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MARAS: El Control, Crimen y Migración de las pandillas que atenta con la seguridad de las naciones
En Chiapas pasan cosas como esta: cinco jóvenes de entre 18 y 24 años torturaron y asesinaron a Rudy Alonso Pacheco Niño, de 18 años, en el municipio de Acacoyagua, el pasado 26 de junio.
Dos de los presuntos asesinos, detenidos un mes después, son guatemaltecos, uno salvadoreño y tres mexicanos. Todos miembros de la mara Barrio-18.
Su víctima, a su vez, era mexicano que pertenecía a la «Mara Salvatrucha» (MS-13), de acuerdo con las autoridades.
Con la atención siempre puesta en su frontera norte, México olvida que el sur también existe en el mapa de la violencia.
Chiapas, estado del sur de México, empalmado con Centroamérica por su geografía, enfrenta graves problemas de seguridad atribuidos al arribo de jóvenes «maras».
Así llaman a los integrantes de pandillas centroamericanas como la «Mara Salvatrucha» y «Barrio 18», que son las más conocidas y que en Chiapas han reclutado ya a jóvenes mexicanos, desde hace al menos 20 años.
Héctor Castillo, investigador de la UNAM y especialista en grupos juveniles, lo compró al participar en un programa gubernamental que se llamó Hábitat, y que puso en marcha el gobierno de Felipe Calderón en distintas ciudades del país para prevenir la violencia.
Entre esas ciudades estaba Tapachula, capital de Chiapas y una de las ciudades más afectadas por la actividad de las «maras».
«El propósito era intervenir con los jóvenes, a partir de distintas actividades, para alejarlos de las pandillas, porque uno no puede llegar y enfrentar así nada más a las ‘maras'», explica.
Por algo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), desde 2004, consideró a las «maras» como «un problema que atenta no solamente contra la seguridad pública de las personas, sino también contra la seguridad nacional del Estado».
Pandillas en expansión
Hace años que México detectó las actividades de grupos de «maras» en el país. Desde 1996 al menos, de acuerdo con la CNDH y Héctor Castillo.
Su presencia, sin embargo, progresivamente se expandió hasta llegar a 23 estados del país y sumar más 5.000 integrantes hasta 2005, año en que la CNDH hizo el estudio.
En este advertía además que en Chiapas habían nacido ya otras «clicas» (grupos considerados como «familias» que pertenecen a las «maras»), que en 2001 ya sumaban 200 grupos con al menos 3.000 pandilleros.
El problema entonces no es reciente, afirman especialistas. Y tampoco simple, aclaran. El fenómeno de las pandillas centroamericanas que operan en México es una mezcla que combina migración, pobreza, crimen y corrupción, y que exhibe la falta de políticas públicas en la región y las fallidas estrategias de seguridad como el Plan Frontera Sur, el cual consiste básicamente en el reforzamiento de la seguridad policial y militar.
Esta estrategia, sin embargo, no ha disuadido la operación de las pandillas en Chiapas. Y aun peor, al parecer su número y sus actividades ha aumentado en los últimos dos años: de 13 supuestos pandilleros detenidos en 2016, el número se elevó a 161 hasta febrero de 2018, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas.
También aumentaron los homicidios vinculados a los enfrentamientos entre pandillas: de 18 ocurridos en 2016 pasaron a 22 en 2017 y este año suman 7, según las cifras oficiales.
Los especialistas advierten, sin embargo, que alrededor de estos números oficiales hay una «cifra negra», que impide conocer el total de los asesinatos o hechos violentos relacionados con las «maras», porque la mayoría de la veces sus delitos involucran migrantes sin documentos.
Para enfrentar el problema – que afecta sobre todo a los municipios de Suchiate, Tapachula, Mapastepec y Tuxtla Gutiérrez– las autoridades de Chiapas pusieron en marcha el Programa Antipandillas, que opera desde la Fiscalía de Inmigrantes.
