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IMPACTANTE: Estos son los rostros más desgarradores de niños venezolanos con síntomas de desnutrición
Con sus zapatos agujereados, Yemilay Olivar caminó 14 kilómetros hasta el hospital con su bebé desnutrida agonizando: los niños hambrientos son el rostro más desgarrador de la crisis venezolana, en medio de la polémica por la ayuda humanitaria.
A sus dos meses, Rosmilay, la menor de siete hijos, debería pesar unos 5 kilos, pero apenas llega a 2,5, 200 gramos menos que al nacer. Su piel adherida al hueso dificultó el tratamiento intravenoso en el hospital pediátrico Los Samanes, en Maracay, a unos 100 km de Caracas.
«No le hallaban la vena», cuenta a la AFP Yemilay, de mirada triste y piel opaca.
Huníades Urbina, presidente de la Sociedad de Pediatría, afirma que «78% de la población infantil venezolana está en riesgo de algún tipo de desnutrición», antes por la escasez de alimentos y ahora por la voraz hiperinflación.
Una lata de leche para recién nacidos cuesta el equivalente a 21 dólares, casi cuatro salarios mínimos.
Elder, una pediatra con 32 años de ejercicio, no recuerda una precariedad semejante. «Los niños vienen [al hospital] con los huesitos forrados en piel, me quedo espantada», dice a la AFP.
Abrazando a su bebita, Yemilay, de 29 años, cuenta avergonzada que pasó su embarazo comiendo arroz o granos regalados. Asistió a la consulta de médicos cubanos, en un programa del gobierno, pero no le daban «nada de vitaminas».
Su drama, como el de muchos otros, está ahora en el centro del pulso entre el opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por medio centenar de países, y el mandatario socialista Nicolás Maduro.
Para Guaidó, es urgente que ingresen medicinas y alimentos estadounidenses almacenados en Colombia. Pero Maduro lo rechaza alegando que es el inicio de una intervención militar.
«Creían que venía muerto»
Samuel, de año y tres meses, pesa como un recién nacido. Su madre Gleiny Hernández llora mientras lo observa en una cama del Hospital Central de Maracay.
«No me lo querían aceptar porque creían que venía muerto», relata la joven de 26 años, que recién dio a luz a otro varón.
La cabeza de Samuel sobresale en su cuerpo raquítico. Casi inmóvil y con la mirada perdida, pasó de 3,6 a 3,9 kilos en 15 días de hospitalización. Sus brazos y piernas amarillentos están cubiertos de un salpullido que le provocaron algunos medicamentos.
En el hospital de diez pisos donde tratan de salvarlo, la mugre cubre los pisos, el ascensor no funciona y en muchas habitaciones carteles advierten que «no hay agua».
«Hay médicos que se han desmayado porque no comen», cuenta a la AFP una anestesióloga con 20 años de trabajo en ese hospital.
Maduro niega que haya una «crisis humanitaria» y sostiene que seis millones de familias pobres reciben el «CLAP», alimentos que el gobierno vende a precios subsidiados en medio de la debacle económica.
De los 15 a 20 niños atendidos a diario en el Central, entre 60% y 70% llega con algún tipo de desnutrición, revelaron a la AFP fuentes hospitalarias.
Un estudio de la organización católica Cáritas, de noviembre de 2018, estableció que un 57% de 4.103 menores de 5 años evaluados tenía algún tipo de desnutrición y 7,3% desnutrición severa.
El gobierno no publica indicadores de salud desde 2017.
Donaciones del exilio
En una casa antigua en el centro de Maracay donde funcionaba un casino, ahora hay paredes con figuras pintadas por niños que aprenden a leer y escribir.
La pequeña escuela, en la que se sirven alimentos a unos 20 menores, forma parte de la fundación Kapüy, creada en 2016 por Daniela Olmos, asistente médico de 32 años, cuando regresó desde Estados Unidos.
Al principio regalaba comida en la calle, pero luego pensó que equivalía a «botarla» si no era parte de un programa con «impacto social y nutricional».
Según el Parlamento de mayoría opositora, Venezuela vive una «emergencia nutricional», con un retardo de crecimiento que afecta a un 33% de niños pobres de 0 a 2 años.
Mayerlin Díaz, madre de siete hijos, uno de ellos con síndrome de Down, pedía limosna y rebuscaba sobras entre la basura. De esa vida la sacó Kapüy.
«Mis hijos comen tres veces al día gracias a ellos, tengo mi trabajo aquí», afirma Díaz, quien recibe un bono mensual del gobierno que -dice- no le alcanza «ni para un kilo de arroz».
Kapüy también dona en hospitales fórmulas lácteas, pañales y ropa que suministran migrantes venezolanos gracias a su cuenta de Instagram @fundacionkapuy.
«Los quisiera ayudar a todos, pero no se puede. Necesitamos la ayuda humanitaria a como sea, los niños se están muriendo», dice llorosa Daniela, hija de médicos que emigraron por la crisis, como lo hicieron 2,3 millones de venezolanos desde 2015, según la ONU.
La influencer mexicana Valeria Márquez, de 23 años, fue asesinada la tarde del martes dentro de su salón de belleza, ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco, según confirmaron autoridades estatales.
