Internacionales
MARAS: El Control, Crimen y Migración de las pandillas que atenta con la seguridad de las naciones
En Chiapas pasan cosas como esta: cinco jóvenes de entre 18 y 24 años torturaron y asesinaron a Rudy Alonso Pacheco Niño, de 18 años, en el municipio de Acacoyagua, el pasado 26 de junio.
Dos de los presuntos asesinos, detenidos un mes después, son guatemaltecos, uno salvadoreño y tres mexicanos. Todos miembros de la mara Barrio-18.
Su víctima, a su vez, era mexicano que pertenecía a la «Mara Salvatrucha» (MS-13), de acuerdo con las autoridades.
Con la atención siempre puesta en su frontera norte, México olvida que el sur también existe en el mapa de la violencia.
Chiapas, estado del sur de México, empalmado con Centroamérica por su geografía, enfrenta graves problemas de seguridad atribuidos al arribo de jóvenes «maras».
Así llaman a los integrantes de pandillas centroamericanas como la «Mara Salvatrucha» y «Barrio 18», que son las más conocidas y que en Chiapas han reclutado ya a jóvenes mexicanos, desde hace al menos 20 años.
Héctor Castillo, investigador de la UNAM y especialista en grupos juveniles, lo compró al participar en un programa gubernamental que se llamó Hábitat, y que puso en marcha el gobierno de Felipe Calderón en distintas ciudades del país para prevenir la violencia.
Entre esas ciudades estaba Tapachula, capital de Chiapas y una de las ciudades más afectadas por la actividad de las «maras».
«El propósito era intervenir con los jóvenes, a partir de distintas actividades, para alejarlos de las pandillas, porque uno no puede llegar y enfrentar así nada más a las ‘maras'», explica.
Por algo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), desde 2004, consideró a las «maras» como «un problema que atenta no solamente contra la seguridad pública de las personas, sino también contra la seguridad nacional del Estado».
Pandillas en expansión
Hace años que México detectó las actividades de grupos de «maras» en el país. Desde 1996 al menos, de acuerdo con la CNDH y Héctor Castillo.
Su presencia, sin embargo, progresivamente se expandió hasta llegar a 23 estados del país y sumar más 5.000 integrantes hasta 2005, año en que la CNDH hizo el estudio.
En este advertía además que en Chiapas habían nacido ya otras «clicas» (grupos considerados como «familias» que pertenecen a las «maras»), que en 2001 ya sumaban 200 grupos con al menos 3.000 pandilleros.
El problema entonces no es reciente, afirman especialistas. Y tampoco simple, aclaran. El fenómeno de las pandillas centroamericanas que operan en México es una mezcla que combina migración, pobreza, crimen y corrupción, y que exhibe la falta de políticas públicas en la región y las fallidas estrategias de seguridad como el Plan Frontera Sur, el cual consiste básicamente en el reforzamiento de la seguridad policial y militar.
Esta estrategia, sin embargo, no ha disuadido la operación de las pandillas en Chiapas. Y aun peor, al parecer su número y sus actividades ha aumentado en los últimos dos años: de 13 supuestos pandilleros detenidos en 2016, el número se elevó a 161 hasta febrero de 2018, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas.
También aumentaron los homicidios vinculados a los enfrentamientos entre pandillas: de 18 ocurridos en 2016 pasaron a 22 en 2017 y este año suman 7, según las cifras oficiales.
Los especialistas advierten, sin embargo, que alrededor de estos números oficiales hay una «cifra negra», que impide conocer el total de los asesinatos o hechos violentos relacionados con las «maras», porque la mayoría de la veces sus delitos involucran migrantes sin documentos.
Para enfrentar el problema – que afecta sobre todo a los municipios de Suchiate, Tapachula, Mapastepec y Tuxtla Gutiérrez– las autoridades de Chiapas pusieron en marcha el Programa Antipandillas, que opera desde la Fiscalía de Inmigrantes.