Esta instancia colabora con los gobiernos de Guatemala y El Salvador, y ha detectado los vínculos entre las maras de Centroamérica y las que operan en México.
Incluso advierten que desde cárceles como «El Infiernito», en el departamento de Escuitla, Guatemala, o desde los centros de reinserción social para sentenciados 14 de Cintalapa y 3 de Tapachula salen las órdenes de asesinatos de los jefes maras a sus «clicas».
Así lo comprobaron cuando detuvieron a los asesinos de Rudy Alonso. De acuerdo con la investigación, en «El Infiernito» está recluido Fernando Muñoz Sinar, conocido como «El Happy» y/o «El Ratón», a quien identifican como el actual líder de la «clica» llamada «Sólo para Locos», de «Barrio 18».
En 2017 este líder contactó a Juan Carlos N, «El Pastrana», que se encuentra en el centro penitenciario número 14 de Cintalapa para formar una alianza para la venta de droga en toda la región del río Suchiate, la Costa de Chiapas y Tapachula.
Para ellos operaba Yener Aldair, conocido como «El Panzas», de 19 años, guatemalteco, quien encabezó el asesinato del joven mexicano vinculado con «MS-13» en Acacoyagua, por órdenes de «El Happy».
Pero la violencia en Chiapas no sólo ocurre entre pandillas. Los más vulnerables son los migrantes centroamericanos que salen de sus países para huir de estas.
Jóvenes detenidos como presuntos miembros de las “clicas” en Chiapas.
La doctora Ailsa Winton, investigadora de El Colegio de la Frontera Norte (Ecosur), explica que desde hace un par de años ha sucedido que los migrantes que abandonan sus países por el acecho de las pandillas, se encuentran en Chiapas a los mismos de quienes huyen.
«Se comenzó a escuchar que estos migrantes se habían topado con quienes los habían amenazado allá (en sus países) o que reconocía a pandilleros de su país aquí en México, en espacios públicos como el parque central de Tapachula o los albergues, donde las personas encargadas de estos han alertado de esta situación», explica.
Esto sucede porque los pandilleros siguen a sus víctimas, las persiguen hasta México, dice. Y aunque este tipo de situaciones ya se conocían, agrega, no hubo respuesta de las autoridades: ni atención ni protección para los migrantes, y tampoco investigación.
El riesgo de la criminalización
Centroamérica y México comparten una frontera de 1.149 kilómetros que se extiende desde el Océano Pacífico al Caribe y atraviesa algunos de los territorios más pobres de la región, donde apenas hay infraestructuras y empleo formal.
Parte de la frontera de 956 km entre México y Guatemala serpentea a lo largo de los ríos Suchiate y Usumacinta. Los 193 kilómetros restantes siguen el curso del río Hondo que divide a México de Belice.
En esa geografía Chiapas es la puerta de entrada de la migración proveniente de la cintura del continente. O como lo llaman ahora: del «Triángulo Norte» que forman Guatemala, El Salvador y Honduras, países donde la pobreza y la violencia de las pandillas han disparado los desplazamientos forzados.
Los números lo evidencian. De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 294.000 ciudadanos de esos países estaban registrados en 2017 como refugiados o solicitantes de asilo, lo que significa un aumento de 58% con respecto a 2016, y 16 veces más que en 2011.
La mayoría son mujeres y jóvenes que escapan del reclutamiento forzado de las maras o pandillas y de sus amenazas de muerte. «Están huyendo de la violencia», dice el investigador Iván Porras, también del Ecosur.
Para ellos, el primero de sus destinos es Estados Unidos, donde se encuentran 260.000 refugiados y solicitantes de asilo de Centroamérica, de acuerdo con cifras del ACNUR.
México –que ACNUR ya no considera un país de tránsito sino de destino– está en el segundo sitio con 12.700 solicitudes de asilo, seguido por Costa Rica con 3.200, Panamá con 1.400, y Nicaragua con 700.
Si la migración es un tema regional, también la seguridad lo es, dice el investigador Iván Porras. «No son fenómenos que puedan aislarse porque están vinculados», asegura.