La joven, conocida por compartir contenidos sobre belleza y estilo de vida en redes sociales, algunos con hasta 800,000 reproducciones, fue atacada a tiros alrededor de las 18:30 horas locales (00:30 GMT del miércoles) por un sujeto que ingresó al local y disparó directamente en su contra, informó la fiscalía estatal en un comunicado.
“La víctima es una persona con presencia activa e influencia en redes sociales”, destacó la institución, que añadió que el caso está siendo investigado bajo el protocolo de feminicidio.
Elementos de la policía municipal llegaron al establecimiento tras una llamada de emergencia y confirmaron el fallecimiento de Márquez en el lugar. Agentes del Ministerio Público permanecieron en la escena recabando pruebas y testimonios para esclarecer el crimen.
La violencia de género continúa siendo una grave preocupación en México. De acuerdo con ONU Mujeres, 7 de cada 10 mexicanas mayores de 15 años han sufrido algún tipo de agresión, y diariamente se registran en promedio 10 asesinatos de mujeres, sumando homicidios dolosos y feminicidios.
Las autoridades no han reportado hasta el momento detenidos por este hecho.
El asesinato de Luis Armando Córdova Díaz, exdiputado y exsecretario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Jalisco, se suma a una serie de ataques contra figuras políticas ocurridos recientemente en México, en medio del proceso electoral que culminará el 2 de junio.
Córdova, quien fue legislador entre 2012 y 2015, fue atacado en Zapopan, Jalisco, parte del área metropolitana de Guadalajara. Según informó la Fiscalía del Estado, ya se abrió una investigación para esclarecer el crimen. “Se revisan cámaras de videovigilancia, entrevistas y otros indicios para identificar a los agresores, quienes habrían huido a bordo de una motocicleta”, señaló la institución en un comunicado.
El PRI condenó el homicidio a través de la red social X, donde exigió justicia y alertó sobre la creciente inseguridad. “¡El pueblo no merece vivir con miedo!”, expresó el partido.
Jalisco, considerado bastión del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los grupos criminales más poderosos del país, es escenario frecuente de violencia, desapariciones y enfrentamientos armados. Zapopan, donde ocurrió el ataque, es además una de las sedes seleccionadas para el Mundial de Fútbol 2026 que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.
El homicidio de Córdova ocurre en un contexto de creciente violencia política en el país. El pasado lunes fue asesinado Esteban Alfonseca, exalcalde de Actopan, Veracruz. Un día antes, Yesenia Lara, candidata a la alcaldía de Texistepec por el partido oficialista Morena, resultó herida tras ser atacada a balazos mientras marchaba en caravana junto a simpatizantes.
Veracruz, donde se celebrarán elecciones locales el próximo 1 de junio para renovar 212 alcaldías, ha sido identificado como un territorio estratégico para el crimen organizado por su ubicación en la costa del Golfo de México.
De acuerdo con analistas, los asesinatos de candidatos y exfuncionarios suelen intensificarse en periodos electorales como una forma en que los grupos delictivos buscan controlar gobiernos locales y ejercer influencia sobre los procesos democráticos.
Un sargento del ejército colombiano perdió la vida tras quedar atrapado en el baño de un autobús que fue incendiado por presuntos guerrilleros disidentes de las FARC en una carretera del departamento de Caquetá, al sur del país. El hecho se registró la noche del martes, informó el Ejército Nacional mediante un comunicado.
Según el reporte oficial, hombres armados interceptaron el autobús que había partido del municipio de San Vicente del Caguán, obligaron a los pasajeros a descender y luego prendieron fuego al vehículo. La víctima, un militar vestido de civil, no logró salir a tiempo y murió calcinado dentro del automotor.
“El ataque constituye una flagrante violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario”, denunció el Ejército, que atribuye la acción a un grupo disidente de la extinta guerrilla de las FARC, sin especificar cuál.
En el departamento de Caquetá operan dos facciones del denominado Estado Mayor Central (EMC), la principal agrupación de disidencias de las FARC. Una de ellas, bajo el mando de alias Calarcá, participa en diálogos de paz con el gobierno del presidente Gustavo Petro; mientras que la otra, liderada por alias Iván Mordisco, se apartó del proceso en 2023 y ha intensificado su accionar violento contra las fuerzas estatales.
Ambas estructuras se disputan el control de actividades ilegales como el narcotráfico, la extorsión y la deforestación en esa región selvática.
Colombia vive actualmente el pico más alto de violencia en la última década. El presidente Petro ha denunciado la implementación de un “plan pistola” por parte de grupos armados, que consiste en asesinatos sistemáticos de policías y militares. Según cifras oficiales, entre el 15 de abril y el 5 de mayo, esta ofensiva ha dejado más de 30 uniformados muertos.
El «plan pistola» recuerda la estrategia empleada por el narcotraficante Pablo Escobar en los años noventa, cuando ofrecía recompensas por cada miembro de la fuerza pública asesinado.
Como medida preventiva, el Ministerio de Defensa recomendó a principios de mayo que los integrantes de las fuerzas armadas se desplacen vestidos de civil para reducir el riesgo de ser atacados.
Colombia continúa sumida en un conflicto armado interno que, a lo largo de seis décadas, ha dejado más de 9,5 millones de víctimas entre muertos, desplazados y desaparecidos, de acuerdo con registros oficiales.
