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Datos oficiales dan como ganador a Luis Arce Catacora en Bolivia después de cinco días de conteo
El candidato del Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Arce Catacora, ganó las elecciones presidenciales de Bolivia en primera vuelta al haber obtenido el 55,1 % de los votos, confirmaron los resultados oficiales.
Después de cinco días de conteo, el Órgano Electoral Plurinacional ratificó los cifras que la madrugada del lunes habían dado a conocer dos sondeos a boca de urna en los que el exministro de Economía superaba del 50 % de los votos, en tanto que su competidor más cercano, Carlos Mesa, finalmente alcanzó el 28,83 %.
La espera de los datos oficiales era un mero trámite, ya que entre el domingo y el lunes la victoria del MAS fue reconocida por la presidenta de facto, Jeanine Áñez, Mesa y la Organización de Estados Americanos (OEA), además de que los presidentes de Argentina, Alberto Fernández; México, Andrés Manuel López Obrador; Chile, Sebastián Piñera; Perú, Martín Vizcarra y el gobierno de Estados Unidos felicitaron tanto a Arce como a su candidato a la Vicepresidencia, David Choquehuanca.
Los comicios pusieron así fin a un año de incertidumbre para los bolivianos que comenzó el 20 de octubre de 2019, cuando se llevaron a cabo las elecciones en que Evo Morales buscó su tercera reelección a pesar de que en un referéndum previo la mayor parte de la ciudadanía había rechazado su nueva postulación.
Las elecciones de 2019
Gracias a un controvertido fallo del Tribunal Constitucional, que lo favoreció, Morales logró registrarse como candidato. Ya había ganado por primera vez la Presidencia en 2005 con el 53,72 % de los votos. En 2009 se reeligió con el 64,22 %, y en 2015 volvió a arrasar con el 63,36 %. A pesar del desgaste de más de 13 años de gobierno, confío en que volvería a obtener el apoyo mayoritario de la sociedad.
Pero lo que estalló fue un conflicto electoral provocado por las suspicacias que despertó una interrupción en el conteo de votos la noche de ese 20 de octubre, y que fue suficiente para que Carlos Mesa, el expresidente y principal rival de Morales, denunciara un fraude.
El entonces presidente se declaró ganador mientras crecían las dudas sobre los resultados. Cinco días más tarde, ya con el 100 % de las casillas escrutadas, el Tribunal Supremo Electoral confirmó el triunfo del presidente: había obtenido el 47,08 % frente al 36,51 % logrado por Mesa.
Morales necesitaba una diferencia de 10 puntos para ganar. Había obtenido 10,57. Era un resultado demasiado justo, insuficiente para darle la legitimidad que necesitaba en medio de las protestas que se expandían por el país y la presión de los opositores internos y externos, encabezados por la Organización de Estados Americanos (OEA), que jugó un papel central en el conflicto.
El golpe de Estado
Acosado por una insurrección policial, bloqueos, protestas masivas y presiones de las Fuerzas Armadas, Morales convocó el 10 de noviembre a nuevas elecciones, tal y como pedía la oposición, pero al mismo tiempo la OEA publicó un informe en el que denunciaba supuestas irregularidades que, meses después, fueron puestas en duda por diferentes informes independientes.
En medio de un imparable clima de violencia política, Morales fue forzado a renunciar ese mismo día. Terminó así un gobierno que había durado 13 años y nueve meses, el periodo de mayor prosperidad económica y combate a la pobreza en la historia de Bolivia.
Gracias a un operativo sin precedentes organizado por México, Morales pudo refugiarse en la Ciudad de México. Ahí permaneció hasta diciembre, cuando tras la toma de posesión de Alberto Fernández en Argentina, pudo viajar a Buenos Aires, donde permanece asilado hasta ahora.
Desde la capital argentina, Morales reagrupó al MAS, en enero impulsó la candidatura presidencial de Arce Catacora, su exministro de Economía, y anunció su propia candidatura al Senado, pero meses después las autoridades electorales de Bolivia lo inhabilitaron porque, al estar viviendo en el extranjero, no cumplía el requisito de tener una residencia mínima de dos años para postularse. El expresidente denunció una proscripción.
El 12 de noviembre, apenas dos días después de que Morales fuera depuesto, la senadora ultraderechista Jeanine Áñez se autoproclamó como presidenta y prometió que sólo permanecería durante unas semanas en el cargo, mientras se realizaban las elecciones en las que aseguró que no se postularía.
