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Detienen a la expresidenta Jeanine Áñez por “sedición y terrorismo”
La expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, fue detenida en la madrugada del sábado, poco después de que la Fiscalía boliviana emitiera un pedido de captura contra la política conservadora y cinco de sus exministros por supuestos delitos de “sedición y terrorismo” durante la crisis política en 2019, que llevó a la renuncia y salida del país del exmandatario Evo Morales.
“Informo al pueblo boliviano que la señora Jeanine Áñez ya fue aprehendida y en este momento se encuentra en manos de la Policía”, anunció en su cuenta de Twitter el ministro de Gobierno Carlos Eduardo del Castillo, felicitando al cuerpo de seguridad nacional por la “gran e histórica tarea de dar justicia al pueblo boliviano”.
Por su parte, la exmandataria denunció, también en Twitter, que su detención es “un acto de abuso y persecución política” por parte del Gobierno del MAS –el partido de Morales– que la “ha mandado arrestar”. El viernes, cuando saltó la noticia de la orden de arresto, Áñez denunció en una serie de trinos que el izquierdista MAS –que recuperó el poder en las pasadas elecciones de octubre bajo el liderazgo de Luis Arce– “ha decidido volver a los estilos de la dictadura”.
La política conservadora está siendo trasladada bajo un fuerte dispositivo de seguridad desde la ciudad de Trinidad, donde se llevó a cabo su detención, hacia la sede de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en la ciudad de La Paz, donde está previsto que llegue sobre las tres de la tarde, hora local.
«El día de hoy hemos efectuado como mandan las leyes y la Constitución, la orden de aprehensión en un proceso que ha seguido todo su curso y serán las autoridades judiciales las que continúen la investigación y determinen la situación de las personas detenidas», dijo Del Castillo en una rueda de prensa, señalando que los arrestos corresponden al «proceso que se inició en diciembre de 2020 por el caso del golpe de Estado».
El viernes también se llevó a cabo la detención de Álvaro Rodrigo Guzmán Collao, exministro interino de Energías, y la de Álvaro Eduardo Coímbra Cornejo, antiguo titular transitorio de Justicia. Además, la Fiscalía boliviana también emitió órdenes de aprehensión contra el exjefe de Policía Yuri Calderón y el excomandante de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman, acusados de “terrorismo, sedición y conspiración” por lo que muchos denominaron un golpe de Estado, en noviembre de 2019.
Áñez: «no fue un golpe de Estado, fue una sucesión constitucional»
Áñez llegó al poder a finales de 2019, después de que se produjera una violenta salida anticipada de Evo Morales, quien fue acusado por la oposición de haber cometido fraude en los comicios de ese año. Tras su salida, forzada por los militares, el mandatario se exilió en México y después en Argentina.
Antes de su detención, la expresidenta interina reiteró que “no fue un golpe de Estado, fue una sucesión constitucional por fraude electoral”, sobre la abrupta salida del poder del izquierdista Morales luego de 14 años en el poder.
Sin embargo, el partido MAS de Morales regresó al poder en las elecciones de octubre pasado. Su candidato, el exministro de Economía Luis Arce, ganó holgadamente las elecciones y se convirtió en el nuevo presidente, lo que hizo posible el regreso de Morales al país.
Evo Morales se postuló en 2019 para un cuarto mandato en medio de un amplio rechazo de la población a que volviera a asumir la Presidencia del país. Los comicios se vieron salpicados de múltiples acusaciones de fraude y su victoria produjo un fuerte estallido social que chocó con partidarios del dirigente indígena.
La Fiscalía boliviana también emitió órdenes de captura para dos antiguos militares, acusados por el actual Gobierno de estar involucrados en el golpe contra Morales. Se trata del antiguo jefe de policía, Yuri Calderón, y el antiguo comandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, por denuncias de terrorismo, sedición y conspiración.
Áñez no será juzgada por la Justicia ordinaria
El caso de Jeanine Añez será tratado de manera especial de acuerdo a lo que estipula la ley del país para expresidentes. Este proceso se adelantará como un juicio de responsabilidades, por lo que no será llevado a la Justicia ordinaria.
Cuando la exmandataria asumió la Presidencia, el Tribunal Constitucional avaló el procedimiento, tras el vacío de poder que se produjo en la nación andina a causa de las renuncias de los principales cargos del Ejecutivo y el Legislativo.
