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El calor extremo, otra forma de pena de muerte para los presos en Texas
Durante su último día de vida, John Castillo, fue a buscar agua helada 23 veces. Lo hallaron inconsciente y murió después en la unidad médica con una temperatura corporal sobre los 41ºC, similar a la que registró Patrick luego de ser hallado semidesnudo en su celda sin que pudiera ser reanimado. John era epiléptico y Patrick estaba medicado por depresión.
En el caso de Elizabeth Hagerty, de 37 años, días antes de su fallecimiento advirtió del riesgo del calor en su salud debido a su obesidad y diabetes y pidió atención médica por un sarpullido que le invadió el cuerpo. Los tres casos son de 2023.
Cada año, entre junio y octubre, con las altas temperaturas en el sur de Estados Unidos, se reaviva la preocupación de los familiares de los presos en Texas: ¿Sobrevivirán? Activistas han acudido a la justicia para pedir que se respete los límites legales de entre 18ºC y 29ºC dentro de las celdas.
Ello implica instalar aire acondicionado que la mayoría de prisiones que administra el Departamento de Justicia Criminal de Texas (TDCJ) no tiene o posee parcialmente. En todas sus prisiones hay un total de 45.689 camas climatizadas para una población de 134.000.
Al menos tres muertes
Amite Dominick, presidenta de la organización Defensores Comunitarios en las Prisiones de Texas (TPCA) dice que una decisión judicial favorable sentaría un precedente para otros estados que también atraviesan este problema. «Vemos que ahora, con el cambio climático, esto está impactando a prisiones en todo el país», detalla.
Las muertes de Elizabeth, Patrick y John forman parte de la demanda contra el TDCJ.
En la audiencia judicial de principios de agosto, el director de la institución, Bryan Collier, admitió, tras ser cuestionado por una abogada de los demandantes, que en estas tres muertes el calor pudo haber influido, adicionalmente a las enfermedades que ya padecían los afectados.
Recordó que le corresponde al Parlamento de Texas aprobar el presupuesto para el aire acondicionado. Mientras tanto hay ventiladores, agua helada, baños fríos, hidratación y traslados momentáneos a zonas comunes climatizadas -como la biblioteca o el centro médico- para aliviar el calor.
¿Un privilegio?
No es suficiente. «En Texas, cada verano, tenemos altas temperaturas, alta humedad y perdemos vidas, porque la gente se está cocinando dentro de este horno de ladrillos», dice Dominick desde los exteriores de la prisión Wynne, en Huntsville, que alberga a 2.600 presos sin aire acondicionado.
«Durante mi encierro descargaba varias veces el agua del retrete, que salía más fresca que el agua de la llave, para mojarme el cuerpo», cuenta Marci Marie Simmons, de 45 años, quien estuvo 10 años recluida en la unidad Murray, por delitos contables.
«Algunas mujeres hacían colapsar el retrete para que el agua cayera al piso, mojara el concreto y tuvieran una superficie fresca para descansar (…) Vi incluso trabajadoras de la prisión enfermarse por las altas temperaturas», agrega Simmons, portavoz de la Alianza de Mujeres Impactadas por la Justicia.
Desde su casa en Weatherford, Texas, Simmons utiliza las redes sociales para hablar de su vida en prisión. «Encerrar a personas en estas altas temperaturas es un castigo cruel (…) No estamos pidiendo un privilegio sino algo humano», considera.
Dominick explica que durante el verano las peleas en prisión son más comunes porque el calor irrita los ánimos. «Es una cuestión de sobrevivencia cada verano. 95% de estos presos debe volver a casa (…) No puede haber una rehabilitación cuando se lidia con estas temperaturas». Algunos ni siquiera son culpables, precisa.
Avances
Dominick asegura que año a año intentan que el Parlamento de Texas aborde el tema.
«Son agresores sexuales, violadores, asesinos. ¿Y vamos a pagar por su aire acondicionado cuando yo no puedo proporcionar aire acondicionado a ciudadanos que trabajan duro y pagan impuestos?», cuestionó en 2012 el entonces senador estatal a cargo del tema y hoy alcalde de Houston, John Whitmire, citado por The New York Times.
Collier del TDCJ dijo en la audiencia que las posiciones han cambiado. Desde 2017 su institución pide al parlamento estatal el presupuesto y finalmente el año pasado recibieron parte del dinero solicitado, con el que actualmente construyen 1.760 camas climatizadas adicionales.
Mientras, sigue el padecimiento. «Fue horrible. En algunos momentos sentía que me desmayaba», cuenta Samuel Urbina, de 59 años, minutos después de salir de una prisión en Hunstville, donde estuvo recluido por delitos de drogas. «No volveré», dijo, antes de abrazarse con su hija que lo fue a recoger.
Dos estadounidenses que murieron el fin de semana en un choque vehicular cuando regresaban de destruir un laboratorio clandestino de drogas en una región escarpada de México trabajaban para la CIA, según un funcionario de Estados Unidos y otras dos personas al tanto del asunto.
