Internacionales
Detienen a la expresidenta Jeanine Áñez por “sedición y terrorismo”
La expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, fue detenida en la madrugada del sábado, poco después de que la Fiscalía boliviana emitiera un pedido de captura contra la política conservadora y cinco de sus exministros por supuestos delitos de “sedición y terrorismo” durante la crisis política en 2019, que llevó a la renuncia y salida del país del exmandatario Evo Morales.
“Informo al pueblo boliviano que la señora Jeanine Áñez ya fue aprehendida y en este momento se encuentra en manos de la Policía”, anunció en su cuenta de Twitter el ministro de Gobierno Carlos Eduardo del Castillo, felicitando al cuerpo de seguridad nacional por la “gran e histórica tarea de dar justicia al pueblo boliviano”.
Por su parte, la exmandataria denunció, también en Twitter, que su detención es “un acto de abuso y persecución política” por parte del Gobierno del MAS –el partido de Morales– que la “ha mandado arrestar”. El viernes, cuando saltó la noticia de la orden de arresto, Áñez denunció en una serie de trinos que el izquierdista MAS –que recuperó el poder en las pasadas elecciones de octubre bajo el liderazgo de Luis Arce– “ha decidido volver a los estilos de la dictadura”.
La política conservadora está siendo trasladada bajo un fuerte dispositivo de seguridad desde la ciudad de Trinidad, donde se llevó a cabo su detención, hacia la sede de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en la ciudad de La Paz, donde está previsto que llegue sobre las tres de la tarde, hora local.
«El día de hoy hemos efectuado como mandan las leyes y la Constitución, la orden de aprehensión en un proceso que ha seguido todo su curso y serán las autoridades judiciales las que continúen la investigación y determinen la situación de las personas detenidas», dijo Del Castillo en una rueda de prensa, señalando que los arrestos corresponden al «proceso que se inició en diciembre de 2020 por el caso del golpe de Estado».
El viernes también se llevó a cabo la detención de Álvaro Rodrigo Guzmán Collao, exministro interino de Energías, y la de Álvaro Eduardo Coímbra Cornejo, antiguo titular transitorio de Justicia. Además, la Fiscalía boliviana también emitió órdenes de aprehensión contra el exjefe de Policía Yuri Calderón y el excomandante de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman, acusados de “terrorismo, sedición y conspiración” por lo que muchos denominaron un golpe de Estado, en noviembre de 2019.
Áñez: «no fue un golpe de Estado, fue una sucesión constitucional»
Áñez llegó al poder a finales de 2019, después de que se produjera una violenta salida anticipada de Evo Morales, quien fue acusado por la oposición de haber cometido fraude en los comicios de ese año. Tras su salida, forzada por los militares, el mandatario se exilió en México y después en Argentina.
Antes de su detención, la expresidenta interina reiteró que “no fue un golpe de Estado, fue una sucesión constitucional por fraude electoral”, sobre la abrupta salida del poder del izquierdista Morales luego de 14 años en el poder.
Sin embargo, el partido MAS de Morales regresó al poder en las elecciones de octubre pasado. Su candidato, el exministro de Economía Luis Arce, ganó holgadamente las elecciones y se convirtió en el nuevo presidente, lo que hizo posible el regreso de Morales al país.
Evo Morales se postuló en 2019 para un cuarto mandato en medio de un amplio rechazo de la población a que volviera a asumir la Presidencia del país. Los comicios se vieron salpicados de múltiples acusaciones de fraude y su victoria produjo un fuerte estallido social que chocó con partidarios del dirigente indígena.
La Fiscalía boliviana también emitió órdenes de captura para dos antiguos militares, acusados por el actual Gobierno de estar involucrados en el golpe contra Morales. Se trata del antiguo jefe de policía, Yuri Calderón, y el antiguo comandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, por denuncias de terrorismo, sedición y conspiración.
Áñez no será juzgada por la Justicia ordinaria
El caso de Jeanine Añez será tratado de manera especial de acuerdo a lo que estipula la ley del país para expresidentes. Este proceso se adelantará como un juicio de responsabilidades, por lo que no será llevado a la Justicia ordinaria.
Cuando la exmandataria asumió la Presidencia, el Tribunal Constitucional avaló el procedimiento, tras el vacío de poder que se produjo en la nación andina a causa de las renuncias de los principales cargos del Ejecutivo y el Legislativo.
Junto a la renuncia de Morales se produjo también la del entonces vicepresidente Álvaro García Linera, la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, el presidente de la Cámara de Diputados, Victor Borda, y la del primer vicepresidente del Senado, Rubén Medinaceli. Áñez asumió como segunda vicepresidenta del Senado y tras no encontrar quórum para asumir la Presidencia, determinó que la Constitución se lo otorgaba y que por lo tanto debía asumir el cargo.
La oposición boliviana rechaza las órdenes de captura
Tras conocerse las órdenes de detención, varios sectores de la oposición denunciaron “persecución”. Algunos líderes opositores salieron en defensa de los exfuncionarios y tildaron de «tirano» al Gobierno del presidente Luis Arce y al MAS, por considerar que crean leyes para dar «impunidad» a sus militantes.
