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MARAS: El Control, Crimen y Migración de las pandillas que atenta con la seguridad de las naciones
En Chiapas pasan cosas como esta: cinco jóvenes de entre 18 y 24 años torturaron y asesinaron a Rudy Alonso Pacheco Niño, de 18 años, en el municipio de Acacoyagua, el pasado 26 de junio.
Dos de los presuntos asesinos, detenidos un mes después, son guatemaltecos, uno salvadoreño y tres mexicanos. Todos miembros de la mara Barrio-18.
Su víctima, a su vez, era mexicano que pertenecía a la «Mara Salvatrucha» (MS-13), de acuerdo con las autoridades.
Con la atención siempre puesta en su frontera norte, México olvida que el sur también existe en el mapa de la violencia.
Chiapas, estado del sur de México, empalmado con Centroamérica por su geografía, enfrenta graves problemas de seguridad atribuidos al arribo de jóvenes «maras».
Así llaman a los integrantes de pandillas centroamericanas como la «Mara Salvatrucha» y «Barrio 18», que son las más conocidas y que en Chiapas han reclutado ya a jóvenes mexicanos, desde hace al menos 20 años.
Héctor Castillo, investigador de la UNAM y especialista en grupos juveniles, lo compró al participar en un programa gubernamental que se llamó Hábitat, y que puso en marcha el gobierno de Felipe Calderón en distintas ciudades del país para prevenir la violencia.
Entre esas ciudades estaba Tapachula, capital de Chiapas y una de las ciudades más afectadas por la actividad de las «maras».
«El propósito era intervenir con los jóvenes, a partir de distintas actividades, para alejarlos de las pandillas, porque uno no puede llegar y enfrentar así nada más a las ‘maras'», explica.
Por algo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), desde 2004, consideró a las «maras» como «un problema que atenta no solamente contra la seguridad pública de las personas, sino también contra la seguridad nacional del Estado».
Pandillas en expansión
Hace años que México detectó las actividades de grupos de «maras» en el país. Desde 1996 al menos, de acuerdo con la CNDH y Héctor Castillo.
Su presencia, sin embargo, progresivamente se expandió hasta llegar a 23 estados del país y sumar más 5.000 integrantes hasta 2005, año en que la CNDH hizo el estudio.
En este advertía además que en Chiapas habían nacido ya otras «clicas» (grupos considerados como «familias» que pertenecen a las «maras»), que en 2001 ya sumaban 200 grupos con al menos 3.000 pandilleros.
El problema entonces no es reciente, afirman especialistas. Y tampoco simple, aclaran. El fenómeno de las pandillas centroamericanas que operan en México es una mezcla que combina migración, pobreza, crimen y corrupción, y que exhibe la falta de políticas públicas en la región y las fallidas estrategias de seguridad como el Plan Frontera Sur, el cual consiste básicamente en el reforzamiento de la seguridad policial y militar.
Esta estrategia, sin embargo, no ha disuadido la operación de las pandillas en Chiapas. Y aun peor, al parecer su número y sus actividades ha aumentado en los últimos dos años: de 13 supuestos pandilleros detenidos en 2016, el número se elevó a 161 hasta febrero de 2018, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas.
También aumentaron los homicidios vinculados a los enfrentamientos entre pandillas: de 18 ocurridos en 2016 pasaron a 22 en 2017 y este año suman 7, según las cifras oficiales.
Los especialistas advierten, sin embargo, que alrededor de estos números oficiales hay una «cifra negra», que impide conocer el total de los asesinatos o hechos violentos relacionados con las «maras», porque la mayoría de la veces sus delitos involucran migrantes sin documentos.
Para enfrentar el problema – que afecta sobre todo a los municipios de Suchiate, Tapachula, Mapastepec y Tuxtla Gutiérrez– las autoridades de Chiapas pusieron en marcha el Programa Antipandillas, que opera desde la Fiscalía de Inmigrantes.
Esta instancia colabora con los gobiernos de Guatemala y El Salvador, y ha detectado los vínculos entre las maras de Centroamérica y las que operan en México.
Incluso advierten que desde cárceles como «El Infiernito», en el departamento de Escuitla, Guatemala, o desde los centros de reinserción social para sentenciados 14 de Cintalapa y 3 de Tapachula salen las órdenes de asesinatos de los jefes maras a sus «clicas».
Así lo comprobaron cuando detuvieron a los asesinos de Rudy Alonso. De acuerdo con la investigación, en «El Infiernito» está recluido Fernando Muñoz Sinar, conocido como «El Happy» y/o «El Ratón», a quien identifican como el actual líder de la «clica» llamada «Sólo para Locos», de «Barrio 18».
