Internacionales
Datos oficiales dan como ganador a Luis Arce Catacora en Bolivia después de cinco días de conteo
El candidato del Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Arce Catacora, ganó las elecciones presidenciales de Bolivia en primera vuelta al haber obtenido el 55,1 % de los votos, confirmaron los resultados oficiales.
Después de cinco días de conteo, el Órgano Electoral Plurinacional ratificó los cifras que la madrugada del lunes habían dado a conocer dos sondeos a boca de urna en los que el exministro de Economía superaba del 50 % de los votos, en tanto que su competidor más cercano, Carlos Mesa, finalmente alcanzó el 28,83 %.
La espera de los datos oficiales era un mero trámite, ya que entre el domingo y el lunes la victoria del MAS fue reconocida por la presidenta de facto, Jeanine Áñez, Mesa y la Organización de Estados Americanos (OEA), además de que los presidentes de Argentina, Alberto Fernández; México, Andrés Manuel López Obrador; Chile, Sebastián Piñera; Perú, Martín Vizcarra y el gobierno de Estados Unidos felicitaron tanto a Arce como a su candidato a la Vicepresidencia, David Choquehuanca.
Los comicios pusieron así fin a un año de incertidumbre para los bolivianos que comenzó el 20 de octubre de 2019, cuando se llevaron a cabo las elecciones en que Evo Morales buscó su tercera reelección a pesar de que en un referéndum previo la mayor parte de la ciudadanía había rechazado su nueva postulación.
Las elecciones de 2019
Gracias a un controvertido fallo del Tribunal Constitucional, que lo favoreció, Morales logró registrarse como candidato. Ya había ganado por primera vez la Presidencia en 2005 con el 53,72 % de los votos. En 2009 se reeligió con el 64,22 %, y en 2015 volvió a arrasar con el 63,36 %. A pesar del desgaste de más de 13 años de gobierno, confío en que volvería a obtener el apoyo mayoritario de la sociedad.
Pero lo que estalló fue un conflicto electoral provocado por las suspicacias que despertó una interrupción en el conteo de votos la noche de ese 20 de octubre, y que fue suficiente para que Carlos Mesa, el expresidente y principal rival de Morales, denunciara un fraude.
El entonces presidente se declaró ganador mientras crecían las dudas sobre los resultados. Cinco días más tarde, ya con el 100 % de las casillas escrutadas, el Tribunal Supremo Electoral confirmó el triunfo del presidente: había obtenido el 47,08 % frente al 36,51 % logrado por Mesa.
Morales necesitaba una diferencia de 10 puntos para ganar. Había obtenido 10,57. Era un resultado demasiado justo, insuficiente para darle la legitimidad que necesitaba en medio de las protestas que se expandían por el país y la presión de los opositores internos y externos, encabezados por la Organización de Estados Americanos (OEA), que jugó un papel central en el conflicto.
El golpe de Estado
Acosado por una insurrección policial, bloqueos, protestas masivas y presiones de las Fuerzas Armadas, Morales convocó el 10 de noviembre a nuevas elecciones, tal y como pedía la oposición, pero al mismo tiempo la OEA publicó un informe en el que denunciaba supuestas irregularidades que, meses después, fueron puestas en duda por diferentes informes independientes.
En medio de un imparable clima de violencia política, Morales fue forzado a renunciar ese mismo día. Terminó así un gobierno que había durado 13 años y nueve meses, el periodo de mayor prosperidad económica y combate a la pobreza en la historia de Bolivia.
Gracias a un operativo sin precedentes organizado por México, Morales pudo refugiarse en la Ciudad de México. Ahí permaneció hasta diciembre, cuando tras la toma de posesión de Alberto Fernández en Argentina, pudo viajar a Buenos Aires, donde permanece asilado hasta ahora.
Desde la capital argentina, Morales reagrupó al MAS, en enero impulsó la candidatura presidencial de Arce Catacora, su exministro de Economía, y anunció su propia candidatura al Senado, pero meses después las autoridades electorales de Bolivia lo inhabilitaron porque, al estar viviendo en el extranjero, no cumplía el requisito de tener una residencia mínima de dos años para postularse. El expresidente denunció una proscripción.
El 12 de noviembre, apenas dos días después de que Morales fuera depuesto, la senadora ultraderechista Jeanine Áñez se autoproclamó como presidenta y prometió que sólo permanecería durante unas semanas en el cargo, mientras se realizaban las elecciones en las que aseguró que no se postularía.
