Internacionales
Continúan las protestas en Guatemala: cientos de personas se movilizaron por los altos costos de vida y la corrupción
Cientos de personas lideradas por autoridades indígenas se movilizaron este lunes en la capital guatemalteca para protestar por los altos costos de vida, el mal estado de las carreteras y la corrupción. Además, exigieron la renuncia del presidente Alejandro Giammattei.
Los manifestantes también reclamaron la dimisión de la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, a quien señalan de no investigar la corrupción y aliarse a la criminalización de los defensores de derechos humanos, periodistas y opositores al gobierno.
“Con suma preocupación y repudio hemos visto que en los últimos días se han disparado los precios de la canasta básica, los pasajes y todos los insumos para la producción agrícola, mientras el salario mínimo e ingresos económicos de la población continúan siendo los mismos. Esta situación generará una mayor crisis alimentaria y de pobreza”, indicaron los líderes indígenas en un comunicado de prensa.
La comunidad internacional advirtió sobre el deterioro del Estado de derecho en el país así como la persecución a los funcionarios judiciales. En su informe de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, colocó a Guatemala junto a las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua como países violadores de los derechos humanos.
Cientos de guatemaltecos se movilizaron en la capital del país (REUTERS/Sandra Sebastian)
Sólo en el gobierno de Giammattei más de 20 funcionarios judiciales se exiliaron denunciando persecución por su trabajo en la lucha contra la corrupción.
El gobierno estadounidense también sancionó en 2021 a la fiscal general Porras retirándole la visa de entrada a ese país por socavar la democracia en Guatemala.
Juan Muñoz, autoridad del Parlamento Xinca, uno de los 24 pueblos indígenas del país, dijo a la agencia AP que cada día es más difícil sobrevivir en las comunidades por el alto costo de vida.
“No hay voluntad del gobierno de solucionar la necesidad de los pueblos, urge resolver la canasta básica. En las comunidades nos afecta mucho más, no hay trabajo en los pueblos indígenas para que puedan subsanar sus necesidades y no se puede subsistir de esa manera. Se sobrevive con lo poco que se tiene o se migra por la falta de empleos”, comentó Muñoz.
Los manifestantes exigen la renuncia del presidente Alejandro Gaimmattei y de la fiscal general Consuelo Porras (REUTERS/Sandra Sebastian)
Los manifestantes sumaron a sus quejas el mal estado de las carreteras en todo el país y que desde la llegada del actual gobierno se cooptaron instituciones como la Corte de Constitucionalidad -el máximo órgano de justicia-, el Ministerio Público y la Procuraduría de los Derechos Humanos, dejando a la población indefensa.
Defensores de derechos humanos han denunciado que se busca criminalizar la protesta. En los primeros meses de 2022 la fiscalía dirigida por Porras llevó ante la justicia a tres personas que se manifestaron contra el gobierno en 2020 tras acusarlas de daños al patrimonio. Fueron liberadas posteriormente ante la falta de evidencia en su contra.
Diversos gobiernos y entidades -entre ellos Estados Unidos, la Unión Europea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Human Rights Watch- han manifestado su alarma por el debilitamiento del estado de derecho en Guatemala, especialmente por el exilio al que se han visto forzados funcionarios de justicia perseguidos por su labor en la lucha contra la corrupción.
Internacionales
La leyenda del agricultor colombiano y los 600 millones de dólares de Pablo Escobar resurge en 2025
La historia de José Mariena Cartolos, un supuesto agricultor colombiano que en 2015 habría encontrado 600 millones de dólares enterrados en su finca vinculados al narcotraficante Pablo Escobar, vuelve a captar la atención pública en 2025.
Según reportes de medios internacionales y portales digitales, Cartolos habría hallado bidones metálicos con fajos de dinero bajo más de un metro de tierra mientras trabajaba una plantación de palma en Bogotá. La finca, de más de 200 años de antigüedad, habría servido como escondite de parte de la fortuna del extinto líder del Cartel de Medellín.
En su momento, se informó que el dinero fue entregado a la policía local, que abrió una investigación para determinar su origen. No obstante, nunca hubo confirmación oficial por parte del Gobierno colombiano sobre la existencia del hallazgo ni sobre el destino concreto de los fondos. La leyenda indica que, de haberse recuperado, los recursos habrían sido destinados a proyectos sociales.
El relato, considerado por muchos como mito o rumor viral, ha generado un fenómeno de “turismo de búsqueda de tesoros” en Colombia, alentado por el misterio que rodea la fortuna dispersa del Cartel de Medellín. Historias similares se reportaron en años posteriores, como el hallazgo de 18 millones de dólares y objetos personales de Escobar por parte de su sobrino Nicolás Escobar, aunque los billetes estaban en mal estado para circular legalmente.
El resurgimiento de la historia en 2025 refleja el continuo interés global en los vestigios del narcotráfico colombiano y en el lado más legendario de Pablo Escobar, donde mito y realidad se entrelazan en la memoria colectiva.
Las fuertes lluvias del monzón que afectan a Pakistán han causado la muerte de al menos 393 personas desde el jueves pasado, informó la autoridad nacional de gestión de catástrofes (NDMA). De estos fallecimientos, 356 se registraron en la provincia montañosa de Jaiber Pastunjuá, en el noroeste, cerca de la frontera con Afganistán.
Desde el inicio de la temporada de monzones, el 26 de junio, un total de 706 personas han perdido la vida, mientras continúan las operaciones de rescate para localizar a víctimas sepultadas bajo barro y escombros.
Habitantes de las zonas afectadas relatan escenas devastadoras. Gul Hazir, del pueblo de Bar Dalori, describió cómo el agua de lluvia llegó desde dos frentes y arrasó con rocas y piedras sobre sus viviendas. Otros, como Saqib Ghani, buscan a familiares atrapados con palas, martillos y hasta con sus propias manos.
Las autoridades alertan sobre el riesgo de nuevas inundaciones y la necesidad de reforzar las labores de rescate y asistencia a los damnificados.
El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) estima que la reciente ola de calor que afectó a España del 3 al 18 de agosto dejó un total de 1,149 muertes, de acuerdo con su sistema de monitorización de mortalidad «MoMo».
El sistema analiza las variaciones diarias de la mortalidad general en comparación con lo esperado según series históricas, integrando factores externos como las temperaturas registradas por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Aunque no puede establecer una relación causal absoluta, las cifras representan la mejor estimación de las muertes en las que la ola de calor pudo haber sido un factor determinante.
En julio, el mismo sistema había registrado unas 1,060 muertes atribuibles al calor, lo que representa un incremento de más del 50% respecto al mismo mes de 2024.