En 2017 este líder contactó a Juan Carlos N, «El Pastrana», que se encuentra en el centro penitenciario número 14 de Cintalapa para formar una alianza para la venta de droga en toda la región del río Suchiate, la Costa de Chiapas y Tapachula.
Para ellos operaba Yener Aldair, conocido como «El Panzas», de 19 años, guatemalteco, quien encabezó el asesinato del joven mexicano vinculado con «MS-13» en Acacoyagua, por órdenes de «El Happy».
Pero la violencia en Chiapas no sólo ocurre entre pandillas. Los más vulnerables son los migrantes centroamericanos que salen de sus países para huir de estas.
Jóvenes detenidos como presuntos miembros de las “clicas” en Chiapas.
La doctora Ailsa Winton, investigadora de El Colegio de la Frontera Norte (Ecosur), explica que desde hace un par de años ha sucedido que los migrantes que abandonan sus países por el acecho de las pandillas, se encuentran en Chiapas a los mismos de quienes huyen.
«Se comenzó a escuchar que estos migrantes se habían topado con quienes los habían amenazado allá (en sus países) o que reconocía a pandilleros de su país aquí en México, en espacios públicos como el parque central de Tapachula o los albergues, donde las personas encargadas de estos han alertado de esta situación», explica.
Esto sucede porque los pandilleros siguen a sus víctimas, las persiguen hasta México, dice. Y aunque este tipo de situaciones ya se conocían, agrega, no hubo respuesta de las autoridades: ni atención ni protección para los migrantes, y tampoco investigación.
El riesgo de la criminalización
Centroamérica y México comparten una frontera de 1.149 kilómetros que se extiende desde el Océano Pacífico al Caribe y atraviesa algunos de los territorios más pobres de la región, donde apenas hay infraestructuras y empleo formal.
Parte de la frontera de 956 km entre México y Guatemala serpentea a lo largo de los ríos Suchiate y Usumacinta. Los 193 kilómetros restantes siguen el curso del río Hondo que divide a México de Belice.
En esa geografía Chiapas es la puerta de entrada de la migración proveniente de la cintura del continente. O como lo llaman ahora: del «Triángulo Norte» que forman Guatemala, El Salvador y Honduras, países donde la pobreza y la violencia de las pandillas han disparado los desplazamientos forzados.
Los números lo evidencian. De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 294.000 ciudadanos de esos países estaban registrados en 2017 como refugiados o solicitantes de asilo, lo que significa un aumento de 58% con respecto a 2016, y 16 veces más que en 2011.
La mayoría son mujeres y jóvenes que escapan del reclutamiento forzado de las maras o pandillas y de sus amenazas de muerte. «Están huyendo de la violencia», dice el investigador Iván Porras, también del Ecosur.
Para ellos, el primero de sus destinos es Estados Unidos, donde se encuentran 260.000 refugiados y solicitantes de asilo de Centroamérica, de acuerdo con cifras del ACNUR.
México –que ACNUR ya no considera un país de tránsito sino de destino– está en el segundo sitio con 12.700 solicitudes de asilo, seguido por Costa Rica con 3.200, Panamá con 1.400, y Nicaragua con 700.
Si la migración es un tema regional, también la seguridad lo es, dice el investigador Iván Porras. «No son fenómenos que puedan aislarse porque están vinculados», asegura.
Migración y seguridad a su vez están enganchados a las políticas migratorias de Estados Unidos y México, agrega Winton, del Ecosur.
«Si hay más controles migratorios en México y Estados Unidos, las personas que tienen que moverse están más sujetas a los grupos criminales, de quienes dependen para poder trasladarse de manera clandestina, pagándoles».
De modo que si cambia la política migratoria, cambia la migración y cambian los grupos criminales que se mueven en función de esos migrantes. Pero ni unos ni otros se detienen, a pesar de las políticas de seguridad que México ha aplicado como una especie de «tapón» para impedir que los centroamericanos lleguen a Estados Unidos.
Los resultados, parece, son contraproducentes debido a la corrupción de cuerpos policiacos y autoridades migratorias que extorsionan a los migrantes en su tránsito o son cómplices de los traficantes de personas.
De modo que los mecanismos de seguridad que ha implantado México para impedir la entrada de «maras», también han fermentado un caldo de cultivo para criminalizar la migración centroamericana y abandonarla a su suerte ante las acciones criminales de estos grupos.
