Internacionales
Continúan las protestas en Guatemala: cientos de personas se movilizaron por los altos costos de vida y la corrupción
Cientos de personas lideradas por autoridades indígenas se movilizaron este lunes en la capital guatemalteca para protestar por los altos costos de vida, el mal estado de las carreteras y la corrupción. Además, exigieron la renuncia del presidente Alejandro Giammattei.
Los manifestantes también reclamaron la dimisión de la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, a quien señalan de no investigar la corrupción y aliarse a la criminalización de los defensores de derechos humanos, periodistas y opositores al gobierno.
“Con suma preocupación y repudio hemos visto que en los últimos días se han disparado los precios de la canasta básica, los pasajes y todos los insumos para la producción agrícola, mientras el salario mínimo e ingresos económicos de la población continúan siendo los mismos. Esta situación generará una mayor crisis alimentaria y de pobreza”, indicaron los líderes indígenas en un comunicado de prensa.
La comunidad internacional advirtió sobre el deterioro del Estado de derecho en el país así como la persecución a los funcionarios judiciales. En su informe de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, colocó a Guatemala junto a las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua como países violadores de los derechos humanos.
Cientos de guatemaltecos se movilizaron en la capital del país (REUTERS/Sandra Sebastian)
Sólo en el gobierno de Giammattei más de 20 funcionarios judiciales se exiliaron denunciando persecución por su trabajo en la lucha contra la corrupción.
El gobierno estadounidense también sancionó en 2021 a la fiscal general Porras retirándole la visa de entrada a ese país por socavar la democracia en Guatemala.
Juan Muñoz, autoridad del Parlamento Xinca, uno de los 24 pueblos indígenas del país, dijo a la agencia AP que cada día es más difícil sobrevivir en las comunidades por el alto costo de vida.
“No hay voluntad del gobierno de solucionar la necesidad de los pueblos, urge resolver la canasta básica. En las comunidades nos afecta mucho más, no hay trabajo en los pueblos indígenas para que puedan subsanar sus necesidades y no se puede subsistir de esa manera. Se sobrevive con lo poco que se tiene o se migra por la falta de empleos”, comentó Muñoz.
Los manifestantes exigen la renuncia del presidente Alejandro Gaimmattei y de la fiscal general Consuelo Porras (REUTERS/Sandra Sebastian)
Los manifestantes sumaron a sus quejas el mal estado de las carreteras en todo el país y que desde la llegada del actual gobierno se cooptaron instituciones como la Corte de Constitucionalidad -el máximo órgano de justicia-, el Ministerio Público y la Procuraduría de los Derechos Humanos, dejando a la población indefensa.
Defensores de derechos humanos han denunciado que se busca criminalizar la protesta. En los primeros meses de 2022 la fiscalía dirigida por Porras llevó ante la justicia a tres personas que se manifestaron contra el gobierno en 2020 tras acusarlas de daños al patrimonio. Fueron liberadas posteriormente ante la falta de evidencia en su contra.
Diversos gobiernos y entidades -entre ellos Estados Unidos, la Unión Europea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Human Rights Watch- han manifestado su alarma por el debilitamiento del estado de derecho en Guatemala, especialmente por el exilio al que se han visto forzados funcionarios de justicia perseguidos por su labor en la lucha contra la corrupción.
Una tregua entre Rusia y Ucrania con motivo de la Pascua ortodoxa expiró oficialmente el lunes, después de que ambas partes se acusaran mutuamente de miles de violaciones, pese a una disminución de los bombardeos aéreos rusos.
La tregua duró 32 horas, desde las 16H00 (13H00 GMT) del sábado hasta el final del domingo.
Ambas partes habían acordado respetar el alto el fuego, que el presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó el jueves y que su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, había propuesto más de una semana antes.
Pero, como ocurrió con un acuerdo similar el año pasado, solo reinó una calma relativa a lo largo de los 1.200 kilómetros de la línea del frente.
Hasta las 22H00 locales (19H00 GMT) del domingo, «se han registrado 7.696 violaciones por parte del enemigo», señaló el ejército ucraniano en Facebook.
Rusia había respetado el alto el fuego en cierta medida, pero continuó «las operaciones de combate en determinados sectores, incluido el uso de drones FPV y drones kamikaze», añadió.
