Internacionales
Gabriel Boric, presidente: el Chile que recibe el nuevo mandatario y 5 retos que enfrentará en sus primeros meses de gobierno
Con 36 años, el ex líder estudiantil llega a La Moneda de la mano de una nueva generación que destrona a los dos grandes bloques de centro-izquierda y centro-derecha que gobernaron el país desde el retorno de la democracia, en 1990.
Y su gobierno genera altas expectativas.
El nuevo mandatario, que obtuvo un triunfo histórico en diciembre, asume con una ambiciosa agenda de cambios —con reformas al sistema de pensiones, al tributario y salud, entre otras—, que responde en parte a algunas de las demandas representadas en el estallido social que comenzó en octubre de 2019.
Pero su asunción ocurre en un momento en que el país atraviesa por un escenario político, económico y social complejo, con dos estados de emergencia en vigor (uno en el sur, en La Araucanía; y otro en el norte, en el centro de la crisis migratoria), una inflación histórica (que llegó a su nivel más alto en al menos 10 años) y la pandemia que le sigue golpeando fuerte.
A lo anterior se suma que deberá gobernar sin mayoría en el Congreso y con un proceso constituyente en marcha que busca proponer una nueva Carta Magna para la nación sudamericana.
Así, Boric tendrá que sortear una serie de retos que pondrán a prueba su capital político desde el comienzo de su gobierno.
1. Convención constituyente
Tres semanas después de que comenzaran las masivas protestas de octubre de 2019 en Chile, Gabriel Boric —junto a otros políticos de distintas tendencias— firmó un acuerdo para cambiar la Constitución que actualmente rige en el país y que es herencia del régimen de Augusto Pinochet (1973-1990).
Su participación no estuvo exenta de polémicas pues lo hizo a título personal y sin el apoyo de su propio partido, Convergencia Social.
Desde entonces, el ahora presidente es visto como un importante promotor de un proceso que fue considerado como una «salida institucional» a la crisis.
Por eso, de acuerdo con diversos analistas consultados por BBC Mundo, su éxito es crucial para el nuevo mandatario.
«Mucho del capital político del nuevo mandatario está jugado en este proceso», le dice a BBC Mundo Cristóbal Bellolio, doctor en filosofía política y académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez.
La asamblea que está escribiendo la nueva Carta Magna deberá presentar una propuesta en julio de este año, la cual debe ser ratificada en un plebiscito de salida donde participará todo el país.
«Si todo esto termina siendo exitoso, Boric se gana la estatua. Y ¿qué significa que sea exitoso? Que la aprobación en el plebiscito de salida sea lo más abrumadora posible para que no haya un sector completo de la sociedad excluido», añade.
La redacción de una nueva Constitución se aprobó abrumadoramente en un plebiscito realizado en octubre de 2020. Y la Convención encargada de escribirla, conformada principalmente por independientes, inició sus sesiones en julio de 2021.
Su trabajo no ha estado exento de polémicas, sobre todo desde sectores de la derecha que acusan que priman las «posiciones extremas» bajo un «afán refundacional», y de convencionales derechistas que aseguran que están siendo «excluidos» de la discusión.
Desde el otro lado de la vereda hay quienes afirman que existe una campaña de desprestigio contra la Convención y han llamado a la calma respecto a las normas que están siendo discutidas.
En medio de este inevitable y encendido debate, muchos esperan que la coalición política que apoya a Boric juegue algún papel en liderar conversaciones tendientes a reunir el mayor apoyo posible para el proceso.
Tarea que no es fácil, pues desde la propia asamblea se ha pedido que el gobierno se mantenga neutro y distante.
Y Boric ha dado señales en esa línea.
«No voy a tratar de pautear a la Convención con lo que tiene que hacer, sino respetar e implementar lo que acá deliberativamente se decida», dijo en diciembre pasado.
2. Conflicto en la «macrozona sur»
Gabril Boric asume la presidencia de Chile en un momento delicado del centenario conflicto mapuche.
En los últimos años, ha habido una escalada de violencia en la llamada «macrozona sur», con ataques incendiarios, quema de viviendas y la muerte tanto de mapuches como de agricultores y policías.
