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MARAS: El Control, Crimen y Migración de las pandillas que atenta con la seguridad de las naciones
En Chiapas pasan cosas como esta: cinco jóvenes de entre 18 y 24 años torturaron y asesinaron a Rudy Alonso Pacheco Niño, de 18 años, en el municipio de Acacoyagua, el pasado 26 de junio.
Dos de los presuntos asesinos, detenidos un mes después, son guatemaltecos, uno salvadoreño y tres mexicanos. Todos miembros de la mara Barrio-18.
Su víctima, a su vez, era mexicano que pertenecía a la «Mara Salvatrucha» (MS-13), de acuerdo con las autoridades.
Con la atención siempre puesta en su frontera norte, México olvida que el sur también existe en el mapa de la violencia.
Chiapas, estado del sur de México, empalmado con Centroamérica por su geografía, enfrenta graves problemas de seguridad atribuidos al arribo de jóvenes «maras».
Así llaman a los integrantes de pandillas centroamericanas como la «Mara Salvatrucha» y «Barrio 18», que son las más conocidas y que en Chiapas han reclutado ya a jóvenes mexicanos, desde hace al menos 20 años.
Héctor Castillo, investigador de la UNAM y especialista en grupos juveniles, lo compró al participar en un programa gubernamental que se llamó Hábitat, y que puso en marcha el gobierno de Felipe Calderón en distintas ciudades del país para prevenir la violencia.
Entre esas ciudades estaba Tapachula, capital de Chiapas y una de las ciudades más afectadas por la actividad de las «maras».
«El propósito era intervenir con los jóvenes, a partir de distintas actividades, para alejarlos de las pandillas, porque uno no puede llegar y enfrentar así nada más a las ‘maras'», explica.
Por algo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), desde 2004, consideró a las «maras» como «un problema que atenta no solamente contra la seguridad pública de las personas, sino también contra la seguridad nacional del Estado».
Pandillas en expansión
Hace años que México detectó las actividades de grupos de «maras» en el país. Desde 1996 al menos, de acuerdo con la CNDH y Héctor Castillo.
Su presencia, sin embargo, progresivamente se expandió hasta llegar a 23 estados del país y sumar más 5.000 integrantes hasta 2005, año en que la CNDH hizo el estudio.
En este advertía además que en Chiapas habían nacido ya otras «clicas» (grupos considerados como «familias» que pertenecen a las «maras»), que en 2001 ya sumaban 200 grupos con al menos 3.000 pandilleros.
El problema entonces no es reciente, afirman especialistas. Y tampoco simple, aclaran. El fenómeno de las pandillas centroamericanas que operan en México es una mezcla que combina migración, pobreza, crimen y corrupción, y que exhibe la falta de políticas públicas en la región y las fallidas estrategias de seguridad como el Plan Frontera Sur, el cual consiste básicamente en el reforzamiento de la seguridad policial y militar.
Esta estrategia, sin embargo, no ha disuadido la operación de las pandillas en Chiapas. Y aun peor, al parecer su número y sus actividades ha aumentado en los últimos dos años: de 13 supuestos pandilleros detenidos en 2016, el número se elevó a 161 hasta febrero de 2018, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas.
También aumentaron los homicidios vinculados a los enfrentamientos entre pandillas: de 18 ocurridos en 2016 pasaron a 22 en 2017 y este año suman 7, según las cifras oficiales.
Los especialistas advierten, sin embargo, que alrededor de estos números oficiales hay una «cifra negra», que impide conocer el total de los asesinatos o hechos violentos relacionados con las «maras», porque la mayoría de la veces sus delitos involucran migrantes sin documentos.
Para enfrentar el problema – que afecta sobre todo a los municipios de Suchiate, Tapachula, Mapastepec y Tuxtla Gutiérrez– las autoridades de Chiapas pusieron en marcha el Programa Antipandillas, que opera desde la Fiscalía de Inmigrantes.
Esta instancia colabora con los gobiernos de Guatemala y El Salvador, y ha detectado los vínculos entre las maras de Centroamérica y las que operan en México.
Incluso advierten que desde cárceles como «El Infiernito», en el departamento de Escuitla, Guatemala, o desde los centros de reinserción social para sentenciados 14 de Cintalapa y 3 de Tapachula salen las órdenes de asesinatos de los jefes maras a sus «clicas».
