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Gabriel Boric, presidente: el Chile que recibe el nuevo mandatario y 5 retos que enfrentará en sus primeros meses de gobierno
Con 36 años, el ex líder estudiantil llega a La Moneda de la mano de una nueva generación que destrona a los dos grandes bloques de centro-izquierda y centro-derecha que gobernaron el país desde el retorno de la democracia, en 1990.
Y su gobierno genera altas expectativas.
El nuevo mandatario, que obtuvo un triunfo histórico en diciembre, asume con una ambiciosa agenda de cambios —con reformas al sistema de pensiones, al tributario y salud, entre otras—, que responde en parte a algunas de las demandas representadas en el estallido social que comenzó en octubre de 2019.
Pero su asunción ocurre en un momento en que el país atraviesa por un escenario político, económico y social complejo, con dos estados de emergencia en vigor (uno en el sur, en La Araucanía; y otro en el norte, en el centro de la crisis migratoria), una inflación histórica (que llegó a su nivel más alto en al menos 10 años) y la pandemia que le sigue golpeando fuerte.
A lo anterior se suma que deberá gobernar sin mayoría en el Congreso y con un proceso constituyente en marcha que busca proponer una nueva Carta Magna para la nación sudamericana.
Así, Boric tendrá que sortear una serie de retos que pondrán a prueba su capital político desde el comienzo de su gobierno.
1. Convención constituyente
Tres semanas después de que comenzaran las masivas protestas de octubre de 2019 en Chile, Gabriel Boric —junto a otros políticos de distintas tendencias— firmó un acuerdo para cambiar la Constitución que actualmente rige en el país y que es herencia del régimen de Augusto Pinochet (1973-1990).
Su participación no estuvo exenta de polémicas pues lo hizo a título personal y sin el apoyo de su propio partido, Convergencia Social.
Desde entonces, el ahora presidente es visto como un importante promotor de un proceso que fue considerado como una «salida institucional» a la crisis.
Por eso, de acuerdo con diversos analistas consultados por BBC Mundo, su éxito es crucial para el nuevo mandatario.
«Mucho del capital político del nuevo mandatario está jugado en este proceso», le dice a BBC Mundo Cristóbal Bellolio, doctor en filosofía política y académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez.
La asamblea que está escribiendo la nueva Carta Magna deberá presentar una propuesta en julio de este año, la cual debe ser ratificada en un plebiscito de salida donde participará todo el país.
«Si todo esto termina siendo exitoso, Boric se gana la estatua. Y ¿qué significa que sea exitoso? Que la aprobación en el plebiscito de salida sea lo más abrumadora posible para que no haya un sector completo de la sociedad excluido», añade.
La redacción de una nueva Constitución se aprobó abrumadoramente en un plebiscito realizado en octubre de 2020. Y la Convención encargada de escribirla, conformada principalmente por independientes, inició sus sesiones en julio de 2021.
Su trabajo no ha estado exento de polémicas, sobre todo desde sectores de la derecha que acusan que priman las «posiciones extremas» bajo un «afán refundacional», y de convencionales derechistas que aseguran que están siendo «excluidos» de la discusión.
Desde el otro lado de la vereda hay quienes afirman que existe una campaña de desprestigio contra la Convención y han llamado a la calma respecto a las normas que están siendo discutidas.
En medio de este inevitable y encendido debate, muchos esperan que la coalición política que apoya a Boric juegue algún papel en liderar conversaciones tendientes a reunir el mayor apoyo posible para el proceso.
Tarea que no es fácil, pues desde la propia asamblea se ha pedido que el gobierno se mantenga neutro y distante.
Y Boric ha dado señales en esa línea.
«No voy a tratar de pautear a la Convención con lo que tiene que hacer, sino respetar e implementar lo que acá deliberativamente se decida», dijo en diciembre pasado.
2. Conflicto en la «macrozona sur»
Gabril Boric asume la presidencia de Chile en un momento delicado del centenario conflicto mapuche.
En los últimos años, ha habido una escalada de violencia en la llamada «macrozona sur», con ataques incendiarios, quema de viviendas y la muerte tanto de mapuches como de agricultores y policías.
Y varias provincias de esta zona están bajo el control de las Fuerzas Armadas desde mediados de octubre, cuando el presidente saliente Sebastián Piñera decidió decretar Estado de Emergencia.
