Internacionales
Detienen a la expresidenta Jeanine Áñez por “sedición y terrorismo”
La expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, fue detenida en la madrugada del sábado, poco después de que la Fiscalía boliviana emitiera un pedido de captura contra la política conservadora y cinco de sus exministros por supuestos delitos de “sedición y terrorismo” durante la crisis política en 2019, que llevó a la renuncia y salida del país del exmandatario Evo Morales.
“Informo al pueblo boliviano que la señora Jeanine Áñez ya fue aprehendida y en este momento se encuentra en manos de la Policía”, anunció en su cuenta de Twitter el ministro de Gobierno Carlos Eduardo del Castillo, felicitando al cuerpo de seguridad nacional por la “gran e histórica tarea de dar justicia al pueblo boliviano”.
Por su parte, la exmandataria denunció, también en Twitter, que su detención es “un acto de abuso y persecución política” por parte del Gobierno del MAS –el partido de Morales– que la “ha mandado arrestar”. El viernes, cuando saltó la noticia de la orden de arresto, Áñez denunció en una serie de trinos que el izquierdista MAS –que recuperó el poder en las pasadas elecciones de octubre bajo el liderazgo de Luis Arce– “ha decidido volver a los estilos de la dictadura”.
La política conservadora está siendo trasladada bajo un fuerte dispositivo de seguridad desde la ciudad de Trinidad, donde se llevó a cabo su detención, hacia la sede de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en la ciudad de La Paz, donde está previsto que llegue sobre las tres de la tarde, hora local.
«El día de hoy hemos efectuado como mandan las leyes y la Constitución, la orden de aprehensión en un proceso que ha seguido todo su curso y serán las autoridades judiciales las que continúen la investigación y determinen la situación de las personas detenidas», dijo Del Castillo en una rueda de prensa, señalando que los arrestos corresponden al «proceso que se inició en diciembre de 2020 por el caso del golpe de Estado».
El viernes también se llevó a cabo la detención de Álvaro Rodrigo Guzmán Collao, exministro interino de Energías, y la de Álvaro Eduardo Coímbra Cornejo, antiguo titular transitorio de Justicia. Además, la Fiscalía boliviana también emitió órdenes de aprehensión contra el exjefe de Policía Yuri Calderón y el excomandante de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman, acusados de “terrorismo, sedición y conspiración” por lo que muchos denominaron un golpe de Estado, en noviembre de 2019.
Áñez: «no fue un golpe de Estado, fue una sucesión constitucional»
Áñez llegó al poder a finales de 2019, después de que se produjera una violenta salida anticipada de Evo Morales, quien fue acusado por la oposición de haber cometido fraude en los comicios de ese año. Tras su salida, forzada por los militares, el mandatario se exilió en México y después en Argentina.
Antes de su detención, la expresidenta interina reiteró que “no fue un golpe de Estado, fue una sucesión constitucional por fraude electoral”, sobre la abrupta salida del poder del izquierdista Morales luego de 14 años en el poder.
Sin embargo, el partido MAS de Morales regresó al poder en las elecciones de octubre pasado. Su candidato, el exministro de Economía Luis Arce, ganó holgadamente las elecciones y se convirtió en el nuevo presidente, lo que hizo posible el regreso de Morales al país.
Evo Morales se postuló en 2019 para un cuarto mandato en medio de un amplio rechazo de la población a que volviera a asumir la Presidencia del país. Los comicios se vieron salpicados de múltiples acusaciones de fraude y su victoria produjo un fuerte estallido social que chocó con partidarios del dirigente indígena.
La Fiscalía boliviana también emitió órdenes de captura para dos antiguos militares, acusados por el actual Gobierno de estar involucrados en el golpe contra Morales. Se trata del antiguo jefe de policía, Yuri Calderón, y el antiguo comandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, por denuncias de terrorismo, sedición y conspiración.
Áñez no será juzgada por la Justicia ordinaria
El caso de Jeanine Añez será tratado de manera especial de acuerdo a lo que estipula la ley del país para expresidentes. Este proceso se adelantará como un juicio de responsabilidades, por lo que no será llevado a la Justicia ordinaria.
Cuando la exmandataria asumió la Presidencia, el Tribunal Constitucional avaló el procedimiento, tras el vacío de poder que se produjo en la nación andina a causa de las renuncias de los principales cargos del Ejecutivo y el Legislativo.
Junto a la renuncia de Morales se produjo también la del entonces vicepresidente Álvaro García Linera, la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, el presidente de la Cámara de Diputados, Victor Borda, y la del primer vicepresidente del Senado, Rubén Medinaceli. Áñez asumió como segunda vicepresidenta del Senado y tras no encontrar quórum para asumir la Presidencia, determinó que la Constitución se lo otorgaba y que por lo tanto debía asumir el cargo.
La oposición boliviana rechaza las órdenes de captura
Tras conocerse las órdenes de detención, varios sectores de la oposición denunciaron “persecución”. Algunos líderes opositores salieron en defensa de los exfuncionarios y tildaron de «tirano» al Gobierno del presidente Luis Arce y al MAS, por considerar que crean leyes para dar «impunidad» a sus militantes.
Por su parte, el partido de Áñez, Comunidad Ciudadana, emitió el viernes un comunicado denunciando un “proceso brutal y arbitrario de persecución política” y aseguró que se trata de un “atentado contra la libertad” y de una “ofensa a los millones de bolivianas y bolivianos que lucharon por la democracia”.
El director ejecutivo para las Américas de la organización internacional Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, también reaccionó a la noticia. El abogado señaló en Twitter que las órdenes de captura de los miembros del antiguo gabinete no contienen evidencia de que los acusados hubieran cometido «terrorismo».