Migración y seguridad a su vez están enganchados a las políticas migratorias de Estados Unidos y México, agrega Winton, del Ecosur.
«Si hay más controles migratorios en México y Estados Unidos, las personas que tienen que moverse están más sujetas a los grupos criminales, de quienes dependen para poder trasladarse de manera clandestina, pagándoles».
De modo que si cambia la política migratoria, cambia la migración y cambian los grupos criminales que se mueven en función de esos migrantes. Pero ni unos ni otros se detienen, a pesar de las políticas de seguridad que México ha aplicado como una especie de «tapón» para impedir que los centroamericanos lleguen a Estados Unidos.
Los resultados, parece, son contraproducentes debido a la corrupción de cuerpos policiacos y autoridades migratorias que extorsionan a los migrantes en su tránsito o son cómplices de los traficantes de personas.
De modo que los mecanismos de seguridad que ha implantado México para impedir la entrada de «maras», también han fermentado un caldo de cultivo para criminalizar la migración centroamericana y abandonarla a su suerte ante las acciones criminales de estos grupos.
«A quién recurren si están en el país de manera ilegal», pregunta Porras.
La presión migratoria
Apenas en enero de este año, los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras alertaron a México sobre los flujos masivos de pandilleros hacia Chiapas, como consecuencia de los operativos que esos países aplican contra esos grupos delictivos.
De inmediato se levantaron voces que demandaron a las autoridades federales y estatales controles más estrictos contra los migrantes que viajan sin papeles. Una de esas voces fue el Comité de Consulta y Participación Ciudadana en Materia de Seguridad Pública (Cocoparci).
Esta organización argumentó que los ciudadanos centroamericanos pueden recurrir a la Tarjeta de Visitante Regional (TVR), que en los últimos dos años ha permitido contabilizar aproximadamente 4.5 millones de ingresos legales por la frontera sur.
Una condición para acceder a la TVR es que los centroamericanos deben registrar y comprobar su identidad y domicilio. Por lo tanto, según la Cocoparci, muchos de quienes no tramitan la TVR es porque quiere ocultar quiénes son y de dónde vienen, tal vez porque tienen antecedentes penales.
Para Ailsa Winton, investigadora del Ecosur, estas son reacciones producto de la mala atención y comprensión de un problema como la violencia asociada a la migración y la movilidad, que termina distorsionando su percepción.
«Lo que sucede en Chiapas es que la gente ahora asocia más el refugio y a los refugiados con la criminalidad, y lo escuchamos en foros y de asociaciones civiles que argumentan que son los mismos criminales a quienes se les está beneficiando con la condición de refugiados», afirma.
Más allá de la xenofobia, que sí existe en México contra los centroamericanos, la preocupación de Winton es que, frente a esos argumentos y la falta de atención al problema, «las personas que necesitan protección quedan desprotegidas y los criminales pueden tener la libertad para seguir haciendo lo que hacen».
Ella y Porras coinciden que la atención debe ser regional y participar todos los gobiernos y autoridades involucradas.
Pero «no hay mucho interés, tampoco recursos asignados para atender el problema, y mucho menos comprensión sobre qué es la criminalidad, cómo operan esos grupos y su relación con la migración y movilidad en la región».
Por eso, historias como las de Rudy Alonso Pacheco, asesinado a machetazos, seguirán ocurriendo sin que nadie vuelva la vista hacia el sur.
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Pandillero salvadoreño disparo contra Agentes de ICE en operativo en San José California
Un operativo de arresto realizado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) terminó en un tiroteo este martes en una carretera del norte de California, cerca de San José. Las autoridades informaron que el inmigrante involucrado fue trasladado a un hospital, aunque hasta el momento no se ha confirmado públicamente la gravedad de sus heridas.
