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El calor extremo, otra forma de pena de muerte para los presos en Texas
Durante su último día de vida, John Castillo, fue a buscar agua helada 23 veces. Lo hallaron inconsciente y murió después en la unidad médica con una temperatura corporal sobre los 41ºC, similar a la que registró Patrick luego de ser hallado semidesnudo en su celda sin que pudiera ser reanimado. John era epiléptico y Patrick estaba medicado por depresión.
En el caso de Elizabeth Hagerty, de 37 años, días antes de su fallecimiento advirtió del riesgo del calor en su salud debido a su obesidad y diabetes y pidió atención médica por un sarpullido que le invadió el cuerpo. Los tres casos son de 2023.
Cada año, entre junio y octubre, con las altas temperaturas en el sur de Estados Unidos, se reaviva la preocupación de los familiares de los presos en Texas: ¿Sobrevivirán? Activistas han acudido a la justicia para pedir que se respete los límites legales de entre 18ºC y 29ºC dentro de las celdas.
Ello implica instalar aire acondicionado que la mayoría de prisiones que administra el Departamento de Justicia Criminal de Texas (TDCJ) no tiene o posee parcialmente. En todas sus prisiones hay un total de 45.689 camas climatizadas para una población de 134.000.
Al menos tres muertes
Amite Dominick, presidenta de la organización Defensores Comunitarios en las Prisiones de Texas (TPCA) dice que una decisión judicial favorable sentaría un precedente para otros estados que también atraviesan este problema. «Vemos que ahora, con el cambio climático, esto está impactando a prisiones en todo el país», detalla.
Las muertes de Elizabeth, Patrick y John forman parte de la demanda contra el TDCJ.
En la audiencia judicial de principios de agosto, el director de la institución, Bryan Collier, admitió, tras ser cuestionado por una abogada de los demandantes, que en estas tres muertes el calor pudo haber influido, adicionalmente a las enfermedades que ya padecían los afectados.
Recordó que le corresponde al Parlamento de Texas aprobar el presupuesto para el aire acondicionado. Mientras tanto hay ventiladores, agua helada, baños fríos, hidratación y traslados momentáneos a zonas comunes climatizadas -como la biblioteca o el centro médico- para aliviar el calor.
¿Un privilegio?
No es suficiente. «En Texas, cada verano, tenemos altas temperaturas, alta humedad y perdemos vidas, porque la gente se está cocinando dentro de este horno de ladrillos», dice Dominick desde los exteriores de la prisión Wynne, en Huntsville, que alberga a 2.600 presos sin aire acondicionado.
«Durante mi encierro descargaba varias veces el agua del retrete, que salía más fresca que el agua de la llave, para mojarme el cuerpo», cuenta Marci Marie Simmons, de 45 años, quien estuvo 10 años recluida en la unidad Murray, por delitos contables.
«Algunas mujeres hacían colapsar el retrete para que el agua cayera al piso, mojara el concreto y tuvieran una superficie fresca para descansar (…) Vi incluso trabajadoras de la prisión enfermarse por las altas temperaturas», agrega Simmons, portavoz de la Alianza de Mujeres Impactadas por la Justicia.
Desde su casa en Weatherford, Texas, Simmons utiliza las redes sociales para hablar de su vida en prisión. «Encerrar a personas en estas altas temperaturas es un castigo cruel (…) No estamos pidiendo un privilegio sino algo humano», considera.
Dominick explica que durante el verano las peleas en prisión son más comunes porque el calor irrita los ánimos. «Es una cuestión de sobrevivencia cada verano. 95% de estos presos debe volver a casa (…) No puede haber una rehabilitación cuando se lidia con estas temperaturas». Algunos ni siquiera son culpables, precisa.
Avances
Dominick asegura que año a año intentan que el Parlamento de Texas aborde el tema.
«Son agresores sexuales, violadores, asesinos. ¿Y vamos a pagar por su aire acondicionado cuando yo no puedo proporcionar aire acondicionado a ciudadanos que trabajan duro y pagan impuestos?», cuestionó en 2012 el entonces senador estatal a cargo del tema y hoy alcalde de Houston, John Whitmire, citado por The New York Times.
Collier del TDCJ dijo en la audiencia que las posiciones han cambiado. Desde 2017 su institución pide al parlamento estatal el presupuesto y finalmente el año pasado recibieron parte del dinero solicitado, con el que actualmente construyen 1.760 camas climatizadas adicionales.
Mientras, sigue el padecimiento. «Fue horrible. En algunos momentos sentía que me desmayaba», cuenta Samuel Urbina, de 59 años, minutos después de salir de una prisión en Hunstville, donde estuvo recluido por delitos de drogas. «No volveré», dijo, antes de abrazarse con su hija que lo fue a recoger.