Así lo comprobaron cuando detuvieron a los asesinos de Rudy Alonso. De acuerdo con la investigación, en «El Infiernito» está recluido Fernando Muñoz Sinar, conocido como «El Happy» y/o «El Ratón», a quien identifican como el actual líder de la «clica» llamada «Sólo para Locos», de «Barrio 18».
En 2017 este líder contactó a Juan Carlos N, «El Pastrana», que se encuentra en el centro penitenciario número 14 de Cintalapa para formar una alianza para la venta de droga en toda la región del río Suchiate, la Costa de Chiapas y Tapachula.
Para ellos operaba Yener Aldair, conocido como «El Panzas», de 19 años, guatemalteco, quien encabezó el asesinato del joven mexicano vinculado con «MS-13» en Acacoyagua, por órdenes de «El Happy».
Pero la violencia en Chiapas no sólo ocurre entre pandillas. Los más vulnerables son los migrantes centroamericanos que salen de sus países para huir de estas.
Jóvenes detenidos como presuntos miembros de las “clicas” en Chiapas.
La doctora Ailsa Winton, investigadora de El Colegio de la Frontera Norte (Ecosur), explica que desde hace un par de años ha sucedido que los migrantes que abandonan sus países por el acecho de las pandillas, se encuentran en Chiapas a los mismos de quienes huyen.
«Se comenzó a escuchar que estos migrantes se habían topado con quienes los habían amenazado allá (en sus países) o que reconocía a pandilleros de su país aquí en México, en espacios públicos como el parque central de Tapachula o los albergues, donde las personas encargadas de estos han alertado de esta situación», explica.
Esto sucede porque los pandilleros siguen a sus víctimas, las persiguen hasta México, dice. Y aunque este tipo de situaciones ya se conocían, agrega, no hubo respuesta de las autoridades: ni atención ni protección para los migrantes, y tampoco investigación.
El riesgo de la criminalización
Centroamérica y México comparten una frontera de 1.149 kilómetros que se extiende desde el Océano Pacífico al Caribe y atraviesa algunos de los territorios más pobres de la región, donde apenas hay infraestructuras y empleo formal.
Parte de la frontera de 956 km entre México y Guatemala serpentea a lo largo de los ríos Suchiate y Usumacinta. Los 193 kilómetros restantes siguen el curso del río Hondo que divide a México de Belice.
En esa geografía Chiapas es la puerta de entrada de la migración proveniente de la cintura del continente. O como lo llaman ahora: del «Triángulo Norte» que forman Guatemala, El Salvador y Honduras, países donde la pobreza y la violencia de las pandillas han disparado los desplazamientos forzados.
Los números lo evidencian. De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 294.000 ciudadanos de esos países estaban registrados en 2017 como refugiados o solicitantes de asilo, lo que significa un aumento de 58% con respecto a 2016, y 16 veces más que en 2011.
La mayoría son mujeres y jóvenes que escapan del reclutamiento forzado de las maras o pandillas y de sus amenazas de muerte. «Están huyendo de la violencia», dice el investigador Iván Porras, también del Ecosur.
Para ellos, el primero de sus destinos es Estados Unidos, donde se encuentran 260.000 refugiados y solicitantes de asilo de Centroamérica, de acuerdo con cifras del ACNUR.
México –que ACNUR ya no considera un país de tránsito sino de destino– está en el segundo sitio con 12.700 solicitudes de asilo, seguido por Costa Rica con 3.200, Panamá con 1.400, y Nicaragua con 700.
Si la migración es un tema regional, también la seguridad lo es, dice el investigador Iván Porras. «No son fenómenos que puedan aislarse porque están vinculados», asegura.
Migración y seguridad a su vez están enganchados a las políticas migratorias de Estados Unidos y México, agrega Winton, del Ecosur.
«Si hay más controles migratorios en México y Estados Unidos, las personas que tienen que moverse están más sujetas a los grupos criminales, de quienes dependen para poder trasladarse de manera clandestina, pagándoles».
De modo que si cambia la política migratoria, cambia la migración y cambian los grupos criminales que se mueven en función de esos migrantes. Pero ni unos ni otros se detienen, a pesar de las políticas de seguridad que México ha aplicado como una especie de «tapón» para impedir que los centroamericanos lleguen a Estados Unidos.
