Internacionales
MARAS: El Control, Crimen y Migración de las pandillas que atenta con la seguridad de las naciones
En Chiapas pasan cosas como esta: cinco jóvenes de entre 18 y 24 años torturaron y asesinaron a Rudy Alonso Pacheco Niño, de 18 años, en el municipio de Acacoyagua, el pasado 26 de junio.
Dos de los presuntos asesinos, detenidos un mes después, son guatemaltecos, uno salvadoreño y tres mexicanos. Todos miembros de la mara Barrio-18.
Su víctima, a su vez, era mexicano que pertenecía a la «Mara Salvatrucha» (MS-13), de acuerdo con las autoridades.
Con la atención siempre puesta en su frontera norte, México olvida que el sur también existe en el mapa de la violencia.
Chiapas, estado del sur de México, empalmado con Centroamérica por su geografía, enfrenta graves problemas de seguridad atribuidos al arribo de jóvenes «maras».
Así llaman a los integrantes de pandillas centroamericanas como la «Mara Salvatrucha» y «Barrio 18», que son las más conocidas y que en Chiapas han reclutado ya a jóvenes mexicanos, desde hace al menos 20 años.
Héctor Castillo, investigador de la UNAM y especialista en grupos juveniles, lo compró al participar en un programa gubernamental que se llamó Hábitat, y que puso en marcha el gobierno de Felipe Calderón en distintas ciudades del país para prevenir la violencia.
Entre esas ciudades estaba Tapachula, capital de Chiapas y una de las ciudades más afectadas por la actividad de las «maras».
«El propósito era intervenir con los jóvenes, a partir de distintas actividades, para alejarlos de las pandillas, porque uno no puede llegar y enfrentar así nada más a las ‘maras'», explica.
Por algo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), desde 2004, consideró a las «maras» como «un problema que atenta no solamente contra la seguridad pública de las personas, sino también contra la seguridad nacional del Estado».
Pandillas en expansión
Hace años que México detectó las actividades de grupos de «maras» en el país. Desde 1996 al menos, de acuerdo con la CNDH y Héctor Castillo.
Su presencia, sin embargo, progresivamente se expandió hasta llegar a 23 estados del país y sumar más 5.000 integrantes hasta 2005, año en que la CNDH hizo el estudio.
En este advertía además que en Chiapas habían nacido ya otras «clicas» (grupos considerados como «familias» que pertenecen a las «maras»), que en 2001 ya sumaban 200 grupos con al menos 3.000 pandilleros.
El problema entonces no es reciente, afirman especialistas. Y tampoco simple, aclaran. El fenómeno de las pandillas centroamericanas que operan en México es una mezcla que combina migración, pobreza, crimen y corrupción, y que exhibe la falta de políticas públicas en la región y las fallidas estrategias de seguridad como el Plan Frontera Sur, el cual consiste básicamente en el reforzamiento de la seguridad policial y militar.
Esta estrategia, sin embargo, no ha disuadido la operación de las pandillas en Chiapas. Y aun peor, al parecer su número y sus actividades ha aumentado en los últimos dos años: de 13 supuestos pandilleros detenidos en 2016, el número se elevó a 161 hasta febrero de 2018, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas.
También aumentaron los homicidios vinculados a los enfrentamientos entre pandillas: de 18 ocurridos en 2016 pasaron a 22 en 2017 y este año suman 7, según las cifras oficiales.
Los especialistas advierten, sin embargo, que alrededor de estos números oficiales hay una «cifra negra», que impide conocer el total de los asesinatos o hechos violentos relacionados con las «maras», porque la mayoría de la veces sus delitos involucran migrantes sin documentos.
Para enfrentar el problema – que afecta sobre todo a los municipios de Suchiate, Tapachula, Mapastepec y Tuxtla Gutiérrez– las autoridades de Chiapas pusieron en marcha el Programa Antipandillas, que opera desde la Fiscalía de Inmigrantes.
Esta instancia colabora con los gobiernos de Guatemala y El Salvador, y ha detectado los vínculos entre las maras de Centroamérica y las que operan en México.
Incluso advierten que desde cárceles como «El Infiernito», en el departamento de Escuitla, Guatemala, o desde los centros de reinserción social para sentenciados 14 de Cintalapa y 3 de Tapachula salen las órdenes de asesinatos de los jefes maras a sus «clicas».
