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El calor extremo, otra forma de pena de muerte para los presos en Texas
Durante su último día de vida, John Castillo, fue a buscar agua helada 23 veces. Lo hallaron inconsciente y murió después en la unidad médica con una temperatura corporal sobre los 41ºC, similar a la que registró Patrick luego de ser hallado semidesnudo en su celda sin que pudiera ser reanimado. John era epiléptico y Patrick estaba medicado por depresión.
En el caso de Elizabeth Hagerty, de 37 años, días antes de su fallecimiento advirtió del riesgo del calor en su salud debido a su obesidad y diabetes y pidió atención médica por un sarpullido que le invadió el cuerpo. Los tres casos son de 2023.
Cada año, entre junio y octubre, con las altas temperaturas en el sur de Estados Unidos, se reaviva la preocupación de los familiares de los presos en Texas: ¿Sobrevivirán? Activistas han acudido a la justicia para pedir que se respete los límites legales de entre 18ºC y 29ºC dentro de las celdas.
Ello implica instalar aire acondicionado que la mayoría de prisiones que administra el Departamento de Justicia Criminal de Texas (TDCJ) no tiene o posee parcialmente. En todas sus prisiones hay un total de 45.689 camas climatizadas para una población de 134.000.
Al menos tres muertes
Amite Dominick, presidenta de la organización Defensores Comunitarios en las Prisiones de Texas (TPCA) dice que una decisión judicial favorable sentaría un precedente para otros estados que también atraviesan este problema. «Vemos que ahora, con el cambio climático, esto está impactando a prisiones en todo el país», detalla.
Las muertes de Elizabeth, Patrick y John forman parte de la demanda contra el TDCJ.
En la audiencia judicial de principios de agosto, el director de la institución, Bryan Collier, admitió, tras ser cuestionado por una abogada de los demandantes, que en estas tres muertes el calor pudo haber influido, adicionalmente a las enfermedades que ya padecían los afectados.
Recordó que le corresponde al Parlamento de Texas aprobar el presupuesto para el aire acondicionado. Mientras tanto hay ventiladores, agua helada, baños fríos, hidratación y traslados momentáneos a zonas comunes climatizadas -como la biblioteca o el centro médico- para aliviar el calor.
¿Un privilegio?
No es suficiente. «En Texas, cada verano, tenemos altas temperaturas, alta humedad y perdemos vidas, porque la gente se está cocinando dentro de este horno de ladrillos», dice Dominick desde los exteriores de la prisión Wynne, en Huntsville, que alberga a 2.600 presos sin aire acondicionado.
«Durante mi encierro descargaba varias veces el agua del retrete, que salía más fresca que el agua de la llave, para mojarme el cuerpo», cuenta Marci Marie Simmons, de 45 años, quien estuvo 10 años recluida en la unidad Murray, por delitos contables.
«Algunas mujeres hacían colapsar el retrete para que el agua cayera al piso, mojara el concreto y tuvieran una superficie fresca para descansar (…) Vi incluso trabajadoras de la prisión enfermarse por las altas temperaturas», agrega Simmons, portavoz de la Alianza de Mujeres Impactadas por la Justicia.
Desde su casa en Weatherford, Texas, Simmons utiliza las redes sociales para hablar de su vida en prisión. «Encerrar a personas en estas altas temperaturas es un castigo cruel (…) No estamos pidiendo un privilegio sino algo humano», considera.
Dominick explica que durante el verano las peleas en prisión son más comunes porque el calor irrita los ánimos. «Es una cuestión de sobrevivencia cada verano. 95% de estos presos debe volver a casa (…) No puede haber una rehabilitación cuando se lidia con estas temperaturas». Algunos ni siquiera son culpables, precisa.
Avances
Dominick asegura que año a año intentan que el Parlamento de Texas aborde el tema.
«Son agresores sexuales, violadores, asesinos. ¿Y vamos a pagar por su aire acondicionado cuando yo no puedo proporcionar aire acondicionado a ciudadanos que trabajan duro y pagan impuestos?», cuestionó en 2012 el entonces senador estatal a cargo del tema y hoy alcalde de Houston, John Whitmire, citado por The New York Times.
Collier del TDCJ dijo en la audiencia que las posiciones han cambiado. Desde 2017 su institución pide al parlamento estatal el presupuesto y finalmente el año pasado recibieron parte del dinero solicitado, con el que actualmente construyen 1.760 camas climatizadas adicionales.
Mientras, sigue el padecimiento. «Fue horrible. En algunos momentos sentía que me desmayaba», cuenta Samuel Urbina, de 59 años, minutos después de salir de una prisión en Hunstville, donde estuvo recluido por delitos de drogas. «No volveré», dijo, antes de abrazarse con su hija que lo fue a recoger.
