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Gabriel Boric, presidente: el Chile que recibe el nuevo mandatario y 5 retos que enfrentará en sus primeros meses de gobierno
Con 36 años, el ex líder estudiantil llega a La Moneda de la mano de una nueva generación que destrona a los dos grandes bloques de centro-izquierda y centro-derecha que gobernaron el país desde el retorno de la democracia, en 1990.
Y su gobierno genera altas expectativas.
El nuevo mandatario, que obtuvo un triunfo histórico en diciembre, asume con una ambiciosa agenda de cambios —con reformas al sistema de pensiones, al tributario y salud, entre otras—, que responde en parte a algunas de las demandas representadas en el estallido social que comenzó en octubre de 2019.
Pero su asunción ocurre en un momento en que el país atraviesa por un escenario político, económico y social complejo, con dos estados de emergencia en vigor (uno en el sur, en La Araucanía; y otro en el norte, en el centro de la crisis migratoria), una inflación histórica (que llegó a su nivel más alto en al menos 10 años) y la pandemia que le sigue golpeando fuerte.
A lo anterior se suma que deberá gobernar sin mayoría en el Congreso y con un proceso constituyente en marcha que busca proponer una nueva Carta Magna para la nación sudamericana.
Así, Boric tendrá que sortear una serie de retos que pondrán a prueba su capital político desde el comienzo de su gobierno.
1. Convención constituyente
Tres semanas después de que comenzaran las masivas protestas de octubre de 2019 en Chile, Gabriel Boric —junto a otros políticos de distintas tendencias— firmó un acuerdo para cambiar la Constitución que actualmente rige en el país y que es herencia del régimen de Augusto Pinochet (1973-1990).
Su participación no estuvo exenta de polémicas pues lo hizo a título personal y sin el apoyo de su propio partido, Convergencia Social.
Desde entonces, el ahora presidente es visto como un importante promotor de un proceso que fue considerado como una «salida institucional» a la crisis.
Por eso, de acuerdo con diversos analistas consultados por BBC Mundo, su éxito es crucial para el nuevo mandatario.
«Mucho del capital político del nuevo mandatario está jugado en este proceso», le dice a BBC Mundo Cristóbal Bellolio, doctor en filosofía política y académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez.
La asamblea que está escribiendo la nueva Carta Magna deberá presentar una propuesta en julio de este año, la cual debe ser ratificada en un plebiscito de salida donde participará todo el país.
«Si todo esto termina siendo exitoso, Boric se gana la estatua. Y ¿qué significa que sea exitoso? Que la aprobación en el plebiscito de salida sea lo más abrumadora posible para que no haya un sector completo de la sociedad excluido», añade.
La redacción de una nueva Constitución se aprobó abrumadoramente en un plebiscito realizado en octubre de 2020. Y la Convención encargada de escribirla, conformada principalmente por independientes, inició sus sesiones en julio de 2021.
Su trabajo no ha estado exento de polémicas, sobre todo desde sectores de la derecha que acusan que priman las «posiciones extremas» bajo un «afán refundacional», y de convencionales derechistas que aseguran que están siendo «excluidos» de la discusión.
Desde el otro lado de la vereda hay quienes afirman que existe una campaña de desprestigio contra la Convención y han llamado a la calma respecto a las normas que están siendo discutidas.
En medio de este inevitable y encendido debate, muchos esperan que la coalición política que apoya a Boric juegue algún papel en liderar conversaciones tendientes a reunir el mayor apoyo posible para el proceso.
Tarea que no es fácil, pues desde la propia asamblea se ha pedido que el gobierno se mantenga neutro y distante.
Y Boric ha dado señales en esa línea.
«No voy a tratar de pautear a la Convención con lo que tiene que hacer, sino respetar e implementar lo que acá deliberativamente se decida», dijo en diciembre pasado.
2. Conflicto en la «macrozona sur»
Gabril Boric asume la presidencia de Chile en un momento delicado del centenario conflicto mapuche.