Pero incumplió. A principios de año lanzó una candidatura a la que tuvo que renunciar en septiembre debido a la escasa intención de voto que le anticipaban las encuestas. Siempre reiteró que la meta era evitar a toda costa el regreso del MAS al poder. Por eso trató de evitar a toda costa el registro de Arce, sobre todo a través de denuncias judiciales.
Las represiones y persecuciones a militantes del MAS fueron cotidianas durante el gobierno de Áñez, el cual quedará marcado por las masacres registradas en las localidades de Sacaba y Senkata durante los primeros días posteriores a su asunción y en las que fueron asesinadas 36 personas.
La campaña
El 19 de enero, de manera inédita para la historia de Bolivia, Luis Arce fue elegido abanderado presidencial del MAS en un encuentro partidario realizado en Buenos Aires. La fórmula la completó David Choquehuanca como candidato a la Vicepresidencia.
Así, el exministro de Economía y el excanciller de Evo Morales se lanzaron al reto de recuperar la confianza de la ciudadanía en el partido que había gobernado Bolivia casi 14 años.
En principio, el Tribunal Supremo Electoral fijó las nuevas elecciones para el 3 de mayo. La intención era que el país recuperara lo más pronto posible la normalidad democrática, pero la pandemia de coronavirus obligó a postergar la fecha por dos semanas, hasta el 17 de mayo.
A lo largo del año, la dictadura de Áñez y sus aliados en el exterior consolidaron una narrativa que demonizó a Morales y al MAS y que aseguraba que ya no tenía el apoyo mayoritario de la población y que bastaba que la oposición se uniera para que el «voto útil» venciera y eliminara a la izquierda. Esa lectura no tomó en cuenta la sólida base social que el masismo construyó desde la década pasada y que Arce fortaleció a lo largo de la campaña, en sus recorridos por todo el país.
Al intensificarse la crisis sanitaria, los comicios se pospusieron hasta el 6 de septiembre. Mientras tanto, la presidenta de facto trataba de postergarlos lo más posible con la esperanza de que la mayoritaria intención de voto al MAS que predecían las encuestas se desplomara entre más tiempo transcurriera. De todas formas, la interpretación generalizada era que Arce había llegado a un techo de votos que no superaba el 45 % y que lo más probable es que tuviera que enfrentar una segunda vuelta contra Mesa en la que este finalmente ganaría la Presidencia.
A diferencia de sus oponentes, el MAS quería que las elecciones ya se concretaran, por lo que aceptó una nueva fecha, el 18 de octubre, con la condición de que fuera inamovible.
Así ocurrió. Y los resultados superaron las previsiones más optimistas del masismo, que ni siquiera necesitó una segunda vuelta para regresar al poder y que no solo ganó la Presidencia, sino que también obtuvo mayoría en el Parlamento.
Como parte de los acuerdos de cooperación y de la lucha conjunta contra el crimen organizado transnacional, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), mediante la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, ha requerido al gobierno de Guatemala registrar y documentar los tatuajes que posean los reclusos.
Dicha medida busca cotejar información que pueda ligar a los detenidos con grupos criminales que operan en diversos países, con el fin de facilitar las investigaciones.
La medida está siendo implementada por el Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala y el Sistema Penitenciario (SP). Las autoridades continuamente realizan operativos sorpresa en diferentes centros penales.
En el marco de la aprobación de la Ley Antipandillas en Guatemala, en noviembre pasado, se comenzó a implementar el registro biométrico de los reclusos; el cual consiste en censar huellas dactilares, rasgos faciales, escaneo de iris, y recientemente la documentación de tatuajes, ya que a través de estos es posible descifrar la pertenencia a maras, pandillas u otros grupos delictivos que operen de manera coordinada en diversas naciones.
«Los tatuajes representan un elemento clave de identificación, ya que muchos están vinculados a estructuras criminales específicas o contienen símbolos únicos que facilitan la verificación de antecedentes a nivel internacional y la vinculación con esas organizaciones», aseguró una fuente interna del Sistema Penitenciario al medio guatemalteco Prensa Libre.
Tanto el ministro de Gobernación y la Embajada de Estados Unidos en dicho país «destacaron la importancia de continuar con la cooperación y el trabajo articulado para fortalecer la gobernanza democrática e impulsar iniciativas de interés. Esto, con el objetivo de contrarrestar y enfrentar las amenazas de seguridad», aseguró la cartera de Estado en X.