«Yo lo que pido es justicia para los que hicieron ese crimen con mis hijos. Eso es lo que pido, justicia». Ese es el testimonio del padre de los hermanos Élmer y Wílmer Suchite García, asesinados en sendas masacres ocurridas en Honduras en los últimos días. El país está sumergido en una espiral de violencia, derivando en funerales masivos en medio del llanto y de reclamos de justicia.
«Ellos salieron en punto a las seis de la mañana. La última vez que platiqué con ellos, de allí ya vinieron sin vida aquí a la casa. Y les dije que tuvieran mucho cuidado, que se cuidaran mucho», recuerda este hombre, cuya voz triste es reproducida por la prensa hondureña e internacional.
Los restos de cuatro de los cinco policías asesinados en un operativo antidrogas también fueron inhumados. Los ataúdes de los agentes del orden estaban sellados. Familiares, amigos y compañeros de armas les dieron el último adiós en un ambiente lleno de consternación. Los sepelios se llevaron a cabo en cementerios de Tegucigalpa, San Lorenzo, Teupasenti y Pespire.
Honduras no solo escuchó nuevamente el llanto y el grito de dolor, sino Foto AFP también una voz clamando justicia por la muerte violenta de estas personas, ocurrida en diversos puntos de su territorio.
Los medios recogieron escenas desgarradoras de los familiares de las víctimas antes, durante y después de los entierros colectivos.
«No podemos aceptar justificaciones superficiales ante hechos tan horrendos», expresó categóricamente la Conferencia Episcopal de Honduras ante las matanzas ocurridas en los municipios de Trujillo, en Colón, y de Omoa, Cortés, en la frontera con Guatemala, hechos por los que mostró su «profunda tristeza e indignación».
El Gobierno de la República Democrática del Congo suspendió temporalmente todos los vuelos de pasajeros desde y hacia Bunia, la capital de la provincia del noreste de Ituri, que es el epicentro del continuo brote de ébola, informó el Ministerio de Transporte.
Un brote de ébola fue declarado en Ituri el 15 de mayo, la capital Bunia se encuentra entre las principales áreas afectadas. De acuerdo con un comunicado oficial, a ninguna aeronave le será permitido a aterrizar o despegar desde el Aeropuerto de Bunia hasta nuevo aviso.
El ministerio agregó que todos los vuelos comerciales, privados y especiales desde o hacia Bunia fueron suspendidos. Sin embargo, vuelos con fines humanitarios, médicos y de emergencia podrían ser autorizados sujetos a aprobación especial por parte de autoridades de aviación y médicas.
El brote desde entonces se ha extendido a las provincias vecinas de Kivu del Norte y Kivu del Sur. Uganda, que limita con Ituri, también reportó casos confirmados.
El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó el viernes que la situación en RDC es «profundamente preocupante», y citó 82 casos confirmados y siete muertes confirmadas.
Tedros agregó que se cree que la escala actual del brote es significativamente mayor, con cerca de 750 casos sospechosos y 177 muertes sospechosas. «Estos números cambian mientras los esfuerzos de monitoreo y las pruebas de laboratorio mejoran, pero la violencia y la inseguridad impiden la atención», comentó Tedros en una publicación en redes sociales.
El Ministerio de Salud de Uganda dijo hoy que tres nuevos casos de ébola fueron confirmados en el país, lo que incrementó la cifra de casos confirmados a cinco.
Internacionales
Diecinueve personas podrían estar atrapadas tras el derrumbe de un edificio en Filipinas
Al menos 19 personas podrían estar atrapadas debajo de un edificio en construcción que se derrumbó cerca de Manila en la madrugada del domingo, informó un funcionario del gobierno local.
Las autoridades de la ciudad de Ángeles, a unos 80 kilómetros al norte de la capital filipina, informaron que habían recibido un reporte alrededor de las 03H00 (19H00 GMT del sábado) de que un edificio de concreto de nueve pisos, aún en construcción, se había derrumbado.
El responsable de información de la ciudad, Jay Pelayo, declaró a la AFP que las paredes y el andamiaje del edificio se habían doblado, probablemente atrapando a personas bajo una pila de escombros.
Aunque inicialmente no se reportaron víctimas, «hay 19 trabajadores que normalmente se presentan en la zona, así que estamos tratando de localizar a esas personas ahora», agregó.
«Hay grandes bloques de concreto y necesitamos equipo para levantarlos. Eso es lo que hace que el rescate sea difícil en este momento», añadió el funcionario.
Los primeros reportes indicaban que 24 personas habían sido rescatadas de entre los escombros, así como dos más de un apartahotel que fue alcanzado cuando el edificio se vino abajo, según el gobierno de la ciudad.
«Esperamos que las 19 personas formen parte de esa cifra» y que, por tanto, ya estén contabilizadas, señaló Pelayo.
Los rescatados se encontraban «en condición estable», afirmó.
Aún se desconoce la causa del derrumbe.
