Internacionales
Gabriel Boric, presidente: el Chile que recibe el nuevo mandatario y 5 retos que enfrentará en sus primeros meses de gobierno
Con 36 años, el ex líder estudiantil llega a La Moneda de la mano de una nueva generación que destrona a los dos grandes bloques de centro-izquierda y centro-derecha que gobernaron el país desde el retorno de la democracia, en 1990.
Y su gobierno genera altas expectativas.
El nuevo mandatario, que obtuvo un triunfo histórico en diciembre, asume con una ambiciosa agenda de cambios —con reformas al sistema de pensiones, al tributario y salud, entre otras—, que responde en parte a algunas de las demandas representadas en el estallido social que comenzó en octubre de 2019.
Pero su asunción ocurre en un momento en que el país atraviesa por un escenario político, económico y social complejo, con dos estados de emergencia en vigor (uno en el sur, en La Araucanía; y otro en el norte, en el centro de la crisis migratoria), una inflación histórica (que llegó a su nivel más alto en al menos 10 años) y la pandemia que le sigue golpeando fuerte.
A lo anterior se suma que deberá gobernar sin mayoría en el Congreso y con un proceso constituyente en marcha que busca proponer una nueva Carta Magna para la nación sudamericana.
Así, Boric tendrá que sortear una serie de retos que pondrán a prueba su capital político desde el comienzo de su gobierno.
1. Convención constituyente
Tres semanas después de que comenzaran las masivas protestas de octubre de 2019 en Chile, Gabriel Boric —junto a otros políticos de distintas tendencias— firmó un acuerdo para cambiar la Constitución que actualmente rige en el país y que es herencia del régimen de Augusto Pinochet (1973-1990).
Su participación no estuvo exenta de polémicas pues lo hizo a título personal y sin el apoyo de su propio partido, Convergencia Social.
Desde entonces, el ahora presidente es visto como un importante promotor de un proceso que fue considerado como una «salida institucional» a la crisis.
Por eso, de acuerdo con diversos analistas consultados por BBC Mundo, su éxito es crucial para el nuevo mandatario.
«Mucho del capital político del nuevo mandatario está jugado en este proceso», le dice a BBC Mundo Cristóbal Bellolio, doctor en filosofía política y académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez.
La asamblea que está escribiendo la nueva Carta Magna deberá presentar una propuesta en julio de este año, la cual debe ser ratificada en un plebiscito de salida donde participará todo el país.
«Si todo esto termina siendo exitoso, Boric se gana la estatua. Y ¿qué significa que sea exitoso? Que la aprobación en el plebiscito de salida sea lo más abrumadora posible para que no haya un sector completo de la sociedad excluido», añade.
La redacción de una nueva Constitución se aprobó abrumadoramente en un plebiscito realizado en octubre de 2020. Y la Convención encargada de escribirla, conformada principalmente por independientes, inició sus sesiones en julio de 2021.
Su trabajo no ha estado exento de polémicas, sobre todo desde sectores de la derecha que acusan que priman las «posiciones extremas» bajo un «afán refundacional», y de convencionales derechistas que aseguran que están siendo «excluidos» de la discusión.
Desde el otro lado de la vereda hay quienes afirman que existe una campaña de desprestigio contra la Convención y han llamado a la calma respecto a las normas que están siendo discutidas.
En medio de este inevitable y encendido debate, muchos esperan que la coalición política que apoya a Boric juegue algún papel en liderar conversaciones tendientes a reunir el mayor apoyo posible para el proceso.
Tarea que no es fácil, pues desde la propia asamblea se ha pedido que el gobierno se mantenga neutro y distante.
Y Boric ha dado señales en esa línea.
«No voy a tratar de pautear a la Convención con lo que tiene que hacer, sino respetar e implementar lo que acá deliberativamente se decida», dijo en diciembre pasado.
2. Conflicto en la «macrozona sur»
Gabril Boric asume la presidencia de Chile en un momento delicado del centenario conflicto mapuche.
En los últimos años, ha habido una escalada de violencia en la llamada «macrozona sur», con ataques incendiarios, quema de viviendas y la muerte tanto de mapuches como de agricultores y policías.
Y varias provincias de esta zona están bajo el control de las Fuerzas Armadas desde mediados de octubre, cuando el presidente saliente Sebastián Piñera decidió decretar Estado de Emergencia.
