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Datos oficiales dan como ganador a Luis Arce Catacora en Bolivia después de cinco días de conteo
El candidato del Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Arce Catacora, ganó las elecciones presidenciales de Bolivia en primera vuelta al haber obtenido el 55,1 % de los votos, confirmaron los resultados oficiales.
Después de cinco días de conteo, el Órgano Electoral Plurinacional ratificó los cifras que la madrugada del lunes habían dado a conocer dos sondeos a boca de urna en los que el exministro de Economía superaba del 50 % de los votos, en tanto que su competidor más cercano, Carlos Mesa, finalmente alcanzó el 28,83 %.
La espera de los datos oficiales era un mero trámite, ya que entre el domingo y el lunes la victoria del MAS fue reconocida por la presidenta de facto, Jeanine Áñez, Mesa y la Organización de Estados Americanos (OEA), además de que los presidentes de Argentina, Alberto Fernández; México, Andrés Manuel López Obrador; Chile, Sebastián Piñera; Perú, Martín Vizcarra y el gobierno de Estados Unidos felicitaron tanto a Arce como a su candidato a la Vicepresidencia, David Choquehuanca.
Los comicios pusieron así fin a un año de incertidumbre para los bolivianos que comenzó el 20 de octubre de 2019, cuando se llevaron a cabo las elecciones en que Evo Morales buscó su tercera reelección a pesar de que en un referéndum previo la mayor parte de la ciudadanía había rechazado su nueva postulación.
Las elecciones de 2019
Gracias a un controvertido fallo del Tribunal Constitucional, que lo favoreció, Morales logró registrarse como candidato. Ya había ganado por primera vez la Presidencia en 2005 con el 53,72 % de los votos. En 2009 se reeligió con el 64,22 %, y en 2015 volvió a arrasar con el 63,36 %. A pesar del desgaste de más de 13 años de gobierno, confío en que volvería a obtener el apoyo mayoritario de la sociedad.
Pero lo que estalló fue un conflicto electoral provocado por las suspicacias que despertó una interrupción en el conteo de votos la noche de ese 20 de octubre, y que fue suficiente para que Carlos Mesa, el expresidente y principal rival de Morales, denunciara un fraude.
El entonces presidente se declaró ganador mientras crecían las dudas sobre los resultados. Cinco días más tarde, ya con el 100 % de las casillas escrutadas, el Tribunal Supremo Electoral confirmó el triunfo del presidente: había obtenido el 47,08 % frente al 36,51 % logrado por Mesa.
Morales necesitaba una diferencia de 10 puntos para ganar. Había obtenido 10,57. Era un resultado demasiado justo, insuficiente para darle la legitimidad que necesitaba en medio de las protestas que se expandían por el país y la presión de los opositores internos y externos, encabezados por la Organización de Estados Americanos (OEA), que jugó un papel central en el conflicto.
El golpe de Estado
Acosado por una insurrección policial, bloqueos, protestas masivas y presiones de las Fuerzas Armadas, Morales convocó el 10 de noviembre a nuevas elecciones, tal y como pedía la oposición, pero al mismo tiempo la OEA publicó un informe en el que denunciaba supuestas irregularidades que, meses después, fueron puestas en duda por diferentes informes independientes.
En medio de un imparable clima de violencia política, Morales fue forzado a renunciar ese mismo día. Terminó así un gobierno que había durado 13 años y nueve meses, el periodo de mayor prosperidad económica y combate a la pobreza en la historia de Bolivia.
Gracias a un operativo sin precedentes organizado por México, Morales pudo refugiarse en la Ciudad de México. Ahí permaneció hasta diciembre, cuando tras la toma de posesión de Alberto Fernández en Argentina, pudo viajar a Buenos Aires, donde permanece asilado hasta ahora.
Desde la capital argentina, Morales reagrupó al MAS, en enero impulsó la candidatura presidencial de Arce Catacora, su exministro de Economía, y anunció su propia candidatura al Senado, pero meses después las autoridades electorales de Bolivia lo inhabilitaron porque, al estar viviendo en el extranjero, no cumplía el requisito de tener una residencia mínima de dos años para postularse. El expresidente denunció una proscripción.
El 12 de noviembre, apenas dos días después de que Morales fuera depuesto, la senadora ultraderechista Jeanine Áñez se autoproclamó como presidenta y prometió que sólo permanecería durante unas semanas en el cargo, mientras se realizaban las elecciones en las que aseguró que no se postularía.
