Internacionales
Detienen a la expresidenta Jeanine Áñez por “sedición y terrorismo”
La expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, fue detenida en la madrugada del sábado, poco después de que la Fiscalía boliviana emitiera un pedido de captura contra la política conservadora y cinco de sus exministros por supuestos delitos de “sedición y terrorismo” durante la crisis política en 2019, que llevó a la renuncia y salida del país del exmandatario Evo Morales.
“Informo al pueblo boliviano que la señora Jeanine Áñez ya fue aprehendida y en este momento se encuentra en manos de la Policía”, anunció en su cuenta de Twitter el ministro de Gobierno Carlos Eduardo del Castillo, felicitando al cuerpo de seguridad nacional por la “gran e histórica tarea de dar justicia al pueblo boliviano”.
Por su parte, la exmandataria denunció, también en Twitter, que su detención es “un acto de abuso y persecución política” por parte del Gobierno del MAS –el partido de Morales– que la “ha mandado arrestar”. El viernes, cuando saltó la noticia de la orden de arresto, Áñez denunció en una serie de trinos que el izquierdista MAS –que recuperó el poder en las pasadas elecciones de octubre bajo el liderazgo de Luis Arce– “ha decidido volver a los estilos de la dictadura”.
La política conservadora está siendo trasladada bajo un fuerte dispositivo de seguridad desde la ciudad de Trinidad, donde se llevó a cabo su detención, hacia la sede de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en la ciudad de La Paz, donde está previsto que llegue sobre las tres de la tarde, hora local.
«El día de hoy hemos efectuado como mandan las leyes y la Constitución, la orden de aprehensión en un proceso que ha seguido todo su curso y serán las autoridades judiciales las que continúen la investigación y determinen la situación de las personas detenidas», dijo Del Castillo en una rueda de prensa, señalando que los arrestos corresponden al «proceso que se inició en diciembre de 2020 por el caso del golpe de Estado».
El viernes también se llevó a cabo la detención de Álvaro Rodrigo Guzmán Collao, exministro interino de Energías, y la de Álvaro Eduardo Coímbra Cornejo, antiguo titular transitorio de Justicia. Además, la Fiscalía boliviana también emitió órdenes de aprehensión contra el exjefe de Policía Yuri Calderón y el excomandante de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman, acusados de “terrorismo, sedición y conspiración” por lo que muchos denominaron un golpe de Estado, en noviembre de 2019.
Áñez: «no fue un golpe de Estado, fue una sucesión constitucional»
Áñez llegó al poder a finales de 2019, después de que se produjera una violenta salida anticipada de Evo Morales, quien fue acusado por la oposición de haber cometido fraude en los comicios de ese año. Tras su salida, forzada por los militares, el mandatario se exilió en México y después en Argentina.
Antes de su detención, la expresidenta interina reiteró que “no fue un golpe de Estado, fue una sucesión constitucional por fraude electoral”, sobre la abrupta salida del poder del izquierdista Morales luego de 14 años en el poder.
Sin embargo, el partido MAS de Morales regresó al poder en las elecciones de octubre pasado. Su candidato, el exministro de Economía Luis Arce, ganó holgadamente las elecciones y se convirtió en el nuevo presidente, lo que hizo posible el regreso de Morales al país.
Evo Morales se postuló en 2019 para un cuarto mandato en medio de un amplio rechazo de la población a que volviera a asumir la Presidencia del país. Los comicios se vieron salpicados de múltiples acusaciones de fraude y su victoria produjo un fuerte estallido social que chocó con partidarios del dirigente indígena.
La Fiscalía boliviana también emitió órdenes de captura para dos antiguos militares, acusados por el actual Gobierno de estar involucrados en el golpe contra Morales. Se trata del antiguo jefe de policía, Yuri Calderón, y el antiguo comandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, por denuncias de terrorismo, sedición y conspiración.
Áñez no será juzgada por la Justicia ordinaria
El caso de Jeanine Añez será tratado de manera especial de acuerdo a lo que estipula la ley del país para expresidentes. Este proceso se adelantará como un juicio de responsabilidades, por lo que no será llevado a la Justicia ordinaria.
Cuando la exmandataria asumió la Presidencia, el Tribunal Constitucional avaló el procedimiento, tras el vacío de poder que se produjo en la nación andina a causa de las renuncias de los principales cargos del Ejecutivo y el Legislativo.
Junto a la renuncia de Morales se produjo también la del entonces vicepresidente Álvaro García Linera, la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, el presidente de la Cámara de Diputados, Victor Borda, y la del primer vicepresidente del Senado, Rubén Medinaceli. Áñez asumió como segunda vicepresidenta del Senado y tras no encontrar quórum para asumir la Presidencia, determinó que la Constitución se lo otorgaba y que por lo tanto debía asumir el cargo.
