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Datos oficiales dan como ganador a Luis Arce Catacora en Bolivia después de cinco días de conteo
El candidato del Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Arce Catacora, ganó las elecciones presidenciales de Bolivia en primera vuelta al haber obtenido el 55,1 % de los votos, confirmaron los resultados oficiales.
Después de cinco días de conteo, el Órgano Electoral Plurinacional ratificó los cifras que la madrugada del lunes habían dado a conocer dos sondeos a boca de urna en los que el exministro de Economía superaba del 50 % de los votos, en tanto que su competidor más cercano, Carlos Mesa, finalmente alcanzó el 28,83 %.
La espera de los datos oficiales era un mero trámite, ya que entre el domingo y el lunes la victoria del MAS fue reconocida por la presidenta de facto, Jeanine Áñez, Mesa y la Organización de Estados Americanos (OEA), además de que los presidentes de Argentina, Alberto Fernández; México, Andrés Manuel López Obrador; Chile, Sebastián Piñera; Perú, Martín Vizcarra y el gobierno de Estados Unidos felicitaron tanto a Arce como a su candidato a la Vicepresidencia, David Choquehuanca.
Los comicios pusieron así fin a un año de incertidumbre para los bolivianos que comenzó el 20 de octubre de 2019, cuando se llevaron a cabo las elecciones en que Evo Morales buscó su tercera reelección a pesar de que en un referéndum previo la mayor parte de la ciudadanía había rechazado su nueva postulación.
Las elecciones de 2019
Gracias a un controvertido fallo del Tribunal Constitucional, que lo favoreció, Morales logró registrarse como candidato. Ya había ganado por primera vez la Presidencia en 2005 con el 53,72 % de los votos. En 2009 se reeligió con el 64,22 %, y en 2015 volvió a arrasar con el 63,36 %. A pesar del desgaste de más de 13 años de gobierno, confío en que volvería a obtener el apoyo mayoritario de la sociedad.
Pero lo que estalló fue un conflicto electoral provocado por las suspicacias que despertó una interrupción en el conteo de votos la noche de ese 20 de octubre, y que fue suficiente para que Carlos Mesa, el expresidente y principal rival de Morales, denunciara un fraude.
El entonces presidente se declaró ganador mientras crecían las dudas sobre los resultados. Cinco días más tarde, ya con el 100 % de las casillas escrutadas, el Tribunal Supremo Electoral confirmó el triunfo del presidente: había obtenido el 47,08 % frente al 36,51 % logrado por Mesa.
Morales necesitaba una diferencia de 10 puntos para ganar. Había obtenido 10,57. Era un resultado demasiado justo, insuficiente para darle la legitimidad que necesitaba en medio de las protestas que se expandían por el país y la presión de los opositores internos y externos, encabezados por la Organización de Estados Americanos (OEA), que jugó un papel central en el conflicto.
El golpe de Estado
Acosado por una insurrección policial, bloqueos, protestas masivas y presiones de las Fuerzas Armadas, Morales convocó el 10 de noviembre a nuevas elecciones, tal y como pedía la oposición, pero al mismo tiempo la OEA publicó un informe en el que denunciaba supuestas irregularidades que, meses después, fueron puestas en duda por diferentes informes independientes.
En medio de un imparable clima de violencia política, Morales fue forzado a renunciar ese mismo día. Terminó así un gobierno que había durado 13 años y nueve meses, el periodo de mayor prosperidad económica y combate a la pobreza en la historia de Bolivia.
Gracias a un operativo sin precedentes organizado por México, Morales pudo refugiarse en la Ciudad de México. Ahí permaneció hasta diciembre, cuando tras la toma de posesión de Alberto Fernández en Argentina, pudo viajar a Buenos Aires, donde permanece asilado hasta ahora.
Desde la capital argentina, Morales reagrupó al MAS, en enero impulsó la candidatura presidencial de Arce Catacora, su exministro de Economía, y anunció su propia candidatura al Senado, pero meses después las autoridades electorales de Bolivia lo inhabilitaron porque, al estar viviendo en el extranjero, no cumplía el requisito de tener una residencia mínima de dos años para postularse. El expresidente denunció una proscripción.