Pero incumplió. A principios de año lanzó una candidatura a la que tuvo que renunciar en septiembre debido a la escasa intención de voto que le anticipaban las encuestas. Siempre reiteró que la meta era evitar a toda costa el regreso del MAS al poder. Por eso trató de evitar a toda costa el registro de Arce, sobre todo a través de denuncias judiciales.
Las represiones y persecuciones a militantes del MAS fueron cotidianas durante el gobierno de Áñez, el cual quedará marcado por las masacres registradas en las localidades de Sacaba y Senkata durante los primeros días posteriores a su asunción y en las que fueron asesinadas 36 personas.
La campaña
El 19 de enero, de manera inédita para la historia de Bolivia, Luis Arce fue elegido abanderado presidencial del MAS en un encuentro partidario realizado en Buenos Aires. La fórmula la completó David Choquehuanca como candidato a la Vicepresidencia.
Así, el exministro de Economía y el excanciller de Evo Morales se lanzaron al reto de recuperar la confianza de la ciudadanía en el partido que había gobernado Bolivia casi 14 años.
En principio, el Tribunal Supremo Electoral fijó las nuevas elecciones para el 3 de mayo. La intención era que el país recuperara lo más pronto posible la normalidad democrática, pero la pandemia de coronavirus obligó a postergar la fecha por dos semanas, hasta el 17 de mayo.
A lo largo del año, la dictadura de Áñez y sus aliados en el exterior consolidaron una narrativa que demonizó a Morales y al MAS y que aseguraba que ya no tenía el apoyo mayoritario de la población y que bastaba que la oposición se uniera para que el «voto útil» venciera y eliminara a la izquierda. Esa lectura no tomó en cuenta la sólida base social que el masismo construyó desde la década pasada y que Arce fortaleció a lo largo de la campaña, en sus recorridos por todo el país.
Al intensificarse la crisis sanitaria, los comicios se pospusieron hasta el 6 de septiembre. Mientras tanto, la presidenta de facto trataba de postergarlos lo más posible con la esperanza de que la mayoritaria intención de voto al MAS que predecían las encuestas se desplomara entre más tiempo transcurriera. De todas formas, la interpretación generalizada era que Arce había llegado a un techo de votos que no superaba el 45 % y que lo más probable es que tuviera que enfrentar una segunda vuelta contra Mesa en la que este finalmente ganaría la Presidencia.
A diferencia de sus oponentes, el MAS quería que las elecciones ya se concretaran, por lo que aceptó una nueva fecha, el 18 de octubre, con la condición de que fuera inamovible.
Así ocurrió. Y los resultados superaron las previsiones más optimistas del masismo, que ni siquiera necesitó una segunda vuelta para regresar al poder y que no solo ganó la Presidencia, sino que también obtuvo mayoría en el Parlamento.
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Estados Unidos transmitirá en vivo el fusilamiento de un condenado por ataque a base militar
El Pentágono anunció que transmitirá en directo la ejecución de Nidal Hasan, el psiquiatra militar musulmán de origen palestino condenado a muerte por matar a 13 personas en un ataque ocurrido en 2009 en la base militar Fort Hood, en Estados Unidos. La decisión fue calificada este viernes como una forma de «tortura» por la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La ejecución está prevista para el 3 de diciembre y será la primera realizada por las fuerzas armadas estadounidenses desde 1961. También será la primera ejecución mediante un pelotón de fusilamiento desde la Segunda Guerra Mundial.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmó que el procedimiento será público. Un funcionario del Pentágono declaró a la agencia AFP que la ejecución «será transmitida en vivo» y que posteriormente se darán a conocer más detalles.
Hegseth abordó el tema durante una conversación con Jack Posobiec, activista de derecha e influencer, a quien explicó que un pelotón de soldados cumplirá la orden de pena de muerte.
«Será ejecutado por un pelotón de fusilamiento de soldados, como debe ser, y nos aseguraremos de que la gente pueda presenciarlo, de que sea público», expresó el secretario de Defensa en un video difundido en X por varias cuentas oficiales del Pentágono.
«La gente tiene que entender que hay serias consecuencias ante este tipo de actos», agregó.
ONU califica la transmisión como una forma de tortura
La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos rechazó la decisión de transmitir la ejecución en directo y recordó su postura frente a las ejecuciones públicas en Afganistán e Irán.
