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Datos oficiales dan como ganador a Luis Arce Catacora en Bolivia después de cinco días de conteo

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El candidato del Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Arce Catacora, ganó las elecciones presidenciales de Bolivia en primera vuelta al haber obtenido el 55,1 % de los votos, confirmaron los resultados oficiales.

Después de cinco días de conteo, el Órgano Electoral Plurinacional ratificó los cifras que la madrugada del lunes habían dado a conocer dos sondeos a boca de urna en los que el exministro de Economía superaba del 50 % de los votos, en tanto que su competidor más cercano, Carlos Mesa, finalmente alcanzó el 28,83 %.

La espera de los datos oficiales era un mero trámite, ya que entre el domingo y el lunes la victoria del MAS fue reconocida por la presidenta de facto, Jeanine Áñez, Mesa y la Organización de Estados Americanos (OEA), además de que los presidentes de Argentina, Alberto Fernández; México, Andrés Manuel López Obrador; Chile, Sebastián Piñera; Perú, Martín Vizcarra y el gobierno de Estados Unidos felicitaron tanto a Arce como a su candidato a la Vicepresidencia, David Choquehuanca.

Los comicios pusieron así fin a un año de incertidumbre para los bolivianos que comenzó el 20 de octubre de 2019, cuando se llevaron a cabo las elecciones en que Evo Morales buscó su tercera reelección a pesar de que en un referéndum previo la mayor parte de la ciudadanía había rechazado su nueva postulación.

Las elecciones de 2019

Gracias a un controvertido fallo del Tribunal Constitucional, que lo favoreció, Morales logró registrarse como candidato. Ya había ganado por primera vez la Presidencia en 2005 con el 53,72 % de los votos. En 2009 se reeligió con el 64,22 %, y en 2015 volvió a arrasar con el 63,36 %. A pesar del desgaste de más de 13 años de gobierno, confío en que volvería a obtener el apoyo mayoritario de la sociedad.

Pero lo que estalló fue un conflicto electoral provocado por las suspicacias que despertó una interrupción en el conteo de votos la noche de ese 20 de octubre, y que fue suficiente para que Carlos Mesa, el expresidente y principal rival de Morales, denunciara un fraude.

El entonces presidente se declaró ganador mientras crecían las dudas sobre los resultados. Cinco días más tarde, ya con el 100 % de las casillas escrutadas, el Tribunal Supremo Electoral confirmó el triunfo del presidente: había obtenido el 47,08 % frente al 36,51 % logrado por Mesa. 

Morales necesitaba una diferencia de 10 puntos para ganar. Había obtenido 10,57. Era un resultado demasiado justo, insuficiente para darle la legitimidad que necesitaba en medio de las protestas que se expandían por el país y la presión de los opositores internos y externos, encabezados por la Organización de Estados Americanos (OEA), que jugó un papel central en el conflicto.

El golpe de Estado

Acosado por una insurrección policial, bloqueos, protestas masivas y presiones de las Fuerzas Armadas, Morales convocó el 10 de noviembre a nuevas elecciones, tal y como pedía la oposición, pero al mismo tiempo la OEA publicó un informe en el que denunciaba supuestas irregularidades que, meses después, fueron puestas en duda por diferentes informes independientes.

En medio de un imparable clima de violencia política, Morales fue forzado a renunciar ese mismo día. Terminó así un gobierno que había durado 13 años y nueve meses, el periodo de mayor prosperidad económica y combate a la pobreza en la historia de Bolivia.

Gracias a un operativo sin precedentes organizado por México, Morales pudo refugiarse en la Ciudad de México. Ahí permaneció hasta diciembre, cuando tras la toma de posesión de Alberto Fernández en Argentina, pudo viajar a Buenos Aires, donde permanece asilado hasta ahora.

Desde la capital argentina, Morales reagrupó al MAS, en enero impulsó la candidatura presidencial de Arce Catacora, su exministro de Economía, y anunció su propia candidatura al Senado, pero meses después las autoridades electorales de Bolivia lo inhabilitaron porque, al estar viviendo en el extranjero, no cumplía el requisito de tener una residencia mínima de dos años para postularse. El expresidente denunció una proscripción.

El 12 de noviembre, apenas dos días después de que Morales fuera depuesto, la senadora ultraderechista Jeanine Áñez se autoproclamó como presidenta y prometió que sólo permanecería durante unas semanas en el cargo, mientras se realizaban las elecciones en las que aseguró que no se postularía.

