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Gabriel Boric, presidente: el Chile que recibe el nuevo mandatario y 5 retos que enfrentará en sus primeros meses de gobierno
Con 36 años, el ex líder estudiantil llega a La Moneda de la mano de una nueva generación que destrona a los dos grandes bloques de centro-izquierda y centro-derecha que gobernaron el país desde el retorno de la democracia, en 1990.
Y su gobierno genera altas expectativas.
El nuevo mandatario, que obtuvo un triunfo histórico en diciembre, asume con una ambiciosa agenda de cambios —con reformas al sistema de pensiones, al tributario y salud, entre otras—, que responde en parte a algunas de las demandas representadas en el estallido social que comenzó en octubre de 2019.
Pero su asunción ocurre en un momento en que el país atraviesa por un escenario político, económico y social complejo, con dos estados de emergencia en vigor (uno en el sur, en La Araucanía; y otro en el norte, en el centro de la crisis migratoria), una inflación histórica (que llegó a su nivel más alto en al menos 10 años) y la pandemia que le sigue golpeando fuerte.
A lo anterior se suma que deberá gobernar sin mayoría en el Congreso y con un proceso constituyente en marcha que busca proponer una nueva Carta Magna para la nación sudamericana.
Así, Boric tendrá que sortear una serie de retos que pondrán a prueba su capital político desde el comienzo de su gobierno.
1. Convención constituyente
Tres semanas después de que comenzaran las masivas protestas de octubre de 2019 en Chile, Gabriel Boric —junto a otros políticos de distintas tendencias— firmó un acuerdo para cambiar la Constitución que actualmente rige en el país y que es herencia del régimen de Augusto Pinochet (1973-1990).
Su participación no estuvo exenta de polémicas pues lo hizo a título personal y sin el apoyo de su propio partido, Convergencia Social.
Desde entonces, el ahora presidente es visto como un importante promotor de un proceso que fue considerado como una «salida institucional» a la crisis.
Por eso, de acuerdo con diversos analistas consultados por BBC Mundo, su éxito es crucial para el nuevo mandatario.
«Mucho del capital político del nuevo mandatario está jugado en este proceso», le dice a BBC Mundo Cristóbal Bellolio, doctor en filosofía política y académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez.
La asamblea que está escribiendo la nueva Carta Magna deberá presentar una propuesta en julio de este año, la cual debe ser ratificada en un plebiscito de salida donde participará todo el país.
«Si todo esto termina siendo exitoso, Boric se gana la estatua. Y ¿qué significa que sea exitoso? Que la aprobación en el plebiscito de salida sea lo más abrumadora posible para que no haya un sector completo de la sociedad excluido», añade.
La redacción de una nueva Constitución se aprobó abrumadoramente en un plebiscito realizado en octubre de 2020. Y la Convención encargada de escribirla, conformada principalmente por independientes, inició sus sesiones en julio de 2021.
Su trabajo no ha estado exento de polémicas, sobre todo desde sectores de la derecha que acusan que priman las «posiciones extremas» bajo un «afán refundacional», y de convencionales derechistas que aseguran que están siendo «excluidos» de la discusión.
Desde el otro lado de la vereda hay quienes afirman que existe una campaña de desprestigio contra la Convención y han llamado a la calma respecto a las normas que están siendo discutidas.
En medio de este inevitable y encendido debate, muchos esperan que la coalición política que apoya a Boric juegue algún papel en liderar conversaciones tendientes a reunir el mayor apoyo posible para el proceso.
Tarea que no es fácil, pues desde la propia asamblea se ha pedido que el gobierno se mantenga neutro y distante.
Y Boric ha dado señales en esa línea.
«No voy a tratar de pautear a la Convención con lo que tiene que hacer, sino respetar e implementar lo que acá deliberativamente se decida», dijo en diciembre pasado.
2. Conflicto en la «macrozona sur»
Gabril Boric asume la presidencia de Chile en un momento delicado del centenario conflicto mapuche.
