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El calor extremo, otra forma de pena de muerte para los presos en Texas
Durante su último día de vida, John Castillo, fue a buscar agua helada 23 veces. Lo hallaron inconsciente y murió después en la unidad médica con una temperatura corporal sobre los 41ºC, similar a la que registró Patrick luego de ser hallado semidesnudo en su celda sin que pudiera ser reanimado. John era epiléptico y Patrick estaba medicado por depresión.
En el caso de Elizabeth Hagerty, de 37 años, días antes de su fallecimiento advirtió del riesgo del calor en su salud debido a su obesidad y diabetes y pidió atención médica por un sarpullido que le invadió el cuerpo. Los tres casos son de 2023.
Cada año, entre junio y octubre, con las altas temperaturas en el sur de Estados Unidos, se reaviva la preocupación de los familiares de los presos en Texas: ¿Sobrevivirán? Activistas han acudido a la justicia para pedir que se respete los límites legales de entre 18ºC y 29ºC dentro de las celdas.
Ello implica instalar aire acondicionado que la mayoría de prisiones que administra el Departamento de Justicia Criminal de Texas (TDCJ) no tiene o posee parcialmente. En todas sus prisiones hay un total de 45.689 camas climatizadas para una población de 134.000.
Al menos tres muertes
Amite Dominick, presidenta de la organización Defensores Comunitarios en las Prisiones de Texas (TPCA) dice que una decisión judicial favorable sentaría un precedente para otros estados que también atraviesan este problema. «Vemos que ahora, con el cambio climático, esto está impactando a prisiones en todo el país», detalla.
Las muertes de Elizabeth, Patrick y John forman parte de la demanda contra el TDCJ.
En la audiencia judicial de principios de agosto, el director de la institución, Bryan Collier, admitió, tras ser cuestionado por una abogada de los demandantes, que en estas tres muertes el calor pudo haber influido, adicionalmente a las enfermedades que ya padecían los afectados.
Recordó que le corresponde al Parlamento de Texas aprobar el presupuesto para el aire acondicionado. Mientras tanto hay ventiladores, agua helada, baños fríos, hidratación y traslados momentáneos a zonas comunes climatizadas -como la biblioteca o el centro médico- para aliviar el calor.
¿Un privilegio?
No es suficiente. «En Texas, cada verano, tenemos altas temperaturas, alta humedad y perdemos vidas, porque la gente se está cocinando dentro de este horno de ladrillos», dice Dominick desde los exteriores de la prisión Wynne, en Huntsville, que alberga a 2.600 presos sin aire acondicionado.
«Durante mi encierro descargaba varias veces el agua del retrete, que salía más fresca que el agua de la llave, para mojarme el cuerpo», cuenta Marci Marie Simmons, de 45 años, quien estuvo 10 años recluida en la unidad Murray, por delitos contables.
«Algunas mujeres hacían colapsar el retrete para que el agua cayera al piso, mojara el concreto y tuvieran una superficie fresca para descansar (…) Vi incluso trabajadoras de la prisión enfermarse por las altas temperaturas», agrega Simmons, portavoz de la Alianza de Mujeres Impactadas por la Justicia.
Desde su casa en Weatherford, Texas, Simmons utiliza las redes sociales para hablar de su vida en prisión. «Encerrar a personas en estas altas temperaturas es un castigo cruel (…) No estamos pidiendo un privilegio sino algo humano», considera.
Dominick explica que durante el verano las peleas en prisión son más comunes porque el calor irrita los ánimos. «Es una cuestión de sobrevivencia cada verano. 95% de estos presos debe volver a casa (…) No puede haber una rehabilitación cuando se lidia con estas temperaturas». Algunos ni siquiera son culpables, precisa.
Avances
Dominick asegura que año a año intentan que el Parlamento de Texas aborde el tema.
«Son agresores sexuales, violadores, asesinos. ¿Y vamos a pagar por su aire acondicionado cuando yo no puedo proporcionar aire acondicionado a ciudadanos que trabajan duro y pagan impuestos?», cuestionó en 2012 el entonces senador estatal a cargo del tema y hoy alcalde de Houston, John Whitmire, citado por The New York Times.