Junto a la renuncia de Morales se produjo también la del entonces vicepresidente Álvaro García Linera, la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, el presidente de la Cámara de Diputados, Victor Borda, y la del primer vicepresidente del Senado, Rubén Medinaceli. Áñez asumió como segunda vicepresidenta del Senado y tras no encontrar quórum para asumir la Presidencia, determinó que la Constitución se lo otorgaba y que por lo tanto debía asumir el cargo.
La oposición boliviana rechaza las órdenes de captura
Tras conocerse las órdenes de detención, varios sectores de la oposición denunciaron “persecución”. Algunos líderes opositores salieron en defensa de los exfuncionarios y tildaron de «tirano» al Gobierno del presidente Luis Arce y al MAS, por considerar que crean leyes para dar «impunidad» a sus militantes.
Por su parte, el partido de Áñez, Comunidad Ciudadana, emitió el viernes un comunicado denunciando un “proceso brutal y arbitrario de persecución política” y aseguró que se trata de un “atentado contra la libertad” y de una “ofensa a los millones de bolivianas y bolivianos que lucharon por la democracia”.
El director ejecutivo para las Américas de la organización internacional Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, también reaccionó a la noticia. El abogado señaló en Twitter que las órdenes de captura de los miembros del antiguo gabinete no contienen evidencia de que los acusados hubieran cometido «terrorismo».
Vivanco también señaló que el mismo «recurso» (terrorismo) fue utilizado en 2019 en la orden de captura de Evo Morales, que tampoco aportó prueba alguna, por lo que la entidad pidió entonces que retiraran los cargos en contra del exmandatario. La ONG pidió que a las órdenes de la Fiscalía emitidas este viernes las acompañe una investigación «seria e independiente».
El accidente ocurrió en el complejo comercial Real Plaza de Trujillo, la tercera ciudad del país ubicada unos 500 km al norte de la capital Lima.
Según medios locales, en el momento del accidente había decenas de familias en el patio de comidas del recinto, donde todavía pueden quedar personas atrapadas bajo los escombros.
«Hasta el momento tenemos tres fallecidos, dos caballeros y una dama», dijo el comandante Gelqui Gómez, inspector departamental del Cuerpo de Bomberos en declaraciones al canal América TV desde el lugar.
El ministerio del Interior también señaló a través de un mensaje en la red X que «hay tres fallecidos».
La cifra de heridos se incrementó a 74, según el Aníbal Morillo, gerente de Salud del gobierno regional de La Libertad, cuya capital es Trujillo.
«Son 74 heridos que hemos evacuados a las hospitales y clínicas, dentro de los cuales 10 son niños. Hay 11 heridos graves», dijo a la radio RPP Morillo.
En un primer reporte el Ministerio de Salud había cifrado en 20 los heridos.
Más de un centenar de bomberos y policías se encuentran en el centro comercial removiendo escombros en busca de supervivientes, según imágenes difundidas por las televisoras.
Varias ambulancias llegaron al lugar y salieron hacia los centros hospitalarios con los lesionados.
«¡Solo estoy aquí, ayuda!», gritaba una persona atrapada según imágenes en Facebook.
«Hay un niño que está atrapado» bajo las estructuras metálicas del techo, agregó Morillo citado por el canal de televisión Panamericana.
Según el Centro de Operaciones de Emergencia regional, la caída del techo ocurrió aproximadamente a las 20H41 (01H41 GMT del sábado), pero fue reportada solo hasta media hora después.
El ministro del Interior, Juan José Santiváñez,estimó que el área del techo colapsada era de «entre 700 a 800 metros cuadrados».
«Necesitamos grúas hidráulicas para poder levantar parte del techo que aún no se ha podido retirar por lo pesado que es y poder continuar con las labores de rescate de las personas que estarían atrapadas», declaró el ministro al canal N de televisión
Mientras tanto, la Fiscalía de Trujillo inició diligencias contra los que resulten responsables del presunto delito contra la vida.
«El papa Francisco descansó bien», afirmó la Santa Sede en un escueto comunicado el sábado por la mañana. Aún así, no está «fuera de peligro» y permanecerá ingresado «al menos toda la próxima semana», indicaron sus médicos el viernes.
El pontífice no pronunciará la tradicional oración del Ángelus el domingo, pero si enviará un texto que será publicado, al igual que la semana pasada, declaró el sábado Matteo Bruni, portavoz del Vaticano.