El 12 de noviembre, apenas dos días después de que Morales fuera depuesto, la senadora ultraderechista Jeanine Áñez se autoproclamó como presidenta y prometió que sólo permanecería durante unas semanas en el cargo, mientras se realizaban las elecciones en las que aseguró que no se postularía.
Pero incumplió. A principios de año lanzó una candidatura a la que tuvo que renunciar en septiembre debido a la escasa intención de voto que le anticipaban las encuestas. Siempre reiteró que la meta era evitar a toda costa el regreso del MAS al poder. Por eso trató de evitar a toda costa el registro de Arce, sobre todo a través de denuncias judiciales.
Las represiones y persecuciones a militantes del MAS fueron cotidianas durante el gobierno de Áñez, el cual quedará marcado por las masacres registradas en las localidades de Sacaba y Senkata durante los primeros días posteriores a su asunción y en las que fueron asesinadas 36 personas.
La campaña
El 19 de enero, de manera inédita para la historia de Bolivia, Luis Arce fue elegido abanderado presidencial del MAS en un encuentro partidario realizado en Buenos Aires. La fórmula la completó David Choquehuanca como candidato a la Vicepresidencia.
Así, el exministro de Economía y el excanciller de Evo Morales se lanzaron al reto de recuperar la confianza de la ciudadanía en el partido que había gobernado Bolivia casi 14 años.
En principio, el Tribunal Supremo Electoral fijó las nuevas elecciones para el 3 de mayo. La intención era que el país recuperara lo más pronto posible la normalidad democrática, pero la pandemia de coronavirus obligó a postergar la fecha por dos semanas, hasta el 17 de mayo.
A lo largo del año, la dictadura de Áñez y sus aliados en el exterior consolidaron una narrativa que demonizó a Morales y al MAS y que aseguraba que ya no tenía el apoyo mayoritario de la población y que bastaba que la oposición se uniera para que el «voto útil» venciera y eliminara a la izquierda. Esa lectura no tomó en cuenta la sólida base social que el masismo construyó desde la década pasada y que Arce fortaleció a lo largo de la campaña, en sus recorridos por todo el país.
Al intensificarse la crisis sanitaria, los comicios se pospusieron hasta el 6 de septiembre. Mientras tanto, la presidenta de facto trataba de postergarlos lo más posible con la esperanza de que la mayoritaria intención de voto al MAS que predecían las encuestas se desplomara entre más tiempo transcurriera. De todas formas, la interpretación generalizada era que Arce había llegado a un techo de votos que no superaba el 45 % y que lo más probable es que tuviera que enfrentar una segunda vuelta contra Mesa en la que este finalmente ganaría la Presidencia.
A diferencia de sus oponentes, el MAS quería que las elecciones ya se concretaran, por lo que aceptó una nueva fecha, el 18 de octubre, con la condición de que fuera inamovible.
Así ocurrió. Y los resultados superaron las previsiones más optimistas del masismo, que ni siquiera necesitó una segunda vuelta para regresar al poder y que no solo ganó la Presidencia, sino que también obtuvo mayoría en el Parlamento.
Foto: Cortesía
Rusia lanzó una andanada de misiles y drones contra edificios de apartamentos en Kiev, por segunda vez en una semana, dejando al menos 22 muertos, en la antesala de una cumbre de la OTAN en Turquía.
El ataque ocurre pocos días después de otro bombardeo en la capital ucraniana que dejó más de 30 fallecidos. En esta ocasión, el impacto de los proyectiles abrió un cráter en un bloque de apartamentos de varios pisos, arrancando sus plantas superiores y partiendo el edificio en dos.
Durante la noche, periodistas de la AFP en Kiev reportaron más de diez explosiones en medio de una alerta por misiles balísticos. Uno de los impactos afectó el edificio donde reside Anna Misko, de 36 años, en el barrio de Pozniaki, al este de la capital.
“Tengo un hijo y siempre bajamos a la planta baja”, relató la mujer, quien afirmó haber sobrevivido por milagro, ya que los primeros pisos del edificio quedaron destruidos.