En los últimos años, ha habido una escalada de violencia en la llamada «macrozona sur», con ataques incendiarios, quema de viviendas y la muerte tanto de mapuches como de agricultores y policías.
Y varias provincias de esta zona están bajo el control de las Fuerzas Armadas desde mediados de octubre, cuando el presidente saliente Sebastián Piñera decidió decretar Estado de Emergencia.
«La relación entre el Estado y el pueblo mapuche ha sido tensa y violenta hace décadas. Y aunque el proceso constituyente, que cuenta con representantes de los pueblos originarios, fue un primer paso para una relación distinta, la tensión sigue», le explica a BBC Mundo Pamela Figueroa, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad de Santiago de Chile.
«Boric va a tener un rol clave en enfrentar el tema de la violencia. Muchos estarán observando lo que un gobierno de izquierda puede hacer en esta materia», agrega.
Hasta el momento, las señales que ha dado Boric y su equipo ministerial van en la línea de establecer puentes de conversación con el pueblo mapuche —incluido el grupo radical llamado Coordinadora Arauco Malleco (CAM)— y el resto de los actores involucrados.
La entrante ministra del Interior, Iskia Siches, ha adelantado que no renovarán el Estado de Emergencia.
Esto representa un cambio de estrategia respecto a la administración anterior que invirtió fuertemente en control policial y militar en la zona, creando incluso grupos especiales (como el «Comando Jungla») para hacer frente a la violencia.
Piñera, además, señaló públicamente, y en varias ocasiones, que en La Araucanía «hay terrorismo», algo que Boric siempre ha evitado mencionar.
«Lo que tenemos absolutamente claro es que no podemos seguir con las mismas recetas que han causado más violencia y más división», ha dicho el nuevo mandatario.
Para Cristóbal Bellolio, «Boric y su entorno nunca han querido enfrentar este problema como un asunto terrorista».
«Pero ¿qué va a pasar si siguen los atentados? Ahí van a tener un tremendo desafío: demostrar que por las buenas sí se consiguen resultados», señala.
3. Crisis migratoria en el norte
En la última década, Chile ha vivido un dramático aumento en el número de migrantes.
En solo una década, pasó de acoger a 305 mil migrantes (lo que correspondía al 1,8% de la población total chilena en 2010) a casi 1.500.000 de personas en 2020 (7,5% de la población), según la organización Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), que lleva más de 20 años estudiando el fenómeno migratorio en Chile.
Además, la masiva llegada de desplazados desde Venezuela y Haití ha incrementado fuertemente los ingresos por pasos clandestinos, sumando más extranjeros irregulares y provocando un complejo círculo de informalidad.
La problemática llegó a su punto más álgido solo un par de semanas antes de que Boric asumiera la presidencia.
Camioneros de varias regiones del norte del país —que son las más afectadas por el ingreso de migrantes irregulares— lideraron protestas y bloqueos de ciudades enteras demandando mayor seguridad y medidas ante esta crisis.
Piñera decretó Estado de Emergencia en las provincias más afectadas, instalando más de 600 militares en las fronteras.
El gobierno de Boric ha prometido resolver en seis meses la situación de las personas en albergues, cerrar los pasos no habilitados, realizar un empadronamiento de los migrantes irregulares y combatir las redes de tráfico.
Una meta ambiciosa y que puede encontrarse con algunas dificultades.
«Es un tema urgente, aquí no se puede pensar a largo plazo», dice Pamela Figueroa.
«Boric tendrá que pensar en las dos perspectivas de este problema: la agenda de seguridad, de un lado, y los derechos humanos de los migrantes, de otro. El nuevo presidente tendrá que encontrar un equilibrio entre ambas», agrega la académica.
Para Javier Sajuria, académico de la Universidad Queen Mary de Londres, «si este gobierno de izquierda es capaz de lidiar con la inmigración, sería un golazo que muy pocos han logrado».
El doctor en Ciencias Políticas añade que a Boric también le corresponderá jugar un rol regional dentro de América Latina con el fin de intentar llegar a una solución integral con el resto de los países afectados.