Esta instancia colabora con los gobiernos de Guatemala y El Salvador, y ha detectado los vínculos entre las maras de Centroamérica y las que operan en México.
Incluso advierten que desde cárceles como «El Infiernito», en el departamento de Escuitla, Guatemala, o desde los centros de reinserción social para sentenciados 14 de Cintalapa y 3 de Tapachula salen las órdenes de asesinatos de los jefes maras a sus «clicas».
Así lo comprobaron cuando detuvieron a los asesinos de Rudy Alonso. De acuerdo con la investigación, en «El Infiernito» está recluido Fernando Muñoz Sinar, conocido como «El Happy» y/o «El Ratón», a quien identifican como el actual líder de la «clica» llamada «Sólo para Locos», de «Barrio 18».
En 2017 este líder contactó a Juan Carlos N, «El Pastrana», que se encuentra en el centro penitenciario número 14 de Cintalapa para formar una alianza para la venta de droga en toda la región del río Suchiate, la Costa de Chiapas y Tapachula.
Para ellos operaba Yener Aldair, conocido como «El Panzas», de 19 años, guatemalteco, quien encabezó el asesinato del joven mexicano vinculado con «MS-13» en Acacoyagua, por órdenes de «El Happy».
Pero la violencia en Chiapas no sólo ocurre entre pandillas. Los más vulnerables son los migrantes centroamericanos que salen de sus países para huir de estas.
Jóvenes detenidos como presuntos miembros de las “clicas” en Chiapas.
La doctora Ailsa Winton, investigadora de El Colegio de la Frontera Norte (Ecosur), explica que desde hace un par de años ha sucedido que los migrantes que abandonan sus países por el acecho de las pandillas, se encuentran en Chiapas a los mismos de quienes huyen.
«Se comenzó a escuchar que estos migrantes se habían topado con quienes los habían amenazado allá (en sus países) o que reconocía a pandilleros de su país aquí en México, en espacios públicos como el parque central de Tapachula o los albergues, donde las personas encargadas de estos han alertado de esta situación», explica.
Esto sucede porque los pandilleros siguen a sus víctimas, las persiguen hasta México, dice. Y aunque este tipo de situaciones ya se conocían, agrega, no hubo respuesta de las autoridades: ni atención ni protección para los migrantes, y tampoco investigación.
El riesgo de la criminalización
Centroamérica y México comparten una frontera de 1.149 kilómetros que se extiende desde el Océano Pacífico al Caribe y atraviesa algunos de los territorios más pobres de la región, donde apenas hay infraestructuras y empleo formal.
Parte de la frontera de 956 km entre México y Guatemala serpentea a lo largo de los ríos Suchiate y Usumacinta. Los 193 kilómetros restantes siguen el curso del río Hondo que divide a México de Belice.
En esa geografía Chiapas es la puerta de entrada de la migración proveniente de la cintura del continente. O como lo llaman ahora: del «Triángulo Norte» que forman Guatemala, El Salvador y Honduras, países donde la pobreza y la violencia de las pandillas han disparado los desplazamientos forzados.
Los números lo evidencian. De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 294.000 ciudadanos de esos países estaban registrados en 2017 como refugiados o solicitantes de asilo, lo que significa un aumento de 58% con respecto a 2016, y 16 veces más que en 2011.
La mayoría son mujeres y jóvenes que escapan del reclutamiento forzado de las maras o pandillas y de sus amenazas de muerte. «Están huyendo de la violencia», dice el investigador Iván Porras, también del Ecosur.
Para ellos, el primero de sus destinos es Estados Unidos, donde se encuentran 260.000 refugiados y solicitantes de asilo de Centroamérica, de acuerdo con cifras del ACNUR.
México –que ACNUR ya no considera un país de tránsito sino de destino– está en el segundo sitio con 12.700 solicitudes de asilo, seguido por Costa Rica con 3.200, Panamá con 1.400, y Nicaragua con 700.
