estaban en la vivienda cuando ocurrió el ataque. La situación ha generado preocupación por su bienestar y por las medidas de protección que necesitarán después de la muerte de su madre.
La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó un avance importante en la investigación: el sospechoso ya fue identificado y se solicitó una orden de aprehensión en su contra. Alejandro Carlín, vicefiscal de Control y Desarrollo en Procuración de Justicia, informó que el hombre señalado como probable responsable también es de nacionalidad salvadoreña. El caso es investigado como un posible feminicidio y, hasta los últimos reportes consultados, no se había confirmado públicamente la captura del sospechoso. Las autoridades continúan las diligencias para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales correspondientes.
La tragedia también ha movilizado a personas cercanas a la víctima, quienes difundieron llamados para localizar a sus familiares en El Salvador y facilitar los trámites relacionados con su fallecimiento. El asesinato de Karla Beatriz deja a tres menores sin su madre y vuelve a poner en el centro de la discusión la violencia contra las mujeres, especialmente en casos donde existen antecedentes de conflictos o presuntas agresiones dentro de una relación. Mientras continúa la investigación, familiares y allegados esperan que el responsable sea localizado y llevado ante la justicia.