Pero incumplió. A principios de año lanzó una candidatura a la que tuvo que renunciar en septiembre debido a la escasa intención de voto que le anticipaban las encuestas. Siempre reiteró que la meta era evitar a toda costa el regreso del MAS al poder. Por eso trató de evitar a toda costa el registro de Arce, sobre todo a través de denuncias judiciales.

Las represiones y persecuciones a militantes del MAS fueron cotidianas durante el gobierno de Áñez, el cual quedará marcado por las masacres registradas en las localidades de Sacaba y Senkata durante los primeros días posteriores a su asunción y en las que fueron asesinadas 36 personas.

La campaña

El 19 de enero, de manera inédita para la historia de Bolivia, Luis Arce fue elegido abanderado presidencial del MAS en un encuentro partidario realizado en Buenos Aires. La fórmula la completó David Choquehuanca como candidato a la Vicepresidencia.

Así, el exministro de Economía y el excanciller de Evo Morales se lanzaron al reto de recuperar la confianza de la ciudadanía en el partido que había gobernado Bolivia casi 14 años.

En principio, el Tribunal Supremo Electoral fijó las nuevas elecciones para el 3 de mayo. La intención era que el país recuperara lo más pronto posible la normalidad democrática, pero la pandemia de coronavirus obligó a postergar la fecha por dos semanas, hasta el 17 de mayo.

A lo largo del año, la dictadura de Áñez y sus aliados en el exterior consolidaron una narrativa que demonizó a Morales y al MAS y que aseguraba que ya no tenía el apoyo mayoritario de la población y que bastaba que la oposición se uniera para que el «voto útil» venciera y eliminara a la izquierda. Esa lectura no tomó en cuenta la sólida base social que el masismo construyó desde la década pasada y que Arce fortaleció a lo largo de la campaña, en sus recorridos por todo el país.

Al intensificarse la crisis sanitaria, los comicios se pospusieron hasta el 6 de septiembre. Mientras tanto, la presidenta de facto trataba de postergarlos lo más posible con la esperanza de que la mayoritaria intención de voto al MAS que predecían las encuestas se desplomara entre más tiempo transcurriera. De todas formas, la interpretación generalizada era que Arce había llegado a un techo de votos que no superaba el 45 % y que lo más probable es que tuviera que enfrentar una segunda vuelta contra Mesa en la que este finalmente ganaría la Presidencia.

A diferencia de sus oponentes, el MAS quería que las elecciones ya se concretaran, por lo que aceptó una nueva fecha, el 18 de octubre, con la condición de que fuera inamovible.

Así ocurrió. Y los resultados superaron las previsiones más optimistas del masismo, que ni siquiera necesitó una segunda vuelta para regresar al poder y que no solo ganó la Presidencia, sino que también obtuvo mayoría en el Parlamento.

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Provincia de Canadá prepara demanda contra OpenAI por tiroteo escolar

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La provincia canadiense de Columbia Británica informó el martes que prepara una demanda contra OpenAI por no haber reportado a las autoridades la actividad violenta registrada en ChatGPT por la persona que posteriormente cometió un tiroteo escolar.

La fiscal general de la provincia, Niki Sharma, explicó que el gobierno provincial busca responsabilizar a la empresa de inteligencia artificial y a quienes toman sus decisiones por no haber notificado a las fuerzas del orden sobre las solicitudes de contenido violento realizadas en la plataforma antes de la tragedia ocurrida en Tumbler Ridge.

«La provincia está preparando acciones legales para responsabilizar a la empresa de inteligencia artificial OpenAI y a quienes toman sus decisiones por su fracaso para notificar a las fuerzas de la ley las solicitudes violentas hechas en su plataforma ChatGPT por el perpetrador antes de la tragedia en Tumbler Ridge», declaró Sharma a periodistas.

La autora del ataque fue identificada como Jesse Van Rootselaar, una persona transgénero de 18 años, quien mató a ocho personas en el pequeño pueblo minero de Tumbler Ridge, en la provincia de Columbia Británica.

Según la información proporcionada, OpenAI suspendió una cuenta vinculada a Van Rootselaar en junio de 2025, ocho meses antes del tiroteo. La empresa bloqueó la cuenta debido a preocupaciones relacionadas con un posible uso asociado a actividades violentas, aunque aseguró que no informó a la policía porque no existían indicios de un ataque inminente.

Por su parte, un portavoz de OpenAI señaló el martes que la compañía ya reforzó sus medidas de seguridad, especialmente en la forma en que ChatGPT responde a señales de angustia.

«Aplicamos una política de tolerancia cero respecto al uso de nuestras herramientas para ayudar a cometer actos de violencia», afirmó la empresa en una declaración escrita.