De acuerdo con un comunicado del director interino de ICE, Todd Lyons, el hombre fue identificado como Carlos Iván Mendoza Hernández, a quien el Departamento de Seguridad Nacional acusa de ser miembro de la pandilla Barrio 18 y de estar siendo buscado en El Salvador para ser interrogado en relación con un asesinato.
ICE aseguró que el incidente ocurrió cuando los agentes se acercaron al vehículo del sospechoso con la intención de arrestarlo. Según la versión oficial, Mendoza Hernández habría intentado usar su automóvil como arma para atropellar a un agente, lo que provocó que los oficiales abrieran fuego en defensa propia.
El tiroteo se registró cerca de la Avenida Sperry y la Interestatal 5, en una zona ubicada entre San José y Modesto. La Oficina del Sheriff del Condado de Stanislaus indicó que el cierre de carreteras provocaría demoras en el tránsito durante el resto del día.
El FBI se encontraba en el lugar investigando lo ocurrido, mientras las autoridades locales aclararon que ningún agente de la policía del área participó en el incidente. Un portavoz del sheriff indicó que no se ha revelado a qué hospital fue llevado el inmigrante, lo que mantiene en incertidumbre su estado de salud.
El caso ocurre en un contexto de creciente actividad migratoria en el Condado de Stanislaus, donde, según reportes locales, se han registrado al menos 18 detenciones vinculadas a ICE en los últimos seis meses, en una región reconocida por su fuerte economía agrícola.
Dice el refrán, más que válido para las relaciones internacionales, que si me engañas una vez, la culpa (o el mérito) es tuya. Si me engañas dos veces, la culpa es mía. El mismo principio vale para las amenazas, los ultimátum y los faroles: si los lanzas una y otra vez, y siempre hay marcha atrás, pierden gran parte de su utilidad.
A las 18.32 de Washington de este martes (00.32 en la España peninsular) el presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha dado marcha atrás una vez más. Hora y media antes de que venciera el plazo que él mismo se había fijado para ordenar un bombardeo capaz de aniquilar «toda una civilización», Trump ha reculado y ha ofrecido un alto el fuego de dos semanas al régimen iraní, condicionado a que Teherán acepte también quitar las restricciones al paso de petroleros por el estrecho de Ormuz. Según fuentes del Gobierno, el cese de hostilidades también incluye a Israel.
Por su parte, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán anunció que había aceptado ese alto el fuego de dos semanas y que negociará con Estados Unidos en Islamabad a partir del viernes. «Se subraya que esto no significa el fin de la guerra, dice el comunicado. «Nuestras manos permanecen sobre el gatillo y, si el enemigo comete el más mínimo error, este será respondido con toda la fuerza», han afirmado.
«Tras conversaciones con el Primer Ministro Shehbaz Sharif y el Mariscal de Campo Asim Munir de Pakistán, en las que me pidieron que detuviera el ataque esta noche contra Irán, y siempre que la República Islámica de Irán acepte la APERTURA COMPLETA, INMEDIATA y SEGURA del Estrecho de Ormuz, accedo a suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante dos semanas. ¡Será un alto el fuego bilateral!, ha dicho Trump.
La secuencia parecía anunciada desde un par de horas antes, cuando el primer ministro pakistaní en la redes sociales, había sugerido esa fórmula de dos semanas de pausa, incluyendo también una aceptación por parte iraní de reapertura temporal del estrecho. Lo llamativo es que el pakistaní en su primera versión publicada en X, había copiado incluso una frase que hacía intuir que el mensaje no era cosa suya, sino enviado directamente desde Washington.
«El motivo es que ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares y estamos muy avanzados en la negociación de un Acuerdo definitivo sobre la PAZ a largo plazo con Irán y la PAZ en Oriente Medio. Recibimos una propuesta de 10 puntos de Irán y creemos que constituye una base viable para la negociación. Estados Unidos e Irán han acordado casi todos los puntos de controversia anteriores, pero dos semanas permitirán finalizar y concretar el Acuerdo», ha asegurado Trump. «En nombre de los Estados Unidos de América, como Presidente, y también en representación de los países de Oriente Medio, es un honor que este problema de larga data esté cerca de resolverse. ¡Gracias por su atención a este asunto!», ha concluido.