«Este no es un problema solo de Chile, sino regional. Y en la medida que no haya un trabajo coordinado, no va a lograr nada», afirma.
El propio encargado de la crisis migratoria del gobierno entrante, Luis Thayer, ha señalado que el tema solo se resolverá mediante un diálogo con países como Bolivia, Perú, Argentina y Brasil.
4. Crisis económica
Actualmente, la economía global se enfrenta a una desaceleración generalizada y a una alta inflación.
La pandemia de covid-19 agudizó la pobreza y la desigualdad en el mundo y la recuperación económica prevista para este año ha mostrado signos de estancamiento, de acuerdo con la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Esta ralentización se debe en parte al fin de los paquetes de estímulo económico y fiscal, y a importantes interrupciones en las cadenas de suministros.
El panorama se ve aún más sombrío luego de la invasión de Rusia a Ucrania, lo que se cree que podría tener un efecto catastrófico sobre la producción global de alimentos.
Además, el conflicto bélico ha elevado el precio del petróleo a sus niveles más altos desde 2008, lo que podría golpear fuertemente a países que no producen crudo, como Chile.
En este país, la actividad en lo que va del año registró una menor expansión a lo que esperaba el mercado, lo que, según analistas, es un síntoma de un frenazo económico que podría golpear a los chilenos en los próximos meses.
Así, con un presupuesto fiscal ajustado, el próximo gobierno tendrá poco margen de maniobra para satisfacer las demandas sociales.
Será un importante desafío el saber administrar las arcas fiscales y, en eso, el futuro ministro de Hacienda, Mario Marcel, será clave.
«El mundo de Boric nunca ha tenido la idea de crecimiento como faro o norte, no ha estado en el centro de sus preocupaciones. Pero si quiere financiar los derechos sociales, no basta con subir la tasa impositiva; necesitas crecer. Y eso será un enorme desafío», explica Bellolio.
Según los analistas, aquí será crucial la relación que el mandatario establezca con el empresariado.
«Deberá generar confianzas, puentes de diálogo, para recuperar la inversión y reactivar la economía», dice Sajuria.
Hasta el momento, Boric les ha enviado un mensaje claro de que todos los cambios y transformaciones tendrán como eje la «gradualidad y responsabilidad fiscal».
«Mis palabras de gradualidad y responsabilidad fiscal no eran un discurso de campaña, sino que una convicción profunda que tengo para hacer las transformaciones que sean necesarias», dijo en el Encuentro Nacional de la Empresa (Enade), realizado en enero.
Por otra parte, hay que tener en consideración que, al igual que en gran parte del mundo, las ayudas económicas por la pandemia tienen fecha de término.
Dentro de este cuadro, están los retiros anticipados de fondos de pensiones, los cuales ayudaron a muchos chilenos a sortear la crisis. Pero esa política ya perdió popularidad y es difícil imaginar que el presidente la apoyará de nuevo.
«El sector político de Boric le exigió al gobierno de Piñera gastar mucho en tiempos de pandemia. Y ahora van a tener que sufrir las consecuencias de esta resaca», dice Bellolio.
5. Pandemia
La pandemia de coronavirus no ha terminado. Y Gabriel Boric asume en un momento en que no solo han aumentado fuertemente los casos en Chile, sino también las muertes.
De acuerdo con las cifras oficiales del gobierno, en los últimos días se han registrado más de 18 mil casos diarios, con más de mil pacientes que ocupan actualmente camas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).
Además, en las últimas 24 horas, se han registrado más de 200 muertes.
De esta manera, manejar la crisis sanitaria será un reto importante de la nueva administración que, entre sus ministros, cuenta con un importante rostro de la lucha contra la covid-19: Izkia Siches.
La titular del Interior se desempeñó como presidenta de la organización gremial Colegio Médico de Chile entre 2017 y 2021. Desde allí, ejerció presión sobre el gobierno de Sebastián Piñera, cuestionando duramente varias de las medidas tomadas y proponiendo otras.
