Internacionales
Controversia con respecto a Shincheonji, injustamente culpado del COVID-19
Los líderes religiosos de Norte y Sur América abogan por Shincheonji y su presidente Man Hee Lee contra las falsas afirmaciones de los medios y las excesivas medidas gubernamentales durante el brote de coronavirus en Corea del Sur en febrero.
En abril, la Comisión de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF siglas en inglés) emitió una declaración «condenando» la estigmatización de Shincheonji durante la pandemia.
«Está claro que los líderes religiosos y políticos que son conocidos opositores de Shincheonji están usando su influencia para culpar a una organización por la pandemia de todo el país», dijo el pastor Jerimiah Martin de The Well Church en Estados Unidos. Se une a otros líderes cristianos internacionales que están abogando por Shincheonji.»Las personas que han trabajado con Shincheonji y conocen personalmente al Presidente Lee, verán más allá de la retórica que se utiliza», dijo Martin.
Uno de ellos es Juan Carlos Urquhart de Barros, Obispo de la Iglesia Anglicana del Uruguay. Urquhart de Barros es uno de los muchos líderes religiosos que trabajan con el Presidente Lee para tender un puente entre las religiones. A través de incontables horas de hablar y trabajar juntos, ha visto la dedicación del Presidente Lee a su fe.
«Personalmente me sorprende su habilidad para testificar de acuerdo a la Biblia, bajo el estándar de profecía y cumplimiento de principio a fin, sin agregar ni quitar. Es la mejor verdad», dijo Urquhart de Barros. «No sólo esto, [el Presidente Lee] vive cada segundo de acuerdo a eso. ¿Un hombre de más de 80 años, que se salta horas de sueño y comidas en viajes mundiales para tener tiempo para hablar de paz, realmente tiene mucho que ganar personalmente? ¿No vive de una manera sacrificada para beneficiar a otros?»
Recientemente, el presidente Lee alentó a los miembros de Shincheonji que se recuperaron de COVID-19 a donar su plasma para una vacuna, ya que los miembros se ofrecían como voluntarios para donar, el presidente Lee, que conocía bien sus dificultades para recuperarse, les agradeció su esfuerzo.
«Los miembros de nuestra congregación han recibido la sangre de vida de Jesús, el Hijo de Dios, y han sido liberados del pecado. Al igual que Jesús, a través de nuestra donación de sangre (plasma), sé que han reunido sus corazones en nuestro deseo colectivo de liberar a todas las personas del mundo de los dolores de esta enfermedad», dijo Lee.
«Este es el trabajo que se debe hacer como ciudadanos de este país y como verdaderos creyentes. Es mantener el mandato de Jesús de amar a tu prójimo como a ti mismo, y estoy agradecido de que hayan reunido sus corazones para este buen trabajo y para tomar esta decisión que es como la luz. Oremos todos en el nombre de Jesús para terminar con el COVID-19 «.
A pesar de la donación, la ciudad de Daegu demandó por 100.000 millones de wones ($ 82.3 millones) a la iglesia Shincheonji por pérdidas que según afirma, es una consecuencia del virus que se propagó. Pero los líderes religiosos internacionales dicen que los funcionarios de la ciudad mantienen a la iglesia en un estándar injusto y deben retirar de inmediato la demanda.
«La comunidad internacional está observando. Si la ciudad presenta una demanda contra Shincheonji, esto significa que, todos los negocios, iglesias o templos en todo el mundo deben pagar multas por la enfermedad de sus miembros o trabajadores. Sin embargo, otros países no están haciendo eso. ¿Por qué Corea está procesando a una organización religiosa porque sus miembros se enfermen? dijo el pastor Pedro López de la Iglesia de Nueva Generación en Estados Unidos.
«Para aquellos que han trabajado personalmente con Shincheonji y el presidente Lee como nosotros, Shincheonji es una luz brillante en Corea del Sur y tiene un impacto positivo en todo el mundo. Líderes y ciudadanos de Corea del Sur, les pedimos que se pongan del lado de la justicia», dijo Martin.
La justicia estadounidense condenó este miércoles a cadena perpetua al hombre acusado de intentar asesinar a Donald Trump en su campo de golf en Florida en 2024, dos meses antes de las elecciones presidenciales ganadas por el republicano.