Francisco ingresó en el hospital Gemelli de Roma por una bronquitis el 14 de febrero y este martes la Santa Sede anunció que padecía una neumonía bilateral, una infección del tejido pulmonar potencialmente mortal.
La hospitalización del jefe de la Iglesia católica ha atizado las conjeturas sobre su futuro, aunque los médicos aseguraron el viernes que se ha podido parar y no está conectado a ninguna máquina.
En los últimos días el papa ha recibido en el hospital a sus colaboradores más cercanos, lee, firma documentos y hace llamadas telefónicas.
A inicios de semana recibió la visita de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien afirmó que lo vio «alerta», «receptivo» y que incluso «bromearon».
Los cardenales se mostraron positivos asegurando que iba «por el buen camino».
«Noticias alentadoras»
Esta hospitalización, la cuarta desde 2021, reavivó la preocupación por la salud del líder de la Iglesia católica, ya debilitado por una serie de problemas en los últimos años, desde operaciones de colon y del abdomen hasta dificultades para andar.
La inquietud sobre la salud del papa fue en aumento tras la difusión de falsas informaciones en las redes sociales, sobre todo en X, que reportaban la muerte del papa en varios idiomas.
«Sé que algunos por ahí dicen que ha llegado mi hora, ¡siempre me traen mala suerte!», le dijo Francisco, según la prensa italiana, a Giorgia Meloni durante su visita.
La hospitalización de Jorge Bergoglio, líder espiritual de 1.300 millones de católicos y jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano, avivó las especulaciones sobre su capacidad para continuar en el cargo, pese a que el derecho canónico no prevé ninguna disposición en caso de problema grave que alterase su lucidez.
También reavivan las especulaciones sobre una posible renuncia del papa, alimentadas por los opositores a Francisco, sobre todo en los círculos conservadores.
«Tengo la impresión de que se trata de especulaciones inútiles», comentó el sábado el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado y número dos del Vaticano, en una entrevista con el diario italiano Corriere della Sera.
«Gracias a Dios, las noticias que llegan de Gemelli son alentadoras, se está recuperando», añadió.
A pesar de los reiterados problemas de salud de los últimos años, el papa Francisco, conocido por su fuerza de carácter, ha mantenido una cargada agenda, aunque sus médicos insisten en que tendría que frenar un poco sus actividades.
Ortega elogió la «lealtad» del general Avilés, en un acto militar en Managua también presidido por su poderosa esposa Rosario Murillo, y al que asistieron delegados de países aliados como Cuba, Venezuela, Rusia y Honduras.
Investigaciones de medios de comunicación nicaragüenses como Confidencial, que trabajan desde el exilio en Costa Rica, señalan que Ortega ha aumentado los millonarios negocios de los militares para «comprar su fidelidad».
Ortega, exguerrillero de 79 años que gobernó Nicaragua en la década de 1980 tras el triunfo de la revolución sandinista, está en el poder desde 2007 y sus críticos lo acusan de instaurar una «dictadura familiar», junto a su esposa, de 73 años.
El fallecido hermano del presidente, el general Humberto Ortega, exjefe del Ejército, había asegurado en una entrevista con el portal de noticias argentino Infobae que los militares serán fundamentales en una transición o sucesión cuando muera Daniel Ortega.
El presidente rompió con Avilés, un exguerrillero de 68 años, el tradicional relevo militar de cada cinco años, y a fines de noviembre pasado el Congreso, controlado por el gobierno, amplió a seis años el mandato del jefe del Ejército y la Policía Nacional, también fiel.
Esa modificación se dio como parte de una vasta reforma constitucional que según la oposición prepara el camino para la sucesión del poder de Ortega a Murillo o a alguno de sus hijos.
La nueva Constitución creó el cargo de «copresidenta» para Murillo y dio a ella y a Ortega un poder absoluto con el control de todos los órganos del Estado, amplió el mandato de gobierno de cinco a seis años y estableció la vigilancia de la prensa y la Iglesia.
También creó la «Policía Voluntaria», integrada por civiles encapuchados en apoyo a las fuerzas de seguridad, lo que hace referencia a los paramilitares de rostro oculto que reprimieron las protestas contra Ortega de 2018, con saldo de unos 300 muertos según la ONU.
Avilés, quien realizó estudios militares en Cuba, fue sancionado en 2020 por Washington señalado de corrupción, y es acusado por organismos de derechos humanos de tolerar y ayudar, de forma encubierta, a policías y paramilitares a atacar a los manifestantes en 2018.