El presidente de Honduras, Nasry Asfura, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, dialogarán sobre comercio, migración y seguridad durante el encuentro que sostendrán este sábado en Florida, informó el viernes el mandatario centroamericano.
Asfura, quien asumió el poder el pasado 27 de enero, recibió durante la campaña el firme apoyo de Trump. El mandatario estadounidense amenazó con cortar la ayuda al empobrecido país si el empresario conservador no resultaba electo en las presidenciales.
A las puertas de la votación, Trump también indultó al exmandatario conservador y copartidario de Asfura, Juan Orlando Hernández, quien cumplía una pena de 45 años de cárcel por narcotráfico.
«Estamos en toda la disposición para empezar de inmediato las pláticas», dijo Asfura antes de viajar este viernes a Florida en vuelo comercial para reunirse con Trump en su lujoso complejo de Mar-a-Lago.
En la agenda figuran temas como los aranceles que impuso Trump a las exportaciones hondureñas, como parte de su política proteccionista, según el mandatario, que evocó recientes acuerdos comerciales alcanzados por Guatemala y El Salvador con Washington.
Estados Unidos es el destino del 60% de las exportaciones de Honduras, uno de los países más empobrecidos y golpeados por la violencia del crimen organizado de Latinoamérica.
También estará sobre la mesa el asunto migratorio, y en particular la aspiración de Asfura de que Trump restablezca un estatuto especial que protegía a miles de hondureños de la deportación.
Asfura recordó que más de dos millones de hondureños residen en Estados Unidos y sus remesas representan 27% del Producto Interno Bruto del país.
El mandatario busca además atraer inversiones estadounidenses, y puso como ejemplo proyectos recientes de empresas como Cargill, Martori, Farm y OPC.
En medio del pulso entre Estados Unidos y China, Asfura ha dicho que evaluará retomar los vínculos con Taiwán.
Honduras entabló relaciones con China en 2023 bajo el anterior gobierno de la izquierdista Xiomara Castro.
Internacionales
Matan en México un narco implicado en el asesinato del futbolista colombiano Andrés Escobar
Un narcotraficante vinculado con la muerte a tiros del futbolista colombiano Andrés Escobar, quien marcó un autogol en el Mundial de 1994, fue asesinado en México, informó este viernes el presidente Gustavo Petro.
El nombre de Santiago Gallón Henao apareció en la investigación por la muerte del central de la selección Colombia, baleado en Medellín días después de marcar un gol en contra ante Estados Unidos durante un partido de la fase de grupos del torneo celebrado en ese país.
El crimen sacudió al mundo del fútbol ya Colombia, que vivía una de sus épocas más violentas por la violencia del narcotráfico tras la muerte dos años atrás a manos de uniformados de Pablo Escobar, que no tenía parentesco con el deportista.
Versiones indican que Santiago Gallón Henao y su hermano Pedro David increparon e insultaron a Andrés Escobar en una discoteca la noche del homicidio, el 2 de julio de 1994, apenas 10 días después del autogol.
El chófer de los hermanos, Humberto Muñoz, admitió haber disparado al futbolista de 27 años, supuestamente para defender a sus jefes en una situación de peligro. Fue condenado a 43 años de cárcel en 1995 y recobró la libertad en 2005 al recibir una rebaja de condena.
Petro aseguró en la red X este viernes que Santiago Gallón fue asesinado el jueves en México y lo señaló como autor del crimen contra el defensor, que en aquel momento jugaba para Atlético Nacional.
Ese asesinato «acabó con la imagen internacional del país», sostuvo el mandatario izquierdista.
Una fuente de la fiscalía de Toluca aseguró a la AFP que Santiago Gallón fue asesinado a balazos en un restaurante de Huixquilucan, municipio del Estado de México.
Según testimonios de familiares, «se dedicaba a la ganadería y se iba a reunir con ganaderos» en el lugar donde ocurrió el crimen, agregó el responsable, que pidió anonimato.
Santiago y Pedro David Gallón fueron investigados por encubrimiento y pasaron 15 meses en prisión sin llegar a ser juzgados.
Los hermanos fueron incluidos en 2015 en la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por narcotráfico al ser designados como miembros de La Oficina de Envigado, una organización criminal heredera del Cartel de Medellín de Pablo Escobar.
José Guillermo Gallón Henao, otro de sus hermanos, fue extraditado a Estados Unidos en 2011, acusado de tener negocios con el capo mexicano Joaquín «El Chapo» Guzmán.
