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Datos oficiales dan como ganador a Luis Arce Catacora en Bolivia después de cinco días de conteo
El candidato del Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Arce Catacora, ganó las elecciones presidenciales de Bolivia en primera vuelta al haber obtenido el 55,1 % de los votos, confirmaron los resultados oficiales.
Después de cinco días de conteo, el Órgano Electoral Plurinacional ratificó los cifras que la madrugada del lunes habían dado a conocer dos sondeos a boca de urna en los que el exministro de Economía superaba del 50 % de los votos, en tanto que su competidor más cercano, Carlos Mesa, finalmente alcanzó el 28,83 %.
La espera de los datos oficiales era un mero trámite, ya que entre el domingo y el lunes la victoria del MAS fue reconocida por la presidenta de facto, Jeanine Áñez, Mesa y la Organización de Estados Americanos (OEA), además de que los presidentes de Argentina, Alberto Fernández; México, Andrés Manuel López Obrador; Chile, Sebastián Piñera; Perú, Martín Vizcarra y el gobierno de Estados Unidos felicitaron tanto a Arce como a su candidato a la Vicepresidencia, David Choquehuanca.
Los comicios pusieron así fin a un año de incertidumbre para los bolivianos que comenzó el 20 de octubre de 2019, cuando se llevaron a cabo las elecciones en que Evo Morales buscó su tercera reelección a pesar de que en un referéndum previo la mayor parte de la ciudadanía había rechazado su nueva postulación.
Las elecciones de 2019
Gracias a un controvertido fallo del Tribunal Constitucional, que lo favoreció, Morales logró registrarse como candidato. Ya había ganado por primera vez la Presidencia en 2005 con el 53,72 % de los votos. En 2009 se reeligió con el 64,22 %, y en 2015 volvió a arrasar con el 63,36 %. A pesar del desgaste de más de 13 años de gobierno, confío en que volvería a obtener el apoyo mayoritario de la sociedad.
Pero lo que estalló fue un conflicto electoral provocado por las suspicacias que despertó una interrupción en el conteo de votos la noche de ese 20 de octubre, y que fue suficiente para que Carlos Mesa, el expresidente y principal rival de Morales, denunciara un fraude.
El entonces presidente se declaró ganador mientras crecían las dudas sobre los resultados. Cinco días más tarde, ya con el 100 % de las casillas escrutadas, el Tribunal Supremo Electoral confirmó el triunfo del presidente: había obtenido el 47,08 % frente al 36,51 % logrado por Mesa.
Morales necesitaba una diferencia de 10 puntos para ganar. Había obtenido 10,57. Era un resultado demasiado justo, insuficiente para darle la legitimidad que necesitaba en medio de las protestas que se expandían por el país y la presión de los opositores internos y externos, encabezados por la Organización de Estados Americanos (OEA), que jugó un papel central en el conflicto.
El golpe de Estado
Acosado por una insurrección policial, bloqueos, protestas masivas y presiones de las Fuerzas Armadas, Morales convocó el 10 de noviembre a nuevas elecciones, tal y como pedía la oposición, pero al mismo tiempo la OEA publicó un informe en el que denunciaba supuestas irregularidades que, meses después, fueron puestas en duda por diferentes informes independientes.
En medio de un imparable clima de violencia política, Morales fue forzado a renunciar ese mismo día. Terminó así un gobierno que había durado 13 años y nueve meses, el periodo de mayor prosperidad económica y combate a la pobreza en la historia de Bolivia.
Gracias a un operativo sin precedentes organizado por México, Morales pudo refugiarse en la Ciudad de México. Ahí permaneció hasta diciembre, cuando tras la toma de posesión de Alberto Fernández en Argentina, pudo viajar a Buenos Aires, donde permanece asilado hasta ahora.
Desde la capital argentina, Morales reagrupó al MAS, en enero impulsó la candidatura presidencial de Arce Catacora, su exministro de Economía, y anunció su propia candidatura al Senado, pero meses después las autoridades electorales de Bolivia lo inhabilitaron porque, al estar viviendo en el extranjero, no cumplía el requisito de tener una residencia mínima de dos años para postularse. El expresidente denunció una proscripción.
El 12 de noviembre, apenas dos días después de que Morales fuera depuesto, la senadora ultraderechista Jeanine Áñez se autoproclamó como presidenta y prometió que sólo permanecería durante unas semanas en el cargo, mientras se realizaban las elecciones en las que aseguró que no se postularía.
