Internacionales
Datos oficiales dan como ganador a Luis Arce Catacora en Bolivia después de cinco días de conteo
El candidato del Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Arce Catacora, ganó las elecciones presidenciales de Bolivia en primera vuelta al haber obtenido el 55,1 % de los votos, confirmaron los resultados oficiales.
Después de cinco días de conteo, el Órgano Electoral Plurinacional ratificó los cifras que la madrugada del lunes habían dado a conocer dos sondeos a boca de urna en los que el exministro de Economía superaba del 50 % de los votos, en tanto que su competidor más cercano, Carlos Mesa, finalmente alcanzó el 28,83 %.
La espera de los datos oficiales era un mero trámite, ya que entre el domingo y el lunes la victoria del MAS fue reconocida por la presidenta de facto, Jeanine Áñez, Mesa y la Organización de Estados Americanos (OEA), además de que los presidentes de Argentina, Alberto Fernández; México, Andrés Manuel López Obrador; Chile, Sebastián Piñera; Perú, Martín Vizcarra y el gobierno de Estados Unidos felicitaron tanto a Arce como a su candidato a la Vicepresidencia, David Choquehuanca.
Los comicios pusieron así fin a un año de incertidumbre para los bolivianos que comenzó el 20 de octubre de 2019, cuando se llevaron a cabo las elecciones en que Evo Morales buscó su tercera reelección a pesar de que en un referéndum previo la mayor parte de la ciudadanía había rechazado su nueva postulación.
Las elecciones de 2019
Gracias a un controvertido fallo del Tribunal Constitucional, que lo favoreció, Morales logró registrarse como candidato. Ya había ganado por primera vez la Presidencia en 2005 con el 53,72 % de los votos. En 2009 se reeligió con el 64,22 %, y en 2015 volvió a arrasar con el 63,36 %. A pesar del desgaste de más de 13 años de gobierno, confío en que volvería a obtener el apoyo mayoritario de la sociedad.
Pero lo que estalló fue un conflicto electoral provocado por las suspicacias que despertó una interrupción en el conteo de votos la noche de ese 20 de octubre, y que fue suficiente para que Carlos Mesa, el expresidente y principal rival de Morales, denunciara un fraude.
El entonces presidente se declaró ganador mientras crecían las dudas sobre los resultados. Cinco días más tarde, ya con el 100 % de las casillas escrutadas, el Tribunal Supremo Electoral confirmó el triunfo del presidente: había obtenido el 47,08 % frente al 36,51 % logrado por Mesa.
Morales necesitaba una diferencia de 10 puntos para ganar. Había obtenido 10,57. Era un resultado demasiado justo, insuficiente para darle la legitimidad que necesitaba en medio de las protestas que se expandían por el país y la presión de los opositores internos y externos, encabezados por la Organización de Estados Americanos (OEA), que jugó un papel central en el conflicto.
El golpe de Estado
Acosado por una insurrección policial, bloqueos, protestas masivas y presiones de las Fuerzas Armadas, Morales convocó el 10 de noviembre a nuevas elecciones, tal y como pedía la oposición, pero al mismo tiempo la OEA publicó un informe en el que denunciaba supuestas irregularidades que, meses después, fueron puestas en duda por diferentes informes independientes.
En medio de un imparable clima de violencia política, Morales fue forzado a renunciar ese mismo día. Terminó así un gobierno que había durado 13 años y nueve meses, el periodo de mayor prosperidad económica y combate a la pobreza en la historia de Bolivia.
Gracias a un operativo sin precedentes organizado por México, Morales pudo refugiarse en la Ciudad de México. Ahí permaneció hasta diciembre, cuando tras la toma de posesión de Alberto Fernández en Argentina, pudo viajar a Buenos Aires, donde permanece asilado hasta ahora.
Desde la capital argentina, Morales reagrupó al MAS, en enero impulsó la candidatura presidencial de Arce Catacora, su exministro de Economía, y anunció su propia candidatura al Senado, pero meses después las autoridades electorales de Bolivia lo inhabilitaron porque, al estar viviendo en el extranjero, no cumplía el requisito de tener una residencia mínima de dos años para postularse. El expresidente denunció una proscripción.
El 12 de noviembre, apenas dos días después de que Morales fuera depuesto, la senadora ultraderechista Jeanine Áñez se autoproclamó como presidenta y prometió que sólo permanecería durante unas semanas en el cargo, mientras se realizaban las elecciones en las que aseguró que no se postularía.
Pero incumplió. A principios de año lanzó una candidatura a la que tuvo que renunciar en septiembre debido a la escasa intención de voto que le anticipaban las encuestas. Siempre reiteró que la meta era evitar a toda costa el regreso del MAS al poder. Por eso trató de evitar a toda costa el registro de Arce, sobre todo a través de denuncias judiciales.
