Internacionales
Hieren a una funcionaria penitenciaria tras nuevo ataque en Ecuador
Un cuarto ataque a bala en menos de un mes contra empleados del sistema penitenciario de Ecuador se registró el jueves en Quito, dejando herida a una funcionaria administrativa, informó el organismo estatal a cargo de las prisiones (SNAI).
En el centro de la capital se produjo «un ataque armado contra dos personas, entre ellas una funcionaria administrativa», señaló la entidad a través de su chat de prensa por WhatsApp.
«Como resultado de este atentado, las personas quedaron heridas y han sido trasladadas para recibir la atención médica urgente», agregó.
El SNAI apuntó que la Policía investiga «para esclarecer y determinar a los posibles responsables» del ataque contra su funcionaria administrativa, a quien no identificó.
Desde el 31 de agosto se han registrado cuatro ataques con armas contra empleados del SNAI, dejando cuatro muertos: los directores de dos cárceles y dos agentes penitenciarias que se dirigían a su trabajo.
El 12 de setiembre, María Daniela Icaza, directora encargada de la denominada Penitenciaría del Litoral del puerto de Guayaquil (suroeste), la mayor cárcel del país y uno de los escenarios de rebeliones y cruentas matanzas entre presos, fue asesinada a tiros.
Guayaquil es una de las ciudades ecuatorianas más violentas debido a la arremetida de bandas narco que se disputan las rutas para el tráfico de drogas.
El SNAI rechazó este jueves «cualquier acto de violencia o intimidación contra funcionarios» de la institución.
Mientras el coronel Francisco Hernández, jefe policial de Quito, había dicho previamente que la víctima sería «una funcionaria del estado que estaría a cargo de procesos judiciales importantes», aunque sin dar más precisiones.
Choques entre presos miembros de bandas rivales dejan más de 460 reclusos muertos desde 2021 en varias cárceles de Ecuador, que tras haber sido convertidas en centros de operaciones del crimen están bajo control de militares desde enero, cuando el presidente Daniel Noboa declaró al país en conflicto armado interno ante una embestida del narco.
El mandatario también desplegó a los militares a las calles para neutralizar a una veintena de organizaciones a las que tildó de terroristas y beligerantes.
Una violenta tormenta de piedras de hielo de tamaño extraordinario azotó el sur de Brasil y provocó daños severos en quince ciudades del sur del país. Según las autoridades, en algunas, cerca del 80 % de las viviendas han quedado afectadas, además, dejó el saldo de 150 personas heridas y más de 25,000 afectados.
El estado de Rio Grande do Sul, en el sur de Brasil, ha sufrido las consecuencias de un fenómeno meteorológico extraordinario: una precipitación de granizo gigante que ha provocado un caos generalizado, con daños severos en los vehículos, viviendas, infraestructuras y cultivos de varias ciudades.
El episodio se ha producido en un contexto de inestabilidad meteorológica en la región, por el que el Instituto Nacional de Meteorología había emitido alertas, precisamente, por posibilidad de granizo y ráfagas de viento de hasta 100 km/h en varias zonas del sur del país.
Las imágenes de vídeo compartidas en la red muestran enormes bolas de hielo cayendo con una violencia inusitada, acumulándose en calles y campos, interrumpiendo carreteras y generando alarma entre la población.
Según los primeros informes de la Defensa Civil del estado, al menos 15 municipios han resultado afectados por el fenómeno. En localidades como Amaral Ferrador, Dom Feliciano, Montenegro o Canudos do Vale, se han registrado daños en los tejados de centenares de viviendas y árboles y postes de luz derribados por la fuerza de las piedras.
Un nuevo informe señala que en 2024 se registraron 2,967 ataques contra la Policía, la cifra más alta en la historia del país.
Es decir, más de 8 ataques diarios, dejando a 804 agentes heridos. El 53 % de estas agresiones fueron cometidas por inmigrantes ilegales, en su mayoría bajo influencia del alcohol o las drogas.
Asimismo, en 5,700 estaciones de tren se cometieron 381,894 delitos, un incremento del 51 % en comparación a 2019.
Los abusos o aprovechamiento hacia mujeres fue uno de los delitos más frecuentes en 2024 con 2,262 un 19.2 % más que el año anterior.
Internacionales
Denuncian al presidente Petro ante la Comisión de Acusaciones por presunto lavado de activos
La denuncia más reciente fue presentada por Juan Carlos Portilla, profesor y experto en anticrimen financiero. Señala al mandatario y a su exesposa Verónica Alcocer de presunto lavado de activos. La acusación fue radicada tanto en la comisión como en la Fiscalía.
Presunto lavado de activos tras estar en la lista Clinton
Portilla fundamenta su denuncia en supuestas irregularidades relacionadas tras su inclusión en la lista Clinton, en la que también están Alcocer, el ministro del Interior Armando Benedetti y el hijo del mandatario, Nicolás Petro Burgos. El denunciante le solicitó al órgano legislativo acceder a información financiera sensible.
Pruebas de reportes de inteligencia financiera y de actividades sospechosas de las cuentas del presidente, no solo en Colombia, sino las que podría llegar a tener en Italia, en paraísos fiscales de Europa y de América Latina, Caribe y Estados Unidos.
La segunda que pasó formalmente a investigación preliminar está relacionada con el escándalo de los pasaportes. Surgió tras una denuncia del abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella, quien pidió pruebas documentales y actos de verificación por un presunto abuso de función pública.
La primera denuncia sobre el tema de los pasaportes
Según el denunciante, el presidente habría intervenido como determinador en la decisión de declarar desierta la licitación que había ganado Thomas Greg & Sons para la expedición de pasaportes. Esta situación llevó a la creación de un nuevo modelo en alianza con Portugal, lo cual generó cuestionamientos sobre la legalidad del proceso.
La comisión ordenó una diligencia específica en el marco de estas investigaciones: “Para que dentro de los 20 días siguientes practique inspección administrativa en la Procuraduría”. El objetivo es verificar si existen elementos que permitan avanzar hacia una eventual imputación formal.
