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Internacionales

Continúan las protestas en Guatemala: cientos de personas se movilizaron por los altos costos de vida y la corrupción

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Cientos de personas lideradas por autoridades indígenas se movilizaron este lunes en la capital guatemalteca para protestar por los altos costos de vida, el mal estado de las carreteras y la corrupción. Además, exigieron la renuncia del presidente Alejandro Giammattei.

Los manifestantes también reclamaron la dimisión de la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, a quien señalan de no investigar la corrupción y aliarse a la criminalización de los defensores de derechos humanos, periodistas y opositores al gobierno.

“Con suma preocupación y repudio hemos visto que en los últimos días se han disparado los precios de la canasta básica, los pasajes y todos los insumos para la producción agrícola, mientras el salario mínimo e ingresos económicos de la población continúan siendo los mismos. Esta situación generará una mayor crisis alimentaria y de pobreza”, indicaron los líderes indígenas en un comunicado de prensa.

La comunidad internacional advirtió sobre el deterioro del Estado de derecho en el país así como la persecución a los funcionarios judiciales. En su informe de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, colocó a Guatemala junto a las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua como países violadores de los derechos humanos.Cientos de guatemaltecos se movilizaron en la capital del país (REUTERS/Sandra Sebastian)Cientos de guatemaltecos se movilizaron en la capital del país (REUTERS/Sandra Sebastian)

Sólo en el gobierno de Giammattei más de 20 funcionarios judiciales se exiliaron denunciando persecución por su trabajo en la lucha contra la corrupción.

El gobierno estadounidense también sancionó en 2021 a la fiscal general Porras retirándole la visa de entrada a ese país por socavar la democracia en Guatemala.

Juan Muñoz, autoridad del Parlamento Xinca, uno de los 24 pueblos indígenas del país, dijo a la agencia AP que cada día es más difícil sobrevivir en las comunidades por el alto costo de vida.

“No hay voluntad del gobierno de solucionar la necesidad de los pueblos, urge resolver la canasta básica. En las comunidades nos afecta mucho más, no hay trabajo en los pueblos indígenas para que puedan subsanar sus necesidades y no se puede subsistir de esa manera. Se sobrevive con lo poco que se tiene o se migra por la falta de empleos”, comentó Muñoz.Los manifestantes exigen la renuncia del presidente Alejandro Gaimmattei y de la fiscal general Consuelo Porras (REUTERS/Sandra Sebastian)Los manifestantes exigen la renuncia del presidente Alejandro Gaimmattei y de la fiscal general Consuelo Porras (REUTERS/Sandra Sebastian)

Los manifestantes sumaron a sus quejas el mal estado de las carreteras en todo el país y que desde la llegada del actual gobierno se cooptaron instituciones como la Corte de Constitucionalidad -el máximo órgano de justicia-, el Ministerio Público y la Procuraduría de los Derechos Humanos, dejando a la población indefensa.

Defensores de derechos humanos han denunciado que se busca criminalizar la protesta. En los primeros meses de 2022 la fiscalía dirigida por Porras llevó ante la justicia a tres personas que se manifestaron contra el gobierno en 2020 tras acusarlas de daños al patrimonio. Fueron liberadas posteriormente ante la falta de evidencia en su contra.

Diversos gobiernos y entidades -entre ellos Estados Unidos, la Unión Europea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Human Rights Watch- han manifestado su alarma por el debilitamiento del estado de derecho en Guatemala, especialmente por el exilio al que se han visto forzados funcionarios de justicia perseguidos por su labor en la lucha contra la corrupción.

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Gerente de medios de pago del banco estatal CHN muere por balas en zona 4 de Ciudad de Guatemala

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Víctor Manuel Segundo Mazariegos Díaz, de 42 años, gerente de Medios de Pago del Crédito Hipotecario Nacional (CHN), falleció este miércoles 14 de octubre de 2026 tras recibir dos impactos de bala en la espalda mientras caminaba por la 7.ª avenida y vía 1 de la zona 4 de Ciudad de Guatemala, cerca del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat).

Según la información preliminar de la Policía Nacional Civil (PNC), el hecho se originó en una discusión de tránsito entre el conductor de un automóvil tipo sedán blanco y un motorista que realizaba entregas a domicilio. Testigos indicaron que el automovilista sacó un arma de fuego y disparó contra el motorista; sin embargo, los proyectiles alcanzaron a Mazariegos Díaz, quien transitaba por el lugar y, de acuerdo con esa versión, no participaba en el altercado. Ambos involucrados huyeron del sitio y las primeras búsquedas policiales no lograron localizarlos.

Bomberos Municipales y Voluntarios acudieron tras reportes de detonaciones. Realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, utilizaron un monitor cardíaco y administraron medicamentos por vía intravenosa, pero el gerente falleció en la escena. La PNC consignó preliminarmente el caso como muerte por balas perdidas, aunque aclaró que la investigación —a cargo de agentes y del Ministerio Público, que revisa cámaras de seguridad— deberá esclarecer la secuencia exacta, el móvil y las responsabilidades. El CHN confirmó a medios locales el cargo que desempeñaba la víctima.