Pero ahora le tocará a ella ser parte de las decisiones para hacer frente a la pandemia, con todas las complejidades que eso significa.
Entre las dificultades que le tocará sortear al nuevo gobierno en el corto plazo está el retorno a las clases presenciales en las escuelas.
Si bien el propio Boric ha adelantado que priorizará la asistencia presencial, se puede encontrar con una resistencia importante de parte de sus aliados, entre ellos, el Colegio de Profesores y figuras políticas como el comunista y ex candidato presidencial, Daniel Jadue, que se han manifestado en contra de esta opción.
«Nadie puede obligar o imponer a padres, profesores, ni estudiantes, a que asistan a un colegio si no están todas las medidas de seguridad», dijo Jadue a mediados de febrero.
«Ni con este gobierno, ni con nuestro gobierno, que es el que entra el 11 de marzo, vamos a cambiar esta posición», remató.
Por otra parte, Boric deberá ser capaz de sostener la política de vacunación liderada por Piñera, que ha sido ampliamente elogiada en el mundo.
«Será una tensión importante. Va a tener que conjugar la reactivación económica, que ya se hace insostenible, con medidas de restricción de movilidad. Va a tener que buscar el equilibrio», dice Pamela Figueroa.
Cristóbal Bellolio indica que «el sector de Boric promovió las restricciones en el gobierno de Piñera pero ahora sería impopular si instalaran políticas demasiado restrictivas; vamos a ver cuánto de eso se banca la gente».
«Ahora, les tocará a ellos enfrentar la decisión de la economía versus vidas», concluye.
Por. BBC News.
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Impactante accidente aéreo: dos aviones militares chocaron en plena exhibición en EE.UU.
Los equipos de emergencia respondieron de inmediato tras reportarse un grave incidente en el Gunfighter Skies Air Show. La Base de la Fuerza Aérea Mountain Home confirmó a través de sus canales oficiales que las instalaciones quedaron bajo una orden de cierre estricto (lockdown) de manera preventiva mientras se asiste el siniestro.
A través de una publicación en redes sociales, las autoridades militares señalaron que los equipos de respuesta rápida ya se encuentran trabajando en el lugar del impacto y que se ha iniciado una investigación formal para determinar las causas de la colisión. Además se informó que no hay víctimas fatales.
Múltiples asistentes al evento registraron el momento del accidente. Testigos presenciales reportaron haber visto el instante exacto en que las dos aeronaves impactaron en el aire.
Los videos publicados en internet y redes sociales muestran una secuencia dramática: tras el fuerte choque, cuatro paracaídas lograron abrirse en el cielo mientras los restos de los dos aviones se precipitaban a gran velocidad hacia el suelo, en un área cercana a la base militar, ubicada a unos 80 kilómetros (50 millas) al sur de la ciudad de Boise.
El Gunfighter Skies Air Show es uno de los eventos de aviación más masivos y populares de la región. Organizado como una celebración de la historia aeronáutica y una exhibición de las capacidades militares modernas, el festival atrae a miles de familias cada año.
Las autoridades del festival suspendieron las actividades restantes del domingo mientras la junta de investigación de accidentes de la Fuerza Aérea toma el control pericial de la zona del desastre.
Un histórico tesorero de la exguerrilla sandinista y aliado del presidente Daniel Ortega fue arrestado en Nicaragua acusado de corrupción y lavado de dinero, informaron este sábado medios nicaragüenses en el exilio.
Como tesorero del Frente Sandinista para la Liberación Nacional (FSLN), Francisco «Chico» López era considerado el principal operador de los negocios privados de Ortega y su esposa Rosario Murillo, copresidenta del país. Había sido separado del cargo en enero.
La Policía Nacional lo capturó y trasladó el pasado jueves a la cárcel «La Modelo», en la capital Managua, indicó el diario digital Confidencial este sábado.
Según el medio, el arresto fue ordenado por Murillo bajo acusaciones de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, los mismos cargos presentados contra otros exfuncionarios que han sido encarcelados.