Y varias provincias de esta zona están bajo el control de las Fuerzas Armadas desde mediados de octubre, cuando el presidente saliente Sebastián Piñera decidió decretar Estado de Emergencia.
«La relación entre el Estado y el pueblo mapuche ha sido tensa y violenta hace décadas. Y aunque el proceso constituyente, que cuenta con representantes de los pueblos originarios, fue un primer paso para una relación distinta, la tensión sigue», le explica a BBC Mundo Pamela Figueroa, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad de Santiago de Chile.
«Boric va a tener un rol clave en enfrentar el tema de la violencia. Muchos estarán observando lo que un gobierno de izquierda puede hacer en esta materia», agrega.
Hasta el momento, las señales que ha dado Boric y su equipo ministerial van en la línea de establecer puentes de conversación con el pueblo mapuche —incluido el grupo radical llamado Coordinadora Arauco Malleco (CAM)— y el resto de los actores involucrados.
La entrante ministra del Interior, Iskia Siches, ha adelantado que no renovarán el Estado de Emergencia.
Esto representa un cambio de estrategia respecto a la administración anterior que invirtió fuertemente en control policial y militar en la zona, creando incluso grupos especiales (como el «Comando Jungla») para hacer frente a la violencia.
Piñera, además, señaló públicamente, y en varias ocasiones, que en La Araucanía «hay terrorismo», algo que Boric siempre ha evitado mencionar.
«Lo que tenemos absolutamente claro es que no podemos seguir con las mismas recetas que han causado más violencia y más división», ha dicho el nuevo mandatario.
Para Cristóbal Bellolio, «Boric y su entorno nunca han querido enfrentar este problema como un asunto terrorista».
«Pero ¿qué va a pasar si siguen los atentados? Ahí van a tener un tremendo desafío: demostrar que por las buenas sí se consiguen resultados», señala.
3. Crisis migratoria en el norte
En la última década, Chile ha vivido un dramático aumento en el número de migrantes.
En solo una década, pasó de acoger a 305 mil migrantes (lo que correspondía al 1,8% de la población total chilena en 2010) a casi 1.500.000 de personas en 2020 (7,5% de la población), según la organización Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), que lleva más de 20 años estudiando el fenómeno migratorio en Chile.
Además, la masiva llegada de desplazados desde Venezuela y Haití ha incrementado fuertemente los ingresos por pasos clandestinos, sumando más extranjeros irregulares y provocando un complejo círculo de informalidad.
La problemática llegó a su punto más álgido solo un par de semanas antes de que Boric asumiera la presidencia.
Camioneros de varias regiones del norte del país —que son las más afectadas por el ingreso de migrantes irregulares— lideraron protestas y bloqueos de ciudades enteras demandando mayor seguridad y medidas ante esta crisis.
Piñera decretó Estado de Emergencia en las provincias más afectadas, instalando más de 600 militares en las fronteras.
El gobierno de Boric ha prometido resolver en seis meses la situación de las personas en albergues, cerrar los pasos no habilitados, realizar un empadronamiento de los migrantes irregulares y combatir las redes de tráfico.
Una meta ambiciosa y que puede encontrarse con algunas dificultades.
«Es un tema urgente, aquí no se puede pensar a largo plazo», dice Pamela Figueroa.
«Boric tendrá que pensar en las dos perspectivas de este problema: la agenda de seguridad, de un lado, y los derechos humanos de los migrantes, de otro. El nuevo presidente tendrá que encontrar un equilibrio entre ambas», agrega la académica.
Para Javier Sajuria, académico de la Universidad Queen Mary de Londres, «si este gobierno de izquierda es capaz de lidiar con la inmigración, sería un golazo que muy pocos han logrado».
El doctor en Ciencias Políticas añade que a Boric también le corresponderá jugar un rol regional dentro de América Latina con el fin de intentar llegar a una solución integral con el resto de los países afectados.
«Este no es un problema solo de Chile, sino regional. Y en la medida que no haya un trabajo coordinado, no va a lograr nada», afirma.
El propio encargado de la crisis migratoria del gobierno entrante, Luis Thayer, ha señalado que el tema solo se resolverá mediante un diálogo con países como Bolivia, Perú, Argentina y Brasil.
4. Crisis económica
Actualmente, la economía global se enfrenta a una desaceleración generalizada y a una alta inflación.