Pero incumplió. A principios de año lanzó una candidatura a la que tuvo que renunciar en septiembre debido a la escasa intención de voto que le anticipaban las encuestas. Siempre reiteró que la meta era evitar a toda costa el regreso del MAS al poder. Por eso trató de evitar a toda costa el registro de Arce, sobre todo a través de denuncias judiciales.
Las represiones y persecuciones a militantes del MAS fueron cotidianas durante el gobierno de Áñez, el cual quedará marcado por las masacres registradas en las localidades de Sacaba y Senkata durante los primeros días posteriores a su asunción y en las que fueron asesinadas 36 personas.
La campaña
El 19 de enero, de manera inédita para la historia de Bolivia, Luis Arce fue elegido abanderado presidencial del MAS en un encuentro partidario realizado en Buenos Aires. La fórmula la completó David Choquehuanca como candidato a la Vicepresidencia.
Así, el exministro de Economía y el excanciller de Evo Morales se lanzaron al reto de recuperar la confianza de la ciudadanía en el partido que había gobernado Bolivia casi 14 años.
En principio, el Tribunal Supremo Electoral fijó las nuevas elecciones para el 3 de mayo. La intención era que el país recuperara lo más pronto posible la normalidad democrática, pero la pandemia de coronavirus obligó a postergar la fecha por dos semanas, hasta el 17 de mayo.
A lo largo del año, la dictadura de Áñez y sus aliados en el exterior consolidaron una narrativa que demonizó a Morales y al MAS y que aseguraba que ya no tenía el apoyo mayoritario de la población y que bastaba que la oposición se uniera para que el «voto útil» venciera y eliminara a la izquierda. Esa lectura no tomó en cuenta la sólida base social que el masismo construyó desde la década pasada y que Arce fortaleció a lo largo de la campaña, en sus recorridos por todo el país.
Al intensificarse la crisis sanitaria, los comicios se pospusieron hasta el 6 de septiembre. Mientras tanto, la presidenta de facto trataba de postergarlos lo más posible con la esperanza de que la mayoritaria intención de voto al MAS que predecían las encuestas se desplomara entre más tiempo transcurriera. De todas formas, la interpretación generalizada era que Arce había llegado a un techo de votos que no superaba el 45 % y que lo más probable es que tuviera que enfrentar una segunda vuelta contra Mesa en la que este finalmente ganaría la Presidencia.
A diferencia de sus oponentes, el MAS quería que las elecciones ya se concretaran, por lo que aceptó una nueva fecha, el 18 de octubre, con la condición de que fuera inamovible.
Así ocurrió. Y los resultados superaron las previsiones más optimistas del masismo, que ni siquiera necesitó una segunda vuelta para regresar al poder y que no solo ganó la Presidencia, sino que también obtuvo mayoría en el Parlamento.
El presidente estadounidense, Donald Trump, pidió al movimiento Hamás que avance en su desarme, dentro del plan de posguerra para Gaza, y anunció que los integrantes de su llamada «Junta de Paz» han comprometido 5,000 millones de dólares para la reconstrucción de ese territorio palestino.
«Muy importante, Hamás tiene que cumplir con su compromiso de desmilitarización total e inmediata», dijo Trump en la plataforma Truth Social este domingo.
El desarme es un elemento clave de la segunda fase del plan de alto el fuego negociado por Estados Unidos, sellado en octubre entre Israel y el grupo palestino para poner fin a la guerra desencadenada por el ataque de Hamás contra Israel de octubre de 2023.
Naciones Unidas aprobó el plan en noviembre. La segunda fase estipula que las fuerzas israelíes se retiren gradualmente de Gaza y que Hamás se desarme, con el despliegue de una fuerza internacional de estabilización para garantizar la seguridad.
Hamás ha afirmado repetidamente que el desarme es una línea roja, aunque indicó que podría considerar la entrega de sus armas a una futura autoridad gobernante palestina.
Ambas partes se acusan mutuamente a diario de violaciones del alto el fuego.
Aunque originalmente se concibió para supervisar la reconstrucción de Gaza, el estatuto de la Junta de Paz no parece limitar su función al territorio palestino.
«La Junta de Paz tiene un potencial ilimitado», declaró Trump el domingo en su publicación.
