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El calor extremo, otra forma de pena de muerte para los presos en Texas
Durante su último día de vida, John Castillo, fue a buscar agua helada 23 veces. Lo hallaron inconsciente y murió después en la unidad médica con una temperatura corporal sobre los 41ºC, similar a la que registró Patrick luego de ser hallado semidesnudo en su celda sin que pudiera ser reanimado. John era epiléptico y Patrick estaba medicado por depresión.
En el caso de Elizabeth Hagerty, de 37 años, días antes de su fallecimiento advirtió del riesgo del calor en su salud debido a su obesidad y diabetes y pidió atención médica por un sarpullido que le invadió el cuerpo. Los tres casos son de 2023.
Cada año, entre junio y octubre, con las altas temperaturas en el sur de Estados Unidos, se reaviva la preocupación de los familiares de los presos en Texas: ¿Sobrevivirán? Activistas han acudido a la justicia para pedir que se respete los límites legales de entre 18ºC y 29ºC dentro de las celdas.
Ello implica instalar aire acondicionado que la mayoría de prisiones que administra el Departamento de Justicia Criminal de Texas (TDCJ) no tiene o posee parcialmente. En todas sus prisiones hay un total de 45.689 camas climatizadas para una población de 134.000.
Al menos tres muertes
Amite Dominick, presidenta de la organización Defensores Comunitarios en las Prisiones de Texas (TPCA) dice que una decisión judicial favorable sentaría un precedente para otros estados que también atraviesan este problema. «Vemos que ahora, con el cambio climático, esto está impactando a prisiones en todo el país», detalla.
Las muertes de Elizabeth, Patrick y John forman parte de la demanda contra el TDCJ.
En la audiencia judicial de principios de agosto, el director de la institución, Bryan Collier, admitió, tras ser cuestionado por una abogada de los demandantes, que en estas tres muertes el calor pudo haber influido, adicionalmente a las enfermedades que ya padecían los afectados.
Recordó que le corresponde al Parlamento de Texas aprobar el presupuesto para el aire acondicionado. Mientras tanto hay ventiladores, agua helada, baños fríos, hidratación y traslados momentáneos a zonas comunes climatizadas -como la biblioteca o el centro médico- para aliviar el calor.
¿Un privilegio?
No es suficiente. «En Texas, cada verano, tenemos altas temperaturas, alta humedad y perdemos vidas, porque la gente se está cocinando dentro de este horno de ladrillos», dice Dominick desde los exteriores de la prisión Wynne, en Huntsville, que alberga a 2.600 presos sin aire acondicionado.
«Durante mi encierro descargaba varias veces el agua del retrete, que salía más fresca que el agua de la llave, para mojarme el cuerpo», cuenta Marci Marie Simmons, de 45 años, quien estuvo 10 años recluida en la unidad Murray, por delitos contables.
«Algunas mujeres hacían colapsar el retrete para que el agua cayera al piso, mojara el concreto y tuvieran una superficie fresca para descansar (…) Vi incluso trabajadoras de la prisión enfermarse por las altas temperaturas», agrega Simmons, portavoz de la Alianza de Mujeres Impactadas por la Justicia.
Desde su casa en Weatherford, Texas, Simmons utiliza las redes sociales para hablar de su vida en prisión. «Encerrar a personas en estas altas temperaturas es un castigo cruel (…) No estamos pidiendo un privilegio sino algo humano», considera.
Dominick explica que durante el verano las peleas en prisión son más comunes porque el calor irrita los ánimos. «Es una cuestión de sobrevivencia cada verano. 95% de estos presos debe volver a casa (…) No puede haber una rehabilitación cuando se lidia con estas temperaturas». Algunos ni siquiera son culpables, precisa.
Avances
Dominick asegura que año a año intentan que el Parlamento de Texas aborde el tema.
«Son agresores sexuales, violadores, asesinos. ¿Y vamos a pagar por su aire acondicionado cuando yo no puedo proporcionar aire acondicionado a ciudadanos que trabajan duro y pagan impuestos?», cuestionó en 2012 el entonces senador estatal a cargo del tema y hoy alcalde de Houston, John Whitmire, citado por The New York Times.
Collier del TDCJ dijo en la audiencia que las posiciones han cambiado. Desde 2017 su institución pide al parlamento estatal el presupuesto y finalmente el año pasado recibieron parte del dinero solicitado, con el que actualmente construyen 1.760 camas climatizadas adicionales.
Mientras, sigue el padecimiento. «Fue horrible. En algunos momentos sentía que me desmayaba», cuenta Samuel Urbina, de 59 años, minutos después de salir de una prisión en Hunstville, donde estuvo recluido por delitos de drogas. «No volveré», dijo, antes de abrazarse con su hija que lo fue a recoger.
A partir de este jueves, los precios de los combustibles experimentan una nueva alza en Costa Rica elevando el de las gasolinas por encima de los $6 por galón, mientras que el diésel también se acerca a esta cantidad.
El ajuste quedó oficializado este miércoles tras su publicación en el diario oficial La Gaceta, e indica que desde el 7 de mayo la gasolina regular tendrá un costo de $6.20 por galón; siendo este hidrocarburo el que se comercializa por mayor precio en ese país al incrementar $0.23, respecto al mes pasado.
La gasolina superior, por su parte, se comercializará por $6.09 por galón, precio que refleja un alza intermensual de $0.27; y el diésel tendrá un valor de $5.94, y experimenta un aumento de $0.33.