La oposición boliviana rechaza las órdenes de captura
Tras conocerse las órdenes de detención, varios sectores de la oposición denunciaron “persecución”. Algunos líderes opositores salieron en defensa de los exfuncionarios y tildaron de «tirano» al Gobierno del presidente Luis Arce y al MAS, por considerar que crean leyes para dar «impunidad» a sus militantes.
Por su parte, el partido de Áñez, Comunidad Ciudadana, emitió el viernes un comunicado denunciando un “proceso brutal y arbitrario de persecución política” y aseguró que se trata de un “atentado contra la libertad” y de una “ofensa a los millones de bolivianas y bolivianos que lucharon por la democracia”.
El director ejecutivo para las Américas de la organización internacional Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, también reaccionó a la noticia. El abogado señaló en Twitter que las órdenes de captura de los miembros del antiguo gabinete no contienen evidencia de que los acusados hubieran cometido «terrorismo».
Vivanco también señaló que el mismo «recurso» (terrorismo) fue utilizado en 2019 en la orden de captura de Evo Morales, que tampoco aportó prueba alguna, por lo que la entidad pidió entonces que retiraran los cargos en contra del exmandatario. La ONG pidió que a las órdenes de la Fiscalía emitidas este viernes las acompañe una investigación «seria e independiente».
Horas antes de que venza su ultimátum, el presidente estadounidense Donald Trump advirtió que «una civilización entera morirá» si este martes no se alcanza un acuerdo con Irán, el cual denunció ataques a sus infraestructuras, como dos puentes y una autopista.
«Una civilización entera morirá esta noche, para no volver jamás. No quiero que suceda, pero probablemente ocurrirá», escribió Trump en su plataforma Truth Social.
No dio detalles, pero ya había dicho que su ejército podría bombardear puentes, centrales eléctricas y otras infraestructuras civiles iraníes hasta devolver a la república islámica a la «edad de piedra».
Trump ha fijado como plazo la medianoche GMT del martes para que Irán ponga fin al cierre de facto del estrecho de Ormuz, una estrecha vía navegable utilizada para transportar petróleo y otras materias primas.
El lunes, afirmó que la propuesta de alto el fuego temporal que circula es insuficiente.
Irán rechaza la presión de Washington.
Según los medios estatales, las autoridades no quieren un simple alto el fuego, sino el fin de la guerra desatada el 28 de febrero con una ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos contra su territorio.
Lejos de darse por vencidos, los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico iraní, ha amenazado con llevar a cabo acciones contra infraestructuras que «privarán a Estados Unidos y a sus aliados del petróleo y el gas de la región durante años».
«Más allá de la región»
«Si el ejército terrorista estadounidense cruza las líneas rojas, nuestra respuesta se extenderá más allá de la región», añadió.
En Truth Social, Trump dejó la puerta abierta a un acuerdo de última hora.
«Ahora que tenemos un cambio de régimen completo y total, en el que prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, quizá pueda suceder algo revolucionariamente maravilloso ¿QUIÉN SABE? Lo descubriremos esta noche», escribió usando mayúsculas como suele hacer.
De visita en Budapest, su vicepresidente, JD Vance, previó intensas negociaciones en las próximas horas pero advirtió que Washington tiene «herramientas» que por el momento no ha usado.
En este 39º día de guerra, hubo bombardeos en la provincia de Alboz (norte), según medios locales. Dieciocho personas murieron en una zona residencial, entre ellas dos niños.
Dos puentes también fueron alcanzados al sur de Teherán, uno de ellos en Kashan, donde dos personas murieron, y otro cerca de Qom.
Las autoridades cerraron una importante autopista que conecta Tabriz (norte) con la capital tras un ataque, según la prensa iraní.
Además los trenes hacia y desde la segunda ciudad de Irán, Mashhad, fueron cancelados después de que Israel desaconsejara a los habitantes usar este medio de transporte hasta las 17H30 GMT.
Se llevaron a cabo ataques asimismo contra la isla de Jarg en el Golfo, punto neurálgico de la industria petrolera iraní, según la agencia Mehr y un periodista del sitio de información estadounidense Axios.
En un comunicado, el ejército israelí afirmó haber llevado a cabo «una ola de ataques a gran escala contra decenas de sitios de infraestructuras» en varias zonas de Irán. No especificó cuáles ni dónde.
«Estoy aterrorizada»
Los iraníes oscilan entre el miedo y la indiferencia.
«Estoy aterrorizada, y todo el mundo en este país debería estarlo también», dijo a la AFP Metanat, una estudiante de 27 años que afirma haber perdido a una compañera de clase en un ataque.
«Algunos se burlan de Trump y de sus amenazas», pero «esto es una guerra y no tiene nada de gracioso», asegura.
Morteza Hamidi, un jubilado de 62 años, resta importancia al nuevo ultimátum.
«Ha cambiado las fechas tantas veces que ya somos insensibles a sus amenazas», afirma.
