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Continúan las protestas en Guatemala: cientos de personas se movilizaron por los altos costos de vida y la corrupción
Cientos de personas lideradas por autoridades indígenas se movilizaron este lunes en la capital guatemalteca para protestar por los altos costos de vida, el mal estado de las carreteras y la corrupción. Además, exigieron la renuncia del presidente Alejandro Giammattei.
Los manifestantes también reclamaron la dimisión de la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, a quien señalan de no investigar la corrupción y aliarse a la criminalización de los defensores de derechos humanos, periodistas y opositores al gobierno.
“Con suma preocupación y repudio hemos visto que en los últimos días se han disparado los precios de la canasta básica, los pasajes y todos los insumos para la producción agrícola, mientras el salario mínimo e ingresos económicos de la población continúan siendo los mismos. Esta situación generará una mayor crisis alimentaria y de pobreza”, indicaron los líderes indígenas en un comunicado de prensa.
La comunidad internacional advirtió sobre el deterioro del Estado de derecho en el país así como la persecución a los funcionarios judiciales. En su informe de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, colocó a Guatemala junto a las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua como países violadores de los derechos humanos.
Cientos de guatemaltecos se movilizaron en la capital del país (REUTERS/Sandra Sebastian)
Sólo en el gobierno de Giammattei más de 20 funcionarios judiciales se exiliaron denunciando persecución por su trabajo en la lucha contra la corrupción.
El gobierno estadounidense también sancionó en 2021 a la fiscal general Porras retirándole la visa de entrada a ese país por socavar la democracia en Guatemala.
Juan Muñoz, autoridad del Parlamento Xinca, uno de los 24 pueblos indígenas del país, dijo a la agencia AP que cada día es más difícil sobrevivir en las comunidades por el alto costo de vida.
“No hay voluntad del gobierno de solucionar la necesidad de los pueblos, urge resolver la canasta básica. En las comunidades nos afecta mucho más, no hay trabajo en los pueblos indígenas para que puedan subsanar sus necesidades y no se puede subsistir de esa manera. Se sobrevive con lo poco que se tiene o se migra por la falta de empleos”, comentó Muñoz.
Los manifestantes exigen la renuncia del presidente Alejandro Gaimmattei y de la fiscal general Consuelo Porras (REUTERS/Sandra Sebastian)
Los manifestantes sumaron a sus quejas el mal estado de las carreteras en todo el país y que desde la llegada del actual gobierno se cooptaron instituciones como la Corte de Constitucionalidad -el máximo órgano de justicia-, el Ministerio Público y la Procuraduría de los Derechos Humanos, dejando a la población indefensa.
Defensores de derechos humanos han denunciado que se busca criminalizar la protesta. En los primeros meses de 2022 la fiscalía dirigida por Porras llevó ante la justicia a tres personas que se manifestaron contra el gobierno en 2020 tras acusarlas de daños al patrimonio. Fueron liberadas posteriormente ante la falta de evidencia en su contra.
Diversos gobiernos y entidades -entre ellos Estados Unidos, la Unión Europea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Human Rights Watch- han manifestado su alarma por el debilitamiento del estado de derecho en Guatemala, especialmente por el exilio al que se han visto forzados funcionarios de justicia perseguidos por su labor en la lucha contra la corrupción.
El siniestro arrasó el lunes los edificios de una agencia de decoradores y una empresa de comida rápida, detalló a la AFP el ministro del gobierno del estado de Bengala Occidental a cargo de los bomberos, Sujit Bose.
«El incendio se declaró a primera hora de la mañana y sorprendió a quienes dormían en el edificio, antes de propagarse rápidamente a otro inmueble», explicó.
El balance del siniestro sigue siendo provisional, prosiguió Bose, ya que el viernes las familias de 27 personas seguían sin noticias de sus seres queridos.
El director de los servicios locales de emergencia, Ranvir Kumar, señaló que los edificios destruidos no estaban equipados con todos los dispositivos de seguridad exigidos por la ley.
Los incendios son frecuentes en India, debido al mal estado de las infraestructuras y a normas de seguridad y evacuación que no siempre se aplican.