«La relación entre el Estado y el pueblo mapuche ha sido tensa y violenta hace décadas. Y aunque el proceso constituyente, que cuenta con representantes de los pueblos originarios, fue un primer paso para una relación distinta, la tensión sigue», le explica a BBC Mundo Pamela Figueroa, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad de Santiago de Chile.
«Boric va a tener un rol clave en enfrentar el tema de la violencia. Muchos estarán observando lo que un gobierno de izquierda puede hacer en esta materia», agrega.
Hasta el momento, las señales que ha dado Boric y su equipo ministerial van en la línea de establecer puentes de conversación con el pueblo mapuche —incluido el grupo radical llamado Coordinadora Arauco Malleco (CAM)— y el resto de los actores involucrados.
La entrante ministra del Interior, Iskia Siches, ha adelantado que no renovarán el Estado de Emergencia.
Esto representa un cambio de estrategia respecto a la administración anterior que invirtió fuertemente en control policial y militar en la zona, creando incluso grupos especiales (como el «Comando Jungla») para hacer frente a la violencia.
Piñera, además, señaló públicamente, y en varias ocasiones, que en La Araucanía «hay terrorismo», algo que Boric siempre ha evitado mencionar.
«Lo que tenemos absolutamente claro es que no podemos seguir con las mismas recetas que han causado más violencia y más división», ha dicho el nuevo mandatario.
Para Cristóbal Bellolio, «Boric y su entorno nunca han querido enfrentar este problema como un asunto terrorista».
«Pero ¿qué va a pasar si siguen los atentados? Ahí van a tener un tremendo desafío: demostrar que por las buenas sí se consiguen resultados», señala.
3. Crisis migratoria en el norte
En la última década, Chile ha vivido un dramático aumento en el número de migrantes.
En solo una década, pasó de acoger a 305 mil migrantes (lo que correspondía al 1,8% de la población total chilena en 2010) a casi 1.500.000 de personas en 2020 (7,5% de la población), según la organización Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), que lleva más de 20 años estudiando el fenómeno migratorio en Chile.
Además, la masiva llegada de desplazados desde Venezuela y Haití ha incrementado fuertemente los ingresos por pasos clandestinos, sumando más extranjeros irregulares y provocando un complejo círculo de informalidad.
La problemática llegó a su punto más álgido solo un par de semanas antes de que Boric asumiera la presidencia.
Camioneros de varias regiones del norte del país —que son las más afectadas por el ingreso de migrantes irregulares— lideraron protestas y bloqueos de ciudades enteras demandando mayor seguridad y medidas ante esta crisis.
Piñera decretó Estado de Emergencia en las provincias más afectadas, instalando más de 600 militares en las fronteras.
El gobierno de Boric ha prometido resolver en seis meses la situación de las personas en albergues, cerrar los pasos no habilitados, realizar un empadronamiento de los migrantes irregulares y combatir las redes de tráfico.
Una meta ambiciosa y que puede encontrarse con algunas dificultades.
«Es un tema urgente, aquí no se puede pensar a largo plazo», dice Pamela Figueroa.
«Boric tendrá que pensar en las dos perspectivas de este problema: la agenda de seguridad, de un lado, y los derechos humanos de los migrantes, de otro. El nuevo presidente tendrá que encontrar un equilibrio entre ambas», agrega la académica.
Para Javier Sajuria, académico de la Universidad Queen Mary de Londres, «si este gobierno de izquierda es capaz de lidiar con la inmigración, sería un golazo que muy pocos han logrado».
El doctor en Ciencias Políticas añade que a Boric también le corresponderá jugar un rol regional dentro de América Latina con el fin de intentar llegar a una solución integral con el resto de los países afectados.
«Este no es un problema solo de Chile, sino regional. Y en la medida que no haya un trabajo coordinado, no va a lograr nada», afirma.
El propio encargado de la crisis migratoria del gobierno entrante, Luis Thayer, ha señalado que el tema solo se resolverá mediante un diálogo con países como Bolivia, Perú, Argentina y Brasil.
4. Crisis económica
Actualmente, la economía global se enfrenta a una desaceleración generalizada y a una alta inflación.
