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Gabriel Boric, presidente: el Chile que recibe el nuevo mandatario y 5 retos que enfrentará en sus primeros meses de gobierno
Con 36 años, el ex líder estudiantil llega a La Moneda de la mano de una nueva generación que destrona a los dos grandes bloques de centro-izquierda y centro-derecha que gobernaron el país desde el retorno de la democracia, en 1990.
Y su gobierno genera altas expectativas.
El nuevo mandatario, que obtuvo un triunfo histórico en diciembre, asume con una ambiciosa agenda de cambios —con reformas al sistema de pensiones, al tributario y salud, entre otras—, que responde en parte a algunas de las demandas representadas en el estallido social que comenzó en octubre de 2019.
Pero su asunción ocurre en un momento en que el país atraviesa por un escenario político, económico y social complejo, con dos estados de emergencia en vigor (uno en el sur, en La Araucanía; y otro en el norte, en el centro de la crisis migratoria), una inflación histórica (que llegó a su nivel más alto en al menos 10 años) y la pandemia que le sigue golpeando fuerte.
A lo anterior se suma que deberá gobernar sin mayoría en el Congreso y con un proceso constituyente en marcha que busca proponer una nueva Carta Magna para la nación sudamericana.
Así, Boric tendrá que sortear una serie de retos que pondrán a prueba su capital político desde el comienzo de su gobierno.
1. Convención constituyente
Tres semanas después de que comenzaran las masivas protestas de octubre de 2019 en Chile, Gabriel Boric —junto a otros políticos de distintas tendencias— firmó un acuerdo para cambiar la Constitución que actualmente rige en el país y que es herencia del régimen de Augusto Pinochet (1973-1990).
Su participación no estuvo exenta de polémicas pues lo hizo a título personal y sin el apoyo de su propio partido, Convergencia Social.
Desde entonces, el ahora presidente es visto como un importante promotor de un proceso que fue considerado como una «salida institucional» a la crisis.
Por eso, de acuerdo con diversos analistas consultados por BBC Mundo, su éxito es crucial para el nuevo mandatario.
«Mucho del capital político del nuevo mandatario está jugado en este proceso», le dice a BBC Mundo Cristóbal Bellolio, doctor en filosofía política y académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez.
La asamblea que está escribiendo la nueva Carta Magna deberá presentar una propuesta en julio de este año, la cual debe ser ratificada en un plebiscito de salida donde participará todo el país.
«Si todo esto termina siendo exitoso, Boric se gana la estatua. Y ¿qué significa que sea exitoso? Que la aprobación en el plebiscito de salida sea lo más abrumadora posible para que no haya un sector completo de la sociedad excluido», añade.
La redacción de una nueva Constitución se aprobó abrumadoramente en un plebiscito realizado en octubre de 2020. Y la Convención encargada de escribirla, conformada principalmente por independientes, inició sus sesiones en julio de 2021.
Su trabajo no ha estado exento de polémicas, sobre todo desde sectores de la derecha que acusan que priman las «posiciones extremas» bajo un «afán refundacional», y de convencionales derechistas que aseguran que están siendo «excluidos» de la discusión.
Desde el otro lado de la vereda hay quienes afirman que existe una campaña de desprestigio contra la Convención y han llamado a la calma respecto a las normas que están siendo discutidas.
En medio de este inevitable y encendido debate, muchos esperan que la coalición política que apoya a Boric juegue algún papel en liderar conversaciones tendientes a reunir el mayor apoyo posible para el proceso.
Tarea que no es fácil, pues desde la propia asamblea se ha pedido que el gobierno se mantenga neutro y distante.
Y Boric ha dado señales en esa línea.
«No voy a tratar de pautear a la Convención con lo que tiene que hacer, sino respetar e implementar lo que acá deliberativamente se decida», dijo en diciembre pasado.
2. Conflicto en la «macrozona sur»
Gabril Boric asume la presidencia de Chile en un momento delicado del centenario conflicto mapuche.
En los últimos años, ha habido una escalada de violencia en la llamada «macrozona sur», con ataques incendiarios, quema de viviendas y la muerte tanto de mapuches como de agricultores y policías.
Y varias provincias de esta zona están bajo el control de las Fuerzas Armadas desde mediados de octubre, cuando el presidente saliente Sebastián Piñera decidió decretar Estado de Emergencia.
«La relación entre el Estado y el pueblo mapuche ha sido tensa y violenta hace décadas. Y aunque el proceso constituyente, que cuenta con representantes de los pueblos originarios, fue un primer paso para una relación distinta, la tensión sigue», le explica a BBC Mundo Pamela Figueroa, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad de Santiago de Chile.
