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Datos oficiales dan como ganador a Luis Arce Catacora en Bolivia después de cinco días de conteo

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El candidato del Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Arce Catacora, ganó las elecciones presidenciales de Bolivia en primera vuelta al haber obtenido el 55,1 % de los votos, confirmaron los resultados oficiales.

Después de cinco días de conteo, el Órgano Electoral Plurinacional ratificó los cifras que la madrugada del lunes habían dado a conocer dos sondeos a boca de urna en los que el exministro de Economía superaba del 50 % de los votos, en tanto que su competidor más cercano, Carlos Mesa, finalmente alcanzó el 28,83 %.

La espera de los datos oficiales era un mero trámite, ya que entre el domingo y el lunes la victoria del MAS fue reconocida por la presidenta de facto, Jeanine Áñez, Mesa y la Organización de Estados Americanos (OEA), además de que los presidentes de Argentina, Alberto Fernández; México, Andrés Manuel López Obrador; Chile, Sebastián Piñera; Perú, Martín Vizcarra y el gobierno de Estados Unidos felicitaron tanto a Arce como a su candidato a la Vicepresidencia, David Choquehuanca.

Los comicios pusieron así fin a un año de incertidumbre para los bolivianos que comenzó el 20 de octubre de 2019, cuando se llevaron a cabo las elecciones en que Evo Morales buscó su tercera reelección a pesar de que en un referéndum previo la mayor parte de la ciudadanía había rechazado su nueva postulación.

Las elecciones de 2019

Gracias a un controvertido fallo del Tribunal Constitucional, que lo favoreció, Morales logró registrarse como candidato. Ya había ganado por primera vez la Presidencia en 2005 con el 53,72 % de los votos. En 2009 se reeligió con el 64,22 %, y en 2015 volvió a arrasar con el 63,36 %. A pesar del desgaste de más de 13 años de gobierno, confío en que volvería a obtener el apoyo mayoritario de la sociedad.

Pero lo que estalló fue un conflicto electoral provocado por las suspicacias que despertó una interrupción en el conteo de votos la noche de ese 20 de octubre, y que fue suficiente para que Carlos Mesa, el expresidente y principal rival de Morales, denunciara un fraude.

El entonces presidente se declaró ganador mientras crecían las dudas sobre los resultados. Cinco días más tarde, ya con el 100 % de las casillas escrutadas, el Tribunal Supremo Electoral confirmó el triunfo del presidente: había obtenido el 47,08 % frente al 36,51 % logrado por Mesa. 

Morales necesitaba una diferencia de 10 puntos para ganar. Había obtenido 10,57. Era un resultado demasiado justo, insuficiente para darle la legitimidad que necesitaba en medio de las protestas que se expandían por el país y la presión de los opositores internos y externos, encabezados por la Organización de Estados Americanos (OEA), que jugó un papel central en el conflicto.

El golpe de Estado

Acosado por una insurrección policial, bloqueos, protestas masivas y presiones de las Fuerzas Armadas, Morales convocó el 10 de noviembre a nuevas elecciones, tal y como pedía la oposición, pero al mismo tiempo la OEA publicó un informe en el que denunciaba supuestas irregularidades que, meses después, fueron puestas en duda por diferentes informes independientes.

En medio de un imparable clima de violencia política, Morales fue forzado a renunciar ese mismo día. Terminó así un gobierno que había durado 13 años y nueve meses, el periodo de mayor prosperidad económica y combate a la pobreza en la historia de Bolivia.

Gracias a un operativo sin precedentes organizado por México, Morales pudo refugiarse en la Ciudad de México. Ahí permaneció hasta diciembre, cuando tras la toma de posesión de Alberto Fernández en Argentina, pudo viajar a Buenos Aires, donde permanece asilado hasta ahora.

Desde la capital argentina, Morales reagrupó al MAS, en enero impulsó la candidatura presidencial de Arce Catacora, su exministro de Economía, y anunció su propia candidatura al Senado, pero meses después las autoridades electorales de Bolivia lo inhabilitaron porque, al estar viviendo en el extranjero, no cumplía el requisito de tener una residencia mínima de dos años para postularse. El expresidente denunció una proscripción.