Así lo comprobaron cuando detuvieron a los asesinos de Rudy Alonso. De acuerdo con la investigación, en «El Infiernito» está recluido Fernando Muñoz Sinar, conocido como «El Happy» y/o «El Ratón», a quien identifican como el actual líder de la «clica» llamada «Sólo para Locos», de «Barrio 18».
En 2017 este líder contactó a Juan Carlos N, «El Pastrana», que se encuentra en el centro penitenciario número 14 de Cintalapa para formar una alianza para la venta de droga en toda la región del río Suchiate, la Costa de Chiapas y Tapachula.
Para ellos operaba Yener Aldair, conocido como «El Panzas», de 19 años, guatemalteco, quien encabezó el asesinato del joven mexicano vinculado con «MS-13» en Acacoyagua, por órdenes de «El Happy».
Pero la violencia en Chiapas no sólo ocurre entre pandillas. Los más vulnerables son los migrantes centroamericanos que salen de sus países para huir de estas.
Jóvenes detenidos como presuntos miembros de las “clicas” en Chiapas.
La doctora Ailsa Winton, investigadora de El Colegio de la Frontera Norte (Ecosur), explica que desde hace un par de años ha sucedido que los migrantes que abandonan sus países por el acecho de las pandillas, se encuentran en Chiapas a los mismos de quienes huyen.
«Se comenzó a escuchar que estos migrantes se habían topado con quienes los habían amenazado allá (en sus países) o que reconocía a pandilleros de su país aquí en México, en espacios públicos como el parque central de Tapachula o los albergues, donde las personas encargadas de estos han alertado de esta situación», explica.
Esto sucede porque los pandilleros siguen a sus víctimas, las persiguen hasta México, dice. Y aunque este tipo de situaciones ya se conocían, agrega, no hubo respuesta de las autoridades: ni atención ni protección para los migrantes, y tampoco investigación.
El riesgo de la criminalización
Centroamérica y México comparten una frontera de 1.149 kilómetros que se extiende desde el Océano Pacífico al Caribe y atraviesa algunos de los territorios más pobres de la región, donde apenas hay infraestructuras y empleo formal.
Parte de la frontera de 956 km entre México y Guatemala serpentea a lo largo de los ríos Suchiate y Usumacinta. Los 193 kilómetros restantes siguen el curso del río Hondo que divide a México de Belice.
En esa geografía Chiapas es la puerta de entrada de la migración proveniente de la cintura del continente. O como lo llaman ahora: del «Triángulo Norte» que forman Guatemala, El Salvador y Honduras, países donde la pobreza y la violencia de las pandillas han disparado los desplazamientos forzados.
Los números lo evidencian. De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 294.000 ciudadanos de esos países estaban registrados en 2017 como refugiados o solicitantes de asilo, lo que significa un aumento de 58% con respecto a 2016, y 16 veces más que en 2011.
La mayoría son mujeres y jóvenes que escapan del reclutamiento forzado de las maras o pandillas y de sus amenazas de muerte. «Están huyendo de la violencia», dice el investigador Iván Porras, también del Ecosur.
Para ellos, el primero de sus destinos es Estados Unidos, donde se encuentran 260.000 refugiados y solicitantes de asilo de Centroamérica, de acuerdo con cifras del ACNUR.
México –que ACNUR ya no considera un país de tránsito sino de destino– está en el segundo sitio con 12.700 solicitudes de asilo, seguido por Costa Rica con 3.200, Panamá con 1.400, y Nicaragua con 700.
Si la migración es un tema regional, también la seguridad lo es, dice el investigador Iván Porras. «No son fenómenos que puedan aislarse porque están vinculados», asegura.
Migración y seguridad a su vez están enganchados a las políticas migratorias de Estados Unidos y México, agrega Winton, del Ecosur.
«Si hay más controles migratorios en México y Estados Unidos, las personas que tienen que moverse están más sujetas a los grupos criminales, de quienes dependen para poder trasladarse de manera clandestina, pagándoles».
De modo que si cambia la política migratoria, cambia la migración y cambian los grupos criminales que se mueven en función de esos migrantes. Pero ni unos ni otros se detienen, a pesar de las políticas de seguridad que México ha aplicado como una especie de «tapón» para impedir que los centroamericanos lleguen a Estados Unidos.