Pero incumplió. A principios de año lanzó una candidatura a la que tuvo que renunciar en septiembre debido a la escasa intención de voto que le anticipaban las encuestas. Siempre reiteró que la meta era evitar a toda costa el regreso del MAS al poder. Por eso trató de evitar a toda costa el registro de Arce, sobre todo a través de denuncias judiciales.
Las represiones y persecuciones a militantes del MAS fueron cotidianas durante el gobierno de Áñez, el cual quedará marcado por las masacres registradas en las localidades de Sacaba y Senkata durante los primeros días posteriores a su asunción y en las que fueron asesinadas 36 personas.
La campaña
El 19 de enero, de manera inédita para la historia de Bolivia, Luis Arce fue elegido abanderado presidencial del MAS en un encuentro partidario realizado en Buenos Aires. La fórmula la completó David Choquehuanca como candidato a la Vicepresidencia.
Así, el exministro de Economía y el excanciller de Evo Morales se lanzaron al reto de recuperar la confianza de la ciudadanía en el partido que había gobernado Bolivia casi 14 años.
En principio, el Tribunal Supremo Electoral fijó las nuevas elecciones para el 3 de mayo. La intención era que el país recuperara lo más pronto posible la normalidad democrática, pero la pandemia de coronavirus obligó a postergar la fecha por dos semanas, hasta el 17 de mayo.
A lo largo del año, la dictadura de Áñez y sus aliados en el exterior consolidaron una narrativa que demonizó a Morales y al MAS y que aseguraba que ya no tenía el apoyo mayoritario de la población y que bastaba que la oposición se uniera para que el «voto útil» venciera y eliminara a la izquierda. Esa lectura no tomó en cuenta la sólida base social que el masismo construyó desde la década pasada y que Arce fortaleció a lo largo de la campaña, en sus recorridos por todo el país.
Al intensificarse la crisis sanitaria, los comicios se pospusieron hasta el 6 de septiembre. Mientras tanto, la presidenta de facto trataba de postergarlos lo más posible con la esperanza de que la mayoritaria intención de voto al MAS que predecían las encuestas se desplomara entre más tiempo transcurriera. De todas formas, la interpretación generalizada era que Arce había llegado a un techo de votos que no superaba el 45 % y que lo más probable es que tuviera que enfrentar una segunda vuelta contra Mesa en la que este finalmente ganaría la Presidencia.
A diferencia de sus oponentes, el MAS quería que las elecciones ya se concretaran, por lo que aceptó una nueva fecha, el 18 de octubre, con la condición de que fuera inamovible.
Así ocurrió. Y los resultados superaron las previsiones más optimistas del masismo, que ni siquiera necesitó una segunda vuelta para regresar al poder y que no solo ganó la Presidencia, sino que también obtuvo mayoría en el Parlamento.
El presidente y el primer ministro de Líbano acusaron a Israel de haber cometido un crimen de guerra tras el bombardeo que acabó con la vida de una periodista libanesa en el sur del país.
Los equipos de rescate y el medio con el que colaboraba confirmaron el miércoles el fallecimiento de Amal Jalil, una reportera de 42 años que trabajaba para el diario libanés Al Akhbar.
La agencia de defensa civil informó de que Jalil murió en un ataque contra una vivienda en la aldea de Al Tiri.
«Israel ataca deliberadamente a los periodistas para ocultar la verdad sobre sus crímenes contra Líbano», afirmó el presidente libanés, Joseph Aoun, en un comunicado en el que denunciaba «crímenes de guerra».
Un portavoz del ejército israelí declaró a AFP que «el incidente aún está bajo revisión».
Desde el viernes está en vigor en Líbano un alto al fuego de diez días en la guerra entre Israel y el movimiento proiraní Hezbolá, que ha dejado más de 2,400 muertos en territorio libanés.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró ayer que prevé reunirse con los líderes de Israel y Líbano en las próximas dos semanas, y expresó su esperanza de lograr un acuerdo de paz permanente este mismo año.
La UE aprobó finalmente un préstamo de 90,000 millones de euros ($105,000 millones) para Ucrania, que estuvo meses bloqueado por el veto de Hungría y que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha celebrado este jueves con los dirigentes del bloque en una cumbre europea en Chipre.
Los europeos también aprobaron un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, el vigésimo desde la invasión de la exrepública soviética en febrero de 2022, dirigidas al sector bancario ruso y que añaden nuevas restricciones a las exportaciones de petróleo, cuyos ingresos financian gran parte de su guerra contra Ucrania.