Collier del TDCJ dijo en la audiencia que las posiciones han cambiado. Desde 2017 su institución pide al parlamento estatal el presupuesto y finalmente el año pasado recibieron parte del dinero solicitado, con el que actualmente construyen 1.760 camas climatizadas adicionales.
Mientras, sigue el padecimiento. «Fue horrible. En algunos momentos sentía que me desmayaba», cuenta Samuel Urbina, de 59 años, minutos después de salir de una prisión en Hunstville, donde estuvo recluido por delitos de drogas. «No volveré», dijo, antes de abrazarse con su hija que lo fue a recoger.
Un histórico tesorero de la exguerrilla sandinista y aliado del presidente Daniel Ortega fue arrestado en Nicaragua acusado de corrupción y lavado de dinero, informaron este sábado medios nicaragüenses en el exilio.
Como tesorero del Frente Sandinista para la Liberación Nacional (FSLN), Francisco «Chico» López era considerado el principal operador de los negocios privados de Ortega y su esposa Rosario Murillo, copresidenta del país. Había sido separado del cargo en enero.
La Policía Nacional lo capturó y trasladó el pasado jueves a la cárcel «La Modelo», en la capital Managua, indicó el diario digital Confidencial este sábado.
Según el medio, el arresto fue ordenado por Murillo bajo acusaciones de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, los mismos cargos presentados contra otros exfuncionarios que han sido encarcelados.
La fiscalía no ha presentado oficialmente una acusación.
El diario La Prensa, en tanto, precisó que el motivo de la detención fue la incapacidad de López para explicar el paradero de bienes del FSLN que administró anteriormente el histórico comandante sandinista Bayardo Arce, condenado en enero por lavado de activos.
Opositores exiliados afirman que el caso de Arce forma parte de una purga en los círculos de poder dirigida por Murillo con el aval de Ortega para asegurar la sucesión.
Ortega, de 80 años, gobernó Nicaragua en los años 1980. Tras varios años en la oposición, se mantiene en el poder desde 2007 luego de elecciones cuestionadas por la comunidad internacional.
En los últimos meses se le ha visto en actos públicos con dificultad para caminar -padece lupus e insuficiencia renal-, por lo que analistas aseguran que Murillo se encamina a sucederlo.
El empresario colombiano Alex Saab, señalado durante años como presunto testaferro de Nicolás Maduro, fue deportado por Venezuela hacia Estados Unidos, donde enfrenta acusaciones por lavado de dinero y corrupción. La medida marca un nuevo giro en la relación entre Caracas y Washington tras la caída de Maduro.
Venezuela deportó este sábado hacia Estados Unidos al empresario colombiano Alex Saab, acusado de ser testaferro del depuesto presidente Nicolás Maduro, informó el Servicio de Migración venezolano en un comunicado.
Saab ya estuvo preso en territorio estadounidense en 2021 por cargos de lavado de dinero y corrupción. Venezuela negoció su liberación en 2023 y lo designó ministro de Industria un año después.
Delcy Rodríguez, que asumió la presidencia interina tras el derrocamiento de Maduro en un operativo estadounidense en enero, lo destituyó de todas sus funciones en febrero y empezaron a circular rumores de su arresto, que nunca fue confirmado formalmente por las autoridades.
«La medida de deportación fue adoptada tomando en consideración que el referido ciudadano colombiano se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América, tal como es público, notorio y comunicacional», detalla el texto difundido este sábado.
El traslado de una persona a otro país que lo reclama por algún delito es una extradición, medida prohibida en la Constitución venezolana. La autoridad migratoria afirma que en su lugar se trata de una «deportación».
Saab se vinculó con el gobierno venezolano en los últimos años de la gestión de Hugo Chávez (1999-2013), acercó la industria petrolera local a Irán y llegó a manejar una gigantesca red de importaciones para el gobierno de Maduro.
Estuvo encargado del traslado de alimentos del programa gubernamental conocido como CLAP, salpicado por denuncias de corrupción.
Fue detenido en 2020 en Cabo Verde y extraditado a Estados Unidos en octubre de 2021. La justicia estadounidense lo acusaba de blanquear fondos obtenidos ilegalmente en Venezuela a través del país norteamericano.
Venezuela lo calificó de «secuestro» mientras lo defendía como un «héroe» que alimentó al país en medio de las sanciones internacionales.
