Internacionales
Hijos del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, son capturados al intentar abordar un avión con rumbo a El Salvador
La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala confirmó la captura el lunes de Luis Enrique y Ricardo Martinelli Linares, hijos del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli quienes están acusados de lavado de dinero y son solicitados para extradición a Estados Unidos, de acuerdo a fuentes oficiales.
Los hijos del exmandatario tienen una orden de detención internacional y al momento de ser capturados intentaban abordar un vuelo privado hacia El Salvador, según algunos medios de prensa, aunque esto aún está por verficarse.
Según las investigaciones, pretendían continuar el viaje hacia Panamá en un vuelo humanitario cuando las autoridades los detuvieron, según dijo el portavoz de la Policía Nacional Civil, Jorge Aguilar.
Es de recordar que el exmandatario panameño fue señalado de blanqueo de capitales en el caso de la constructora Odebrecht.
Según ha trascendido, el expresidente negociaba la agilización de pagos y trámites burocráticos, acciones compensadas con dinero ilícito por parte de la constructora a través de sus hijos.
Los presuntos montos millonarios pagados involucran a varias personas; también se asegura que, en su condición de presidente del país, el acusado realizó conversaciones con representantes de la constructora.
Las pruebas documentales y testimoniales en manos de la Fiscalía demuestran que tales diálogos fueron para beneficiar con dinero ilícito la campaña electoral de Cambio Democrático (de Pnamaá) en 2014 y también el exgobernante recibió pagos personales, según medios de la nación centroamericana.
La constructora Odebrecht y los hijos de Martinelli
Según la denuncia, los hijos de Martinelli cobraron entre 2009 y 2010 sobornos para facilitar trámites burocráticos relacionados a la construcción de una autopista y el saneamiento de la bahía de Panamá, proyectos realizados por Odebrecht.
Odebrecht, que acordó pagar a Panamá una sanción de $220 millones y colaborar con la justicia, reconoció haber pagado más de $50 millones en sobornos desde 2010 a 2014 para hacerse con la adjudicación de contratos.
Guatemala también figura en la lista de la constructora brasileña. De acuerdo a la investigación del Ministerio Público, la constructora hizo pagos corruptos que suman casi los $439 millones con los cuales aseguraba los proyectos que desarrollaban en los diferentes lugares.
Entre 2012 y 2015 (bajo la gestión de Otto Pérez Molina) Odebrecht hizo pagos corruptos por $18 millones en Guatemala.
La filial de Odebrecht fue contratada por Guatemala para la ampliación a cuatro carriles de la carretera CA-2 Occidente, de Cocales (Escuintla) a Tecún Umán (San Marcos), por la que cobraría $399 millones.
Una mujer embarazada de seis meses resultó herida de bala tras un intento de asalto registrado en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).
El hecho ocurrió en la intersección de la 6ª avenida y 8ª calle, donde sujetos armados habrían interceptado a la víctima con intenciones de robo. La mujer fue identificada como Jimena Vickers, de 31 años, quien se desempeña como visitadora médica.
De acuerdo con versiones preliminares, los atacantes abrieron fuego luego de que Vickers se opusiera al asalto. En el parabrisas del vehículo, del lado del conductor, se observaron al menos tres impactos de bala.
La víctima fue auxiliada por cuerpos de socorro y trasladada a un centro asistencial. Su estado de salud, así como el del bebé que espera, no ha sido detallado por las autoridades.
La PNC inició un operativo en el sector para dar con los responsables, aunque hasta el momento no se reportan capturas.
Internacionales
Crisis humanitaria en Gaza deja a niños y madres gravemente afectados por la desnutrición en medio del conflicto
La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) alertó este viernes que uno de cada cuatro niños entre seis meses y cinco años, así como mujeres embarazadas y lactantes atendidos en sus clínicas en Gaza, presenta signos de desnutrición, en lo que califican como una emergencia sanitaria y humanitaria de alto nivel.