«Como el Alto Comisionado ha subrayado en reacción a las ejecuciones públicas en Afganistán e Irán, las ejecuciones públicas constituyen una forma de trato o pena cruel, inhumano o degradante», señaló la institución en un mensaje enviado a la AFP.
La oficina insistió en que la difusión de este tipo de procedimientos vulneraría las normas internacionales de derechos humanos.
«La retransmisión en directo de una ejecución equivale a una ejecución pública y violaría la prohibición absoluta de la tortura», afirmó.
La última ejecución militar en Estados Unidos tuvo lugar en 1961, cuando John Bennett fue ahorcado tras ser condenado por violación e intento de homicidio.
El senador demócrata Chris Murphy también criticó la decisión de transmitir el fusilamiento y la calificó de «repugnante».
«Comprendo que en este país tenemos la pena de muerte, pero las ejecuciones públicas son medievales», declaró Murphy a CNN.
Según Amnistía Internacional, se tiene conocimiento de al menos 17 ejecuciones públicas realizadas durante 2025: seis en Afganistán y 11 en Irán.
Por su parte, la organización Centro de Información sobre la Pena de Muerte indicó que 135 soldados han sido ejecutados por el Ejército de Estados Unidos desde 1916.
El ataque en Fort Hood y la condena de Hasan
A comienzos de esta semana, el Pentágono anunció que el presidente estadounidense, Donald Trump, había aprobado la ejecución de Hasan por perpetrar un ataque inspirado en Al-Qaeda.
El tiroteo ocurrió en 2009 en la base militar Fort Hood y dejó 13 personas fallecidas. Doce de los muertos y 30 de los heridos eran soldados. Hasan recibió disparos de una agente de la policía civil durante el ataque y quedó parcialmente paralizado.
En 2013, un jurado militar lo sentenció a muerte.
Durante el juicio, Hasan asumió su propia defensa, pero no presentó testigos, no rindió declaración y tampoco intentó negar los cargos. Los abogados defensores designados por el tribunal consideraban que el acusado buscaba recibir la pena capital.
Durante el proceso judicial también se expuso que Hasan se oponía a las intervenciones militares estadounidenses en Irak y Afganistán. Asimismo, se informó al tribunal que había mantenido conversaciones con Anwar al Awlaki, un clérigo radical de origen yemení que tenía ciudadanía estadounidense y era señalado como una figura vinculada a Al-Qaeda.
Al Awlaki murió en un ataque con drones de Estados Unidos en Yemen.
En otro video, Posobiec preguntó a Hegseth si Hasan había presentado alguna petición final antes de su ejecución.
«No me importa. Lo veremos el 3 de diciembre», respondió el secretario de Defensa.
Otros ataques en instalaciones militares estadounidenses
Aunque los tiroteos masivos ocurren con frecuencia en Estados Unidos, los ataques de este tipo en instalaciones militares son relativamente poco comunes.
En 2025, un soldado abrió fuego en una base militar del estado de Georgia e hirió a cinco soldados antes de ser detenido.
En 2019, un marine estadounidense mató a tiros a dos personas e hirió a una tercera en una base militar de Hawái. Ese mismo año, un alumno militar saudita asesinó a tres personas en una instalación militar de Florida.
Otro ataque ocurrió en 2015, cuando un ciudadano estadounidense nacido en Kuwait atacó dos instalaciones militares en Tennessee, donde mató a cuatro marines y a un marinero.
El FBI concluyó que este último episodio estuvo inspirado por un «grupo terrorista internacional».
Un inusual aluvión inundó este jueves las calles de Las Condes, un acomodado municipio ubicado en el noreste de Santiago de Chile, y dejó al menos seis personas lesionadas, entre ellas un bebé de un año, además de varios habitantes aislados, informaron las autoridades.
El fuerte torrente, provocado por las intensas lluvias, arrastró decenas de vehículos que quedaron atrapados entre lodo, piedras y desechos. Algunos vecinos intentaron rescatar sus automóviles, constató la agencia AFP.
Ante la emergencia, el presidente de Chile, José Antonio Kast, anunció que instruyó decretar zona de catástrofe en la comuna de Las Condes para disponer de los recursos necesarios para atender la situación.
«Como resultado de la información levantada […] y la necesidad de disponer todos los recursos para enfrentar la emergencia, he instruido decretar zona de catástrofe a la comuna de La Condes», informó el mandatario en la red social X.