En el atraco, los ladrones utilizaron gas pimienta para hacerse con el dinero alrededor de las 21H30 locales (12H30 GMT) del jueves cerca de la estación de Ueno, una zona muy popular entre los turistas, dijo a la AFP una portavoz de la policía capitalina bajo anonimato.
La vocera se negó a dar más detalles, pero la prensa japonesa asegura que las víctimas fueron cinco ciudadanos chinos y japoneses que intentaban subir a un vehículo las maletas, con unos 420 millones de yenes (2,7 millones de dólares) en su interior.
Aún no está claro por qué el grupo llevaba consigo tal cantidad de dinero.
La cadena Fuji Television informó que las víctimas dijeron a los investigadores que el efectivo iba destinado a casas de cambio.
En otros hechos, un hombre con 190 millones de yenes en efectivo (1,2 millones de dólares) también fue atacado con un espray de gas pimienta por tres hombres en la madrugada del viernes en un estacionamiento del aeropuerto Haneda de Tokio, según los medios.
La policía está investigando la relación entre los dos ataques, reportó la cadena TBS
Un cierre parcial del gobierno de Estados Unidos parece inminente, después de que un proyecto presupuestario fracasara en el Senado en medio de la indignación demócrata por las muertes de manifestantes contrarios a las redadas antinmigrantes ordenadas por Donald Trump.
La oposición expresó así su indignación por el asesinato en Mineápolis de dos personas que se manifestaban contra la política migratoria del presidente.
El fracaso en la aprobación de un paquete de gasto compuesto por seis proyectos de ley destinados a financiar más de tres cuartas partes del gobierno federal hace casi imposible evitar un cierre parcial a partir del sábado.
De todos modos, los demócratas y la Casa Blanca seguían buscando frenéticamente un acuerdo de última hora.
Sería el segundo cierre o «shutdown» -cuando la financiación de todo o de diferentes áreas del gobierno estadounidense se congela temporalmente- desde que Trump asumió nuevamente la presidencia hace un año.
Los demócratas habían prometido bloquear la medida a menos que se separara y renegociara la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para incluir salvaguardas sobre la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), la agencia de seguridad pública mejor financiada de Estados Unidos.
El ICE, encargado de las redadas antinmigrantes con fines de deportación, está en la picota por las muertes de manifestantes en Mineápolis.
Falta de acuerdo
La situación dejó a los 53 republicanos de la cámara cortos en votos: necesitaban 60 voluntades para que la legislación avanzara hacia su aprobación final.
Ahora Washington se prepara para otro cierre disruptivo de servicios a la medianoche del viernes.
«Lo que está haciendo ICE (…) es brutalidad avalada por el Estado y debe detenerse. Y el Congreso tiene la autoridad -y la obligación moral- de actuar», dijo el líder de la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, antes de la votación.
Una modesta rebelión republicana se unió a los demócratas.
Debido a las normas vigentes en el Senado, se necesitan 60 votos de 100 para aprobar un texto presupuestario, y los republicanos, aunque tengan la mayoría, necesitarían el apoyo de varios miembros de la oposición para poder aspirar a sacar adelante su propuesta de presupuesto. Los números no les alcanzan.
Los demócratas han explicado que están dispuestos a aprobar cinco de los seis apartados del texto, pero quieren separar el último -que concierne al DHS- para debatir las reformas que desean que se implementen.
Dado que la Cámara de Representantes había aprobado los seis apartados en un solo bloque, separar el DHS del texto implicaría de facto una paralización a medianoche del viernes al sábado, ya que la cámara baja tendría que votar de nuevo la versión aprobada por el Senado.
El «shutdown» podría ser de corta duración. En un consejo de ministros el jueves, Trump dijo a la prensa que esperaba que se encontrara un compromiso con la oposición para evitar una parálisis.
Si la financiación caduca, cientos de miles de empleados públicos podrían ser enviados a casa u obligados a trabajar sin paga.
En tanto, el secretario general de la ONU, António Guterres, pidió el jueves «moderación» a las autoridades hacia los manifestantes en Estados Unidos, tras las muertes de dos ciudadanos estadounidenses que protestaban contra redadas en Mineápolis.
