Internacionales
Controversia con respecto a Shincheonji, injustamente culpado del COVID-19
Los líderes religiosos de Norte y Sur América abogan por Shincheonji y su presidente Man Hee Lee contra las falsas afirmaciones de los medios y las excesivas medidas gubernamentales durante el brote de coronavirus en Corea del Sur en febrero.
En abril, la Comisión de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF siglas en inglés) emitió una declaración «condenando» la estigmatización de Shincheonji durante la pandemia.
«Está claro que los líderes religiosos y políticos que son conocidos opositores de Shincheonji están usando su influencia para culpar a una organización por la pandemia de todo el país», dijo el pastor Jerimiah Martin de The Well Church en Estados Unidos. Se une a otros líderes cristianos internacionales que están abogando por Shincheonji.»Las personas que han trabajado con Shincheonji y conocen personalmente al Presidente Lee, verán más allá de la retórica que se utiliza», dijo Martin.
Uno de ellos es Juan Carlos Urquhart de Barros, Obispo de la Iglesia Anglicana del Uruguay. Urquhart de Barros es uno de los muchos líderes religiosos que trabajan con el Presidente Lee para tender un puente entre las religiones. A través de incontables horas de hablar y trabajar juntos, ha visto la dedicación del Presidente Lee a su fe.
«Personalmente me sorprende su habilidad para testificar de acuerdo a la Biblia, bajo el estándar de profecía y cumplimiento de principio a fin, sin agregar ni quitar. Es la mejor verdad», dijo Urquhart de Barros. «No sólo esto, [el Presidente Lee] vive cada segundo de acuerdo a eso. ¿Un hombre de más de 80 años, que se salta horas de sueño y comidas en viajes mundiales para tener tiempo para hablar de paz, realmente tiene mucho que ganar personalmente? ¿No vive de una manera sacrificada para beneficiar a otros?»
Recientemente, el presidente Lee alentó a los miembros de Shincheonji que se recuperaron de COVID-19 a donar su plasma para una vacuna, ya que los miembros se ofrecían como voluntarios para donar, el presidente Lee, que conocía bien sus dificultades para recuperarse, les agradeció su esfuerzo.
«Los miembros de nuestra congregación han recibido la sangre de vida de Jesús, el Hijo de Dios, y han sido liberados del pecado. Al igual que Jesús, a través de nuestra donación de sangre (plasma), sé que han reunido sus corazones en nuestro deseo colectivo de liberar a todas las personas del mundo de los dolores de esta enfermedad», dijo Lee.
«Este es el trabajo que se debe hacer como ciudadanos de este país y como verdaderos creyentes. Es mantener el mandato de Jesús de amar a tu prójimo como a ti mismo, y estoy agradecido de que hayan reunido sus corazones para este buen trabajo y para tomar esta decisión que es como la luz. Oremos todos en el nombre de Jesús para terminar con el COVID-19 «.
A pesar de la donación, la ciudad de Daegu demandó por 100.000 millones de wones ($ 82.3 millones) a la iglesia Shincheonji por pérdidas que según afirma, es una consecuencia del virus que se propagó. Pero los líderes religiosos internacionales dicen que los funcionarios de la ciudad mantienen a la iglesia en un estándar injusto y deben retirar de inmediato la demanda.
«La comunidad internacional está observando. Si la ciudad presenta una demanda contra Shincheonji, esto significa que, todos los negocios, iglesias o templos en todo el mundo deben pagar multas por la enfermedad de sus miembros o trabajadores. Sin embargo, otros países no están haciendo eso. ¿Por qué Corea está procesando a una organización religiosa porque sus miembros se enfermen? dijo el pastor Pedro López de la Iglesia de Nueva Generación en Estados Unidos.
«Para aquellos que han trabajado personalmente con Shincheonji y el presidente Lee como nosotros, Shincheonji es una luz brillante en Corea del Sur y tiene un impacto positivo en todo el mundo. Líderes y ciudadanos de Corea del Sur, les pedimos que se pongan del lado de la justicia», dijo Martin.
Internacionales
Reo de alta peligrosidad sale de cárcel Los Jocotes con un guardia para ir a concierto en Feria de Chiquimula
Byron Efraín Ruiz Roque, privado de libertad catalogado de alta peligrosidad y señalado por actividades de sicariato vinculado a la banda “Los Famosos Cheguen’s Chiquimultecos”, salió del Centro de Detención Preventiva Los Jocotes, en Zacapa, el 13 de agosto de 2026. Fue captado en el Estadio Las Victorias de Chiquimula disfrutando del concierto de la banda mexicana Los Dos de Tamaulipas durante la Feria departamental, junto a un guardia penitenciario identificado extraoficialmente como Pablo (o Pablo Azurdia). También habría asistido a un desfile hípico. Fotos y videos del momento se viralizaron rápidamente en redes sociales.
