Internacionales
Continúan las protestas en Guatemala: cientos de personas se movilizaron por los altos costos de vida y la corrupción
Cientos de personas lideradas por autoridades indígenas se movilizaron este lunes en la capital guatemalteca para protestar por los altos costos de vida, el mal estado de las carreteras y la corrupción. Además, exigieron la renuncia del presidente Alejandro Giammattei.
Los manifestantes también reclamaron la dimisión de la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, a quien señalan de no investigar la corrupción y aliarse a la criminalización de los defensores de derechos humanos, periodistas y opositores al gobierno.
“Con suma preocupación y repudio hemos visto que en los últimos días se han disparado los precios de la canasta básica, los pasajes y todos los insumos para la producción agrícola, mientras el salario mínimo e ingresos económicos de la población continúan siendo los mismos. Esta situación generará una mayor crisis alimentaria y de pobreza”, indicaron los líderes indígenas en un comunicado de prensa.
La comunidad internacional advirtió sobre el deterioro del Estado de derecho en el país así como la persecución a los funcionarios judiciales. En su informe de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, colocó a Guatemala junto a las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua como países violadores de los derechos humanos.
Cientos de guatemaltecos se movilizaron en la capital del país (REUTERS/Sandra Sebastian)
Sólo en el gobierno de Giammattei más de 20 funcionarios judiciales se exiliaron denunciando persecución por su trabajo en la lucha contra la corrupción.
El gobierno estadounidense también sancionó en 2021 a la fiscal general Porras retirándole la visa de entrada a ese país por socavar la democracia en Guatemala.
Juan Muñoz, autoridad del Parlamento Xinca, uno de los 24 pueblos indígenas del país, dijo a la agencia AP que cada día es más difícil sobrevivir en las comunidades por el alto costo de vida.
“No hay voluntad del gobierno de solucionar la necesidad de los pueblos, urge resolver la canasta básica. En las comunidades nos afecta mucho más, no hay trabajo en los pueblos indígenas para que puedan subsanar sus necesidades y no se puede subsistir de esa manera. Se sobrevive con lo poco que se tiene o se migra por la falta de empleos”, comentó Muñoz.
Los manifestantes exigen la renuncia del presidente Alejandro Gaimmattei y de la fiscal general Consuelo Porras (REUTERS/Sandra Sebastian)
Los manifestantes sumaron a sus quejas el mal estado de las carreteras en todo el país y que desde la llegada del actual gobierno se cooptaron instituciones como la Corte de Constitucionalidad -el máximo órgano de justicia-, el Ministerio Público y la Procuraduría de los Derechos Humanos, dejando a la población indefensa.
Defensores de derechos humanos han denunciado que se busca criminalizar la protesta. En los primeros meses de 2022 la fiscalía dirigida por Porras llevó ante la justicia a tres personas que se manifestaron contra el gobierno en 2020 tras acusarlas de daños al patrimonio. Fueron liberadas posteriormente ante la falta de evidencia en su contra.
Diversos gobiernos y entidades -entre ellos Estados Unidos, la Unión Europea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Human Rights Watch- han manifestado su alarma por el debilitamiento del estado de derecho en Guatemala, especialmente por el exilio al que se han visto forzados funcionarios de justicia perseguidos por su labor en la lucha contra la corrupción.
Un hombre de 37 años procedente de la República Democrática del Congo (RDC), país que declaró una nueva epidemia de la enfermedad, «presentó síntomas como fiebre, cumpliendo la definición de caso sospechoso» de ébola, dijo en una nota el sábado la gobernación de Sao Paulo.
El paciente está «en aislamiento» por precaución en un instituto de infectología especializado pero los solicitudes no han confirmado la enfermedad, señalaron las autoridades.
Por otro lado, la secretaría de salud del estado de Río de Janeiro informó que activó medidas de seguridad por el caso de un hombre procedente de Uganda «con síntomas virales como tos, escalofríos y diarrea».
La alcaldía de Rio dijo en un correo electrónico enviado a la AFP que el paciente dio positivo de malaria y «el caso sigue en investigación».
La RDC, uno de los países más pobres del mundo, declaró el 15 de mayo un nuevo brote de ébola que afecta a su vasto territorio de más de 100 millones de habitantes.
La OMS activó de inmediato una alerta sanitaria internacional.
