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Datos oficiales dan como ganador a Luis Arce Catacora en Bolivia después de cinco días de conteo
El candidato del Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Arce Catacora, ganó las elecciones presidenciales de Bolivia en primera vuelta al haber obtenido el 55,1 % de los votos, confirmaron los resultados oficiales.
Después de cinco días de conteo, el Órgano Electoral Plurinacional ratificó los cifras que la madrugada del lunes habían dado a conocer dos sondeos a boca de urna en los que el exministro de Economía superaba del 50 % de los votos, en tanto que su competidor más cercano, Carlos Mesa, finalmente alcanzó el 28,83 %.
La espera de los datos oficiales era un mero trámite, ya que entre el domingo y el lunes la victoria del MAS fue reconocida por la presidenta de facto, Jeanine Áñez, Mesa y la Organización de Estados Americanos (OEA), además de que los presidentes de Argentina, Alberto Fernández; México, Andrés Manuel López Obrador; Chile, Sebastián Piñera; Perú, Martín Vizcarra y el gobierno de Estados Unidos felicitaron tanto a Arce como a su candidato a la Vicepresidencia, David Choquehuanca.
Los comicios pusieron así fin a un año de incertidumbre para los bolivianos que comenzó el 20 de octubre de 2019, cuando se llevaron a cabo las elecciones en que Evo Morales buscó su tercera reelección a pesar de que en un referéndum previo la mayor parte de la ciudadanía había rechazado su nueva postulación.
Las elecciones de 2019
Gracias a un controvertido fallo del Tribunal Constitucional, que lo favoreció, Morales logró registrarse como candidato. Ya había ganado por primera vez la Presidencia en 2005 con el 53,72 % de los votos. En 2009 se reeligió con el 64,22 %, y en 2015 volvió a arrasar con el 63,36 %. A pesar del desgaste de más de 13 años de gobierno, confío en que volvería a obtener el apoyo mayoritario de la sociedad.
Pero lo que estalló fue un conflicto electoral provocado por las suspicacias que despertó una interrupción en el conteo de votos la noche de ese 20 de octubre, y que fue suficiente para que Carlos Mesa, el expresidente y principal rival de Morales, denunciara un fraude.
El entonces presidente se declaró ganador mientras crecían las dudas sobre los resultados. Cinco días más tarde, ya con el 100 % de las casillas escrutadas, el Tribunal Supremo Electoral confirmó el triunfo del presidente: había obtenido el 47,08 % frente al 36,51 % logrado por Mesa.
Morales necesitaba una diferencia de 10 puntos para ganar. Había obtenido 10,57. Era un resultado demasiado justo, insuficiente para darle la legitimidad que necesitaba en medio de las protestas que se expandían por el país y la presión de los opositores internos y externos, encabezados por la Organización de Estados Americanos (OEA), que jugó un papel central en el conflicto.
El golpe de Estado
Acosado por una insurrección policial, bloqueos, protestas masivas y presiones de las Fuerzas Armadas, Morales convocó el 10 de noviembre a nuevas elecciones, tal y como pedía la oposición, pero al mismo tiempo la OEA publicó un informe en el que denunciaba supuestas irregularidades que, meses después, fueron puestas en duda por diferentes informes independientes.
En medio de un imparable clima de violencia política, Morales fue forzado a renunciar ese mismo día. Terminó así un gobierno que había durado 13 años y nueve meses, el periodo de mayor prosperidad económica y combate a la pobreza en la historia de Bolivia.
Gracias a un operativo sin precedentes organizado por México, Morales pudo refugiarse en la Ciudad de México. Ahí permaneció hasta diciembre, cuando tras la toma de posesión de Alberto Fernández en Argentina, pudo viajar a Buenos Aires, donde permanece asilado hasta ahora.
Desde la capital argentina, Morales reagrupó al MAS, en enero impulsó la candidatura presidencial de Arce Catacora, su exministro de Economía, y anunció su propia candidatura al Senado, pero meses después las autoridades electorales de Bolivia lo inhabilitaron porque, al estar viviendo en el extranjero, no cumplía el requisito de tener una residencia mínima de dos años para postularse. El expresidente denunció una proscripción.
El 12 de noviembre, apenas dos días después de que Morales fuera depuesto, la senadora ultraderechista Jeanine Áñez se autoproclamó como presidenta y prometió que sólo permanecería durante unas semanas en el cargo, mientras se realizaban las elecciones en las que aseguró que no se postularía.
Pero incumplió. A principios de año lanzó una candidatura a la que tuvo que renunciar en septiembre debido a la escasa intención de voto que le anticipaban las encuestas. Siempre reiteró que la meta era evitar a toda costa el regreso del MAS al poder. Por eso trató de evitar a toda costa el registro de Arce, sobre todo a través de denuncias judiciales.
