Internacionales
Buzos ayudarán a rescatar a mineros atrapados en mina de carbón en México
Diez mineros permanecían atrapados el jueves en una mina de carbón en el norte de México mientras varios cientos de agentes militares y civiles intensificaban las labores de rescate y se esperaba el arribo de un grupo de buzos que se sumará a las tareas de búsqueda.
Entre las personas que participan en las labores de rescate está Alfredo Torres, primo de uno de los mineros atrapados y que el miércoles se incorporó como voluntario al equipo.
Ataviado con un casco plástico y con su ropa y botas llenas de barro, Torres relató que en la tarde del miércoles comenzaron a utilizar pequeñas bombas para sacar el agua de los pozos y poder ingresar a buscar a los mineros, tarea que se ha hecho muy complicada debido a que los pozos siguen inundados después de varias horas de extracción de agua.
“No puede entrar nadie. Tenemos que tratar primero de bombear toda el agua, sacarla, para que puedan entrar… a rescatar a los compañeros”, dijo el voluntario a la prensa y agregó que hasta el momento no han logrado comunicarse con los mineros ni escuchar algún ruido que les pueda dar una señal de dónde se encuentran o si están con vida.
Por las redes sociales algunos de los familiares de los mineros como Mariyfili Rodríguez llamó a oraciones por su hermano, José Mireles, quien permanece atrapado en la mina. “Dios en tus benditas manos están las vidas de los mineros”, dijo Rodríguez en su cuenta de Facebook.
Los mineros quedaron atrapados en un socavón de la mina “Las Conchas” del municipio de Sabinas, en el estado norteño de Coahuila, que se derrumbó la tarde del miércoles cuando los hombres se toparon con un área contigua llena de agua que al venirse abajo provocó la inundación de tres pozos.
Durante la conferencia presidencial matutina la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, informó que cinco de los 15 mineros que trabajaban en el lugar lograron escapar y fueron llevados a un centro de salud tras presentar lesiones. Tres permanecen hospitalizados.
El subsecretario de la Secretaría de la Defensa Nacional, general Agustín Rádiala Suástegui, explicó que los mineros se encuentran atrapados entre dos pozos de carbón que están a 60 metros de profundidad, los cuales están inundados con 34 metros de agua.
Como parte de las labores de rescate las fuerzas de seguridad están realizando trabajos de desagüe y bombeo de los pozos.
En las próximas horas se espera el arribo al lugar de una aeronave de la Guardia Nacional con seis buzos de las fuerzas especiales que ingresarán a los pozos para rescatar a los mineros, informó el oficial.
A más de 24 horas del accidente, varios de los familiares de los mineros esperaban sentados bajo un árbol en las cercanías de la mina -cuyo acceso fue cerrado y está resguardado por policías y militares armados- recibir noticias de los mineros.
El subsecretario de Protección Civil estatal, ingeniero Francisco Avalos, declaró a la prensa que se está trabajando activamente en la extracción del agua para lograr el acceso de los cuerpos de rescate a los pozos.
A unos metros de la mina fue instalada una improvisada capilla para los familiares.
Desde las afueras de la mina el obispo de la diócesis de la localidad norteña de Piedras Negras, Alonso Garza, se quejó de las malas condiciones en las que laboran los mineros y solicitó a las autoridades y empresarios “condiciones dignas de seguridad” para los trabajadores. “Cada vez que sucede una desgracia se dice ‘ahora sí’ y lamentablemente pues ahora no”, agregó.
Unos 269 agentes de las fuerzas militares y otros cuerpos de seguridad participan en las labores de rescate.
Una mujer embarazada de seis meses resultó herida de bala tras un intento de asalto registrado en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).
El hecho ocurrió en la intersección de la 6ª avenida y 8ª calle, donde sujetos armados habrían interceptado a la víctima con intenciones de robo. La mujer fue identificada como Jimena Vickers, de 31 años, quien se desempeña como visitadora médica.
De acuerdo con versiones preliminares, los atacantes abrieron fuego luego de que Vickers se opusiera al asalto. En el parabrisas del vehículo, del lado del conductor, se observaron al menos tres impactos de bala.
La víctima fue auxiliada por cuerpos de socorro y trasladada a un centro asistencial. Su estado de salud, así como el del bebé que espera, no ha sido detallado por las autoridades.
La PNC inició un operativo en el sector para dar con los responsables, aunque hasta el momento no se reportan capturas.