«La relación entre el Estado y el pueblo mapuche ha sido tensa y violenta hace décadas. Y aunque el proceso constituyente, que cuenta con representantes de los pueblos originarios, fue un primer paso para una relación distinta, la tensión sigue», le explica a BBC Mundo Pamela Figueroa, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad de Santiago de Chile.
«Boric va a tener un rol clave en enfrentar el tema de la violencia. Muchos estarán observando lo que un gobierno de izquierda puede hacer en esta materia», agrega.
Hasta el momento, las señales que ha dado Boric y su equipo ministerial van en la línea de establecer puentes de conversación con el pueblo mapuche —incluido el grupo radical llamado Coordinadora Arauco Malleco (CAM)— y el resto de los actores involucrados.
La entrante ministra del Interior, Iskia Siches, ha adelantado que no renovarán el Estado de Emergencia.
Esto representa un cambio de estrategia respecto a la administración anterior que invirtió fuertemente en control policial y militar en la zona, creando incluso grupos especiales (como el «Comando Jungla») para hacer frente a la violencia.
Piñera, además, señaló públicamente, y en varias ocasiones, que en La Araucanía «hay terrorismo», algo que Boric siempre ha evitado mencionar.
«Lo que tenemos absolutamente claro es que no podemos seguir con las mismas recetas que han causado más violencia y más división», ha dicho el nuevo mandatario.
Para Cristóbal Bellolio, «Boric y su entorno nunca han querido enfrentar este problema como un asunto terrorista».
«Pero ¿qué va a pasar si siguen los atentados? Ahí van a tener un tremendo desafío: demostrar que por las buenas sí se consiguen resultados», señala.
3. Crisis migratoria en el norte
En la última década, Chile ha vivido un dramático aumento en el número de migrantes.
En solo una década, pasó de acoger a 305 mil migrantes (lo que correspondía al 1,8% de la población total chilena en 2010) a casi 1.500.000 de personas en 2020 (7,5% de la población), según la organización Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), que lleva más de 20 años estudiando el fenómeno migratorio en Chile.
Además, la masiva llegada de desplazados desde Venezuela y Haití ha incrementado fuertemente los ingresos por pasos clandestinos, sumando más extranjeros irregulares y provocando un complejo círculo de informalidad.
La problemática llegó a su punto más álgido solo un par de semanas antes de que Boric asumiera la presidencia.
Camioneros de varias regiones del norte del país —que son las más afectadas por el ingreso de migrantes irregulares— lideraron protestas y bloqueos de ciudades enteras demandando mayor seguridad y medidas ante esta crisis.
Piñera decretó Estado de Emergencia en las provincias más afectadas, instalando más de 600 militares en las fronteras.
El gobierno de Boric ha prometido resolver en seis meses la situación de las personas en albergues, cerrar los pasos no habilitados, realizar un empadronamiento de los migrantes irregulares y combatir las redes de tráfico.
Una meta ambiciosa y que puede encontrarse con algunas dificultades.
«Es un tema urgente, aquí no se puede pensar a largo plazo», dice Pamela Figueroa.
«Boric tendrá que pensar en las dos perspectivas de este problema: la agenda de seguridad, de un lado, y los derechos humanos de los migrantes, de otro. El nuevo presidente tendrá que encontrar un equilibrio entre ambas», agrega la académica.
Para Javier Sajuria, académico de la Universidad Queen Mary de Londres, «si este gobierno de izquierda es capaz de lidiar con la inmigración, sería un golazo que muy pocos han logrado».
El doctor en Ciencias Políticas añade que a Boric también le corresponderá jugar un rol regional dentro de América Latina con el fin de intentar llegar a una solución integral con el resto de los países afectados.
«Este no es un problema solo de Chile, sino regional. Y en la medida que no haya un trabajo coordinado, no va a lograr nada», afirma.
El propio encargado de la crisis migratoria del gobierno entrante, Luis Thayer, ha señalado que el tema solo se resolverá mediante un diálogo con países como Bolivia, Perú, Argentina y Brasil.
4. Crisis económica
Actualmente, la economía global se enfrenta a una desaceleración generalizada y a una alta inflación.
La pandemia de covid-19 agudizó la pobreza y la desigualdad en el mundo y la recuperación económica prevista para este año ha mostrado signos de estancamiento, de acuerdo con la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Esta ralentización se debe en parte al fin de los paquetes de estímulo económico y fiscal, y a importantes interrupciones en las cadenas de suministros.
