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MARAS: El Control, Crimen y Migración de las pandillas que atenta con la seguridad de las naciones
En Chiapas pasan cosas como esta: cinco jóvenes de entre 18 y 24 años torturaron y asesinaron a Rudy Alonso Pacheco Niño, de 18 años, en el municipio de Acacoyagua, el pasado 26 de junio.
Dos de los presuntos asesinos, detenidos un mes después, son guatemaltecos, uno salvadoreño y tres mexicanos. Todos miembros de la mara Barrio-18.
Su víctima, a su vez, era mexicano que pertenecía a la «Mara Salvatrucha» (MS-13), de acuerdo con las autoridades.
Con la atención siempre puesta en su frontera norte, México olvida que el sur también existe en el mapa de la violencia.
Chiapas, estado del sur de México, empalmado con Centroamérica por su geografía, enfrenta graves problemas de seguridad atribuidos al arribo de jóvenes «maras».
Así llaman a los integrantes de pandillas centroamericanas como la «Mara Salvatrucha» y «Barrio 18», que son las más conocidas y que en Chiapas han reclutado ya a jóvenes mexicanos, desde hace al menos 20 años.
Héctor Castillo, investigador de la UNAM y especialista en grupos juveniles, lo compró al participar en un programa gubernamental que se llamó Hábitat, y que puso en marcha el gobierno de Felipe Calderón en distintas ciudades del país para prevenir la violencia.
Entre esas ciudades estaba Tapachula, capital de Chiapas y una de las ciudades más afectadas por la actividad de las «maras».
«El propósito era intervenir con los jóvenes, a partir de distintas actividades, para alejarlos de las pandillas, porque uno no puede llegar y enfrentar así nada más a las ‘maras'», explica.
Por algo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), desde 2004, consideró a las «maras» como «un problema que atenta no solamente contra la seguridad pública de las personas, sino también contra la seguridad nacional del Estado».
Pandillas en expansión
Hace años que México detectó las actividades de grupos de «maras» en el país. Desde 1996 al menos, de acuerdo con la CNDH y Héctor Castillo.
Su presencia, sin embargo, progresivamente se expandió hasta llegar a 23 estados del país y sumar más 5.000 integrantes hasta 2005, año en que la CNDH hizo el estudio.
En este advertía además que en Chiapas habían nacido ya otras «clicas» (grupos considerados como «familias» que pertenecen a las «maras»), que en 2001 ya sumaban 200 grupos con al menos 3.000 pandilleros.
El problema entonces no es reciente, afirman especialistas. Y tampoco simple, aclaran. El fenómeno de las pandillas centroamericanas que operan en México es una mezcla que combina migración, pobreza, crimen y corrupción, y que exhibe la falta de políticas públicas en la región y las fallidas estrategias de seguridad como el Plan Frontera Sur, el cual consiste básicamente en el reforzamiento de la seguridad policial y militar.
Esta estrategia, sin embargo, no ha disuadido la operación de las pandillas en Chiapas. Y aun peor, al parecer su número y sus actividades ha aumentado en los últimos dos años: de 13 supuestos pandilleros detenidos en 2016, el número se elevó a 161 hasta febrero de 2018, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas.
También aumentaron los homicidios vinculados a los enfrentamientos entre pandillas: de 18 ocurridos en 2016 pasaron a 22 en 2017 y este año suman 7, según las cifras oficiales.
Los especialistas advierten, sin embargo, que alrededor de estos números oficiales hay una «cifra negra», que impide conocer el total de los asesinatos o hechos violentos relacionados con las «maras», porque la mayoría de la veces sus delitos involucran migrantes sin documentos.
Para enfrentar el problema – que afecta sobre todo a los municipios de Suchiate, Tapachula, Mapastepec y Tuxtla Gutiérrez– las autoridades de Chiapas pusieron en marcha el Programa Antipandillas, que opera desde la Fiscalía de Inmigrantes.
Esta instancia colabora con los gobiernos de Guatemala y El Salvador, y ha detectado los vínculos entre las maras de Centroamérica y las que operan en México.
Incluso advierten que desde cárceles como «El Infiernito», en el departamento de Escuitla, Guatemala, o desde los centros de reinserción social para sentenciados 14 de Cintalapa y 3 de Tapachula salen las órdenes de asesinatos de los jefes maras a sus «clicas».