El 12 de noviembre, apenas dos días después de que Morales fuera depuesto, la senadora ultraderechista Jeanine Áñez se autoproclamó como presidenta y prometió que sólo permanecería durante unas semanas en el cargo, mientras se realizaban las elecciones en las que aseguró que no se postularía.

Pero incumplió. A principios de año lanzó una candidatura a la que tuvo que renunciar en septiembre debido a la escasa intención de voto que le anticipaban las encuestas. Siempre reiteró que la meta era evitar a toda costa el regreso del MAS al poder. Por eso trató de evitar a toda costa el registro de Arce, sobre todo a través de denuncias judiciales.

Las represiones y persecuciones a militantes del MAS fueron cotidianas durante el gobierno de Áñez, el cual quedará marcado por las masacres registradas en las localidades de Sacaba y Senkata durante los primeros días posteriores a su asunción y en las que fueron asesinadas 36 personas.

La campaña

El 19 de enero, de manera inédita para la historia de Bolivia, Luis Arce fue elegido abanderado presidencial del MAS en un encuentro partidario realizado en Buenos Aires. La fórmula la completó David Choquehuanca como candidato a la Vicepresidencia.

Así, el exministro de Economía y el excanciller de Evo Morales se lanzaron al reto de recuperar la confianza de la ciudadanía en el partido que había gobernado Bolivia casi 14 años.

En principio, el Tribunal Supremo Electoral fijó las nuevas elecciones para el 3 de mayo. La intención era que el país recuperara lo más pronto posible la normalidad democrática, pero la pandemia de coronavirus obligó a postergar la fecha por dos semanas, hasta el 17 de mayo.

A lo largo del año, la dictadura de Áñez y sus aliados en el exterior consolidaron una narrativa que demonizó a Morales y al MAS y que aseguraba que ya no tenía el apoyo mayoritario de la población y que bastaba que la oposición se uniera para que el «voto útil» venciera y eliminara a la izquierda. Esa lectura no tomó en cuenta la sólida base social que el masismo construyó desde la década pasada y que Arce fortaleció a lo largo de la campaña, en sus recorridos por todo el país.

Al intensificarse la crisis sanitaria, los comicios se pospusieron hasta el 6 de septiembre. Mientras tanto, la presidenta de facto trataba de postergarlos lo más posible con la esperanza de que la mayoritaria intención de voto al MAS que predecían las encuestas se desplomara entre más tiempo transcurriera. De todas formas, la interpretación generalizada era que Arce había llegado a un techo de votos que no superaba el 45 % y que lo más probable es que tuviera que enfrentar una segunda vuelta contra Mesa en la que este finalmente ganaría la Presidencia.

A diferencia de sus oponentes, el MAS quería que las elecciones ya se concretaran, por lo que aceptó una nueva fecha, el 18 de octubre, con la condición de que fuera inamovible.

Así ocurrió. Y los resultados superaron las previsiones más optimistas del masismo, que ni siquiera necesitó una segunda vuelta para regresar al poder y que no solo ganó la Presidencia, sino que también obtuvo mayoría en el Parlamento.

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Prohibición de redes para adolescentes en Australia: regulador investiga a plataformas

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Australia prohibió en diciembre que menores de 16 años utilicen las principales plataformas, alegando la necesidad de protegerlos de «los algoritmos depredadores» y del ciberacoso.

«Aunque las plataformas de redes sociales han tomado algunas acciones iniciales, me preocupa, por nuestro monitoreo del cumplimiento, que algunos puedan no estar haciendo lo suficiente para cumplir con la ley australiana», dijo Julie Inman Grant, comisionada del regulador de seguridad en línea de Australia.

Inman dijo que hay «preocupaciones significativas» de que Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok y YouTube puedan estar incumpliendo la prohibición.

Las posibles infracciones incluyen ofrecer «medidas insuficientes para prevenir la creación de nuevas cuentas de menores de 16 años».

«Como resultado, ahora adoptamos una postura para reforzar la aplicación de la ley», dijo.

«Esta reforma está deshaciendo 20 años de prácticas», afirmó Inman.

