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El calor extremo, otra forma de pena de muerte para los presos en Texas
Durante su último día de vida, John Castillo, fue a buscar agua helada 23 veces. Lo hallaron inconsciente y murió después en la unidad médica con una temperatura corporal sobre los 41ºC, similar a la que registró Patrick luego de ser hallado semidesnudo en su celda sin que pudiera ser reanimado. John era epiléptico y Patrick estaba medicado por depresión.
En el caso de Elizabeth Hagerty, de 37 años, días antes de su fallecimiento advirtió del riesgo del calor en su salud debido a su obesidad y diabetes y pidió atención médica por un sarpullido que le invadió el cuerpo. Los tres casos son de 2023.
Cada año, entre junio y octubre, con las altas temperaturas en el sur de Estados Unidos, se reaviva la preocupación de los familiares de los presos en Texas: ¿Sobrevivirán? Activistas han acudido a la justicia para pedir que se respete los límites legales de entre 18ºC y 29ºC dentro de las celdas.
Ello implica instalar aire acondicionado que la mayoría de prisiones que administra el Departamento de Justicia Criminal de Texas (TDCJ) no tiene o posee parcialmente. En todas sus prisiones hay un total de 45.689 camas climatizadas para una población de 134.000.
Al menos tres muertes
Amite Dominick, presidenta de la organización Defensores Comunitarios en las Prisiones de Texas (TPCA) dice que una decisión judicial favorable sentaría un precedente para otros estados que también atraviesan este problema. «Vemos que ahora, con el cambio climático, esto está impactando a prisiones en todo el país», detalla.
Las muertes de Elizabeth, Patrick y John forman parte de la demanda contra el TDCJ.
En la audiencia judicial de principios de agosto, el director de la institución, Bryan Collier, admitió, tras ser cuestionado por una abogada de los demandantes, que en estas tres muertes el calor pudo haber influido, adicionalmente a las enfermedades que ya padecían los afectados.
Recordó que le corresponde al Parlamento de Texas aprobar el presupuesto para el aire acondicionado. Mientras tanto hay ventiladores, agua helada, baños fríos, hidratación y traslados momentáneos a zonas comunes climatizadas -como la biblioteca o el centro médico- para aliviar el calor.
¿Un privilegio?
No es suficiente. «En Texas, cada verano, tenemos altas temperaturas, alta humedad y perdemos vidas, porque la gente se está cocinando dentro de este horno de ladrillos», dice Dominick desde los exteriores de la prisión Wynne, en Huntsville, que alberga a 2.600 presos sin aire acondicionado.
«Durante mi encierro descargaba varias veces el agua del retrete, que salía más fresca que el agua de la llave, para mojarme el cuerpo», cuenta Marci Marie Simmons, de 45 años, quien estuvo 10 años recluida en la unidad Murray, por delitos contables.
«Algunas mujeres hacían colapsar el retrete para que el agua cayera al piso, mojara el concreto y tuvieran una superficie fresca para descansar (…) Vi incluso trabajadoras de la prisión enfermarse por las altas temperaturas», agrega Simmons, portavoz de la Alianza de Mujeres Impactadas por la Justicia.
Desde su casa en Weatherford, Texas, Simmons utiliza las redes sociales para hablar de su vida en prisión. «Encerrar a personas en estas altas temperaturas es un castigo cruel (…) No estamos pidiendo un privilegio sino algo humano», considera.
Dominick explica que durante el verano las peleas en prisión son más comunes porque el calor irrita los ánimos. «Es una cuestión de sobrevivencia cada verano. 95% de estos presos debe volver a casa (…) No puede haber una rehabilitación cuando se lidia con estas temperaturas». Algunos ni siquiera son culpables, precisa.
Avances
Dominick asegura que año a año intentan que el Parlamento de Texas aborde el tema.
«Son agresores sexuales, violadores, asesinos. ¿Y vamos a pagar por su aire acondicionado cuando yo no puedo proporcionar aire acondicionado a ciudadanos que trabajan duro y pagan impuestos?», cuestionó en 2012 el entonces senador estatal a cargo del tema y hoy alcalde de Houston, John Whitmire, citado por The New York Times.
Collier del TDCJ dijo en la audiencia que las posiciones han cambiado. Desde 2017 su institución pide al parlamento estatal el presupuesto y finalmente el año pasado recibieron parte del dinero solicitado, con el que actualmente construyen 1.760 camas climatizadas adicionales.
Mientras, sigue el padecimiento. «Fue horrible. En algunos momentos sentía que me desmayaba», cuenta Samuel Urbina, de 59 años, minutos después de salir de una prisión en Hunstville, donde estuvo recluido por delitos de drogas. «No volveré», dijo, antes de abrazarse con su hija que lo fue a recoger.
La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, afirmó que al asumir el cargo replicará el denominado «modelo Bukele» para reestablecer la seguridad de su país con medidas que garanticen la integridad de los ciudadanos.
Durante una entrevista con la cadena DW Español, Fernández manifestó ser admiradora del presidente Nayib Bukele y de sus políticas públicas en materia seguridad.
«Sí, señor, lo voy a replicar», respondió al entrevistador al ser cuestionada si implementará durante su mandato las estrategias del mandatario salvadoreño que han convertido a El Salvador en el país más seguro del hemisferio occidental.
Añadió: «¿Qué admiro yo del modelo de Nayib Bukele?, admiro que logró con su cárcel de máxima seguridad desconectar y desarticular las bandas de crimen organizado».
Ejemplificó que, en Costa Rica, si una persona condenada por narcotráfico va a la cárcel, a pesar de estar detenida, sigue conectada con las bandas criminales. Asimismo, dijo que, por falta de una cárcel con verdaderos controles, los detenidos siguen operando en redes de crimen organizado.