Dos investigadores mexicanos también murieron en el percance, que, según las autoridades mexicanas, ocurrió mientras regresaban de una operación para destruir laboratorios de drogas de grupos criminales. Ha habido discrepancias en los relatos públicos de lo ocurrido por parte de funcionarios de Estados Unidos y México, lo que, según expertos, subraya una mayor participación estadounidense en operaciones de seguridad en México y en toda la región.
Un funcionario de Estados Unidos y dos personas con conocimiento del accidente confirmaron el martes la participación de la CIA; todos ellos hablaron bajo condición de anonimato debido a que se trata de asuntos sensibles de inteligencia. La identidad de los dos estadounidenses como agentes de la CIA fue reportada primero por The Washington Post.
La confirmación de la participación de la CIA llega tras varios días de contradicciones por parte de autoridades mexicanas y de Estados Unidos sobre el papel que desempeñaron funcionarios estadounidenses en una operación para desmantelar un narcolaboratorio en Chihuahua, en el norte de México.
La falta de claridad por parte de las autoridades reavivó el debate sobre el alcance de la participación de Estados Unidos en operaciones de seguridad mexicanas, en un momento en que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha quedado bajo una presión extrema por parte del gobierno del presidente Donald Trump para tomar medidas enérgicas contra los cárteles. Trump ha adoptado una postura más agresiva hacia América Latina que cualquier líder en la historia reciente de Estados Unidos, capturando al presidente de Venezuela, bloqueando envíos de petróleo a Cuba y lanzando operaciones militares conjuntas en Ecuador, un país también marcado por la violencia criminal.
Trump ha ofrecido repetidamente tomar medidas contra los cárteles mexicanos, una intervención que Sheinbaum ha dicho que era “innecesaria”.
Los agentes de la CIA fueron identificados inicialmente como personal de la embajada por el embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson, también exempleado de la agencia de inteligencia.
La embajada de Estados Unidos se negó a revelar la identidad de los agentes estadounidenses o para qué agencia del gobierno estadounidense trabajaban, pero dijo que ambos “apoyaban los esfuerzos de las autoridades estatales de Chihuahua para combatir las operaciones de los cárteles”. La embajada, el Departamento de Estado y la CIA se negaron a comentar sobre las identidades de los reportes de la participación de la CIA en la operación.
Autoridades mexicanas afirmaron originalmente que trabajaban junto con agentes estadounidenses, pero se retractaron después de que el esfuerzo quedó bajo escrutinio de Sheinbaum.
La presidenta dijo que no sabía nada de una operación conjunta entre el gobierno de Chihuahua y Estados Unidos, pese a reportes de que el ejército mexicano también participó en el operativo contra el laboratorio.
El martes, la presidenta sostuvo en su conferencia matutina que no sabía si los funcionarios formaban parte de la CIA, pero admitió que funcionarios estatales y Estados Unidos “estaban trabajando conjuntamente”.
Es un tema delicado para la mandataria mexicana, ya que debe mantener un equilibrio con el gobierno de Trump, trabajando para mantener una relación sólida para contrarrestar las amenazas de intervención contra los cárteles y de imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, y al mismo tiempo, subrayar la soberanía de México.
La CIA ha ampliado recientemente su colaboración con autoridades mexicanas, como parte del esfuerzo del gobierno de Trump para detener el flujo de drogas ilícitas.
La presencia de funcionarios de inteligencia de Estados Unidos en territorio mexicano ha sido objeto de un debate continuo, que sólo se ha intensificado después de las acciones militares de Trump en Venezuela e Irán.
El año pasado, Sheinbaum dijo que los vuelos de vigilancia con drones de Estados Unidos sobre su país se realizaban a petición suya después de una serie de declaraciones públicas contradictorias.
La controversia más reciente surgió en enero por la detención en México del exatleta canadiense Ryan Wedding, uno de los fugitivos más buscados de Estados Unidos. Mientras funcionarios mexicanos afirmaron que se entregó en la embajada de Estados Unidos, autoridades estadounidenses han descrito su captura como el resultado de una operación binacional.
“Hay un aumento de operaciones ocultas por parte de Estados Unidos en México bajo Trump”, dijo David Saucedo, un analista de seguridad mexicano. “Están ocultas porque el gobierno mexicano tiene un discurso de que no pueden permitir la presencia de agentes estadounidenses armados — es una especie de violación de la soberanía. El gobierno mexicano siempre ha tratado de ocultar esta colaboración”.
Sin precisar el número de desvinculaciones, el ministerio de Salud anunció hace una semana que decidió «optimizar recursos» luego de identificar una duplicidad de funciones y «otras situaciones que no contribuyen de manera efectiva al cumplimiento de los objetivos institucionales».
La Federación Médica Ecuatoriana (FME) reportó hasta 1.200 despidos entre médicos, enfermeras y personal administrativo.
«No tenemos lo necesario para trabajar. No pasa por el despido, pasa porque los pacientes que compran las cosas para poderse operar, porque hay pacientes de emergencia en lista de espera» para acceder a una cirugía, dijo a la prensa Juan Barriga, jefe de Traumatología del hospital Pablo Arturo Suárez.
