Internacionales
Continúan las protestas en Guatemala: cientos de personas se movilizaron por los altos costos de vida y la corrupción
Cientos de personas lideradas por autoridades indígenas se movilizaron este lunes en la capital guatemalteca para protestar por los altos costos de vida, el mal estado de las carreteras y la corrupción. Además, exigieron la renuncia del presidente Alejandro Giammattei.
Los manifestantes también reclamaron la dimisión de la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, a quien señalan de no investigar la corrupción y aliarse a la criminalización de los defensores de derechos humanos, periodistas y opositores al gobierno.
“Con suma preocupación y repudio hemos visto que en los últimos días se han disparado los precios de la canasta básica, los pasajes y todos los insumos para la producción agrícola, mientras el salario mínimo e ingresos económicos de la población continúan siendo los mismos. Esta situación generará una mayor crisis alimentaria y de pobreza”, indicaron los líderes indígenas en un comunicado de prensa.
La comunidad internacional advirtió sobre el deterioro del Estado de derecho en el país así como la persecución a los funcionarios judiciales. En su informe de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, colocó a Guatemala junto a las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua como países violadores de los derechos humanos.
Cientos de guatemaltecos se movilizaron en la capital del país (REUTERS/Sandra Sebastian)
Sólo en el gobierno de Giammattei más de 20 funcionarios judiciales se exiliaron denunciando persecución por su trabajo en la lucha contra la corrupción.
El gobierno estadounidense también sancionó en 2021 a la fiscal general Porras retirándole la visa de entrada a ese país por socavar la democracia en Guatemala.
Juan Muñoz, autoridad del Parlamento Xinca, uno de los 24 pueblos indígenas del país, dijo a la agencia AP que cada día es más difícil sobrevivir en las comunidades por el alto costo de vida.
“No hay voluntad del gobierno de solucionar la necesidad de los pueblos, urge resolver la canasta básica. En las comunidades nos afecta mucho más, no hay trabajo en los pueblos indígenas para que puedan subsanar sus necesidades y no se puede subsistir de esa manera. Se sobrevive con lo poco que se tiene o se migra por la falta de empleos”, comentó Muñoz.
Los manifestantes exigen la renuncia del presidente Alejandro Gaimmattei y de la fiscal general Consuelo Porras (REUTERS/Sandra Sebastian)
Los manifestantes sumaron a sus quejas el mal estado de las carreteras en todo el país y que desde la llegada del actual gobierno se cooptaron instituciones como la Corte de Constitucionalidad -el máximo órgano de justicia-, el Ministerio Público y la Procuraduría de los Derechos Humanos, dejando a la población indefensa.
Defensores de derechos humanos han denunciado que se busca criminalizar la protesta. En los primeros meses de 2022 la fiscalía dirigida por Porras llevó ante la justicia a tres personas que se manifestaron contra el gobierno en 2020 tras acusarlas de daños al patrimonio. Fueron liberadas posteriormente ante la falta de evidencia en su contra.
Diversos gobiernos y entidades -entre ellos Estados Unidos, la Unión Europea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Human Rights Watch- han manifestado su alarma por el debilitamiento del estado de derecho en Guatemala, especialmente por el exilio al que se han visto forzados funcionarios de justicia perseguidos por su labor en la lucha contra la corrupción.
Al menos seis personas fueron asesinadas y varias están gravemente heridas tras un ataque el jueves en una zona rural del suroeste de Colombia, sometida a la presión de grupos armados que se nutren del narcotráfico, informaron autoridades.
En medio de su peor crisis de violencia en la última década, Colombia sufre embates de guerrillas y otras organizaciones que aterrorizan a la población civil, especialmente en zonas remotas del país.
Hombres con armas de corto y largo alcance llegaron en dos camionetas a una hacienda cercana a la ciudad de Popayán, en el departamento del Cauca, y abrieron fuego contra varias personas, dijo en una declaración a medios el secretario de gobierno de la ciudad, Felipe Acosta.
Los agresores ultiman a una persona que estaba fuera y a cinco más que estaban dentro de la finca, agregó.
En el departamento operan disidencias de la extinta guerrilla FARC y otras organizaciones ilegales.
Las autoridades aún no tienen pistas sobre los autores de la masacre, a la espera de que la policía pueda ingresar a la zona con el apoyo del ejército.
El ataque dejó además un número indeterminado de personas gravemente heridas, dijo en la red social X el alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz.
Con esta son 36 las masacres registradas en el país en el transcurso del año, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, una cifra récord desde la firma del histórico acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno en 2016.
Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda de Colombia, llegó al poder en 2022 con el objetivo de firmar acuerdos de paz con todos los grupos armados.
Pero a cuatro meses de dejar el poder, ningún proceso ha tenido avances significativos.
Internacionales
Intento de suprimir feriado del 1º de mayo enfurece a sindicatos e izquierda en Francia
Los sindicatos y los partidos de izquierda franceses cargaron este viernes contra la propuesta de autorizar a los empleados, especialmente del comercio de proximidad, a trabajar el 1º de mayo, día feriado y símbolo en Francia de la lucha sindical.
La legislación laboral establece que «el 1º de mayo es día festivo y no laborable», aunque prevé que un panadero o un florista puedan abrir ese día pero sin sus empleados, so pena de multas de hasta 1,500 euros ($1,750).
Los legisladores de centro y derecha, con el apoyo del gobierno, buscan cambiar la ley para permitir trabajar ese día a los empleados de los comercios de proximidad y de salas culturales, si lo deciden de forma «voluntaria». Recibirían el doble de salario.
«No queremos tocar la conquista del 1º de mayo», sino «dar seguridad al marco existente», aseguró esta semana el ministro de Trabajo, Jean-Pierre Farandou, que anunció el objetivo de aplicar el cambio, si se aprueba, desde este año.
Según los sindicatos, esta ley permitiría que al menos 1,4 millones de empleados más trabajen el 1º de mayo. Sus opositores consideran además que no se respetará la cuestión del voluntariado, ya que los empleados se sentirán obligados a trabajar.
«El voluntariado no existe», criticó Natalie Huyghe, empleada de jardinería de 57 años y afiliada al sindicato CGT. «Si esto funciona, se va a extender a todos los sectores», abundó Hadjia Djebbar, de 62 años, durante una protesta cerca del Parlamento.
La proposición de ley ya fue adoptada una primera vez en el Senado y, este viernes, superó un nuevo trámite en la Asamblea Nacional (Cámara Baja), no sin polémica.
Ante la posibilidad de que no llegara a votarse por las 140 enmiendas presentadas, los partidarios del cambio decidieron de forma táctica rechazar su ley sin debate para así acelerar el trámite parlamentario de cara a su adopción antes de finales de mes.
«Es una puñalada en la espalda de millones de trabajadores y trabajadoras», denunció la líder del sindicato CGT, Sophie Binet.
Su par de la CFDT, Marylise Léon, criticó en la televisión TF1 la «cantinela de que los franceses trabajarían menos que los demás». «Eso no es verdad. En Francia hay 11 días festivos. En otros países de Europa, hay 14, 15», agregó.
Esta tradicional fiesta nació el 1º de mayo de 1886 con el llamado a la huelga de sindicatos estadounidenses para exigir una jornada laboral máxima de ocho horas diarias. Durante este movimiento murieron varios huelguistas y policías.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, prometió el miércoles un «incremento responsable» de salarios, carcomidos por años de inflación y una dramática retracción de la economía en la última década.
El salario mínimo en Venezuela equivale actualmente a 27 centavos de dólar frente a una inflación anual que supera el 600 %. Y aunque el ingreso puede llegar a 150 dólares con bonos estatales, sigue siendo insuficiente frente a los 645 dólares que, según estimaciones privadas, cuesta la canasta básica alimentaria familiar.
«Anuncio que el 1.° de mayo haremos un incremento y este incremento, como lo hemos señalado, será un incremento responsable», dijo Rodríguez durante una alocución transmitida por la televisión estatal.
En tanto «Venezuela goce de más recursos que permitan la sostenibilidad de la mejora salarial y del ingreso de los trabajadores, seguiremos avanzando por ese camino», prometió.
«Nuestro objetivo inmediato, mediano y a largo plazo es recuperar sostenida y paulatinamente el ingreso de los trabajadores mediante el crecimiento productivo tanto en el área de los hidrocarburos como de la minería, que generan ingresos inmediatos», indicó acompañada por miembros de su gabinete.
Este jueves más de 2,000 trabajadores y jubilados marcharon hacia el Palacio de Miraflores (sede presidencial) como rechazo a la promesa de aumento salarial hecha por Rodríguez.
Agentes policiales antimotines dispuestos en varios puntos de la ruta frenaban con escudos y reprimían con gases lacrimógenos a la multitud que avanzaba al grito de consignas.
«Basta ya del engaño, del aumento de los salarios. Quieren poner como salario un aumento de los bonos que da el gobierno. Eso es totalmente inaudito», dijo a la AFP Mauricio Ramos, un profesor universitario jubilado de 71 años.