La pandemia de covid-19 agudizó la pobreza y la desigualdad en el mundo y la recuperación económica prevista para este año ha mostrado signos de estancamiento, de acuerdo con la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Esta ralentización se debe en parte al fin de los paquetes de estímulo económico y fiscal, y a importantes interrupciones en las cadenas de suministros.
El panorama se ve aún más sombrío luego de la invasión de Rusia a Ucrania, lo que se cree que podría tener un efecto catastrófico sobre la producción global de alimentos.
Además, el conflicto bélico ha elevado el precio del petróleo a sus niveles más altos desde 2008, lo que podría golpear fuertemente a países que no producen crudo, como Chile.
En este país, la actividad en lo que va del año registró una menor expansión a lo que esperaba el mercado, lo que, según analistas, es un síntoma de un frenazo económico que podría golpear a los chilenos en los próximos meses.
Así, con un presupuesto fiscal ajustado, el próximo gobierno tendrá poco margen de maniobra para satisfacer las demandas sociales.
Será un importante desafío el saber administrar las arcas fiscales y, en eso, el futuro ministro de Hacienda, Mario Marcel, será clave.
«El mundo de Boric nunca ha tenido la idea de crecimiento como faro o norte, no ha estado en el centro de sus preocupaciones. Pero si quiere financiar los derechos sociales, no basta con subir la tasa impositiva; necesitas crecer. Y eso será un enorme desafío», explica Bellolio.
Según los analistas, aquí será crucial la relación que el mandatario establezca con el empresariado.
«Deberá generar confianzas, puentes de diálogo, para recuperar la inversión y reactivar la economía», dice Sajuria.
Hasta el momento, Boric les ha enviado un mensaje claro de que todos los cambios y transformaciones tendrán como eje la «gradualidad y responsabilidad fiscal».
«Mis palabras de gradualidad y responsabilidad fiscal no eran un discurso de campaña, sino que una convicción profunda que tengo para hacer las transformaciones que sean necesarias», dijo en el Encuentro Nacional de la Empresa (Enade), realizado en enero.
Por otra parte, hay que tener en consideración que, al igual que en gran parte del mundo, las ayudas económicas por la pandemia tienen fecha de término.
Dentro de este cuadro, están los retiros anticipados de fondos de pensiones, los cuales ayudaron a muchos chilenos a sortear la crisis. Pero esa política ya perdió popularidad y es difícil imaginar que el presidente la apoyará de nuevo.
«El sector político de Boric le exigió al gobierno de Piñera gastar mucho en tiempos de pandemia. Y ahora van a tener que sufrir las consecuencias de esta resaca», dice Bellolio.
5. Pandemia
La pandemia de coronavirus no ha terminado. Y Gabriel Boric asume en un momento en que no solo han aumentado fuertemente los casos en Chile, sino también las muertes.
De acuerdo con las cifras oficiales del gobierno, en los últimos días se han registrado más de 18 mil casos diarios, con más de mil pacientes que ocupan actualmente camas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).
Además, en las últimas 24 horas, se han registrado más de 200 muertes.
De esta manera, manejar la crisis sanitaria será un reto importante de la nueva administración que, entre sus ministros, cuenta con un importante rostro de la lucha contra la covid-19: Izkia Siches.
La titular del Interior se desempeñó como presidenta de la organización gremial Colegio Médico de Chile entre 2017 y 2021. Desde allí, ejerció presión sobre el gobierno de Sebastián Piñera, cuestionando duramente varias de las medidas tomadas y proponiendo otras.
Pero ahora le tocará a ella ser parte de las decisiones para hacer frente a la pandemia, con todas las complejidades que eso significa.
Entre las dificultades que le tocará sortear al nuevo gobierno en el corto plazo está el retorno a las clases presenciales en las escuelas.
Si bien el propio Boric ha adelantado que priorizará la asistencia presencial, se puede encontrar con una resistencia importante de parte de sus aliados, entre ellos, el Colegio de Profesores y figuras políticas como el comunista y ex candidato presidencial, Daniel Jadue, que se han manifestado en contra de esta opción.
«Nadie puede obligar o imponer a padres, profesores, ni estudiantes, a que asistan a un colegio si no están todas las medidas de seguridad», dijo Jadue a mediados de febrero.