En septiembre, un jurado lo había declarado culpable de cinco cargos, entre ellos el de intento de asesinato de un candidato presidencial. Al oír el veredicto, el acusado intentó entonces apuñalarse con un bolígrafo, pero unos guardias se lo impidieron.
La jueza Aileen Cannon siguió este miércoles la petición de la fiscalía y le aplicó a Routh el mayor castigo posible «para proteger a la gente de futuros delitos cometidos por él».
Routh también fue declarado culpable de posesión ilegal de un arma debido a sus antecedentes penales, posesión de un arma con el número de serie borrado, posesión de un arma de fuego con el fin de cometer un delito violento y agresión a un agente federal.
El 15 de septiembre de 2024, un agente del Servicio Secreto estadounidense -encargado de proteger a las altas figuras políticas del país- vio el cañón de un rifle asomando entre arbustos del campo de golf de West Palm Beach, donde Trump estaba jugando una partida.
El agente abrió fuego y Routh, que huyó en un vehículo, fue detenido poco después por la policía.
La policía encontró un rifle semiautomático cargado, equipado con una mira telescópica y un cargador con munición adicional en el lugar de los hechos.
«Un cascarón vacío»
Tras permanecer en silencio, con el ceño fruncido y sin mostrar ninguna emoción aparente durante la audiencia, Routh tomó la palabra. Se colocó unas gruesas gafas negras y comenzó a leer un discurso de 20 páginas que traía preparado.
«Mi sentencia es totalmente insignificante. Ante ustedes no hay nada; no soy más que un cascarón vacío», declaró, antes de definirse como una buena persona, trabajadora y entregada a su país.
La jueza Cannon lo interrumpió varias veces y le pidió que acortara un discurso que consideró irrelevante para el caso. Routh llegó a decir, por ejemplo, que cambiaría su vida por la de palestinos víctimas del conflicto con Israel.
El condenado volvió a mostrar su fijación por la invasión rusa de Ucrania, adonde había viajado para unirse a voluntarios extranjeros, y lamentó la pasividad del mundo ante esa guerra.
Frente a él, el fiscal John Shipley trató de desmontar la imagen de buen ciudadano defendida por Routh y su abogado, Martin Roth.
«Intentó llevar a cabo una matanza a sangre fría», con el «objetivo de subvertir la democracia estadounidense» matando al entonces candidato republicano y actual presidente, Donald Trump, dijo Shipley.
Internacionales
Un documental de Netflix repasa el caso de Lucy Letby, enfermera británica condenada por matar a bebés
«La investigación sobre Lucy Letby» suscitó la indignación de los padres de la enfermera de 36 años, que además de los 7 homicidios fue acusada de otros siete intentos, todos entre 2015 y 2016.
En un comunicado publicado el sábado en el sitio web del Sunday Times, John y Susan Letby calificaron la película como una «violación total de la vida privada», subrayando la constante presión mediática a la que se han visto sometidas estos años.
La queja de los padres de la enfermera se debe a las imágenes inéditas de la detención de su hija en su domicilio, grabadas por un policía.
La película se abre con esa escena, mostrando a la joven en su cama, en pijama, confundida, casi aturdida.
Letby es esposada, en bata, y es trasladada en auto a la comisaría.
«No mires mamá, vuelve (a casa)», le dice la joven a su madre, cuyos sollozos se escuchan.
Este documental de una hora y medios busca ofrecer al público las versiones de ambas partes.
— «¿La persona equivocada?» —
Letby fue condenada en agosto de 2023 a cadena perpetua sin posibilidad de reducción de pena, un castigo poco frecuente, tras ser declarada culpable de haber matado a siete recién nacidos inyectándoles aire por vía intravenosa o utilizando sus sondas nasogástricas para introducir aire o una sobredosis de leche en sus estómagos.
La enfermera también fue declarada culpable de intento de asesinato de otros siete bebés en su unidad de cuidados intensivos del hospital Countess of Chester, en el noroeste de Inglaterra.
Letby siempre ha defendido su inocencia, pero la justicia británica le ha negado en dos ocasiones la posibilidad de apelar.
El caso está siendo examinado actualmente por la Comisión de Revisión de Casos Penales (CCRC), un organismo independiente que se ocupa de posibles errores judiciales.
Por otra parte, las causas de la muerte de seis bebés serán examinadas a partir del 5 de mayo por un forense, cuyas conclusiones pueden ser transmitidas a la fiscalía.