Las represiones y persecuciones a militantes del MAS fueron cotidianas durante el gobierno de Áñez, el cual quedará marcado por las masacres registradas en las localidades de Sacaba y Senkata durante los primeros días posteriores a su asunción y en las que fueron asesinadas 36 personas.
La campaña
El 19 de enero, de manera inédita para la historia de Bolivia, Luis Arce fue elegido abanderado presidencial del MAS en un encuentro partidario realizado en Buenos Aires. La fórmula la completó David Choquehuanca como candidato a la Vicepresidencia.
Así, el exministro de Economía y el excanciller de Evo Morales se lanzaron al reto de recuperar la confianza de la ciudadanía en el partido que había gobernado Bolivia casi 14 años.
En principio, el Tribunal Supremo Electoral fijó las nuevas elecciones para el 3 de mayo. La intención era que el país recuperara lo más pronto posible la normalidad democrática, pero la pandemia de coronavirus obligó a postergar la fecha por dos semanas, hasta el 17 de mayo.
A lo largo del año, la dictadura de Áñez y sus aliados en el exterior consolidaron una narrativa que demonizó a Morales y al MAS y que aseguraba que ya no tenía el apoyo mayoritario de la población y que bastaba que la oposición se uniera para que el «voto útil» venciera y eliminara a la izquierda. Esa lectura no tomó en cuenta la sólida base social que el masismo construyó desde la década pasada y que Arce fortaleció a lo largo de la campaña, en sus recorridos por todo el país.
Al intensificarse la crisis sanitaria, los comicios se pospusieron hasta el 6 de septiembre. Mientras tanto, la presidenta de facto trataba de postergarlos lo más posible con la esperanza de que la mayoritaria intención de voto al MAS que predecían las encuestas se desplomara entre más tiempo transcurriera. De todas formas, la interpretación generalizada era que Arce había llegado a un techo de votos que no superaba el 45 % y que lo más probable es que tuviera que enfrentar una segunda vuelta contra Mesa en la que este finalmente ganaría la Presidencia.
A diferencia de sus oponentes, el MAS quería que las elecciones ya se concretaran, por lo que aceptó una nueva fecha, el 18 de octubre, con la condición de que fuera inamovible.
Así ocurrió. Y los resultados superaron las previsiones más optimistas del masismo, que ni siquiera necesitó una segunda vuelta para regresar al poder y que no solo ganó la Presidencia, sino que también obtuvo mayoría en el Parlamento.
Indignados, temerosos y con calles semivacías, los guatemaltecos vivieron el lunes el primer día de un estado de sitio decretado por el gobierno tras el asesinato de diez policías a manos de pandilleros, para quienes exigen ahora el máximo castigo.
El miedo se disparó entre los habitantes de la capital y sus localidades vecinas, donde el domingo se registraron varios ataques contra instalaciones policiales y patrullas en represalia por la retoma de tres cárceles donde jefes pandilleros mantenían como rehenes a 46 personas.
«Es preocupante porque no se puede salir tranquilo sin que pase nada», dijo el lunes a la AFP Alondra Flores, estudiante universitaria de 26 años.
Diez agentes, entre ellos dos mujeres y varios de reciente graduación, fallecieron en estos ataques.
Las autoridades afirman que las agresiones a la policía y los motines en tres prisiones se dieron para presionar el traslado de Aldo Dupie alias «El Lobo», un líder de la temida pandilla Barrio 18, a una cárcel de menor seguridad.
Dupie es señalado de orquestar los motines. El domingo, este cabecilla fue mostrado en televisión rodeado de agentes con armas largas, jadeante, arrodillado y con manchas de sangre.
También «deseaba que en el pabellón (donde estuviera preso) se instalara aire condicionado, que se dejara ingresar una cama «king size», que se dejara ingresar comida de ciertos restaurantes», denunció el ministro de gobernación, Marco Antonio Villeda.
Para el maestro Erwin Oliva, esos privilegios otorgados en el pasado por gobiernos «permisivos» envalentonaron a los criminales.
Se «está cosechando lo que se ha estado sembrando durante tantos años, con darles privilegios a los pandilleros, con tenerlos cómodos dentro de las cárceles», lamenta Oliva.
Dupie está condenado por varios homicidios y, según la prensa local, tiene estrechos vínculos con una familia de políticos.
Barrio 18 fue declarada el año pasado organización terrorista por el presidente estadounidense, Donald Trump, junto con su enemiga la Mara Salvatrucha.
