Internacionales
Los abogados del Chapo evalúan un próximo testigo estelar: el Chapo
Es común que al final de una larga jornada en el juicio de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, la corte se vacíe lentamente.
Pero el martes 15 de enero, cuando concluyeron los hechos del día, la mayoría de los reporteros salieron apresurados para escribir sobre el testimonio de Álex Cifuentes Villa, un excolaborador del Chapo en el Cártel de Sinaloa, que afirmó que el expresidente mexicano Enrique Peña Nieto habría aceptado un soborno de 100 millones de dólares en 2012.
Así que fue en una corte casi vacía en la que los fiscales pidieron a Jeffrey Lichtman, uno de los abogados de Guzmán, que entregara su lista oficial de testigos.
El representante del equipo legal de la defensa respondió que no estaban preparados para entregar una lista terminada, pero que tenían dos nombres de los que querían asegurarse que la fiscalía tuviera conocimiento. El primero era un testigo (el cual no fue identificado por nombre) que estaba en custodia del gobierno. Después, Lichtman caminó hacia el juez, se inclinó hacia adelante y en voz baja mencionó un nombre más: Joaquín Guzmán Loera.
Su incorporación confirma lo que se había rumorado durante semanas: el narcotraficante podría querer una oportunidad de contar su propia historia en la Corte Federal de Distrito en Brooklyn. Sería otro acontecimiento sorprendente en un juicio que ya ha brindado muchos momentos sensacionales.
Lichtman ha dicho a los reporteros que el testimonio de Guzmán solo es una «posibilidad».
«Es su derecho absoluto testificar o no testificar», aseguró Eduardo Balarezo, otro de sus abogados, en una entrevista.
Al día siguiente, los abogados de Guzmán estaban hablando con el acusado sobre la posibilidad de testificar, aunque esas discusiones fueron descritas como más teóricas que estratégicas. Los abogados de Guzmán rechazaron dar detalles de esas conversaciones y alegaron la confidencialidad entre cliente y abogado.
Hacer testificar a Guzmán podría ser una buena idea, dijo Bruce Cutler, un abogado defensor optimista y seguro de sí mismo que describe sus propias estrategias como el «enfoque de dejar que todo salga» y que logró exoneraciones tres veces en la década de los ochenta y principios de la de los noventa para John Gotti, quien funcionarios de las fuerzas de seguridad de Estados Unidos decían que encabezaba a la familia criminal Gambino. (Cutler y Lichtman, quienes se describen entre ellos como amigos, trabajaron juntos durante algún tiempo en casos de la familia Gotti).
«¿Por qué no arriesgarlo todo?», preguntó Cutler. «¿Qué puede perder? ¿Qué va a pasar? Me refiero a que es poco común, pero tal vez eso es lo que necesitas. El libro de las jugadas dice que no lo hagas a menos que tengas que hacerlo. Y yo pienso que en este caso tienes que hacerlo. Así es que yo digo: ‘¡Viva el Chapo!'».
En un juicio-espectáculo como este, con intensas medidas de seguridad y una plétora de testigos, Cutler dijo que la defensa tiene que crear un espectáculo propio.
«Juicios como este nunca se ganan, a menos que, a menos que, hagas algo inusual», dijo.
Guzmán podría no tener mucho que perder. En casi tres meses de testimonios, los fiscales han usado a los exsocios de Guzmán, funcionarios de fuerzas de seguridad, así como llamadas telefónicas grabadas sin el conocimiento del Chapo y mensajes de texto para mostrarlo de manera exhaustiva como un criminal vengativo y asesino que dirigió a la organización de narcotráfico más grande de Norteamérica.
«Podría sentir que es la conclusión inevitable es que será condenado», dijo Bruce Green, un profesor en la Facultad de Derecho de Fordham que se especializa en ética legal y proceso criminal. «Y el testimonio que él quiere dar podría no ser para lograr que el jurado lo exonere, sino para establecer su lugar en la historia y para explicar sus motivos al mundo».
Preparar a Guzmán como testigo podría llevar tiempo y Balarezo dijo que tal preparación aún no había comenzado.
«Cualquier cliente que testifique obviamente tiene que ser aconsejado sobre las posibles consecuencias de su testimonio», dijo Balarezo. «Y tiene que estar preparado para enfrentar las preguntas de la fiscalía».
El posible testimonio de Guzmán podría ocurrir pronto. Los fiscales le dijeron al juez hace unos días que esperan concluir con la presentación de testimonios y evidencias, a más tardar, para el 28 de enero. Después de esa fecha, la defensa elaborará su propio caso.
El testimonio de Guzmán, si sucede, probablemente extendería el juicio una semana o más debido a que tendría muchos detalles por ofrecer y las preguntas de la fiscalía probablemente necesitarían mucho tiempo.
Lichtman dijo que trataba a Guzmán como cualquier otro cliente y agregó que él siempre pone en listas a sus clientes como testigos potenciales para mantener la oportunidad abierta.