Varias decenas de médicos con mandiles y enfermeras con sus uniformes blancos, así como pacientes y familiares, protestaron en el acceso a ese centro con carteles con leyendas como «No hay insumos, no hay medicamentos, la salud colapsa».
«Hay puros políticos y no hay políticas de salud para poder mejorar la salud», manifestó Barriga.
Apuntó que más de mil pacientes esperaban por una cirugía en el Pablo Arturo Suárez, uno de los sanatorios públicos más importantes de la capital.
El presidente Daniel Noboa, en el poder desde 2023, anunció el lunes la designación del sexto ministro de Salud en su gobierno. Nombró a Jaime Bernabé luego de que la vicepresidenta María José Pinto estuviera encargada de esa cartera desde noviembre pasado.
En medio de constantes denuncias de la población sobre la falta de medicamentos y atención, el mandatario dijo que Bernabé asumirá de forma inmediata para «acelerar lo que funciona y corregir lo que no».
«Ya hemos topado piso, se cierran los quirófanos, no hay personal para trabajar, no hay material», dijo Barriga mientras los manifestantes clamaban su rechazo a los despidos.
«Estamos ya hartos de ver tanta muerte y tanto dolor de la pobre gente», señaló a la prensa el presidente de la FME, Santiago Carrasco, quien anunció que habrá protestas similares a nivel nacional.
Yannick Alléno, ganador de 18 estrellas Michelin, prometió trabajar por una mayor protección de los jóvenes, después de que en 2022 un conductor ebrio atropellara mortalmente a su hijo Antoine, de 24 años, en París.
Y, este miércoles, arremetió contra los productores de óxido nitroso, cuyo mal uso provocó, según la asociación 40 Millones de Automovilistas, más de 450 accidentes de tráfico graves en Francia en 2025, cuarenta veces más que hace seis años.
El también llamado «gas de la risa» es un producto con fines médicos o alimentarios, pero muchos pervierten su uso con fines recreativos, inhalándolo con ayuda de globos tras perforar los cartuchos que lo contienen.
«Esto tiene efectos importantes en la salud pública. Hay jóvenes que pierden movilidad, sufren quemaduras, accidentes. Creo que es hora de tomar medidas de fondo», dijo a AFP Yannick Alléno.
Este producto puede provocar daños en el sistema nervioso, una alteración de las facultades cognitivas, así como trastornos del equilibrio y de los reflejos, creando un riesgo mayor en caso de conducción.
Según cifras oficiales, los casos registrados de intoxicaciones con óxido nitroso se triplicaron entre 2022 y 2023, y los más graves se cuadruplicaron en el mismo período. El 10% corresponde a menores, pese a que una ley de 2021 prohíbe su venta a estos últimos.
El complejo hospitalario Hospices Civiles de Lyon, en el este de Francia, lanzó en noviembre de 2024 un servicio de información y de tratamiento de los efectos del «gas de la risa», que atiende a decenas de pacientes, sobre todo jóvenes.
Julien (pseudónimo) es uno de ellos. Este joven de 21 años estuvo «enganchado» durante cuatro años hasta finales de 2025 y ahora teme «secuelas de por vida»: «Un placer efímero por un remordimiento eterno».
«Todo se vuelve muy complicado, incluso conducir. Cuando me da ese hormigueo, me duele muchísimo», asegura por su parte Sarah (pseudónimo), a quien le tiemblan las piernas cuando se levanta.
Para esta joven de 23 años se trata de «la peor droga», porque «está por todas partes». «Me habría gustado decirles a los jóvenes que no hicieran eso. Pero el problema es que lo saben», suspira.
El mal uso de este gas por jóvenes preocupa al gobierno. A inicios de abril lanzó una campaña de sensibilización con mensajes como: «Detrás de unos segundos de euforia, puede haber una parálisis de por vida, o peor aún, la muerte».
El Senado debe debatir en mayo un proyecto de ley para castigar la inhalación del «gas de la risa» con hasta un año de prisión y 3.750 euros (4.400 dólares) de multa, pena que aumentaría a 3 años y 9.000 euros si se conduce bajo sus efectos.
El chef Alléno también pide al gobierno que publique un decreto que incluya este producto en el delito de homicidio vial, pero va más allá. Este miércoles, su Asociación Antoine Alléno, que fundó en homenaje a su hijo, anunció a AFP una acción judicial.
La asociación demandó a dos empresas –el fabricante chino Zhuzhou Xingye Chemical y la distribuidora polaca IVM Firma Handlowa– que con «formas engañosas de comunicación» incitarían a los jóvenes a un mal uso del «gas de la risa».
En el punto de mira estarían los coloridos cartuchos de óxido nitroso comercializados bajo la marca Cream Deluxe para «crear bebidas y cócteles», aunque el chef no los ha visto «nunca» en cocina.
IVM Firma Handlowa negó a AFP ser la «distribuidora de Cream Deluxe» y aseguró que ya no lo venden en Francia.
En este caso por supuestas prácticas comerciales desleales, la asociación solicita a un tribunal de París que prohíba a ambas empresas operar en Francia, así como el pago de las costas judiciales.
