La red social X dejó de funcionar de nuevo este jueves (19.09.2024) en Brasil, después de que la justicia le ordenara prescindir del servicio de ciberseguridad que le permitió eludir su suspensión en el país, indicó el gremio de proveedores de internet.

«Justo antes de las 16H00 (19H00 GMT) el propio X dejó de usar el servicio de Cloudflare», por lo que la plataforma «está bloqueada», dijo a la AFP el consejero de la Asociación Brasileña de Proveedores de Internet y Telecomunicaciones (Abrint), Basílio Rodriguez Perez.

La AFP constató que la red social es de nuevo inaccesible en teléfonos de usuarios, después que volviera a funcionar ampliamente el miércoles 18 de septiembre.

Un juez del Supremo Tribunal Federal ordenó a la plataforma del magnate Elon Musk bloquear los nuevos accesos a su aplicación.

X debe «inmediatamente suspender la utilización de sus nuevos accesos (…) so pena de una multa diaria de 5 millones de reales» (USD 913.000), según la orden judicial del magistrado Alexandre de Moraes.

El juez dictó asimismo a la agencia brasileña de telecomunicaciones Anatel que adoptara todas las medidas necesarias para restablecer el bloqueo de X.

Moraes ordenó la suspensión de la red social el 30 de agosto en Brasil por incumplir órdenes judiciales de retirar cuentas acusadas de desinformación y de nombrar a un representante legal en el país. Enojado con la decisión, Musk acusó al magistrado de «dictador malvado».

Exigen a X nombrar un representante legal en Brasil
La red volvió a estar parcialmente accesible gracias a una actualización de su aplicación que le permitió dificultar la identificación de sus direcciones en internet (IP).

La red social aseguró que el restablecimiento fue la consecuencia «involuntaria» de un cambio de servidor y que era «temporal».

Pero Anatel declaró lo contrario. Según esa agencia, la red social X demostró su «intención deliberada de eludir la orden del Tribunal Supremo».

Según los proveedores de internet, X accedió a los servicios de Cloudflare, que permite a las empresas cambiar constantemente de IP, en vez de contar con direcciones específicas.

En la madrugada del miércoles 18 de septiembre, mientras la aplicación se actualizaba automáticamente en millones de teléfonos, Musk escribió en su cuenta de X: «La magia, cuando es lo suficientemente avanzada, es indistinguible de la tecnología», un mensaje interpretado como una «provocación» por la prensa brasileña.

En su decisión, Moraes presentó el mensaje de Musk como una prueba de su intencionalidad.

La resistencia «maliciosa, ilícita y persistente de la plataforma X en el cumplimiento de órdenes judiciales fue confesada directamente por su mayor accionista, Elon Musk, en la publicación» de ese tuit, dijo el juez. Además, instó a X a nombrar en un plazo de 24 horas un representante legal en Brasil.

La Fiscalía brasileña solicitó este jueves abrir una investigación sobre usuarios que aprovecharon la brecha del bloqueo de la red social el miércoles 18 de septiembre para promover ataques a la Corte Suprema.

Al bloquear X en agosto de 2024, Moraes advirtió a los 22 millones de usuarios en Brasil de que quien infrinja la orden accediendo a la plataforma mediante «subterfugios» como las redes privadas virtuales (VPN) se expone a multas diarias de 50.000 reales, equivalentes a unos 9.000 dólares

La Cámara de Diputados de México aprobó este jueves la reforma del presidente, Andrés Manuel López Obrador, para ceder al Ejército el control de la Guardia Nacional y modificar el accionar de los militares en tiempos de paz, a quienes el mandatario asignó crecientes tareas en su Gobierno.

La reforma que impulsa que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) administre la Guardia Nacional (GN) -un cuerpo de seguridad con más de 120.000 elementos que López Obrador creó en 2019 bajo la premisa de mantenerlo civil- obtuvo 362 votos a favor, 133 en contra y sin abstenciones.

El dictamen -que ahora será discutido en lo particular en el pleno de la Cámara Baja y que pasará luego a la Cámara de Senadores para su discusión y aprobación- fue criticado por la oposición y algunos organismos por advertir que se lleva a cabo una «militarización» de todos los ámbitos del país. Lo anterior, al modificar el artículo 129 de la Constitución, que ahora limita las funciones militares en tiempos de paz, una norma que no se ha cambiado desde 1857. Asimismo, cambia el artículo 21 para eliminar la «garantía orgánica» que obliga a que las instituciones de seguridad pública sean de carácter civil.