«Ni con este gobierno, ni con nuestro gobierno, que es el que entra el 11 de marzo, vamos a cambiar esta posición», remató.
Por otra parte, Boric deberá ser capaz de sostener la política de vacunación liderada por Piñera, que ha sido ampliamente elogiada en el mundo.
«Será una tensión importante. Va a tener que conjugar la reactivación económica, que ya se hace insostenible, con medidas de restricción de movilidad. Va a tener que buscar el equilibrio», dice Pamela Figueroa.
Cristóbal Bellolio indica que «el sector de Boric promovió las restricciones en el gobierno de Piñera pero ahora sería impopular si instalaran políticas demasiado restrictivas; vamos a ver cuánto de eso se banca la gente».
«Ahora, les tocará a ellos enfrentar la decisión de la economía versus vidas», concluye.
Por. BBC News.
Las últimas declaraciones del presidente de los Estados Unidos sobre una posible anexión de Groenlandia han suscitado la condena de Dinamarca y de Europa en general.
Tras la redada estadounidense en Venezuela que resultó en la detención del presidente Nicolás Maduro, Trump repitió su intención de anexar Groenlandia a los Estados Unidos, ya que la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, emitió su más enérgica reprimenda hasta la fecha, diciendo que sus llamamientos para afirmar que la isla deben terminar.
Groenlandia es una región semiautónoma de Dinamarca, que es miembro de la OTAN y de la Unión Europea. Desde que regresó al poder a principios de 2025, Trump ha pedido en varias ocasiones su anexión y, tras la destitución de Maduro, ha retomado la idea en público. «Necesitamos Groenlandia para una situación de seguridad nacional», dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One el domingo. «Es tan estratégico. En este momento, Groenlandia está cubierta de barcos rusos y chinos por todas partes».
«¿Sabes lo que Dinamarca ha hecho últimamente por la seguridad? Agregaron un trineo tirado por perros más». Un día antes, hablando con ‘The Atlantic’, Trump afirmó: «Necesitamos Groenlandia, absolutamente. La necesitamos para defendernos». En respuesta, el primer ministro danés aseveró que las amenazas estadounidenses deben cesar de inmediato.
«No tiene absolutamente ningún sentido hablar de la necesidad de Estados Unidos de apoderarse de Groenlandia. Estados Unidos no tiene derecho a anexionarse ninguno de los tres países del Reino de Dinamarca», argumentó Frederiksen en un comunicado el domingo.
¿Por qué Trump quiere Groenlandia?
Justo antes de Navidad, Trump nombró a un enviado especial, el exgobernador de Luisiana Jeff Landry, para tratar la cuestión de Groenlandia. Landry escribió en una publicación en las redes sociales que se siente honrado de ocupar un «puesto de voluntario para hacer de Groenlandia parte de los Estados Unidos»
Trump cita regularmente los intereses de seguridad nacional como motivo de sus intenciones con respecto a Groenlandia, que se encuentra estratégicamente ubicada en el Océano Ártico, en medio de las principales rutas marítimas. La isla más grande del mundo, geográficamente hablando forma parte de América del Norte.
A medida que avance el calentamiento global, se abrirán más rutas marítimas a través del Ártico, lo que hará que Groenlandia sea aún más importante. Estados Unidos tiene un acuerdo de Defensa con Groenlandia desde 1951, y tiene alrededor de 150 efectivos estacionados allí en la base espacial de Pituffik, que se centra en la detección de misiles y la vigilancia del espacio.
Según Ian Lesser, miembro distinguido del Fondo Marshall Alemán de los Estados Unidos, Washington ya cuenta con la posición de seguridad que necesita en Groenlandia, y es casi seguro que las intenciones de la Administración Trump se refieren más a los recursos naturales.
«El presidente pone mucho énfasis en los recursos, los recursos minerales, los recursos energéticos y las oportunidades comerciales», dijo Lesser a ‘Euronews’. «Aunque estos recursos no sean fáciles de extraer de forma rentable, no me sorprendería que ahora haya tanta preocupación».
La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, rechazó los últimos comentarios de Trump en una declaración televisada. «No tiene absolutamente ningún sentido hablar de la necesidad de que Estados Unidos se apodere de Groenlandia», dijo. «Estados Unidos no tiene base legal para anexionarse uno de los tres países del Reino de Dinamarca».