En un comunicado, MSF acusó a las autoridades israelíes de usar deliberadamente el hambre como un arma de guerra. “Los propios pacientes y profesionales de la salud sufren de hambre”, señaló la ONG, que mantiene presencia médica en Ciudad de Gaza.
Caroline Willemen, coordinadora del proyecto de MSF en esa ciudad, aseguró que están recibiendo alrededor de 25 nuevos casos de desnutrición diariamente. Desde el 18 de mayo, los registros se han cuadruplicado y la desnutrición severa en menores de cinco años se ha triplicado.
MSF afirma que esta situación se debe a una “hambruna deliberada”, consecuencia directa del bloqueo impuesto por Israel sobre el enclave palestino. Aunque a finales de mayo se flexibilizó el cerco, las carencias de alimentos, medicinas y productos básicos persisten.
Israel, por su parte, responsabiliza a Hamas de manipular la ayuda humanitaria, acusándolo de apropiarse de suministros para revenderlos a precios desorbitados o de atacar a las personas que esperan recibir alimentos.
La ONG también denunció ataques en los centros de distribución de alimentos gestionados por la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), respaldada por Israel y Estados Unidos. “Estas distribuciones no son ayuda humanitaria, son crímenes de guerra cometidos a plena luz del día bajo el disfraz de compasión”, afirmó Mohammed Abu Mughaisib, coordinador médico adjunto de MSF en Gaza.
La ONU ha documentado más de 1.000 muertes desde finales de mayo en puntos de ayuda humanitaria, la mayoría cerca de los centros operados por la GHF.
Ecuador cerró el primer semestre de 2025 como el más violento de los últimos 14 años, al registrar 4,557 homicidios, lo que representa un aumento del 45 % respecto al mismo periodo de 2024 y un 22 % más en comparación con los primeros seis meses de 2023, según datos del Ministerio del Interior recopilados por el medio «Primicias».
Del total de muertes violentas, el 89 % (4,069 casos) fue cometido con armas de fuego, incluyendo pistolas, escopetas, ametralladoras y fusiles, lo que evidencia el creciente poder de fuego de los grupos criminales.
Mayo se posicionó como el mes más sangriento desde que se tiene registro, con 915 homicidios, superando incluso los 831 asesinatos ocurridos en octubre de 2023. En promedio, al menos 30 personas fueron asesinadas cada día durante el primer semestre del año. En junio, aunque hubo una leve reducción, se contabilizaron 548 crímenes.
Entre enero y mayo, 70 cantones del país registraron un aumento en muertes violentas respecto al mismo periodo del año anterior. En estos territorios se concentró el 90 % de los homicidios registrados, es decir, un total de 3,578.
Frente a esta escalada de violencia, el gobierno de Daniel Noboa ha decretado estados de excepción en varias provincias —Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos—, en dos cantones de Quito y en el sistema penitenciario nacional. Sin embargo, estas medidas han sido insuficientes para frenar la criminalidad.
El más reciente estado de excepción, declarado el 12 de abril mediante el Decreto 599, fue parcialmente aprobado ayer por la Corte Constitucional, que consideró inconstitucional aplicar la medida en todos los centros penitenciarios y en el cantón Camilo Ponce Enríquez (Azuay), al no evidenciarse hechos que justifiquen su inclusión.
Además, la Corte rechazó la suspensión del derecho a reunión, las inspecciones y requisas sin orden judicial, así como la intervención directa de las Fuerzas Armadas, al señalar que estas acciones pueden ejecutarse dentro del marco legal ordinario.
Pese a ello, se mantuvieron restricciones como la suspensión del derecho a la libertad de tránsito, la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la correspondencia, permitiendo a la fuerza pública realizar allanamientos y revisar mensajes dirigidos a privados de libertad.
El alto índice de homicidios refleja la profunda crisis de seguridad que atraviesa Ecuador, donde el crimen organizado y las bandas armadas continúan desafiando la capacidad del Estado para contener la violencia.