«Boric va a tener un rol clave en enfrentar el tema de la violencia. Muchos estarán observando lo que un gobierno de izquierda puede hacer en esta materia», agrega.
Hasta el momento, las señales que ha dado Boric y su equipo ministerial van en la línea de establecer puentes de conversación con el pueblo mapuche —incluido el grupo radical llamado Coordinadora Arauco Malleco (CAM)— y el resto de los actores involucrados.
La entrante ministra del Interior, Iskia Siches, ha adelantado que no renovarán el Estado de Emergencia.
Esto representa un cambio de estrategia respecto a la administración anterior que invirtió fuertemente en control policial y militar en la zona, creando incluso grupos especiales (como el «Comando Jungla») para hacer frente a la violencia.
Piñera, además, señaló públicamente, y en varias ocasiones, que en La Araucanía «hay terrorismo», algo que Boric siempre ha evitado mencionar.
«Lo que tenemos absolutamente claro es que no podemos seguir con las mismas recetas que han causado más violencia y más división», ha dicho el nuevo mandatario.
Para Cristóbal Bellolio, «Boric y su entorno nunca han querido enfrentar este problema como un asunto terrorista».
«Pero ¿qué va a pasar si siguen los atentados? Ahí van a tener un tremendo desafío: demostrar que por las buenas sí se consiguen resultados», señala.
3. Crisis migratoria en el norte
En la última década, Chile ha vivido un dramático aumento en el número de migrantes.
En solo una década, pasó de acoger a 305 mil migrantes (lo que correspondía al 1,8% de la población total chilena en 2010) a casi 1.500.000 de personas en 2020 (7,5% de la población), según la organización Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), que lleva más de 20 años estudiando el fenómeno migratorio en Chile.
Además, la masiva llegada de desplazados desde Venezuela y Haití ha incrementado fuertemente los ingresos por pasos clandestinos, sumando más extranjeros irregulares y provocando un complejo círculo de informalidad.
La problemática llegó a su punto más álgido solo un par de semanas antes de que Boric asumiera la presidencia.
Camioneros de varias regiones del norte del país —que son las más afectadas por el ingreso de migrantes irregulares— lideraron protestas y bloqueos de ciudades enteras demandando mayor seguridad y medidas ante esta crisis.
Piñera decretó Estado de Emergencia en las provincias más afectadas, instalando más de 600 militares en las fronteras.
El gobierno de Boric ha prometido resolver en seis meses la situación de las personas en albergues, cerrar los pasos no habilitados, realizar un empadronamiento de los migrantes irregulares y combatir las redes de tráfico.
Una meta ambiciosa y que puede encontrarse con algunas dificultades.
«Es un tema urgente, aquí no se puede pensar a largo plazo», dice Pamela Figueroa.
«Boric tendrá que pensar en las dos perspectivas de este problema: la agenda de seguridad, de un lado, y los derechos humanos de los migrantes, de otro. El nuevo presidente tendrá que encontrar un equilibrio entre ambas», agrega la académica.
Para Javier Sajuria, académico de la Universidad Queen Mary de Londres, «si este gobierno de izquierda es capaz de lidiar con la inmigración, sería un golazo que muy pocos han logrado».
El doctor en Ciencias Políticas añade que a Boric también le corresponderá jugar un rol regional dentro de América Latina con el fin de intentar llegar a una solución integral con el resto de los países afectados.
«Este no es un problema solo de Chile, sino regional. Y en la medida que no haya un trabajo coordinado, no va a lograr nada», afirma.
El propio encargado de la crisis migratoria del gobierno entrante, Luis Thayer, ha señalado que el tema solo se resolverá mediante un diálogo con países como Bolivia, Perú, Argentina y Brasil.
4. Crisis económica
Actualmente, la economía global se enfrenta a una desaceleración generalizada y a una alta inflación.
La pandemia de covid-19 agudizó la pobreza y la desigualdad en el mundo y la recuperación económica prevista para este año ha mostrado signos de estancamiento, de acuerdo con la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Esta ralentización se debe en parte al fin de los paquetes de estímulo económico y fiscal, y a importantes interrupciones en las cadenas de suministros.
El panorama se ve aún más sombrío luego de la invasión de Rusia a Ucrania, lo que se cree que podría tener un efecto catastrófico sobre la producción global de alimentos.
Además, el conflicto bélico ha elevado el precio del petróleo a sus niveles más altos desde 2008, lo que podría golpear fuertemente a países que no producen crudo, como Chile.