Estas alzas son atribuidas al impacto internacional de la guerra que tiene lugar en Medio Oriente, y las consecuentes afectaciones por la inestabilidad en el paso por el estrecho de Ormuz, efectos que tienen incidencia en la adquisición de los productos terminados que importa la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE).
Representantes del sector gasolinero y de transportes del país centroamericano han advertido que estas alzas impactarán directamente el costo de vida, incluyendo servicios como el transporte público y el precio de los bienes básicos.
Con los ajustes, Costa Rica se posiciona como la nación centroamericana más afectada por la escalada de precios de los hidrocarburos, mientras que El Salvador sigue siendo la que mayor contención registra con precios de máximos $4.64 para estos productos.
BTS se presentará en la capital mexicana los días 7, 9 y 10 de mayo. Sheinbaum intentó promover, sin éxito, otros conciertos de la banda luego que las poco más de 135.000 entradas se vendieran en minutos y muchos quedaran frustrados por no conseguir lugar.
La reunión en el Palacio de Gobierno está prevista para las 17h00 locales (23h00 GMT) de este miércoles.
«Si viene mucha gente», dijo, «podemos abrirles un balcón del lado, de un ladito de ahí para que los saluden porque pues es algo bonito y además de amistad entre Corea y México», dijo la presidenta.
«Tienen su propia seguridad y todo, pero pueden asomarse», añadió la mandataria durante su conferencia de prensa diaria.
BTS despierta fervor en México. Jóvenes recrean sus coreografías en plazas, otros se reúnen a comer comida coreana en lugares decorados con las fotos de los cantantes, algunos incluso estudian coreano.
La presidenta envió una carta a su homólogo surcoreano para pedir que la banda abriera nuevas fechas para conciertos.
«Me regresó una carta diciendo que iba a hacer todas las gestiones, que le daba mucho gusto que un grupo tuviera tanto éxito con las y los jóvenes mexicanos», aseguró Sheinbaum. «Gracias a él se pudo dar este encuentro», añadió.
Internacionales
Presidente de Guatemala nombra a nuevo fiscal general en reemplazo de sancionada por EE. UU.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, designó el martes al sucesor de la fiscal general Consuelo Porras, su mayor enemiga política y quien enfrenta sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea que la consideran corrupta y antidemocrática.
La salida de Porras, quien buscaba un tercer mandato, es considerada por juristas internacionales clave para atacar la red de corrupción enquistada en el sistema de justicia, que ha hecho tambalear a la frágil democracia guatemalteca.
La fiscal será reemplazada por Gabriel Estuardo García Luna, quien asumirá el 17 de mayo para un periodo de cuatro años, dijo Arévalo en un mensaje a la nación.
García Luna «no llega para servir a un presidente, al gobierno de turno, ni a intereses políticos particulares o espurios», sino a «servir a una justicia independiente, objetiva, puesta al servicio» de los guatemaltecos, señaló el mandatario socialdemócrata.
Porras, de 72 años, había quedado excluida del grupo de aspirantes que aprobó una comisión especial para que Arévalo escogiera al nuevo fiscal.
Y aunque hubiera integrado la baraja, el gobernante había descartado elegirla al considerarla «peligrosa» para el país.
Ampliamente cuestionada
La fiscal intentó bloquear la posesión de Arévalo hace dos años y abrió causas contra exfiscales antimafia, jueces, líderes indígenas y periodistas, muchos de ellos ahora en el exilio.
Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, el bloque europeo y otra decena de países le impusieron sanciones al acusarla de entorpecer la lucha contra la corrupción y de socavar la democracia.
Además, expertos de la ONU la vincularon recientemente con adopciones ilegales de al menos 80 niños indígenas en la década de 1980, durante la guerra civil, cuando era administradora y tutora en un hogar estatal, señalamiento que ella rechaza.
Arévalo, por su parte, la acusa de operar para el «pacto de corruptos», un supuesto entramado de políticos y empresarios que manipula la justicia para proteger actividades criminales.
Porras fue condecorada recientemente por su par de El Salvador, lo que alimentó especulaciones de que podría trasladar su domicilio a ese país cuando deje el cargo.
El nuevo fiscal, de 49 años, acredita más de 20 años de experiencia en la administración de justicia y tiene una maestría en derecho penal.
Ha sido juez penal y magistrado regional, así como miembro de una junta de disciplina judicial y catedrático universitario.
Finaliza un «ciclo oscuro»
Para el exfiscal Juan Francisco Sandoval, exiliado en Estados Unidos a raíz de causas legales abiertas por Porras, el fin de su mandato plantea la posibilidad de que «se cierre uno de los ciclos más oscuros para la justicia guatemalteca».
«No basta cambiar nombres en el Ministerio Público. Guatemala necesita una reforma profunda que garantice independencia, carrera fiscal, controles reales y el fin de la utilización política de la justicia», escribió Sandoval en X.
En tanto, el presidente de la ultraderechista Fundación Contra el Terrorismo, Ricardo Méndez Ruiz, cercano a Porras, adelantó que «sin importar quién esté al frente» de la Fiscalía, la entidad continuará la persecución contra exfiscales y exjueces anticorrupción.
La Fundación se convirtió en querellante en varios procesos contra críticos de Porras, a quien califica como la «mejor fiscal en la historia» del país.
