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Datos oficiales dan como ganador a Luis Arce Catacora en Bolivia después de cinco días de conteo

El candidato del Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Arce Catacora, ganó las elecciones presidenciales de Bolivia en primera vuelta al haber obtenido el 55,1 % de los votos, confirmaron los resultados oficiales.
Después de cinco días de conteo, el Órgano Electoral Plurinacional ratificó los cifras que la madrugada del lunes habían dado a conocer dos sondeos a boca de urna en los que el exministro de Economía superaba del 50 % de los votos, en tanto que su competidor más cercano, Carlos Mesa, finalmente alcanzó el 28,83 %.
La espera de los datos oficiales era un mero trámite, ya que entre el domingo y el lunes la victoria del MAS fue reconocida por la presidenta de facto, Jeanine Áñez, Mesa y la Organización de Estados Americanos (OEA), además de que los presidentes de Argentina, Alberto Fernández; México, Andrés Manuel López Obrador; Chile, Sebastián Piñera; Perú, Martín Vizcarra y el gobierno de Estados Unidos felicitaron tanto a Arce como a su candidato a la Vicepresidencia, David Choquehuanca.
Los comicios pusieron así fin a un año de incertidumbre para los bolivianos que comenzó el 20 de octubre de 2019, cuando se llevaron a cabo las elecciones en que Evo Morales buscó su tercera reelección a pesar de que en un referéndum previo la mayor parte de la ciudadanía había rechazado su nueva postulación.
Las elecciones de 2019
Gracias a un controvertido fallo del Tribunal Constitucional, que lo favoreció, Morales logró registrarse como candidato. Ya había ganado por primera vez la Presidencia en 2005 con el 53,72 % de los votos. En 2009 se reeligió con el 64,22 %, y en 2015 volvió a arrasar con el 63,36 %. A pesar del desgaste de más de 13 años de gobierno, confío en que volvería a obtener el apoyo mayoritario de la sociedad.
Pero lo que estalló fue un conflicto electoral provocado por las suspicacias que despertó una interrupción en el conteo de votos la noche de ese 20 de octubre, y que fue suficiente para que Carlos Mesa, el expresidente y principal rival de Morales, denunciara un fraude.
El entonces presidente se declaró ganador mientras crecían las dudas sobre los resultados. Cinco días más tarde, ya con el 100 % de las casillas escrutadas, el Tribunal Supremo Electoral confirmó el triunfo del presidente: había obtenido el 47,08 % frente al 36,51 % logrado por Mesa.
Morales necesitaba una diferencia de 10 puntos para ganar. Había obtenido 10,57. Era un resultado demasiado justo, insuficiente para darle la legitimidad que necesitaba en medio de las protestas que se expandían por el país y la presión de los opositores internos y externos, encabezados por la Organización de Estados Americanos (OEA), que jugó un papel central en el conflicto.
El golpe de Estado
Acosado por una insurrección policial, bloqueos, protestas masivas y presiones de las Fuerzas Armadas, Morales convocó el 10 de noviembre a nuevas elecciones, tal y como pedía la oposición, pero al mismo tiempo la OEA publicó un informe en el que denunciaba supuestas irregularidades que, meses después, fueron puestas en duda por diferentes informes independientes.
En medio de un imparable clima de violencia política, Morales fue forzado a renunciar ese mismo día. Terminó así un gobierno que había durado 13 años y nueve meses, el periodo de mayor prosperidad económica y combate a la pobreza en la historia de Bolivia.
Gracias a un operativo sin precedentes organizado por México, Morales pudo refugiarse en la Ciudad de México. Ahí permaneció hasta diciembre, cuando tras la toma de posesión de Alberto Fernández en Argentina, pudo viajar a Buenos Aires, donde permanece asilado hasta ahora.
Desde la capital argentina, Morales reagrupó al MAS, en enero impulsó la candidatura presidencial de Arce Catacora, su exministro de Economía, y anunció su propia candidatura al Senado, pero meses después las autoridades electorales de Bolivia lo inhabilitaron porque, al estar viviendo en el extranjero, no cumplía el requisito de tener una residencia mínima de dos años para postularse. El expresidente denunció una proscripción.
El 12 de noviembre, apenas dos días después de que Morales fuera depuesto, la senadora ultraderechista Jeanine Áñez se autoproclamó como presidenta y prometió que sólo permanecería durante unas semanas en el cargo, mientras se realizaban las elecciones en las que aseguró que no se postularía.
Pero incumplió. A principios de año lanzó una candidatura a la que tuvo que renunciar en septiembre debido a la escasa intención de voto que le anticipaban las encuestas. Siempre reiteró que la meta era evitar a toda costa el regreso del MAS al poder. Por eso trató de evitar a toda costa el registro de Arce, sobre todo a través de denuncias judiciales.
Las represiones y persecuciones a militantes del MAS fueron cotidianas durante el gobierno de Áñez, el cual quedará marcado por las masacres registradas en las localidades de Sacaba y Senkata durante los primeros días posteriores a su asunción y en las que fueron asesinadas 36 personas.
La campaña
El 19 de enero, de manera inédita para la historia de Bolivia, Luis Arce fue elegido abanderado presidencial del MAS en un encuentro partidario realizado en Buenos Aires. La fórmula la completó David Choquehuanca como candidato a la Vicepresidencia.
Así, el exministro de Economía y el excanciller de Evo Morales se lanzaron al reto de recuperar la confianza de la ciudadanía en el partido que había gobernado Bolivia casi 14 años.
En principio, el Tribunal Supremo Electoral fijó las nuevas elecciones para el 3 de mayo. La intención era que el país recuperara lo más pronto posible la normalidad democrática, pero la pandemia de coronavirus obligó a postergar la fecha por dos semanas, hasta el 17 de mayo.
A lo largo del año, la dictadura de Áñez y sus aliados en el exterior consolidaron una narrativa que demonizó a Morales y al MAS y que aseguraba que ya no tenía el apoyo mayoritario de la población y que bastaba que la oposición se uniera para que el «voto útil» venciera y eliminara a la izquierda. Esa lectura no tomó en cuenta la sólida base social que el masismo construyó desde la década pasada y que Arce fortaleció a lo largo de la campaña, en sus recorridos por todo el país.
Al intensificarse la crisis sanitaria, los comicios se pospusieron hasta el 6 de septiembre. Mientras tanto, la presidenta de facto trataba de postergarlos lo más posible con la esperanza de que la mayoritaria intención de voto al MAS que predecían las encuestas se desplomara entre más tiempo transcurriera. De todas formas, la interpretación generalizada era que Arce había llegado a un techo de votos que no superaba el 45 % y que lo más probable es que tuviera que enfrentar una segunda vuelta contra Mesa en la que este finalmente ganaría la Presidencia.
A diferencia de sus oponentes, el MAS quería que las elecciones ya se concretaran, por lo que aceptó una nueva fecha, el 18 de octubre, con la condición de que fuera inamovible.
Así ocurrió. Y los resultados superaron las previsiones más optimistas del masismo, que ni siquiera necesitó una segunda vuelta para regresar al poder y que no solo ganó la Presidencia, sino que también obtuvo mayoría en el Parlamento.
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Tormenta tropical Erick podría convertirse en huracán categoría 2 y tocar tierra este miércoles

