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DRAMA: Los primeros militares que desertaron el 23 de febrero revelaron por qué se animaron a abandonar a Maduro

«Vi morir a mi hijo recién nacido en 15 minutos», contó el agente José Gómez, «Ya estaba cansado de que el pueblo me vea como uno más de ellos», dijo el sargento Jorge Torres refiriéndose al régimen chavista. Ya son 326 los uniformados que pidieron refugio en Colombia26 de febrero de 2019
La sencilla casa en una calle llena de baches de esta localidad de la agitada frontera entre Venezuela y Colombia se ha convertido en un refugio para quienes se acaban de quedar sin hogar: 40 soldados venezolanos que abandonaron sus puestos y huyeron para salvar sus vidas.

Los jóvenes soldados de la Guardia Nacional duermen en finas colchonetas sobre el piso. Varios chalecos antibalas descansan a lo largo de una pared en una de las habitaciones. En un balcón, las botas que se mojaron cruzado en enlodado Río Táchira se secan al sol.
«Ya estaba cansado de que el pueblo me vea como uno más de ellos», dijo el sargento Jorge Torres refiriéndose al gobierno socialista del presidente Nicolás Maduro. Y no es así».

Un arriesgado plan de la oposición venezolana para llevar ayuda humanitaria al país fracasó el sábado cuando tropas leales a Maduro se negaron a permitir la entrada de camiones con comida y medicamentos, pero desató una ola de deserciones militares nunca vista durante la crisis que asola al país. Más de 270 uniformados, en su mayoría de baja graduación, huyeron en el plazo de tres días, dijeron funcionarios migratorios colombianos el lunes.
Sin familia en Colombia, varias docenas fueron a parar a un albergue gestionado por un sacerdote. La vivienda es el lugar desde el que rastrean nerviosos el paradero de los parientes que dejaron atrás, averiguando cómo solicitar asilo y cuáles serán sus próximos pasos.

«La única manera que este gobierno salga, lamentablemente, el pueblo de Venezuela lo sabe, es que haya una intervención directa», apuntó el sargento José Gómez, padre de dos hijos. «Los únicos que tienen ese poder son los países internacionales».
En entrevistas con The Associated Press, nueve soldados de la Guardia Nacionaldescribieron el día en el que sus comandantes les ordenaron detener la entrada de ayuda humanitaria a Venezuela. Por temor a ser encarcelados, muchos cumplieron las órdenes y admitieron haber lanzado gases lacrimógenos a los manifestantes. Dos contaron parte que formaban parte de una trama fallida para introducir los suministros. Todos huyeron tras decisiones no planificadas de última hora y solo con su uniforma la espalda.
«Hijo, si es por su vida y por que esto cambie, hágale», recuerda Gómez que le dijo su padre en una breve llamada telefónica antes pasar a Colombia.
Las deserciones se producen mientras la oposición venezolana presiona a los militares para que reconozcan al líder de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como el presidente legítimo de la nación. Tradicionalmente, el ejército venezolano ha ejercido de árbitro en disputas políticas, forzando la salida del dictador Marcos Pérez Jiménez en 1958. Pero la jerarquía militar se mantiene firme del lado de Maduro, quien no ha dado muestras de que tenga intención de renunciar al poder.
Aunque Guaidó ha propuesto una amnistía para los cargos militares que lo respalden, los soldados de baja graduación que huyeron apuntaron que abandonar a Maduro es casi imposible.
Cualquiera que muestre el menor indicio de desaprobación se arriesga a ser detenido, contaron, y la cárcel se ha convertido cada vez más en sinónimo de torturas. Incluso los que, como Gómez, querían la entrada de la ayuda, siguieron órdenes para reprimir a la ciudadanía. A medida que la situación se tensaba el sábado, los manifestantes le arrojaron piedras y bombas incendiarias. Gómez explicó que les arrojó gases lacrimógenos para protegerse.
Otros en la casa también tienen muestras de la resistencia que enfrentaron ese día: Torres aún tiene sangre bajo la piel en la nariz luego de que los manifestantes lo patearon tras rendirse a las autoridades colombianas. Una joven tenía un arañazo en la mejilla que dijo que fue provocado el lanzamiento de una piedra.
Durante los choques, grupos armados pro Maduro, conocidos como «colectivos», dispararon de forma indiscriminada y varios de los soldados contaron que temieron ser baleados. Las tropas de la Guardia Nacional cuentan con equipos para el control de masas como balas de goma y gases lacrimógenos, pero no tienen armas reglamentarias.
Como el resto de la población que enfrenta una hiperinflación que se espera alcance los 10 millones por ciento este año, los soldados también conocieron las indignidades de la vida en Venezuela, donde la grave escasez de alimentos y medicinas llevó a más de tres millones de personas a marcharse en los últimos años.
«Tu sabes que en tu casa no hay nada, ni un kilo de arroz», dijo la soldado, que pidió no ser identificada por miedo a la seguridad de los hijos que dejó en su casa. «Y yo aquí luchando, ¿por qué?».
Hace dos meses, Gómez vio cómo su hijo recién nacido moría en apenas 15 minutos porque el hospital en el que su pareja dio a luz no tenía oxígeno para sus pulmones.Torres contó que una tía suya falleció de cáncer y un tío sucumbió a una infección estomacal curable.