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Presidente electo de Colombia denuncia que Petro quiere dar «un golpe de Estado»

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El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, aseguró el martes que el mandatario saliente, Gustavo Petro, intenta llevar a cabo un «golpe de Estado» y pidió a las Fuerzas Armadas «proteger» la democracia y desobedecer cualquier orden orientada a ese propósito.

Los trámites para la transmisión de mando, prevista para el 7 de agosto, se desarrollan en medio de tensiones entre el gobierno saliente de izquierda y el presidente electo de extrema derecha, quien cuenta con el respaldo del presidente estadounidense, Donald Trump.

Según De la Espriella, Petro se niega a reconocer el resultado del balotaje celebrado en junio, en el que el abogado obtuvo la victoria por menos del 1 % de los votos sobre el candidato oficialista, Iván Cepeda. El presidente electo también acusa al gobierno saliente de corrupción.

«Petro y Cepeda iniciaron su plan B para quedarse a como diera lugar en el poder. Y lo quieren hacer a través de un golpe de Estado», declaró De la Espriella, luego de suspender el proceso de transición con el primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia.

El mandatario electo calificó la transición como una «auditoría exhaustiva» de la administración de Petro y afirmó haber identificado problemas en la lucha contra el narcotráfico, la concesión de contratos estatales a dedo y deficiencias en el sistema de salud.

En respuesta, Petro escribió en X que De la Espriella «se eligió con ayuda extranjera, prohibido por la Constitución (…) y entregó la soberanía nacional para ser presidente».

De la Espriella, quien posee nacionalidad colombiana y estadounidense, se ha declarado admirador de Trump y aseguró haber votado por él en las elecciones de 2024. Además, afirmó que bajo su administración Colombia y Estados Unidos tendrán una relación «como nunca antes».

Las diferencias entre Petro y Trump han quedado reflejadas en reiterados desacuerdos sobre política migratoria y la lucha contra el narcotráfico.

Por su parte, Petro afirmó que desconoce la «legitimidad» del presidente electo, sostiene que existió un «fraude electoral» y convocó protestas para el 20 de julio, fecha en la que ofrecerá su discurso de despedida de la Presidencia.

Aunque el senador Iván Cepeda, heredero político de Petro, reconoció los resultados electorales, anunció que se mantendrá en «desobediencia civil» frente al nuevo gobierno.

Sin embargo, observadores internacionales y las autoridades electorales descartaron cualquier tipo de manipulación en los comicios.

De la Espriella ha prometido impulsar la inversión privada, reducir el tamaño del Estado y endurecer el combate contra las guerrillas y los carteles del narcotráfico.

El abogado, conocido como «El Tigre», ha capitalizado el descontento de una parte de la población por los intentos fallidos del gobierno de Petro para negociar la paz con grupos armados, en medio de la peor ola de violencia registrada en la última década.

Asimismo, el presidente electo amenazó con llevar a Petro, a Cepeda y a sus aliados ante tribunales estadounidenses. Aseguró que estos tienen «miedo» por el «destape que vendrá, no solo frente a toda la corrupción (…) sino de las consecuencias legales que tendrán sus vínculos con el narcoterrorismo», aunque no presentó pruebas que respalden esas afirmaciones.

De la Espriella también sostuvo que las denuncias de fraude constituyen una «excusa para incendiar el país».

Mientras tanto, sectores de la derecha expresan preocupación por un eventual estallido de protestas, similares a las manifestaciones respaldadas por Petro contra el entonces presidente Iván Duque entre 2019 y 2021, las cuales dejaron decenas de fallecidos.

Pese a la suspensión de la participación del equipo del presidente electo, Petro aseguró que el proceso de transmisión de mando continuará.

«Se colocarán sillas vacías en espera que quienes se robaron las elecciones lleguen a entender qué es gobernar», escribió el mandatario en su cuenta de X.

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Ismael “El Mayo” Zambada acepta sentencia impuesta por tribunal de Estados Unidos

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El fundador del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, aceptó la sentencia impuesta por un tribunal federal de Nueva York, Estados Unidos, que lo condenó a cadena perpetua por delitos relacionados con el narcotráfico.

La condena fue dictada el 6 de julio por dicha sede judicial. Ante esta resolución, Zambada solicitó al juez federal que no fuera enviado a una cárcel de máxima seguridad y pidió que se garantice la atención de su salud.

En una carta presentada por sus abogados al juez federal Brian M. Cogan, se indicó que Zambada está «plenamente consciente de que la consecuencia será una sentencia obligatoria de cadena perpetua» y que «acepta este resultado y no solicita al tribunal que lo condene fuera de la ley».

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