Trump es un líder completamente imprevisible, y al mismo tiempo extraordinariamente repetitivo en sus estrategias. Exactamente lo mismo que ha hecho en Irán lo había avanzado antes con los aranceles, por ejemplo. Una amenaza, seguida de un anunció grandilocuente, continuada por una rectificación, una prórroga, una amenaza aún mayor, difundir medias verdades sobre negociaciones muy avanzadas, un órdago brutal y una nueva marcha atrás presumiendo de negociaciones a punto de concluir… gracias precisamente a su labor y sus amenazas.
Es lo que ha hecho estas semanas. Con la Isla de Jarg, las instalaciones energéticas, los puentes y después con el tuit en el que anticipaba una destrucción civilizatoria. Después de haber jurado y perjurado en la víspera que en ningún caso habría nuevas prórrogas o extensiones de plazos, y que si Irán no se rendía la única solución sería destrucción.
Sin embargo, en su mensaje Trump anuncia una pausa bilateral… tras en realidad hacer un alto el fuego unilateral, confiando en que Irán después, gracias a la mediación de Pakistán, acepte su parte. Eso apenas unas horas después de que Teherán dijera que rompía las conversaciones diplomáticas y directas y de que miles de personas llenaran las calles y los puentes del país como escudos humanos. Hace unas semanas Washington envió un plan de 15 puntos a su medida y los iraníes dijeron que no. Ahora son ellos los que han enviado uno de 10 puntos y Trump ha aceptado, provisionalmente.
Los detalles del Gobierno iraní sobre el plan de 10 puntos incluyen la afirmación de que el estrecho de Ormuz estará sujeto a un «paso regulado… bajo la coordinación de las Fuerzas Armadas de Irán» y que eso dará «así a Irán una posición económica y geopolítica única». Asimismo, con el acuerdo habría un levantamiento total de las sanciones al país.
La presión es Washington este martes ha sido brutal sobre la Casa Blanca. El Congreso pero también el mundo MAGA han arremetido contra el presidente, acusándole de ser un «lunático genocida», de ser «malvado» y reclamando la invocación de la 25ªenmienda de la Constitución para destituirlo. Todo mientras The New york Times publicada un detallado reportaje sobre cómo Benjamin Netanyahu logró convencer al presidente del ataque a Irán, algo que buscaba desde hacía 25 años y no había conseguido con ninguno de sus predecesores.
La mediación pakistaní ha sido clave estos días, con decenas de llamadas en las últimas horas a todos los países de la región para involucrarlos y hacer que un alto el fuego duradero sea posible. De hecho, para intentar que sea definitivo y Washington pueda encontrar la fórmula para retirarse.
Horas antes de que venza su ultimátum, el presidente estadounidense Donald Trump advirtió que «una civilización entera morirá» si este martes no se alcanza un acuerdo con Irán, el cual denunció ataques a sus infraestructuras, como dos puentes y una autopista.
«Una civilización entera morirá esta noche, para no volver jamás. No quiero que suceda, pero probablemente ocurrirá», escribió Trump en su plataforma Truth Social.
No dio detalles, pero ya había dicho que su ejército podría bombardear puentes, centrales eléctricas y otras infraestructuras civiles iraníes hasta devolver a la república islámica a la «edad de piedra».
Trump ha fijado como plazo la medianoche GMT del martes para que Irán ponga fin al cierre de facto del estrecho de Ormuz, una estrecha vía navegable utilizada para transportar petróleo y otras materias primas.
El lunes, afirmó que la propuesta de alto el fuego temporal que circula es insuficiente.
Irán rechaza la presión de Washington.
Según los medios estatales, las autoridades no quieren un simple alto el fuego, sino el fin de la guerra desatada el 28 de febrero con una ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos contra su territorio.