El ataque, el segundo consecutivo en el que Rusia emplea misiles balísticos —considerados difíciles de interceptar— llevó al presidente ucraniano Volodimir Zelenski a reiterar su pedido de más sistemas de defensa aérea, en particular misiles Patriot de fabricación estadounidense.
Zelenski instó a sus aliados a adoptar “decisiones firmes” en apoyo a la defensa aérea de Ucrania, en vísperas de la cumbre de la OTAN que inicia este martes en Ankara, donde se prevé que el mandatario ucraniano sostenga conversaciones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
“Es de una importancia crucial que el mundo —y, ante todo, Estados Unidos y nuestros socios europeos— salga de la cumbre de la OTAN en Ankara con decisiones firmes en apoyo de nuestra defensa aérea”, escribió Zelenski en redes sociales.
Las autoridades ucranianas informaron que los ataques nocturnos dejaron al menos 15 muertos en Kiev y siete en la ciudad de Vyshneve, cercana a la capital, además de decenas de heridos.
Un periodista de la AFP observó cómo equipos de rescate recuperaban el cuerpo de una víctima en el octavo piso de un edificio residencial en Kiev, mientras se escuchaban gritos de una mujer en el lugar.
Según la Fuerza Aérea de Ucrania, Rusia lanzó un total de 68 misiles y 351 drones durante el ataque.
En el distrito norte de Podilski, residentes describieron escenas de destrucción tras las explosiones.
“A la 01H30 de la madrugada se produjo un impacto muy fuerte. Una onda expansiva, todas las ventanas volaron. Y luego golpeó tres veces más”, relató Oleksandr Bakhlukov, de 68 años. “Caía vidrio por todas partes. No quedó ni un solo panel de vidrio en el apartamento”, añadió.
El Ministerio de Defensa ruso aseguró haber ejecutado un “ataque masivo” con misiles y drones contra “empresas del complejo militar-industrial” e instalaciones energéticas en distintas regiones de Ucrania.
Zelenski afirmó que las fuerzas ucranianas lograron derribar drones y misiles de crucero, aunque advirtió que el país cuenta con “un suministro insuficiente de misiles interceptores” para neutralizar proyectiles balísticos.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, señaló que el ataque evidencia la necesidad urgente de reforzar la defensa aérea de Ucrania, tema que será abordado en la reunión de la OTAN.
En paralelo, el ejército ruso informó haber derribado más de 500 drones ucranianos durante la misma noche, mientras que Ucrania reivindicó un ataque contra la refinería de Omsk, en Siberia, a unos 2.500 kilómetros de su frontera, una de las más grandes del país y la más lejana alcanzada por Kiev desde el inicio de la guerra.
El gobernador de la región, Vitali Khotsenko, confirmó el ataque a través de Telegram y señaló que no se registraron víctimas.
Desde el inicio de la invasión en 2022, Rusia ha lanzado de forma recurrente ataques con misiles y drones contra ciudades ucranianas, en un conflicto considerado el más letal en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.
Un nuevo corte eléctrico generalizado afecta este lunes a Cuba, el tercero registrado en los últimos seis meses, según informó la compañía eléctrica estatal en un contexto de profunda crisis energética que atraviesa la isla.
La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) comunicó a través de la red social X que se investigan las causas de la “desconexión total” del sistema eléctrico nacional, que impacta a toda la isla, con una población de 9,6 millones de habitantes.
Las autoridades señalaron que el sistema eléctrico cubano enfrenta un fuerte deterioro debido al envejecimiento de su infraestructura, sumado a las restricciones derivadas del bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos desde enero. Esta situación ha provocado apagones diarios de hasta 24 horas en la capital, mientras que en otras zonas del país pueden extenderse por más de 70 horas.
Cuba atraviesa además una severa crisis económica caracterizada por escasez de alimentos, medicinas y una elevada inflación, lo que se suma a los frecuentes apagones parciales registrados en los últimos meses. El corte de este lunes constituye el tercer apagón general en medio año y el octavo desde finales de 2024.
Desde enero, Washington solo ha autorizado la entrada de un petrolero ruso a la isla, con un cargamento de 100.000 toneladas de petróleo.