«No quiero quedarme sin la posibilidad más adelante», dijo.
Desde el principio del juicio, la defensa ha impulsado la narrativa de la situación de pobreza en medio de la cual creció Guzmán, como un niño que vendía naranjas en las calles para sobrevivir. Escuchar la historia de Guzmán en sus propias palabras podría humanizarlo ante los ojos de los integrantes del jurado o, por lo menos, apelar a su propio talento para los momentos dramáticos. Después de todo, Guzmán alguna vez quiso dirigir una película sobre su vida; después se reunió con los actores Kate del Castillo y Sean Penn en otro intento por compartir su historia.
«Si el acusado no testifica, puedes tomar los fragmentos de evidencia e intentar armar una historia que establezca una duda razonable», dijo Green. «Sin embargo, cuando el acusado testifique, el jurado elige entre dos historias: la de la fiscalía y la del acusado».
A menudo, los acusados interesados en compartir su historia son desalentados por sus abogados, pues temen que la fiscalía haga añicos cualquier relato que narren. Sin embargo, la situación de Guzmán parece excepcional.
«En este caso, es difícil de imaginar que haya algo más que sea más poderoso que lo que la fiscalía ya ha presentado», dijo Green.
* Copyright: 2019 The New York Times News Service
Internacionales
Ataque armado deja seis muertos y un herido en Guatemala; investigan disputa por venta de drogas
Al menos seis personas, entre ellas un adolescente de 17 años, murieron y una resultó herida durante un ataque armado registrado en la periferia sur de Ciudad de Guatemala, informó este domingo la Policía Nacional Civil.
El hecho ocurrió la noche del sábado dentro de una vivienda ubicada en la aldea urbana Boca del Monte, en el municipio de Villa Canales, donde desconocidos ingresaron y dispararon contra las personas que se encontraban en el lugar.
De acuerdo con el reporte policial, las víctimas estaban «conviviendo» durante la celebración de un cumpleaños cuando los atacantes realizaron los disparos, en el momento en que se quemaban fuegos artificiales en la calle.
Un vocero de la Policía indicó a AFP que, según las primeras investigaciones, el ataque estaría relacionado con una disputa de «territorio» entre grupos dedicados al «narcomenudeo» en el sector.
Las autoridades atribuyen casi la mitad de la violencia registrada en Guatemala al narcotráfico y a pandillas que se dedican a extorsionar a comerciantes y empresarios del transporte de pasajeros.
Según cifras oficiales, Guatemala cerró el año pasado con una tasa de homicidios de 16.1 por cada 100,000 habitantes, una cifra que supera en más del doble el promedio mundial.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, acusó este domingo a Estados Unidos de intentar «apropiarse del país» mediante lo que calificó como una «política genocida», en referencia a las sanciones impuestas por la administración del presidente Donald Trump.
Desde enero, el gobierno estadounidense aplica una política de máxima presión sobre la isla. Al embargo económico vigente desde 1962 se han sumado un bloqueo petrolero y nuevas sanciones dirigidas contra empresas y dirigentes cubanos.
Según el mandatario cubano, estas medidas han provocado una fuerte caída del turismo y de la entrada de divisas, además de la salida de numerosas empresas extranjeras del país. Las sanciones más recientes, anunciadas el jueves, están dirigidas contra el programa de misiones médicas cubanas en el extranjero, una de las principales fuentes de ingresos de Cuba.
«Cuba lidera hoy una batalla histórica (…) contra los muros de una política genocida que se ha propuesto asfixiar a todo el pueblo para apropiarse del país», expresó Díaz-Canel durante un acto por el Día de la Rebeldía Nacional, celebrado en la ciudad de Pinar del Río, ubicada a unos 190 kilómetros de La Habana.
El jefe de Estado participó en la conmemoración del 73.º aniversario del ataque al cuartel Moncada, realizado en 1953 por Fidel Castro (1926-2016) en el este de la isla y considerado el inicio de la Revolución Cubana.
Durante su discurso, Díaz-Canel afirmó que «el bloqueo es un arma de guerra y provoca muertes» y sostuvo que Washington busca generar en Cuba, al igual que en otros países, un «estallido social con el único propósito de imponer gobiernos afines a los intereses imperiales».
Las declaraciones del mandatario se producen en medio de una crisis energética que mantiene cortes de electricidad de más de 30 horas en La Habana y de varios días consecutivos en otras provincias. Además, durante julio se registraron tres apagones generales que afectaron a los 9.4 millones de habitantes del país.
En la capital cubana también se han registrado manifestaciones de forma regular, especialmente durante la noche. Los ciudadanos golpean cacerolas y queman montones de basura en las calles para expresar su descontento por la escasez de alimentos y los constantes cortes de energía eléctrica y agua.