«Esos son los motivos que me conllevaron a esta situación», señaló Torres.
Cuando Guaidó anunció por primera vez la ayuda, Torres dijo que él y otros tres soldados en su cuartel se reunieron y discutieron en silencio sus opciones. Como conductores de la Guardia Nacional, tenían acceso a camiones blindados. Armaron un plan para conducir los vehículos a través del Puente Internacional Simón Bolívar derribando las barricadas instaladas en el camino y permitiendo la entrada de los camiones de la oposición con los suministros.
El sábado por la mañana, Torres se subió a uno de los camiones pintado de blanco y lo condujo a través del puente. Aunque derribó varias barreras, también golpeó a una mujer que intentaba entrar a Colombia. Ella sufrió heridas graves y él se vio obligado a parar.
Salió con su rifle en la mano, levantó los brazos en señal de rendición y ayudó a la mujer a ir hacia la ambulancia. Como uno de los primeros desertores, fue llevado rápidamente ante Guaidó, que se había escabullido por la frontera a Colombia para supervisar la entrega.
Torres dijo que se cuadró y prometió lealtad al legislador de 35 años, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de medio centenar de países, incluyendo Estados Unidos y muchas naciones latinoamericanas. «Estamos a tiempo de cambiar la historia», dijo que le dijo Guaidó.
Para Gómez, el punto de inflexión se produjo cuando vio a otro uniformado de la Guardia Nacional golpeado en la cara por una bomba incendiaria. Pese a que tenía heridas graves, los comandantes no llamaron a una ambulancia para llevarlo al hospital, agregó. Por temor a que eso pudiese ocurrir si él era golpeado por los manifestantes, decidió huir. «No iban a hacer nada (por mí)», manifestó Gómez.
Mientras se lanzaba a uno de los cientos caminos de tierra ilegales que cruzan la porosa frontera entre Venezuela y Colombia, pistoleros de «colectivos» dispararon en su dirección, recordó Gómez. Cruzó el río y corrió entre la maleza unos 20 minutos. Cuando llegó a suelo colombiano y vio al ejército, levantó las manos en señal de paz. «¡Vengo a entregarme!», gritó.
Muchos reconocieron que les preocupa que sus esposas e hijos puedan enfrentar las repercusiones y están preocupados por cómo llegarán a fin de mes. Muchos de los uniformados que huyeron en el último año han tenido problemas para encontrar trabajo y acaban ganándose la vida vendiendo comida en la calle.
Preguntado por quién había dejado atrás, Torres dijo «mi esposa» antes de echarse a llorar. Demasiado emocionado para hablar sobre su hija, apenas pudo señalar la edad de la pequeña con los dedos: seis años.
Casi todos los desertores respaldarían una intervención extranjera en Venezuela y se unirían a la lucha.
Guaidó hizo un llamado a la comunidad internacional el sábado en la noche para que se consideren «todas las opciones» para resolver la crisis venezolana luego de que los disturbios por la entrada de la ayuda dejaron cuatro muertos y 300 heridos.
En una visita a la capital de Colombia, Bogotá, el lunes para una reunión con líderes regionales, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, se hizo eco de la advertencia del presidente Donald Trump de que «todas las opciones están sobre la mesa», pero evitó hablar sobre una posible acción militar.
En un intercambio de ideas, varios de los desertores dijeron que creen que la mejor forma de avanzar es que más soldados abandonen sus puestos y ayuden a formar una resistencia desde el extranjero. Algunos visualizaron una intervención liderada únicamente por venezolanos, mientras que otros están convencidos de que solo puede hacerse con la ayuda de una coalición internacional.
Todos coincidieron en que no se consideran traidores sino soldados que intentan restaurar la democracia en Venezuela. «Vamos a cambiar la historia», señaló Torres. «Somos historia».
Con información de AP
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Embarazada resulta lesionada en intento de asalto en Ciudad de Guatemala