En este país, la actividad en lo que va del año registró una menor expansión a lo que esperaba el mercado, lo que, según analistas, es un síntoma de un frenazo económico que podría golpear a los chilenos en los próximos meses.
Así, con un presupuesto fiscal ajustado, el próximo gobierno tendrá poco margen de maniobra para satisfacer las demandas sociales.
Será un importante desafío el saber administrar las arcas fiscales y, en eso, el futuro ministro de Hacienda, Mario Marcel, será clave.
«El mundo de Boric nunca ha tenido la idea de crecimiento como faro o norte, no ha estado en el centro de sus preocupaciones. Pero si quiere financiar los derechos sociales, no basta con subir la tasa impositiva; necesitas crecer. Y eso será un enorme desafío», explica Bellolio.
Según los analistas, aquí será crucial la relación que el mandatario establezca con el empresariado.
«Deberá generar confianzas, puentes de diálogo, para recuperar la inversión y reactivar la economía», dice Sajuria.
Hasta el momento, Boric les ha enviado un mensaje claro de que todos los cambios y transformaciones tendrán como eje la «gradualidad y responsabilidad fiscal».
«Mis palabras de gradualidad y responsabilidad fiscal no eran un discurso de campaña, sino que una convicción profunda que tengo para hacer las transformaciones que sean necesarias», dijo en el Encuentro Nacional de la Empresa (Enade), realizado en enero.
Por otra parte, hay que tener en consideración que, al igual que en gran parte del mundo, las ayudas económicas por la pandemia tienen fecha de término.
Dentro de este cuadro, están los retiros anticipados de fondos de pensiones, los cuales ayudaron a muchos chilenos a sortear la crisis. Pero esa política ya perdió popularidad y es difícil imaginar que el presidente la apoyará de nuevo.
«El sector político de Boric le exigió al gobierno de Piñera gastar mucho en tiempos de pandemia. Y ahora van a tener que sufrir las consecuencias de esta resaca», dice Bellolio.
5. Pandemia
La pandemia de coronavirus no ha terminado. Y Gabriel Boric asume en un momento en que no solo han aumentado fuertemente los casos en Chile, sino también las muertes.
De acuerdo con las cifras oficiales del gobierno, en los últimos días se han registrado más de 18 mil casos diarios, con más de mil pacientes que ocupan actualmente camas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).
Además, en las últimas 24 horas, se han registrado más de 200 muertes.
De esta manera, manejar la crisis sanitaria será un reto importante de la nueva administración que, entre sus ministros, cuenta con un importante rostro de la lucha contra la covid-19: Izkia Siches.
La titular del Interior se desempeñó como presidenta de la organización gremial Colegio Médico de Chile entre 2017 y 2021. Desde allí, ejerció presión sobre el gobierno de Sebastián Piñera, cuestionando duramente varias de las medidas tomadas y proponiendo otras.
Pero ahora le tocará a ella ser parte de las decisiones para hacer frente a la pandemia, con todas las complejidades que eso significa.
Entre las dificultades que le tocará sortear al nuevo gobierno en el corto plazo está el retorno a las clases presenciales en las escuelas.
Si bien el propio Boric ha adelantado que priorizará la asistencia presencial, se puede encontrar con una resistencia importante de parte de sus aliados, entre ellos, el Colegio de Profesores y figuras políticas como el comunista y ex candidato presidencial, Daniel Jadue, que se han manifestado en contra de esta opción.
«Nadie puede obligar o imponer a padres, profesores, ni estudiantes, a que asistan a un colegio si no están todas las medidas de seguridad», dijo Jadue a mediados de febrero.
«Ni con este gobierno, ni con nuestro gobierno, que es el que entra el 11 de marzo, vamos a cambiar esta posición», remató.
Por otra parte, Boric deberá ser capaz de sostener la política de vacunación liderada por Piñera, que ha sido ampliamente elogiada en el mundo.
«Será una tensión importante. Va a tener que conjugar la reactivación económica, que ya se hace insostenible, con medidas de restricción de movilidad. Va a tener que buscar el equilibrio», dice Pamela Figueroa.
Cristóbal Bellolio indica que «el sector de Boric promovió las restricciones en el gobierno de Piñera pero ahora sería impopular si instalaran políticas demasiado restrictivas; vamos a ver cuánto de eso se banca la gente».
«Ahora, les tocará a ellos enfrentar la decisión de la economía versus vidas», concluye.
Por. BBC News.