Por su parte, el partido de Áñez, Comunidad Ciudadana, emitió el viernes un comunicado denunciando un “proceso brutal y arbitrario de persecución política” y aseguró que se trata de un “atentado contra la libertad” y de una “ofensa a los millones de bolivianas y bolivianos que lucharon por la democracia”.
El director ejecutivo para las Américas de la organización internacional Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, también reaccionó a la noticia. El abogado señaló en Twitter que las órdenes de captura de los miembros del antiguo gabinete no contienen evidencia de que los acusados hubieran cometido «terrorismo».
Vivanco también señaló que el mismo «recurso» (terrorismo) fue utilizado en 2019 en la orden de captura de Evo Morales, que tampoco aportó prueba alguna, por lo que la entidad pidió entonces que retiraran los cargos en contra del exmandatario. La ONG pidió que a las órdenes de la Fiscalía emitidas este viernes las acompañe una investigación «seria e independiente».
Se espera que esta cita prepare también el terreno para la visita del presidente estadounidense Donald Trump a Pekín, prevista entre el 31 de marzo y el 2 de abril.
La delegación estadounidense está encabezada por el secretario del Tesoro Scott Bessent y la china por el vice primer ministro He Lifeng.
Según la cadena estatal china CCTV, el diálogo se celebra en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en París.
Estas reuniones diplomáticas se producen en un momento convulso para la economía mundial, con los mercados energéticos sacudidos por el impacto de la ofensiva israeloestadounidense contra Irán, que se ha extendido por toda la región.
Pekín es un socio cercano de Teherán y condenó la muerte del antiguo líder supremo de Irán Alí Jamenei el primer día de la guerra, pero también criticó los ataques iraníes contra los Estados del Golfo.
Durante gran parte de 2025, China y Estados Unidos libraron una dura guerra comercial, con aranceles recíprocos que alcanzaron niveles de tres dígitos y restricciones a la exportación que amenazaban con colapsar las cadenas de suministro mundiales de minerales esenciales.
Las tensiones se calmaron tras el encuentro en octubre entre Trump y su par chino, Xi Jinping, en la ciudad surcoreana de Busan.
No obstante, las nuevas investigaciones estadounidenses sobre la sobreproducción industrial china y el trabajo forzoso, anunciadas el miércoles, amenazan con aumentar la inestabilidad.
El Ministerio de Comercio chino afirmó el viernes en un comunicado que las delegaciones en París «llevarán a cabo consultas sobre cuestiones económicas y comerciales de interés mutuo», sin dar más detalles.
Bessent, quien estará acompañado por el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, afirmó el jueves que el «diálogo económico» entre ambos países «está avanzando».
Casi 49 millones de personas están llamadas a las urnas. Los resultados se conocerán a partir de las 19H00 GMT, cuando cierren los últimos colegios, y se sabrá qué localidades irán a la segunda vuelta el 22 de marzo.
Aunque estos comicios suelen seguir lógicas locales, con listas no partidarias en la mayoría de las 35.000 localidades francesas, el escrutinio permitirá medir el peso de los partidos antes de la elección presidencial de 2027.
«La Unión Europea seguirá estos comicios para medir en qué punto está Francia a un año de unas elecciones cruciales para el futuro de Europa», explica a AFP Marta Lorimer, profesora en la Universidad de Cardiff.
La extrema derecha lidera los sondeos de la próxima presidencial, ya sea con su líder Marine Le Pen –pendiente de una sentencia judicial para poder presentarse– o con su delfín Jordan Bardella.
El mandatario centroderechista Emmanuel Macron ya no podrá ser candidato.
«Si Marsella o Niza ceden a los cantos de sirena de la extrema derecha, sería un sismo nacional. Como una derrota de la izquierda tras 25 años de dominio en París», resumía el sábado el editorial del diario de izquierdas Libération.
Batalla por París
Casi un 20% de electores habían votado hasta el mediodía (11H00 GMT), un punto más que en 2020 cuando la primera vuelta de las municipales se celebró en plena pandemia de coronavius, anunció el ministerio del Interior.
Clarisse Bremaud, una productora de exposiciones de 26 años, estaba entre los votantes que entraban y salían con cuentagotas de un colegio electoral en el centro de París.
«Para mí es importante participar en todas las elecciones», declaró a AFP. «Siento que es aún más crucial hoy con lo que está pasando en Francia, especialmente con la evolución de la política en Francia y en el mundo».
La campaña electoral ha estado marcada por la tensión tras la muerte en febrero de un activista ultraderechista a manos de un grupo antifascista en Lyon y por la nueva guerra en Oriente Medio.
En París, en manos de la izquierda desde 2001, el diputado socialista Emmanuel Grégoire espera suceder a la actual regidora, Anne Hidalgo, que renunció a optar a un tercer mandato, con un programa continuista junto a ecologistas y comunistas.
Grégoire lidera los sondeos, que no descartan tampoco una victoria de su principal rival, la exministra conservadora Rachida Dati, que ha hecho de la alternancia y de las críticas sobre la inseguridad y la suciedad en París sus caballos de batalla.