Si la migración es un tema regional, también la seguridad lo es, dice el investigador Iván Porras. «No son fenómenos que puedan aislarse porque están vinculados», asegura.
Migración y seguridad a su vez están enganchados a las políticas migratorias de Estados Unidos y México, agrega Winton, del Ecosur.
«Si hay más controles migratorios en México y Estados Unidos, las personas que tienen que moverse están más sujetas a los grupos criminales, de quienes dependen para poder trasladarse de manera clandestina, pagándoles».
De modo que si cambia la política migratoria, cambia la migración y cambian los grupos criminales que se mueven en función de esos migrantes. Pero ni unos ni otros se detienen, a pesar de las políticas de seguridad que México ha aplicado como una especie de «tapón» para impedir que los centroamericanos lleguen a Estados Unidos.
Los resultados, parece, son contraproducentes debido a la corrupción de cuerpos policiacos y autoridades migratorias que extorsionan a los migrantes en su tránsito o son cómplices de los traficantes de personas.
De modo que los mecanismos de seguridad que ha implantado México para impedir la entrada de «maras», también han fermentado un caldo de cultivo para criminalizar la migración centroamericana y abandonarla a su suerte ante las acciones criminales de estos grupos.
«A quién recurren si están en el país de manera ilegal», pregunta Porras.
La presión migratoria
Apenas en enero de este año, los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras alertaron a México sobre los flujos masivos de pandilleros hacia Chiapas, como consecuencia de los operativos que esos países aplican contra esos grupos delictivos.
De inmediato se levantaron voces que demandaron a las autoridades federales y estatales controles más estrictos contra los migrantes que viajan sin papeles. Una de esas voces fue el Comité de Consulta y Participación Ciudadana en Materia de Seguridad Pública (Cocoparci).
Esta organización argumentó que los ciudadanos centroamericanos pueden recurrir a la Tarjeta de Visitante Regional (TVR), que en los últimos dos años ha permitido contabilizar aproximadamente 4.5 millones de ingresos legales por la frontera sur.
Una condición para acceder a la TVR es que los centroamericanos deben registrar y comprobar su identidad y domicilio. Por lo tanto, según la Cocoparci, muchos de quienes no tramitan la TVR es porque quiere ocultar quiénes son y de dónde vienen, tal vez porque tienen antecedentes penales.
Para Ailsa Winton, investigadora del Ecosur, estas son reacciones producto de la mala atención y comprensión de un problema como la violencia asociada a la migración y la movilidad, que termina distorsionando su percepción.
«Lo que sucede en Chiapas es que la gente ahora asocia más el refugio y a los refugiados con la criminalidad, y lo escuchamos en foros y de asociaciones civiles que argumentan que son los mismos criminales a quienes se les está beneficiando con la condición de refugiados», afirma.
Más allá de la xenofobia, que sí existe en México contra los centroamericanos, la preocupación de Winton es que, frente a esos argumentos y la falta de atención al problema, «las personas que necesitan protección quedan desprotegidas y los criminales pueden tener la libertad para seguir haciendo lo que hacen».
Ella y Porras coinciden que la atención debe ser regional y participar todos los gobiernos y autoridades involucradas.
Pero «no hay mucho interés, tampoco recursos asignados para atender el problema, y mucho menos comprensión sobre qué es la criminalidad, cómo operan esos grupos y su relación con la migración y movilidad en la región».
Por eso, historias como las de Rudy Alonso Pacheco, asesinado a machetazos, seguirán ocurriendo sin que nadie vuelva la vista hacia el sur.
Un sismo de magnitud 7.6 sacudió Panamá este viernes 9 de octubre de 2026, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), y provocó pánico en la capital panameña, conocida por sus rascacielos. Aunque los reportes iniciales de la AFP indicaban que no se habían confirmado víctimas ni daños, posteriormente la cadena de noticias Telesur difundió imágenes en las que se observaban afectaciones en infraestructura.