Las beneficiarias son la estadounidense Chevron, la italiana Eni, la española Repsol y las británicas BP y Shell.
«Todas las transacciones» de esas compañías que tengan que ver con el sector petrolero venezolano quedan autorizadas, así como los contratos para «nuevas inversiones en el sector del petróleo y el gas» para todas las compañías interesadas en abrir negocios en el país sudamericano.
Estas dos nuevas licencias suponen un importante paso adelante en la total apertura del sector petrolero venezolano, sometido a sanciones de Estados Unidos desde 2019.
Con el derrocamiento el 3 de enero del presidente Nicolás Maduro, que fue sacado del país por fuerzas especiales estadounidenses, Washington anunció inmediatamente que solo iba a permitir las exportaciones de crudo del país sudamericano bajo su control directo.
Estados Unidos aplicaba ya desde diciembre un bloqueo a las exportaciones que Venezuela llevaba a cabo mediante «buques fantasma», sometidos a sanciones.
El nuevo gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez se avino rápidamente a negociar con el presidente Donald Trump, y en especial con el secretario de Estado, Marco Rubio, que supervisa directamente la situación.
Caracas aprobó una nueva ley de hidrocarburos que reforma sustancialmente las limitaciones a la inversión exterior, tras años de polémicas por contratos incumplidos, demandas ante instancias internacionales y restricciones a las multinacionales.
Chevron era la única compañía estadounidense que explotaba, aunque con dificultades, el crudo venezolano mediante una licencia de Estados Unidos para contratos muy específicos con la empresa nacional venezolana, PDVSA.
Estas dos nuevas licencias se unen a otras nuevas autorizaciones para comprar equipamiento e instalarlo en Venezuela, negociar contratos con puertos y aeropuertos, y otras medidas que facilitan la inversión en el sector, muy decaído.
Internacionales
La policía dispara a un hombre que empuñaba un cuchillo en el Arco del Triunfo en París
La policía francesa disparó este viernes a un hombre que empuñaba un cuchillo bajo el Arco del Triunfo después de que amenazara a gendarmes en el famoso monumento parisino, informó una fuente policial a AFP.
El sospechoso, que amenazó a los gendarmes presentes en el lugar para la ceremonia de reencendido de la llama en la tumba del soldado desconocido, fue hospitalizado tras recibir varios disparos, añadió la fuente.
La fiscalía nacional antiterrorista anunció que se hizo cargo del caso y abrió una investigación.
El hombre, residente en un suburbio al norte de París, estaba en el radar de las autoridades, afirmó una fuente cercana al caso que pidió mantener el anonimato.
Según la gendarmería, el agresor hirió levemente con el cuchillo a uno de los oficiales que formaban parte de la guardia de honor antes de que otro gendarme abriera fuego contra él.
La fiscalía de Perú inició el viernes una investigación preliminar por el presunto «delito de tráfico de influencias agravado» al presidente interino José Jerí por su supuesta intervención en la contratación irregular de nueve mujeres en su gobierno, informó a la AFP el Ministerio Público.
La indagación es la segunda que le abre la fiscalía al gobernante y se produce cuando el Congreso recolecta firmas para debatir una moción de destitución por «inconducta funcional y falta de idoneidad» para ejercer el cargo.
«La Fiscalía de la Nación inició investigación preliminar al presidente José Jerí por el presunto delito de tráfico de influencias agravado, en agravio del Estado peruano», indicaron a la AFP fuentes del Ministerio Público.
El presidente peruano, que hasta el momento no se ha pronunciado sobre esta investigación, será interrogado por el fiscal general Tomás Gálvez «el 2 de marzo a las 14H30», según el documento del caso difundido por la prensa limeña y al cual accedió la AFP
La indagatoria tiene como objetivo determinar «si el mandatario ejerció influencias indebidas en estas designaciones».
Las contrataciones se realizaron entre octubre y enero, según el Ministerio Público
El caso se conoció luego de que el programa periodístico de televisión Cuarto Poder informara que cinco jóvenes fueron contratadas en el despacho presidencial y en el ministerio del Ambiente tras visitar a Jerí entre octubre y noviembre.
La presidencia peruana calificó hace una semana como un «uso malintencionado y tendencioso» la información divulgada. Denunció además que las investigaciones periodísticas atentan contra «la dignidad y el buen nombre» de las trabajadoras involucradas.
Esta nueva investigación es la segunda de la fiscalía contra Jerí luego que en enero se abrió una por el presunto delito de «patrocinio ilegal de intereses» tras una cita encubierta con un empresario chino que hace negocios con el gobierno.
Perú celebrará elecciones generales en abril. El país sudamericano vive una prolongada crisis política en la que ha tenido siete mandatarios desde 2016.