En el séptimo caso, la investigación no permitió determinar si la muerte del bebé fue natural o no.
El documental también incluye imágenes inéditas extraídas de los vídeos de los interrogatorios de Lucy Letby, así como el testimonio de la madre de una de las víctimas.
El reportaje destaca elementos inquietantes, como cuando Lucy Letby responde «sin comentarios» a las preguntas de los policías, o muestra extractos de su diario íntimo en los que las fechas que coinciden con la muerte de los bebés están marcadas con un asterisco.
Por el contrario, la película incluye el testimonio del médico canadiense Shoo Lee, quien cuestionó los peritajes presentados en el juicio y afirma estar convencido de la inocencia de Lucy Letby.
El documental concluye con el testimonio del doctor John Gibbs, expediatra del hospital donde trabajó la joven.
«Vivo con dos culpas. Una es haber fallado a los bebés. La otra es ¿hemos detenido a la persona equivocada?. No creo que haya habido un error judicial, pero nos preocupa que nadie la haya visto cometer esos actos», declaró Gibbs.
Entrevistado el miércoles en la radio LBC News, el ministro británico de Salud, Wes Streeting, afirmó «seguir confiando en las decisiones de los tribunales», salvo que sean invalidadas por la propia justicia.
Tal como anunció días previos al inicio de su mandato al frente del Ejecutivo, Nasry Asfura, envío la propuesta de ley al Órgano Legislativo, para implementar una reforma en el sistema de salud hondureño, el cual padece de una deuda en cirugías en el sistema público de aproximadamente de 13,000 a 15,000 pacientes en espera, según medios hondureños.
La legislación, denominada «Ley de Medidas Excepcionales Para la Atención Prioritaria en Materia de Salud de la Población» entró el pasado lunes a debate por los diputados, en su mayoría del oficialista Partido Nacional. La misma noche fue aprobada (sin especificar en el pleno con cuantos votos a favor) por el Legislativo.
La «ley tiene como objetivo primordial poner fin a la mora quirúrgica, garantizar que cada hospital esté abastecido y que cada hondureño tenga un trato digno y justo en el sistema de salud pública», afirmó el Congreso Nacional de Honduras en su cuenta de X.
Por su parte, el jefe de bancada del opositor Partido Liberal, Jorge Cálix, enfatizó que como instituto político «reconocemos que existe una emergencia en el sistema de salud. Hay personas que se han muerto engusanados, literalmente engusanados, esperando ser atendidos en los hospitales públicos de Honduras. Esa es una realidad que no vamos a desconocer».
El presidente del Congreso, Tomás Zambrano, aseguró que tras la discusión con todas las bancadas se recogieron observaciones para dicha ley.
El artículo 1 de la referida ley decreta «estado de emergencia en el sector salud a nivel nacional, ante la precariedad de atención integral de la salud de la población en general»; la misma tendrá una vigencia de un año, la cual podrá prorrogarse por el Órgano Legislativo a petición del Ejecutivo, especifica la misma.
Para poder saldar la deuda en el retraso de las cirugías de los hondureños, el recién aprobado decreto establece en su artículo 3 que se pueden suscribir convenios o contratos con instituciones tanto públicas, como privadas, así como ONG, cooperantes nacionales o extranjeros. El Gobierno ha dicho que esto no significa que se esté privatizando el sistema de salud.
Así también, la nueva ley detalla en su artículo 3 que es posible la contratación directa o vía procedimiento especial —especificado en el artículo 4 de dicha legislación— de bienes, servicios, suministros, alquiler de bienes y adquisición de consultorías necesarias para «afrontar la crisis en el sistema de salud pública».
Otro aspecto que se busca subsanar en el sistema de salud público es el abastecimiento de medicamentos, mediante «un proceso directo y simplificado en base a la necesidad»; también se ampliarán las jornadas laborales, sin interferir los horarios ya establecidos; se contratará personal asistencial y administrativo «de preferencia especializado» que sea requerido.
La «Ley de Medidas Excepcionales Para la Atención Prioritaria en Materia de Salud de la Población» aún no ha sido sancionada por el presidente Nasry Asfura, por lo que queda pendiente su publicación en el diario «La Gaceta» (Diario Oficial) para que la misma entre en vigencia.