El Sistema Penitenciario confirmó el incidente el 17 de agosto mediante un comunicado oficial. Presentó denuncias penales ante el Ministerio Público contra guardias y autoridades del centro por posible participación o complicidad, inició acciones administrativas y reiteró su política de “cero tolerancia” a la corrupción. Como medida inmediata, trasladó a Ruiz Roque al Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, en la capital, donde permanece aislado mientras avanza la investigación.
Este caso expone graves fallas de control en el sistema carcelario guatemalteco. Fuentes periodísticas y redes lo describen como un privilegio indebido a un reo peligroso, lo que generó fuertes críticas sobre la seguridad en los centros de detención. El 19 de agosto, en respuesta al escándalo, el SP, la PNC y el Ejército realizaron una requisa masiva en Los Jocotes: decomisaron drogas, objetos punzocortantes, teléfonos, cajetillas y otros ítems ilícitos, y trasladaron al menos 11 privados de libertad a otros centros para desarticular una estructura criminal interna.
El Ministerio Público continúa las diligencias para determinar exactamente cómo se facilitó la salida y quiénes son los responsables. El caso se suma a una serie de irregularidades reportadas en las cárceles del país y mantiene abierta la discusión sobre la necesidad de reformas urgentes en el Sistema Penitenciario.
Internacionales
FOTOS – VIDEOS | Desmantelan cámaras instaladas por las maras para controlar los movimientos policiales en Guatemala
El control territorial de las maras o pandillas ha escalado a niveles impensados en Guatemala, donde fueron instaladas cámaras en postes de la vía pública para vigilar los movimientos de las fuerzas policiales.
Este miércoles fueron localizadas cámaras de vigilancia en la vía pública de la aldea Ciudad Quetzal, en San Juan Sacatepéquez, Guatemala.
Las autoridades guatemaltecas desmantelaron los dispositivos, que también eran utilizados para monitorear los movimientos de los residentes de la zona.
Los operativos de las fuerzas de seguridad y militares se desarrollan después de que en el sector fueran capturados cuatro terroristas señalados de estar vinculados con un crimen ocurrido en la ruta a San Raymundo.
Seguridad y tranquilidad para los guatemaltecos 🇬🇹
Unidades militares en coordinación con las fuerzas de seguridad civil realizan patrullajes a pie y a motor, puestos de control y acciones de seguridad en colonias y sectores de la aldea Ciudad Quetzal, #SanJuanSacatepéquez,… pic.twitter.com/HBQCUJ6r0B
— Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) August 19, 2026
Este lunes se conoció el asesinato a balazos del abogado y exfuncionario judicial hondureño Dereck McField, ocurrido durante horas de la mañana.
El hecho de violencia se registró en plena vía pública, cuando el jurista regresaba de dejar a su hijo pequeño en la escuela, según reportó el medio hondureño HCH.
La noticia generó gran revuelo luego de que, horas más tarde, el presidente de Honduras, Nasry Asfura, confirmara que McField era testigo protegido en el caso de Angie Peña, una joven universitaria que desapareció el 1 de enero de 2022 en una isla, mientras paseaba en un jet ski. Se presume que la joven fue vendida a una red de trata de personas con fines de explotación sexual.
Días después de su desaparición, la moto, el chaleco salvavidas y otras pertenencias de Peña fueron encontrados en un cayo de Belice.
Por este caso, cuatro hombres, tres estadounidenses y un hondureño, han sido imputados y permanecen en prisión preventiva mientras el proceso se desarrolla en un juzgado.
Angie Peña lleva seis años desaparecida. Foto: Cortesía
Al inicio del proceso judicial, en 2024, las autoridades confirmaron que «Harold Green le vendió a Angie Peña a William James Murdock por una cantidad de dólares». Además, señalaron que existen «muchas pruebas (de la transacción), vaciados (transcripciones) telefónicos, videos, fotografías, testimonios», según declaró a la AFP el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora.
Desde entonces, se han realizado allanamientos para localizar a Peña, pero «no se ha encontrado» y las autoridades «esperan que esté viva».
Los tres ciudadanos estadounidenses vinculados al caso viven en Honduras y tienen inversiones turísticas en Roatán.