El Pentágono planea desplegar en el golfo Pérsico a cerca de 3,000 soldados de la 82ª División Aerotransportada, una de las grandes fuerzas de élite del ejército estadounidense, dijeron dos altos cargos este martes, informó el periódico español El País.
Entretanto Hezbolá advirtió que combatirá cualquier intento de ocupación tras el anuncio del Gobierno israelí de que su ejército controlará todo el sur de Líbano hasta el río Litani, ubicado unos 30 kilómetros al norte de la frontera.
En las últimas horas, el ejército israelí atacó Beirut, al tiempo que Irán y la milicia chií libanesa Hezbolá respondieron con bombardeos contra Israel, que causaron al menos seis heridos leves en Tel Aviv.
Todo esto sucede, mientras el precio del barril de petróleo superó nuevamente los 100 dólares tras la caída del coste vivida ayer después de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, anunció una tregua de cinco días en los ataques contra infraestructuras energéticas de Irán.
A pesar del anuncio de Trump, Irán aseguró que dos proyectiles impactaron esta madrugada contra un gasoducto en Jorramshahr y contra edificios administrativos de una estación gasística de Isfahán.
El barco camaronero «Maguro» atracó en La Habana con tres días de retraso respecto a lo previsto, tras luchar contra fuertes vientos, corrientes y una molesta batería durante su travesía desde México.
Al acercarse a las fortificaciones de la época colonial de La Habana, los activistas subieron al techo de la embarcación —rebautizada simbólicamente como «Granma 2.0» en homenaje al yate utilizado por los guerrilleros de Fidel Castro (1926-2016) para iniciar su revolución en 1956.
Sostenían una pancarta que decía «Let Cuba live» (Dejen vivir a Cuba), mientras otros, que los esperaban en el muelle, coreaban «¡Cuba sí! ¡Bloqueo no!».
«Ojalá todo el mundo se uniera, incluso los cubanos en el extranjero, y vinieran a hacer lo mismo, porque es el pueblo el que está sufriendo», dijo Amado Rodríguez, un chofer de 59 años que caminaba cerca de la bahía de La Habana.
Los primeros cargamentos llegaron en avión desde Europa, América Latina y Estados Unidos la semana pasada como parte de una misión aérea y marítima, bautizada «Convoy Nuestra América», para llevar unas 50 toneladas de ayuda a Cuba.
Se espera que otros dos barcos lleguen el martes o el miércoles.
Los activistas señalan que el esfuerzo busca aliviar la situación de los cubanos tras un bloqueo petrolero de facto impuesto por Estados Unidos que el presidente Donald Trump puso en marcha en enero.
Los críticos, incluidos exiliados cubanos en Miami, han calificado la iniciativa como un «espectáculo político» que beneficia más al cubano comunista que a la gente de a pie.
El organizador del convoy, David Adler, ciudadano estadounidense, dijo a la AFP que la misión llevó ayuda urgentemente necesaria directamente al pueblo cubano y mostró al mundo «el costo humano del asedio de Trump contra Cuba».
«Demostró que la solidaridad internacional puede triunfar sobre el aislamiento forzado», afirmó Adler, coordinador del grupo global de izquierda Progressive International.
El país ha sufrido siete apagones nacionales desde 2024 -dos de ellos en la última semana- debido al envejecimiento de sus centrales termoeléctricas y a la escasez de petróleo.
La situación en Cuba se ha precarizado desde que Trump ordenó en enero una operación militar para capturar al principal aliado regional de la isla comunista, el líder socialista venezolano Nicolás Maduro, privando así al país de su principal proveedor de petróleo.
El «Maguro» zarpó el viernes desde la península de Yucatán, en México, con 32 personas a bordo, entre ellas activistas de Australia, Brasil, Ecuador, Italia, México y Estados Unidos. Periodistas de la AFP viajaban en el barco.
Durante la travesía -en la que fue escoltado durante una parte del trayecto por un buque de la Armada mexicana-, el activista brasileño Thiago Ávila dijo que otros países deberían acudir en ayuda de Cuba.
«No podemos permitir que el mundo y el derecho internacional sean sepultados bajo la codicia de Donald Trump», declaró a la AFP Ávila, que también fue uno de los organizadores de una flotilla que intentó llevar ayuda a Gaza el año pasado, pero el bloqueo naval israelí lo impidió.
«Por eso estamos aquí, por eso la gente decidió movilizarse para esto y decidió donar», añadió.
La también activista brasileña Lisi Proença dijo que el grupo estaba aplicando la experiencia adquirida con la flotilla de Gaza para hacer llegar ayuda a Cuba.
«Lo interesante es que ahora podemos transportar artículos mucho más grandes, como paneles solares», dijo a la AFP.
