Internacionales
Datos oficiales dan como ganador a Luis Arce Catacora en Bolivia después de cinco días de conteo
El candidato del Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Arce Catacora, ganó las elecciones presidenciales de Bolivia en primera vuelta al haber obtenido el 55,1 % de los votos, confirmaron los resultados oficiales.
Después de cinco días de conteo, el Órgano Electoral Plurinacional ratificó los cifras que la madrugada del lunes habían dado a conocer dos sondeos a boca de urna en los que el exministro de Economía superaba del 50 % de los votos, en tanto que su competidor más cercano, Carlos Mesa, finalmente alcanzó el 28,83 %.
La espera de los datos oficiales era un mero trámite, ya que entre el domingo y el lunes la victoria del MAS fue reconocida por la presidenta de facto, Jeanine Áñez, Mesa y la Organización de Estados Americanos (OEA), además de que los presidentes de Argentina, Alberto Fernández; México, Andrés Manuel López Obrador; Chile, Sebastián Piñera; Perú, Martín Vizcarra y el gobierno de Estados Unidos felicitaron tanto a Arce como a su candidato a la Vicepresidencia, David Choquehuanca.
Los comicios pusieron así fin a un año de incertidumbre para los bolivianos que comenzó el 20 de octubre de 2019, cuando se llevaron a cabo las elecciones en que Evo Morales buscó su tercera reelección a pesar de que en un referéndum previo la mayor parte de la ciudadanía había rechazado su nueva postulación.
Las elecciones de 2019
Gracias a un controvertido fallo del Tribunal Constitucional, que lo favoreció, Morales logró registrarse como candidato. Ya había ganado por primera vez la Presidencia en 2005 con el 53,72 % de los votos. En 2009 se reeligió con el 64,22 %, y en 2015 volvió a arrasar con el 63,36 %. A pesar del desgaste de más de 13 años de gobierno, confío en que volvería a obtener el apoyo mayoritario de la sociedad.
Pero lo que estalló fue un conflicto electoral provocado por las suspicacias que despertó una interrupción en el conteo de votos la noche de ese 20 de octubre, y que fue suficiente para que Carlos Mesa, el expresidente y principal rival de Morales, denunciara un fraude.
El entonces presidente se declaró ganador mientras crecían las dudas sobre los resultados. Cinco días más tarde, ya con el 100 % de las casillas escrutadas, el Tribunal Supremo Electoral confirmó el triunfo del presidente: había obtenido el 47,08 % frente al 36,51 % logrado por Mesa.
Morales necesitaba una diferencia de 10 puntos para ganar. Había obtenido 10,57. Era un resultado demasiado justo, insuficiente para darle la legitimidad que necesitaba en medio de las protestas que se expandían por el país y la presión de los opositores internos y externos, encabezados por la Organización de Estados Americanos (OEA), que jugó un papel central en el conflicto.
El golpe de Estado
Acosado por una insurrección policial, bloqueos, protestas masivas y presiones de las Fuerzas Armadas, Morales convocó el 10 de noviembre a nuevas elecciones, tal y como pedía la oposición, pero al mismo tiempo la OEA publicó un informe en el que denunciaba supuestas irregularidades que, meses después, fueron puestas en duda por diferentes informes independientes.
En medio de un imparable clima de violencia política, Morales fue forzado a renunciar ese mismo día. Terminó así un gobierno que había durado 13 años y nueve meses, el periodo de mayor prosperidad económica y combate a la pobreza en la historia de Bolivia.
Gracias a un operativo sin precedentes organizado por México, Morales pudo refugiarse en la Ciudad de México. Ahí permaneció hasta diciembre, cuando tras la toma de posesión de Alberto Fernández en Argentina, pudo viajar a Buenos Aires, donde permanece asilado hasta ahora.
Desde la capital argentina, Morales reagrupó al MAS, en enero impulsó la candidatura presidencial de Arce Catacora, su exministro de Economía, y anunció su propia candidatura al Senado, pero meses después las autoridades electorales de Bolivia lo inhabilitaron porque, al estar viviendo en el extranjero, no cumplía el requisito de tener una residencia mínima de dos años para postularse. El expresidente denunció una proscripción.
El 12 de noviembre, apenas dos días después de que Morales fuera depuesto, la senadora ultraderechista Jeanine Áñez se autoproclamó como presidenta y prometió que sólo permanecería durante unas semanas en el cargo, mientras se realizaban las elecciones en las que aseguró que no se postularía.