Vivanco también señaló que el mismo «recurso» (terrorismo) fue utilizado en 2019 en la orden de captura de Evo Morales, que tampoco aportó prueba alguna, por lo que la entidad pidió entonces que retiraran los cargos en contra del exmandatario. La ONG pidió que a las órdenes de la Fiscalía emitidas este viernes las acompañe una investigación «seria e independiente».
Una mujer embarazada de seis meses resultó herida de bala tras un intento de asalto registrado en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).
El hecho ocurrió en la intersección de la 6ª avenida y 8ª calle, donde sujetos armados habrían interceptado a la víctima con intenciones de robo. La mujer fue identificada como Jimena Vickers, de 31 años, quien se desempeña como visitadora médica.
De acuerdo con versiones preliminares, los atacantes abrieron fuego luego de que Vickers se opusiera al asalto. En el parabrisas del vehículo, del lado del conductor, se observaron al menos tres impactos de bala.
La víctima fue auxiliada por cuerpos de socorro y trasladada a un centro asistencial. Su estado de salud, así como el del bebé que espera, no ha sido detallado por las autoridades.
La PNC inició un operativo en el sector para dar con los responsables, aunque hasta el momento no se reportan capturas.
Internacionales
Crisis humanitaria en Gaza deja a niños y madres gravemente afectados por la desnutrición en medio del conflicto
La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) alertó este viernes que uno de cada cuatro niños entre seis meses y cinco años, así como mujeres embarazadas y lactantes atendidos en sus clínicas en Gaza, presenta signos de desnutrición, en lo que califican como una emergencia sanitaria y humanitaria de alto nivel.
En un comunicado, MSF acusó a las autoridades israelíes de usar deliberadamente el hambre como un arma de guerra. “Los propios pacientes y profesionales de la salud sufren de hambre”, señaló la ONG, que mantiene presencia médica en Ciudad de Gaza.
Caroline Willemen, coordinadora del proyecto de MSF en esa ciudad, aseguró que están recibiendo alrededor de 25 nuevos casos de desnutrición diariamente. Desde el 18 de mayo, los registros se han cuadruplicado y la desnutrición severa en menores de cinco años se ha triplicado.
MSF afirma que esta situación se debe a una “hambruna deliberada”, consecuencia directa del bloqueo impuesto por Israel sobre el enclave palestino. Aunque a finales de mayo se flexibilizó el cerco, las carencias de alimentos, medicinas y productos básicos persisten.
Israel, por su parte, responsabiliza a Hamas de manipular la ayuda humanitaria, acusándolo de apropiarse de suministros para revenderlos a precios desorbitados o de atacar a las personas que esperan recibir alimentos.
La ONG también denunció ataques en los centros de distribución de alimentos gestionados por la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), respaldada por Israel y Estados Unidos. “Estas distribuciones no son ayuda humanitaria, son crímenes de guerra cometidos a plena luz del día bajo el disfraz de compasión”, afirmó Mohammed Abu Mughaisib, coordinador médico adjunto de MSF en Gaza.
La ONU ha documentado más de 1.000 muertes desde finales de mayo en puntos de ayuda humanitaria, la mayoría cerca de los centros operados por la GHF.
Ecuador cerró el primer semestre de 2025 como el más violento de los últimos 14 años, al registrar 4,557 homicidios, lo que representa un aumento del 45 % respecto al mismo periodo de 2024 y un 22 % más en comparación con los primeros seis meses de 2023, según datos del Ministerio del Interior recopilados por el medio «Primicias».
Del total de muertes violentas, el 89 % (4,069 casos) fue cometido con armas de fuego, incluyendo pistolas, escopetas, ametralladoras y fusiles, lo que evidencia el creciente poder de fuego de los grupos criminales.
Mayo se posicionó como el mes más sangriento desde que se tiene registro, con 915 homicidios, superando incluso los 831 asesinatos ocurridos en octubre de 2023. En promedio, al menos 30 personas fueron asesinadas cada día durante el primer semestre del año. En junio, aunque hubo una leve reducción, se contabilizaron 548 crímenes.
Entre enero y mayo, 70 cantones del país registraron un aumento en muertes violentas respecto al mismo periodo del año anterior. En estos territorios se concentró el 90 % de los homicidios registrados, es decir, un total de 3,578.
Frente a esta escalada de violencia, el gobierno de Daniel Noboa ha decretado estados de excepción en varias provincias —Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos—, en dos cantones de Quito y en el sistema penitenciario nacional. Sin embargo, estas medidas han sido insuficientes para frenar la criminalidad.
El más reciente estado de excepción, declarado el 12 de abril mediante el Decreto 599, fue parcialmente aprobado ayer por la Corte Constitucional, que consideró inconstitucional aplicar la medida en todos los centros penitenciarios y en el cantón Camilo Ponce Enríquez (Azuay), al no evidenciarse hechos que justifiquen su inclusión.
Además, la Corte rechazó la suspensión del derecho a reunión, las inspecciones y requisas sin orden judicial, así como la intervención directa de las Fuerzas Armadas, al señalar que estas acciones pueden ejecutarse dentro del marco legal ordinario.
Pese a ello, se mantuvieron restricciones como la suspensión del derecho a la libertad de tránsito, la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la correspondencia, permitiendo a la fuerza pública realizar allanamientos y revisar mensajes dirigidos a privados de libertad.
El alto índice de homicidios refleja la profunda crisis de seguridad que atraviesa Ecuador, donde el crimen organizado y las bandas armadas continúan desafiando la capacidad del Estado para contener la violencia.
