Internacionales
Controversia con respecto a Shincheonji, injustamente culpado del COVID-19
Los líderes religiosos de Norte y Sur América abogan por Shincheonji y su presidente Man Hee Lee contra las falsas afirmaciones de los medios y las excesivas medidas gubernamentales durante el brote de coronavirus en Corea del Sur en febrero.
En abril, la Comisión de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF siglas en inglés) emitió una declaración «condenando» la estigmatización de Shincheonji durante la pandemia.
«Está claro que los líderes religiosos y políticos que son conocidos opositores de Shincheonji están usando su influencia para culpar a una organización por la pandemia de todo el país», dijo el pastor Jerimiah Martin de The Well Church en Estados Unidos. Se une a otros líderes cristianos internacionales que están abogando por Shincheonji.»Las personas que han trabajado con Shincheonji y conocen personalmente al Presidente Lee, verán más allá de la retórica que se utiliza», dijo Martin.
Uno de ellos es Juan Carlos Urquhart de Barros, Obispo de la Iglesia Anglicana del Uruguay. Urquhart de Barros es uno de los muchos líderes religiosos que trabajan con el Presidente Lee para tender un puente entre las religiones. A través de incontables horas de hablar y trabajar juntos, ha visto la dedicación del Presidente Lee a su fe.
«Personalmente me sorprende su habilidad para testificar de acuerdo a la Biblia, bajo el estándar de profecía y cumplimiento de principio a fin, sin agregar ni quitar. Es la mejor verdad», dijo Urquhart de Barros. «No sólo esto, [el Presidente Lee] vive cada segundo de acuerdo a eso. ¿Un hombre de más de 80 años, que se salta horas de sueño y comidas en viajes mundiales para tener tiempo para hablar de paz, realmente tiene mucho que ganar personalmente? ¿No vive de una manera sacrificada para beneficiar a otros?»
Recientemente, el presidente Lee alentó a los miembros de Shincheonji que se recuperaron de COVID-19 a donar su plasma para una vacuna, ya que los miembros se ofrecían como voluntarios para donar, el presidente Lee, que conocía bien sus dificultades para recuperarse, les agradeció su esfuerzo.
«Los miembros de nuestra congregación han recibido la sangre de vida de Jesús, el Hijo de Dios, y han sido liberados del pecado. Al igual que Jesús, a través de nuestra donación de sangre (plasma), sé que han reunido sus corazones en nuestro deseo colectivo de liberar a todas las personas del mundo de los dolores de esta enfermedad», dijo Lee.
«Este es el trabajo que se debe hacer como ciudadanos de este país y como verdaderos creyentes. Es mantener el mandato de Jesús de amar a tu prójimo como a ti mismo, y estoy agradecido de que hayan reunido sus corazones para este buen trabajo y para tomar esta decisión que es como la luz. Oremos todos en el nombre de Jesús para terminar con el COVID-19 «.
A pesar de la donación, la ciudad de Daegu demandó por 100.000 millones de wones ($ 82.3 millones) a la iglesia Shincheonji por pérdidas que según afirma, es una consecuencia del virus que se propagó. Pero los líderes religiosos internacionales dicen que los funcionarios de la ciudad mantienen a la iglesia en un estándar injusto y deben retirar de inmediato la demanda.
«La comunidad internacional está observando. Si la ciudad presenta una demanda contra Shincheonji, esto significa que, todos los negocios, iglesias o templos en todo el mundo deben pagar multas por la enfermedad de sus miembros o trabajadores. Sin embargo, otros países no están haciendo eso. ¿Por qué Corea está procesando a una organización religiosa porque sus miembros se enfermen? dijo el pastor Pedro López de la Iglesia de Nueva Generación en Estados Unidos.
«Para aquellos que han trabajado personalmente con Shincheonji y el presidente Lee como nosotros, Shincheonji es una luz brillante en Corea del Sur y tiene un impacto positivo en todo el mundo. Líderes y ciudadanos de Corea del Sur, les pedimos que se pongan del lado de la justicia», dijo Martin.