La pandemia de covid-19 agudizó la pobreza y la desigualdad en el mundo y la recuperación económica prevista para este año ha mostrado signos de estancamiento, de acuerdo con la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Esta ralentización se debe en parte al fin de los paquetes de estímulo económico y fiscal, y a importantes interrupciones en las cadenas de suministros.
El panorama se ve aún más sombrío luego de la invasión de Rusia a Ucrania, lo que se cree que podría tener un efecto catastrófico sobre la producción global de alimentos.
Además, el conflicto bélico ha elevado el precio del petróleo a sus niveles más altos desde 2008, lo que podría golpear fuertemente a países que no producen crudo, como Chile.
En este país, la actividad en lo que va del año registró una menor expansión a lo que esperaba el mercado, lo que, según analistas, es un síntoma de un frenazo económico que podría golpear a los chilenos en los próximos meses.
Así, con un presupuesto fiscal ajustado, el próximo gobierno tendrá poco margen de maniobra para satisfacer las demandas sociales.
Será un importante desafío el saber administrar las arcas fiscales y, en eso, el futuro ministro de Hacienda, Mario Marcel, será clave.
«El mundo de Boric nunca ha tenido la idea de crecimiento como faro o norte, no ha estado en el centro de sus preocupaciones. Pero si quiere financiar los derechos sociales, no basta con subir la tasa impositiva; necesitas crecer. Y eso será un enorme desafío», explica Bellolio.
Según los analistas, aquí será crucial la relación que el mandatario establezca con el empresariado.
«Deberá generar confianzas, puentes de diálogo, para recuperar la inversión y reactivar la economía», dice Sajuria.
Hasta el momento, Boric les ha enviado un mensaje claro de que todos los cambios y transformaciones tendrán como eje la «gradualidad y responsabilidad fiscal».
«Mis palabras de gradualidad y responsabilidad fiscal no eran un discurso de campaña, sino que una convicción profunda que tengo para hacer las transformaciones que sean necesarias», dijo en el Encuentro Nacional de la Empresa (Enade), realizado en enero.
Por otra parte, hay que tener en consideración que, al igual que en gran parte del mundo, las ayudas económicas por la pandemia tienen fecha de término.
Dentro de este cuadro, están los retiros anticipados de fondos de pensiones, los cuales ayudaron a muchos chilenos a sortear la crisis. Pero esa política ya perdió popularidad y es difícil imaginar que el presidente la apoyará de nuevo.
«El sector político de Boric le exigió al gobierno de Piñera gastar mucho en tiempos de pandemia. Y ahora van a tener que sufrir las consecuencias de esta resaca», dice Bellolio.
5. Pandemia
La pandemia de coronavirus no ha terminado. Y Gabriel Boric asume en un momento en que no solo han aumentado fuertemente los casos en Chile, sino también las muertes.
De acuerdo con las cifras oficiales del gobierno, en los últimos días se han registrado más de 18 mil casos diarios, con más de mil pacientes que ocupan actualmente camas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).
Además, en las últimas 24 horas, se han registrado más de 200 muertes.
De esta manera, manejar la crisis sanitaria será un reto importante de la nueva administración que, entre sus ministros, cuenta con un importante rostro de la lucha contra la covid-19: Izkia Siches.
La titular del Interior se desempeñó como presidenta de la organización gremial Colegio Médico de Chile entre 2017 y 2021. Desde allí, ejerció presión sobre el gobierno de Sebastián Piñera, cuestionando duramente varias de las medidas tomadas y proponiendo otras.
Pero ahora le tocará a ella ser parte de las decisiones para hacer frente a la pandemia, con todas las complejidades que eso significa.
Entre las dificultades que le tocará sortear al nuevo gobierno en el corto plazo está el retorno a las clases presenciales en las escuelas.
Si bien el propio Boric ha adelantado que priorizará la asistencia presencial, se puede encontrar con una resistencia importante de parte de sus aliados, entre ellos, el Colegio de Profesores y figuras políticas como el comunista y ex candidato presidencial, Daniel Jadue, que se han manifestado en contra de esta opción.
«Nadie puede obligar o imponer a padres, profesores, ni estudiantes, a que asistan a un colegio si no están todas las medidas de seguridad», dijo Jadue a mediados de febrero.
«Ni con este gobierno, ni con nuestro gobierno, que es el que entra el 11 de marzo, vamos a cambiar esta posición», remató.