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) informó que la tormenta tropical Erick se encuentra a 460 kilómetros de Puerto Ángel, en la costa de Oaxaca, con vientos sostenidos de 75 km/h. Se prevé que el fenómeno se intensifique a huracán durante la noche de este martes o la madrugada del miércoles.
Las autoridades alertan sobre fuertes lluvias en los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, instó a la población costera a seguir las recomendaciones de Protección Civil, ante la posibilidad de que Erick alcance la categoría 2 y toque tierra en las próximas horas.
México es un país vulnerable al impacto de ciclones tropicales, que afectan tanto su costa del Pacífico como del Atlántico durante la temporada de huracanes. En octubre de 2023, el huracán Otis golpeó Acapulco con fuerza de categoría 5, dejando al menos 50 muertos y decenas de desaparecidos. Un año después, el huracán John impactó la misma región con categoría 3, provocando al menos 15 fallecidos.
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Fiscalía de Guatemala califica de «nulos» los comicios de 2023 y arresta a funcionaria del TSE

La Fiscalía de Guatemala, dirigida por la fiscal general Consuelo Porras —sancionada por EE. UU. y la Unión Europea por presuntos actos de corrupción y acciones antidemocráticas— volvió a generar polémica tras declarar como “nulos” los resultados de las elecciones presidenciales de 2023, ganadas por el actual mandatario Bernardo Arévalo, y continuar con investigaciones que han sido criticadas por el gobierno y la comunidad internacional.
Este martes, la Fiscalía Especial contra la Impunidad realizó un allanamiento en la oficina de Recursos Humanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), donde detuvo a Angelita Martínez, jefa de archivo y dirigente sindical, según informó el vocero Moisés Ortiz.
Martínez denunció que su arresto es una represalia, asegurando que en el pasado colaboró como testigo protegido en una denuncia de supuesto fraude electoral, pero se retiró por amenazas de muerte. “Me imagino que es represalia porque ya no seguí con las denuncias”, dijo al ser trasladada a los tribunales.
Las diligencias del Ministerio Público se suman a una serie de acciones que han incluido múltiples allanamientos a oficinas del TSE desde 2023. La fiscalía sostiene que hubo irregularidades en el proceso electoral que favoreció a Arévalo, quien ha señalado estas acciones como parte de un intento de “golpe de Estado” para impedir su llegada al poder en enero de 2024.
La Fiscalía Especial es dirigida por Rafael Curruchiche, también sancionado por Washington y Bruselas. Mientras tanto, el presidente Arévalo continúa buscando vías legales para remover a Porras, quien tiene mandato hasta mayo de 2026, aunque la Constitución no le otorga facultades para destituirla directamente.
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Vicesecretario de Estado de EE. UU. califica de exitosa su visita a El Salvador

El vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, calificó como exitosa su primera visita a El Salvador, donde conoció el “ambicioso” programa de seguridad implementado por el presidente Nayib Bukele y sus resultados, especialmente en la recuperación de territorios controlados por pandillas en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).
Durante su gira por El Salvador, México y Guatemala, Landau se reunió también con representantes del sector privado y abordó temas como crecimiento económico, prosperidad, tecnología, migración e inversiones.
En una conferencia de prensa virtual, el funcionario destacó haber recorrido zonas emblemáticas del centro de San Salvador, incluyendo el Teatro Nacional y la Catedral, y constató el impacto positivo del plan de seguridad gubernamental en la reducción de la violencia.
Landau manifestó su interés en la agenda digital y tecnológica que impulsa el país, tanto en el ámbito público como privado, y resaltó que la administración estadounidense busca crear una agenda conjunta que fomente el crecimiento económico, la certidumbre jurídica y la estabilidad política en la región.
El vicesecretario señaló que EE.UU. tiene capital disponible para inversiones y que países como El Salvador están en búsqueda de oportunidades con un entorno seguro para atraer inversión extranjera, lo que beneficiaría la economía y la prosperidad de sus poblaciones.
Este enfoque, explicó, representa un cambio en la política exterior estadounidense, que ahora prioriza el crecimiento económico y la estabilidad política como pilares para fortalecer las relaciones en el hemisferio occidental.