«Estas plataformas tienen la capacidad de cumplir hoy y ciertamente esperamos que las empresas que funcionan en Australia cumplan con nuestras leyes de seguridad», dijo.

«Pueden elegir hacerlo o enfrentarse a consecuencias cada vez más graves», agregó la comisionada.

Cada vez más estudios sugieren que el bienestar de los adolescentes se ve afectado por pasar demasiado tiempo en línea.

Malasia, Francia, Nueva Zelanda e Indonesia están entre los países que ahora evalúan medidas similares a la australiana.

Las empresas tienen toda la responsabilidad de verificar que los usuarios en Australia tengan 16 o más años.

Algunas han dicho que implementarán herramientas de inteligencia artificial para estimar la edad a partir de fotografías. Los usuarios jóvenes pueden demostrar su edad con un documento de identidad emitido por el gobierno.

Aunque la mayoría de compañías tecnológicas han aceptado cumplir con la ley australiana, también han advertido que la mano dura podría llevar a los adolescentes a rincones más oscuros y menos regulados de Internet.

Meta, matriz de Facebook e Instagram, aseguró en enero que los efectos iniciales de la norma «sugieren que no está cumpliendo con los objetivos de aumentar la seguridad y el bienestar de los jóvenes australianos».

La empresa aseveró que padres y expertos estaban preocupados por el riesgo de que la prohibición aislara a los jóvenes de las comunidades en línea.

El sitio de foros de discusión en línea Reddit presentó un recurso legal contra la prohibición, que calificó como «legalmente errónea».

La compañía estadounidense dijo tener serias preocupaciones en torno a la privacidad asociadas a la verificación de edad por parte de las plataformas, ya que la recolección de información personal creaba el riesgo de filtraciones o hackeos.

El recurso de Reddit está pendiente de ser estudiado por el Tribunal Supremo de Australia.

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Los costes de robo de carga superan los $9,000 millones en Europa

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La periodista argentina Nazarena Lomagno destacó en la red social X que los costes de robo de carga en toda Europa ascienden a los 8,200 millones de euros (más de 9.3 millones de dólares), en el contexto del aumento de hechos de este tipo en el viejo continente, especialmente en el rubro de los alimentos.

Los datos, tienen a la base el artículo «The use of violence in cargo theft – a supply chain disruption case», publicado en el «Journal of Transportation Security» en «Springer Nature Link», en el cual se examinan los patrones de robos de carga con violencia en la región de Europa, Oriente Medio y África, considerando el valor de los bienes robados, la frecuencia de los incidentes, la ubicación en la cadena de transporte y la categoría del incidente.

Lomagno, detalla que Alemania es actualmente la nación más afectada por ladrones de carga. «Un camión es robado cada 20 minutos allí, lo que cuesta aproximadamente 2,200 millones de euros (2.5 millones de dólares) al año», de acuerdo a DHL, añade.

En un uno de los hechos más escandalosos, se dio a conocer este día el robo de más 12 toneladas de chocolates de la marca KikKat.

«Siempre hemos animado a la gente a disfrutar de un KitKat, pero parece que los ladrones se lo han tomado demasiado en serio y se han llevado más de 12 toneladas de nuestro chocolate. Si bien apreciamos el exquisito gusto de los delincuentes, lo cierto es que el robo de mercancías es un problema cada vez mayor para empresas de todos los tamaños», publicó la compañía en un comunicado en redes sociales.

De acuerdo a CNN, los dulces, fabricados por la empresa suiza Nestlé, fueron sustraídos mientras el vehículo distribuía las barras a lo largo de una ruta que iba desde una fábrica en el centro de Italia hasta Polonia, según informó KitKat en un comunicado.

Hasta el momento, «el vehículo y su contenido siguen sin ser localizados, y las investigaciones continúan en estrecha colaboración con las autoridades locales y los socios de la cadena de suministro», añade el comunicado de la compañía.

El robo alcanza las 413,793 barras de KitKat, cada una de ellas es rastreable mediante los números de lote impresos en el envase, por lo que KitKat ha solicitado a cualquier persona que encuentre una coincidencia que alerte a la empresa.