El Ministerio de Defensa ruso acusó a Kiev de casi 2.000 incumplimientos de la tregua, indicó el Ministerio en la plataforma de mensajería MAX, impulsada por el Estado.
Kiev disparó 258 veces con artillería o tanques, llevando a cabo 1.329 ataques con drones FPV y arrojando «distintos tipos de municiones» en 375 ocasiones, principalmente mediante drones, afirmó Rusia.
Moscú también acusó a las fuerzas ucranianas de lanzar «tres ataques nocturnos» contra posiciones rusas y «cuatro intentos de avance» a lo largo de la línea del frente, agregando que todos habían sido frustrados.
Zelenski pidió un alto el fuego más prolongado en su discurso nocturno del sábado, afirmando que Ucrania había presentado la propuesta a Rusia.
Pero en declaraciones difundidas el domingo, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, rechazó cualquier prórroga a menos que el líder ucraniano aceptara las condiciones «bien conocidas» de Rusia.
«Mientras Zelenski no tenga el valor de asumir esta responsabilidad, la operación militar especial continuará después de la expiración del alto al fuego», añadió Peskov.
Rusia exige a Ucrania concesiones políticas y territoriales, en particular una retirada total de la región de Donetsk, controlada en parte por Moscú. Kiev rechaza estas exigencias que considera una capitulación.
Los representantes políticos ratificaron la tesis de «ausencia absoluta» del depuesto mandatario Nicolás Maduro, tras cumplirse el plazo de 90 días que establece la Constitución. Exigen a la presidenta encargada Delcy Rodríguez restablecer las garantías constitucionales y convocar elecciones.
Maduro fue capturado el 3 de enero en una incursión militar estadounidense y se encuentra a la espera de juicio en Estados Unidos por narcotráfico.
La Plataforma Unitaria Democrática que agrupa a ocho partidos de oposición presentó «una hoja de ruta» para alcanzar una «transición democrática» en Venezuela.
La convocatoria nacional de este domingo que contó con la participación de unos 40 mil activistas de forma presencial y virtual, es la primera que realiza esta alianza política tras la cuestionada elección de Maduro en 2024. Desde entonces la fuerte represión oficial y la detención de dirigentes, obligó a muchos a exiliarse y pasar a la clandestinidad.
«Esta hoja de ruta obedece al sentimiento del país, pero también corresponde a la estrategia que se inició en enero en Venezuela», dijo Roberto Enríquez, vocero de la coalición.
Los dirigentes piden que se levanten las inhabilitaciones políticas, devolver las tarjetas electorales y símbolos a sus legítimos representantes.
Por su parte, la opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, anunció en un mensaje transmitido en línea, que hay acuerdos y consensos para alcanzar la transición.
El partido que lidera, Vente, exigió el viernes la convocatoria de elecciones ante la falta del presidente.
«Los venezolanos tenemos cultura democrática. No estamos divididos, díganme qué otro país del mundo el 90% de la población quiere lo mismo. Estamos organizados y listos para hacer lo que toca», dijo Machado.
Afirmó que «muy pronto» estará de regreso en Venezuela. «Vamos a recorrer todo el país (…) vamos a abrazar a la gente, vamos a construir esta fuerza en un gran acuerdo por la democracia y la libertad».
La plataforma unitaria también pidió la liberación de todos los presos políticos, el cese de la persecución y desmontaje «del aparato represivo» y retorno seguro de los exiliados.
Internacionales
Perú amplía jornada de votación este lunes por incidentes que dejaron a miles sin sufragar
Los comicios del domingo estuvieron marcados por problemas logísticos, el malestar entre los candidatos y una intervención policial en la sede de la autoridad electoral.
La autoridad electoral del Perú informó que amplía la jornada de elecciones para que unas 63.000 personas que se quedaron sin votar por falta de cédulas, ánforas y otros materiales de sufragio puedan hacerlo en sus locales de votación.
Los comicios del domingo estuvieron marcados por problemas logísticos, el malestar entre los candidatos y una intervención policial en la sede de la autoridad electoral.
El «JNE dispone ampliar el horario de votación, desde las 07:00 horas hasta las 18:00 horas, del lunes 13 de abril, en aquellas centros de votación donde la ciudadanía no pudo ejercer su derecho al sufragio este 12 de abril», dijo el Jurado Nacional de Elecciones en su cuenta de X.