Ante este escenario, Díaz-Canel hizo un llamado a la «unidad» e instó a implementar con «prioridad estratégica» un paquete de 176 medidas de libre mercado aprobadas en junio por el Parlamento.
Por su parte, Trump sostiene que Cuba, ubicada a 150 kilómetros de las costas de Florida, representa «una amenaza extraordinaria» para la seguridad nacional de Estados Unidos y en varias ocasiones ha amenazado con «tomar el control» del país.
El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, regresó este domingo a su país, casi ocho meses después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo indultara de una condena de 45 años de prisión por narcotráfico.
Hernández arribó en un vuelo privado al aeropuerto de Palmerola, ubicado a 60 kilómetros al noroeste de Tegucigalpa. En la pista fue recibido por su familia, mientras que cientos de simpatizantes lo esperaban fuera de la terminal aérea.
El exmandatario obtuvo el perdón antes de las elecciones presidenciales de noviembre pasado, en las que su copartidario conservador Nasry Asfura resultó electo por un estrecho margen, luego de que Trump advirtiera que suspendería la ayuda a Honduras si este no era elegido.
«Estaremos siempre muy agradecidos con la decisión valiente del presidente Trump», declaró a AFP Ana García, esposa del expresidente. García sostuvo que Hernández ha sido víctima de una «persecución» y se arrodilló en la pista para orar tras su llegada.
Aunque recuperó la libertad, Hernández, quien gobernó Honduras entre 2014 y 2022, deberá enfrentar ahora a la justicia hondureña. Está acusado de desviar dos millones de dólares de fondos públicos para financiar su campaña presidencial de 2013.
Un juez suspendió la orden de captura en su contra bajo el compromiso de que se presentará voluntariamente ante las autoridades, decisión que permitió a su familia y seguidores organizar una caravana de bienvenida y actos religiosos.
«Estamos muy contentos» de recibirlo, expresó a AFP la simpatizante Eva Amador, de 56 años, quien portaba una pancarta de agradecimiento dirigida a Trump.
El exmandatario, de 57 años, comparecerá el próximo 3 de agosto ante una corte por acusaciones de fraude y lavado de activos, cargos de los que se declara «inocente».
Para Ana María Méndez, directora para Centroamérica de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), el retorno de Hernández representa «una prueba para la independencia» del sistema judicial hondureño y «reabre el debate sobre la impunidad» tras las críticas generadas por el indulto concedido por Trump.
Condena por narcotráfico e indulto
En junio de 2024, un juez federal de Nueva York condenó a Hernández a 45 años de prisión, dos años después de que fuera extraditado desde Honduras.
La justicia estadounidense lo declaró culpable de colaborar en el ingreso de cientos de toneladas de cocaína producida en Colombia hacia Estados Unidos, en alianza con narcotraficantes, entre ellos el mexicano Joaquín «El Chapo» Guzmán, quien cumple cadena perpetua en ese país.
La fiscalía lo acusó de convertir a Honduras en un «narco-Estado» y en una «superautopista» para el tráfico de drogas. Durante el juicio, un testigo colaborador afirmó que Hernández habría dicho: «Le vamos a meter la droga a los gringos en sus narices y no se van a dar ni cuenta».
La sentencia fue anulada en abril pasado tras el indulto otorgado por Trump, quien sostiene que Hernández fue víctima de un «montaje» impulsado durante la administración del expresidente Joe Biden (2021-2025).
Hace tres meses, el medio digital Diario Red, fundado por el exvicepresidente del Gobierno español Pablo Iglesias, difundió audios que supuestamente revelan que el indulto formaba parte de un plan de varios gobiernos para convertir a Hernández en un operador contra la izquierda en la región.
Según esas publicaciones, denominadas «Hondurasgate», Estados Unidos, Israel, Honduras y Argentina habrían participado en la supuesta trama. Hernández calificó esas versiones de falsas y afirmó: «Claramente no es mi voz». Por su parte, Nasry Asfura, señalado de haberle ofrecido dinero, no se pronunció.
Bienes decomisados y legado político
Tras su captura en 2022, a Hernández le fueron decomisados 131 bienes, entre ellos 32 inmuebles, incluyendo casas, terrenos y fincas. De acuerdo con Ana García, esas propiedades fueron heredadas por el exmandatario y deben ser devueltas.
Durante su administración, Hernández promovió las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), territorios autónomos aprobados en 2013 con el objetivo de atraer inversiones.
Las ZEDE fueron declaradas inconstitucionales en 2024 por ser consideradas un «Estado dentro del Estado», aunque algunas, como Próspera, continúan operando.
El expresidente también logró un segundo mandato en 2017, pese a que la Constitución hondureña prohibía la reelección. Una interpretación de la Corte Suprema permitió su candidatura y, tras imponerse en unos comicios cuestionados por denuncias de fraude, decretó un toque de queda durante las protestas, las cuales dejaron una treintena de fallecidos.
