Internacionales
Evo Morales, en el centro de un escándalo por presunto abuso de una menor en Bolivia
El expresidente de Bolivia Evo Morales está enredado en un escándalo judicial por la presunta «violación» de una menor cuando ejercía el poder, y con quien habría tenido una hija, según denunció el gobierno de su exministro y adversario Luis Arce.
El miércoles, la fiscal del departamento de Tarija Sandra Gutiérrez reveló que fue destituida, después de ordenar la aprehensión del líder indígena de 64 años, por el presunto delito de trata de personas.
La justicia, según la propia fiscalía, dejó sin efecto la orden de captura.
En la resolución de aprehensión contra Morales -cuyos apartes fueron filtrados a la prensa- se señala que en 2016 el entonces presidente se involucró con una menor de 15 años con quien tuvo una hija.
Este jueves el ministro de Justicia César Siles reveló que en realidad Morales -cuyo mandato se extendió del 2006 al 2019- está siendo investigado por violación.
«Hemos observado con indignación delitos graves que pretenden quedar en impunidad: me refiero concretamente a una niña, a una niña violada a sus 15, a sus 16 años», señaló el funcionario en una conferencia de prensa.
Según Siles, «producto de esa violación (la madre) engendró otra niña y el padre reconocido en un certificado de nacimiento, (es) el señor Evo Morales Ayma».
«Existe un proceso abierto» que «está en curso de investigación», agregó el ministro.
Sin aludir al expediente, Morales publicó más temprano en su cuenta en X: «No me extraña ni me preocupa. Todos los gobiernos neoliberales, incluido el actual, me amenazaron, me persiguieron, me encarcelaron, intentaron matarme. ¡No tengo miedo! ¡No me callarán!».
Morales gobernó Bolivia entre 2006 y 2019 e impulsó el triunfo electoral de su sucesor Luis Arce, quien fue su ministro de Economía durante más de una década.
Ambos líderes rompieron y hoy se disputan el liderazgo del oficialismo y la nominación presidencial para las elecciones generales de 2025.
Internacionales
Ejército despliega 2,500 efectivos en el oeste de México tras muerte de «El Mencho»
El Ejército mexicano desplegó 2,500 efectivos en el oeste de México como medida disuasiva tras la muerte del capo narco Nemesio «El Mencho» Oseguera el domingo en un operativo militar, informó este lunes el secretario de Defensa, Ricardo Trevilla.
«Se encontraban destacamentados en Jalisco alrededor de 7.000 efectivos, entonces se va a reforzar» la presencia militar en la zona de operación del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), liderado por Oseguera, dijo Trevilla en rueda de prensa.
«La intención es, más que nada, tener un efecto disuasivo», añadió el secretario de Defensa, tras cientos de bloqueos el domingo en 20 estados del país.
Internacionales
Mueren 15 personas en accidente de helicóptero militar en Perú
La Fuerza Aérea de Perú (FAP) halló 15 personas muertas este lunes tras el accidente de un helicóptero militar desaparecido el domingo en la región Arequipa, al sur del país, informó la autoridad militar.
La FAP precisó que el helicóptero realizaba labores rescate de víctimas de las inundaciones registradas en Arequipa.
«El personal de rescate ha confirmado el fallecimiento de los cuatro tripulantes (..), así como los 11 pasajeros que se encontraban a bordo», señaló la FAP.
«Tras la intensificación de las labores de búsqueda, las patrullas de fuerzas especiales y la policía han logrado localizar el helicóptero Mi-17 que perdió contacto radial la tarde de ayer», indicó la fuerza aérea en un comunicado.
El helicóptero siniestrado, un Mil Mi-17 de fabricación rusa, había despegado de la ciudad de Pisco, en la región de Ica. Los rescatistas localizaron la aeronave en la localidad de Chala, en Arequipa, a poco más de 300 kilómetros del lugar de partida.
Internacionales
Concluye proceso legal que anula la concesión de Hutchison en puertos del canal de Panamá
La justicia panameña dio por concluido el proceso legal que anuló la concesión a la compañía hongkonesa CK Hutchison Holdings para operar dos puertos en el canal, al publicar este lunes el fallo.
La Corte Suprema panameña declaró en enero «inconstitucional» el contrato que ha permitido a la empresa Panama Ports Company (PPC), filial de Hutchison, administrar desde 1997 los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico.
Sin embargo, para que la sentencia, que no admite apelación, quedara en firme aún faltaban unos trámites que han concluido este lunes con la publicación del fallo en la gaceta oficial.
El viernes, el vocero de PPC, Alejandro Kouruklis, reconoció que la publicación del fallo en la gaceta oficial supondría que «la concesión deja de existir», por lo que pidió al gobierno panameño «negociar» con la firma hongkonesa el futuro de los puertos para «evitar el caos».
Tras ese fallo judicial, que se produjo en medio de las presiones de Estados Unidos por la presencia china en el canal, el presidente panameño, José Raúl Mulino, anunció que la danesa Maersk operaría temporalmente esas terminales.
La decisión ha traído incertidumbre en los puertos, ubicados en sendas entradas de la vía interoceánica, por los que en 2025 pasó el 38 % de los contenedores que transitaron por Panamá.
«El camino que se está siguiendo puede causar un caos» porque «no va a haber un orden ni marco legal» en que puedan confiar los proveedores, trabajadores y las líneas navieras, había declarado el viernes Kouruklis al canal panameño TVN-2.
«Nuestro plan no es salir, es conversar con el Estado a ver qué solución se le puede dar a esto» y «no tomar decisiones abruptas» para que un tercero entre en las instalaciones «a tomar bienes que no le pertenecen», añadió.
Hutchison amenazó hace días a Maersk con «acciones legales» si asume la administración de las terminales sin su consentimiento y anunció que impugnará la sentencia ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC), con sede en París, por causarle «graves daños».
Pero la Corte panameña asegura que la concesión, renovada por otros 25 años en 2021 es «inconstitucional» y tenía «una inclinación desproporcionada a favor de la empresa» que perjudicaba al Estado.
El fallo también llegó en momentos donde Hutchison Holdings quiere ceder sus puertos, entre ellos los de Panamá, a un grupo de empresas liderado por la estadounidense BlackRock por 22,800 millones de dólares.