El panorama se ve aún más sombrío luego de la invasión de Rusia a Ucrania, lo que se cree que podría tener un efecto catastrófico sobre la producción global de alimentos.
Además, el conflicto bélico ha elevado el precio del petróleo a sus niveles más altos desde 2008, lo que podría golpear fuertemente a países que no producen crudo, como Chile.
En este país, la actividad en lo que va del año registró una menor expansión a lo que esperaba el mercado, lo que, según analistas, es un síntoma de un frenazo económico que podría golpear a los chilenos en los próximos meses.
Así, con un presupuesto fiscal ajustado, el próximo gobierno tendrá poco margen de maniobra para satisfacer las demandas sociales.
Será un importante desafío el saber administrar las arcas fiscales y, en eso, el futuro ministro de Hacienda, Mario Marcel, será clave.
«El mundo de Boric nunca ha tenido la idea de crecimiento como faro o norte, no ha estado en el centro de sus preocupaciones. Pero si quiere financiar los derechos sociales, no basta con subir la tasa impositiva; necesitas crecer. Y eso será un enorme desafío», explica Bellolio.
Según los analistas, aquí será crucial la relación que el mandatario establezca con el empresariado.
«Deberá generar confianzas, puentes de diálogo, para recuperar la inversión y reactivar la economía», dice Sajuria.
Hasta el momento, Boric les ha enviado un mensaje claro de que todos los cambios y transformaciones tendrán como eje la «gradualidad y responsabilidad fiscal».
«Mis palabras de gradualidad y responsabilidad fiscal no eran un discurso de campaña, sino que una convicción profunda que tengo para hacer las transformaciones que sean necesarias», dijo en el Encuentro Nacional de la Empresa (Enade), realizado en enero.
Por otra parte, hay que tener en consideración que, al igual que en gran parte del mundo, las ayudas económicas por la pandemia tienen fecha de término.
Dentro de este cuadro, están los retiros anticipados de fondos de pensiones, los cuales ayudaron a muchos chilenos a sortear la crisis. Pero esa política ya perdió popularidad y es difícil imaginar que el presidente la apoyará de nuevo.
«El sector político de Boric le exigió al gobierno de Piñera gastar mucho en tiempos de pandemia. Y ahora van a tener que sufrir las consecuencias de esta resaca», dice Bellolio.
5. Pandemia
La pandemia de coronavirus no ha terminado. Y Gabriel Boric asume en un momento en que no solo han aumentado fuertemente los casos en Chile, sino también las muertes.
De acuerdo con las cifras oficiales del gobierno, en los últimos días se han registrado más de 18 mil casos diarios, con más de mil pacientes que ocupan actualmente camas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).
Además, en las últimas 24 horas, se han registrado más de 200 muertes.
De esta manera, manejar la crisis sanitaria será un reto importante de la nueva administración que, entre sus ministros, cuenta con un importante rostro de la lucha contra la covid-19: Izkia Siches.
La titular del Interior se desempeñó como presidenta de la organización gremial Colegio Médico de Chile entre 2017 y 2021. Desde allí, ejerció presión sobre el gobierno de Sebastián Piñera, cuestionando duramente varias de las medidas tomadas y proponiendo otras.
Pero ahora le tocará a ella ser parte de las decisiones para hacer frente a la pandemia, con todas las complejidades que eso significa.
Entre las dificultades que le tocará sortear al nuevo gobierno en el corto plazo está el retorno a las clases presenciales en las escuelas.
Si bien el propio Boric ha adelantado que priorizará la asistencia presencial, se puede encontrar con una resistencia importante de parte de sus aliados, entre ellos, el Colegio de Profesores y figuras políticas como el comunista y ex candidato presidencial, Daniel Jadue, que se han manifestado en contra de esta opción.
«Nadie puede obligar o imponer a padres, profesores, ni estudiantes, a que asistan a un colegio si no están todas las medidas de seguridad», dijo Jadue a mediados de febrero.
«Ni con este gobierno, ni con nuestro gobierno, que es el que entra el 11 de marzo, vamos a cambiar esta posición», remató.
Por otra parte, Boric deberá ser capaz de sostener la política de vacunación liderada por Piñera, que ha sido ampliamente elogiada en el mundo.
«Será una tensión importante. Va a tener que conjugar la reactivación económica, que ya se hace insostenible, con medidas de restricción de movilidad. Va a tener que buscar el equilibrio», dice Pamela Figueroa.