Los resultados, parece, son contraproducentes debido a la corrupción de cuerpos policiacos y autoridades migratorias que extorsionan a los migrantes en su tránsito o son cómplices de los traficantes de personas.
De modo que los mecanismos de seguridad que ha implantado México para impedir la entrada de «maras», también han fermentado un caldo de cultivo para criminalizar la migración centroamericana y abandonarla a su suerte ante las acciones criminales de estos grupos.
«A quién recurren si están en el país de manera ilegal», pregunta Porras.
La presión migratoria
Apenas en enero de este año, los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras alertaron a México sobre los flujos masivos de pandilleros hacia Chiapas, como consecuencia de los operativos que esos países aplican contra esos grupos delictivos.
De inmediato se levantaron voces que demandaron a las autoridades federales y estatales controles más estrictos contra los migrantes que viajan sin papeles. Una de esas voces fue el Comité de Consulta y Participación Ciudadana en Materia de Seguridad Pública (Cocoparci).
Esta organización argumentó que los ciudadanos centroamericanos pueden recurrir a la Tarjeta de Visitante Regional (TVR), que en los últimos dos años ha permitido contabilizar aproximadamente 4.5 millones de ingresos legales por la frontera sur.
Una condición para acceder a la TVR es que los centroamericanos deben registrar y comprobar su identidad y domicilio. Por lo tanto, según la Cocoparci, muchos de quienes no tramitan la TVR es porque quiere ocultar quiénes son y de dónde vienen, tal vez porque tienen antecedentes penales.
Para Ailsa Winton, investigadora del Ecosur, estas son reacciones producto de la mala atención y comprensión de un problema como la violencia asociada a la migración y la movilidad, que termina distorsionando su percepción.
«Lo que sucede en Chiapas es que la gente ahora asocia más el refugio y a los refugiados con la criminalidad, y lo escuchamos en foros y de asociaciones civiles que argumentan que son los mismos criminales a quienes se les está beneficiando con la condición de refugiados», afirma.
Más allá de la xenofobia, que sí existe en México contra los centroamericanos, la preocupación de Winton es que, frente a esos argumentos y la falta de atención al problema, «las personas que necesitan protección quedan desprotegidas y los criminales pueden tener la libertad para seguir haciendo lo que hacen».
Ella y Porras coinciden que la atención debe ser regional y participar todos los gobiernos y autoridades involucradas.
Pero «no hay mucho interés, tampoco recursos asignados para atender el problema, y mucho menos comprensión sobre qué es la criminalidad, cómo operan esos grupos y su relación con la migración y movilidad en la región».
Por eso, historias como las de Rudy Alonso Pacheco, asesinado a machetazos, seguirán ocurriendo sin que nadie vuelva la vista hacia el sur.
Conmoción en Honduras por el fallecimiento de Katherine Mejía Argueta, una influencer de 17 años, conocida en redes sociales como ‘La Mazorca’, que fue encontrada sin vida durante la mañana del jueves, 16 de abril, en una plantación de palmeras africanas situada en Tocoa, un municipio de Colón al norte del país.
Este trágico hallazgo se produjo tan solo 24 horas después de que se denunciara su desaparición, gracias al aviso de varias personas que transitaban por esta zona apartada de Tocoa y alertaron a las autoridades. A su llegada, los agentes descubrieron signos de violencia en el cuerpo de la fallecida, quien fue encontrada «parcialmente degollada» y con sangre cubriéndole el rostro, según medios locales como El Heraldo
Aunque las líneas de investigación continúa abiertas, una de las principales hipótesis sitúa la muerte Mejía, quien acumulaba más de 20.000 seguidores en TikTok, como el desenlace de una presunta trama de «venganza» que comenzó a gestarse el pasado día 15 de abril, cuando, de acuerdo a Infobae, la joven fue citada al lugar de los hechos por «un sujeto desconocido» que le contactó vía redes sociales «ofreciéndole un empleo para impulsar su carrera» como creadora de contenido.
A este engaño, Mejía acudió acompañada de su supuesta pareja, Óscar Adonis, quien posteriormente fue detenido por las autoridades junto a otros dos sospechosos como presuntos autores del asesinato. Y es que, una vez llegó al lugar indicado, la joven habría sido víctima de una emboscada perpetrada por los secuestradores —entre ellos, un hombre de 21 años—, quienes ahora enfrentan cargos de «privación injusta de la libertad» y «asesinato».
