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Internacionales

Continúan las protestas en Guatemala: cientos de personas se movilizaron por los altos costos de vida y la corrupción

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Cientos de personas lideradas por autoridades indígenas se movilizaron este lunes en la capital guatemalteca para protestar por los altos costos de vida, el mal estado de las carreteras y la corrupción. Además, exigieron la renuncia del presidente Alejandro Giammattei.

Los manifestantes también reclamaron la dimisión de la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, a quien señalan de no investigar la corrupción y aliarse a la criminalización de los defensores de derechos humanos, periodistas y opositores al gobierno.

“Con suma preocupación y repudio hemos visto que en los últimos días se han disparado los precios de la canasta básica, los pasajes y todos los insumos para la producción agrícola, mientras el salario mínimo e ingresos económicos de la población continúan siendo los mismos. Esta situación generará una mayor crisis alimentaria y de pobreza”, indicaron los líderes indígenas en un comunicado de prensa.

La comunidad internacional advirtió sobre el deterioro del Estado de derecho en el país así como la persecución a los funcionarios judiciales. En su informe de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, colocó a Guatemala junto a las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua como países violadores de los derechos humanos.Cientos de guatemaltecos se movilizaron en la capital del país (REUTERS/Sandra Sebastian)Cientos de guatemaltecos se movilizaron en la capital del país (REUTERS/Sandra Sebastian)

Sólo en el gobierno de Giammattei más de 20 funcionarios judiciales se exiliaron denunciando persecución por su trabajo en la lucha contra la corrupción.

El gobierno estadounidense también sancionó en 2021 a la fiscal general Porras retirándole la visa de entrada a ese país por socavar la democracia en Guatemala.

Juan Muñoz, autoridad del Parlamento Xinca, uno de los 24 pueblos indígenas del país, dijo a la agencia AP que cada día es más difícil sobrevivir en las comunidades por el alto costo de vida.

“No hay voluntad del gobierno de solucionar la necesidad de los pueblos, urge resolver la canasta básica. En las comunidades nos afecta mucho más, no hay trabajo en los pueblos indígenas para que puedan subsanar sus necesidades y no se puede subsistir de esa manera. Se sobrevive con lo poco que se tiene o se migra por la falta de empleos”, comentó Muñoz.Los manifestantes exigen la renuncia del presidente Alejandro Gaimmattei y de la fiscal general Consuelo Porras (REUTERS/Sandra Sebastian)Los manifestantes exigen la renuncia del presidente Alejandro Gaimmattei y de la fiscal general Consuelo Porras (REUTERS/Sandra Sebastian)

Los manifestantes sumaron a sus quejas el mal estado de las carreteras en todo el país y que desde la llegada del actual gobierno se cooptaron instituciones como la Corte de Constitucionalidad -el máximo órgano de justicia-, el Ministerio Público y la Procuraduría de los Derechos Humanos, dejando a la población indefensa.

Defensores de derechos humanos han denunciado que se busca criminalizar la protesta. En los primeros meses de 2022 la fiscalía dirigida por Porras llevó ante la justicia a tres personas que se manifestaron contra el gobierno en 2020 tras acusarlas de daños al patrimonio. Fueron liberadas posteriormente ante la falta de evidencia en su contra.

Diversos gobiernos y entidades -entre ellos Estados Unidos, la Unión Europea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Human Rights Watch- han manifestado su alarma por el debilitamiento del estado de derecho en Guatemala, especialmente por el exilio al que se han visto forzados funcionarios de justicia perseguidos por su labor en la lucha contra la corrupción.

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Rescatan a joven de 24 años tras cinco días de cautiverio, encadenada y agredida sexualmente por su excompañero en Águas Lindas de Goiás, Brasil

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Emiliane Tamara Nunes Carvalho, de 24 años, fue rescatada el viernes 21 de agosto por la Companhia de Policiamento Especializado (CPE) de la Policía Militar de Goiás en una casa del Setor Jardim América III, en Águas Lindas de Goiás (entorno del Distrito Federal). La joven permanecía desaparecida desde el 17 de agosto, cuando salió de su domicilio en el barrio Morada da Serra para una consulta médica.