En la RDC se han registrado 246 muertes entre más de 1.000 casos sospechosos, según el balance del jueves del África CDC, la agencia sanitaria de la Unión Africana (UA).
El virus se ha detectado también en la vecina Uganda.
«La evaluación técnica indica que el riesgo de introducción de la enfermedad en Brasil y en América del Sur permanece muy bajo», apuntaron las autoridades de Sao Paulo.
Los colombianos comenzaron a votar este domingo en las elecciones presidenciales que definirán si el país mantiene el respaldo a la izquierda en el poder o apuesta por un giro hacia la derecha, en un contexto marcado por la violencia y la polarización política.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, abrió la jornada electoral acompañado de una de sus hijas e hizo un llamado a que el sufragio se ejerza de manera libre y sin presiones.
Sin posibilidad de reelección, Petro concluirá su mandato tras impulsar políticas enfocadas en la reducción de la pobreza monetaria, el hambre y el desempleo, además de la ampliación de programas sociales.
Según las encuestas citadas en el proceso electoral, el candidato oficialista Iván Cepeda encabeza la intención de voto. El senador propone dar continuidad a las políticas impulsadas por el actual gobierno en medio de una crisis fiscal y un recrudecimiento de la violencia.
Entre sus principales contendientes se encuentra Abelardo de la Espriella, quien mantiene un discurso crítico hacia la izquierda y ha centrado su propuesta en el combate al crimen organizado. También figura la senadora Paloma Valencia, respaldada por el expresidente Álvaro Uribe.
Los sondeos anticipan que ningún candidato alcanzará los votos necesarios para obtener la victoria en primera vuelta, por lo que se prevé una segunda ronda electoral el 21 de junio.
La autoridad electoral informó que la jornada se extenderá hasta las 21:00 GMT y espera divulgar los resultados preliminares pocas horas después del cierre de las urnas. Asimismo, las autoridades desplegaron 408,000 miembros de la fuerza pública para garantizar la seguridad durante el proceso.
La campaña electoral se desarrolló en un ambiente de polarización política, marcado por atentados atribuidos a grupos armados, el asesinato de un aspirante presidencial y la ausencia de debates entre algunos de los principales candidatos.
En distintas regiones del país, ciudadanos expresaron su expectativa de que el próximo gobierno contribuya a mejorar las condiciones de seguridad y reducir los niveles de conflicto que afectan a varias comunidades.
El Congreso mexicano, dominado por el oficialismo, concluyó el viernes la aprobación de una reforma constitucional que busca anular elecciones en las que se compruebe que en el resultado influyó una intervención extranjera.
La iniciativa, lanzada por el partido Morena (izquierda), fue aprobada ayer en el Senado tras ser votada el jueves por los diputados, pero aún requiere de leyes secundarias para ser aplicada.
Por otro lado, el parlamento bicameral movió los comicios judiciales para 2028, una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Otra iniciativa presidencial que fue aprobada con el voto del oficialismo es la creación de una comisión dentro de la autoridad electoral que vete posibles vínculos de candidatos con el crimen organizado.
Tras la votación en el Sanado, el artículo 41 de la Constitución plantea ahora la nulidad de una elección cuando «se acrediten actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados».
Esta reforma sobre injerencia despertó, no obstante, preocupación entre opositores y expertos, que alertan sobre la discrecionalidad de su aplicación.
Pero la propuesta complementaria que reformaba leyes secundarias relativas a las causales de nulidad de una elección fue retirada la tarde del jueves por Ricardo Monreal, líder de los diputados de Morena y autor del proyecto.
Esto deja a la reforma constitucional sin una normativa para aplicarse.
Monreal dijo que las leyes secundarias requieren de «un mayor periodo de reflexión» y de construir «consensos parlamentarios».
José Antonio Crespo, experto en materia electoral, dijo a la AFP que la propuesta original es «tan vaga» que puede ser utilizada como un «elemento de abuso», sobre todo por parte del oficialismo.
«Si se quiere incorporar un elemento de nulidad que tenga que ver con la intervención extranjera tendría que ser muy preciso», añadió.
De ser aprobadas las leyes secundarias, esta reforma sobre la intervención extrajera se aplicaría en las elecciones generales de 2030.
El próximo año México celebra comicios intermedios en las que se renovarán los 500 escaños de la Cámara de Diputados y numerosos cargos locales.