El USGS informó inicialmente que el movimiento telúrico tenía una magnitud de 8, pero posteriormente revisó la cifra a 7.6. Además, ubicó el epicentro a 10 kilómetros de Pitaloza Arriba, en la zona centro-sur del país. Tras el sismo, cientos de personas salieron de los edificios en Ciudad de Panamá, según constató la agencia AFP.
De acuerdo con la cuenta Mundo en Conflicto, en la red social X, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico emitió una alerta para nueve países de América Latina: Panamá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y México.
TERREMOTO DE MAGNITUD PRELIMINAR 7,7 SACUDE PANAMÁ Así se vivió el potente terremoto de magnitud preliminar 7,7 que sacudió Panamá. Video: Cortesía #CronioSV #Panamá #Terremoto #Sismo #Internacionales https://t.co/KLT86mrbDq
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 9, 2026
Así se observó la Terminal de Albrook durante el fuerte terremoto que sacudió Panamá. 📹: Cortesía #CronioSV #Panamá #Terremoto #Sismo #Internacionales https://t.co/fYa743eaD7
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 9, 2026
Estas son algunas imágenes de distintos puntos de Panamá durante el fuerte terremoto. 📹: Cortesía #CronioSV #Panamá #Terremoto #Sismo #Internacionales https://t.co/3e8NMF5FYz
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 9, 2026
ASÍ SE LLEVARON A CABO LAS EVACUACIONES EN VARIOS EDIFICIOS DE PANAMÁ En la ciudad de San José, Panamá, se ordenaron evacuaciones ordenadas en numerosos edificios tras el fuerte terremoto de 7.7. Hasta el momento, no se reportan daños en la ciudad. El Comité de Emergencias mantiene comunicación, mientras los equipos de seguridad, socorro y rescate permanecen en estado de alerta. 📹: Cortesía #CronioSV #Panamá #SanJosé #Terremoto #Emergencia
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 9, 2026
Minutos después, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) de El Salvador informó que se esperaba un nivel de impacto moderado en la franja costera nacional, con posibles inundaciones menores en playas, esteros, puertos y bahías, así como un incremento en las corrientes marinas.
La institución también advirtió sobre una variación de entre 0.3 y 1.0 metros en la altura del nivel del mar. Según el MARN, la hora mínima de llegada de un posible tsunami a la costa salvadoreña estaba prevista para las 14:37 de este viernes 9 de octubre de 2026.
#ATENCIÓN🚨 AMENAZA DE TSUNAMI PARA EL SALVADOR Tras un sismo de magnitud preliminar 7.6, registrado frente a la costa de Panamá este viernes 9 de octubre, a las 11:56 a. m., el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC) informa de un impacto en la franja costera de El Salvador. 🌊 La hora mínima estimada de llegada de un posible tsunami a la costa salvadoreña es a las 2:37 p. m. de este viernes. ⚠️ Mantente atento a las actualizaciones oficiales. 🇸🇻 #CronioSV #ElSalvador #AlertaDeTsunami #Sismo #Prevención
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 9, 2026
Por su parte, Telesur transmitió en vivo desde Panamá para informar sobre las consecuencias del sismo y mostrar imágenes de los daños observados en infraestructura.
Durante la cobertura, la periodista Rekha Chandiramani explicó que los movimientos telúricos de esta magnitud son inusuales en el país. Según relató, en eventos anteriores las personas permanecían tranquilas en sus hogares; sin embargo, el sismo de este viernes provocó que salieran de plazas comerciales, supermercados y viviendas.
Chandiramani también señaló que el movimiento ocurrió durante el horario de salida de los niños de las escuelas del turno matutino y mientras algunos empleados se disponían a almorzar.
«En este momento hay confusión entre las personas, en mis 44 años de vida jamás había sentido un sismo de esta magnitud», expresó la periodista durante la transmisión.