La fiscalía no ha presentado oficialmente una acusación.
El diario La Prensa, en tanto, precisó que el motivo de la detención fue la incapacidad de López para explicar el paradero de bienes del FSLN que administró anteriormente el histórico comandante sandinista Bayardo Arce, condenado en enero por lavado de activos.
Opositores exiliados afirman que el caso de Arce forma parte de una purga en los círculos de poder dirigida por Murillo con el aval de Ortega para asegurar la sucesión.
Ortega, de 80 años, gobernó Nicaragua en los años 1980. Tras varios años en la oposición, se mantiene en el poder desde 2007 luego de elecciones cuestionadas por la comunidad internacional.
En los últimos meses se le ha visto en actos públicos con dificultad para caminar -padece lupus e insuficiencia renal-, por lo que analistas aseguran que Murillo se encamina a sucederlo.
El empresario colombiano Alex Saab, señalado durante años como presunto testaferro de Nicolás Maduro, fue deportado por Venezuela hacia Estados Unidos, donde enfrenta acusaciones por lavado de dinero y corrupción. La medida marca un nuevo giro en la relación entre Caracas y Washington tras la caída de Maduro.
Venezuela deportó este sábado hacia Estados Unidos al empresario colombiano Alex Saab, acusado de ser testaferro del depuesto presidente Nicolás Maduro, informó el Servicio de Migración venezolano en un comunicado.
Saab ya estuvo preso en territorio estadounidense en 2021 por cargos de lavado de dinero y corrupción. Venezuela negoció su liberación en 2023 y lo designó ministro de Industria un año después.
Delcy Rodríguez, que asumió la presidencia interina tras el derrocamiento de Maduro en un operativo estadounidense en enero, lo destituyó de todas sus funciones en febrero y empezaron a circular rumores de su arresto, que nunca fue confirmado formalmente por las autoridades.
«La medida de deportación fue adoptada tomando en consideración que el referido ciudadano colombiano se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América, tal como es público, notorio y comunicacional», detalla el texto difundido este sábado.
El traslado de una persona a otro país que lo reclama por algún delito es una extradición, medida prohibida en la Constitución venezolana. La autoridad migratoria afirma que en su lugar se trata de una «deportación».
Saab se vinculó con el gobierno venezolano en los últimos años de la gestión de Hugo Chávez (1999-2013), acercó la industria petrolera local a Irán y llegó a manejar una gigantesca red de importaciones para el gobierno de Maduro.
Estuvo encargado del traslado de alimentos del programa gubernamental conocido como CLAP, salpicado por denuncias de corrupción.
Fue detenido en 2020 en Cabo Verde y extraditado a Estados Unidos en octubre de 2021. La justicia estadounidense lo acusaba de blanquear fondos obtenidos ilegalmente en Venezuela a través del país norteamericano.
Venezuela lo calificó de «secuestro» mientras lo defendía como un «héroe» que alimentó al país en medio de las sanciones internacionales.
Finalmente fue excarcelado en 2023 por Washington como parte de un acuerdo que incluyó la liberación de 10 estadounidenses presos en Venezuela.
Caída en desgracia
Tras su excarcelación, Saab fue el encargado de gestionar el sector productivo del país como ministro de Industria y director de un centro de inversiones creado por Maduro para atraer capital extranjero a Venezuela pese a las sanciones de Estados Unidos.
Así es que Saab se reunía con empresarios internacionales y autoridades de otros países para acordar numerosos negocios de los que nunca se publicaron detalles oficiales.
Se mantuvo como uno de los hombres cercanos de Maduro hasta su caída.
Bajo la administración de Rodríguez, que gobierna bajo fuertes presiones de Estados Unidos, Saab no sobrevivió ni siquiera un mes en el Gobierno. Fue destituido rápidamente de ambos cargos.
Su esposa, Camilla Fabri, quien fungía como viceministra de Relaciones Exteriores a la vez que encabezaba un programa migratorio, también fue cesada en marzo.