«A quién recurren si están en el país de manera ilegal», pregunta Porras.
La presión migratoria
Apenas en enero de este año, los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras alertaron a México sobre los flujos masivos de pandilleros hacia Chiapas, como consecuencia de los operativos que esos países aplican contra esos grupos delictivos.
De inmediato se levantaron voces que demandaron a las autoridades federales y estatales controles más estrictos contra los migrantes que viajan sin papeles. Una de esas voces fue el Comité de Consulta y Participación Ciudadana en Materia de Seguridad Pública (Cocoparci).
Esta organización argumentó que los ciudadanos centroamericanos pueden recurrir a la Tarjeta de Visitante Regional (TVR), que en los últimos dos años ha permitido contabilizar aproximadamente 4.5 millones de ingresos legales por la frontera sur.
Una condición para acceder a la TVR es que los centroamericanos deben registrar y comprobar su identidad y domicilio. Por lo tanto, según la Cocoparci, muchos de quienes no tramitan la TVR es porque quiere ocultar quiénes son y de dónde vienen, tal vez porque tienen antecedentes penales.
Para Ailsa Winton, investigadora del Ecosur, estas son reacciones producto de la mala atención y comprensión de un problema como la violencia asociada a la migración y la movilidad, que termina distorsionando su percepción.
«Lo que sucede en Chiapas es que la gente ahora asocia más el refugio y a los refugiados con la criminalidad, y lo escuchamos en foros y de asociaciones civiles que argumentan que son los mismos criminales a quienes se les está beneficiando con la condición de refugiados», afirma.
Más allá de la xenofobia, que sí existe en México contra los centroamericanos, la preocupación de Winton es que, frente a esos argumentos y la falta de atención al problema, «las personas que necesitan protección quedan desprotegidas y los criminales pueden tener la libertad para seguir haciendo lo que hacen».
Ella y Porras coinciden que la atención debe ser regional y participar todos los gobiernos y autoridades involucradas.
Pero «no hay mucho interés, tampoco recursos asignados para atender el problema, y mucho menos comprensión sobre qué es la criminalidad, cómo operan esos grupos y su relación con la migración y movilidad en la región».
Por eso, historias como las de Rudy Alonso Pacheco, asesinado a machetazos, seguirán ocurriendo sin que nadie vuelva la vista hacia el sur.
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Asciende a 2,295 la cifra de muertos una semana después de los terremotos en Venezuela
El balance de víctimas por los dos potentes terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio ascendió a 2,295 fallecidos y más de 11,000 heridos, informó este miércoles el jefe parlamentario, Jorge Rodríguez.
De acuerdo con el funcionario, los sismos también dejaron 12,841 personas damnificadas. El reporte anterior, divulgado el martes, registraba 1,943 muertos y 10,571 heridos.
Por su parte, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, decretó este miércoles siete días de duelo nacional en homenaje a las víctimas del doble sismo.
«Venezuela tiene el alma rasgada por las pérdidas humanas causadas por los devastadores terremotos. (…) En homenaje a la memoria de las víctimas, he decidido decretar Duelo Nacional por siete (7) días, a partir de las 6:00 p.m. de hoy», escribió Rodríguez en su cuenta de Telegram.
Según el texto oficial, el doble terremoto ocurrido el 24 de junio deja casi 2,000 muertos y alrededor de 50,000 desaparecidos.
La Fraternidad San Pío X consagró este miércoles, por su cuenta, a cuatro nuevos obispos durante una ceremonia celebrada en Écône, Suiza, pese al llamado del papa León XIV para desistir de la decisión. El Vaticano calificó el acto como «cismático» y advirtió que conlleva sanciones como la excomunión.
El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, expresó ante periodistas el «profundo dolor» que la decisión provocó en el seno de la Iglesia católica.
«Ignoro cuándo y cómo se pronunciará esta excomunión, pero espero que, pese a lo ocurrido hoy, el diálogo pueda reanudarse y que se pueda encontrar una verdadera solución», afirmó.
Antes de la ceremonia, el papa León XIV había dirigido un mensaje a la Fraternidad San Pío X para pedir que renunciara a su proyecto.
«Les suplico desde lo más hondo del corazón: ¡reconsideren su decisión!», escribió el pontífice, quien además advirtió que, en caso de concretarse un «acto cismático», los sacramentos administrados por los nuevos obispos, como el matrimonio o la confesión, dejarían de ser reconocidos por la Iglesia católica.
