Internacionales
Datos oficiales dan como ganador a Luis Arce Catacora en Bolivia después de cinco días de conteo
El candidato del Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Arce Catacora, ganó las elecciones presidenciales de Bolivia en primera vuelta al haber obtenido el 55,1 % de los votos, confirmaron los resultados oficiales.
Después de cinco días de conteo, el Órgano Electoral Plurinacional ratificó los cifras que la madrugada del lunes habían dado a conocer dos sondeos a boca de urna en los que el exministro de Economía superaba del 50 % de los votos, en tanto que su competidor más cercano, Carlos Mesa, finalmente alcanzó el 28,83 %.
La espera de los datos oficiales era un mero trámite, ya que entre el domingo y el lunes la victoria del MAS fue reconocida por la presidenta de facto, Jeanine Áñez, Mesa y la Organización de Estados Americanos (OEA), además de que los presidentes de Argentina, Alberto Fernández; México, Andrés Manuel López Obrador; Chile, Sebastián Piñera; Perú, Martín Vizcarra y el gobierno de Estados Unidos felicitaron tanto a Arce como a su candidato a la Vicepresidencia, David Choquehuanca.
Los comicios pusieron así fin a un año de incertidumbre para los bolivianos que comenzó el 20 de octubre de 2019, cuando se llevaron a cabo las elecciones en que Evo Morales buscó su tercera reelección a pesar de que en un referéndum previo la mayor parte de la ciudadanía había rechazado su nueva postulación.
Las elecciones de 2019
Gracias a un controvertido fallo del Tribunal Constitucional, que lo favoreció, Morales logró registrarse como candidato. Ya había ganado por primera vez la Presidencia en 2005 con el 53,72 % de los votos. En 2009 se reeligió con el 64,22 %, y en 2015 volvió a arrasar con el 63,36 %. A pesar del desgaste de más de 13 años de gobierno, confío en que volvería a obtener el apoyo mayoritario de la sociedad.
Pero lo que estalló fue un conflicto electoral provocado por las suspicacias que despertó una interrupción en el conteo de votos la noche de ese 20 de octubre, y que fue suficiente para que Carlos Mesa, el expresidente y principal rival de Morales, denunciara un fraude.
El entonces presidente se declaró ganador mientras crecían las dudas sobre los resultados. Cinco días más tarde, ya con el 100 % de las casillas escrutadas, el Tribunal Supremo Electoral confirmó el triunfo del presidente: había obtenido el 47,08 % frente al 36,51 % logrado por Mesa.
Morales necesitaba una diferencia de 10 puntos para ganar. Había obtenido 10,57. Era un resultado demasiado justo, insuficiente para darle la legitimidad que necesitaba en medio de las protestas que se expandían por el país y la presión de los opositores internos y externos, encabezados por la Organización de Estados Americanos (OEA), que jugó un papel central en el conflicto.
El golpe de Estado
Acosado por una insurrección policial, bloqueos, protestas masivas y presiones de las Fuerzas Armadas, Morales convocó el 10 de noviembre a nuevas elecciones, tal y como pedía la oposición, pero al mismo tiempo la OEA publicó un informe en el que denunciaba supuestas irregularidades que, meses después, fueron puestas en duda por diferentes informes independientes.
En medio de un imparable clima de violencia política, Morales fue forzado a renunciar ese mismo día. Terminó así un gobierno que había durado 13 años y nueve meses, el periodo de mayor prosperidad económica y combate a la pobreza en la historia de Bolivia.
Gracias a un operativo sin precedentes organizado por México, Morales pudo refugiarse en la Ciudad de México. Ahí permaneció hasta diciembre, cuando tras la toma de posesión de Alberto Fernández en Argentina, pudo viajar a Buenos Aires, donde permanece asilado hasta ahora.
Desde la capital argentina, Morales reagrupó al MAS, en enero impulsó la candidatura presidencial de Arce Catacora, su exministro de Economía, y anunció su propia candidatura al Senado, pero meses después las autoridades electorales de Bolivia lo inhabilitaron porque, al estar viviendo en el extranjero, no cumplía el requisito de tener una residencia mínima de dos años para postularse. El expresidente denunció una proscripción.