Las represiones y persecuciones a militantes del MAS fueron cotidianas durante el gobierno de Áñez, el cual quedará marcado por las masacres registradas en las localidades de Sacaba y Senkata durante los primeros días posteriores a su asunción y en las que fueron asesinadas 36 personas.
La campaña
El 19 de enero, de manera inédita para la historia de Bolivia, Luis Arce fue elegido abanderado presidencial del MAS en un encuentro partidario realizado en Buenos Aires. La fórmula la completó David Choquehuanca como candidato a la Vicepresidencia.
Así, el exministro de Economía y el excanciller de Evo Morales se lanzaron al reto de recuperar la confianza de la ciudadanía en el partido que había gobernado Bolivia casi 14 años.
En principio, el Tribunal Supremo Electoral fijó las nuevas elecciones para el 3 de mayo. La intención era que el país recuperara lo más pronto posible la normalidad democrática, pero la pandemia de coronavirus obligó a postergar la fecha por dos semanas, hasta el 17 de mayo.
A lo largo del año, la dictadura de Áñez y sus aliados en el exterior consolidaron una narrativa que demonizó a Morales y al MAS y que aseguraba que ya no tenía el apoyo mayoritario de la población y que bastaba que la oposición se uniera para que el «voto útil» venciera y eliminara a la izquierda. Esa lectura no tomó en cuenta la sólida base social que el masismo construyó desde la década pasada y que Arce fortaleció a lo largo de la campaña, en sus recorridos por todo el país.
Al intensificarse la crisis sanitaria, los comicios se pospusieron hasta el 6 de septiembre. Mientras tanto, la presidenta de facto trataba de postergarlos lo más posible con la esperanza de que la mayoritaria intención de voto al MAS que predecían las encuestas se desplomara entre más tiempo transcurriera. De todas formas, la interpretación generalizada era que Arce había llegado a un techo de votos que no superaba el 45 % y que lo más probable es que tuviera que enfrentar una segunda vuelta contra Mesa en la que este finalmente ganaría la Presidencia.
A diferencia de sus oponentes, el MAS quería que las elecciones ya se concretaran, por lo que aceptó una nueva fecha, el 18 de octubre, con la condición de que fuera inamovible.
Así ocurrió. Y los resultados superaron las previsiones más optimistas del masismo, que ni siquiera necesitó una segunda vuelta para regresar al poder y que no solo ganó la Presidencia, sino que también obtuvo mayoría en el Parlamento.
Una batalla campal se vivió la noche del domingo en el barrio Los Fuertes y la zona de Monte Placentero, en la turística isla de Roatán, departamento de Islas de la Bahía, Honduras. Esto luego de que personas que protagonizaban desórdenes públicos se resistieran a los llamados de atención de las autoridades y comenzaran a agredir a los agentes del orden.
Según medios locales, la Policía fue alertada sobre disturbios en el sector; asimismo, se registró un incendio en la zona. De esta manera, los agentes se movilizaron al lugar para restablecer el orden, pero fueron recibidos por alborotadores, algunos presuntamente bajo los efectos del alcohol, que comenzaron a resistirse a la autoridad y a enfrentarse con los uniformados.
En videos que circularon en redes sociales se observa a varios hombres agrediendo a los policías con objetos contundentes. Los agentes eran superados en número por los involucrados en los disturbios.
Un oficial que brindó declaraciones en el lugar de los hechos, sin identificarse, aseguró que dos policías resultaron heridos: uno sufrió golpes en la cabeza con una botella de vidrio y otro presentó múltiples lesiones.
Por otra parte, el comisionado Lisandro Muñoz expuso en un programa de televisión local que las 30 personas detenidas por el altercado enfrentarán a la justicia por alteración del orden público, entre otros delitos.
El exparlamentario y líder indígena Brooklyn Rivera, considerado un preso político del gobierno en Nicaragua, fue sepultado de forma exprés en Managua la noche del domingo, informó la prensa oficialista.
El líder murió por complicaciones de salud luego de casi tres años de detención.
Rivera, de 73 años y cuya liberación exigía Estados Unidos, fue detenido por la policía el 29 de septiembre de 2023 en su casa del poblado caribeño de Bilwi. Amnistía Internacional lo consideraba un «preso de conciencia» de los copresidentes izquierdistas Daniel Ortega y Rosario Murillo, en el poder desde 2007.
Tras un velatorio de pocas horas en el que participaron diputados oficialistas, miembros de una iglesia cristiana y amigos «acompañaron el sepelio» de Rivera «elevando oraciones y muestras de cariño en su despedida», informó el canal 4 de la televisión estatal en la red social X.
El canal publicó fotos del ataúd del líder indígena, que fue sepultado en el cementerio privado Sierra de Paz, al sureste de Managua.