«Eso es lo que quiero copiar del modelo de Nayib Bukele, copiar esa parte de cómo ellos lograron con ese modelo de administración carcelaria cortar el vínculo de esos criminales con el exterior, y que estando presos no sigan generando dolor a las familias costarricenses», enfatizó la presidenta electa.
Fernández, quien asumirá el Ejecutivo costarricense en mayo próximo cuestionó el rol de las organizaciones internacionales que defienden los derechos humanos de detenidos y no de las víctimas de estos.
«A mi me llama la atención que muchas organizaciones internacionales se preocupen tanto por los derechos humanos de los criminales y no se preocupen de la misma manera y proporcionalmente por los derechos humanos de las víctimas que asesinaros esos criminales. Yo admiro los resultados obtenidos en El Salvador y hay cosas que quiero replicar en Costa Rica y hay cosas que ya se están replicando», aseveró.
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro recibió el alta hospitalaria este viernes tras dos semanas internado por una bronconeumonía, y fue trasladado a su residencia en Brasilia, donde seguirá cumpliendo al menos temporalmente su condena por intento de golpe de Estado.
Bolsonaro «acaba de recibir el alta», dijo a periodistas en la puerta del hospital privado DF Star su médico Brasil Caiado, que dijo que el exmandatario deberá seguir una intensa rutina de fisioterapia y cuidados.
«En términos generales está más o menos equilibrado» su estado de salud, afirmó Caiado.
El líder ultraderechista, de 71 años, fue internado el 13 de marzo con una bronconeumonía tras sufrir en la cárcel un cuadro de fiebre alta, caída de la saturación de oxígeno y escalofríos.
Después de más de una semana en terapia intensiva, el lunes pasó a una habitación común, lo que despejó el camino para su salida.
Sin embargo, no vuelve a la cárcel, tras una decisión de la corte suprema que autorizó el traslado a su casa por razones «humanitarias» durante un plazo de 90 días prorrogables.
El juez Alexandre de Moraes accedió a otorgar el beneficio después de rechazar en reiteradas ocasiones pedidos similares de la defensa.
Durante meses, los abogados del expresidente habían argumentado que su estado de salud hacía inviable el cumplimiento de la pena en prisión, pero las solicitudes fueron sistemáticamente denegadas.
Fue la gravedad de esta última internación la que finalmente inclinó la balanza.
En su domicilio de Brasilia, Bolsonaro deberá usar una tobillera electrónica y tendrá prohibido utilizar teléfono celular, redes sociales o grabar cualquier video o audio. Podrá recibir visitas de familiares, abogados y médicos.
Transcurridos los 90 días, la corte volverá a analizar su situación, con posibilidad de recurrir a una pericia médica.
Larga historia clínica
La bronconeumonía es el episodio más reciente de una larga historia clínica que se remonta a 2018, cuando Bolsonaro fue apuñalado en el abdomen durante un acto de campaña.
Desde entonces se ha sometido a múltiples cirugías y padece crisis recurrentes de hipo, a veces acompañadas de vómitos.
La infección que lo llevó al hospital fue consecuencia de un episodio de broncoaspiración vinculado a esas secuelas.
Bolsonaro fue condenado en septiembre a 27 años por conspirar para mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022 ante el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Preso inicialmente en su domicilio, en noviembre el supremo ordenó su traslado a una celda en instalaciones policiales tras descubrirse que había dañado su tobillera electrónica con un soldador, lo que la corte interpretó como un intento de fuga.
En enero fue llevado a un predio militar dentro del complejo penitenciario de Papuda, con mejores condiciones.
El retorno a su casa se produce a menos de siete meses de las elecciones presidenciales de octubre.
El exjefe de Estado (2019-2022) designó a su hijo mayor, el senador Flávio Bolsonaro, como candidato de la derecha para enfrentar al izquierdista Lula, que buscará un cuarto mandato.
Las últimas encuestas muestran un empate técnico entre ambos en una eventual segunda vuelta.
Internacionales
Víctimas de Epstein demandan al gobierno de EE.UU. y Google por divulgar sus identidades
Las víctimas del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein demandaron el jueves al gobierno de Estados Unidos y a Google por divulgar sus identidades en una gran cantidad de documentos publicados en línea por el Departamento de Justicia.
Esa entidad reveló en enero más de tres millones de archivos relacionados con la investigación sobre el exfinanciero, que dejaron entrever sus vínculos con figuras de alto perfil.
Pero varios de los nombres de las víctimas, que se suponía que debían permanecer en el anonimato, no fueron censurados.
El Departamento de Justicia «reveló la identidad de aproximadamente 100 sobrevivientes del depredador sexual condenado, al publicar su información privada e identificándolas ante el mundo», afirmaron los demandantes.
«Incluso después de que el gobierno reconociera que la divulgación violaba los derechos de las sobrevivientes y retirara la información, sitios web como Google la siguen publicando continuamente, rechazando las súplicas de las víctimas para que la retiren», agregaron.
Google sigue mostrando la información personal de las víctimas en los resultados de búsqueda y en el contenido generado por IA, según el caso.
Periodistas del diario The New York Times también encontraron docenas de fotos de desnudos en los archivos que incluían los rostros de las personas.
Epstein fue condenado en 2008 por pedir favores sexuales a niñas menores de 14 años, pero murió en su celda de una cárcel de Nueva York en 2019 antes de que pudiera ser juzgado por cargos de tráfico sexual.
«Las sobrevivientes ahora enfrentan un trauma renovado. Extraños las llaman, les envían correos electrónicos, amenazan su seguridad física y las acusan de conspirar con Epstein cuando, en realidad, son víctimas de Epstein», dice la demanda.