Finalmente fue excarcelado en 2023 por Washington como parte de un acuerdo que incluyó la liberación de 10 estadounidenses presos en Venezuela.
Caída en desgracia
Tras su excarcelación, Saab fue el encargado de gestionar el sector productivo del país como ministro de Industria y director de un centro de inversiones creado por Maduro para atraer capital extranjero a Venezuela pese a las sanciones de Estados Unidos.
Así es que Saab se reunía con empresarios internacionales y autoridades de otros países para acordar numerosos negocios de los que nunca se publicaron detalles oficiales.
Se mantuvo como uno de los hombres cercanos de Maduro hasta su caída.
Bajo la administración de Rodríguez, que gobierna bajo fuertes presiones de Estados Unidos, Saab no sobrevivió ni siquiera un mes en el Gobierno. Fue destituido rápidamente de ambos cargos.
Su esposa, Camilla Fabri, quien fungía como viceministra de Relaciones Exteriores a la vez que encabezaba un programa migratorio, también fue cesada en marzo.
Un conductor con antecedentes de problemas de salud mental atropelló el sábado a varios peatones en Módena, en el norte de Italia, y dejó ocho heridos, cuatro de gravedad, antes de que la policía lo detuviera, informaron las autoridades, que aún no descartan que haya sido un atentado.
Imágenes de cámaras de seguridad difundidas por los medios de comunicación italianos mostraron un automóvil circulando a gran velocidad por una calle del centro de la ciudad repleta de peatones y ciclistas.
El conductor, un ciudadano italiano de origen marroquí de unos 30 años, atropelló a varias personas antes de estrellarse contra el escaparate de una tienda, colisionando frontalmente con una mujer, explicó la prefecta de la ciudad, Fabrizia Triolo, en una conferencia de prensa.
Intentó huir del lugar, pero fue perseguido y acorralado por cuatro transeúntes; entonces sacó un cuchillo e hirió a uno de ellos.
Ocho personas —entre ellas un ciudadano alemán y otro polaco— fueron trasladadas al hospital; cuatro de ellas se encuentran en estado grave. A una de las personas heridas hubo que amputarle ambas piernas.
El conductor —un graduado en Economía nacido en 1995— no tenía antecedentes policiales, pero había atravesado un episodio de «trastorno psicológico» en 2022, indicó Triolo.
«Había recibido tratamiento en un centro de salud mental por trastornos esquizoides, pero le perdimos la pista tras aquel periodo inicial de observación en un centro asistencial», añadió.
Según la prefecta, el conductor no se encontraba bajo los efectos de «sustancias psicotrópicas» en el momento de los hechos.
Su domicilio, situado cerca de Módena, ha sido registrado.
El presidente de la región de Emilia-Romaña, Michele de Pascale, declaró en la conferencia de prensa que se trataba de un «acto extremadamente grave, pero es importante comprender su naturaleza y sus motivos».
«Esperemos a tener más información», pidió.
Los primeros testimonios de los testigos presenciales indicaban que el conductor «aparentemente apuntó hacia la acera, golpeó una bicicleta y luego se estrelló tras colisionar frontalmente con una mujer, quien resultó gravemente herida con ambas piernas destrozadas», relató el alcalde, Massimo Mezzetti, a los medios locales y a la agencia de noticias ANSA.
Un testigo relató a las cadenas de televisión italianas que el coche llegó a gran velocidad por la calle Emilia Centro, que suele estar muy concurrida los sábados por la tarde.
«Escuché los golpes y vi a personas siendo atropelladas. El coche se me vino encima y logré tirarme al suelo», relató el hombre, con la cabeza ensangrentada.
«El conductor parecía drogado o alcoholizado, no parecía estar en condiciones normales. El coche echaba humo; abrí la puerta y él salió huyendo. Cuatro o cinco personas corrimos detrás de él. Sacó un cuchillo, pero conseguimos hacer que cayera al suelo», añadió.
El alcalde agradeció «a esos ciudadanos que demostraron valentía y un gran sentido cívico».
El mandatario dijo que aún habrá que dilucidar «la naturaleza de este acto», pero se declaró «profundamente afectado».
«Sea cual sea su naturaleza, es un hecho extremadamente grave. Si se tratara de un atentado, sería aún más grave», subrayó Mezzetti.