«Llegamos a Chipre con buenas noticias», declaró la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. «Mientras Rusia redobla su agresividad», Europa refuerza su apoyo a Ucrania y su «presión sobre la economía de guerra rusa».
El levantamiento del veto de Hungría, tras meses de bloqueo, permitirá que la Comisión Europea abone un primer tramo de este préstamo adoptado en diciembre.
El consenso también fue allanado después de que Eslovaquia retirara sus objeciones, luego de que Ucrania reanudara el flujo de petróleo ruso hacia Europa por el oleoducto Druzhba, que había sufrido daños.
«Se ha desbloqueado el punto muerto», dijo en X la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas. «La economía de guerra de Rusia está bajo una presión creciente, mientras que Ucrania cuenta con un apoyo fundamental», añadió.
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que se reunirá en Chipre con los jefes de Estado y de Gobierno de la UE, celebró la aprobación del préstamo europeo. Este «reforzará nuestro ejército, hará que Ucrania sea más resiliente y nos permitirá cumplir con nuestras obligaciones sociales para con los ucranianos», afirmó en un mensaje publicado en Facebook.
Retirar las minas en el estrecho de Ormuz podría llevar medio año, lo cual tendría un impacto en el precio de los hidrocarburos a nivel mundial, consideró el Pentágono durante una exposición clasificada en el Congreso estadounidense, según informó The Washington Post.
El estrecho de Ormuz ha estado prácticamente cerrado desde que estalló la guerra el 28 de febrero, desencadenada por los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán. Por esa vía solía transitar un 20 % de los hidrocarburos que se consumen en todo el mundo.
The Washington Post cita a tres responsables anónimos según los cuales «los parlamentarios fueron informados de que Irán podría haber puesto 20 minas o más en el estrecho de Ormuz y en los alrededores».
Peajes. Irán también aseguró que ha recibido los primeros ingresos procedentes de los peajes que impuso en el estratégico estrecho de Ormuz. Foto: AFP
Según la presentación de un responsable de Defensa, «algunas fueron colocadas en el agua, a distancia, gracias a tecnología GPS» y esto complica su detección. Otras las habrían emplazado mediante «embarcaciones pequeñas».
«Un cierre de seis meses del estrecho de Ormuz es una imposibilidad y algo completamente inaceptable», dijo un portavoz del Pentágono, Sean Parnell, en un comunicado enviado a la AFP en el que desmentía la noticia.
Parnell señaló que la noticia se basa en una «sesión informativa clasificada, a puerta cerrada» y que mucha de la información es «falsa».
Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, advirtieron a mediados de abril acerca de una «zona peligrosa» de 1,400 km² donde podría haber minas.
La semana pasada, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que Teherán «con la ayuda de Estados Unidos, [había] retirado o [estaba] retirando todas las minas marinas». Pero la república islámica no lo confirmó.
Según Teherán, los buques deben ser autorizados para salir o entrar en el Golfo a través de esa vía, mientras que Estados Unidos mantiene un bloqueo de los puertos iraníes desde el 13 de abril.
Peligro. Equipos de Estados Unidos están ayudando a desminar el estrecho de Ormuz. Foto: AFP
Vecinos son más afectados
El bloqueo naval de Estados Unidos a Irán debería ralentizar la producción petrolera del país en las próximas semanas, pero es prematuro predecir un colapso económico, estiman diversos analistas.
La apuesta de Washington de bloquear a Irán podría no dar sus frutos, al menos a corto plazo.
«Si el bloqueo dura más de dos o tres meses, puede causar más daños» a Irán, subraya Saeed Laylaz, analista económico y profesor en la Universidad Shahid Beheshti de Teherán. Pero los «causados a los países del sur del golfo Pérsico serán sin duda más importantes».
El tiempo del que dispone Teherán antes de alcanzar su límite de almacenamiento se mide en «semanas más que en días», estima, sin embargo, Jamie Ingram, redactor jefe del Middle East Economic Survey (MEES), aunque es probable que Irán «reduzca ligeramente su producción antes de llegar a ese punto».
Arne Lohmann Rasmussen, analista jefe de Global Risk Management, considera por su parte que el país «alcanzará sus límites de almacenamiento en aproximadamente un mes, pero ya podría verse obligado a reducir parte de su producción petrolera en dos semanas».