Según un comunicado del ministerio de Salud, Rivera sufría un «deterioro físico y neurológico» como «consecuencia de una bacteria generada por el virus de la COVID-19».
Desde el exilio la hija del dirigente, Tininiska Rivera, había solicitado al gobierno que le permitiera regresar para despedirlo conforme a las «tradiciones» del pueblo miskitu.
También desmintió en un comunicado la versión oficial de que Rivera estuvo acompañado de parientes en sus últimos momentos de vida.
El exdiputado estaba hospitalizado por múltiples enfermedades, según el gobierno, que el pasado miércoles difundió fotos de Rivera conectado a un respirador artificial y demacrado, y la víspera reconoció que su condición era «crítica».
El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, dijo en X estar «profundamente preocupado» por la muerte de Rivera «bajo custodia del Estado», por lo que demandó una «investigación inmediata, independiente y transparente» y la liberación de «todos los presos políticos».
De la ONU a prisión
Rivera era un reconocido líder miskito y del partido indígena Yatama (Hijos de la madre tierra unidos), que defiende los derechos de las comunidades originarias de Nicaragua.
Las autoridades nunca hicieron públicos los cargos en su contra.
Pero según reportes de prensa, en noviembre de 2024 el gobierno admitió ante la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU que se había levantado su inmunidad parlamentaria para investigarlo por delitos como traición a la patria.
Meses antes de ser encarcelado, en abril de 2023, Rivera participó en un foro de la ONU en Nueva York, donde denunció las problemáticas de las comunidades indígenas y afrodescendientes de Nicaragua.
Al regresar se le impidió el ingreso al país, pero luego entró clandestinamente.
En un video grabado entonces, afirmó que volvía consciente del «riesgo» y que lo hacía por «amor» a su «tierra» y a su «pueblo».
Posteriormente fue apresado y se le impedía tener contacto con la familia.
Un centenar de desaparecidos
Al exigir una prueba de vida el pasado 1 de mayo, un grupo de expertos de la ONU aseguró que el líder indígena formaba parte de un grupo de 112 personas «desparecidas forzadamente».
«Las condiciones de detención en Nicaragua son, según informes, inhumanas y quienes han sido desaparecidos forzadamente podrían haber sido sometidos a tortura y otros tratos crueles», afirmaron los juristas.
La Asociación Juvenil Indígena de la Moskitia (Ajim) sostuvo que «ningún pueblo debería despedir a sus líderes en las condiciones en que hoy despedimos a Brooklyn».
Estados Unidos exigió el pasado viernes su liberación «incondicional» y tildó de «abominable» la «represión, violencia e inhumanidad» de la «dictadura» de Ortega y Murillo.
Rivera integró la Alianza Revolucionaria Democrática (Arde) liderada por el fallecido Edén Pastora, alias Comandante Cero, que se alzó contra el gobierno del Frente Sandinista en la guerra civil de los «contras» en la década de 1980.
También fue líder de la milicia indígena Misurasata. Tras la guerra civil fue profesor universitario y diputado.
Ortega, de 80 años, y Murillo, de 74, mantienen un fuerte control sobre opositores tras las protestas de 2018 que dejaron unos 300 muertos, centenares de detenidos y forzaron a cientos de miles al exilio.
El gobierno denunció esas manifestaciones como un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington.
Según la oposición, Ortega enfrenta problemas de salud por lo que Murillo hace una purga interna para garantizar la sucesión.
Noruega ha vivido la primavera más cálida desde que comenzaron los registros en 1901, con temperaturas medias 2,1 grados Celsius por encima de la norma estacional, anunció el martes el instituto meteorológico.
Aunque el país escandinavo se libra de la ola de calor que afectó a Europa en mayo, las temperaturas por encima de la media en marzo y abril contribuyeron al récord, indicó un comunicado del instituto meteorológico.
«El sol es demasiado estable como para explicar el rápido cambio climático actual. Tiene que deberse a nuestras emisiones de combustibles fósiles», subrayó el climatólogo Jostein Mamen.
La última primavera más cálida se registró en 2024, cuando las temperaturas fueron 1,8 °C superiores a lo normal, y 2025 fue la segunda más cálida.
El calentamiento fue particularmente notable en el norte de Noruega.
En Svalbard, un archipiélago situado a medio camino entre la Noruega continental y el Polo Norte, las temperaturas en abril llegaron a situarse entre 5 y 6 grados por encima de lo normal, según el instituto.
El Ártico se calienta mucho más rápido que otras regiones debido a un proceso conocido como amplificación ártica.
Según la ONU, se espera que las temperaturas medias globales se mantengan «en niveles récord o cercanos a ellos» durante los próximos cinco años.
El aumento de las temperaturas a escala mundial conlleva un mayor riesgo de estrés térmico y fenómenos meteorológicos extremos, como inundaciones o sequías severas.