Los resultados, parece, son contraproducentes debido a la corrupción de cuerpos policiacos y autoridades migratorias que extorsionan a los migrantes en su tránsito o son cómplices de los traficantes de personas.
De modo que los mecanismos de seguridad que ha implantado México para impedir la entrada de «maras», también han fermentado un caldo de cultivo para criminalizar la migración centroamericana y abandonarla a su suerte ante las acciones criminales de estos grupos.
«A quién recurren si están en el país de manera ilegal», pregunta Porras.
La presión migratoria
Apenas en enero de este año, los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras alertaron a México sobre los flujos masivos de pandilleros hacia Chiapas, como consecuencia de los operativos que esos países aplican contra esos grupos delictivos.
De inmediato se levantaron voces que demandaron a las autoridades federales y estatales controles más estrictos contra los migrantes que viajan sin papeles. Una de esas voces fue el Comité de Consulta y Participación Ciudadana en Materia de Seguridad Pública (Cocoparci).
Esta organización argumentó que los ciudadanos centroamericanos pueden recurrir a la Tarjeta de Visitante Regional (TVR), que en los últimos dos años ha permitido contabilizar aproximadamente 4.5 millones de ingresos legales por la frontera sur.
Una condición para acceder a la TVR es que los centroamericanos deben registrar y comprobar su identidad y domicilio. Por lo tanto, según la Cocoparci, muchos de quienes no tramitan la TVR es porque quiere ocultar quiénes son y de dónde vienen, tal vez porque tienen antecedentes penales.
Para Ailsa Winton, investigadora del Ecosur, estas son reacciones producto de la mala atención y comprensión de un problema como la violencia asociada a la migración y la movilidad, que termina distorsionando su percepción.
«Lo que sucede en Chiapas es que la gente ahora asocia más el refugio y a los refugiados con la criminalidad, y lo escuchamos en foros y de asociaciones civiles que argumentan que son los mismos criminales a quienes se les está beneficiando con la condición de refugiados», afirma.
Más allá de la xenofobia, que sí existe en México contra los centroamericanos, la preocupación de Winton es que, frente a esos argumentos y la falta de atención al problema, «las personas que necesitan protección quedan desprotegidas y los criminales pueden tener la libertad para seguir haciendo lo que hacen».
Ella y Porras coinciden que la atención debe ser regional y participar todos los gobiernos y autoridades involucradas.
Pero «no hay mucho interés, tampoco recursos asignados para atender el problema, y mucho menos comprensión sobre qué es la criminalidad, cómo operan esos grupos y su relación con la migración y movilidad en la región».
Por eso, historias como las de Rudy Alonso Pacheco, asesinado a machetazos, seguirán ocurriendo sin que nadie vuelva la vista hacia el sur.
El presidente y el primer ministro de Líbano acusaron a Israel de haber cometido un crimen de guerra tras el bombardeo que acabó con la vida de una periodista libanesa en el sur del país.
Los equipos de rescate y el medio con el que colaboraba confirmaron el miércoles el fallecimiento de Amal Jalil, una reportera de 42 años que trabajaba para el diario libanés Al Akhbar.
La agencia de defensa civil informó de que Jalil murió en un ataque contra una vivienda en la aldea de Al Tiri.
«Israel ataca deliberadamente a los periodistas para ocultar la verdad sobre sus crímenes contra Líbano», afirmó el presidente libanés, Joseph Aoun, en un comunicado en el que denunciaba «crímenes de guerra».
Un portavoz del ejército israelí declaró a AFP que «el incidente aún está bajo revisión».
Desde el viernes está en vigor en Líbano un alto al fuego de diez días en la guerra entre Israel y el movimiento proiraní Hezbolá, que ha dejado más de 2,400 muertos en territorio libanés.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró ayer que prevé reunirse con los líderes de Israel y Líbano en las próximas dos semanas, y expresó su esperanza de lograr un acuerdo de paz permanente este mismo año.
La UE aprobó finalmente un préstamo de 90,000 millones de euros ($105,000 millones) para Ucrania, que estuvo meses bloqueado por el veto de Hungría y que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha celebrado este jueves con los dirigentes del bloque en una cumbre europea en Chipre.
Los europeos también aprobaron un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, el vigésimo desde la invasión de la exrepública soviética en febrero de 2022, dirigidas al sector bancario ruso y que añaden nuevas restricciones a las exportaciones de petróleo, cuyos ingresos financian gran parte de su guerra contra Ucrania.