Así lo comprobaron cuando detuvieron a los asesinos de Rudy Alonso. De acuerdo con la investigación, en «El Infiernito» está recluido Fernando Muñoz Sinar, conocido como «El Happy» y/o «El Ratón», a quien identifican como el actual líder de la «clica» llamada «Sólo para Locos», de «Barrio 18».
En 2017 este líder contactó a Juan Carlos N, «El Pastrana», que se encuentra en el centro penitenciario número 14 de Cintalapa para formar una alianza para la venta de droga en toda la región del río Suchiate, la Costa de Chiapas y Tapachula.
Para ellos operaba Yener Aldair, conocido como «El Panzas», de 19 años, guatemalteco, quien encabezó el asesinato del joven mexicano vinculado con «MS-13» en Acacoyagua, por órdenes de «El Happy».
Pero la violencia en Chiapas no sólo ocurre entre pandillas. Los más vulnerables son los migrantes centroamericanos que salen de sus países para huir de estas.
Jóvenes detenidos como presuntos miembros de las “clicas” en Chiapas.
La doctora Ailsa Winton, investigadora de El Colegio de la Frontera Norte (Ecosur), explica que desde hace un par de años ha sucedido que los migrantes que abandonan sus países por el acecho de las pandillas, se encuentran en Chiapas a los mismos de quienes huyen.
«Se comenzó a escuchar que estos migrantes se habían topado con quienes los habían amenazado allá (en sus países) o que reconocía a pandilleros de su país aquí en México, en espacios públicos como el parque central de Tapachula o los albergues, donde las personas encargadas de estos han alertado de esta situación», explica.
Esto sucede porque los pandilleros siguen a sus víctimas, las persiguen hasta México, dice. Y aunque este tipo de situaciones ya se conocían, agrega, no hubo respuesta de las autoridades: ni atención ni protección para los migrantes, y tampoco investigación.
El riesgo de la criminalización
Centroamérica y México comparten una frontera de 1.149 kilómetros que se extiende desde el Océano Pacífico al Caribe y atraviesa algunos de los territorios más pobres de la región, donde apenas hay infraestructuras y empleo formal.
Parte de la frontera de 956 km entre México y Guatemala serpentea a lo largo de los ríos Suchiate y Usumacinta. Los 193 kilómetros restantes siguen el curso del río Hondo que divide a México de Belice.
En esa geografía Chiapas es la puerta de entrada de la migración proveniente de la cintura del continente. O como lo llaman ahora: del «Triángulo Norte» que forman Guatemala, El Salvador y Honduras, países donde la pobreza y la violencia de las pandillas han disparado los desplazamientos forzados.
Los números lo evidencian. De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 294.000 ciudadanos de esos países estaban registrados en 2017 como refugiados o solicitantes de asilo, lo que significa un aumento de 58% con respecto a 2016, y 16 veces más que en 2011.
La mayoría son mujeres y jóvenes que escapan del reclutamiento forzado de las maras o pandillas y de sus amenazas de muerte. «Están huyendo de la violencia», dice el investigador Iván Porras, también del Ecosur.
Para ellos, el primero de sus destinos es Estados Unidos, donde se encuentran 260.000 refugiados y solicitantes de asilo de Centroamérica, de acuerdo con cifras del ACNUR.
México –que ACNUR ya no considera un país de tránsito sino de destino– está en el segundo sitio con 12.700 solicitudes de asilo, seguido por Costa Rica con 3.200, Panamá con 1.400, y Nicaragua con 700.
Si la migración es un tema regional, también la seguridad lo es, dice el investigador Iván Porras. «No son fenómenos que puedan aislarse porque están vinculados», asegura.
Migración y seguridad a su vez están enganchados a las políticas migratorias de Estados Unidos y México, agrega Winton, del Ecosur.
«Si hay más controles migratorios en México y Estados Unidos, las personas que tienen que moverse están más sujetas a los grupos criminales, de quienes dependen para poder trasladarse de manera clandestina, pagándoles».
De modo que si cambia la política migratoria, cambia la migración y cambian los grupos criminales que se mueven en función de esos migrantes. Pero ni unos ni otros se detienen, a pesar de las políticas de seguridad que México ha aplicado como una especie de «tapón» para impedir que los centroamericanos lleguen a Estados Unidos.