Tras una reunión inicial en el marco del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, en enero, la junta se reunirá el jueves en la capital estadounidense.
Trump afirmó que los 5.000 millones de dólares prometidos por los Estados miembros se anunciarían formalmente en ese momento, y que esos países también «han comprometido a miles de personas en la Fuerza Internacional de Estabilización y la Policía Local para mantener la seguridad y la paz de los gazatíes».
Se ha solicitado a los países el pago de 1.000 millones de dólares para ser miembros permanentes de la junta. La invitación al presidente ruso Vladimir Putin, cuyo país invadió Ucrania en 2022, ha suscitado críticas.
Aliados clave de Estados Unidos, como Francia o Reino Unido, manifestaron dudas al respecto.
Trump sostuvo que la organización trabajará «en conjunto» con Naciones Unidas. «La Junta de Paz demostrará ser el organismo internacional más trascendental de la historia», afirmó.
En virtud del plan de alto el fuego, también se ha creado un comité tecnocrático palestino con el objetivo de asumir el gobierno en la devastada Franja de Gaza.
El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, afirmó este domingo que Estados Unidos no pide a Europa que sea un «vasallo», durante una gira por Eslovaquia y Hungría, dos países aliados de Donald Trump.
En Múnich, durante un discurso pronunciado el sábado ante la Conferencia de Seguridad en Alemania, Rubio instó a los europeos a alinearse con la visión del presidente estadounidense sobre el orden mundial, al tiempo que abogó por revitalizar las relaciones con una Europa «fuerte».
Rubio quiso tranquilizar a sus aliados y este domingo afirmó: «No estamos pidiendo a Europa que sea un vasallo de Estados Unidos».
«Queremos ser su socio. Queremos trabajar con Europa. Queremos trabajar con nuestros aliados», aseguró.
Ante la crispación que generaron sus declaraciones Rubio ya declaró el sábado que Estados Unidos desea una «alianza revitalizada» con Europa.
Este domingo, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, rechazó declaraciones estadounidenses que denigren al bloque, y celebró el cambio de tono de Rubio en Múnich, antes del cierre de la Conferencia de Seguridad.
«Cada vez que escucho denigrar a la región, algo que está muy de moda en este momento, pienso en todo lo que Europa nos ha aportado», dijo.
«Contrariamente a lo que dirían algunos, Europa no es decadente ni ‘woke’, ni su civilización está amenazada», dijo Kallas en alusión a críticas del presidente Trump, quien considera que la región está bajo amenaza, como Estados Unidos, por la inmigración masiva.
Rubio realizó una visita relámpago de pocas horas a Eslovaquia para reunirse con el primer ministro Robert Fico, quien comparte la misma ideología soberanista y nacionalista que el presidente estadounidense.
Durante una reciente visita a Florida, Fico habría expresado su preocupación por el estado mental del presidente estadounidense, según el medio Politico, que cita a diplomáticos europeos anónimos.
Sin embargo, Washington y Bratislava lo han desmentido categóricamente.
Tras aquel encuentro en Florida, el dirigente eslovaco declaró haber mantenido con Trump intercambios «extremadamente importantes» sobre energía nuclear.
Un tema importante en la agenda fue Ucrania, ya que Eslovaquia colinda con el país en guerra. El primer ministro Fico elogió el «enfoque» de Trump sobre el conflicto, pero afirmó que no cree que este se resuelva en un «futuro próximo».
Rubio dijo que aprecia estas declaraciones y subrayó que «el rol de Estados Unidos es intentar facilitar el fin de una guerra muy mortífera, muy sangrienta, extremadamente costosa y que implica un sufrimiento horrible».
Encuentro con Orbán
El secretario de Estado estadounidense viajará después a Budapest donde prevé reunirse el lunes con el primer ministro Viktor Orbán.
Trump no oculta su apoyo al dirigente nacionalista húngaro, a quien califica de «hombre fuerte y poderoso», con vistas a las elecciones legislativas previstas para el 12 de abril.
Orbán afronta su mayor desafío desde su regreso al poder en 2010, y su partido, Fidesz, va por detrás del partido opositor TISZA en los sondeos previos a los comicios.
El primer ministro húngaro también manifestó su intención de viajar a Washington para asistir la próxima semana a la reunión inaugural de la llamada «Junta de Paz» promovida por Trump.