La ceremonia se llevó a cabo al aire libre, en la pradera de Écône, con la asistencia de miles de fieles procedentes de distintos países. Durante el acto fueron consagrados cuatro obispos: dos franceses, un estadounidense y un suizo.
El superior general de la Fraternidad San Pío X, el sacerdote Davide Pagliarani, calificó la jornada como un día «histórico».
La Fraternidad defiende su decisión
Entre los asistentes estuvo Luz Dussan, una fiel colombiana de 57 años residente en Estados Unidos, quien viajó para participar en la ceremonia.
«Pensé que nunca en la vida viviría esto, pero mira, Dios me trajo acá», declaró.
La mujer manifestó su respaldo a la decisión de la Fraternidad y aseguró que la comunidad, especialmente la latina, continúa creciendo.
Al continuar con las consagraciones sin la aprobación del papa, los dos obispos que ya pertenecían a la comunidad y los cuatro nuevos obispos quedan, de hecho, excomulgados de la Iglesia católica romana.
No obstante, al inicio de la ceremonia, el secretario general de la sociedad, Foucault Leroux, afirmó que la Fraternidad considera que «todas las penas y censuras (…) son nulas y sin efecto».
La Fraternidad San Pío X fue fundada en 1970 por el obispo francés Marcel Lefebvre (1905-1991) y reúne, según estimaciones, a unos 600,000 fieles que mantienen una interpretación estricta de la tradición doctrinal y litúrgica de la Iglesia.
La organización rechaza los cambios impulsados desde el Concilio Vaticano II, celebrado en la década de 1960, y defiende un modelo de sociedad patriarcal y un ideal de Estado teocrático.
«Para mantener la fe, ¿acaso estamos rompiendo con la Iglesia? Este dilema es falso. Pertenecemos a la Iglesia, en primer lugar por la fe, por la profesión integral de la fe de la Iglesia», sostuvo Pagliarani.
La misa de consagración tuvo una duración de cuatro horas y fue celebrada íntegramente en latín, en el mismo lugar donde Marcel Lefebvre ordenó a los primeros cuatro obispos de la Fraternidad en 1988.
Durante el rito, los cuatro sacerdotes permanecieron postrados boca abajo mientras se entonaba la Letanía de los Santos, antes de recibir la imposición de manos del obispo y la unción.
Antecedentes del conflicto
Para el Vaticano, la consagración de un obispo sin autorización del papa constituye un acto de insubordinación directa que implica la excomunión automática de los obispos y es considerado un «acto cismático».
Sin embargo, el sacerdote Michel Rion, profesor de Teología en el seminario de Écône, rechazó esa interpretación.
«No es un acto de rebelión: es un acto que nace del amor por la Iglesia», declaró a la AFP.
Asimismo, aseguró que la Fraternidad no considera que sus acciones sean cismáticas.
«No hay absolutamente nada cismático o contrario a la Iglesia en nuestras acciones. Esperamos que llegue el día en el que el papa vea esto. Para nosotros, ser cismáticos es lo peor que podría ocurrir, preferiríamos morir a ser cismáticos», afirmó.
La situación recuerda a lo ocurrido en 1988, cuando el papa Juan Pablo II también pidió a la Fraternidad que desistiera de ordenar nuevos obispos. En aquella ocasión, las consagraciones derivaron en una excomunión inmediata que posteriormente fue levantada por Benedicto XVI en 2009.
Actualmente, la Fraternidad San Pío X asegura tener presencia en más de 75 países de seis continentes. Según la propia organización, cuenta con 751 sacerdotes, 264 seminaristas y cerca de 800 lugares de culto distribuidos en 77 países, aunque sigue siendo un grupo minoritario frente a los más de 1,300 millones de fieles que integran la Iglesia católica en el mundo.
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Venezolana confirma la muerte de su madre tras cuatro días de búsqueda entre los escombros en Caracas
Durante cuatro días, María Pessina y sus hermanos, residentes en Ecuador, Suiza y Alemania, buscaron información sobre el paradero de su madre tras el derrumbe del edificio donde vivía, provocado por el doble terremoto que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio. La búsqueda concluyó el sábado, cuando una fotografía confirmó la muerte de Magnolia, de 79 años.
«La agonía terminó», expresó Pessina, investigadora venezolana radicada en Quito, luego de identificar la ropa que llevaba su madre en una imagen de uno de los cuerpos recuperados entre los escombros.
María había permanecido tres semanas de visita en Venezuela y abordó el vuelo de regreso a Ecuador apenas unas horas antes de que ocurrieran los sismos.