La generación eléctrica del país depende principalmente de siete centrales térmicas obsoletas, algunas con más de 40 años de operación, las cuales presentan fallas frecuentes o requieren mantenimiento constante. A ello se suma una red de generadores de respaldo alimentados con diésel importado.
En un intento por reducir la dependencia del petróleo y enfrentar la crisis energética, el gobierno cubano ha impulsado inversiones en energía solar con apoyo de países como China.
Entre 2025 y comienzos de 2026, se instalaron 56 parques solares fotovoltaicos en la isla, los cuales generan más de 1.000 megavatios, lo que representa aproximadamente el 10 % de la producción total de electricidad del país. A finales de 2024, esa cifra era del 3 %, mientras que las autoridades proyectan alcanzar el 15 % para finales de 2026.
El movimiento islamista palestino Hamás anunció este lunes la disolución del organismo que gobernó la Franja de Gaza durante casi dos décadas, una medida que allana el camino para que un comité de tecnócratas asuma la administración del territorio.
La decisión representa un cambio político significativo para el movimiento, que tomó el control del enclave en 2007 tras enfrentamientos con Fatah, la formación del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, con sede en Ramala, en la Cisjordania ocupada.
Desde la entrada en vigor del cese al fuego entre Israel y Hamás en octubre, el grupo islamista ha reiterado su disposición a ceder el poder en Gaza a otra dirección palestina, aunque persisten asuntos pendientes como el desarme del movimiento.
De acuerdo con declaraciones a la AFP del jefe de la oficina de medios del gobierno de Hamás, Ismail al Thawabta, el jefe del comité de emergencia gubernamental, Mohamed al Farra, presentó su renuncia oficial y se decidió disolver dicho comité para facilitar la transición administrativa hacia el Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG).
El NCAG, con sede en El Cairo, fue creado por la denominada “Junta de Paz”, establecida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante las negociaciones que condujeron al alto el fuego entre Hamás e Israel.
Aunque se han planteado diversos escenarios para el futuro del territorio, la implementación en el terreno se mantiene estancada.
Uno de los principales puntos de desacuerdo continúa siendo el desarme de Hamás, posibilidad que el movimiento vincula a una iniciativa política palestina, mientras que Israel se opone a esta condición.
El portavoz de Hamás, Hazem Qasem, afirmó a la AFP que la decisión de renunciar a la administración de la Franja busca “privar a la ocupación de cualquier pretexto para continuar su agresión y su guerra de exterminio”.
Asimismo, un alto cargo del movimiento, que pidió el anonimato, señaló que la decisión fue comunicada a otras facciones palestinas durante una reunión reciente en El Cairo, y aseguró que estas la habrían aprobado.
El presidente del NCAG, Ali Shaath, escribió en la red social X que el organismo está preparado para asumir sus responsabilidades “tan pronto como estén disponibles los recursos y capacidades necesarios”. La “Junta de Paz” reiteró, por su parte, que el principio fundamental del proceso es la concentración de todas las armas bajo el control del NCAG.
El politólogo Mkhaimar Abusada calificó la medida como principalmente “simbólica”, al señalar que el principal obstáculo sigue siendo la aceptación del desarme de Hamás.
La primera fase del alto el fuego permitió la liberación de los últimos rehenes israelíes retenidos por Hamás, a cambio de palestinos encarcelados en Israel. Sin embargo, el paso a la segunda fase, que contemplaba el desarme del movimiento y una retirada progresiva de las fuerzas israelíes de Gaza, permanece estancado, mientras Israel ha reforzado su presencia en el territorio.
Israel ha descartado el regreso de Hamás al poder y, al mismo tiempo, se opone a que la Autoridad Palestina asuma el control.
En paralelo, Hamás e Israel se acusan mutuamente de violar el alto el fuego. Según el Ministerio de Salud de Gaza, bajo la autoridad del movimiento, al menos 1,072 palestinos han muerto desde la entrada en vigor de la tregua, cifras que la ONU considera fiables. El ejército israelí, por su parte, reporta seis bajas en el mismo periodo, entre ellas cinco soldados y un contratista.