Internacionales
Crisis humanitaria en Gaza deja a niños y madres gravemente afectados por la desnutrición en medio del conflicto
La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) alertó este viernes que uno de cada cuatro niños entre seis meses y cinco años, así como mujeres embarazadas y lactantes atendidos en sus clínicas en Gaza, presenta signos de desnutrición, en lo que califican como una emergencia sanitaria y humanitaria de alto nivel.
En un comunicado, MSF acusó a las autoridades israelíes de usar deliberadamente el hambre como un arma de guerra. “Los propios pacientes y profesionales de la salud sufren de hambre”, señaló la ONG, que mantiene presencia médica en Ciudad de Gaza.
Caroline Willemen, coordinadora del proyecto de MSF en esa ciudad, aseguró que están recibiendo alrededor de 25 nuevos casos de desnutrición diariamente. Desde el 18 de mayo, los registros se han cuadruplicado y la desnutrición severa en menores de cinco años se ha triplicado.
MSF afirma que esta situación se debe a una “hambruna deliberada”, consecuencia directa del bloqueo impuesto por Israel sobre el enclave palestino. Aunque a finales de mayo se flexibilizó el cerco, las carencias de alimentos, medicinas y productos básicos persisten.
Israel, por su parte, responsabiliza a Hamas de manipular la ayuda humanitaria, acusándolo de apropiarse de suministros para revenderlos a precios desorbitados o de atacar a las personas que esperan recibir alimentos.
La ONG también denunció ataques en los centros de distribución de alimentos gestionados por la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), respaldada por Israel y Estados Unidos. “Estas distribuciones no son ayuda humanitaria, son crímenes de guerra cometidos a plena luz del día bajo el disfraz de compasión”, afirmó Mohammed Abu Mughaisib, coordinador médico adjunto de MSF en Gaza.
La ONU ha documentado más de 1.000 muertes desde finales de mayo en puntos de ayuda humanitaria, la mayoría cerca de los centros operados por la GHF.
Ecuador cerró el primer semestre de 2025 como el más violento de los últimos 14 años, al registrar 4,557 homicidios, lo que representa un aumento del 45 % respecto al mismo periodo de 2024 y un 22 % más en comparación con los primeros seis meses de 2023, según datos del Ministerio del Interior recopilados por el medio «Primicias».
Del total de muertes violentas, el 89 % (4,069 casos) fue cometido con armas de fuego, incluyendo pistolas, escopetas, ametralladoras y fusiles, lo que evidencia el creciente poder de fuego de los grupos criminales.
Mayo se posicionó como el mes más sangriento desde que se tiene registro, con 915 homicidios, superando incluso los 831 asesinatos ocurridos en octubre de 2023. En promedio, al menos 30 personas fueron asesinadas cada día durante el primer semestre del año. En junio, aunque hubo una leve reducción, se contabilizaron 548 crímenes.
Entre enero y mayo, 70 cantones del país registraron un aumento en muertes violentas respecto al mismo periodo del año anterior. En estos territorios se concentró el 90 % de los homicidios registrados, es decir, un total de 3,578.
Frente a esta escalada de violencia, el gobierno de Daniel Noboa ha decretado estados de excepción en varias provincias —Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos—, en dos cantones de Quito y en el sistema penitenciario nacional. Sin embargo, estas medidas han sido insuficientes para frenar la criminalidad.
El más reciente estado de excepción, declarado el 12 de abril mediante el Decreto 599, fue parcialmente aprobado ayer por la Corte Constitucional, que consideró inconstitucional aplicar la medida en todos los centros penitenciarios y en el cantón Camilo Ponce Enríquez (Azuay), al no evidenciarse hechos que justifiquen su inclusión.
Además, la Corte rechazó la suspensión del derecho a reunión, las inspecciones y requisas sin orden judicial, así como la intervención directa de las Fuerzas Armadas, al señalar que estas acciones pueden ejecutarse dentro del marco legal ordinario.
Pese a ello, se mantuvieron restricciones como la suspensión del derecho a la libertad de tránsito, la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la correspondencia, permitiendo a la fuerza pública realizar allanamientos y revisar mensajes dirigidos a privados de libertad.
El alto índice de homicidios refleja la profunda crisis de seguridad que atraviesa Ecuador, donde el crimen organizado y las bandas armadas continúan desafiando la capacidad del Estado para contener la violencia.