Por otra parte, Boric deberá ser capaz de sostener la política de vacunación liderada por Piñera, que ha sido ampliamente elogiada en el mundo.
«Será una tensión importante. Va a tener que conjugar la reactivación económica, que ya se hace insostenible, con medidas de restricción de movilidad. Va a tener que buscar el equilibrio», dice Pamela Figueroa.
Cristóbal Bellolio indica que «el sector de Boric promovió las restricciones en el gobierno de Piñera pero ahora sería impopular si instalaran políticas demasiado restrictivas; vamos a ver cuánto de eso se banca la gente».
«Ahora, les tocará a ellos enfrentar la decisión de la economía versus vidas», concluye.
Por. BBC News.
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Ecuador construirá las megacárceles «que sean necesarias» en su lucha anticrimen, dice ministro
Ecuador construirá las megacárceles que «sean necesarias» en su lucha contra el narcotráfico y otras formas de crimen organizado que desangran al país, dijo el martes el ministro de Interior, John Reimberg, en entrevista con la AFP.
El presidente derechista Daniel Noboa implementa políticas de línea dura desde que llegó al poder en 2023 como la construcción de cárceles de alta seguridad y bajo fuertes restricciones, que han sido comparadas con el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador ideado por el mandatario Nayib Bukele.
El gobierno ecuatoriano puso en marcha en noviembre la primera cárcel para 800 personas, donde líderes de la mafia y también políticos condenados por corrupción son aislados, rapados y sometidos como medida para intentar doblegar a las numerosas bandas que sumen al país en su mayor espiral de violencia.
Noboa planea edificar a partir de mayo una segunda penitenciaría para unas 15,000 personas, que estaría lista en máximo 18 meses, señaló el funcionario.
Ministro del Interio de Ecuador, John Reimberg. Foto AFP / Diario El Salvador
«¿Una tercera cárcel? Sí, probablemente. Y las que sean necesarias para estos delincuentes», declaró Reimberg desde el conflictivo puerto de Guayaquil.
Ecuador registró el año pasado 51 homicidios por cada 100,000 habitantes, una de las tasas más altas de la región.
El Encuentro, la primera cárcel de extrema seguridad habilitada por el gobierno, funciona en la provincia costera de Santa Elena (suroeste) y actualmente alberga a 600 reclusos con uniformes de color naranja.
«No vamos a negociar»
Según Reimberg estas megacárceles despiertan la furia de las bandas que tienen nexos con cárteles internacionales del narcotráfico.
«Llevamos cerca de 600 drones que han intentado llegar a la cárcel de El Encuentro desde el día que empezó su construcción (para impedir su avance). Son 600 drones de grupos de delincuencia organizada (…) pero que hemos podido impedir que lleguen», indicó.
En los últimos años se han registrado ataques con drones cargados con explosivos contra otras cárceles, convertidas en centros de operaciones de las organizaciones del narco principalmente.
Las autoridades mantienen bajo reserva la ubicación de la segunda penitenciaría por seguridad.
Al nuevo centro serán trasladados «delincuentes de alta peligrosidad» que «tienen que estar en un lugar incomunicado», sostuvo.
Organizaciones de derechos humanos cuestionan la política penitenciaria de Noboa por abusos a los derechos de los internos. Cientos han muerto por tuberculosis o choques entre presos y algunos familiares denuncian desnutrición.
«¿Que nos quieren decir autoritarios? Yo tengo que responder al país con seguridad», aseguró Reimberg.
Por Ecuador transita el 70% de la cocaína de sus vecinos Colombia y Perú, los principales productores mundiales de esa droga.
«No vamos a negociar, no vamos a pactar, los vamos a atacar, los vamos a debilitar», dijo el ministro, quien anotó que 74,000 personas fueron detenidas el año pasado.
Aviones estadounidenses
Noboa es uno de los mayores aliados en Latinoamérica de Donald Trump, a quien le ha pedido apoyo para enfrentar al crimen. Recientemente Washington instaló en el país sudamericano de manera permanente una dependencia del FBI y otra de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés).
La colaboración se basa en «información» e «inteligencia» para «trazar objetivos que tenemos que atacar, lugares donde se están almacenando drogas, por ejemplo, ataques a la delincuencia», añadió el ministro del Interior.