Ambas operan además en Honduras y El Salvador, donde el gobierno de Nayib Bukele ha logrado someterlas con una estrategia de mano dura, aunque criticada por organizaciones de derechos humanos.
En medio de escenas desgarradoras, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, presidió el lunes el funeral de siete de los policías acribillados en la sede del ministerio de Gobernación.
Abrazó a varios de los familiares y, visiblemente compungido, pronunció un discurso junto a los féretros de quienes llamó «héroes».
Hay «indignación por la crueldad en contra de quienes están dispuestos a matar a quemarropa, de forma traicionera. No vamos a descansar ni a escatimar recursos para castigar a los responsables», afirmó el mandatario, quien denuncia que detrás de las pandillas hay poderosas mafias políticas a las que promete derrotar.
Arévalo decretó el estado de sitio la noche del domingo por 30 días.
La medida, que fue ratificada este lunes por el Congreso, autoriza detenciones e interrogatorios sin orden judicial y suspende derechos de reunión y manifestación, aunque no se observaba aún un aumento de los patrullajes.
El presidente también declaró tres días de luto nacional, por lo que la bandera guatemalteca lucía a media asta en Gobernación y demás edificios públicos. Los empleados del poder judicial tampoco trabajaron por orden gubernamental.
Como medidas preventivas, la Policía recomendó además a la población permanecer en casa, en tanto el ministerio de Educación suspendió clases en escuelas privadas (las públicas están en vacaciones) y la embajada de Estados Unidos en Guatemala emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos.
Algunos colegios optaron por hacer clases virtuales.
Se estima que los operativos de seguridad aumenten en los próximos días con la coordinación de las fuerzas policiales y militares.
Sentado en una banca del centro histórico de Ciudad de Guatemala, un octogenario dice que apoya el estado de excepción, pero reclama medidas más radicales.
«Hay que volver a los tiempos de antes. Delincuente agarrado, delincuente muerto porque ya no hay de otra. Si no se le pone freno a esto, esto va a continuar», expresó el hombre, quien por temor prefirió reservarse su identidad.
Internacionales
España inicia tres días de luto por el accidente ferroviario que dejó al menos 41 muertos
En un nuevo balance difundido a primera hora de la mañana, el gobierno regional andaluz informó que se había hallado un nuevo cadáver entre los restos de uno de los trenes, con lo que el saldo de fallecidos subió a 41.
«La cifra de muertos se ha elevado a 41, tras recuperarse anoche el cuerpo sin vida de una persona de uno de los vagones» del tren de la compañía Iryo, informó el gobierno andaluz sobre el siniestro ocurrido en Adamuz, provincia de Córdoba, en un balance que aún podría aumentar porque siguen en curso las tareas de búsqueda.
Además, «en los distintos hospitales andaluces continúan ingresadas 39 personas, 35 adultos y cuatro niños. En UCI permanecen 13 pacientes, todos adultos», añadieron las autoridades.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, aventuró este martes que la cifra definitiva de fallecidos podría acabar asemejándose a las denuncias de desaparecidos, 43.
«Lo que hay que hacer es cruzar los desaparecidos o las denuncias por desaparición con los fallecidos y ayer, al menos a última hora, la cifra era más o menos coincidente», explicó en la radio Onda Cero.
El hombre surfeaba en la zona de Mid North Coast, en el noreste de Nueva Gales del Sur, cuando fue mordido por lo que las autoridades creen que fue un tiburón toro.
Logró escapar con heridas «menores», indicó el servicio de salvavidas de Nueva Gales del Sur.
«Un surfista reportó haber visto un tiburón y emergió del agua con heridas en la parte baja del cuerpo. Las heridas fueron reportadas como menores», indicaron los socorristas en un comunicado.
Se trata de la cuarta persona atacada por un tiburón en las últimos 48 horas en Nueva Gales del Sur.
Dos personas fueron atacadas el lunes cuando surfeaban en playas del norte de Sídney y uno de ellos quedó en condición crítica.
Horas antes, un niño de 11 años logró escapar ileso cuando un tiburón mordió su tabla de surf.
La tarde del domingo, un menor de 12 años fue herido de gravedad por un tiburón cuando nadaba en una playa del puerto de Sídney y se encuentra hospitalizado en condiciones críticas.
Todas las playas del norte de esa ciudad australiana fueron cerradas hasta nuevo aviso, indicaron las autoridades.
Las fuertes lluvias han enturbiado el agua en la zona, lo que según los salvavidas crea condiciones propicias para la presencia de tiburones toro.
«Mejor vayan a una piscina local porque en este momento estamos avisando que las playas son inseguras», dijeron en su comunicado.