El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, argumentó que vincular la cuestión de Groenlandia con la intervención militar en Venezuela era una falta de respeto, mientras que el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores francés, Pascal Confavreux, afirmó que Francia se solidariza con Dinamarca.
«Groenlandia pertenece al pueblo de Groenlandia y al pueblo de Dinamarca. Son ellos los que deciden lo que quieren hacer. Las fronteras no se pueden cambiar por la fuerza», comentó Confavreux a la emisora nacional francesa ‘TF1’. El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, por su parte, aseguró que su país apoya a Dinamarca.
«Solo Dinamarca y Groenlandia tienen derecho a decidir sobre sus territorios», afirmó Kristersson. La UE denunció varias veces el año pasado las propuestas de Estados Unidos de apoderarse de Groenlandia. Lesser apuntó que, si bien es poco probable que se produzca una anexión forzosa de Groenlandia, no se puede descartar definitivamente.
«No creo que fuera probable que los Estados Unidos utilizaran la fuerza en Groenlandia, pero obviamente, teniendo en cuenta la experiencia en Venezuela, es comprensible que muchos lleguen a la conclusión de que, en cierto sentido, hay que creer en la palabra del presidente», apuntó.
Añadió que la presión podría llevar a que Dinamarca hiciera concesiones para permitir a los Estados Unidos un mayor acceso al territorio. «Puede que no adopte la forma de una especie de intervención militar, pero podría haber todo tipo de presiones comerciales, diplomáticas y económicas para conseguir que los Estados Unidos ganen un buen acuerdo en Groenlandia».
¿Qué pueden hacer los europeos ahora?
Mientras el Gobierno danés está en crisis e insiste en que el territorio no está a la venta, Lesser afirma que Dinamarca y Europa también tienen algunas cartas que jugar. «Creo que hay muchas cosas sobre la mesa porque la Administración estadounidense parece dar prioridad a las cuestiones económicas y comerciales. Creo que existe la posibilidad de llegar a un acuerdo global al otro lado del Atlántico en el que entren en juego muchas cosas», dijo Lesser.
La UE tiene dos desventajas en cualquier intento de equilibrio: en primer lugar, los objetivos del presidente de los Estados Unidos no están del todo claros y, en segundo lugar, avanza a un ritmo considerablemente más lento que el de la administración Trump.
«No es que la Unión Europea o la OTAN sean incapaces de responder a estos desafíos, pero el ritmo en este lado del Atlántico es mucho más lento que en Washington», dijo Lesser.
En su reacción de la noche a la mañana a los últimos comentarios de Trump, Frederiksen recordó que, como miembro de la OTAN, Dinamarca está cubierta por la garantía de seguridad colectiva de la Alianza.
«Por lo tanto, insto encarecidamente a los Estados Unidos a que pongan fin a sus amenazas contra un aliado históricamente cercano y contra otro país y otro pueblo que han declarado muy claramente que no están a la venta», afirmó.
Las tensiones y las hostilidades no tienen precedentes entre los aliados de la OTAN: Grecia y Turquía, por ejemplo, han mantenido intercambios muy tensos en el pasado. Pero esta vez, entre los miembros en conflicto podrían figurar el garante de la seguridad europea y una de las naciones a las que aparentemente está obligada a ayudar a proteger.
«Obviamente, es un nivel muy básico que corroe la cohesión dentro de la alianza», añadió Lesser. «Existe la suposición de que los aliados simplemente no se comportan de esta manera».
Agregó que las amenazas son extremadamente perjudiciales para una relación de seguridad transatlántica que ya está en peligro. «Cualquier cosa que vaya más allá del tipo de retórica que ya hemos visto sobre Groenlandia provocaría una verdadera crisis dentro de la Alianza».
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Ella es Gaby Gómez Córdoba, la mujer que arrastró al motociclista hasta dejarlo despedazado en la calle
Las autoridades capitalinas y familiares de la víctima buscan intensamente a Gaby Gómez Córdoba, de 43 años, señalada como la probable responsable de un trágico y cruel accidente que le arrebató la vida a un motociclista en calles de la alcaldía Iztapalapa.