En los últimos años, ha habido una escalada de violencia en la llamada «macrozona sur», con ataques incendiarios, quema de viviendas y la muerte tanto de mapuches como de agricultores y policías.
Y varias provincias de esta zona están bajo el control de las Fuerzas Armadas desde mediados de octubre, cuando el presidente saliente Sebastián Piñera decidió decretar Estado de Emergencia.
«La relación entre el Estado y el pueblo mapuche ha sido tensa y violenta hace décadas. Y aunque el proceso constituyente, que cuenta con representantes de los pueblos originarios, fue un primer paso para una relación distinta, la tensión sigue», le explica a BBC Mundo Pamela Figueroa, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad de Santiago de Chile.
«Boric va a tener un rol clave en enfrentar el tema de la violencia. Muchos estarán observando lo que un gobierno de izquierda puede hacer en esta materia», agrega.
Hasta el momento, las señales que ha dado Boric y su equipo ministerial van en la línea de establecer puentes de conversación con el pueblo mapuche —incluido el grupo radical llamado Coordinadora Arauco Malleco (CAM)— y el resto de los actores involucrados.
La entrante ministra del Interior, Iskia Siches, ha adelantado que no renovarán el Estado de Emergencia.
Esto representa un cambio de estrategia respecto a la administración anterior que invirtió fuertemente en control policial y militar en la zona, creando incluso grupos especiales (como el «Comando Jungla») para hacer frente a la violencia.
Piñera, además, señaló públicamente, y en varias ocasiones, que en La Araucanía «hay terrorismo», algo que Boric siempre ha evitado mencionar.
«Lo que tenemos absolutamente claro es que no podemos seguir con las mismas recetas que han causado más violencia y más división», ha dicho el nuevo mandatario.
Para Cristóbal Bellolio, «Boric y su entorno nunca han querido enfrentar este problema como un asunto terrorista».
«Pero ¿qué va a pasar si siguen los atentados? Ahí van a tener un tremendo desafío: demostrar que por las buenas sí se consiguen resultados», señala.
3. Crisis migratoria en el norte
En la última década, Chile ha vivido un dramático aumento en el número de migrantes.
En solo una década, pasó de acoger a 305 mil migrantes (lo que correspondía al 1,8% de la población total chilena en 2010) a casi 1.500.000 de personas en 2020 (7,5% de la población), según la organización Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), que lleva más de 20 años estudiando el fenómeno migratorio en Chile.
Además, la masiva llegada de desplazados desde Venezuela y Haití ha incrementado fuertemente los ingresos por pasos clandestinos, sumando más extranjeros irregulares y provocando un complejo círculo de informalidad.
La problemática llegó a su punto más álgido solo un par de semanas antes de que Boric asumiera la presidencia.
Camioneros de varias regiones del norte del país —que son las más afectadas por el ingreso de migrantes irregulares— lideraron protestas y bloqueos de ciudades enteras demandando mayor seguridad y medidas ante esta crisis.
Piñera decretó Estado de Emergencia en las provincias más afectadas, instalando más de 600 militares en las fronteras.
El gobierno de Boric ha prometido resolver en seis meses la situación de las personas en albergues, cerrar los pasos no habilitados, realizar un empadronamiento de los migrantes irregulares y combatir las redes de tráfico.
Una meta ambiciosa y que puede encontrarse con algunas dificultades.
«Es un tema urgente, aquí no se puede pensar a largo plazo», dice Pamela Figueroa.
«Boric tendrá que pensar en las dos perspectivas de este problema: la agenda de seguridad, de un lado, y los derechos humanos de los migrantes, de otro. El nuevo presidente tendrá que encontrar un equilibrio entre ambas», agrega la académica.
Para Javier Sajuria, académico de la Universidad Queen Mary de Londres, «si este gobierno de izquierda es capaz de lidiar con la inmigración, sería un golazo que muy pocos han logrado».