Los resultados, parece, son contraproducentes debido a la corrupción de cuerpos policiacos y autoridades migratorias que extorsionan a los migrantes en su tránsito o son cómplices de los traficantes de personas.
De modo que los mecanismos de seguridad que ha implantado México para impedir la entrada de «maras», también han fermentado un caldo de cultivo para criminalizar la migración centroamericana y abandonarla a su suerte ante las acciones criminales de estos grupos.
«A quién recurren si están en el país de manera ilegal», pregunta Porras.
La presión migratoria
Apenas en enero de este año, los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras alertaron a México sobre los flujos masivos de pandilleros hacia Chiapas, como consecuencia de los operativos que esos países aplican contra esos grupos delictivos.
De inmediato se levantaron voces que demandaron a las autoridades federales y estatales controles más estrictos contra los migrantes que viajan sin papeles. Una de esas voces fue el Comité de Consulta y Participación Ciudadana en Materia de Seguridad Pública (Cocoparci).
Esta organización argumentó que los ciudadanos centroamericanos pueden recurrir a la Tarjeta de Visitante Regional (TVR), que en los últimos dos años ha permitido contabilizar aproximadamente 4.5 millones de ingresos legales por la frontera sur.
Una condición para acceder a la TVR es que los centroamericanos deben registrar y comprobar su identidad y domicilio. Por lo tanto, según la Cocoparci, muchos de quienes no tramitan la TVR es porque quiere ocultar quiénes son y de dónde vienen, tal vez porque tienen antecedentes penales.
Para Ailsa Winton, investigadora del Ecosur, estas son reacciones producto de la mala atención y comprensión de un problema como la violencia asociada a la migración y la movilidad, que termina distorsionando su percepción.
«Lo que sucede en Chiapas es que la gente ahora asocia más el refugio y a los refugiados con la criminalidad, y lo escuchamos en foros y de asociaciones civiles que argumentan que son los mismos criminales a quienes se les está beneficiando con la condición de refugiados», afirma.
Más allá de la xenofobia, que sí existe en México contra los centroamericanos, la preocupación de Winton es que, frente a esos argumentos y la falta de atención al problema, «las personas que necesitan protección quedan desprotegidas y los criminales pueden tener la libertad para seguir haciendo lo que hacen».
Ella y Porras coinciden que la atención debe ser regional y participar todos los gobiernos y autoridades involucradas.
Pero «no hay mucho interés, tampoco recursos asignados para atender el problema, y mucho menos comprensión sobre qué es la criminalidad, cómo operan esos grupos y su relación con la migración y movilidad en la región».
Por eso, historias como las de Rudy Alonso Pacheco, asesinado a machetazos, seguirán ocurriendo sin que nadie vuelva la vista hacia el sur.
La justicia colombiana dejó en libertad este lunes al colombo-alemán Carlos Lehder, exsocio del narco Pablo Escobar, luego de una corta detención en Bogotá, adonde llegó el viernes desde Alemania.
Salió de prisión en 2020 tras pagar una pena de más de tres décadas y luego se radicó en Alemania.
La policía detuvo a Lehder el viernes en el aeropuerto el Dorado de Bogotá en virtud de una condena de 1995 por tenencia ilegal de drogas, armas y municiones.
Pero la justicia determinó este lunes que la pena de 24 años por esos delitos ya prescribió y decidió «emitir boleta de libertad», según un boletín.
Apodado el Loco por sus excentricidades, Lehder fue pionero en abrir rutas para que los carteles llevaran droga hacia Estados Unidos, uno de los periodos más sangrientos de Colombia.
La AFP visitó las ruinas de su famosa Posada Alemana, una extravagante finca en el eje cafetero colombiano, donde albergó a un cóndor de los Andes y construyó una estatua del beatle John Lennon.
Hoy los opulentos salones están abandonados.
Lehder empezó en el tráfico de drogas hacia los 20 años y «la gente reconoce en Colombia a La posada alemana como ese ícono del narcotráfico», explicó Miguel Rojas, historiador local.
Solo Lehder y otro de sus socios del cartel de Medellín, Fabio Ochoa Vásquez, fueron extraditados a Estados Unidos.
Ochoa Vásquez fue deportado en diciembre a Colombia tras cumplir una condena de más de dos décadas en una prisión estadounidense.
Sin cuentas pendientes con la justicia colombiana, está en libertad.