«Llegamos a Chipre con buenas noticias», declaró la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. «Mientras Rusia redobla su agresividad», Europa refuerza su apoyo a Ucrania y su «presión sobre la economía de guerra rusa».
El levantamiento del veto de Hungría, tras meses de bloqueo, permitirá que la Comisión Europea abone un primer tramo de este préstamo adoptado en diciembre.
El consenso también fue allanado después de que Eslovaquia retirara sus objeciones, luego de que Ucrania reanudara el flujo de petróleo ruso hacia Europa por el oleoducto Druzhba, que había sufrido daños.
«Se ha desbloqueado el punto muerto», dijo en X la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas. «La economía de guerra de Rusia está bajo una presión creciente, mientras que Ucrania cuenta con un apoyo fundamental», añadió.
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que se reunirá en Chipre con los jefes de Estado y de Gobierno de la UE, celebró la aprobación del préstamo europeo. Este «reforzará nuestro ejército, hará que Ucrania sea más resiliente y nos permitirá cumplir con nuestras obligaciones sociales para con los ucranianos», afirmó en un mensaje publicado en Facebook.
Retirar las minas en el estrecho de Ormuz podría llevar medio año, lo cual tendría un impacto en el precio de los hidrocarburos a nivel mundial, consideró el Pentágono durante una exposición clasificada en el Congreso estadounidense, según informó The Washington Post.
El estrecho de Ormuz ha estado prácticamente cerrado desde que estalló la guerra el 28 de febrero, desencadenada por los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán. Por esa vía solía transitar un 20 % de los hidrocarburos que se consumen en todo el mundo.
The Washington Post cita a tres responsables anónimos según los cuales «los parlamentarios fueron informados de que Irán podría haber puesto 20 minas o más en el estrecho de Ormuz y en los alrededores».
Peajes. Irán también aseguró que ha recibido los primeros ingresos procedentes de los peajes que impuso en el estratégico estrecho de Ormuz. Foto: AFP
Según la presentación de un responsable de Defensa, «algunas fueron colocadas en el agua, a distancia, gracias a tecnología GPS» y esto complica su detección. Otras las habrían emplazado mediante «embarcaciones pequeñas».
«Un cierre de seis meses del estrecho de Ormuz es una imposibilidad y algo completamente inaceptable», dijo un portavoz del Pentágono, Sean Parnell, en un comunicado enviado a la AFP en el que desmentía la noticia.
Parnell señaló que la noticia se basa en una «sesión informativa clasificada, a puerta cerrada» y que mucha de la información es «falsa».
Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, advirtieron a mediados de abril acerca de una «zona peligrosa» de 1,400 km² donde podría haber minas.
La semana pasada, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que Teherán «con la ayuda de Estados Unidos, [había] retirado o [estaba] retirando todas las minas marinas». Pero la república islámica no lo confirmó.
Según Teherán, los buques deben ser autorizados para salir o entrar en el Golfo a través de esa vía, mientras que Estados Unidos mantiene un bloqueo de los puertos iraníes desde el 13 de abril.
Peligro. Equipos de Estados Unidos están ayudando a desminar el estrecho de Ormuz. Foto: AFP
Vecinos son más afectados
El bloqueo naval de Estados Unidos a Irán debería ralentizar la producción petrolera del país en las próximas semanas, pero es prematuro predecir un colapso económico, estiman diversos analistas.
La apuesta de Washington de bloquear a Irán podría no dar sus frutos, al menos a corto plazo.
«Si el bloqueo dura más de dos o tres meses, puede causar más daños» a Irán, subraya Saeed Laylaz, analista económico y profesor en la Universidad Shahid Beheshti de Teherán. Pero los «causados a los países del sur del golfo Pérsico serán sin duda más importantes».
El tiempo del que dispone Teherán antes de alcanzar su límite de almacenamiento se mide en «semanas más que en días», estima, sin embargo, Jamie Ingram, redactor jefe del Middle East Economic Survey (MEES), aunque es probable que Irán «reduzca ligeramente su producción antes de llegar a ese punto».
Arne Lohmann Rasmussen, analista jefe de Global Risk Management, considera por su parte que el país «alcanzará sus límites de almacenamiento en aproximadamente un mes, pero ya podría verse obligado a reducir parte de su producción petrolera en dos semanas».