El doctor en Ciencias Políticas añade que a Boric también le corresponderá jugar un rol regional dentro de América Latina con el fin de intentar llegar a una solución integral con el resto de los países afectados.
«Este no es un problema solo de Chile, sino regional. Y en la medida que no haya un trabajo coordinado, no va a lograr nada», afirma.
El propio encargado de la crisis migratoria del gobierno entrante, Luis Thayer, ha señalado que el tema solo se resolverá mediante un diálogo con países como Bolivia, Perú, Argentina y Brasil.
4. Crisis económica
Actualmente, la economía global se enfrenta a una desaceleración generalizada y a una alta inflación.
La pandemia de covid-19 agudizó la pobreza y la desigualdad en el mundo y la recuperación económica prevista para este año ha mostrado signos de estancamiento, de acuerdo con la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Esta ralentización se debe en parte al fin de los paquetes de estímulo económico y fiscal, y a importantes interrupciones en las cadenas de suministros.
El panorama se ve aún más sombrío luego de la invasión de Rusia a Ucrania, lo que se cree que podría tener un efecto catastrófico sobre la producción global de alimentos.
Además, el conflicto bélico ha elevado el precio del petróleo a sus niveles más altos desde 2008, lo que podría golpear fuertemente a países que no producen crudo, como Chile.
En este país, la actividad en lo que va del año registró una menor expansión a lo que esperaba el mercado, lo que, según analistas, es un síntoma de un frenazo económico que podría golpear a los chilenos en los próximos meses.
Así, con un presupuesto fiscal ajustado, el próximo gobierno tendrá poco margen de maniobra para satisfacer las demandas sociales.
Será un importante desafío el saber administrar las arcas fiscales y, en eso, el futuro ministro de Hacienda, Mario Marcel, será clave.
«El mundo de Boric nunca ha tenido la idea de crecimiento como faro o norte, no ha estado en el centro de sus preocupaciones. Pero si quiere financiar los derechos sociales, no basta con subir la tasa impositiva; necesitas crecer. Y eso será un enorme desafío», explica Bellolio.
Según los analistas, aquí será crucial la relación que el mandatario establezca con el empresariado.
«Deberá generar confianzas, puentes de diálogo, para recuperar la inversión y reactivar la economía», dice Sajuria.
Hasta el momento, Boric les ha enviado un mensaje claro de que todos los cambios y transformaciones tendrán como eje la «gradualidad y responsabilidad fiscal».
«Mis palabras de gradualidad y responsabilidad fiscal no eran un discurso de campaña, sino que una convicción profunda que tengo para hacer las transformaciones que sean necesarias», dijo en el Encuentro Nacional de la Empresa (Enade), realizado en enero.
Por otra parte, hay que tener en consideración que, al igual que en gran parte del mundo, las ayudas económicas por la pandemia tienen fecha de término.
Dentro de este cuadro, están los retiros anticipados de fondos de pensiones, los cuales ayudaron a muchos chilenos a sortear la crisis. Pero esa política ya perdió popularidad y es difícil imaginar que el presidente la apoyará de nuevo.
«El sector político de Boric le exigió al gobierno de Piñera gastar mucho en tiempos de pandemia. Y ahora van a tener que sufrir las consecuencias de esta resaca», dice Bellolio.
5. Pandemia
La pandemia de coronavirus no ha terminado. Y Gabriel Boric asume en un momento en que no solo han aumentado fuertemente los casos en Chile, sino también las muertes.
De acuerdo con las cifras oficiales del gobierno, en los últimos días se han registrado más de 18 mil casos diarios, con más de mil pacientes que ocupan actualmente camas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).
Además, en las últimas 24 horas, se han registrado más de 200 muertes.
De esta manera, manejar la crisis sanitaria será un reto importante de la nueva administración que, entre sus ministros, cuenta con un importante rostro de la lucha contra la covid-19: Izkia Siches.
La titular del Interior se desempeñó como presidenta de la organización gremial Colegio Médico de Chile entre 2017 y 2021. Desde allí, ejerció presión sobre el gobierno de Sebastián Piñera, cuestionando duramente varias de las medidas tomadas y proponiendo otras.