En la región, los llamados a encontrar una salida diplomática se multiplican.
Según Axios, algunos países mediadores han propuesto la idea de un alto el fuego de 45 días.
Según la agencia de noticias iraní Irna, Teherán exige «el fin de los conflictos en la región, un protocolo para el paso seguro a través del estrecho de Ormuz», así como «la reconstrucción y el levantamiento de las sanciones».
Dos millones por barco
Irán estaría dispuesto a levantar el bloqueo del estrecho de Ormuz, imponiendo un derecho de paso de 2 millones de dólares por barco, que compartiría con el sultanato de Omán, situado al otro lado de la vía marítima, escribió el New York Times.
Utilizaría estos ingresos para reconstruir las infraestructuras destruidas por los ataques israelo-estadounidenses, en lugar de reclamar compensaciones directas.
Sina Toossi, del Centro para la Política Internacional en Washington, estima que Irán «no cederá en sus intereses vitales, sobre todo en su control del estrecho de Ormuz, cueste lo que cueste».
Por de pronto la república islámica sigue atacando a diario a los países del Golfo, a los que acusa de ayudar a Estados Unidos.
En las últimas horas fue alcanzado el gigantesco complejo petroquímico de Jubail, en el este de Arabia Saudita, indicó a la AFP un testigo.
«Si la escalada no se contiene, acabaremos en una situación que ya no se podrá controlar. Y estamos muy cerca de ese punto», advirtió el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores catarí, Majed al Ansari.
El pasado domingo, un tramo del km 48 de la carretera CA-4 en Quimistán, Santa Bárbara, Honduras (zona cuesta de Los Limones, La Ceibita) se registró un fatal accidente de tránsito. Una rastra que movilizaba cianuro granulado en estado sólido impactó contra un microbús tipo coaster, el cual transportaba a hondureños que regresaban de una excursión en Guatemala, con motivo de las vacaciones de Semana Santa, informaron medios locales.
El microbús volcó. Ocho personas fallecieron y las demás fueron rescatadas de entre los hierros retorcidos del vehículo y fueron trasladadas a centros asistenciales cercanos.
El mismo día por la noche, el Comité Permanente de Contingencias (COPECO) emitió alerta roja indefinida en la zona del percance vial y 800 metros a la redonda del mismo. Esto debido a la peligrosidad de dicho material altamente tóxico para la salud.
Habitantes de comunidades cercanas fueron evacuados, reportó la institución.
Personal de la Empresa Nacional Portuaria, Cuerpo de Bomberos y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) se trasladaron al lugar para realizar aseguramiento y evaluación para proteger a la población.
Se activó una ruta alterna entre San Marcos y Petoa, por tiempo indefinido.
El jefe del poder judicial de Irán instó este martes a los tribunales a acelerar las sentencias relacionadas con la guerra contra Estados Unidos e Israel, incluida la pena capital, mientras que los activistas alertaron de un aumento de las ejecuciones de presuntos presos políticos.
Desde que empezó la guerra el 28 de febrero, Irán ha ahorcado a siete personas en relación con las manifestaciones de enero, seis por pertenecer al grupo opositor Muyahidines del Pueblo de Irán (MEK), una organización opositora prohibida, y a un ciudadano iranosueco acusado de espiar por cuenta de Israel.
Grupos de defensa de los derechos humanos advirtieron que decenas de personas podrían ser ejecutadas por las protestas de enero o como sospechosas de haber ayudado al enemigo durante la actual contienda.
«Es necesario acelerar la emisión de sentencias de pena de muerte y de confiscación de propiedades», dijo Gholam Hosein Mohseni Ejei a funcionarios judiciales de alto rango, en un encuentro retransmitido por televisión.
Recurrir a las leyes existentes contra el espionaje «es necesario para seguir dictando sentencias judiciales contra elementos y agentes del agresor enemigo con mayor rapidez», insistió.
La premio Nobel de la Paz Shirin Ebadi, que vive en el exilio, afirmó en Telegram que, en vez de defender a los iraníes de la amenaza planteada por el presidente estadounidense Donald Trump, la república islámica acelera «las ejecuciones, la represión y la confiscación de las propiedades de la oposición».
Entre los ejecutados por las protestas de enero había dos adolescentes arrestados durante la campaña de represión de las autoridades, que dejó miles de muertos, según organizaciones de derechos humanos, que denunciaron juicios «extremadamente injustos».
«En medio de la actual guerra, que se ejecute a los presos políticos y a los manifestantes a través de procesos precipitados y no transparentes se considera un intento de instigar miedo y de mantener el control de la sociedad», afirmó la organización de defensa de los derechos humanos Abdorrahman Boroumand Center, radicada en Estados Unidos.
Organizaciones como esa acusan a las autoridades iraníes de recurrir a la tortura para obtener confesiones falsas de los detenidos, que son transmitidas después por televisión.