#TerremotoPanamá | Terremoto de magnitud preliminar 7.7 interrumpe -en vivo- un programa deportivo en la ciudad de #Santiago 🇵🇦, a 60 km de distancia del epicentro.📍 Fuente: USGS. Video: Deportes RPC. #CronioSV #Panamá #SanJosé #Terremoto #Emergencia https://t.co/22vNsqaZlf
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 9, 2026
SISMO DE MAGNITUD 7.7 DEJA DAÑOS EN EL SECTOR DE MARBELLA, PANAMÁ El sector de Marbella, en Panamá, registra daños y afectaciones tras el sismo de magnitud 7.7 ocurrido la tarde de este viernes 9 de octubre. #CronioSV #Panamá #Sismo #Marbella #Terremoto https://t.co/Jp0xBWDcAi
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 9, 2026
Videos muestran daños en estructuras de la ciudad de Penonomé, Panamá, luego del terremoto. 📹: Cortesía #CronioSV #Panamá #Terremoto #Sismo #Penonomé https://t.co/XMISlNdSFF
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 9, 2026
Tres niños y dos adultos murieron tras el derrumbe de los tres primeros pisos de un edificio de siete niveles en Estambul, Turquía, informó este viernes la oficina del gobernador local.
Las operaciones de búsqueda y rescate concluyeron después de que los equipos localizaran el cuerpo de la última víctima entre los escombros, según precisaron las autoridades.
Entre las personas fallecidas se encuentran dos niñas de 5 y 10 años, así como un niño de 12 años. Además, nueve personas fueron rescatadas con vida desde que ocurrió el derrumbe, el jueves por la mañana.
El edificio está situado en la orilla asiática de Estambul. Tras el colapso de los tres primeros pisos, los cuatro niveles superiores quedaron apoyados sobre los escombros.
El vicealcalde de Estambul, Nuri Aslan, explicó a los periodistas que el inmueble fue construido en 1987 y que posteriormente se le añadieron pisos adicionales.
«El edificio fue construido en 1987. El sótano, la planta baja y los dos pisos superiores se construyeron de acuerdo con las normas de la época, pero posteriormente se añadieron pisos adicionales», detalló el funcionario.
Como medida preventiva, 55 personas que residían en edificios cercanos fueron evacuadas por razones de seguridad, de acuerdo con la oficina del gobernador.
Por otra parte, la responsable de una tienda de textiles ubicada en la entrada del inmueble, citada por medios turcos, afirmó que desde abril había notado grietas en las paredes.
El caso ha generado preocupación por las condiciones de seguridad de las construcciones en la ciudad. Según medios locales, más de 1,200 edificios en Estambul podrían colapsar en cualquier momento debido al incumplimiento de las normas de construcción o al uso de materiales de baja calidad.
Internacionales
Estados Unidos transmitirá en vivo el fusilamiento de un condenado por ataque a base militar
El Pentágono anunció que transmitirá en directo la ejecución de Nidal Hasan, el psiquiatra militar musulmán de origen palestino condenado a muerte por matar a 13 personas en un ataque ocurrido en 2009 en la base militar Fort Hood, en Estados Unidos. La decisión fue calificada este viernes como una forma de «tortura» por la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La ejecución está prevista para el 3 de diciembre y será la primera realizada por las fuerzas armadas estadounidenses desde 1961. También será la primera ejecución mediante un pelotón de fusilamiento desde la Segunda Guerra Mundial.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmó que el procedimiento será público. Un funcionario del Pentágono declaró a la agencia AFP que la ejecución «será transmitida en vivo» y que posteriormente se darán a conocer más detalles.
Hegseth abordó el tema durante una conversación con Jack Posobiec, activista de derecha e influencer, a quien explicó que un pelotón de soldados cumplirá la orden de pena de muerte.
«Será ejecutado por un pelotón de fusilamiento de soldados, como debe ser, y nos aseguraremos de que la gente pueda presenciarlo, de que sea público», expresó el secretario de Defensa en un video difundido en X por varias cuentas oficiales del Pentágono.