El 12 de noviembre, apenas dos días después de que Morales fuera depuesto, la senadora ultraderechista Jeanine Áñez se autoproclamó como presidenta y prometió que sólo permanecería durante unas semanas en el cargo, mientras se realizaban las elecciones en las que aseguró que no se postularía.
Pero incumplió. A principios de año lanzó una candidatura a la que tuvo que renunciar en septiembre debido a la escasa intención de voto que le anticipaban las encuestas. Siempre reiteró que la meta era evitar a toda costa el regreso del MAS al poder. Por eso trató de evitar a toda costa el registro de Arce, sobre todo a través de denuncias judiciales.
Las represiones y persecuciones a militantes del MAS fueron cotidianas durante el gobierno de Áñez, el cual quedará marcado por las masacres registradas en las localidades de Sacaba y Senkata durante los primeros días posteriores a su asunción y en las que fueron asesinadas 36 personas.
La campaña
El 19 de enero, de manera inédita para la historia de Bolivia, Luis Arce fue elegido abanderado presidencial del MAS en un encuentro partidario realizado en Buenos Aires. La fórmula la completó David Choquehuanca como candidato a la Vicepresidencia.
Así, el exministro de Economía y el excanciller de Evo Morales se lanzaron al reto de recuperar la confianza de la ciudadanía en el partido que había gobernado Bolivia casi 14 años.
En principio, el Tribunal Supremo Electoral fijó las nuevas elecciones para el 3 de mayo. La intención era que el país recuperara lo más pronto posible la normalidad democrática, pero la pandemia de coronavirus obligó a postergar la fecha por dos semanas, hasta el 17 de mayo.
A lo largo del año, la dictadura de Áñez y sus aliados en el exterior consolidaron una narrativa que demonizó a Morales y al MAS y que aseguraba que ya no tenía el apoyo mayoritario de la población y que bastaba que la oposición se uniera para que el «voto útil» venciera y eliminara a la izquierda. Esa lectura no tomó en cuenta la sólida base social que el masismo construyó desde la década pasada y que Arce fortaleció a lo largo de la campaña, en sus recorridos por todo el país.
Al intensificarse la crisis sanitaria, los comicios se pospusieron hasta el 6 de septiembre. Mientras tanto, la presidenta de facto trataba de postergarlos lo más posible con la esperanza de que la mayoritaria intención de voto al MAS que predecían las encuestas se desplomara entre más tiempo transcurriera. De todas formas, la interpretación generalizada era que Arce había llegado a un techo de votos que no superaba el 45 % y que lo más probable es que tuviera que enfrentar una segunda vuelta contra Mesa en la que este finalmente ganaría la Presidencia.
A diferencia de sus oponentes, el MAS quería que las elecciones ya se concretaran, por lo que aceptó una nueva fecha, el 18 de octubre, con la condición de que fuera inamovible.
Así ocurrió. Y los resultados superaron las previsiones más optimistas del masismo, que ni siquiera necesitó una segunda vuelta para regresar al poder y que no solo ganó la Presidencia, sino que también obtuvo mayoría en el Parlamento.
El precio del petróleo Brent del mar del Norte se disparó más de 5 % el jueves, luego de que Irán amenazara con atacar instalaciones de sus vecinos en el Golfo en represalia por el bombardeo de uno de sus campos gasíferos.
La escalada en la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán agravó los temores por el suministro de hidrocarburos desde Oriente Medio.
Hacia las 02H15 GMT, el precio del Brent del mar del Norte, referencia del mercado mundial, subía 5,02% a 112,77 dólares por barril en el comercio asiático.
El de West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense, subía 2,67% a 98,89 dólares por barril.
En medio de la escalada, el presidente estadounidense Donald Trump amenazó con destruir el campo gasífero iraní South Pars si la planta de Catar Ras Laffan es atacada de nuevo.
Los mercados han oscilado con el desarrollo del conflicto en Oriente Medio, alarmado por los ataques contra infraestructuras energéticas susceptibles de perturbar la oferta de crudo.
En tanto, el índice Nikkei de la bolsa de Tokio perdía 2,69 %, mientras el índice Kospi de la bolsa de Seúl caía 2,65%.