Una mujer embarazada de seis meses resultó herida de bala tras un intento de asalto registrado en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).
El hecho ocurrió en la intersección de la 6ª avenida y 8ª calle, donde sujetos armados habrían interceptado a la víctima con intenciones de robo. La mujer fue identificada como Jimena Vickers, de 31 años, quien se desempeña como visitadora médica.
De acuerdo con versiones preliminares, los atacantes abrieron fuego luego de que Vickers se opusiera al asalto. En el parabrisas del vehículo, del lado del conductor, se observaron al menos tres impactos de bala.
La víctima fue auxiliada por cuerpos de socorro y trasladada a un centro asistencial. Su estado de salud, así como el del bebé que espera, no ha sido detallado por las autoridades.
La PNC inició un operativo en el sector para dar con los responsables, aunque hasta el momento no se reportan capturas.
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Crisis humanitaria en Gaza deja a niños y madres gravemente afectados por la desnutrición en medio del conflicto

La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) alertó este viernes que uno de cada cuatro niños entre seis meses y cinco años, así como mujeres embarazadas y lactantes atendidos en sus clínicas en Gaza, presenta signos de desnutrición, en lo que califican como una emergencia sanitaria y humanitaria de alto nivel.
En un comunicado, MSF acusó a las autoridades israelíes de usar deliberadamente el hambre como un arma de guerra. “Los propios pacientes y profesionales de la salud sufren de hambre”, señaló la ONG, que mantiene presencia médica en Ciudad de Gaza.
Caroline Willemen, coordinadora del proyecto de MSF en esa ciudad, aseguró que están recibiendo alrededor de 25 nuevos casos de desnutrición diariamente. Desde el 18 de mayo, los registros se han cuadruplicado y la desnutrición severa en menores de cinco años se ha triplicado.
MSF afirma que esta situación se debe a una “hambruna deliberada”, consecuencia directa del bloqueo impuesto por Israel sobre el enclave palestino. Aunque a finales de mayo se flexibilizó el cerco, las carencias de alimentos, medicinas y productos básicos persisten.
Israel, por su parte, responsabiliza a Hamas de manipular la ayuda humanitaria, acusándolo de apropiarse de suministros para revenderlos a precios desorbitados o de atacar a las personas que esperan recibir alimentos.
La ONG también denunció ataques en los centros de distribución de alimentos gestionados por la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), respaldada por Israel y Estados Unidos. “Estas distribuciones no son ayuda humanitaria, son crímenes de guerra cometidos a plena luz del día bajo el disfraz de compasión”, afirmó Mohammed Abu Mughaisib, coordinador médico adjunto de MSF en Gaza.
La ONU ha documentado más de 1.000 muertes desde finales de mayo en puntos de ayuda humanitaria, la mayoría cerca de los centros operados por la GHF.
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Ecuador cierra el semestre más violento desde 2011 con más de 4,500 homicidios

Ecuador cerró el primer semestre de 2025 como el más violento de los últimos 14 años, al registrar 4,557 homicidios, lo que representa un aumento del 45 % respecto al mismo periodo de 2024 y un 22 % más en comparación con los primeros seis meses de 2023, según datos del Ministerio del Interior recopilados por el medio «Primicias».
Del total de muertes violentas, el 89 % (4,069 casos) fue cometido con armas de fuego, incluyendo pistolas, escopetas, ametralladoras y fusiles, lo que evidencia el creciente poder de fuego de los grupos criminales.
Mayo se posicionó como el mes más sangriento desde que se tiene registro, con 915 homicidios, superando incluso los 831 asesinatos ocurridos en octubre de 2023. En promedio, al menos 30 personas fueron asesinadas cada día durante el primer semestre del año. En junio, aunque hubo una leve reducción, se contabilizaron 548 crímenes.
Entre enero y mayo, 70 cantones del país registraron un aumento en muertes violentas respecto al mismo periodo del año anterior. En estos territorios se concentró el 90 % de los homicidios registrados, es decir, un total de 3,578.
Frente a esta escalada de violencia, el gobierno de Daniel Noboa ha decretado estados de excepción en varias provincias —Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos—, en dos cantones de Quito y en el sistema penitenciario nacional. Sin embargo, estas medidas han sido insuficientes para frenar la criminalidad.
El más reciente estado de excepción, declarado el 12 de abril mediante el Decreto 599, fue parcialmente aprobado ayer por la Corte Constitucional, que consideró inconstitucional aplicar la medida en todos los centros penitenciarios y en el cantón Camilo Ponce Enríquez (Azuay), al no evidenciarse hechos que justifiquen su inclusión.
Además, la Corte rechazó la suspensión del derecho a reunión, las inspecciones y requisas sin orden judicial, así como la intervención directa de las Fuerzas Armadas, al señalar que estas acciones pueden ejecutarse dentro del marco legal ordinario.
Pese a ello, se mantuvieron restricciones como la suspensión del derecho a la libertad de tránsito, la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la correspondencia, permitiendo a la fuerza pública realizar allanamientos y revisar mensajes dirigidos a privados de libertad.
El alto índice de homicidios refleja la profunda crisis de seguridad que atraviesa Ecuador, donde el crimen organizado y las bandas armadas continúan desafiando la capacidad del Estado para contener la violencia.