La ‘influencer’ Paula González muestra su enfrentamiento con los vecinos.
Tenso encontronazo entre una ‘influencer’ y un vecino de la localidad en la que intentaba grabar un vídeo: «¿La calle es tuya?»
En su versión de los hechos, Adonis aseguró que fue interceptado bajo supuesta amenazas de muerte y que, aunque estuvo presente durante el crimen, actuó completamente coaccionado por el grupo armado, desempeñando el papel de «anzuelo» al facilitar el traslado y el encuentro de Mejía con sus agresores. «Era una de dos: plata o plomo», declaró el detenido.
En lo que respecta al móvil de «venganza» detrás del crimen, el comisario jefe Wilber Mayes, director de Comunicaciones de la Secretaría de Seguridad hondureñas, informó que la víctima, presuntamente, «tenía una relación con una persona que en días pasados también perdió la vida en ese sector». En este contexto, el resto de detenidos señalaron a la fallecida como la presunta autora intelectual de este crimen anterior, que propició esta trama de traición y «venganza».
Por su parte, la madre de Mejía, quien atestiguó entre lágrimas el hallazgo del cadáver de su hija, negó tales acusaciones y se pronunció públicamente sobre lo ocurrido ante los medios. «Es un dolor que ninguna madre espera (…) Esto es muy duro. Preferirías morirte al ver a tu hija así, y peor aún, siendo mujer. Jamás imaginé que esto me pudiera pasar a mí», expresó.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó este domingo que las acciones del movimiento chiita libanés Hezbolá amenazan el alto el fuego en Líbano y prometió actuar con «firmeza» contra este grupo respaldado por Irán.
«Hay que entender que las violaciones de Hezbolá están, en la práctica, desmantelando el alto al fuego», declaró Netanyahu durante una reunión semanal de su gabinete.
Según los términos de la tregua, que se prorrogó recientemente, Israel se reserva el derecho de responder a «ataques planeados, inminentes o en curso» y ha atacado objetivos en el sur de Líbano casi a diario.
Hezbolá negó las acusaciones del primer ministro y afirmó en un comunicado que los ataques del grupo contra objetivos israelíes en el sur de Líbano y el norte de Israel constituyen «una respuesta legítima a las continuas violaciones del cese al fuego por parte del enemigo desde el primer día del anuncio de la tregua temporal».
Netanyahu aseguró que Israel está actuando «con firmeza» en conformidad con «los acuerdos» alcanzados con Estados Unidos y Líbano.
«Esto significa libertad de acción no solo para responder a los ataques, lo cual es obvio, sino también para prevenir amenazas inmediatas e incluso amenazas emergentes».
Poco después de que hablara Netanyahu, el ejército israelí anunció que interceptó tres drones antes de que penetraran en su territorio.
El ejército israelí emitió temprano este domingo una orden de evacuación a los habitantes de siete localidades del sur de Líbano y bombardeó lo que calificó como objetivos de Hezbolá.
Medios oficiales libaneses reportaron que Israel volvió a atacar el sur del país.
«Aviones de guerra israelíes lanzaron un ataque en Kfar Tibnit, uno de los lugares incluidos en la advertencia», afirmó la agencia oficial NNA, que reportó víctimas.
La agencia también informó de bombardeos contra varias aldeas fronterizas desde el domingo por la mañana, en particular en Zawtar el Sharqiyah.
Netanyahu ordenó este sábado al ejército atacar a Hezbolá alegando violaciones del alto al fuego.
Internacionales
Hombre armado en gala de prensa tenía como objetivo a altos cargos de la administración Trump
El hombre armado que intentó irrumpir en una gala de la prensa en Washington a la que asistía Donald Trump parecía apuntar contra altos funcionarios, afirmó el domingo el fiscal general de Estados Unidos, mientras que el presidente calificó al agresor de «asesino en potencia».
Información «muy preliminar» ha llevado a los investigadores a creer que el hombre «tenía como objetivo a miembros del gobierno», declaró a la cadena CBS el fiscal general interino Todd Blanche.