«La gente tiene que entender que hay serias consecuencias ante este tipo de actos», agregó.
ONU califica la transmisión como una forma de tortura
La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos rechazó la decisión de transmitir la ejecución en directo y recordó su postura frente a las ejecuciones públicas en Afganistán e Irán.
«Como el Alto Comisionado ha subrayado en reacción a las ejecuciones públicas en Afganistán e Irán, las ejecuciones públicas constituyen una forma de trato o pena cruel, inhumano o degradante», señaló la institución en un mensaje enviado a la AFP.
La oficina insistió en que la difusión de este tipo de procedimientos vulneraría las normas internacionales de derechos humanos.
«La retransmisión en directo de una ejecución equivale a una ejecución pública y violaría la prohibición absoluta de la tortura», afirmó.
La última ejecución militar en Estados Unidos tuvo lugar en 1961, cuando John Bennett fue ahorcado tras ser condenado por violación e intento de homicidio.
El senador demócrata Chris Murphy también criticó la decisión de transmitir el fusilamiento y la calificó de «repugnante».
«Comprendo que en este país tenemos la pena de muerte, pero las ejecuciones públicas son medievales», declaró Murphy a CNN.
Según Amnistía Internacional, se tiene conocimiento de al menos 17 ejecuciones públicas realizadas durante 2025: seis en Afganistán y 11 en Irán.
Por su parte, la organización Centro de Información sobre la Pena de Muerte indicó que 135 soldados han sido ejecutados por el Ejército de Estados Unidos desde 1916.
El ataque en Fort Hood y la condena de Hasan
A comienzos de esta semana, el Pentágono anunció que el presidente estadounidense, Donald Trump, había aprobado la ejecución de Hasan por perpetrar un ataque inspirado en Al-Qaeda.
El tiroteo ocurrió en 2009 en la base militar Fort Hood y dejó 13 personas fallecidas. Doce de los muertos y 30 de los heridos eran soldados. Hasan recibió disparos de una agente de la policía civil durante el ataque y quedó parcialmente paralizado.
En 2013, un jurado militar lo sentenció a muerte.
Durante el juicio, Hasan asumió su propia defensa, pero no presentó testigos, no rindió declaración y tampoco intentó negar los cargos. Los abogados defensores designados por el tribunal consideraban que el acusado buscaba recibir la pena capital.
Durante el proceso judicial también se expuso que Hasan se oponía a las intervenciones militares estadounidenses en Irak y Afganistán. Asimismo, se informó al tribunal que había mantenido conversaciones con Anwar al Awlaki, un clérigo radical de origen yemení que tenía ciudadanía estadounidense y era señalado como una figura vinculada a Al-Qaeda.
Al Awlaki murió en un ataque con drones de Estados Unidos en Yemen.
En otro video, Posobiec preguntó a Hegseth si Hasan había presentado alguna petición final antes de su ejecución.
«No me importa. Lo veremos el 3 de diciembre», respondió el secretario de Defensa.
Otros ataques en instalaciones militares estadounidenses
Aunque los tiroteos masivos ocurren con frecuencia en Estados Unidos, los ataques de este tipo en instalaciones militares son relativamente poco comunes.
En 2025, un soldado abrió fuego en una base militar del estado de Georgia e hirió a cinco soldados antes de ser detenido.
En 2019, un marine estadounidense mató a tiros a dos personas e hirió a una tercera en una base militar de Hawái. Ese mismo año, un alumno militar saudita asesinó a tres personas en una instalación militar de Florida.
Otro ataque ocurrió en 2015, cuando un ciudadano estadounidense nacido en Kuwait atacó dos instalaciones militares en Tennessee, donde mató a cuatro marines y a un marinero.
El FBI concluyó que este último episodio estuvo inspirado por un «grupo terrorista internacional».