«El terremoto ocurrió cuando yo volaba», relató a la AFP por vía telefónica. Al aterrizar, aseguró que comenzó a recibir numerosos mensajes porque muchas personas pensaban que aún permanecía en Caracas. Antes de reencontrarse con su familia, recibió un video que mostraba el edificio reducido a escombros.
Tras conocer la tragedia, ella y sus hermanos iniciaron una intensa búsqueda. Activaron grupos familiares y de vecinos en aplicaciones de mensajería y contrataron a un motorizado para revisar los listados de personas vivas, heridas y desaparecidas en hospitales de Caracas.
Un grupo de WhatsApp permitió que vecinos del edificio Petunia, de 14 pisos, restablecieran contacto con familiares que viven en Miami, España, República Dominicana, Panamá y Ecuador.
El viernes, un mensaje informó sobre el hallazgo de un cuerpo con características similares a las de Magnolia. Un día después, María confirmó que se trataba de su madre.
«Pasé tres semanas limpiando y doblando su ropa, por eso pude reconocer lo que llevaba puesto en esa foto», explicó la investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.
Familias buscan respuestas
La situación de la familia Pessina se repite entre millones de venezolanos que residen en el extranjero, quienes continúan buscando a familiares entre los cerca de 2,000 fallecidos y decenas de miles de desaparecidos que dejaron los terremotos ocurridos hace una semana, sin posibilidad de viajar ni de participar en los funerales en su país.
Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 7.9 millones de venezolanos han abandonado el país durante la última década, en el mayor éxodo de la historia reciente de América Latina.
Desde ciudades como Miami, Madrid y Santiago, integrantes de la diáspora organizaron redes de apoyo para enviar medicinas, pañales y fórmulas infantiles, además de difundir solicitudes de rescate.
Desde Miami, Andre, quien prefirió no revelar su apellido por motivos profesionales, relató a la AFP que continúa buscando a su cuñado, Jorge Sedano, desaparecido tras el colapso del edificio Vallarta, en Playa Grande.
«Mi cuñado Jorge Sedano está en el edificio Vallarta, en Playa Grande, y todavía no sabemos nada de él», expresó.
Según su testimonio, en esa zona de La Guaira los vecinos iniciaron por cuenta propia las labores de búsqueda hasta la llegada, el fin de semana, de rescatistas salvadoreños.
Andre aseguró que no ha dormido desde la tragedia debido a que permanece difundiendo solicitudes de ayuda y coordinando donaciones.
Asimismo, manifestó su indignación al señalar que el martes fueron suspendidas las labores de rescate en el edificio donde se encontraba su cuñado, luego de que vecinos sorprendieran a agentes de policía robando dólares entre los escombros.
«No llegaron a tiempo para salvar vidas. Quizá mi cuñado estaba vivo en las primeras horas. Pero sí llegaron a robar», afirmó.
Un adiós a la distancia
Desde España, Broli Rumbos relató que conoció la tragedia mientras un amigo buscaba desesperadamente a su familia entre los escombros de un edificio en La Guaira.
«Es raro estar tan lejos, seguir la rutina. Estamos viviendo aquí, con la cabeza allá», escribió en un chat con amigos.
Por su parte, María Pessina afirmó que las nuevas tecnologías permiten seguir en tiempo real lo que ocurre en Venezuela.
«Para bien y para mal ahora vivimos en tiempo real lo que pasa al otro lado del mundo», expresó.
Según explicó, en el edificio Petunia, ubicado en un sector de clase media y acomodada de Caracas, la mayoría de los residentes tenía familiares viviendo en el extranjero.
El martes, mediante el grupo de vecinos, conocieron que un matrimonio y su hija también fallecieron en el derrumbe. El único sobreviviente de esa familia era otro de sus hijos, quien se encontraba estudiando en Italia.
Ahora, la familia Pessina analiza cómo despedir a Magnolia desde la distancia. La ceremonia podría realizarse por streaming una vez que las hermanas de la fallecida reciban sus cenizas.
«No sabemos cuándo, todo eso es ahora mismo un caos», comentó María.
Indicó que será una ceremonia con música porque a su madre le gustaba cantar y considera que probablemente la seguirán por streaming, como ya es habitual para quienes han construido su vida fuera de Venezuela.
Pessina añadió que también le gustaría participar en un homenaje junto a los vecinos del edificio Petunia, lugar donde nació y que, tras la tragedia, adquirió un significado especial para todos.