De acuerdo con los reportes más recientes, la mujer conducía un vehículo Honda City sobre las vialidades de dicha demarcación cuando impactó a un motociclista de 52 años. Lejos de detenerse para auxiliar a la víctima, Gómez Córdoba habría continuado su marcha, arrastrando al conductor por varias calles, dejando el rastro rojo y hasta pedazos de piel por el asfalto, lo que le provocó lesiones fatales de manera inmediata a la víctima.
Tras el incidente, la señalada logró evadir el cerco policial inicial. Investigaciones y rastreos mediante cámaras de seguridad permitieron identificar el vehículo y la ruta de escape. Se sabe que la noche del accidente, la presunta responsable huyó hacia el Estado de México para ocultarse.
Pese a que las autoridades lograron localizar el domicilio de la mujer, fuentes cercanas al caso confirman que ya abandonó su casa, por lo que actualmente se encuentra en calidad de prófuga.
Vecinos y usuarios en redes sociales han difundido su identidad para presionar a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México y lograr su captura. Los familiares del motociclista exigen justicia y que el caso no quede impune, enfatizando la poca humanidad de la mujer que, al parecer, es enfermera de profesión.
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Constructores en Honduras exigen al Gobierno saldar deuda de más $189 millones en medio de alertas económicas
El expresidente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (CHICO), Juan Carlos Sikaffy, pidió al actual gobierno cancelar más de 5 mil millones de lempiras (poco más de $189 millones) que se adeudan al rubro de la construcción, un pendiente que, según dijo, mantiene en incertidumbre a contratistas y empresas del sector.
Sikaffy afirmó que el impago a los contratistas se ha prolongado sin explicaciones claras. Además, advirtió que la falta de respuesta oficial agrava la situación financiera del sector construcción, uno de los principales generadores de empleo en Honduras.
Al ser consultado sobre las razones del atraso en los pagos, Sikaffy aseguró que no existe una explicación concreta por parte del Gobierno. Señaló que han acudido a distintas instancias sin obtener respuestas formales.
“Vamos a todos lados y no hay respuesta”, expresó. Por ello, consideró necesario hablar con el ministro de Finanzas, Christian Duarte, para que asigne los fondos correspondientes. Según Sikaffy, pagar a los contratistas es clave para sostener la actividad económica.
El exdirigente empresarial indicó que, aunque no conocen con precisión el estado de las finanzas públicas, presumen que el Gobierno tiene capacidad de pago. A su juicio, la información disponible apunta a problemas de flujo de caja, pero no a una imposibilidad total de cumplir con la deuda.
Impacto en el sector construcción y la economía
Sikaffy remarcó que el sector construcción depende de pagos oportunos para mantener proyectos activos, empleo y cadena de proveedores. Además, alertó que la mora estatal afecta la confianza y frena nuevas inversiones.
En ese contexto, insistió en que el Gobierno debe priorizar el pago de la deuda y dar señales claras al sector privado. También pidió mayor transparencia sobre el manejo de los recursos públicos.
El expresidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), José Luis Moncada, advirtió que la transición de gobierno enfrenta retos complejos. Según explicó, estos problemas derivan del manejo inadecuado de los recursos públicos durante la administración de Xiomara Castro de Zelaya.
Moncada afirmó que la ejecución presupuestaria no se realizó como correspondía. Señaló que, pese a contar con recursos, muchos proyectos no se implementaron. También mencionó que existen fondos de organismos financieros que no se ejecutaron.
El experto económico sostuvo que el tamaño del Gobierno es excesivo. Por ello, propuso reducir el gasto corriente y reorientar los recursos hacia inversiones productivas y sociales en todo el país.
En materia monetaria, Moncada consideró necesario revisar la política cambiaria. Indicó que Honduras ha enfrentado años difíciles, en parte por decisiones que impactaron las tasas de política monetaria.
No obstante, reconoció que las reservas internacionales se manejan adecuadamente. Aun así, advirtió que las exportaciones e importaciones muestran afectaciones, junto al deslizamiento de la moneda.
Finalmente, Moncada subrayó la necesidad de conformar un gabinete económico sólido, que adopte medidas rápidas y efectivas. A su juicio, estas decisiones serán clave para que Honduras logre mejores condiciones económicas en el corto plazo.