Pero incumplió. A principios de año lanzó una candidatura a la que tuvo que renunciar en septiembre debido a la escasa intención de voto que le anticipaban las encuestas. Siempre reiteró que la meta era evitar a toda costa el regreso del MAS al poder. Por eso trató de evitar a toda costa el registro de Arce, sobre todo a través de denuncias judiciales.
Las represiones y persecuciones a militantes del MAS fueron cotidianas durante el gobierno de Áñez, el cual quedará marcado por las masacres registradas en las localidades de Sacaba y Senkata durante los primeros días posteriores a su asunción y en las que fueron asesinadas 36 personas.
La campaña
El 19 de enero, de manera inédita para la historia de Bolivia, Luis Arce fue elegido abanderado presidencial del MAS en un encuentro partidario realizado en Buenos Aires. La fórmula la completó David Choquehuanca como candidato a la Vicepresidencia.
Así, el exministro de Economía y el excanciller de Evo Morales se lanzaron al reto de recuperar la confianza de la ciudadanía en el partido que había gobernado Bolivia casi 14 años.
En principio, el Tribunal Supremo Electoral fijó las nuevas elecciones para el 3 de mayo. La intención era que el país recuperara lo más pronto posible la normalidad democrática, pero la pandemia de coronavirus obligó a postergar la fecha por dos semanas, hasta el 17 de mayo.
A lo largo del año, la dictadura de Áñez y sus aliados en el exterior consolidaron una narrativa que demonizó a Morales y al MAS y que aseguraba que ya no tenía el apoyo mayoritario de la población y que bastaba que la oposición se uniera para que el «voto útil» venciera y eliminara a la izquierda. Esa lectura no tomó en cuenta la sólida base social que el masismo construyó desde la década pasada y que Arce fortaleció a lo largo de la campaña, en sus recorridos por todo el país.
Al intensificarse la crisis sanitaria, los comicios se pospusieron hasta el 6 de septiembre. Mientras tanto, la presidenta de facto trataba de postergarlos lo más posible con la esperanza de que la mayoritaria intención de voto al MAS que predecían las encuestas se desplomara entre más tiempo transcurriera. De todas formas, la interpretación generalizada era que Arce había llegado a un techo de votos que no superaba el 45 % y que lo más probable es que tuviera que enfrentar una segunda vuelta contra Mesa en la que este finalmente ganaría la Presidencia.
A diferencia de sus oponentes, el MAS quería que las elecciones ya se concretaran, por lo que aceptó una nueva fecha, el 18 de octubre, con la condición de que fuera inamovible.
Así ocurrió. Y los resultados superaron las previsiones más optimistas del masismo, que ni siquiera necesitó una segunda vuelta para regresar al poder y que no solo ganó la Presidencia, sino que también obtuvo mayoría en el Parlamento.
Internacionales
Presidente de Colombia advierte nuevo ciclo de violencia social por régimen en El Salvador
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, indicó durante una entrevista que las capturas masivas qué ejecuta el brazo armado del Gobierno de El Salvador durante el régimen de excepción, ha desencadenado un nuevo ciclo de violencia en la sociedad salvadoreña que no tardará en explotar.
Petro opinió respecto al trabajo que ejecuta el presidente Nayib Bukele en materia de seguridad pública y, según él, existe violación a los derechos humanos en El Salvador.
«Se le va a reventar eso. Porque todos esos jóvenes, algunos cuplables y otros no tantos, hay violaciones a los derechos humanos van a salir de la cárcel. No existe cadena perpetua ni pena de muerte», aseveró.
A la vez, dijo que al salir de presión, las personas capturadas injustamente saldrían con rencor y lo que generaría una nueva etapa de estallido social.
«Esa salida puede contener tanta ira, entonces, la sociedad salvadoreña va a entrar en un ciclo de violencia, que ha estado en muchos ciclos de violencia. Es una probabilidad», aseveró.
La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, afirmó que al asumir el cargo replicará el denominado «modelo Bukele» para reestablecer la seguridad de su país con medidas que garanticen la integridad de los ciudadanos.
Durante una entrevista con la cadena DW Español, Fernández manifestó ser admiradora del presidente Nayib Bukele y de sus políticas públicas en materia seguridad.
«Sí, señor, lo voy a replicar», respondió al entrevistador al ser cuestionada si implementará durante su mandato las estrategias del mandatario salvadoreño que han convertido a El Salvador en el país más seguro del hemisferio occidental.