Pero ahora le tocará a ella ser parte de las decisiones para hacer frente a la pandemia, con todas las complejidades que eso significa.
Entre las dificultades que le tocará sortear al nuevo gobierno en el corto plazo está el retorno a las clases presenciales en las escuelas.
Si bien el propio Boric ha adelantado que priorizará la asistencia presencial, se puede encontrar con una resistencia importante de parte de sus aliados, entre ellos, el Colegio de Profesores y figuras políticas como el comunista y ex candidato presidencial, Daniel Jadue, que se han manifestado en contra de esta opción.
«Nadie puede obligar o imponer a padres, profesores, ni estudiantes, a que asistan a un colegio si no están todas las medidas de seguridad», dijo Jadue a mediados de febrero.
«Ni con este gobierno, ni con nuestro gobierno, que es el que entra el 11 de marzo, vamos a cambiar esta posición», remató.
Por otra parte, Boric deberá ser capaz de sostener la política de vacunación liderada por Piñera, que ha sido ampliamente elogiada en el mundo.
«Será una tensión importante. Va a tener que conjugar la reactivación económica, que ya se hace insostenible, con medidas de restricción de movilidad. Va a tener que buscar el equilibrio», dice Pamela Figueroa.
Cristóbal Bellolio indica que «el sector de Boric promovió las restricciones en el gobierno de Piñera pero ahora sería impopular si instalaran políticas demasiado restrictivas; vamos a ver cuánto de eso se banca la gente».
«Ahora, les tocará a ellos enfrentar la decisión de la economía versus vidas», concluye.
Por. BBC News.
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La Casa Blanca califica de «total invención» un proyecto de acuerdo anunciado en TV iraní
La Casa Blanca arremetió el miércoles contra un supuesto proyecto de acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio anunciado por la televisión estatal iraní, calificándolo de «total invención».
El informe iraní citaba un borrador de memorando de entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) que, según afirmaba, incluía un compromiso de Estados Unidos de levantar el bloqueo naval contra Irán y retirar sus fuerzas de la región del Golfo.
«Este informe de medios controlados por Irán no es cierto y el MOU que ‘difundieron’ es una total invención. Nadie debería creer lo que está publicando la prensa estatal iraní. LOS HECHOS IMPORTAN», dijo la Casa Blanca a través de la red X.
Poco probable la reanudación de la guerra
Irán también estimó este miércoles poco probable la reanudación de las hostilidades con Estados Unidos, pese a los últimos ataques estadounidenses y mientras continúan los esfuerzos diplomáticos por poner fin a la contienda.
«La posibilidad de guerra es baja debido a la debilidad del enemigo; las fuerzas armadas están al acecho con los cargadores llenos», dijo Mohamad Akbarzadeh, subjefe político de la Marina del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, citado por la agencia de noticias Tasnim.
«No duden de que convertiremos la zona desde Chabahar hasta Mahshahr en un cementerio para los agresores», dijo, citando lugares en cada extremo de la extensa costa sur de Irán.
La declaración fue pronunciada un día después de que Irán acusara a Estados Unidos de violar el alto el fuego vigente desde abril y advirtiera que estaba listo para represalias tras los ataques más graves desde la entrada en vigor de la tregua.
La gobernadora del estado mexicano de Chihuahua (norte), la opositora María Eugenia Campos, denunció este miércoles una persecución por parte del oficialismo por el caso de agentes de la CIA que estuvieron en un operativo antidrogas en su jurisdicción.
La política del conservador Partido Acción Nacional (PAN) acudió a la sede de la fiscalía general mexicana en la capital para declarar sobre este suceso, que se conoció después de que dos agentes del servicio de inteligencia estadounidense murieran en un accidente de tránsito el 19 de abril pasado en Chihuahua.