Internacionales
Suecia prepara ley para obligar a aceptar pagos en efectivo en supermercados y farmacias
Muchos suecos llevan años sin tocar billetes, pues muy pocos comercios aceptan dinero en efectivo y prácticamente todos los pagos se realizan con tarjeta o a través de servicios en línea.
La mayoría de las sucursales bancarias ya no aceptan depósitos ni retiros de efectivo, por lo que los clientes se acaban orientando hacia servicios de banca en línea.
Sin embargo, a principios de marzo el banco central sueco recomendó a los hogares ahorrar 1.000 coronas (unos 93 euros) en efectivo por adulto para cubrir una semana de compras de productos de primera necesidad.
Además, instó a los suecos a asegurarse de disponer de varios medios de pago, entre ellos el efectivo, tarjetas de crédito y servicios de pago en línea mediante el celular, «en caso de perturbaciones temporales, de crisis o, en el peor de los casos, de guerra».
El proyecto presentado este miércoles exigiría también que los bancos permitan a sus clientes depositar dinero en efectivo y que las tiendas y las empresas tengan acceso a servicios para ingresar su recaudación diaria en efectivo.
Según estadísticas oficiales, la cantidad de dinero en efectivo en circulación en Suecia se ha reducido prácticamente a la mitad desde 2008.
«La digitalización de la sociedad se ha producido muy rápidamente y ha creado muchas oportunidades, pero también ha entrañado ciertos riesgos», señaló en un comunicado el ministro de Administración Pública, Erik Slottner.
«Uno de los principales riesgos es que la exclusión digital se generaliza, especialmente entre las personas mayores», añadió el ministro.
Según él, es «importante, para reforzar nuestro nivel de preparación», exige a los supermercados y a las farmacias que acepten pagos en efectivo.
La autoridad migratoria de Colombia informó el miércoles de la detención del narcotraficante ecuatoriano Ángel Aguilar, vinculado al asesinato en Quito del candidato presidencial Fernando Villavicencio una semana antes de las elecciones de 2023.
Villavicencio, entonces uno de los candidatos presidenciales más populares, fue asesinado a balazos por un sicario colombiano al salir de un mitin en la capital ecuatoriana en un caso que marcó un punto de quiebre en la violencia sin precedentes que sacude al país.
Aguilar llegó al aeropuerto de Bogotá en un vuelo desde México y fue arrestado de inmediato, dijo a la AFP un responsable de prensa de Migración Colombia.
Conocido como «Lobo Menor», el capo es miembro de Los Lobos, la mayor organización narcotraficante de Ecuador, y está investigado por su presunta participación como autor intelectual del asesinato de Villavicencio, indicó la autoridad en un comunicado que acompañó de fotografías del capo esposado y rodeado de agentes de Interpol.
Las autoridades mexicanas también informaron de la detención de Aguilar en ese país y difundieron fotografías del hombre con la misma ropa.
La AFP contactó a funcionarios de Migración Colombia y aseguraron que Aguilar está en Bogotá y no pudieron explicar si venía detenido desde México.
El presidente izquierdista Gustavo Petro aplaudió en X la captura y calificó a Aguilar como «uno de los asesinos más grandes del mundo».
El arresto ocurre en pleno lío diplomático y comercial entre Ecuador y Colombia, que escala todos los días tras denuncias de Petro sobre un supuesto bombardeo del gobierno de Daniel Noboa en su territorio.
«Este resultado (…) ratifica la efectividad de la cooperación trilateral entre Colombia, Ecuador y México», dijo el presidente colombiano.
En julio de 2024 la justicia de Ecuador condenó a penas de hasta 34 años de cárcel a cinco implicados en el magnicidio.
El autor de los disparos fue abatido por los guardaespaldas del candidato. La policía detuvo después a seis colombianos presuntamente vinculados al ataque, pero todos fueron asesinados en la cárcel.
Otra decena de personas está siendo procesada por este caso.
Aguilar fue sentenciado a 20 años de cárcel en 2013 por asesinato en Ecuador, según autoridades colombianas.
«Sin embargo, tras cumplir la mitad de la pena en 2022, un juez concedió la libertad condicional a Aguilar, beneficio que habría aprovechado para cometer otra serie de delitos incluso fuera» de su país, añadió.