Cristóbal Bellolio indica que «el sector de Boric promovió las restricciones en el gobierno de Piñera pero ahora sería impopular si instalaran políticas demasiado restrictivas; vamos a ver cuánto de eso se banca la gente».
«Ahora, les tocará a ellos enfrentar la decisión de la economía versus vidas», concluye.
Por. BBC News.
Las extorsiones en Guatemala aumentaron un 36.2 % en el primer bimestre del año respecto a los primeros dos meses de 2024. Las familias viven agobiadas por las cuotas mensuales que deben entregar a los pandilleros. La situación es complicada en el país, cuando los funcionarios de los centros penales facilitan favores a los internos y hay reportes de que estos operan extorsiones desde el interior de las prisiones.
Las estadísticas del informe sobre extorsiones del Observatorio de Violencia de la organización Diálogos indican que este año hubo 4,871 extorsiones, mientras que el año pasado, al cierre de los dos meses, hubo 3,576.
Los departamentos con mayores denuncias de extorsiones son Guatemala, Escuintla, San Marcos, Chimaltenango, Jutiapa y Alta Verapaz.
Pese a los operativos, allanamientos y detenciones de líderes de pandillas, las extorsiones incrementan cada año. Las denuncias de los primeros dos meses de 2025 se acercan al cierre de hace una década. El 2015 cerró con 5,151 extorsiones, pero el año pasado hubo un total de 25,151, la cifra más elevada de los últimos 10 años. El 2023 finalizó con 18,096 extorsiones, siendo la segunda más alta.
Cansados de esta situación, pobladores de la Ciudad Peronia, zona 8 del municipio de Villa Nueva, Guatemala, salieron el jueves pasado a las calles para marchar por la paz. Un día antes, la Fiscalía había revisado la documentación de los conductores para prevenir actividades delictivas.
«El objetivo principal de esta acción es fortalecer la seguridad de los pasajeros y con[1]ductores y prevenir delitos como la extorsión», afirmó la Fiscalía.
La semana pasada, la Dirección General del Sistema Penitenciario de Guatemala presentó una denuncia ante el ministerio público (Fiscalía) contra Mario Rolando Tax Charuc, director del Centro de Detención Preventiva para Hombres Restauración Constitucional, conocido popularmente como Pavoncito, por los delitos de extorsión e incumplimiento de deberes.
De acuerdo con la institución, existe evidencia de que el director otorgaba beneficios a los integrantes de la pandilla MS-13 dentro de la prisión a cambio de dinero. También lo responsabiliza de los ilícitos que ocurren dentro de las instalaciones, como la construcción de casas y apartamentos de lujo, revelaron medios de comunicación local.
Algunas viviendas incluso están equipadas con electrodomésticos.
El viernes, la Fiscalía contra el Delito de Extorsión llevó a cabo una requisa en la cárcel y localizó un radio transmisor, cable de fibra óptica, dispositivos de almacenamiento, boletas de depósitos bancarios, números de cuentas bancarias, listados con números telefónicos y la identificación del grupo criminal White Fence.
«El radiotransmisor era utilizado por los privados de libertad para recibir información desde las afueras del centro carcelario cuando se aproximaban las autoridades, ya sea del ministerio público o de la Policía Nacional Civil», compartió la Fiscalía.
Guatemala se encuentra en una situación crítica con los homicidios y extorsiones que lideran las pandillas.
Las autoridades actualizaron su anterior estimación, realizada en 2014, sobre las posibles consecuencias en el caso de que se produzca un terremoto a lo largo de la fosa de Nankai, al sur del país.
Esta fosa submarina de 800 kilómetros se extiende desde Shizuoka, al oeste de Tokio, hasta el extremo sur de la isla de Kyushu.
Es el lugar donde la placa tectónica oceánica del mar de Filipinas se desliza lentamente por debajo de la placa continental sobre la que se asienta Japón, en un proceso de subducción.
Las placas se atascan a medida que se mueven y amacenan grandes cantidades de energía que se libera cuando se sueltan, causando terremotos que pueden llegar a ser muy violentos.
El grupo de trabajo de gestión de desastres estima que hasta 215.000 personas morirían por un tsunami, 73.000 por el colapso de edificios y 9.000 por incendios.
Sin embargo, el número total de víctimas previsto (298.000) es inferior a la estimación de 2014, según la cual morirían hasta 323.000 personas.