Orbán es muy cercano a la administración Trump por su política migratoria desde la crisis de los refugiados sirios hace diez años.
La diplomacia de la energía
Durante una visita de Orbán a la Casa Blanca el año pasado, Hungría también obtuvo una exención de las sanciones estadounidenses sobre las importaciones de petróleo y gas rusos.
El predecesor de Trump, el demócrata Joe Biden, mantenía relaciones mucho más tensas con Orbán, a quien acusaba de «tender hacia la dictadura», especialmente por silenciar a los medios independientes y hacer campaña contra los derechos LGTB+.
Tanto Eslovaquia como Hungría son países de Europa Central sin litoral, con estrechos vínculos con Rusia y que siguen dependiendo de los combustibles fósiles rusos a pesar de las sanciones derivadas de la invasión rusa de Ucrania en 2022.
Los dos países europeos están en un pulso con la Unión Europea por su política de eliminar progresivamente las importaciones de gas ruso, una oportunidad que Estados Unidos quiere aprovechar para estrechar los vínculos.
Varios ataques israelíes en la Franja de Gaza dejaron este domingo al menos 12 muertos, denunció la Defensa Civil del territorio palestino, unas hostilidades que el ejército de Israel afirma que fueron una respuesta a violaciones del cese al fuego.
Pese a un alto el fuego que rige desde el 10 de octubre, que entró en su segunda fase el mes pasado, persisten las hostilidades en el territorio palestino donde Israel y el movimiento islamista Hamás se acusan mutuamente de violar el acuerdo.
La Defensa Civil, una organización de primeros auxilios que opera bajo la autoridad del gobierno de Hamás, informó que uno de estos ataques alcanzó una carpa que albergaba a desplazados en Jabaliya el norte de Gaza y dejó cinco muertos.
Osama Abu Askar perdió a su sobrino en Jabaliya, donde otros cuatro civiles palestinos murieron mientras dormían.
«Israel no entiende lo que es un alto el fuego o una tregua. Llevamos meses viviendo bajo una tregua, pero nos atacan. Dicen una cosa y hacen otra», afirmó.
Decenas de personas se reunieron en el Hospital Naser donde algunos de los fallecidos fueron velados envueltos en sudarios blancos.
Otras cinco personas murieron y varias resultaron heridas en otro ataque en la madrugada en Jan Yunis, en el sur del territorio, afirmó la Defensa Civil. Además, falleció una persona por disparos israelíes en Ciudad de Gaza y otra en Beit Lahia, también en el norte del territorio.
Los hospitales Al Shifa, en Ciudad de Gaza, en el norte, y Naser, en Jan Yunis, confirmaron la recepción de los cadáveres de varias personas.
«Instalaciones subterráneas»
El ejército afirmó haber llevado a cabo ataques tras identificar a «varios terroristas armados que se refugiaban bajo los escombros» cerca de soldados israelíes, «probablemente tras haber salido de instalaciones subterráneas», en el sector de Beit Hanun, en el norte.
El ejército israelí dijo haber respondido a una «violación» de la tregua por parte del movimiento islamista palestino en el norte del territorio.
El ejército añadió en un comunicado que estos hombres habían cruzado la Línea Amarilla, que delimita la zona todavía ocupada por los soldados israelíes desde la entrada en vigor del alto el fuego.
El portavoz de Hamás, Hazem Qasem, acusó al ejército israelí de haber violado la tregua.
«Apuntar contra desplazados en sus carpas es una grave violación del acuerdo de alto el fuego», señaló en un comunicado.
El Ministerio de Salud de Gaza, que opera bajo la autoridad del gobierno de Hamás, afirma que al menos 601 personas murieron asesinadas desde la entrada en vigor del cese el fuego. Estas cifras son consideradas fiables por la ONU.
Por su lado, Israel reporta que al menos cuatro de sus soldados fallecieron en el mismo periodo.
Dadas las restricciones impuestas a los medios en Gaza y las dificultades de acceso en el terreno, AFP no puede verificar de forma independiente la información y los balances de ambos bandos.
Estados Unidos anunció en enero el inicio de la segunda fase del plan del presidente estadounidense, Donald Trump, para Gaza, que prevé una retirada progresiva israelí del territorio, el desarme de Hamás y el despliegue de una fuerza internacional de estabilización.