Internacionales
Ataque armado deja seis muertos y un herido en Guatemala; investigan disputa por venta de drogas
Al menos seis personas, entre ellas un adolescente de 17 años, murieron y una resultó herida durante un ataque armado registrado en la periferia sur de Ciudad de Guatemala, informó este domingo la Policía Nacional Civil.
El hecho ocurrió la noche del sábado dentro de una vivienda ubicada en la aldea urbana Boca del Monte, en el municipio de Villa Canales, donde desconocidos ingresaron y dispararon contra las personas que se encontraban en el lugar.
De acuerdo con el reporte policial, las víctimas estaban «conviviendo» durante la celebración de un cumpleaños cuando los atacantes realizaron los disparos, en el momento en que se quemaban fuegos artificiales en la calle.
Un vocero de la Policía indicó a AFP que, según las primeras investigaciones, el ataque estaría relacionado con una disputa de «territorio» entre grupos dedicados al «narcomenudeo» en el sector.
Las autoridades atribuyen casi la mitad de la violencia registrada en Guatemala al narcotráfico y a pandillas que se dedican a extorsionar a comerciantes y empresarios del transporte de pasajeros.
Según cifras oficiales, Guatemala cerró el año pasado con una tasa de homicidios de 16.1 por cada 100,000 habitantes, una cifra que supera en más del doble el promedio mundial.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, acusó este domingo a Estados Unidos de intentar «apropiarse del país» mediante lo que calificó como una «política genocida», en referencia a las sanciones impuestas por la administración del presidente Donald Trump.
Desde enero, el gobierno estadounidense aplica una política de máxima presión sobre la isla. Al embargo económico vigente desde 1962 se han sumado un bloqueo petrolero y nuevas sanciones dirigidas contra empresas y dirigentes cubanos.
Según el mandatario cubano, estas medidas han provocado una fuerte caída del turismo y de la entrada de divisas, además de la salida de numerosas empresas extranjeras del país. Las sanciones más recientes, anunciadas el jueves, están dirigidas contra el programa de misiones médicas cubanas en el extranjero, una de las principales fuentes de ingresos de Cuba.
«Cuba lidera hoy una batalla histórica (…) contra los muros de una política genocida que se ha propuesto asfixiar a todo el pueblo para apropiarse del país», expresó Díaz-Canel durante un acto por el Día de la Rebeldía Nacional, celebrado en la ciudad de Pinar del Río, ubicada a unos 190 kilómetros de La Habana.
El jefe de Estado participó en la conmemoración del 73.º aniversario del ataque al cuartel Moncada, realizado en 1953 por Fidel Castro (1926-2016) en el este de la isla y considerado el inicio de la Revolución Cubana.
Durante su discurso, Díaz-Canel afirmó que «el bloqueo es un arma de guerra y provoca muertes» y sostuvo que Washington busca generar en Cuba, al igual que en otros países, un «estallido social con el único propósito de imponer gobiernos afines a los intereses imperiales».
Las declaraciones del mandatario se producen en medio de una crisis energética que mantiene cortes de electricidad de más de 30 horas en La Habana y de varios días consecutivos en otras provincias. Además, durante julio se registraron tres apagones generales que afectaron a los 9.4 millones de habitantes del país.
En la capital cubana también se han registrado manifestaciones de forma regular, especialmente durante la noche. Los ciudadanos golpean cacerolas y queman montones de basura en las calles para expresar su descontento por la escasez de alimentos y los constantes cortes de energía eléctrica y agua.
Ante este escenario, Díaz-Canel hizo un llamado a la «unidad» e instó a implementar con «prioridad estratégica» un paquete de 176 medidas de libre mercado aprobadas en junio por el Parlamento.
Por su parte, Trump sostiene que Cuba, ubicada a 150 kilómetros de las costas de Florida, representa «una amenaza extraordinaria» para la seguridad nacional de Estados Unidos y en varias ocasiones ha amenazado con «tomar el control» del país.
El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, regresó este domingo a su país, casi ocho meses después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo indultara de una condena de 45 años de prisión por narcotráfico.
Hernández arribó en un vuelo privado al aeropuerto de Palmerola, ubicado a 60 kilómetros al noroeste de Tegucigalpa. En la pista fue recibido por su familia, mientras que cientos de simpatizantes lo esperaban fuera de la terminal aérea.