Los agentes la encontraron amordazada, con una máscara en el rostro para impedir que gritara, y con brazos, piernas y cuello sujetos por cuerdas, algemas y una cadena de hierro. Presentaba dificultades para respirar y signos de violencia. Según su relato y las investigaciones, el sospechoso la sedó con medicamentos y la agredió sexualmente de forma reiterada durante los cinco días de cautiverio.

El presunto autor es Ailton Rodrigues de Souza, su excompañero. Fue detenido en flagrante tras intentar huir en un vehículo durante una aproximación policial. En el inmueble se incautó una pistola calibre 9 mm, el automóvil, sedantes, algemas, cuerdas y la cadena. El hombre deberá responder por secuestro, estupro, cárcere privado y porte ilegal de arma.

La víctima recibió atención médica y se encuentra en estado estable. Posteriormente relató en redes sociales que el agresor le introdujo paños con ácido en la boca. La Policía Civil de Goiás continúa las investigaciones.

El caso pone de manifiesto la gravedad de la violencia de género y la importancia de la denuncia temprana y la actuación rápida de las fuerzas de seguridad.

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Madre acusada de causar la muerte de su hijo de 28 años en accidente de bote en Nueva Jersey; segundo caso similar en Barnegat Bay

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Jennifer L. Pearson, de 59 años y residente de Barnegat, Nueva Jersey, fue acusada de operar una embarcación bajo los efectos del alcohol y causar la muerte de su hijo Gunnar Pearson, de 28 años, en un accidente ocurrido el 25 de mayo (Memorial Day) en Barnegat Bay. Alrededor de las 5:45 p.m. su bote de 23 pies impactó contra una baliza de canal cerca del Brant Beach Yacht Club, en Long Beach, lo que lanzó al agua a su hijo y a la novia de este. Gunnar falleció posteriormente en un hospital a causa de las heridas; otras cuatro personas a bordo resultaron con lesiones leves.

Pearson se entregó a la Policía Estatal de Nueva Jersey el 20 de agosto. Las pruebas indicaron un nivel de alcohol en sangre de entre 0.09 y 0.12, superior al límite legal de 0.08. Se le imputan cargos por causar una muerte al operar una embarcación, operación bajo influencia, operación temeraria, no contar con certificado de seguridad náutica y no mantener vigilancia adecuada.

Este es el segundo caso similar en la misma bahía en pocas semanas. En julio, Stephen Schneider, de 64 años, fue acusado de operar ebrio un bote que chocó contra una baliza y provocó la muerte de sus dos nietos, de 7 y 9 años. Barnegat Bay, de aguas poco profundas, ha registrado varios accidentes contra marcadores de canal este verano.

La investigación continúa y Pearson permanece a la espera de audiencia. Las autoridades recuerdan que todos los cargos son acusaciones y se presume inocencia hasta que se pruebe lo contrario.

El caso ha generado debate sobre la seguridad en la navegación recreativa y el consumo de alcohol en embarcaciones en la zona.

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Mujer es acusada por la muerte de su hija de cuatro años en Nicaragua

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Consternación ha generado en Nicaragua la muerte de una niña de cuatro años, registrada el pasado 18 de agosto en la comunidad Denis Larios, municipio de Ticuantepe, Managua.

Según información difundida por medios oficialistas, las investigaciones preliminares señalan que la menor habría fallecido luego de que su madre, identificada como Angélica María Mairena López, de 31 años, presuntamente la sumergiera en un balde con agua.

El hecho habría ocurrido aproximadamente a las 6:40 de la tarde. Posteriormente, la niña fue trasladada a un centro hospitalario, donde se confirmó su fallecimiento.

Mairena fue detenida y presentada ante las autoridades por el delito de parricidio. De acuerdo con las versiones difundidas, la mujer presuntamente atravesaría un cuadro depresivo; sin embargo, esta circunstancia deberá ser determinada y valorada dentro del proceso correspondiente.

La investigación continúa y será la justicia la encargada de establecer las responsabilidades correspondientes.

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