La compañía también recordó que un informe conjunto de la Unión Internacional de Seguros Marítimos (IUMI) y la Asociación para la Protección de Activos Transportados (TAPA) EMEA concluyó que el robo de cargas y el fraude en el transporte de mercancías están en aumento y se están volviendo cada vez más sofisticados.

Le anteceden a este robo de golosinas en Europa, el de julio de 2023, cuando un británico fue condenado a 18 meses de prisión por robar 200,000 huevos de chocolate de Cadbury Creme Eggs.

El ladrón irrumpió en una nave industrial y huyó con el botín a bordo de un camión robado. Los huevos de chocolate con leche, rellenos de una «yema» de fondant amarillo y blanco, gozan de un estatus de culto en el Reino Unido y se comercializan durante el periodo de Pascua.

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La embajada de Estados Unidos en Venezuela reanuda operaciones tras siete años

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Estados Unidos y Venezuela anunciaron el 5 de marzo que iban a restablecer sus relaciones, pero hasta este lunes las operaciones diplomáticas se llevaban a cabo a distancia, desde la embajada en Bogotá.

«Reanudamos formalmente las operaciones en la Embajada de Estados Unidos en Caracas, marcando un nuevo capítulo en nuestra presencia diplomática en Venezuela», explicó un comunicado de prensa.

La representante diplomática estadounidense, Laura Dogu, llegó a Venezuela desde enero, y su equipo ha ido acondicionando la legación en Caracas.

Dogu posó ante la embajada en un mensaje en la red X, así como otros funcionarios.

«La reanudación de las operaciones en la Embajada de Estados Unidos en Caracas es un hito clave en la implementación del plan de tres fases del Presidente [Trump] para Venezuela y fortalecerá nuestra capacidad de entablar un diálogo directo con el gobierno interino de Venezuela, la sociedad civil y el sector privado», añadió el comunicado.

Tras la captura en una intervención militar del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el gobierno de Donald Trump anunció que quería promover primero la estabilización económica, con la recuperación del sector petrolero, para luego alentar la entrada de inversiones extranjeras y finalmente una transición política.

El secretario de Estado, Marco Rubio, indicó ante el Congreso que esas etapas podían solaparse.

Foto: AFP
Esta nueva etapa diplomática aporta «el tipo de estabilidad que atrae los negocios de vuelta» a Venezuela, declaró este lunes Rubio a la cadena Al Jazeera.

«Queremos ver una transición completa porque, para que Venezuela pueda alcanzar su potencial económico, tiene que tener un gobierno estable y democrático», añadió.

Embajada venezolana en Washington

Al mismo tiempo, Venezuela también ha tomado posesión de nuevo de su embajada en Washington, según reportes en redes sociales.

El viceministro para América del Norte, Oliver Blanco, colgó un video en X la semana pasada en la sede de la legación, junto al encargado de negocios, en la que informaba de encuentros en el Departamento de Estado para «explorar oportunidades de fortalecimiento de la relación bilateral».

El Departamento del Tesoro estadounidense anunció la semana pasada que autorizaba las transacciones económicas para facilitar la reapertura de la legación venezolana.

 

 

 

 

 

 

Tras el derrocamiento de Maduro el 3 de enero y la toma de poder en Caracas de su sustituta, Delcy Rodríguez, Estados Unidos empezó rápidamente a levantar las sanciones para el sector petrolero venezolano.

Al mismo tiempo, Caracas promulgó una reforma legal del sector y empezó a liberar prisioneros políticos.

Delcy Rodríguez, muy elogiada en público por Trump, está remodelando el gobierno y el aparato de seguridad interno.

Washington mantiene los ingresos por la venta del crudo venezolano en una cuenta bancaria bajo su control.

Y en el Caribe mantiene también una flotilla encargada desde septiembre de destruir lo que califica de «narcolanchas», unas operaciones polémicas que han causado al menos 163 muertos.

Maduro y Flores comparecieron dos veces ante un juez en Nueva York, la última el pasado jueves.

Maduro está acusado de conspiración por «narcoterrorismo», conspiración para importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos y conspiración para la tenencia de esas armas.

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