El exmandatario obtuvo el perdón antes de las elecciones presidenciales de noviembre pasado, en las que su copartidario conservador Nasry Asfura resultó electo por un estrecho margen, luego de que Trump advirtiera que suspendería la ayuda a Honduras si este no era elegido.
«Estaremos siempre muy agradecidos con la decisión valiente del presidente Trump», declaró a AFP Ana García, esposa del expresidente. García sostuvo que Hernández ha sido víctima de una «persecución» y se arrodilló en la pista para orar tras su llegada.
Aunque recuperó la libertad, Hernández, quien gobernó Honduras entre 2014 y 2022, deberá enfrentar ahora a la justicia hondureña. Está acusado de desviar dos millones de dólares de fondos públicos para financiar su campaña presidencial de 2013.
Un juez suspendió la orden de captura en su contra bajo el compromiso de que se presentará voluntariamente ante las autoridades, decisión que permitió a su familia y seguidores organizar una caravana de bienvenida y actos religiosos.
«Estamos muy contentos» de recibirlo, expresó a AFP la simpatizante Eva Amador, de 56 años, quien portaba una pancarta de agradecimiento dirigida a Trump.
El exmandatario, de 57 años, comparecerá el próximo 3 de agosto ante una corte por acusaciones de fraude y lavado de activos, cargos de los que se declara «inocente».
Para Ana María Méndez, directora para Centroamérica de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), el retorno de Hernández representa «una prueba para la independencia» del sistema judicial hondureño y «reabre el debate sobre la impunidad» tras las críticas generadas por el indulto concedido por Trump.
Condena por narcotráfico e indulto
En junio de 2024, un juez federal de Nueva York condenó a Hernández a 45 años de prisión, dos años después de que fuera extraditado desde Honduras.
La justicia estadounidense lo declaró culpable de colaborar en el ingreso de cientos de toneladas de cocaína producida en Colombia hacia Estados Unidos, en alianza con narcotraficantes, entre ellos el mexicano Joaquín «El Chapo» Guzmán, quien cumple cadena perpetua en ese país.
La fiscalía lo acusó de convertir a Honduras en un «narco-Estado» y en una «superautopista» para el tráfico de drogas. Durante el juicio, un testigo colaborador afirmó que Hernández habría dicho: «Le vamos a meter la droga a los gringos en sus narices y no se van a dar ni cuenta».
La sentencia fue anulada en abril pasado tras el indulto otorgado por Trump, quien sostiene que Hernández fue víctima de un «montaje» impulsado durante la administración del expresidente Joe Biden (2021-2025).
Hace tres meses, el medio digital Diario Red, fundado por el exvicepresidente del Gobierno español Pablo Iglesias, difundió audios que supuestamente revelan que el indulto formaba parte de un plan de varios gobiernos para convertir a Hernández en un operador contra la izquierda en la región.
Según esas publicaciones, denominadas «Hondurasgate», Estados Unidos, Israel, Honduras y Argentina habrían participado en la supuesta trama. Hernández calificó esas versiones de falsas y afirmó: «Claramente no es mi voz». Por su parte, Nasry Asfura, señalado de haberle ofrecido dinero, no se pronunció.
Bienes decomisados y legado político
Tras su captura en 2022, a Hernández le fueron decomisados 131 bienes, entre ellos 32 inmuebles, incluyendo casas, terrenos y fincas. De acuerdo con Ana García, esas propiedades fueron heredadas por el exmandatario y deben ser devueltas.
Durante su administración, Hernández promovió las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), territorios autónomos aprobados en 2013 con el objetivo de atraer inversiones.
Las ZEDE fueron declaradas inconstitucionales en 2024 por ser consideradas un «Estado dentro del Estado», aunque algunas, como Próspera, continúan operando.
El expresidente también logró un segundo mandato en 2017, pese a que la Constitución hondureña prohibía la reelección. Una interpretación de la Corte Suprema permitió su candidatura y, tras imponerse en unos comicios cuestionados por denuncias de fraude, decretó un toque de queda durante las protestas, las cuales dejaron una treintena de fallecidos.