Lejos de darse por vencidos, los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico iraní, ha amenazado con llevar a cabo acciones contra infraestructuras que «privarán a Estados Unidos y a sus aliados del petróleo y el gas de la región durante años».
«Más allá de la región»
«Si el ejército terrorista estadounidense cruza las líneas rojas, nuestra respuesta se extenderá más allá de la región», añadió.
En Truth Social, Trump dejó la puerta abierta a un acuerdo de última hora.
«Ahora que tenemos un cambio de régimen completo y total, en el que prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, quizá pueda suceder algo revolucionariamente maravilloso ¿QUIÉN SABE? Lo descubriremos esta noche», escribió usando mayúsculas como suele hacer.
De visita en Budapest, su vicepresidente, JD Vance, previó intensas negociaciones en las próximas horas pero advirtió que Washington tiene «herramientas» que por el momento no ha usado.
En este 39º día de guerra, hubo bombardeos en la provincia de Alboz (norte), según medios locales. Dieciocho personas murieron en una zona residencial, entre ellas dos niños.
Dos puentes también fueron alcanzados al sur de Teherán, uno de ellos en Kashan, donde dos personas murieron, y otro cerca de Qom.
Las autoridades cerraron una importante autopista que conecta Tabriz (norte) con la capital tras un ataque, según la prensa iraní.
Además los trenes hacia y desde la segunda ciudad de Irán, Mashhad, fueron cancelados después de que Israel desaconsejara a los habitantes usar este medio de transporte hasta las 17H30 GMT.
Se llevaron a cabo ataques asimismo contra la isla de Jarg en el Golfo, punto neurálgico de la industria petrolera iraní, según la agencia Mehr y un periodista del sitio de información estadounidense Axios.
En un comunicado, el ejército israelí afirmó haber llevado a cabo «una ola de ataques a gran escala contra decenas de sitios de infraestructuras» en varias zonas de Irán. No especificó cuáles ni dónde.
«Estoy aterrorizada»
Los iraníes oscilan entre el miedo y la indiferencia.
«Estoy aterrorizada, y todo el mundo en este país debería estarlo también», dijo a la AFP Metanat, una estudiante de 27 años que afirma haber perdido a una compañera de clase en un ataque.
«Algunos se burlan de Trump y de sus amenazas», pero «esto es una guerra y no tiene nada de gracioso», asegura.
Morteza Hamidi, un jubilado de 62 años, resta importancia al nuevo ultimátum.
«Ha cambiado las fechas tantas veces que ya somos insensibles a sus amenazas», afirma.
En la región, los llamados a encontrar una salida diplomática se multiplican.
Según Axios, algunos países mediadores han propuesto la idea de un alto el fuego de 45 días.
Según la agencia de noticias iraní Irna, Teherán exige «el fin de los conflictos en la región, un protocolo para el paso seguro a través del estrecho de Ormuz», así como «la reconstrucción y el levantamiento de las sanciones».
Dos millones por barco
Irán estaría dispuesto a levantar el bloqueo del estrecho de Ormuz, imponiendo un derecho de paso de 2 millones de dólares por barco, que compartiría con el sultanato de Omán, situado al otro lado de la vía marítima, escribió el New York Times.
Utilizaría estos ingresos para reconstruir las infraestructuras destruidas por los ataques israelo-estadounidenses, en lugar de reclamar compensaciones directas.
Sina Toossi, del Centro para la Política Internacional en Washington, estima que Irán «no cederá en sus intereses vitales, sobre todo en su control del estrecho de Ormuz, cueste lo que cueste».
Por de pronto la república islámica sigue atacando a diario a los países del Golfo, a los que acusa de ayudar a Estados Unidos.
En las últimas horas fue alcanzado el gigantesco complejo petroquímico de Jubail, en el este de Arabia Saudita, indicó a la AFP un testigo.
«Si la escalada no se contiene, acabaremos en una situación que ya no se podrá controlar. Y estamos muy cerca de ese punto», advirtió el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores catarí, Majed al Ansari.