Figura icónica del mal en el mundo, Escobar libró una guerra para evitar su extradición a Estados Unidos marcada por la detonación indiscriminada de carros bomba y el secuestro o asesinato de líderes políticos, periodistas y jueces.
El barón de la cocaína murió a manos de la policía colombiana el 2 de diciembre de 1993 en la ciudad de Medellín.
La reanudación de los bombardeos y las operaciones terrestres en la Franja de Gaza han dejado al menos 322 niños muertos y 609 heridos en los últimos diez días, denunció este lunes Unicef, la agencia de la ONU para la infancia.
Estas cifras incluyen a los niños que, según los informes, murieron o resultaron heridos en el departamento de cirugía del hospital Al Nasser, en el sur de Gaza, que fue alcanzado en un ataque el 23 de marzo.
La mayoría de estos niños estaban desplazados, refugiados en tiendas improvisadas o en viviendas dañadas, señaló la organización.
«Los niños se han visto de nuevo sumidos en un ciclo de violencia y privaciones mortales», denunció la directora ejecutiva de la organización, Catherine Russell, en un comunicado.
Russell pidió a «todas las partes que cumplan sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario para proteger a los niños».
Tras casi 18 meses de guerra, más de 15.000 niños han muerto, más de 34.000 han resultado heridos y casi un millón han sido desplazados repetidamente y privados de su derecho a servicios básicos, recordó Unicef.
«El recrudecimiento de los bombardeos incesantes e indiscriminados, combinado con el bloqueo total de la entrada de suministros en la Franja de Gaza durante más de tres semanas, ha puesto a prueba la respuesta humanitaria y a la población civil de Gaza especialmente a su millón de niños», advirtió la organización.
Israel reanudó su ofensiva sobre el territorio palestino el 18 de marzo poniendo fin a una frágil tregua, que había dado un respiro a la población durante dos meses.
Además del cese de las hostilidades, Unicef pidió que Israel permita la entrada de ayuda humanitaria al enclave -suspendida desde el 2 de marzo- y la evacuación de los niños enfermos y heridos para recibir atención médica.
Sin dicha ayuda, están escaseando los alimentos, el agua potable y la atención médica, lo que agrava la desnutrición y las enfermedades, alertó la organización.
«Es preciso proteger a la población civil, incluidos los niños y los trabajadores humanitarios, y las infraestructuras esenciales que aún quedan, y liberar a los rehenes» en manos de Hamás.
«El mundo no debe permanecer impasible y permitir que continúe la matanza y el sufrimiento de los niños», añadió.
El papa Francisco, convaleciente en el Vaticano tras más de cinco semanas hospitalizado por una doble neumonía, se sometió a una radiografía de tórax que mostró «una ligera mejoría de su infección pulmonar», anunció este martes la Santa Sede.
El sumo pontífice de 88 años también se sometió a nuevos análisis de sangre que arrojaron resultados «normales», indicó el servicio de prensa del Vaticano.
El papa argentino fue dado de alta el 23 de marzo y sus médicos le prescribieron una convalecencia de al menos dos meses.
La Santa Sede indicó que Francisco continúa con la terapia farmacológica, así como la rehabilitación motora y respiratoria, y que ha mostrado mejoras, en particular en el uso de su voz.
Los médicos habían advertido que el papa tardaría tiempo en recuperar el pleno uso de su voz debido a los daños sufridos por los músculos respiratorios tras la neumonía bilateral que puso en peligro su vida en dos ocasiones.
Jorge Bergoglio es asistido «día y noche» por personal médico. Sigue concelebrando misa todos los días en una capilla en el Vaticano.
También continúa con su trabajo y es capaz de sentarse en su escritorio, pero no recibe visitas, dijo la Santa Sede, que añadió que su estado de ánimo es «bueno».
Francisco puede prescindir de la asistencia de oxígeno durante «breves momentos», pero sigue recibiéndolo la mayor parte del tiempo, a través de cánulas nasales, con un «flujo elevado» por la noche o cuando siente la necesidad.
Como en las semanas anteriores, no presidirá la audiencia general semanal del miércoles y el texto de su catequesis será transmitido por escrito, precisó la misma fuente.
La única aparición pública del papa desde su hospitalización el 14 de febrero fue el 23 de marzo, día en que fue dado de alta del hospital Gemelli de Roma, donde apareció débil, con rasgos marcados y voz frágil.