La presidenta del país, Claudia Sheinbaum, recuerda que la lucha antidrogas compete exclusivamente al gobierno federal y que los agentes de la CIA no habían notificado su presencia como corresponde según los acuerdos de colaboración con Estados Unidos.
Campos dijo que, como opositora, «la persiguen con todo el peso del aparato del Estado», mientras que a políticos del oficialismo acusados por Estados Unidos de nexos con el crimen «les dan impunidad absoluta».
La justicia estadounidense pidió a finales de abril pasado la captura con fines de extradición de diez políticos del oficialismo, entre ellos Rubén Rocha Moya, gobernador del estado de Sinaloa, a quienes acusa de estar vinculados con la banda criminal de Joaquín «El Chapo» Guzmán.
Irán acusó a Estados Unidos de haber violado el frágil alto al fuego este martes, después de que los bombardeos nocturnos de Washington contra instalaciones iraníes de lanzamiento de misiles y embarcaciones pusieran en peligro los esfuerzos para poner fin a la guerra.
El alto el fuego acordado el 8 de abril entre Estados Unidos e Irán fue seguido de semanas de estancamiento y amenazas, hasta que en los últimos días ambas partes informaron de avances en las conversaciones.
Sin embargo, las esperanzas de paz se truncaron con el anuncio de Israel el lunes de que intensificará su ofensiva en Líbano y el ataque estadounidense a Irán.
Según el Mando Central de Estados Unidos (Centcom), el ataque del martes tuvo como objetivo instalaciones de lanzamiento de misiles y embarcaciones iraníes que intentaban colocar minas.
Pese a los ataques, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aseguró durante una visita oficial a India que el acuerdo sigue siendo posible y evocó negociaciones «sobre el lenguaje específico en el documento, así que tomará unos días».
Según la agencia marítima británica UKMTO, una «explosión externa» dañó un petrolero frente a las costas de Omán, pero tanto la tripulación como el buque están a salvo.
Medios estatales iraníes reportaron explosiones nocturnas en Bandar Abás, una ciudad costera del sur cercana al estrecho de Ormuz, y los Guardianes de la Revolución iraníes afirmaron que sus fuerzas habían derribado un dron estadounidense que penetró en su espacio aéreo, y también que dispararon contra un avión de combate F-35.
«El ejército terrorista estadounidense, que continúa con sus acciones ilegales e injustificadas desde el alto el fuego […] ha cometido en las últimas 48 horas una grave violación del alto el fuego en la provincia de Hormozgan», afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní en un comunicado.
La Cancillería agregó que Irán «no dejará sin respuesta ningún acto hostil y no dudará en defenderse», sin dar más detalles.
Los precios del petróleo retomaron su tendencia alcista el martes, tras ataques estadounidenses en Irán y amenazas de Teherán que empañan los aparentes avances hacia un alto al fuego duradero en Oriente Medio.
Los precios del oro negro siguen siendo inferiores a los de finales de la semana pasada, pero las pérdidas del lunes se recortaron notablemente.
El barril de Brent del mar del Norte, para entrega en julio, rozó los $100 ($99.58, +3.58 % con respecto al cierre de la víspera).
Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, terminó en $93.89. Esto supone una baja frente al último cierre oficial del viernes, pero un alza con relación a las transacciones del lunes, feriado en EE. UU.
«El mercado asimila la idea de un acuerdo que está en negociación, en un contexto en el que la oferta se ha visto gravemente comprometida» en los últimos meses, aseguró Mark Malek, de Siebert Financial.
«Es poco probable que los precios bajen de los $95 el barril (en el caso del Brent) mientras las dos partes no lleguen a un acuerdo, debido a la inseguridad que reina en el estrecho» de Ormuz, anticipó Gregory Brew, de Eurasia Group.
Este paso crucial para las exportaciones de hidrocarburos del Golfo sigue prácticamente bloqueado.
En caso de reapertura, «los flujos deberían recuperar entre el 30 % y el 50 % de su volumen anterior a la guerra en el plazo de un mes», estimó Brew