Además de los cortes diarios de electricidad, los precios del combustible se han disparado, el transporte público se ha vuelto escaso y la basura se acumula en las calles de Cuba porque los camiones recolectores ya no funcionan.
Cuba ha responsabilizado a Washington de las penurias del país, principalmente debido al bloqueo de combustible y a un embargo comercial de más de seis décadas.
Exiliados cubanos y otros críticos, que atribuyen la crisis económica al gobierno comunista, afirman que el convoy brinda apoyo político a La Habana.
«Todo esto no es más que un espectáculo político», dijo a la AFP Luis Zúñiga, ex preso político cubano radicado en Miami.
«La crisis eléctrica en Cuba no se debe al embargo petrolero impuesto por el presidente de Estados Unidos. Se remonta a mucho antes de eso», afirmó Zúñiga.
El anuncio retrotrae a los libaneses al año 1982, cuando en el contexto de la guerra civil, Israel invadió toda esa zona para repeler a grupos armados palestinos.
El ejército hebreo mantuvo aquí una zona tampón de entre 10 y 20 km de profundidad hasta su retirada completa en el año 2000 bajo la presión del movimiento proiraní Hezbolá, con el que vuelve a estar en conflicto, esta vez en el contexto de la guerra contra Irán.
Las fuerzas israelíes «maniobran en el interior del territorio libanés para apoderarse de una línea de defensa avanzada» hasta el río Litani, declaró el ministro de Defensa, Israel Katz, en un vídeo difundido por su oficina.
La consecuencia para los civiles es que «los cientos de miles de residentes del sur de Líbano que fueron evacuados hacia el norte no volverán al sur del Litani mientras no esté garantizada la seguridad de los habitantes del norte» de Israel, añadió Katz.
Francia, que reivindica un papel diplomático activo en Líbano, reaccionó pidiendo a Israel que «se abstenga» de cumplir con el anuncio de tomar la zona al sur del río Litani, pues tendría «consecuencias humanitarias de calado que agravarían la situación ya de por sí dramática del país», dijo a AFP el canciller Jean-Noël Barrot.
Desde que Hezbolá, patrocinado por Irán, metió a Líbano en la guerra regional, Israel ha efectuado cientos de ataques en el país vecino, que causaron según las autoridades más de un millar de muertos y más de un millón de desplazados.
«La batalla contra Hezbolá (…) no ha hecho más que comenzar», advirtió el lunes la portavoz arabófona del ejército israelí, Ella Waweya.
Este martes al amanecer, los bombardeos israelíes mataron a cinco personas en el sur del país, y a otras tres en una zona residencial cercana a Beirut.
«Mi casa quedó destruida por completo. No queda ya nada, ha ardido todo», dijo a la AFP Abas Qasem, de 55 años. Un apartamento vecino al suyo fue blanco de un ataque en Bchamoun, al sureste de Beirut.
«¿Qué he hecho yo para que mi casa sea destruida? Soy una persona normal», añade entre llantos, como su esposa, al descubrir la devastación en su apartamento.
En este ataque en particular murieron una niña de cuatro años y hubo cuatro heridos, según el ministerio de Sanidad.
Bchamoun no es un bastión de Hezbolá.
El movimiento islamista entró en la guerra el 2 de marzo para vengar la muerte del líder supremo iraní Alí Jamenei, fallecido dos días antes, en la primera jornada de ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán.
El movimiento chiita dijo estar oponiendo resistencia al avance de las fuerzas israelíes en localidades fronterizas, y reivindicó unos ataques contra soldados en el pueblo de Al Qauzah, y contra el norte de Israel.
Según la agencia estatal libanesa Ani, una unidad israelí incursionó en el pueblo fronterizo de Halta, donde los soldados allanaron varias casas «y abrieron fuego contra los habitantes», matando a uno de ellos e hiriendo a otro.
Al mismo tiempo, y en el plano diplomático, Líbano retiró la acreditación al recientemente nombrado embajador de Irán en Beirut, Mohamad Reza Raeuf Sheibani, y le dio de plazo hasta el domingo para salir del país.
Las autoridades de Beirut acusan a los Guardianes de la Revolución iraníes de dirigir las operaciones del movimiento libanés Hezbolá contra Israel.
El canciller israelí, Gideon Saar, elogió la decisión libanesa de expulsar al embajador iraní. Era «necesario», dijo.
Pero también pidió al gobierno de Beirut que tome «medidas concretas y significativas» contra Hezbolá, que cuenta con dos ministros en el gabinete.