Mazariegos Díaz lideraba desde 2022 proyectos de modernización de tarjetas de crédito y débito, canales electrónicos y pagos digitales en el CHN, institución bancaria estatal con más de 95 años de trayectoria, especializada en financiamiento de vivienda popular y programas sociales como Mi Primera Casa, con respaldo estatal para sus operaciones.

El incidente provocó el cierre parcial de carriles y afectó la circulación en una avenida transitada de la capital. Las autoridades continúan las diligencias para identificar a los responsables mientras se procesa la escena.

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México emplaza a las redes sociales para eliminar contenido que incite a la violencia

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El Gobierno de México dio este miércoles un plazo de un mes a las redes sociales para ajustar sus sistemas y comenzar a retirar contenidos que inciten a la violencia, según un decreto firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La medida, que cuenta con el acuerdo de las plataformas, se anunció después de varios incidentes de violencia registrados en centros educativos del país.

«En un mes, tienen que tener ajustados sus algoritmos, esquemas, para que bajen de sus plataformas cualquier contenido de violencia relacionado con las cuentas de niños, niñas y adolescentes», declaró Sheinbaum durante su conferencia diaria, tras firmar el decreto.

Las empresas Meta, TikTok, X, Apple y Microsoft deberán cumplir con las restricciones. La mandataria advirtió que, si no lo hacen, el Gobierno avanzará hacia una ley que contemple sanciones.

Días antes, el Gobierno anunció que preparaba el decreto luego de que dos exalumnos de 18 años mataran a una subdirectora e hirieran a otras tres personas durante un ataque con armas blancas en una escuela de la ciudad de Torreón, en el norte de México.

Sheinbaum aseguró que, en ese caso y en otro incidente, se identificaron «similitudes» relacionadas con «un comportamiento vinculado con la comunicación a través de redes sociales».

El nuevo decreto prohíbe que las plataformas digitales permitan a menores de edad acceder a «imágenes y videos que generen o promuevan violencia en el entorno escolar, abuso, suicidio, autolesiones, ciberbullying, discursos de odio».

Además, las redes sociales deberán alertar a las autoridades «cuando identifiquen contenido que atente contra la vida».

El pasado martes, un profesor fue asesinado a balazos dentro de una escuela en el estado de Oaxaca. Sin embargo, según medios de comunicación, los agresores fueron hombres armados que irrumpieron en el centro educativo.

México es un país golpeado por la violencia del crimen organizado, aunque los ataques en escuelas son poco habituales, a diferencia de lo que ocurre en su vecino Estados Unidos.

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Noboa anuncia nuevos toques de queda en provincias costeras ecuatorianas

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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este miércoles una nueva serie de operativos de seguridad acompañados de toques de queda, que se ejecutarán del 1 al 10 de noviembre en provincias de la región costera, como parte de las acciones del Gobierno para combatir el crimen organizado y el narcotráfico.

«Vamos a hacer una nueva serie de operaciones especiales entre el 1 y el 10 de noviembre con toque de queda en las provincias de la costa», indicó el mandatario durante una entrevista con Radio Centro, en la ciudad de Ambato, ubicada en la zona central del país.

Noboa explicó que la medida se adoptará tras los resultados reportados por el Gobierno en anteriores operativos de seguridad y restricciones a la movilidad nocturna. Según el mandatario, estas acciones permitieron reducir los delitos y afectar las finanzas de las organizaciones criminales.

El presidente aseguró que durante el último toque de queda, aplicado del 17 al 30 de septiembre en cuatro provincias costeras, Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro, se registró una reducción del 40 % de los delitos.

Asimismo, afirmó que varias de las semanas recientes registraron algunas de las cifras más bajas de homicidios en lo que va del año.

«Estamos viendo también una reducción significativa de las extorsiones», añadió Noboa, quien destacó que los operativos de seguridad han permitido capturar a presuntos cabecillas de organizaciones criminales vinculadas a cárteles de la droga.

El mandatario también señaló que, solo en septiembre pasado, las autoridades incautaron más de ocho toneladas de droga. Según su estimación, este decomiso representó una afectación de 400 millones de dólares a las economías criminales.

«Entonces, más que una percepción, me baso en los números, y los números muestran que está funcionando», sostuvo el presidente al ser consultado sobre los resultados de las medidas de seguridad.

Noboa afirmó que la lucha contra el crimen organizado requiere planificación a mediano y largo plazo. También destacó la necesidad de implementar medidas para prevenir que los jóvenes se incorporen a estructuras delictivas, mediante oportunidades de capacitación, empleo y educación técnica.

Desde 2024, el Gobierno de Noboa mantiene un «conflicto armado interno» contra grupos criminales vinculados al narcotráfico, en medio de una escalada de violencia en Ecuador.

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