Alianzas clave
En París, otros tres candidatos podrían superar el umbral del 10% de votos y acceder a la segunda vuelta, por lo que las posibles alianzas entre las dos vueltas serán claves para alcanzar la alcaldía.
La misma situación se vive en las principales ciudades de Francia.
Los ecologistas se juegan las alcaldías ganadas en 2020 durante la «ola verde», como Lyon o Estrasburgo, mientras que la extrema derecha podría gobernar nuevas ciudades, como Marsella, Tolón y Niza, junto a sus aliados.
Un buen resultado reforzaría al partido de Le Pen de cara a 2027. Las legislativas anticipadas de 2024, que provocaron una profunda crisis política en Francia, ya lo confirmaron como uno de los tres bloques políticos, junto a la izquierda y la centroderecha.
Las discusiones y eventuales alianzas durante la segunda vuelta ofrecerán «un adelanto de lo que veremos el próximo año», afirmó Mujtaba Rahman, director para Europa de la consultora Eurasia Group, en referencia a la presidencial.
En la izquierda, repetir las alianzas de las legislativas de 2022 y 2024 con el partido de izquierda radical La Francia Insumisa (LFI) parece difícil por las polémicas sobre el presunto antisemitismo de su líder, Jean-Luc Mélenchon.
Las municipales podrían acabar o reafirmar las ambiciones presidenciales del ex primer ministro de Macron, Édouard Philippe, quien fió su candidatura a su reelección en la localidad portuaria de El Havre.
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El chileno Zepeda, a juicio de nuevo en Francia por el asesinato de su exnovia japonesa
El tribunal de apelación de Vesoul confirmó en 2023 la pena impuesta en 2022 a Zepeda por asesinato premeditado, pero la Corte de Casación francesa ordenó el año pasado un nuevo juicio por irregularidades.
El tribunal de Lyon, en el este de Francia, deberá determinar de nuevo si el chileno es el responsable de la desaparición en diciembre de 2016 de la joven japonesa de 21 años en Besanzón, donde estudiaba francés.
«Yo no maté a Narumi», reiteró Zepeda durante el juicio en apelación en Vesoul. Desde su extradición desde Chile a mediados de 2020, el hombre, de 35 años, se encuentra en prisión preventiva en Francia.
Para la acusación, Zepeda habría cruzado el Atlántico a finales de 2016 dos meses después de romper con la joven, sin avisarla, con el objetivo de reconquistarla o, en caso contrario, matarla.
Tras espiarla durante varios días en la residencia universitaria Rousseau de Besanzón, el 4 de diciembre de 2016 coincidió con ella y fueron a cenar juntos. A continuación, la habría matado de madrugada en su habitación.
Los «gritos de mujer» que estudiantes escucharon son la «prueba central» de que murió, defendió en 2023 el entonces fiscal, Étienne Manteaux. Un día después, se habría desecho del cuerpo en una zona boscosa cercana o en el río Doubs.
Posteriormente, habría pirateado sus cuentas en redes sociales para hacer creer que la joven, a quien conoció en Japón en 2014, seguía viva, mientras él ganaba tiempo para regresar a Chile.
Densidad de indicios
Pese a no haberse hallado nunca el cadáver, la acusación se basa en la densidad de indicios que corroborarían que se trata de un crimen premeditado: testimonios, datos de telefonía, geolocalización del auto que alquiló, etc.
Los investigadores descartaron una fuga: la cartera de Narumi, 565 euros, dos tarjetas bancarias, su abrigo, sus zapatos, su celular y su pase de transporte estaban en su habitación, donde se apreciaban rastros de una limpieza reciente.
Zepeda compró el 1 de diciembre un bidón de 5 litros de un producto inflamable, cerillas, un pulverizador de detergente con lejía, y la geolocalización apunta a que permaneció en la habitación más de 24 horas.
Cinco días después, desde un centro comercial donde el chileno se encontraba, se compró un billete de tren Besanzón-Lyon a nombre de Narumi, un trayecto que la japonesa nunca tomó, según pasajeros a bordo.
Y, antes de regresar a Chile desde la ciudad española de Barcelona, Zepeda habría preguntado sobre «la muerte por asfixia» y cómo saber si una persona está «viva o muerta» tras un ahorcamiento.
La defensa alegó que, en ausencia de cuerpo y de pruebas materiales, debía ser absuelto por el beneficio de la duda. En Lyon, «estaremos decididos a lograr que se reconozca su inocencia», reiteró su abogado, Sylvain Cormier.
«Como padre, lo único que pido es que lleguemos a la verdad», aseguró a AFP Humberto Zepeda, quien cree en la inocencia de su hijo y espera un juicio «justo, que no tenga irregularidades».
La Corte de Casación anuló el anterior porque uno de los investigadores usó una presentación Powerpoint durante su declaración, que no había comunicado previamente a la defensa, y realizó nuevos actos de investigación.
El nuevo juicio de este mediático caso a caballo entre tres continentes, que cuenta con jurado popular, terminará el 26 o el 27 de marzo, cuando se conozca la sentencia.