Añadió: «¿Qué admiro yo del modelo de Nayib Bukele?, admiro que logró con su cárcel de máxima seguridad desconectar y desarticular las bandas de crimen organizado».
Ejemplificó que, en Costa Rica, si una persona condenada por narcotráfico va a la cárcel, a pesar de estar detenida, sigue conectada con las bandas criminales. Asimismo, dijo que, por falta de una cárcel con verdaderos controles, los detenidos siguen operando en redes de crimen organizado.
«Eso es lo que quiero copiar del modelo de Nayib Bukele, copiar esa parte de cómo ellos lograron con ese modelo de administración carcelaria cortar el vínculo de esos criminales con el exterior, y que estando presos no sigan generando dolor a las familias costarricenses», enfatizó la presidenta electa.
Fernández, quien asumirá el Ejecutivo costarricense en mayo próximo cuestionó el rol de las organizaciones internacionales que defienden los derechos humanos de detenidos y no de las víctimas de estos.
«A mi me llama la atención que muchas organizaciones internacionales se preocupen tanto por los derechos humanos de los criminales y no se preocupen de la misma manera y proporcionalmente por los derechos humanos de las víctimas que asesinaros esos criminales. Yo admiro los resultados obtenidos en El Salvador y hay cosas que quiero replicar en Costa Rica y hay cosas que ya se están replicando», aseveró.
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro recibió el alta hospitalaria este viernes tras dos semanas internado por una bronconeumonía, y fue trasladado a su residencia en Brasilia, donde seguirá cumpliendo al menos temporalmente su condena por intento de golpe de Estado.
Bolsonaro «acaba de recibir el alta», dijo a periodistas en la puerta del hospital privado DF Star su médico Brasil Caiado, que dijo que el exmandatario deberá seguir una intensa rutina de fisioterapia y cuidados.
«En términos generales está más o menos equilibrado» su estado de salud, afirmó Caiado.
El líder ultraderechista, de 71 años, fue internado el 13 de marzo con una bronconeumonía tras sufrir en la cárcel un cuadro de fiebre alta, caída de la saturación de oxígeno y escalofríos.
Después de más de una semana en terapia intensiva, el lunes pasó a una habitación común, lo que despejó el camino para su salida.
Sin embargo, no vuelve a la cárcel, tras una decisión de la corte suprema que autorizó el traslado a su casa por razones «humanitarias» durante un plazo de 90 días prorrogables.
El juez Alexandre de Moraes accedió a otorgar el beneficio después de rechazar en reiteradas ocasiones pedidos similares de la defensa.
Durante meses, los abogados del expresidente habían argumentado que su estado de salud hacía inviable el cumplimiento de la pena en prisión, pero las solicitudes fueron sistemáticamente denegadas.
Fue la gravedad de esta última internación la que finalmente inclinó la balanza.
En su domicilio de Brasilia, Bolsonaro deberá usar una tobillera electrónica y tendrá prohibido utilizar teléfono celular, redes sociales o grabar cualquier video o audio. Podrá recibir visitas de familiares, abogados y médicos.
Transcurridos los 90 días, la corte volverá a analizar su situación, con posibilidad de recurrir a una pericia médica.
Larga historia clínica
La bronconeumonía es el episodio más reciente de una larga historia clínica que se remonta a 2018, cuando Bolsonaro fue apuñalado en el abdomen durante un acto de campaña.
Desde entonces se ha sometido a múltiples cirugías y padece crisis recurrentes de hipo, a veces acompañadas de vómitos.
La infección que lo llevó al hospital fue consecuencia de un episodio de broncoaspiración vinculado a esas secuelas.
Bolsonaro fue condenado en septiembre a 27 años por conspirar para mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022 ante el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Preso inicialmente en su domicilio, en noviembre el supremo ordenó su traslado a una celda en instalaciones policiales tras descubrirse que había dañado su tobillera electrónica con un soldador, lo que la corte interpretó como un intento de fuga.
En enero fue llevado a un predio militar dentro del complejo penitenciario de Papuda, con mejores condiciones.
El retorno a su casa se produce a menos de siete meses de las elecciones presidenciales de octubre.
El exjefe de Estado (2019-2022) designó a su hijo mayor, el senador Flávio Bolsonaro, como candidato de la derecha para enfrentar al izquierdista Lula, que buscará un cuarto mandato.
Las últimas encuestas muestran un empate técnico entre ambos en una eventual segunda vuelta.