Entre otros cambios, establece que los delitos serán investigados por el Ministerio Público, la Policía y la GN, así como que su personal tendrá origen militar con formación policial y estarán adscritos a la SEDENA y ejecutarán la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

«Paz y justicia» sin «militarismo»

La sesión comenzó con una serie de mociones de la diputada del opositor Movimiento Ciudadano (MC), Laura Ballesteros, y los diputados de los opositores Partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI), Saúl Téllez y Víctor Palma, respectivamente, para suspender la discusión de esta reforma. Ballesteros consideró que «México quiere paz y justicia», pero «no quiere militarismo».

Ante esto, la diputada oficialista, del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), María del Rosario, insistió que la formación de los elementos de la GN será militar, «pero en cuanto a su acción y ejercicio es policial». Añadió que «la formación y disciplina de las Fuerzas Armadas garantizan su integridad y obediencia a las autoridades civiles y su lealtad a la patria y al pueblo de México».

Por su parte, el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, de MORENA, defendió que este dictamen también faculta al Congreso para expedir leyes que regulen y establezcan requisitos y límites para la participación del Ejército, Armada y Fuerza Aérea en materia de seguridad pública.

Las labores de las Fuerzas Armadas crecieron con López Obrador, quien les asignó tareas de seguridad pública, construcción de obras de infraestructura, administración de aduanas y puertos y la dirección de empresas del Estado, como el Tren Maya y la aerolínea Mexicana de Aviación.

La Suprema Corte declaró inconstitucional en 2023 una reforma legal del presidente para militarizar la Guardia Nacional porque «las funciones de seguridad pública son de competencia exclusiva de las autoridades civiles». Sin embargo, desde el 1 de septiembre, la alianza de partidos de López Obrador y la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, tiene el control de más de dos tercios del Congreso, la mayoría necesaria para modificar la carta magna.

Un cuarto ataque a bala en menos de un mes contra empleados del sistema penitenciario de Ecuador se registró el jueves en Quito, dejando herida a una funcionaria administrativa, informó el organismo estatal a cargo de las prisiones (SNAI).

En el centro de la capital se produjo «un ataque armado contra dos personas, entre ellas una funcionaria administrativa», señaló la entidad a través de su chat de prensa por WhatsApp.

«Como resultado de este atentado, las personas quedaron heridas y han sido trasladadas para recibir la atención médica urgente», agregó.

El SNAI apuntó que la Policía investiga «para esclarecer y determinar a los posibles responsables» del ataque contra su funcionaria administrativa, a quien no identificó.

Desde el 31 de agosto se han registrado cuatro ataques con armas contra empleados del SNAI, dejando cuatro muertos: los directores de dos cárceles y dos agentes penitenciarias que se dirigían a su trabajo.

El 12 de setiembre, María Daniela Icaza, directora encargada de la denominada Penitenciaría del Litoral del puerto de Guayaquil (suroeste), la mayor cárcel del país y uno de los escenarios de rebeliones y cruentas matanzas entre presos, fue asesinada a tiros.

Guayaquil es una de las ciudades ecuatorianas más violentas debido a la arremetida de bandas narco que se disputan las rutas para el tráfico de drogas.

El SNAI rechazó este jueves «cualquier acto de violencia o intimidación contra funcionarios» de la institución.

Mientras el coronel Francisco Hernández, jefe policial de Quito, había dicho previamente que la víctima sería «una funcionaria del estado que estaría a cargo de procesos judiciales importantes», aunque sin dar más precisiones.

Choques entre presos miembros de bandas rivales dejan más de 460 reclusos muertos desde 2021 en varias cárceles de Ecuador, que tras haber sido convertidas en centros de operaciones del crimen están bajo control de militares desde enero, cuando el presidente Daniel Noboa declaró al país en conflicto armado interno ante una embestida del narco.

El mandatario también desplegó a los militares a las calles para neutralizar a una veintena de organizaciones a las que tildó de terroristas y beligerantes.