El sospechoso, que se cree que viajó a Washington en tren desde Los Ángeles pasando por Chicago, «no está cooperando activamente» con la investigación, agregó.
Blanche se encontraba en la gala en el hotel Washington Hilton la noche del sábado junto con el presidente, la primera dama Melania Trump y cientos de otros dignatarios y periodistas.
Agentes del Servicio Secreto estadounidense evacuaron al mandatario tras los disparos del agresor, que fue detenido antes de poder ingresar al salón donde se celebraba la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, que reúne a la élite de la política y de los medios de comunicación.
Según la policía, el agresor portaba dos armas de fuego y numerosos cuchillos. Hubo un intercambio de disparos. Un miembro de las fuerzas del orden recibió un tiro, pero fue protegido por su chaleco antibalas.
El sospechoso, cuya identidad no ha sido revelada oficialmente, no resultó herido. Al parecer era huésped del hotel.
Varios medios estadounidenses lo identificaron como Cole Tomas Allen, de 31 años, originario de Torrance, California.
Un fotógrafo de la AFP vio el domingo a agentes del FBI entrar en una casa de dos pisos color marrón en ese suburbio del suroeste de Los Ángeles.
El sospechoso comparecerá el lunes ante la justicia. Será acusado de dos cargos: el primero por uso de un arma de fuego durante un delito violento, el segundo por agresión a un agente federal con un arma peligrosa, según las autoridades.
«No es la primera vez en estos últimos años que nuestra República es atacada por un asesino en potencia que buscaba matar», reaccionó Trump, aún de esmoquin, durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca unas dos horas después de los disparos.
El mandatario evocó el asesinato de Abraham Lincoln en 1865 al señalar que el agresor puede haber estado descontento con su política. Los presidentes «que tienen más impacto» son «contra los que se apunta», dijo.
También consideró que el agresor era un «lobo solitario» y un «enfermo».
«Esto no va a disuadirme de ganar la guerra en Irán. No sé si esto tuvo algo que ver, realmente no lo creo, basándome en lo que sabemos», añadió.
Dirigentes mundiales se declararon el domingo «conmocionados» y expresaron su solidaridad a Trump. Entre ellos, el rey Carlos III, que esta semana hará una visita de Estado a Estados Unidos, se dijo «aliviado» de que el presidente esté sano y salvo.
Las imágenes de las cámaras de seguridad difundidas por Trump en Truth Social muestran a una persona que se precipita a través del arco de detección de metales situado a la entrada del salón donde se celebraba la gala, y a varios miembros de las fuerzas del orden desenfundando sus armas.
Trump dijo que el Washington Hilton no es «un edificio particularmente seguro», aunque reconoció que el dispositivo de seguridad «era muy seguro».
Fue frente a este hotel donde el presidente Ronald Reagan resultó herido de bala en 1981 durante un intento de asesinato.
«¡Al suelo! ¡Al suelo!»
La gala de la prensa había comenzado hacía poco, según los periodistas de la AFP presentes, cuando se oyó una gran agitación en las puertas del salón.
Al escucharse gritos de «¡Al suelo! ¡Al suelo!», los comensales se tumbaron inmediatamente o se arrodillaron debajo de las mesas, muchos de ellos levantando sus teléfonos para grabar.
En un video de la AFP, se puede ver a Trump sentado en la mesa de honor, con, entre otros, el vicepresidente JD Vance, y su portavoz, Karoline Leavitt, mientras resuenan golpes sordos que inicialmente no provocan ninguna reacción. Trump dijo más tarde que pensó que era una bandeja se caía pero después se dio cuenta de que eran disparos.
Agentes fuertemente armados intervinieron entonces con gran rapidez y evacuaron al presidente hacia la izquierda del estrado. La música ambiental se detuvo, mientras otros agentes parecieron apuntar al público.
Trump, que ataca sin tregua a la prensa, asistía por primera vez como presidente a la cena anual de los corresponsales de la Casa Blanca. Aseguró que el evento será reprogramado.
Trump fue blanco de un intento de asesinato durante un mitin electoral en Butler, Pensilvania, en 2024. Unos meses más tarde, otro hombre fue detenido después de que un agente del Servicio Secreto viera el cañón de un fusil asomando entre los arbustos del perímetro del campo de golf de West Palm Beach donde estaba jugando Trump.
