Internacionales
Continúan las protestas en Guatemala: cientos de personas se movilizaron por los altos costos de vida y la corrupción
Cientos de personas lideradas por autoridades indígenas se movilizaron este lunes en la capital guatemalteca para protestar por los altos costos de vida, el mal estado de las carreteras y la corrupción. Además, exigieron la renuncia del presidente Alejandro Giammattei.
Los manifestantes también reclamaron la dimisión de la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, a quien señalan de no investigar la corrupción y aliarse a la criminalización de los defensores de derechos humanos, periodistas y opositores al gobierno.
“Con suma preocupación y repudio hemos visto que en los últimos días se han disparado los precios de la canasta básica, los pasajes y todos los insumos para la producción agrícola, mientras el salario mínimo e ingresos económicos de la población continúan siendo los mismos. Esta situación generará una mayor crisis alimentaria y de pobreza”, indicaron los líderes indígenas en un comunicado de prensa.
La comunidad internacional advirtió sobre el deterioro del Estado de derecho en el país así como la persecución a los funcionarios judiciales. En su informe de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, colocó a Guatemala junto a las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua como países violadores de los derechos humanos.
Cientos de guatemaltecos se movilizaron en la capital del país (REUTERS/Sandra Sebastian)
Sólo en el gobierno de Giammattei más de 20 funcionarios judiciales se exiliaron denunciando persecución por su trabajo en la lucha contra la corrupción.
El gobierno estadounidense también sancionó en 2021 a la fiscal general Porras retirándole la visa de entrada a ese país por socavar la democracia en Guatemala.
Juan Muñoz, autoridad del Parlamento Xinca, uno de los 24 pueblos indígenas del país, dijo a la agencia AP que cada día es más difícil sobrevivir en las comunidades por el alto costo de vida.
“No hay voluntad del gobierno de solucionar la necesidad de los pueblos, urge resolver la canasta básica. En las comunidades nos afecta mucho más, no hay trabajo en los pueblos indígenas para que puedan subsanar sus necesidades y no se puede subsistir de esa manera. Se sobrevive con lo poco que se tiene o se migra por la falta de empleos”, comentó Muñoz.
Los manifestantes exigen la renuncia del presidente Alejandro Gaimmattei y de la fiscal general Consuelo Porras (REUTERS/Sandra Sebastian)
Los manifestantes sumaron a sus quejas el mal estado de las carreteras en todo el país y que desde la llegada del actual gobierno se cooptaron instituciones como la Corte de Constitucionalidad -el máximo órgano de justicia-, el Ministerio Público y la Procuraduría de los Derechos Humanos, dejando a la población indefensa.
Defensores de derechos humanos han denunciado que se busca criminalizar la protesta. En los primeros meses de 2022 la fiscalía dirigida por Porras llevó ante la justicia a tres personas que se manifestaron contra el gobierno en 2020 tras acusarlas de daños al patrimonio. Fueron liberadas posteriormente ante la falta de evidencia en su contra.
Diversos gobiernos y entidades -entre ellos Estados Unidos, la Unión Europea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Human Rights Watch- han manifestado su alarma por el debilitamiento del estado de derecho en Guatemala, especialmente por el exilio al que se han visto forzados funcionarios de justicia perseguidos por su labor en la lucha contra la corrupción.
Varios pasajeros del metro de Jinan, China, quedaron sorprendidos al observar lo que, a primera vista, parecía ser una pantera negra dentro de las instalaciones de la estación.
En un primer momento, la mayoría creyó que se trataba de un felino real. Sin embargo, posteriormente se llevaron una sorpresa al descubrir que era una curiosa maleta hiperrealista, diseñada con las características del animal.
Las imágenes del peculiar equipaje rápidamente se volvieron virales en redes sociales y generaron diversas reacciones entre los usuarios.
Ante la situación, las autoridades del metro de Jinan informaron que este tipo de equipaje puede ser transportado, siempre que cumpla con los requisitos establecidos.
Noruega evalúa prohibir temporalmente el uso de gafas inteligentes equipadas con cámaras en algunos espacios públicos por motivos de privacidad, anunció este lunes el ministro de Asuntos Digitales y Administración Pública, Torgeir Micaelsen.
La medida busca evitar que se capturen imágenes de personas sin su consentimiento y podría aplicarse en parques, playas, museos, centros comerciales, escuelas o eventos públicos.
El Partido Laborista, que lidera un gobierno en minoría, necesita el apoyo de otros partidos para impulsar la iniciativa. El Ejecutivo prepara un proyecto de ley con la participación de expertos.
«No queremos una sociedad en la que la gente se preocupe por ser grabada, fotografiada o filmada sin saberlo en lugares y situaciones en los que está acostumbrada a no ser vigilada», declaró Micaelsen.
El gobierno aclaró que no busca establecer una prohibición total de las gafas inteligentes.
Estos dispositivos, especialmente los comercializados por Meta bajo las marcas Ray-Ban y Oakley, han generado una creciente preocupación por la privacidad en Europa.
En Francia, la organización de protección de la infancia e-Enfance afirmó el mes pasado que había recibido unas 20 denuncias de mujeres que fueron filmadas sin su consentimiento, en la mayoría de los casos con un modelo de Meta.
Algunos de esos videos fueron compartidos en redes sociales y provocaron burlas o mensajes de odio, situación que llevó a la Fiscalía de París a abrir una investigación.
En Oslo, capital de Noruega, ya se decidió prohibir las lentes equipadas con cámaras en las escuelas.
Meta sostiene que sus gafas cuentan con una luz LED que parpadea cuando se toma una fotografía o se graba un video. Según la empresa, esta luz no puede apagarse sin inutilizar la cámara.
Piratas informáticos accedieron de manera ilegal a los datos personales de aproximadamente 8,8 millones de personas registradas en el registro nacional de Dinamarca, informó este lunes el Ministerio de Asuntos Digitales del país.
Según un comunicado, la administración del registro nacional (CPR) constató que personas no autorizadas obtuvieron acceso a nombres, direcciones y números CPR, equivalentes al número de la seguridad social.
Dinamarca cuenta actualmente con unos 6 millones de habitantes, de acuerdo con el instituto de estadísticas danés. Sin embargo, las personas que accedieron a la información también obtuvieron datos de personas «vivas, que emigraron, muertas», explicó la fuente.