En los últimos 1.400 años, se han producido megaterremotos en la fosa Nankai cada 100 o 200 años. El último se produjo en 1946.
Los científicos afirman que es extremadamente difícil predecir los sismos. Pero en enero, un grupo de expertos del gobierno afirmó que la probabilidad de que se produzca un megaterremoto de este tipo en los próximos 30 años aumentó ligeramente, con probabilidades de entre 75 a 82% de que ocurra.
Internacionales
Se diluye la esperanza de hallar sobrevivientes tres días después del sismo en Birmania
Las esperanzas de encontrar sobrevivientes entre los escombros se desvanecen este lunes tras el potente terremoto que mató a por lo menos 1.700 personas en Birmania y la vecina Tailandia.
En Mandalay, la segunda ciudad de Birmania, situada cerca del epicentro, algunos habitantes pasaron una tercera noche bajo a la intemperie. Muchos durmieron en medio de las carreteras, lo más lejos posible de los edificios.
Los esfuerzos de rescate bajaron de intensidad en esa ciudad central de Birmania con más de 1,7 millones de habitantes, en medio de condiciones difíciles y con temperaturas cercanas a los 40 ºC.
El fuerte calor acelera la descomposición de cuerpos, lo cual podría complicar su identificación.
La junta birmana declaró una semana de luto nacional y anunció que las banderas birmanas ondearán a media asta «en señal de compasión por la pérdida de vidas y los daños causados por el violentísimo terremoto».
Una escena de desesperación se vivió en un edificio de apartamentos colapsado la noche del domingo en Mandalay, cuando los rescatistas creyeron haber rescatado con vida a una mujer embarazada que pasó más de 55 horas entre los escombros.
Le amputaron una pierna para liberarla, pero tras sacarla fue declarada muerta.
«Intentamos hacer todo lo posible para salvarla», comentó un rescatista, añadiendo que había perdido demasiada sangre por la amputación.
Los fieles musulmanes se congregaron el lunes cerca de una mezquita destruida en la ciudad para la primera oración del Aíd al-Fitr, la festividad que se celebra después del mes de ayuno musulmán del Ramadán.
Este lunes se esperan cientos de funerales de víctimas.
El sismo inicial de magnitud 7,7 se registró la tarde del viernes cerca de Mandalay, seguido de una réplica, minutos después, de magnitud 6,7.
Los temblores colapsaron edificios, derribaron puentes y bloquearon carreteras en el centro de Birmania.
Pánico por réplicas
A lo largo del fin de semana se sintieron réplicas en Mandalay, donde los vecinos salían a las calles en pánico.
La Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC) lanzó este domingo un llamado de emergencia por más de 100 millones de dólares para ayudar a las víctimas.
Según la IFRC, las necesidades crecen cada hora, al tiempo que el calor y la cercanía de la temporada de lluvias aumentan el riesgo de «crisis secundarias».
El país del sudeste asiático de más de 50 millones de habitantes ya enfrentaba enormes desafíos desde antes del terremoto.
Birmania se ha visto arrasada por cuatro años de guerra civil tras el golpe militar de 2021.
Incluso después del sismo se han reportado combates esporádicos. Un grupo rebelde dijo el domingo a AFP que siete de sus combatientes murieron en un bombardeo poco antes de que se sintieran los temblores.
La guerra civil provocó el desplazamiento de unas 3,5 millones de personas, muchas de las cuales están al borde de la hambruna.
Colapso en Bangkok
En la capital tailandesa, Bangkok, a unos 1.000 km de Mandalay, siguen las operaciones por hallar sobrevivientes en el lugar donde colapsó un edificio en construcción de 30 pisos por el terremoto del viernes.
Al menos 18 personas murieron en la megalópolis tailandesa. Se registran además 33 heridos y 78 desaparecidos, según las autoridades de la ciudad.
La mayoría de los fallecidos en la torre colapsada eran trabajadores y gran parte de los desaparecidos habrían quedado atrapados bajo el cúmulo de escombros.
Los rescatistas trabajaron contra reloj el fin de semana en busca de sobrevivientes, utilizando excavadoras mecánicas para remover los escombros mientras las familias esperaban noticias de sus seres queridos.
Perros rastreadores y drones con imágenes térmicas buscaban señales de vida en el edificio colapsado, ubicado cerca del mercado Chatuchak, un sitio muy visitado por turistas.