Por su parte, Germán Codina, delegado presidencial en Santiago, confirmó que hasta el momento se habían reportado seis personas lesionadas, incluido un menor de un año que sufrió una fractura.
La Región Metropolitana de Santiago registra fuertes lluvias acompañadas de tormentas eléctricas desde el martes, lo que la convierte en la zona del país con mayores precipitaciones.
Catalina San Martín, alcaldesa de Las Condes, señaló que las lluvias fueron inesperadas, pese a que el país viene de un invierno marcado por abundantes precipitaciones. También advirtió sobre la intensidad que podría alcanzar el fenómeno climático de El Niño.
«Esta lluvia era absolutamente inesperada […], venimos de un invierno muy crudo por mucha lluvia. Sabemos que (el fenómeno climático) El Niño se viene fuerte», expresó la funcionaria.
Las precipitaciones se producen en medio de las condiciones asociadas a El Niño, un fenómeno que eleva la temperatura de la superficie del océano Pacífico y altera los patrones de viento y lluvia en distintas partes del planeta. Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), este podría ser el episodio de El Niño más fuerte desde hace medio siglo.
El ministro de Obras Públicas, Louis de Grange, describió la magnitud de los daños ocasionados por el aluvión, que afectó vehículos, viviendas y calles del municipio.
«El daño ha sido brutal, la cantidad de autos destruidos, las casas que están completamente inundadas de barro. Hay caminos, hay calles de este sector que tienen más de un metro de barro», manifestó ante la prensa.
Los equipos de bomberos se movilizaron para rescatar a personas atrapadas en vehículos y viviendas, así como a quienes quedaron aislados en una universidad.
En el sector afectado también se encuentran varias clínicas privadas y el estadio del club de fútbol Universidad Católica.
El secretario de Gobierno, José Francisco Lagos, informó que las autoridades están vigilando la situación de los centros asistenciales de la zona, algunos de los cuales resultaron afectados por las inundaciones.
«El gobierno está monitoreando la situación de las clínicas y hospitales del sector, algunos que han sido afectados», declaró durante una breve rueda de prensa.
Las autoridades de México informaron sobre la detención de un exfuncionario acusado de participar en una red de extorsión que utilizaba inteligencia artificial (IA) para imitar las voces de magistrados, gobernadores y miembros del equipo de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia.
La Secretaría de Seguridad anunció el jueves el operativo que permitió capturar a un exsecretario de Finanzas del estado de Michoacán, junto con su esposa, sus hijos y un escolta, quienes presuntamente también estaban involucrados en la red.
La legislación mexicana prohíbe divulgar los nombres completos de los imputados. Sin embargo, medios de comunicación identificaron al exfuncionario como Luis Miranda Contreras, quien se desempeñó como secretario y tesorero entre 2012 y 2013 y que anteriormente fue condenado por peculado.
De acuerdo con las autoridades, Contreras y sus familiares se hicieron pasar por «ministros de la Suprema Corte, gobernadores, presidentes municipales (alcaldes), así como servidores públicos de Presidencia de la República». Desde 2021, habrían obtenido «cuantiosos recursos al contactar directamente a sus víctimas suplantando identidades e incluso recurriendo a la amenaza y extorsión».
El comunicado oficial señaló que los implicados utilizaban herramientas de inteligencia artificial para reforzar el engaño mediante la imitación de voces de figuras políticas y económicas.
«Para robustecer el engaño utilizaban IA para imitar la voz de los actores políticos o económicos a quienes suplantaban», detalló la institución.
Entre las víctimas de esta red se encontraban políticos, funcionarios públicos y empresarios.
El esquema de extorsión generalmente se desarrollaba en dos etapas. Primero, una persona que se hacía pasar por secretario de un alto funcionario contactaba a la víctima para solicitarle un número telefónico personal y advertirle que recibiría una llamada de su supuesto superior.
Poco después, la víctima recibía la llamada de quien aparentaba ser el funcionario, que solicitaba, bajo el argumento de cumplir «instrucciones superiores», pagos, puestos de trabajo en el Gobierno o la adjudicación de contratos a socios.
Las estafas mediante la suplantación de voces han aumentado con el desarrollo de la inteligencia artificial. En Estados Unidos, por ejemplo, se han reportado pérdidas superiores a los 890 millones de dólares en engaños facilitados por esta tecnología.