El presidente intentó sin éxito instalar bases militares extranjeras en el país a través de un referendo.
Según el ministro hay agentes estadounidenses trabajando con la fuerza pública ecuatoriana y aeronaves: «tenemos aviones que están aquí de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos», precisó.
Colombia
Después de poco más de un mes de que asumiera, Noboa declaró a Ecuador en conflicto armado interno para desplegar en las calles a los militares, lo que ha generado denuncias sobre excesos de la fuerza pública.
Interrogado sobre por qué las cifras de violencia no ceden pese a las medidas del gobierno, Reimberg señaló a tres culpables: la justicia en ocasiones permeada por la corrupción, los gobiernos pasados de izquierda y a Colombia, gobernado por el izquierdista Gustavo Petro.
«Tenemos un país vecino que no está trabajando en la frontera, que no está atacando a los grupos de delincuencia (…) nosotros estamos cumpliendo nuestra parte», indicó en medio de una disputa entre ambos países que escaló hasta la imposición mutua de millonarios aranceles y el retiro de embajadores.
El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, prometió este martes redoblar la respuesta estatal frente a la violencia criminal en el país, luego de que un bebé de un año muriera en un ataque a balazos en Montevideo que, según la principal hipótesis policial, estaría vinculado a un enfrentamiento entre narcotraficantes.
«De poco vale saber cuál fue el motivo (…) Hay una cosa que está clara, no le vamos a aflojar, no hay que aflojar, al revés, lejos de amedrentarse lo que hay que hacer acá es apretar el acelerador», subrayó el mandatario en declaraciones a la prensa.
Orsi calificó el suceso como «terrible» y sostuvo que el problema central es, más que un hecho puntual, «una violencia que crece» y que refleja un deterioro social más amplio.
El episodio ocurrió la noche del lunes en el barrio Colón, en el noroeste de la capital, donde se desató una balacera en la que también resultó herido el padre del menor, un uruguayo de 24 años que permanece estable tras recibir tres disparos.
La policía trabaja sobre la hipótesis de un ajuste de cuentas entre grupos vinculados al narcotráfico.
Ante esto, Orsi advirtió que el país enfrenta niveles de violencia «demasiados altos», por lo que se debe abordar de manera estructural que combine seguridad, políticas sociales y prevención y no solo mediante el despliegue de «5.000 o 10.000 policías más».
En la última década, Uruguay ha registrado un aumento sostenido de homicidios asociados al narcotráfico, mientras que la seguridad pública figura desde hace años como la principal preocupación de los uruguayos, según distintas encuestas de opinión pública.
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Alemania aprueba recortes históricos en gasto social y sanitario para financiar el aumento militar
El Gobierno alemán dio luz verde a un ambicioso plan de recortes del estado de bienestar con el objetivo de contener el déficit público y sostener un fuerte incremento del gasto militar. La coalición formada por democristianos y socialdemócratas alcanzó un acuerdo tras intensas negociaciones, adelantándose incluso al anuncio oficial previsto tras el consejo de ministros.
El paquete de medidas contempla una reducción significativa del gasto sanitario, con un ahorro proyectado de más de 38,000 millones de euros para 2030. Entre los cambios más destacados figura el fin de la gratuidad del seguro médico para cónyuges que no cotizan, quienes deberán aportar al menos el 2,5 % de los ingresos del asegurado.
Además, se prevén incrementos en los copagos por medicamentos y hospitalización, así como ajustes en la financiación de las aseguradoras públicas, que ya enfrentan déficits millonarios. El Ejecutivo defiende que estas medidas buscan «mantener estables las contribuciones» y evitar el colapso del sistema ante el envejecimiento de la población.
El plan también incluye recortes en otras áreas sociales, como las ayudas a desempleados de larga duración y una reforma de las pensiones que, según el canciller Friedrich Merz, pasarán a ser una «cobertura básica» sin garantizar el nivel de vida.
A esto se suma la intención de limitar el acceso a prestaciones para hijos de familias monoparentales, lo que podría afectar a cientos de miles de menores.
Por su parte, analistas advierten de que estas reformas podrían tener un alto impacto político, en un contexto marcado por el aumento del gasto en defensa y el debate sobre las prioridades presupuestarias del país.
