Internacionales
Buzos ayudarán a rescatar a mineros atrapados en mina de carbón en México
Diez mineros permanecían atrapados el jueves en una mina de carbón en el norte de México mientras varios cientos de agentes militares y civiles intensificaban las labores de rescate y se esperaba el arribo de un grupo de buzos que se sumará a las tareas de búsqueda.
Entre las personas que participan en las labores de rescate está Alfredo Torres, primo de uno de los mineros atrapados y que el miércoles se incorporó como voluntario al equipo.
Ataviado con un casco plástico y con su ropa y botas llenas de barro, Torres relató que en la tarde del miércoles comenzaron a utilizar pequeñas bombas para sacar el agua de los pozos y poder ingresar a buscar a los mineros, tarea que se ha hecho muy complicada debido a que los pozos siguen inundados después de varias horas de extracción de agua.
“No puede entrar nadie. Tenemos que tratar primero de bombear toda el agua, sacarla, para que puedan entrar… a rescatar a los compañeros”, dijo el voluntario a la prensa y agregó que hasta el momento no han logrado comunicarse con los mineros ni escuchar algún ruido que les pueda dar una señal de dónde se encuentran o si están con vida.
Por las redes sociales algunos de los familiares de los mineros como Mariyfili Rodríguez llamó a oraciones por su hermano, José Mireles, quien permanece atrapado en la mina. “Dios en tus benditas manos están las vidas de los mineros”, dijo Rodríguez en su cuenta de Facebook.
Los mineros quedaron atrapados en un socavón de la mina “Las Conchas” del municipio de Sabinas, en el estado norteño de Coahuila, que se derrumbó la tarde del miércoles cuando los hombres se toparon con un área contigua llena de agua que al venirse abajo provocó la inundación de tres pozos.
Durante la conferencia presidencial matutina la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, informó que cinco de los 15 mineros que trabajaban en el lugar lograron escapar y fueron llevados a un centro de salud tras presentar lesiones. Tres permanecen hospitalizados.
El subsecretario de la Secretaría de la Defensa Nacional, general Agustín Rádiala Suástegui, explicó que los mineros se encuentran atrapados entre dos pozos de carbón que están a 60 metros de profundidad, los cuales están inundados con 34 metros de agua.
Como parte de las labores de rescate las fuerzas de seguridad están realizando trabajos de desagüe y bombeo de los pozos.
En las próximas horas se espera el arribo al lugar de una aeronave de la Guardia Nacional con seis buzos de las fuerzas especiales que ingresarán a los pozos para rescatar a los mineros, informó el oficial.
A más de 24 horas del accidente, varios de los familiares de los mineros esperaban sentados bajo un árbol en las cercanías de la mina -cuyo acceso fue cerrado y está resguardado por policías y militares armados- recibir noticias de los mineros.
El subsecretario de Protección Civil estatal, ingeniero Francisco Avalos, declaró a la prensa que se está trabajando activamente en la extracción del agua para lograr el acceso de los cuerpos de rescate a los pozos.
A unos metros de la mina fue instalada una improvisada capilla para los familiares.
Desde las afueras de la mina el obispo de la diócesis de la localidad norteña de Piedras Negras, Alonso Garza, se quejó de las malas condiciones en las que laboran los mineros y solicitó a las autoridades y empresarios “condiciones dignas de seguridad” para los trabajadores. “Cada vez que sucede una desgracia se dice ‘ahora sí’ y lamentablemente pues ahora no”, agregó.
Unos 269 agentes de las fuerzas militares y otros cuerpos de seguridad participan en las labores de rescate.
Internacionales
¿Quién es el acusado del mayor robo de joyas en EE.UU. que quedó en libertad tras ser deportado a Ecuador?
Un hombre acusado de participar en lo que las autoridades calificaron como el mayor robo de joyas en la historia de Estados Unidos, con un botín estimado en USD 100 millones, quedó en libertad luego de ser deportado a Ecuador, una decisión que dejó en suspenso el proceso judicial en su contra.
Se trata de Jeson Nelon Prescilla Flores, uno de los siete sospechosos señalados por el asalto a un camión blindado de la empresa Brinks ocurrido en julio de 2022.
De acuerdo con la acusación, el vehículo transportaba oro, diamantes, piedras preciosas y relojes de lujo cuando fue interceptado a plena luz del día.
La banda habría seguido el camión durante más de 480 kilómetros, desde el norte de California hasta una parada al norte de Los Ángeles, antes de ejecutar el robo.
Según reportó el diario Los Angeles Times, la mayor parte de la mercancía robada aún no ha sido recuperada.
Sin embargo, Prescilla Flores fue liberado bajo fianza en agosto y poco después quedó bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
En un giro inesperado, el imputado optó por la deportación a finales de diciembre, mientras aún estaba detenido por ICE, lo que paralizó en la práctica el caso penal.
En una moción presentada el 15 de enero, la defensa sostuvo que “el Gobierno decidió renunciar a la persecución penal” al permitir la expulsión del acusado del país.
No obstante, los fiscales aseguran que no fueron informados de la deportación mientras el proceso seguía abierto y argumentaron que el caso no debería extinguirse simplemente porque el acusado haya salido del territorio estadounidense.
