Internacionales
El calor extremo, otra forma de pena de muerte para los presos en Texas
Durante su último día de vida, John Castillo, fue a buscar agua helada 23 veces. Lo hallaron inconsciente y murió después en la unidad médica con una temperatura corporal sobre los 41ºC, similar a la que registró Patrick luego de ser hallado semidesnudo en su celda sin que pudiera ser reanimado. John era epiléptico y Patrick estaba medicado por depresión.
En el caso de Elizabeth Hagerty, de 37 años, días antes de su fallecimiento advirtió del riesgo del calor en su salud debido a su obesidad y diabetes y pidió atención médica por un sarpullido que le invadió el cuerpo. Los tres casos son de 2023.
Cada año, entre junio y octubre, con las altas temperaturas en el sur de Estados Unidos, se reaviva la preocupación de los familiares de los presos en Texas: ¿Sobrevivirán? Activistas han acudido a la justicia para pedir que se respete los límites legales de entre 18ºC y 29ºC dentro de las celdas.
Ello implica instalar aire acondicionado que la mayoría de prisiones que administra el Departamento de Justicia Criminal de Texas (TDCJ) no tiene o posee parcialmente. En todas sus prisiones hay un total de 45.689 camas climatizadas para una población de 134.000.
Al menos tres muertes
Amite Dominick, presidenta de la organización Defensores Comunitarios en las Prisiones de Texas (TPCA) dice que una decisión judicial favorable sentaría un precedente para otros estados que también atraviesan este problema. «Vemos que ahora, con el cambio climático, esto está impactando a prisiones en todo el país», detalla.
Las muertes de Elizabeth, Patrick y John forman parte de la demanda contra el TDCJ.
En la audiencia judicial de principios de agosto, el director de la institución, Bryan Collier, admitió, tras ser cuestionado por una abogada de los demandantes, que en estas tres muertes el calor pudo haber influido, adicionalmente a las enfermedades que ya padecían los afectados.
Recordó que le corresponde al Parlamento de Texas aprobar el presupuesto para el aire acondicionado. Mientras tanto hay ventiladores, agua helada, baños fríos, hidratación y traslados momentáneos a zonas comunes climatizadas -como la biblioteca o el centro médico- para aliviar el calor.
¿Un privilegio?
No es suficiente. «En Texas, cada verano, tenemos altas temperaturas, alta humedad y perdemos vidas, porque la gente se está cocinando dentro de este horno de ladrillos», dice Dominick desde los exteriores de la prisión Wynne, en Huntsville, que alberga a 2.600 presos sin aire acondicionado.
«Durante mi encierro descargaba varias veces el agua del retrete, que salía más fresca que el agua de la llave, para mojarme el cuerpo», cuenta Marci Marie Simmons, de 45 años, quien estuvo 10 años recluida en la unidad Murray, por delitos contables.
«Algunas mujeres hacían colapsar el retrete para que el agua cayera al piso, mojara el concreto y tuvieran una superficie fresca para descansar (…) Vi incluso trabajadoras de la prisión enfermarse por las altas temperaturas», agrega Simmons, portavoz de la Alianza de Mujeres Impactadas por la Justicia.
Desde su casa en Weatherford, Texas, Simmons utiliza las redes sociales para hablar de su vida en prisión. «Encerrar a personas en estas altas temperaturas es un castigo cruel (…) No estamos pidiendo un privilegio sino algo humano», considera.
Dominick explica que durante el verano las peleas en prisión son más comunes porque el calor irrita los ánimos. «Es una cuestión de sobrevivencia cada verano. 95% de estos presos debe volver a casa (…) No puede haber una rehabilitación cuando se lidia con estas temperaturas». Algunos ni siquiera son culpables, precisa.
Avances
Dominick asegura que año a año intentan que el Parlamento de Texas aborde el tema.
«Son agresores sexuales, violadores, asesinos. ¿Y vamos a pagar por su aire acondicionado cuando yo no puedo proporcionar aire acondicionado a ciudadanos que trabajan duro y pagan impuestos?», cuestionó en 2012 el entonces senador estatal a cargo del tema y hoy alcalde de Houston, John Whitmire, citado por The New York Times.
Collier del TDCJ dijo en la audiencia que las posiciones han cambiado. Desde 2017 su institución pide al parlamento estatal el presupuesto y finalmente el año pasado recibieron parte del dinero solicitado, con el que actualmente construyen 1.760 camas climatizadas adicionales.
