Internacionales
Continúan las protestas en Guatemala: cientos de personas se movilizaron por los altos costos de vida y la corrupción
Cientos de personas lideradas por autoridades indígenas se movilizaron este lunes en la capital guatemalteca para protestar por los altos costos de vida, el mal estado de las carreteras y la corrupción. Además, exigieron la renuncia del presidente Alejandro Giammattei.
Los manifestantes también reclamaron la dimisión de la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, a quien señalan de no investigar la corrupción y aliarse a la criminalización de los defensores de derechos humanos, periodistas y opositores al gobierno.
“Con suma preocupación y repudio hemos visto que en los últimos días se han disparado los precios de la canasta básica, los pasajes y todos los insumos para la producción agrícola, mientras el salario mínimo e ingresos económicos de la población continúan siendo los mismos. Esta situación generará una mayor crisis alimentaria y de pobreza”, indicaron los líderes indígenas en un comunicado de prensa.
La comunidad internacional advirtió sobre el deterioro del Estado de derecho en el país así como la persecución a los funcionarios judiciales. En su informe de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, colocó a Guatemala junto a las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua como países violadores de los derechos humanos.
Cientos de guatemaltecos se movilizaron en la capital del país (REUTERS/Sandra Sebastian)
Sólo en el gobierno de Giammattei más de 20 funcionarios judiciales se exiliaron denunciando persecución por su trabajo en la lucha contra la corrupción.
El gobierno estadounidense también sancionó en 2021 a la fiscal general Porras retirándole la visa de entrada a ese país por socavar la democracia en Guatemala.
Juan Muñoz, autoridad del Parlamento Xinca, uno de los 24 pueblos indígenas del país, dijo a la agencia AP que cada día es más difícil sobrevivir en las comunidades por el alto costo de vida.
“No hay voluntad del gobierno de solucionar la necesidad de los pueblos, urge resolver la canasta básica. En las comunidades nos afecta mucho más, no hay trabajo en los pueblos indígenas para que puedan subsanar sus necesidades y no se puede subsistir de esa manera. Se sobrevive con lo poco que se tiene o se migra por la falta de empleos”, comentó Muñoz.
Los manifestantes exigen la renuncia del presidente Alejandro Gaimmattei y de la fiscal general Consuelo Porras (REUTERS/Sandra Sebastian)
Los manifestantes sumaron a sus quejas el mal estado de las carreteras en todo el país y que desde la llegada del actual gobierno se cooptaron instituciones como la Corte de Constitucionalidad -el máximo órgano de justicia-, el Ministerio Público y la Procuraduría de los Derechos Humanos, dejando a la población indefensa.
Defensores de derechos humanos han denunciado que se busca criminalizar la protesta. En los primeros meses de 2022 la fiscalía dirigida por Porras llevó ante la justicia a tres personas que se manifestaron contra el gobierno en 2020 tras acusarlas de daños al patrimonio. Fueron liberadas posteriormente ante la falta de evidencia en su contra.
Diversos gobiernos y entidades -entre ellos Estados Unidos, la Unión Europea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Human Rights Watch- han manifestado su alarma por el debilitamiento del estado de derecho en Guatemala, especialmente por el exilio al que se han visto forzados funcionarios de justicia perseguidos por su labor en la lucha contra la corrupción.
La Policía Nacional de Honduras rescató a un niño de 10 años que había sido secuestrado cuando se dirigía a su escuela en Taulabé, departamento de Comayagua. El hecho, ocurrido en horas de la mañana, fue captado por cámaras de videovigilancia que registraron el momento en que el menor fue interceptado y trasladado en un vehículo.
Horas más tarde, durante un operativo realizado en Siguatepeque, las autoridades lograron liberar al menor y capturar a tres hombres señalados como responsables del secuestro. Según la información oficial, los implicados exigían cinco millones de lempiras como rescate a los familiares del niño.
El menor fue entregado posteriormente a su familia, mientras continúan las investigaciones del caso. Además, trascendió que uno de los detenidos había trabajado previamente para allegados del niño.
#INTERNACIONALES ¿𝗥𝗲𝗰𝘂𝗲𝗿𝗱𝗮𝗻 𝗲𝗹 𝗰𝗮𝘀𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗻𝗶𝗻̃𝗼 𝘀𝗲𝗰𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗮𝗱𝗼 𝗵𝗮𝗰𝗲 𝘂𝗻𝗼𝘀 𝗱𝗶́𝗮𝘀 𝗲𝗻 𝗛𝗼𝗻𝗱𝘂𝗿𝗮𝘀?
Así fue el rescate: autoridades lograron liberarlo en un operativo y capturar a los sospechosos. #Honduras #Secuestro #Rescate… pic.twitter.com/nBgjxOHzft— Diario Digital Cronio (@croniosv) April 11, 2026
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que el próximo 1 de mayo entrará en vigor un incremento salarial, el cual calificó como “responsable”, sin precisar el monto del ajuste.
Durante su intervención, la mandataria señaló que la medida busca mejorar progresivamente los ingresos de los trabajadores en medio de la crisis económica que enfrenta el país. Asimismo, indicó que el aumento forma parte de una estrategia vinculada al crecimiento productivo en sectores como hidrocarburos y minería.
El salario mínimo en Venezuela se ha mantenido congelado durante años en niveles muy bajos, mientras que los ingresos de los trabajadores suelen complementarse con bonos estatales. El anuncio se produce en un contexto de descontento social y demandas de mejores condiciones económicas por parte de distintos sectores laborales.
Al menos seis personas murieron y varias más resultaron gravemente heridas tras un ataque armado registrado en una zona rural del suroeste de Colombia, informaron autoridades locales.
De acuerdo con los reportes, el hecho ocurrió en una hacienda cercana a la ciudad de Popayán, en el departamento del Cauca, donde hombres armados que se movilizaban en dos camionetas abrieron fuego contra varias personas.
Según la información oficial, una de las víctimas fue asesinada en el exterior del lugar, mientras que otras cinco murieron al interior de la finca. En el ataque también se reportaron personas heridas de gravedad.
Las autoridades señalaron que la zona se encuentra bajo la presión de grupos armados ilegales vinculados al narcotráfico, en medio de un contexto de incremento de la violencia en regiones apartadas del país.