Los joyeros afectados expresaron su indignación. “Cuando un acusado en un importante caso federal de robo abandona el país antes del juicio, las víctimas se quedan sin respuestas, sin un veredicto y sin cierre”, afirmó Jerry Kroll, abogado de algunas de las empresas joyeras, citado por el Los Angeles Times.
“Para nuestros clientes —joyeros que perdieron el trabajo de toda su vida— este desenlace deja al descubierto una falla del sistema que merece transparencia. Tienen derecho a respuestas claras sobre cómo ocurrió esto y sobre si existen salvaguardas para evitar que vuelva a suceder”, agregó.
Prescilla Flores, quien se había declarado no culpable, se enfrentaba a hasta 15 años de prisión por conspiración. Por su parte, las autoridades indicaron que podría volver a ser acusado si regresa a Estados Unidos.
Mientras tanto, la coordinación entre agencias federales quedó bajo cuestionamiento y el paradero de gran parte del botín continúa siendo un misterio.
Internacionales
Hallados todos los cadáveres de los 10 pasajeros de avioneta accidentada en Indonesia
Los equipos de rescate completaron este viernes el hallazgo de los restos mortales de los 10 pasajeros que iban en una avioneta que se estrelló contra una montaña en Indonesia el fin de semana, informó un funcionario local.
El avión turbohélice de Indonesian Air Transport, fletado por el Ministerio de Pesca indonesio, transportaba a siete tripulantes y tres funcionarios cuando perdió contacto con el control de tráfico aéreo el sábado.
A principios de esta semana se recuperaron ocho cadáveres, mientras los equipos de rescate peinaban las empinadas laderas de la montaña, con sus esfuerzos dificultados por el difícil terreno y las malas condiciones meteorológicas.
Los cuerpos de las dos personas que seguían desaparecidas fueron encontrados este viernes y serán recuperados, informó el responsable local de rescate, Andi Sultan.
La caja negra del avión fue localizada el miércoles y podría arrojar luz sobre las causas del accidente, ocurrido poco antes de que el avión aterrizara en la ciudad de Makassar, según la agencia local de búsqueda y rescate.
Los restos del avión, incluyendo el fuselaje, partes de la cola y las ventanas, fueron encontrados el domingo cerca de la cima de la montaña.
Indonesia, un extenso archipiélago en el sudeste asiático, depende del transporte aéreo para comunicar sus islas.
El país tiene un mal balance en materia de seguridad aérea. El pasado septiembre, un helicóptero con seis pasajeros y dos tripulantes se estrelló poco después de despegar de Borneo Meridional, sin supervivientes.
Menos de dos semanas después, cuatro personas murieron al estrellarse otro helicóptero en el distrito de Ilaga, en la isla de Papúa.
Internacionales
Más de 5,000 muertos en protestas en Irán, según oenegé radicada en EE. UU.
Un grupo de defensa de derechos humanos radicado en Estados Unidos anunció este viernes que pudo confirmar que más de 5,000 personas murieron durante las recientes protestas en Irán, y que en su gran mayoría se trata de civiles abatidos por las fuerzas de seguridad.
Oenegés que monitorean el balance dejado por la represión de las mayores manifestaciones organizadas en Irán en años indicaron que su labor se había visto entorpecida por el corte de internet impuesto por las autoridades desde el 8 de enero, y advirtieron que el saldo real probablemente sea mucho más elevado.
La organización Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, anunció este viernes que había confirmado la muerte de 5.002 personas, incluidas 4,714 manifestantes, 42 menores de edad, 207 miembros de las fuerzas de seguridad y 39 transeúntes.
Sin embargo, el grupo agregó que todavía está investigando otros 9,787 posibles decesos.
Al menos 26.852 personas fueron detenidas, según la misma organización, cuyo balance supera al único que han dado hasta la fecha las autoridades iraníes, de 3,117 muertos.
El organismo que comunicó ese balance el miércoles es la fundación iraní de mártires y veteranos, que distingue entre «mártires» —miembros de las fuerzas de seguridad o transeúntes inocentes— y «alborotadores» respaldados por Estados Unidos. De las 3.117 personas muertas, según la fundación, 2,427 eran «mártires».
Al divulgar su propio balance, HRANA señaló que las autoridades iraníes «intentaron apuntalar el relato oficial del gobierno respecto a las matanzas».
Otra oenegé, Iran Human Rights (IHR), radicada en Noruega, afirmó haber documentado la muerte de al menos 3.428 manifestantes a manos de las fuerzas de seguridad, pero advirtió que el saldo final podría rondar los 25.000 decesos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con nuevas acciones militares contra Teherán en respuesta a la represión, advirtiendo en particular sobre consecuencias en caso de ejecución de manifestantes.
La Casa Blanca indicó el 15 de enero que «800 ejecuciones que estaban programadas y debían realizarse» el 14 de enero «fueron suspendidas» tras las presiones de Washington.
Sin embargo, el fiscal general de Irán, Mohamad Movahedi, calificó esa afirmación de «completamente falsa».
«El irracional y arrogante presidente estadounidense (…) afirmó que impidió la ejecución de 800 personas en Irán. Esa afirmación es completamente falsa: no existe tal cifra, ni el poder judicial ha tomado una decisión en ese sentido», declaró, citado por el sitio web del poder judicial Mizan.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó el viernes a las autoridades iraníes a poner fin a su «represión brutal», en particular «a los juicios sumarios y a las penas desproporcionadas».