Mientras, sigue el padecimiento. «Fue horrible. En algunos momentos sentía que me desmayaba», cuenta Samuel Urbina, de 59 años, minutos después de salir de una prisión en Hunstville, donde estuvo recluido por delitos de drogas. «No volveré», dijo, antes de abrazarse con su hija que lo fue a recoger.
Una violenta tormenta de piedras de hielo de tamaño extraordinario azotó el sur de Brasil y provocó daños severos en quince ciudades del sur del país. Según las autoridades, en algunas, cerca del 80 % de las viviendas han quedado afectadas, además, dejó el saldo de 150 personas heridas y más de 25,000 afectados.
El estado de Rio Grande do Sul, en el sur de Brasil, ha sufrido las consecuencias de un fenómeno meteorológico extraordinario: una precipitación de granizo gigante que ha provocado un caos generalizado, con daños severos en los vehículos, viviendas, infraestructuras y cultivos de varias ciudades.
El episodio se ha producido en un contexto de inestabilidad meteorológica en la región, por el que el Instituto Nacional de Meteorología había emitido alertas, precisamente, por posibilidad de granizo y ráfagas de viento de hasta 100 km/h en varias zonas del sur del país.
Las imágenes de vídeo compartidas en la red muestran enormes bolas de hielo cayendo con una violencia inusitada, acumulándose en calles y campos, interrumpiendo carreteras y generando alarma entre la población.
Según los primeros informes de la Defensa Civil del estado, al menos 15 municipios han resultado afectados por el fenómeno. En localidades como Amaral Ferrador, Dom Feliciano, Montenegro o Canudos do Vale, se han registrado daños en los tejados de centenares de viviendas y árboles y postes de luz derribados por la fuerza de las piedras.
Un nuevo informe señala que en 2024 se registraron 2,967 ataques contra la Policía, la cifra más alta en la historia del país.
Es decir, más de 8 ataques diarios, dejando a 804 agentes heridos. El 53 % de estas agresiones fueron cometidas por inmigrantes ilegales, en su mayoría bajo influencia del alcohol o las drogas.
Asimismo, en 5,700 estaciones de tren se cometieron 381,894 delitos, un incremento del 51 % en comparación a 2019.
Los abusos o aprovechamiento hacia mujeres fue uno de los delitos más frecuentes en 2024 con 2,262 un 19.2 % más que el año anterior.
Internacionales
Denuncian al presidente Petro ante la Comisión de Acusaciones por presunto lavado de activos
La denuncia más reciente fue presentada por Juan Carlos Portilla, profesor y experto en anticrimen financiero. Señala al mandatario y a su exesposa Verónica Alcocer de presunto lavado de activos. La acusación fue radicada tanto en la comisión como en la Fiscalía.
Presunto lavado de activos tras estar en la lista Clinton
Portilla fundamenta su denuncia en supuestas irregularidades relacionadas tras su inclusión en la lista Clinton, en la que también están Alcocer, el ministro del Interior Armando Benedetti y el hijo del mandatario, Nicolás Petro Burgos. El denunciante le solicitó al órgano legislativo acceder a información financiera sensible.
Pruebas de reportes de inteligencia financiera y de actividades sospechosas de las cuentas del presidente, no solo en Colombia, sino las que podría llegar a tener en Italia, en paraísos fiscales de Europa y de América Latina, Caribe y Estados Unidos.
La segunda que pasó formalmente a investigación preliminar está relacionada con el escándalo de los pasaportes. Surgió tras una denuncia del abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella, quien pidió pruebas documentales y actos de verificación por un presunto abuso de función pública.
La primera denuncia sobre el tema de los pasaportes
Según el denunciante, el presidente habría intervenido como determinador en la decisión de declarar desierta la licitación que había ganado Thomas Greg & Sons para la expedición de pasaportes. Esta situación llevó a la creación de un nuevo modelo en alianza con Portugal, lo cual generó cuestionamientos sobre la legalidad del proceso.
La comisión ordenó una diligencia específica en el marco de estas investigaciones: “Para que dentro de los 20 días siguientes practique inspección administrativa en la Procuraduría”. El objetivo es verificar si existen elementos que permitan avanzar hacia una eventual imputación formal.
