Internacionales
Continúan las protestas en Guatemala: cientos de personas se movilizaron por los altos costos de vida y la corrupción
Cientos de personas lideradas por autoridades indígenas se movilizaron este lunes en la capital guatemalteca para protestar por los altos costos de vida, el mal estado de las carreteras y la corrupción. Además, exigieron la renuncia del presidente Alejandro Giammattei.
Los manifestantes también reclamaron la dimisión de la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, a quien señalan de no investigar la corrupción y aliarse a la criminalización de los defensores de derechos humanos, periodistas y opositores al gobierno.
“Con suma preocupación y repudio hemos visto que en los últimos días se han disparado los precios de la canasta básica, los pasajes y todos los insumos para la producción agrícola, mientras el salario mínimo e ingresos económicos de la población continúan siendo los mismos. Esta situación generará una mayor crisis alimentaria y de pobreza”, indicaron los líderes indígenas en un comunicado de prensa.
La comunidad internacional advirtió sobre el deterioro del Estado de derecho en el país así como la persecución a los funcionarios judiciales. En su informe de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, colocó a Guatemala junto a las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua como países violadores de los derechos humanos.
Cientos de guatemaltecos se movilizaron en la capital del país (REUTERS/Sandra Sebastian)
Sólo en el gobierno de Giammattei más de 20 funcionarios judiciales se exiliaron denunciando persecución por su trabajo en la lucha contra la corrupción.
El gobierno estadounidense también sancionó en 2021 a la fiscal general Porras retirándole la visa de entrada a ese país por socavar la democracia en Guatemala.
Juan Muñoz, autoridad del Parlamento Xinca, uno de los 24 pueblos indígenas del país, dijo a la agencia AP que cada día es más difícil sobrevivir en las comunidades por el alto costo de vida.
“No hay voluntad del gobierno de solucionar la necesidad de los pueblos, urge resolver la canasta básica. En las comunidades nos afecta mucho más, no hay trabajo en los pueblos indígenas para que puedan subsanar sus necesidades y no se puede subsistir de esa manera. Se sobrevive con lo poco que se tiene o se migra por la falta de empleos”, comentó Muñoz.
Los manifestantes exigen la renuncia del presidente Alejandro Gaimmattei y de la fiscal general Consuelo Porras (REUTERS/Sandra Sebastian)
Los manifestantes sumaron a sus quejas el mal estado de las carreteras en todo el país y que desde la llegada del actual gobierno se cooptaron instituciones como la Corte de Constitucionalidad -el máximo órgano de justicia-, el Ministerio Público y la Procuraduría de los Derechos Humanos, dejando a la población indefensa.
Defensores de derechos humanos han denunciado que se busca criminalizar la protesta. En los primeros meses de 2022 la fiscalía dirigida por Porras llevó ante la justicia a tres personas que se manifestaron contra el gobierno en 2020 tras acusarlas de daños al patrimonio. Fueron liberadas posteriormente ante la falta de evidencia en su contra.
Diversos gobiernos y entidades -entre ellos Estados Unidos, la Unión Europea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Human Rights Watch- han manifestado su alarma por el debilitamiento del estado de derecho en Guatemala, especialmente por el exilio al que se han visto forzados funcionarios de justicia perseguidos por su labor en la lucha contra la corrupción.
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VIDEO | Tanque de agua cae desde edificio y deja a motociclista y acompañante lesionados
Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que un motociclista y su acompañante son impactados por un tanque de agua que cayó desde un edificio de al menos seis niveles, en la ciudad de Veracruz, México.
Las imágenes, captadas por otro conductor, evidencian cómo el depósito —tipo Rotoplas— se desploma desde gran altura, impacta contra el suelo y rebota hacia los ocupantes de la motocicleta.
Tras el golpe, el conductor pierde el control del vehículo y derrapa sobre el pavimento.
De acuerdo con medios locales y testigos, ambas personas resultaron lesionadas y fueron auxiliadas por paramédicos voluntarios, quienes las trasladaron a un centro asistencial.
El presidente Donald Trump amenazó con usar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) en los aeropuertos ante la falta de pago a los agentes de seguridad por un bloqueo presupuestal parcial.
Trump escribió en su red Truth Social que si los demócratas no acuerdan de inmediato para que se liberen los fondos para pagar a los funcionarios, recurrirá al ICE.
«Trasladaré a nuestros brillantes y patrióticos agentes de ICE a los aeropuertos, donde se encargarán de la seguridad como nadie ha visto nunca», lanzó al mandatario.
Desde el 14 de febrero, los recursos para el Departamento de Seguridad Interior (DHS) están congelados por la disputa entre demócratas y republicanos en el Congreso por las prácticas del ICE. El DHS es responsable de los puestos de seguridad en aeropuertos.
Debido a este cierre parcial, miles de funcionarios federales del DHS están en desempleo técnico, mientras que muchos otros, cuyas funciones se consideran esenciales, siguen trabajando. En ambos casos, no reciben salarios.
Los cerca de 65.000 empleados de la TSA no han recibido su salario completo desde el 13 de marzo.
En una carta dirigida a los Estados miembros del bloque, el comisario de Energía Dan Jorgensen subraya «el impacto considerable» de la guerra en los mercados mundiales del petróleo y del gas.
En estas circunstancias, el comisario sugiere utilizar la «flexibilidad» autorizada por la legislación europea.
En lugar de llenar las reservas al 90 %, el nivel acostumbrado, la Unión Europea invita a los Veintisiete a fijar un objetivo del 80 %, con el fin de tranquilizar a los actores del mercado».
«Los recientes hechos indican que podría hacer falta más tiempo para que la producción catarí de gas natural licuado (GNL) vuelva a los niveles conocidos antes de la crisis», escribe Jorgensen.
«La seguridad de suministro de la Unión Europea sigue relativamente protegida en esta etapa, debido a su dependencia limitada de las importaciones procedentes de esta región y a los cargamentos de GNL que cruzaron el estrecho de Ormuz antes del conflicto», añade.
Pero precisa que «como importador neto de energía» los precios mundiales elevados y volátiles «podrían afectar a las inyecciones de gas en las reservas de la UE».
Los ataques a la principal instalación de producción de gas licuado (GNL) del mundo, en Ras Laffan, en Catar, han hecho resurgir el espectro de una crisis similar a la del comienzo de la guerra en Ucrania en 2022.
